El Horno

Ayudas para expresidentes del Parlamento y sus familias

Esta ley establece un sistema de ayudas económicas para las personas que han sido Presidentes del Parlamento de Cataluña una vez que dejan su cargo. El objetivo es asegurar que puedan mantener un nivel de vida digno y hacer frente a sus necesidades personales y políticas tras haber ejercido una alta responsabilidad pública.

Concretamente, los expresidentes que hayan ocupado el cargo desde 1980 podrán recibir una asignación temporal equivalente al 80% de su sueldo anterior, durante un periodo igual al tiempo que estuvieron en el cargo y con un máximo de dos años. Además, quienes hayan sido presidentes al menos dos años y alcancen los 65 años, tendrán derecho a una pensión vitalicia del 40% de su sueldo. También se contempla una pensión para el cónyuge viudo.

La ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que fue el 16 de marzo de 1988. Es importante destacar que estas ayudas son incompatibles con otros cargos públicos o ingresos remunerados, obligando a elegir entre ellas.

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Ajustes en las normas para ser Guardia Civil Profesional

Esta orden ministerial corrige pequeños errores en una normativa anterior que regula cómo ingresar en la Guardia Civil como profesional. Se trata de una actualización para asegurar que las reglas sean claras y precisas.

Los cambios concretos son muy específicos. Por ejemplo, se aclara una condición relacionada con la longitud de las piernas y se corrige la escritura de un término médico para describir una deformidad de rodilla. Estos detalles son importantes para que los criterios de selección sean exactos.

La orden se publicó el 10 de marzo de 1988. Aunque es una corrección de errores, afecta a las personas que en aquel momento aspiraban a formar parte de la Guardia Civil bajo la modalidad de profesional.

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Actualización de rentas en alquileres de fincas rústicas

Esta resolución informa sobre los índices de precios que los agricultores y ganaderos recibieron por sus productos en 1987. Estos índices son importantes porque la ley permite que las rentas de los alquileres de fincas rústicas se actualicen cada año basándose en ellos. Es decir, si los precios que cobran los agricultores suben, el precio del alquiler de la tierra también puede subir.

Lo que cambia concretamente es que se publican los porcentajes de incremento de estos precios para el año 1987 respecto al anterior. Por ejemplo, el precio general de los productos agrícolas subió un 1,8%, mientras que el precio del vino aumentó un 20,6%. Estos datos sirven de referencia para ajustar las rentas de los contratos de arrendamiento rústico que así lo especifiquen.

Esta resolución se publicó el 8 de marzo de 1988, pero los índices que se dan a conocer corresponden al año 1987. Por lo tanto, su aplicación sería para las actualizaciones de rentas que se realizaran a partir de la fecha de publicación de esta resolución, basándose en los datos de 1987.

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Igualdad en el acceso a la Guardia Civil

Esta orden modifica una anterior de 1987 que regulaba el acceso a la Guardia Civil profesional. La norma de 1987 establecía requisitos físicos y médicos que, en la práctica, solo se adaptaban a las condiciones de los hombres. El objetivo de esta nueva orden es asegurar que tanto hombres como mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones.

Lo que cambia concretamente es la sustitución de los anexos que detallaban las exclusiones médicas y las pruebas de aptitud física. Ahora, estos requisitos se aplican de forma unificada a ambos sexos, incluyendo tallas mínimas diferentes para hombres y mujeres, y considerando patologías específicas que puedan afectar a uno u otro.

Esta orden entró en vigor el día de su publicación, el 4 de marzo de 1988. A partir de esa fecha, los criterios para ser Guardia Civil profesional se adaptaron para ser justos y equitativos para todas las personas interesadas, independientemente de su género.

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Agilizando la jubilación de funcionarios civiles del Estado

Este Real Decreto establece un nuevo procedimiento para que los funcionarios civiles del Estado puedan jubilarse y cobrar su pensión de forma más rápida y sencilla. El objetivo principal es que el funcionario reciba su pensión sin interrupciones justo cuando se jubila, evitando demoras que generaban preocupación.

La novedad más importante es que, en los casos de jubilación por edad, la Administración iniciará los trámites antes de que el funcionario cumpla la edad de retiro. Esto permitirá tener preparada la concesión de la pensión para el mismo día en que se haga efectiva la jubilación.

Además, el decreto regula por primera vez de manera completa todo el proceso de jubilación para estos funcionarios, buscando mayor claridad y coordinación entre los distintos organismos implicados. Entró en vigor el 2 de marzo de 1988.

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Simplificando el acceso a ayudas para tu vivienda

Esta orden es una guía práctica para que las administraciones puedan tramitar las ayudas y financiación para viviendas protegidas, tal como se estableció en un Real Decreto anterior. Su objetivo es hacer más fácil y claro el proceso para quienes buscan acceder a estas ayudas.

Lo que cambia concretamente es que se detallan los requisitos y la información que deben incluirse en los documentos oficiales para solicitar estas ayudas. Por ejemplo, se especifica qué datos deben aparecer en las calificaciones de las viviendas, como la conformidad con la normativa, los datos del solicitante, las características de las viviendas (superficie, garajes, trasteros) y el tipo de régimen al que se acogen.

Esta orden entra en vigor el 20 de febrero de 1988, ya que se publica en esa fecha y se refiere a medidas que ya estaban vigentes desde el 1 de enero de 1988. Su propósito es asegurar que la aplicación de las ayudas para vivienda protegida sea coherente y eficiente desde su inicio.

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Registro de Profesionales de la Edificación en Andalucía

Esta orden crea un registro oficial para profesionales que trabajan en el sector de la construcción en Andalucía. El objetivo es tener una base de datos de arquitectos, aparejadores y otros técnicos relacionados con la edificación que deseen colaborar con la administración autonómica en temas de construcción y vivienda.

Concretamente, se establece un registro donde se anotarán los datos de estos profesionales, identificando su formación y capacitación. Este registro se organizará por secciones según las diferentes titulaciones académicas necesarias para ejercer en el ámbito de la edificación.

La orden entra en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que fue el 19 de febrero de 1988. Su finalidad es mejorar la coordinación y la transparencia en las relaciones entre la administración y los profesionales del sector.

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Actualización de precios para viviendas sociales en 1988

Esta orden ministerial establece los precios máximos de venta para las viviendas de protección oficial y sus plazas de garaje durante los meses de enero, febrero y marzo de 1988. El objetivo es ajustar estos precios a la realidad económica del momento, teniendo en cuenta la evolución de los costes de construcción.

Concretamente, se revisan los precios máximos de venta de las viviendas sociales y se fijan tarifas específicas para las plazas de garaje, diferenciadas por grupos provinciales. Además, se detalla el procedimiento para que los promotores puedan solicitar la actualización de los precios en sus cédulas de calificación si estas no reflejan las nuevas tarifas.

La orden entra en vigor para el trimestre natural de enero, febrero y marzo de 1988, aplicando las fórmulas de revisión de precios establecidas por la normativa vigente en ese momento, que considera los índices de mano de obra y materiales de construcción publicados oficialmente.

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Nace la figura del Guardia Civil Auxiliar voluntario

Este Real Decreto establece la figura del "Guardia Civil Auxiliar", una nueva forma de realizar el servicio militar de manera voluntaria dentro del Cuerpo de la Guardia Civil. Anteriormente, ya existía la opción de voluntariado especial, pero esta normativa la concreta para la Guardia Civil.

Lo que cambia es que se definen los requisitos para ser aspirante, el proceso de selección y formación, y se fija la duración del servicio en dieciocho meses. Los aspirantes deberán superar pruebas psicofísicas, físicas y culturales, además de una formación militar básica.

Este Real Decreto entró en vigor el 16 de febrero de 1988, estableciendo un marco específico para aquellos que desearan cumplir su servicio militar de esta manera particular en la Guardia Civil.

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Actualización del Derecho Civil Gallego

Esta ley se centra en la compilación y actualización del derecho civil propio de Galicia. Su objetivo principal es defender la identidad y los intereses de la comunidad autónoma, reconociendo la importancia histórica de sus normas e instituciones civiles. Busca establecer un cuerpo jurídico civil propio, desarrollado y aprobado por el parlamento gallego.

Lo que cambia concretamente es la integración en el ordenamiento jurídico gallego del texto normativo de la compilación de 1963, pero con las modificaciones necesarias para adaptarlo a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. Se actualiza el título preliminar de esta compilación, modificando artículos clave para asegurar la armonía legal y la vigencia de las normas.

La ley entró en vigor el 8 de febrero de 1988. Su promulgación asienta las bases para un desarrollo futuro del derecho civil gallego, asegurando que las instituciones y normas se adecúen a la realidad actual y a la autonomía de Galicia.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-06-07 Fuente original: ES-BOE — Corrección de errores del Real Decreto 1752/1987, de 30 de diciembre, por el que ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto corrige errores en el texto del Reglamento Hipotecario, específicamente en los artículos 504 y 506, relacionados con el horario de apertura de oficinas regístrales y el sistema de oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

2. CONTEXTO El Real Decreto 1752/1987 fue publicado en el «Boletén Oficial del Estado» número 13 del 15 de enero de 1988. Durante su publicación, se detectaron errores en el texto remitido, que afectaban la precisión de los artículos mencionados. Para corregir estos errores, se realizaron rectificaciones en las páginas correspondientes del Boletín Oficial del Estado.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto corrige tres errores específicos en el texto del Reglamento Hipotecario. En primer lugar, en la página 1386, segunda columna, línea penúltima del último párrafo del artículo 504, se corrige la frase «en cualquier momento» por «con cualquier número». Esta corrección se refiere a la posibilidad de realizar actos registrales con cualquier número de personas, en lugar de en cualquier momento, lo que podría haber generado ambigüedad en la interpretación del horario de apertura de oficinas regístrales.

En segundo lugar, en la página 1387, primera columna, línea tercera del párrafo 4.° del artículo 504, se corrige la frase «la norma segunda» por «el párrafo quinto de este artículo». Esta corrección se refiere a la referencia a una norma interna del mismo artículo, lo que garantiza que se haga referencia correctamente a un párrafo específico, evitando confusiones en la aplicación de las normas.

Finalmente, en la página 1388, primera columna, línea tercera del párrafo del artículo 506, se corrige la frase «concurra» por «concluya». Esta corrección se refiere a la condición para la admisión de actos registrales, donde se establece que el acto registral debe concluir, en lugar de concurrir, lo que podría haber generado ambigüedad en la interpretación de la finalidad del acto.

Estas correcciones son fundamentales para garantizar la precisión y claridad de las normas, evitando malentendidos que podrían afectar la aplicación correcta del Reglamento Hipotecario. La corrección de estos errores no modifica el contenido general del Real Decreto, sino que asegura que el texto sea interpretado de manera correcta y coherente.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto corrige errores en el texto del Reglamento Hipotecario, específicamente en los artículos 504 y 506. Estas correcciones son necesarias para garantizar la precisión de las normas y su correcta aplicación. No se modifica el contenido general del Real Decreto, solo se corrige la redacción de ciertas frases.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Corrección de errores en el texto del Reglamento Hipotecario. ⚠️ Errores detectados en la publicación del Real Decreto 1752/1987. 📋 Rectificaciones en artículos 504 y 506. ℹ️ Correcciones para garantizar la precisión de las normas.

6. FICHA

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Corrección de errores en ayudas para vivienda

Este documento es una corrección de errores de un Real Decreto anterior que establecía medidas de financiación para viviendas protegidas. Básicamente, se trata de arreglar pequeños fallos de redacción y tipográficos que aparecieron en el texto original publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que cambia concretamente son detalles en la forma de escribir ciertas palabras o frases, como la corrección de un plan de viviendas, la adaptación de un término a singular o plural, o la precisión en la redacción de artículos y disposiciones. Estos cambios no alteran el fondo ni el propósito de las ayudas, solo la exactitud del texto legal.

La entrada en vigor de estas correcciones se produce el 2 de febrero de 1988. Es importante tener en cuenta que estos son ajustes técnicos a una normativa ya existente, no una nueva ley que introduzca cambios sustanciales en las condiciones de acceso a la vivienda protegida.

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Ayudas para tu futura vivienda en 1988

Esta orden establece las bases para que el Estado subsidie parte de los préstamos que pidas para comprar o construir una vivienda protegida en 1988. El objetivo es facilitar el acceso a una casa a quienes más lo necesitan, haciendo que las hipotecas sean más asequibles.

Concretamente, se fija un límite máximo de 40.000 viviendas de protección oficial de nueva construcción que podrán beneficiarse de esta ayuda. También se contemplan ayudas directas para quienes promuevan o rehabiliten viviendas en regímenes especiales, aunque el texto no detalla el número máximo para estos casos.

Esta orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 2 de febrero de 1988. Por lo tanto, las condiciones y ayudas que se detallan eran aplicables a las operaciones de vivienda protegida realizadas durante ese año.

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Actualización de horarios y oposiciones para Registradores de la Propiedad

Este Real Decreto modifica el Reglamento Hipotecario para mejorar el acceso a los Registros de la Propiedad y Mercantiles. Busca agilizar la presentación de documentos y hacer más eficientes los procesos de selección para convertirse en Registrador. El objetivo es adaptar estos servicios a la creciente actividad inmobiliaria y mercantil, garantizando una mayor seguridad jurídica para los ciudadanos y profesionales.

Concretamente, se amplía el horario de apertura de las oficinas registrales, permitiendo una mayor flexibilidad para que los ciudadanos puedan presentar sus documentos. Además, se introduce un sistema para las oposiciones a Registrador que permite la actuación simultánea de dos tribunales, similar al sistema notarial, para agilizar el proceso y reducir el tiempo de espera para los aspirantes.

La entrada en vigor de estas modificaciones se produjo tras su aprobación por el Consejo de Ministros el 30 de diciembre de 1987, y se hizo efectiva con su publicación, entrando en vigor a partir del 15 de enero de 1988. Esto supuso una actualización normativa para mejorar la eficiencia y accesibilidad de los servicios registrales.

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Más bienes para La Rioja en vivienda y patrimonio

Este Real Decreto aprueba la transferencia de más bienes y medios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja. Se trata de inmuebles que no se incluyeron inicialmente en los traspasos de 1984 y que son necesarios para que La Rioja pueda gestionar adecuadamente las competencias que ya tenía en materia de patrimonio arquitectónico, control de la calidad de la edificación y vivienda.

Concretamente, lo que cambia es que ahora La Rioja se hace cargo de una serie de bienes inmuebles que antes pertenecían al Estado. Estos bienes son esenciales para que la Comunidad Autónoma pueda desarrollar plenamente sus funciones en los ámbitos mencionados, asegurando una mejor gestión y atención a los ciudadanos en estas áreas.

La entrada en vigor de este Real Decreto se produce el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, los traspasos de estos bienes y medios adicionales a La Rioja se hacen efectivos a partir de esa fecha, permitiendo a la Comunidad Autónoma disponer de todos los recursos necesarios para sus competencias.

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Actualización de precios para viviendas sociales en 1987

Esta orden ministerial establece los precios máximos de venta para las viviendas de protección oficial durante el último trimestre de 1987, es decir, los meses de octubre, noviembre y diciembre. Se trata de una revisión periódica que se realiza para ajustar estos precios a las variaciones en los costes de construcción, como la mano de obra y los materiales.

Concretamente, la orden detalla cómo se calcularán estos precios basándose en fórmulas matemáticas y los índices de precios publicados oficialmente. Además, fija precios específicos para las plazas de garaje asociadas a estas viviendas, diferenciándolos por grupos provinciales.

La normativa entra en vigor para el trimestre natural de octubre, noviembre y diciembre de 1987. Los promotores de estas viviendas que ya tuvieran calificaciones objetivas pero sin los precios actualizados podían solicitar su revisión ante el Ministerio o los órganos autonómicos competentes. También se mencionan disposiciones transitorias para programas familiares específicos y derechos adquiridos por cambios de categoría provincial.

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Más bienes para la Comunidad Valenciana

Este Real Decreto aprueba la ampliación de los medios que se transfirieron del Estado a la Comunidad Valenciana en 1984. En concreto, se trata de bienes inmuebles que eran necesarios para que la Comunidad Valenciana pudiera ejercer plenamente las competencias que ya tenía en materia de patrimonio arquitectónico, control de la calidad de la edificación y vivienda.

Lo que cambia es que se añaden a la Comunidad Valenciana una serie de bienes (edificios, terrenos, etc.) que antes pertenecían a la Administración del Estado. Estos bienes son fundamentales para que la Generalitat Valenciana pueda gestionar y desarrollar adecuadamente las funciones que le fueron traspasadas en su momento.

La efectividad de estos traspasos se fijó a partir del 30 de julio de 1987, que fue la fecha en que se acordó esta ampliación. El Real Decreto en sí entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 30 de noviembre de 1987.

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Más bienes para la Región de Murcia

Este Real Decreto se refiere a la cesión de bienes y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Anteriormente, en 1984, ya se habían traspasado competencias en áreas como patrimonio arquitectónico, control de calidad de la edificación y vivienda. Sin embargo, se detectó que faltaban algunos bienes inmuebles necesarios para que la Comunidad pudiera ejercer plenamente estas funciones.

Lo que cambia es que ahora se aprueba la transferencia de esos bienes inmuebles que no se incluyeron en el primer traspaso. Esto significa que la Comunidad Autónoma de Murcia recibirá más medios materiales para poder gestionar de forma efectiva las competencias que ya tenía asumidas en materia de edificación y vivienda.

La efectividad de estos traspasos se establece a partir de la fecha indicada en el acuerdo de la Comisión Mixta, que fue el 13 de noviembre de 1986. El Real Decreto en sí entró en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 26 de noviembre de 1987.

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Nuevas reglas para la adopción de menores

Esta ley modifica aspectos del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil para mejorar el proceso de adopción. El objetivo principal es asegurar que la adopción sirva realmente para proteger a los niños que no tienen una familia estable, evitando prácticas como el tráfico de menores y garantizando que los adoptantes sean idóneos.

Los cambios concretos buscan fortalecer el control sobre los pasos previos a la adopción, hacer más flexibles los casos de abandono para facilitar adopciones necesarias y eliminar la adopción simple, que se consideraba poco útil. Se pone énfasis en que el interés del menor adoptado debe ser la prioridad absoluta en todo el proceso.

La ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 17 de noviembre de 1987, modificando la normativa existente para hacer la adopción un proceso más seguro y centrado en el bienestar de los niños.

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Pequeña corrección en una ley antigua sobre el Patrimonio Nacional

Se trata de una rectificación de un error que se cometió al publicar una ley en 1987. Esta ley, en concreto, trataba sobre la supresión de un organismo llamado Patronato Oficial de Viviendas del Patrimonio Nacional. El error era una palabra que cambiaba ligeramente el significado de un artículo.

Lo que cambia es una palabra en un artículo de esa ley. En lugar de decir que unos inmuebles del Patrimonio Nacional estaban 'desafectados', ahora se dice que 'quedan desafectados'. Es una matización muy técnica que no afecta directamente a los ciudadanos en su día a día, sino a la redacción legal.

Esta corrección se publicó el 14 de noviembre de 1987. Por lo tanto, entró en vigor en esa fecha. Es importante entender que estas correcciones son habituales para asegurar que las leyes se redacten de forma precisa y sin ambigüedades.

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Define títulos y tratamientos de la Familia Real

Este Real Decreto establece las normas sobre los títulos, tratamientos y honores que corresponden a los miembros de la Familia Real española y a quienes ejercen la Regencia. Detalla cómo se debe denominar y a quién se debe tratar con respeto y dignidad dentro de la Casa Real.

Concretamente, el texto especifica que el Rey o Reina de España ostentará el título de Majestad, mientras que la consorte también será Reina con el mismo tratamiento. El consorte de la Reina será Príncipe con tratamiento de Alteza Real. El heredero de la Corona será Príncipe o Princesa de Asturias con tratamiento de Alteza Real, al igual que sus hijos y los de los Infantes. También se regulan los títulos y tratamientos para los miembros de la Regencia.

Este Real Decreto fue aprobado el 6 de noviembre de 1987 y entró en vigor el 12 de noviembre de 1987, estableciendo un marco legal para la organización y la jerarquía dentro de la Familia Real española.

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Se elimina el Patronato Oficial de Viviendas del Patrimonio Nacional

Este Real Decreto pone fin a la existencia del Patronato Oficial de Viviendas del Patrimonio Nacional. Su propósito era gestionar viviendas pertenecientes al Patrimonio Nacional. Con esta medida, los bienes y responsabilidades de este organismo pasan a ser administrados directamente por el Estado.

Lo que cambia concretamente es que el Patronato deja de existir como entidad independiente. Todos sus bienes, derechos y deudas serán asumidos por la Administración del Estado, específicamente por la Dirección General del Patrimonio del Estado. Esto simplifica la gestión de estos activos y deudas.

Este Real Decreto entró en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 11 de noviembre de 1987. Por lo tanto, desde esa fecha, el Patronato Oficial de Viviendas del Patrimonio Nacional quedó oficialmente suprimido y sus funciones pasaron a ser competencia del Estado.

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España se compromete a no instalar armas nucleares en el fondo del mar

Este documento oficial recoge la decisión de España de adherirse a un tratado internacional que prohíbe la instalación de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en los fondos marinos y oceánicos, así como en su subsuelo. El objetivo principal es evitar que estas zonas se conviertan en un lugar para el despliegue de armamento peligroso.

Concretamente, España se compromete a no instalar ni emplazar este tipo de armamento, ni tampoco estructuras o instalaciones relacionadas con su almacenamiento, ensayo o uso, más allá de un límite específico en los fondos marinos. Esta prohibición se aplica a la mayoría de las zonas, aunque con algunas salvedades para los estados ribereños en sus aguas territoriales.

La adhesión de España a este tratado se hizo efectiva mediante la autorización de las Cortes Generales y la firma del instrumento de adhesión por el Rey Juan Carlos I y el Ministro de Asuntos Exteriores. La fecha de este acto formal fue el 5 de noviembre de 1987, aunque el tratado en sí se firmó en 1971.

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Corrección de un detalle en la Guardia Civil de 1987

Esta orden ministerial se trata de una corrección de un error material detectado en una orden anterior de agosto de 1987, que establecía cómo se cubrían las plazas vacantes en la Guardia Civil de forma temporal. El error se encontraba en una referencia a un número de orden interno del cuerpo.

Lo que cambia concretamente es la corrección de un número. En lugar de hacer referencia a la "Orden General del Cuerpo número 118", ahora se especifica que debe ser la "Orden General del Cuerpo número 116". Este cambio es puramente técnico y no afecta a los derechos o deberes de los ciudadanos.

La corrección entra en vigor el mismo día de su publicación, que fue el 30 de octubre de 1987. Es importante entender que este tipo de correcciones son habituales en la administración para asegurar la correcta aplicación de las normativas.

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Médicos del Registro Civil: sus funciones aclaradas

Esta instrucción de 1987 busca aclarar las tareas de los Médicos del Registro Civil, un cuerpo poco conocido incluso por juristas. Su labor, definida en la Ley y el Reglamento del Registro Civil, se realiza en capitales de provincia y poblaciones de más de 50.000 habitantes.

Las funciones principales se centran en la comprobación de nacimientos cuando falta o es contradictorio el parte facultativo, y en la intervención en expedientes como rectificación de sexo, matrimonios civiles con dudas sobre la capacidad de los contrayentes, o inscripciones de nacimiento fuera de plazo si hay dudas sobre sexo o edad.

La función más importante es la comprobación de defunciones, verificando el parte facultativo y reconociendo el cadáver. Esto es especialmente relevante en muertes sin asistencia o con indicios de violencia, debiendo comunicar cualquier sospecha al encargado del Registro. La instrucción busca unificar criterios en la aplicación de estas tareas.

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Más bienes para las Islas Baleares en materia de vivienda y patrimonio

Este Real Decreto se refiere a la ampliación de los medios, es decir, de los bienes y recursos, que se transfieren del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Concretamente, se trata de inmuebles que antes pertenecían a la Administración estatal y que ahora pasan a ser propiedad de la comunidad autónoma.

El cambio principal es que se incluyen en esta transferencia una serie de bienes inmuebles que no se habían incluido en un traspaso anterior. Estos bienes son necesarios para que la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares pueda gestionar y llevar a cabo sus competencias en áreas como el patrimonio arquitectónico, el control de calidad de la edificación y las políticas de vivienda.

La entrada en vigor de este Real Decreto se produce el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El Acuerdo de la Comisión Mixta que aprueba estos traspasos ya señalaba una fecha de efectividad para dichos traspasos.

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Simplificación de trámites para documentos del Registro Civil en Europa

Esta circular aclara qué documentos relacionados con tu estado civil, nacionalidad o residencia, expedidos en ciertos países europeos, ya no necesitan ser legalizados ni traducidos al presentarlos en España. Esto se debe a convenios internacionales que buscan facilitar la circulación de estos documentos entre los países firmantes.

Concretamente, las certificaciones plurilingües del Registro Civil de países como Alemania, Austria, Francia o Italia, y otros documentos como los relativos al estado civil o matrimonio de Austria, Francia o Italia, se benefician de esta exención. Esto significa que si necesitas presentar un documento de estos países en España, el proceso será más rápido y sencillo.

La circular, aunque emitida en 1987, sigue siendo relevante para la aplicación de estos convenios. Su objetivo es que las autoridades españolas reconozcan la validez de estos documentos sin necesidad de trámites adicionales, agilizando así gestiones importantes para los ciudadanos.

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Actualización de precios de viviendas sociales

Esta orden ministerial establece los precios máximos de venta para las viviendas de protección oficial y plazas de garaje asociadas, correspondientes al tercer trimestre de 1987 (julio, agosto y septiembre). El objetivo es ajustar estos precios según la evolución de los costes de materiales y mano de obra en la construcción.

Concretamente, se fijan precios distintos para las plazas de garaje según el grupo provincial al que pertenezcan (A, B o C), con cifras que van desde las 449.187 hasta las 323.722 pesetas. Los promotores que ya tuvieran calificaciones de vivienda social pero sin los precios actualizados podían solicitar su revisión.

La orden entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que estos precios se aplicaron de forma inmediata para las transacciones de viviendas sociales durante ese trimestre específico de 1987.

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