El Horno

Modernización de los Registros de la Propiedad

Este Real Decreto busca actualizar los Registros de la Propiedad para hacerlos más eficientes y adaptarlos a las necesidades actuales. La principal novedad es la generalización de la informatización de todos los registros, lo que permitirá un acceso más rápido a la información. Además, se introduce el uso de bases gráficas, como mapas digitalizados, para identificar las fincas de forma más precisa y facilitar la conexión con el Catastro.

Concretamente, se establece que los índices de personas y fincas se gestionarán por ordenador. También se obliga a usar la cartografía catastral oficial, ya sea en papel o digital, para identificar las propiedades. Se crearán identificadores únicos para cada finca, como la referencia catastral. Finalmente, se permite presentar documentos en un registro diferente al que corresponde a la finca, agilizando trámites.

La entrada en vigor de estas medidas se aplazó durante seis meses desde su publicación, para permitir que las oficinas registrales se equiparan con la tecnología necesaria, como ordenadores y aparatos de telefax. El objetivo es mejorar la gestión y la modernización tecnológica de estos servicios públicos.

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

Actualización de precios para viviendas protegidas de 1990

Esta orden establece los precios de venta y alquiler para las viviendas de protección oficial construidas bajo normativas anteriores a 1978, actualizándolos para el año 1990. El objetivo es asegurar que la construcción de estas viviendas pueda continuar de forma ordenada, ajustando los valores según las clasificaciones específicas de cada tipo de vivienda.

Concretamente, se fijan unos módulos de referencia en pesetas para diferentes grupos de viviendas y se incrementan los precios de cesión respecto a 1989 en porcentajes que varían según el grupo. Sin embargo, se establece una excepción: si ya existía un compromiso de venta antes del 1 de enero de 1990, se aplicarán los precios de 1989.

La orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero sus efectos económicos se aplican retroactivamente desde el 1 de enero de 1990. Para las viviendas ya alquiladas, los aumentos de renta se aplicarán a partir del 1 de abril de 1990.

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Corrección en el traspaso de competencias educativas de Marina Civil a Cataluña

Este Real Decreto se refiere a la corrección de errores en un acuerdo previo que cedía a la Generalidad de Cataluña ciertas responsabilidades sobre la enseñanza superior en el ámbito de la Marina Civil. Básicamente, se trata de ajustar detalles técnicos y de personal que se incluyeron de forma incorrecta en el documento original.

Lo que cambia concretamente es la lista de funcionarios y las cifras económicas asociadas al traspaso de estas funciones. Se eliminan o añaden nombres de personal y se modifican los totales económicos para reflejar la realidad de los servicios transferidos, asegurando que la administración catalana reciba los recursos y el personal adecuados para gestionar estas enseñanzas.

La entrada en vigor de esta corrección se produce el 23 de marzo de 1990. Es importante destacar que este tipo de ajustes son comunes tras la publicación de normativas complejas para garantizar su correcta aplicación y evitar malentendidos administrativos.

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Actualización de rentas en alquileres de fincas rústicas

Esta resolución informa sobre los índices de precios que los agricultores y ganaderos recibieron por sus productos en 1989. Su objetivo es permitir la actualización de las rentas en los contratos de alquiler de fincas rústicas, basándose en la ley de arrendamientos rústicos de 1980.

Concretamente, se publican los valores de estos índices y sus subidas respecto al año anterior. Esto significa que, si en tu contrato de alquiler de una finca rústica se acordó actualizar la renta según estos índices, podrás usar los datos publicados para calcular el nuevo importe de tu alquiler.

La resolución se publicó el 9 de marzo de 1990, y los índices que se dan a conocer corresponden al año 1989. Por lo tanto, su aplicación se refiere a las rentas que se deban actualizar a partir de esa fecha, según lo pactado en los contratos.

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Pequeños ajustes en un decreto antiguo sobre Medio Ambiente

Este documento es una corrección de errores de un Real Decreto de 1990 que creaba una Secretaría General de Medio Ambiente dentro de un Ministerio. Básicamente, se trata de arreglar fallos tipográficos y de redacción que se publicaron por error en el Boletín Oficial del Estado en aquel momento.

Lo que cambia es muy concreto: se corrigen algunas palabras mal escritas o con puntuación incorrecta. Por ejemplo, se cambia un punto final por una coma, se arregla una palabra para que sea más precisa y se ajusta la concordancia de una frase. Son modificaciones menores que no alteran el sentido general del decreto original.

La entrada en vigor de esta corrección es inmediata desde su publicación, que fue el 8 de marzo de 1990. Sin embargo, dado que el decreto original es de 1990, estas correcciones afectan a un texto legal que ya tiene muchos años y que probablemente ha sido sustituido o modificado por normativas posteriores.

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Normas para la Expo '92 de Sevilla

Esta resolución publica los reglamentos especiales y el contrato de participación para la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Estos documentos establecen las reglas y condiciones para la organización del evento, incluyendo la participación de las secciones nacionales de los países invitados. Su objetivo era asegurar el correcto desarrollo y cumplimiento de lo acordado internacionalmente.

Lo que cambia concretamente es que se hacen públicas y, por tanto, oficiales y de obligado cumplimiento, todas las normativas que regirán la Exposición Universal de Sevilla 1992. Esto incluye desde aspectos organizativos hasta las condiciones para que los diferentes países pudieran presentar sus pabellones y participar en el evento.

La entrada en vigor de estos reglamentos se vincula a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que se realizó el 7 de marzo de 1990, aunque los reglamentos en sí fueron aprobados por la Oficina Internacional de Exposiciones (OIE) en 1989.

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Laboratorios de acero para edificios certificados

Esta orden ministerial establece las reglas específicas para que los laboratorios puedan ser reconocidos oficialmente como capaces de controlar la calidad del acero utilizado en la construcción de edificios. Se centra en dos áreas principales: los ensayos de laboratorio para perfiles y barras de acero, y el control en obra de las soldaduras de los elementos estructurales de acero.

Lo que cambia es que ahora se definen claramente los tipos de pruebas que estos laboratorios deben ser capaces de realizar y las normativas que deben seguir. Esto asegura que el acero empleado en nuestras construcciones cumple con los estándares de seguridad y resistencia necesarios, tanto en el material en sí como en su unión mediante soldadura.

Esta normativa entró en vigor el 27 de febrero de 1990, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Su objetivo es garantizar la calidad y seguridad de las estructuras metálicas en la edificación a nivel nacional.

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Laboratorios de ensayo para la mecánica del suelo en la construcción

Esta orden ministerial establece las reglas específicas para que los laboratorios puedan ser acreditados y realizar ensayos de control de calidad en la mecánica del suelo, es decir, en las características del terreno donde se construyen edificios. Esto es fundamental para garantizar la seguridad y estabilidad de las edificaciones.

Concretamente, se definen las áreas de trabajo de estos laboratorios, que incluyen tanto los análisis que se hacen en el propio laboratorio como las tomas de muestras y pruebas que se realizan directamente en el lugar de la obra. Se detallan los tipos de ensayos y las normas técnicas que deben seguirse para asegurar la fiabilidad de los resultados.

La orden fue aprobada en febrero de 1990, y sus disposiciones entraron en vigor en ese momento, estableciendo un marco regulatorio para la acreditación de estos laboratorios a nivel nacional.

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Laboratorios de hormigón más controlados

Esta orden ministerial establece las reglas específicas para que los laboratorios que analizan la calidad del hormigón en la construcción obtengan una acreditación oficial. El objetivo es asegurar que estos laboratorios realicen pruebas fiables sobre los materiales y el hormigón en sí, garantizando así la seguridad y durabilidad de las edificaciones.

Concretamente, se definen las áreas de ensayo para el hormigón y sus componentes, como el cemento, los áridos (piedras y arena), el agua y el acero de refuerzo. Los laboratorios deberán cumplir con normativas técnicas muy concretas para poder ser reconocidos y realizar estos controles de calidad obligatorios.

Esta normativa entró en vigor en el momento de su publicación, el 27 de febrero de 1990, y sigue siendo la base para la acreditación de estos laboratorios especializados en el control de calidad de la edificación.

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Ayudas para viviendas protegidas en 1990

Esta orden establece las condiciones y el importe máximo de las ayudas económicas para la compra o promoción de viviendas de protección oficial durante el año 1990. Su objetivo es facilitar el acceso a una vivienda a personas con recursos limitados, garantizando la financiación necesaria para estas construcciones y actuaciones protegibles.

Concretamente, se fija un límite de 24.000 ayudas para viviendas de protección oficial de nueva construcción y otras 6.000 para viviendas usadas. Estas ayudas se materializan en la subsidiación de préstamos cualificados, lo que significa que el Estado se hace cargo de una parte o la totalidad de los intereses de los préstamos concedidos por entidades bancarias.

La orden entró en vigor en 1990, ya que se refiere a las actuaciones protegibles y los préstamos concedidos durante ese año específico. Su aplicación se basaba en el Real Decreto 224/1989, que regulaba la financiación de este tipo de viviendas.

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Nace una Secretaría para el Medio Ambiente

Este Real Decreto crea una nueva Secretaría General dentro del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, dedicada exclusivamente a las cuestiones medioambientales. Su objetivo es reforzar la protección y mejora del entorno natural, respondiendo a la creciente importancia que este tema tiene a nivel europeo e internacional.

Con esta medida, se establece una estructura específica para coordinar y dirigir las políticas ambientales del país. Se crean dos Direcciones Generales, una de Política Ambiental y otra de Ordenación y Coordinación Ambiental, que dependerán de esta nueva Secretaría General. Esto permitirá una gestión más especializada y eficaz de los asuntos relacionados con el medio ambiente.

Esta disposición entró en vigor el 17 de febrero de 1990, fecha posterior a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Su creación supuso un paso importante en la organización administrativa española para abordar de forma más contundente los desafíos medioambientales.

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Pequeños ajustes en normativas sobre honorarios profesionales

Este documento es una corrección de errores de un Real Decreto anterior. Básicamente, se trata de arreglar pequeños fallos que se cometieron al publicar la normativa que actualizaba las tarifas de honorarios para arquitectos y aparejadores. Afecta principalmente a los profesionales de estas áreas y a quienes contratan sus servicios, ya que clarifica aspectos de la regulación de sus honorarios.

Lo que cambia concretamente son dos detalles: una palabra en el preámbulo del decreto, que pasa de 'adecuadas a independientes' a 'adecuadas e independientes', y una referencia en un artículo, que se corrige para que señale correctamente el artículo 8 en lugar del artículo 1. Son cambios menores pero importantes para la correcta interpretación de la ley.

La entrada en vigor de estas correcciones se produce a partir de la fecha de publicación de este Real Decreto, que fue el 13 de febrero de 1990. Por lo tanto, los cambios ya están aplicados y son efectivos desde ese momento.

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Precios de viviendas sociales para el primer trimestre de 1990

Esta orden ministerial establece los precios máximos de venta para las viviendas de protección oficial durante los meses de enero, febrero y marzo de 1990. Se trata de una actualización basada en la evolución de los costes de construcción, como la mano de obra y los materiales.

Concretamente, la orden detalla los precios máximos para diferentes tamaños de viviendas sociales, clasificados por programas familiares y grupos geográficos. También fija el precio de las plazas de garaje asociadas a estas viviendas. Los promotores que tengan viviendas calificadas y no figuren estos precios revisados podrán solicitar su actualización.

Esta normativa entró en vigor para el trimestre natural de enero, febrero y marzo de 1990, aplicando la fórmula de revisión de precios establecida en normativas anteriores y utilizando los índices de costes publicados a finales de 1989.

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Venta de suelo público en Mendillorri para construir viviendas asequibles

Esta ley permite al Gobierno de Navarra vender terrenos que son propiedad pública en la zona de Mendillorri. El objetivo principal es utilizar estos terrenos para construir viviendas, tanto de protección oficial como de precio libre, pero siempre con un precio final controlado por la administración. Esto busca facilitar el acceso a la vivienda para los ciudadanos y evitar la especulación con el suelo.

Lo que cambia concretamente es que el Gobierno de Navarra podrá vender estas parcelas de suelo público. Una parte se destinará a la empresa pública 'Viviendas de Navarra' para programas de vivienda pública, y otra parte se venderá a promotores privados. En ambos casos, se priorizará que las viviendas tengan un precio asequible y se valorarán aspectos como la calidad del proyecto y la solvencia de los promotores, no solo el precio de venta del suelo.

Esta ley entró en vigor el 5 de febrero de 1990. Su aplicación permite al Gobierno de Navarra seguir creando y gestionando patrimonio de suelo público, destinando los ingresos de estas ventas a adquirir nuevos terrenos y financiar otras actuaciones relacionadas con la política de suelo y vivienda.

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Mejoras en la seguridad de obras de construcción

Este Real Decreto actualiza normativas anteriores para hacer más efectiva la seguridad e higiene en obras de edificación y obras públicas. Su objetivo es garantizar que las medidas de seguridad se planifiquen y supervisen adecuadamente durante todo el proceso de construcción, protegiendo así a los trabajadores.

Lo que cambia concretamente es que la elaboración del estudio de seguridad e higiene en el trabajo, que antes podía ser realizado por diferentes profesionales, ahora se atribuye de forma más específica al Arquitecto Técnico. Este profesional, integrado en la dirección de la obra, será el responsable de analizar, aprobar y supervisar el plan de seguridad, pudiendo incluso ordenar la paralización de la obra si no se cumplen las medidas establecidas.

Este Real Decreto entró en vigor el 25 de enero de 1990. La normativa busca mejorar la coordinación y la eficacia en la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción, asegurando que la seguridad sea una parte fundamental desde la fase de diseño hasta la ejecución de la obra.

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Más jueces para resolver casos civiles

Este Real Decreto es una medida para mejorar la justicia en España, específicamente en el ámbito civil. Su objetivo es asegurar que todas las Audiencias Provinciales, que son tribunales de apelación, puedan encargarse de todos los casos civiles que les lleguen sin demoras. Para ello, se crean nuevas plazas de magistrado (juez) en varias de estas Audiencias.

Lo que cambia concretamente es que se dotan 37 nuevas plazas de magistrado en 19 Audiencias Provinciales diferentes. Estas nuevas plazas permitirán crear o reforzar secciones dentro de estas Audiencias, dedicadas exclusivamente a resolver asuntos civiles. Esto significa que habrá más personal judicial para atender los litigios y resolverlos de manera más eficiente.

La entrada en vigor de estas nuevas dotaciones económicas para las plazas de magistrado se establece para el 1 de octubre de 1990. A partir de esa fecha, los nuevos puestos estarán disponibles y se espera que comiencen a funcionar para agilizar la resolución de los casos civiles en las provincias afectadas.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-06-02 Fuente original: ES-BOE — Orden de 12 de enero de 1990 por la que se aprueban escalas del apartado segundo ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden de 12 de enero de 1990 establece las escalas de aportaciones a la Mutualidad Notarial y la participación de esta en los derechos arancelarios, modificando previamente las normas vigentes.

2. CONTEXTO La Orden se emite en el marco del Estatuto de la Mutualidad Notarial, aprobado por Decreto 2718/1973. La norma busca adecuar las cotizaciones a la Mutualidad Notarial a las nuevas bases fijadas por el Arancel de los Notarios. Se establece que la adecuación debe seguir criterios de proporcionalidad y progresividad, según la clase de documentos y su cuantía. La norma también deroga anteriores órdenes que regulaban estas escalas.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden de 12 de enero de 1990, publicada en el Boletín Oficial del Estado, regula las escalas de aportaciones a la Mutualidad Notarial y la participación de esta en los derechos arancelarios, conforme al artículo 4.º, párrafo último, del Estatuto de la Mutualidad Notarial, aprobado por Decreto 2718/1973, de 19 de octubre. La norma establece que el Ministerio de Justicia, previa propuesta de la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial, fija las escalas de aportaciones y la participación de la Mutualidad en los excesos de base.

En el artículo 1.º, se fija la escala de aportaciones, que se divide en tres categorías:

La escala se aplica a los instrumentos sin cuantía y a los de cuantía, agrupados en tramos, respetando los límites establecidos.

En el artículo 2.º, se establece que la participación de la Mutualidad en los derechos arancelarios correspondientes a los instrumentos de cuantía superior a 100.000.000 de pesetas será del 40 por 100 sobre el exceso sobre dicha base.

El artículo 3.º establece que la Mutualidad Notarial percibirá el importe del papel especial utilizado por los Notarios para la expedición de copias simples y otros documentos. La emisión de dicho papel corresponde a la Junta de Decano de los Colegios Notariales de España, que establecerá sus características, modelo y precio.

El artículo 4.º prohíbe la repercusión de las aportaciones y el importe del papel especial, que son de cargo del Notario.

En la disposición derogatoria, se derogan las órdenes de 11 de julio de 1974 y 12 de enero de 1984, que regulaban previamente las escalas de aportaciones.

En las disposiciones finales, se establece que la Dirección General de los Registros y del Notariado dictará las normas necesarias para el cumplimiento de la Orden, y que esta entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

La norma se emite en el marco de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, que establece la finalidad de la Mutualidad Notarial como satisfacer los haberes pasivos, y se alinea con la Ley de 13 de julio de 1935, que ya establecía dicha finalidad.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden de 1990 establece nuevas escalas de aportaciones a la Mutualidad Notarial y la participación de esta en los derechos arancelarios. Deroga normas anteriores y establece que las aportaciones son de cargo del Notario, no pudiendo ser objeto de repercusión. La norma se publica en el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor al día siguiente.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Establece nuevas escalas de aportaciones a la Mutualidad Notarial, según el tipo de documento y su cuantía. ⚠️ Deroga normas anteriores que regulaban previamente estas escalas, como las de 1974 y 1984. 📋 Establece la participación de la Mutualidad en los excesos de base de derechos arancelarios. ℹ️ Prohíbe la repercusión de las aportaciones y el importe del papel especial, que son de cargo del Notario.

6. FICHA

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Ajuste en las ayudas estatales para vivienda

Esta orden ministerial modifica los límites de las ayudas económicas directas que el Estado otorga para la compra o rehabilitación de viviendas. El objetivo es redistribuir los fondos disponibles para que lleguen a quienes más las necesitan, basándose en la demanda real observada.

Concretamente, se incrementan los cupos para la compra de viviendas de protección oficial de nueva construcción y para la rehabilitación, ya que se detectó que las ayudas iniciales eran insuficientes. Por el contrario, se ajustan a la baja los cupos para la compra de viviendas usadas y para ciertas actuaciones en suelo, al no haber tanta demanda como se preveía.

La orden entra en vigor el 1 de enero de 1990, modificando las cantidades establecidas previamente en una orden de marzo de 1989, pero manteniendo el gasto público total previsto para estas ayudas.

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Ayudas para comprar tu casa en 1989

Esta orden detalla las ayudas económicas que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo ofrecía a las personas que compraban o construían su propia vivienda en 1989. Estas ayudas, reguladas por un Real Decreto anterior, buscaban facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para quienes tenían ingresos más bajos.

Concretamente, se establecieron porcentajes de subvención sobre el precio de la vivienda. Si tus ingresos familiares no superaban dos veces el salario mínimo de la época, podías recibir hasta un 8% del precio de la vivienda como ayuda. Si tus ingresos eran algo mayores, entre dos y dos veces y media el salario mínimo, la ayuda se reducía al 5%.

La orden se publicó el 23 de diciembre de 1989 y sus efectos económicos se aplicaron desde el 1 de enero de ese mismo año, cubriendo así las ayudas concedidas durante todo 1989.

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Corrección de errores en normativa bancaria antigua

Esta resolución se refiere a la corrección de pequeños errores detectados en una circular emitida por el Banco de España en 1989. Dicha circular trataba sobre cómo los bancos debían registrar contablemente las operaciones de leasing (arrendamiento financiero) y las opciones de compra o venta. El objetivo es asegurar que la información oficial publicada sea precisa y no induzca a confusión.

Lo que cambia concretamente es la rectificación de algunos textos que aparecieron mal impresos en el Boletín Oficial del Estado. Por ejemplo, se anula una línea que contenía una fecha y firma incorrectas y se corrige otra donde la firma del Gobernador del Banco de España aparecía de forma incompleta. Son ajustes técnicos para que el documento original refleje fielmente lo que se pretendía publicar.

Esta corrección entra en vigor el mismo día de su publicación, el 19 de diciembre de 1989. Aunque se trata de una corrección de un documento muy antiguo, su propósito es garantizar la exactitud de los registros legales y normativos, algo fundamental para la transparencia y el correcto funcionamiento del sistema financiero.

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Normas sobre nombres y apellidos en España

Este documento explica qué ley se debe aplicar para determinar los nombres y apellidos de una persona. Básicamente, se establece que la ley del país del que una persona es nacional es la que rige su nombre y apellidos. Si una persona cambia de nacionalidad, se aplicará la ley del nuevo país.

Lo que cambia es que se unifican las normas para que todos los países que firmen este acuerdo apliquen las mismas reglas. Esto facilita la identificación de las personas y evita confusiones, especialmente cuando hay vínculos con varios países. La ley del país de origen es la que manda, salvo que sea totalmente contraria a las normas básicas de nuestro país.

Este convenio fue firmado por España en 1980 y ratificado por el Rey Juan Carlos I en 1989. Por lo tanto, estas normas están en vigor en España desde esa fecha y se aplican a todos los ciudadanos que puedan verse afectados por ellas.

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Nuevas reglas para el alquiler con opción a compra y las apuestas financieras

Esta circular del Banco de España establece cómo deben las entidades financieras (como bancos y cajas) apuntar en sus cuentas las operaciones de alquiler con opción a compra (arrendamiento financiero) y las apuestas sobre el valor de las cosas (opciones).

Lo que cambia es que ahora se definen claramente cómo registrar estos contratos. Por ejemplo, los bienes que se alquilan con opción a compra se consideran como dinero prestado a quien lo alquila, y se amortizan según lo acordado. Las apuestas sobre valores se unifican en una normativa general.

Esta normativa entró en vigor en 1989, adaptando las reglas contables a las nuevas operaciones financieras que empezaban a ser comunes en España.

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Cambios en el Registro Civil Municipal

Esta instrucción aclara cómo funcionarán los Registros Civiles en los municipios tras una reorganización judicial. Básicamente, se trata de adaptar los procedimientos y las responsabilidades de los funcionarios que llevan estos registros, asegurando que la información sobre nacimientos, matrimonios y defunciones siga gestionándose correctamente.

Lo que cambia concretamente es la asignación de funciones. Los Jueces de Paz, que ahora asumen más responsabilidades tras la transformación de los Juzgados de Distrito, continuarán con los trámites que ya estuvieran en curso, como los expedientes de matrimonio o de fe de vida. También se centralizarán ciertos libros de tutelas en el juzgado principal del partido judicial.

La entrada en vigor de estos cambios se produjo el 28 de diciembre de 1989, coincidiendo con la transformación de los Juzgados de Distrito. La normativa ya preveía estas adaptaciones para evitar problemas en el funcionamiento diario del Registro Civil.

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Más bienes para Galicia en materia de vivienda y edificación

Este Real Decreto aprueba la ampliación de los medios materiales que se transfirieron del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en 1985. Se trata de bienes inmuebles que eran necesarios para que Galicia pudiera gestionar adecuadamente las competencias que ya tenía en áreas como el patrimonio arquitectónico, el control de la calidad de las construcciones y las políticas de vivienda.

Lo que cambia concretamente es que se añaden a la gestión gallega una serie de propiedades que inicialmente no se incluyeron en el traspaso original. Estos bienes son esenciales para el desarrollo de las funciones que ya tenía asignadas la Comunidad Autónoma en estas materias, permitiendo una mejor ejecución de sus políticas.

La efectividad de estos traspasos se establece a partir de la fecha acordada por la Comisión Mixta, que fue el 16 de noviembre de 1989. El Real Decreto en sí mismo entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 8 de diciembre de 1989.

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Galicia asume la gestión de la Marina Civil

Este Real Decreto significa que la Comunidad Autónoma de Galicia toma el control directo de las enseñanzas relacionadas con la Marina Civil. Hasta ahora, estas funciones las llevaba a cabo el Estado central, pero con esta medida se transfieren a la comunidad autónoma para que sea ella quien las administre y regule.

Lo que cambia concretamente es que la gestión de las escuelas y centros de formación para profesionales de la marina, como capitanes o oficiales, pasa a ser competencia gallega. Esto incluye la planificación, organización y supervisión de estos estudios, adaptándolos a las necesidades y directrices de la propia comunidad.

La entrada en vigor de este traspaso se formalizó con la aprobación del acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias el 1 de diciembre de 1989, lo que permitió que la Comunidad Autónoma de Galicia comenzara a ejercer estas nuevas competencias.

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Precios de las viviendas sociales para el último trimestre de 1989

Esta orden ministerial establece los precios máximos de venta para las viviendas de protección oficial durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1989. Se trata de una actualización basada en la evolución de los costes de construcción y mano de obra, calculada de forma trimestral.

Concretamente, la orden detalla los precios máximos aplicables a diferentes tipos de viviendas sociales, según su tamaño y programa familiar, así como el precio de las plazas de garaje asociadas. También se mencionan las posibles deducciones que podrían aplicarse a estos precios.

La normativa entra en vigor para el trimestre natural de octubre, noviembre y diciembre de 1989, fijando los valores que regirán la venta de estas viviendas durante ese periodo específico.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-06-02 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 1426/1989 establece el Arancel de los Notarios, regulando los derechos arancelarios que deben abonarse por los actos notariales, y establece procedimientos para la impugnación y resolución de controversias relacionadas con dichos derechos.

2. CONTEXTO El Real Decreto se emite en cumplimiento de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, que encomienda al Gobierno la aprobación de nuevos aranceles para los funcionarios públicos. La norma establece que los aranceles deben cubrir los gastos de funcionamiento y conservación de las oficinas notariales, incluida la retribución profesional. Además, se modifica el procedimiento para determinar las bases de cálculo de los derechos notariales, pasando de valores reales a valores comprobados fiscalmente.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, establece el Arancel de los Notarios, reglamentando los derechos arancelarios que deben abonarse por los actos notariales. El Arancel se elabora en cumplimiento de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, que encomienda al Gobierno la aprobación de nuevos aranceles para los funcionarios públicos. Según el apartado 2 de la disposición adicional tercera de dicha Ley, los aranceles deben cubrir los gastos de funcionamiento y conservación de las oficinas notariales, incluida la retribución profesional. Por ello, el Arancel se adapta a los incrementos experimentados por los costes de personal y material desde la entrada en vigor del anterior Arancel.

En cuanto a la determinación de las bases de cálculo de los derechos notariales, hasta la entrada en vigor de la Ley 8/1989, se utilizaban valores reales obtenidos mediante los procedimientos previstos en el Reglamento Notarial. Con la entrada en vigor de la Ley, únicamente pueden tenerse en cuenta como base los valores comprobados fiscalmente de los hechos, actos o negocios jurídicos. En caso de no existir dichos valores, se considerarán los valores consignados por las partes en el correspondiente documento.

El Arancel también establece procedimientos para la impugnación de los derechos notariales. La impugnación deberá presentarse ante el Notario que la hubiere formulado, quien, con su informe, la elevará ante la Junta directiva del Colegio Notarial en un plazo de diez días hábiles. Asimismo, la impugnación puede presentarse directamente ante la Junta directiva del Colegio Notarial correspondiente, en cuyo caso la Junta recabará inmediatamente informe del Notario, que deberá emitirlo en el plazo máximo de diez días. Las resoluciones de la Junta directiva podrán apelarse en el plazo de diez días hábiles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. Las Juntas directivas deberán comunicar a la Dirección General todos los recursos interpuestos así como las resoluciones dictadas en esta materia.

Además, el Arancel establece que un ejemplar completo, con sus normas de aplicación y adicionales, y una tabla con los derechos correspondientes a bases comprendidas entre 1 y 50 millones de pesetas que sean múltiplos de 100.000, estará a disposición del público en todas las Notarías, anunciándose tal circunstancia en lugar visible de la Notaría. Cuando la base exceda a 100.000.000 de pesetas, el Notario aportará a la Mutualidad Notarial una parte de los derechos correspondientes al exceso en la cuantía y forma que fije el Ministerio de Justicia.

El Notario podrá dispensar totalmente los derechos devengados por cualquier acto o contrato, cuya documentación autorice, pero no tendrá la facultad de hacer dispensas parciales. Tampoco podrá el Notario dispensar totalmente los derechos correspondientes a uno o varios actos o contratos conexos o económicamente relacionados con otros otorgados por el mismo sujeto respecto de los cuales no conceda la misma dispensa.

El Real Decreto se publica en Madrid el 17 de noviembre de 1989, firmado por el Rey Juan Carlos y firmado por el Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, Virgilio Zapatero Gómez.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 1426/1989 establece el Arancel de los Notarios, adaptándose a los criterios de cobertura de gastos y modificación de la base de cálculo. Establece también procedimientos para la impugnación de derechos notariales y regula la dispensa de derechos. La norma se emite en cumplimiento de la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Cobertura de gastos: Los aranceles se adaptan a los costes de personal y material. ⚠️ Modificación de la base de cálculo: Se pasa de valores reales a valores comprobados fiscalmente. 📋 Procedimientos de impugnación: El notario debe informar y elevar la impugnación a la Junta directiva. ℹ️ Dispensas de derechos: El notario puede dispensar totalmente, pero no parcialmente.

6. FICHA

Palabras totales: 650

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Mejoras en el acceso a vivienda para españoles en el extranjero

Esta orden tiene como objetivo principal asegurar que los españoles que viven y trabajan fuera de España tengan las mismas oportunidades de acceder a ayudas para la vivienda que quienes residen en nuestro país. Busca evitar que, por el simple hecho de vivir en el extranjero, se encuentren en desventaja a la hora de solicitar financiación o acceder a viviendas protegidas.

Lo que cambia concretamente es la forma en que se calculan los ingresos para determinar el acceso a estas ayudas. Se introducen coeficientes correctores para ajustar los ingresos de los emigrantes, reconociendo que el poder adquisitivo puede ser diferente. Esto significa que niveles de ingresos que en España podrían superar los límites para recibir ayuda, en el extranjero, tras esta corrección, sí podrían permitir el acceso a los beneficios.

Esta orden entró en vigor el 4 de noviembre de 1989. Su propósito es cumplir con el principio constitucional de proteger los derechos económicos y sociales de los españoles en el extranjero, facilitando su retorno y garantizando su derecho a una vivienda digna.

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Nuevas reglas para laboratorios de control de calidad en la construcción

Este Real Decreto establece las normas generales para que los laboratorios puedan ser acreditados oficialmente para controlar la calidad de los edificios. Su objetivo es asegurar que estos laboratorios tengan la capacidad técnica necesaria para realizar ensayos y garantizar que las construcciones cumplan con los estándares de calidad vigentes.

Lo que cambia es la forma en que se reconocen y acreditan estos laboratorios. Se busca una mayor eficacia y una adaptación a las normativas europeas, armonizando los criterios y estableciendo un sistema de acreditación más moderno y coordinado entre las distintas administraciones públicas.

Este Real Decreto entró en vigor el 18 de octubre de 1989, sustituyendo y actualizando normativas anteriores que regulaban la homologación de estos laboratorios desde 1974 y 1984.

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