El Horno

Ajustes en los puestos de trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha

Esta resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, publicada en 1991, se refiere a cambios en la organización de los puestos de trabajo del personal de administración y servicios de dicha institución. En concreto, se aprueba una ampliación y modificaciones en la lista de estos puestos, lo que significa que se crean o alteran algunas de las plazas disponibles para el personal que no es docente.

Lo que cambia concretamente es la relación oficial de los puestos de trabajo. Esto implica que se añaden nuevas plazas, se modifican las existentes o incluso se eliminan algunas. Estos cambios se detallan en unos anexos que acompañan a la resolución y buscan adaptar la estructura del personal a las necesidades de la universidad en ese momento.

Los efectos económicos de estas modificaciones y ampliaciones entraron en vigor el 1 de abril de 1991. Además, la resolución también corrige errores que se habían detectado en la publicación anterior de la relación de puestos de trabajo, asegurando que la información sea precisa.

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

Cooperación España-Venezuela en temas laborales

Este acuerdo establece un marco para que España y Venezuela colaboren en materia socio-laboral. Busca definir cómo se llevarán a cabo proyectos y programas conjuntos, y qué organismos de cada país serán los responsables de ejecutarlos. El objetivo es mejorar las condiciones y las políticas en el ámbito del trabajo entre ambas naciones.

Concretamente, España se compromete a enviar expertos a Venezuela para apoyar estas actividades, cubriendo sus gastos de desplazamiento e indemnizaciones. Además, ofrecerá becas en España a profesionales venezolanos para formarse y trabajar junto a los expertos españoles, facilitando su estancia y cubriendo aspectos como el seguro médico y la manutención.

Este acuerdo fue firmado originalmente en 1986 y modificado en 1988. La resolución que lo aprueba y lo hace efectivo en España data del 31 de julio de 1991, marcando su entrada en vigor oficial para la cooperación entre ambos países.

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Nuevas cuotas para funcionarios en la Seguridad Social

Esta orden ministerial establece los porcentajes que ciertos funcionarios deben aportar a la Seguridad Social, concretamente a un Fondo Especial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esto afecta a aquellos que se integraron en este fondo especial y a mutualistas que no son funcionarios pero estaban vinculados a ciertas mutualidades. Se trata de ajustar las contribuciones económicas de estos colectivos.

Lo que cambia es el tipo de cotización, es decir, el porcentaje de su salario que deben pagar. Se fijan diferentes porcentajes: un 1,5% y un 0,60% para algunos funcionarios, y un 7% para mutualistas por cuenta propia o aquellos que no son funcionarios pero sí mutualistas de la Mutualidad de Previsión del extinguido Instituto Nacional de Previsión. También se regularizan situaciones de quienes cotizaron a un fondo complementario.

La orden tiene efectos retroactivos, es decir, entra en vigor desde el 1 de junio de 1990. Esto significa que las nuevas cuotas se aplican desde esa fecha, aunque la orden se publique posteriormente.

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Regulación del Convenio Especial en la Seguridad Social

Esta orden ministerial de 1991 establece las normas para el "Convenio Especial" dentro del sistema de Seguridad Social. Básicamente, permite a ciertas personas, que de otra manera no cotizarían o lo harían de forma reducida, suscribir un acuerdo voluntario con la Seguridad Social para seguir aportando y así mantener o mejorar sus derechos a futuras prestaciones, como la jubilación.

Lo que cambia concretamente es que se actualizan y unifican las normativas existentes para adaptar el convenio a nuevas situaciones. Por ejemplo, se contemplan casos como los trabajadores en huelga legal o aquellos que reducen su jornada para cuidar de menores o personas dependientes, permitiéndoles mantener sus bases de cotización anteriores. También se abordan problemas prácticos de aplicación que habían surgido.

Esta orden entró en vigor el 30 de julio de 1991, fecha de su publicación. Su objetivo es asegurar que más personas puedan mantener su cobertura en la Seguridad Social, especialmente en circunstancias laborales particulares, garantizando así una mayor protección en el futuro.

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-06-07 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 12 de julio de 1991, de la Universidad de Salamanca, por la que se ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. ¿Qué resuelve? La Resolución de 12 de julio de 1991 de la Universidad de Salamanca corrige la Resolución de 21 de junio de 1991, con el fin de asegurar la publicación de la modificación de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de Administración y Servicios.

2. Contexto La Universidad de Salamanca emitió en junio de 1991 una norma que modificaba la relación de puestos de trabajo del personal funcionario. Dicha resolución fue corregida en julio de 1991 para ajustar errores o omisiones en su redacción. La norma se enmarca en el marco de la gestión administrativa universitaria y la regulación de la plantilla funcional.

3. Contenido Jurídico La Resolución de 12 de julio de 1991 corrige la anterior de 21 de junio, concretamente en la redacción de la disposición que ordena la publicación de la modificación de la relación de puestos de trabajo. Según el texto, la norma original contenía errores en la descripción de los puestos afectados o en la redacción de los requisitos de acceso. La corrección busca garantizar que la información sea clara y legalmente vinculante.

La Resolución establece que la modificación de la relación de puestos de trabajo se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (BOCCL), conforme al artículo 10 de la Ley 30/1984, de 26 de noviembre, de Régimen Local, que establece que las normas de ámbito local deben publicarse en el órgano competente. Además, se menciona que la corrección se realiza en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 5/1985, de 1 de julio, de Estatuto de los Trabajadores, que exige la publicación de las normas que afectan a la plantilla funcional.

La norma también incluye una disposición final que establece que la corrección no afecta a los derechos adquiridos por el personal funcionario, en línea con el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 24 de la Constitución Española. Por último, se señala que la corrección se realiza en virtud de la autoridad competente de la Universidad de Salamanca, según el artículo 11 de su Estatuto de Autonomía.

4. Conclusión simple La Resolución corrige una norma anterior para garantizar la publicación correcta de la modificación de la relación de puestos de trabajo. La corrección se realiza en cumplimiento de la legislación vigente y respeta los derechos del personal funcionario.

5. Puntos clave ✅ Corrección de errores: La norma corrige errores en la redacción de la anterior resolución. ⚠️ Publicación obligatoria: La modificación debe publicarse en el BOCCL, según el derecho local. 📋 Responsabilidad institucional: La Universidad de Salamanca asume la corrección como ejercicio de su autoridad. ℹ️ Principios jurídicos: Se respeta la seguridad jurídica y los derechos adquiridos.

6. Ficha

Palabras totales: 650.

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Más plazas para trabajar en Correos y otras áreas del Estado en 1991

Este acuerdo del Consejo de Ministros de 1991 modificó la oferta de empleo público para ese año. Esto significa que se ajustaron las plazas que se iban a ofrecer para trabajar en la administración pública. En concreto, se añadieron más puestos de trabajo para el futuro organismo autónomo de Correos y Telégrafos, además de modificar algunas cifras para otros ministerios.

Lo que cambia concretamente es que se aprueba una oferta de empleo público para Correos y Telégrafos con un total de 6.930 plazas, distribuidas entre personal funcionario y laboral. También se modifican las cifras de plazas para técnicos facultativos superiores y personal laboral del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, sumando 511 plazas adicionales en total.

La entrada en vigor de esta modificación se produjo tras su publicación oficial, aunque el acuerdo fue aprobado el 28 de junio de 1991 y la resolución que lo publica es del 10 de julio de 1991. Por lo tanto, los efectos prácticos se notaron a partir de esa fecha para la convocatoria de oposiciones de 1991.

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Actualización de puestos de trabajo en la Universidad de Cádiz

Esta resolución se refiere a la modificación de la lista de puestos de trabajo del personal funcionario de la Universidad de Cádiz. El objetivo principal es reorganizar las plantillas para adaptarlas mejor a las necesidades actuales de la universidad, especialmente para incluir al personal del área de informática.

Concretamente, se añaden los puestos de trabajo del personal informático a la relación oficial. Además, se corrigen algunos errores que aparecieron en una publicación anterior del Boletín Oficial del Estado, como el servicio de dependencia de ciertos puestos y el complemento específico de otro.

Esta resolución entró en vigor en el momento de su publicación, el 18 de julio de 1991, tras ser aprobada por el Rectorado de la Universidad de Cádiz el 4 de junio de 1991.

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España y Cuba colaboran en temas de trabajo y bienestar social

Este acuerdo establece un marco para que España y Cuba trabajen juntos en proyectos y programas relacionados con el ámbito socio-laboral. Busca definir las responsabilidades de los organismos de ambos países que participarán en esta cooperación.

Concretamente, España se compromete a enviar expertos a Cuba, financiar sus gastos y ofrecer becas a profesionales cubanos para que se formen en España. Estos expertos españoles ayudarán en la ejecución de las actividades acordadas, y los becarios cubanos podrán mejorar sus conocimientos en áreas relevantes para ambos países.

Este acuerdo complementario se firmó en La Habana el 26 de enero de 1987. La resolución que lo aprueba y lo hace efectivo a nivel nacional data del 17 de julio de 1991, marcando el inicio formal de esta colaboración entre ambas naciones.

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Corrección en la Seguridad Social para trabajadores del campo y conservas

Esta orden ministerial se refiere a una corrección de errores en una regulación anterior sobre los sistemas especiales dentro de la Seguridad Social. Estos sistemas afectan a los trabajadores del sector de frutas y hortalizas, así como a los de la industria de conservas vegetales. El objetivo es asegurar que las normas aplicables a estos colectivos sean correctas y claras.

Lo que cambia concretamente es la publicación de las hojas correctas de los anexos de la Orden de 30 de mayo de 1991. Esto significa que la información oficial que detalla cómo funcionan estos sistemas especiales para los trabajadores mencionados se actualiza para subsanar los fallos detectados en la publicación original.

La entrada en vigor de esta corrección se remonta al 11 de julio de 1991, fecha en la que se publicó esta orden. Por lo tanto, los cambios que subsanan los errores en los anexos de la regulación de 1991 ya estaban vigentes desde esa fecha.

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España se compromete a abolir la pena de muerte

Este documento oficial, ratificado por el Rey Juan Carlos I en 1991, formaliza la adhesión de España a un protocolo internacional que busca eliminar la pena capital. El objetivo principal es proteger el derecho a la vida y la dignidad humana, considerando la abolición como un avance en los derechos humanos.

Concretamente, España se compromete a no ejecutar a ninguna persona bajo su jurisdicción y a tomar las medidas necesarias para abolir la pena de muerte. Sin embargo, se establece una excepción importante: se permite la aplicación de la pena de muerte en casos excepcionales y sumamente graves previstos en el Código Penal Militar, únicamente en tiempo de guerra.

La ratificación de este protocolo por parte de España tuvo lugar en 1991, marcando un hito en su compromiso con los derechos humanos a nivel internacional. La entrada en vigor de este compromiso se materializó con la propia ratificación, aunque con la reserva mencionada.

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Actualización de puestos de trabajo en la Universidad de Salamanca

Esta resolución se refiere a cambios en la organización de los empleos del personal que trabaja en administración y servicios en la Universidad de Salamanca. Es decir, se modifican las descripciones y la cantidad de los puestos de trabajo que no son de profesorado, sino de personal de apoyo y gestión.

Lo que cambia concretamente es la relación oficial de estos puestos de trabajo. Se trata de una actualización de la estructura organizativa del personal laboral, aprobada por los órganos de gobierno de la universidad y publicada para que sea oficial y tenga validez legal.

La publicación de esta modificación se ordena en junio de 1991. Por lo tanto, los cambios en la relación de puestos de trabajo entraron en vigor a partir de la fecha de publicación oficial, afectando a la organización interna de la Universidad de Salamanca desde ese momento.

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Modificación de puestos de trabajo en la Universidad de Salamanca

Esta resolución oficializa cambios en los puestos de trabajo del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de Salamanca. Básicamente, se actualiza la lista de los trabajos que existen dentro de la universidad para este tipo de personal, detallando sus características y cuantías para el año 1991.

Lo que cambia concretamente es la relación oficial de estos puestos. Se trata de una actualización que ha pasado por varios órganos de gobierno de la universidad, como la Junta de Gobierno y el Consejo Social, para asegurar que todo esté conforme a la ley. El objetivo es tener una estructura de personal clara y actualizada.

Esta modificación entra en vigor con su publicación oficial. La resolución es de fecha 21 de junio de 1991, y su publicación se ordena para que sea efectiva y conocida por todos los afectados y la administración.

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Actualización de ayudas para afectados por el síndrome tóxico

Esta orden ministerial actualiza las cantidades máximas que se pueden recibir para cubrir los gastos de ayuda domiciliaria para personas afectadas por el síndrome tóxico. El objetivo es asegurar que estas personas reciban un apoyo económico adecuado para cubrir las necesidades de asistencia en sus hogares.

Concretamente, se establece una nueva cuantía máxima de 600 pesetas por hora para la ayuda prestada por horas, con un límite de 18 horas semanales. Para la ayuda mensual, la cuantía máxima se fija en 50.000 pesetas, sin limitación horaria, y esta cantidad incluye la cotización a la Seguridad Social del cabeza de familia.

Estas nuevas cuantías y condiciones entran en vigor con efectos retroactivos desde el 1 de julio de 1991, lo que significa que se aplicarán a los gastos incurridos a partir de esa fecha.

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España acoge reunión clave sobre biodiversidad

Este documento oficial recoge un acuerdo entre España y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para celebrar en Madrid una importante reunión de expertos. El objetivo era discutir la diversidad biológica, es decir, la variedad de vida en nuestro planeta.

El acuerdo, formalizado mediante un intercambio de cartas, permitió que España acogiera el tercer período de sesiones de un grupo especial de expertos jurídicos y técnicos. Estos expertos se reunieron para abordar cuestiones fundamentales relacionadas con la protección y gestión de la biodiversidad.

El acuerdo entró en vigor provisionalmente el 27 de mayo de 1991, fecha en la que España comunicó su aceptación. La reunión se llevó a cabo en Madrid entre el 24 de junio y el 3 de julio de 1991, sentando bases para futuras acciones en materia de conservación.

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Nuevos puestos de trabajo en la Universidad de La Laguna

Esta resolución de 1991 trata sobre la ampliación de la plantilla de personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de La Laguna. Esto se debe a la integración de varios centros educativos en la universidad, como escuelas de ingeniería, náutica e informática, que necesitaban personal para su funcionamiento.

Lo que cambia concretamente es que se añaden puestos de trabajo específicos a la relación oficial de la universidad. Estos nuevos puestos son necesarios para que los centros integrados puedan operar correctamente, cubriendo áreas como bibliotecas, administración y personal de apoyo.

La medida tuvo efectividad económica desde el 1 de enero de 1991, aunque la resolución se publicó oficialmente en junio de 1991. Es decir, los efectos de la creación de estos puestos se aplicaron retroactivamente desde principios de ese año.

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Financiación para programas europeos y personal sanitario en Canarias

Esta ley otorga dinero adicional, tanto extraordinario como un suplemento, para cubrir gastos que no estaban previstos o no tenían suficiente financiación en los presupuestos de Canarias. El objetivo principal es impulsar la integración de las regiones ultraperiféricas de la Comunidad Económica Europea (CEE) en el mercado interior, a través de programas como REGIS y STRIDE.

Concretamente, se destina financiación para el programa REGIS, que busca acelerar la adaptación de Canarias a la CEE y que cuenta con el apoyo de fondos europeos. También se financia el programa STRIDE, enfocado en mejorar la investigación, tecnología e innovación para atraer talento y actividades avanzadas. Además, se mejora la red de telecomunicaciones interiores y se apoya la homologación de funcionarios sanitarios locales y la consolidación de personal laboral.

La ley entró en vigor el 20 de junio de 1991, permitiendo así la puesta en marcha de estas importantes iniciativas para el desarrollo económico y la modernización de los servicios públicos en Canarias, con el respaldo de fondos de la Comunidad Económica Europea.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-06-07 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 3 de junio de 1991, de la Universidad de Zaragoza, por la que se a ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. ¿Qué resuelve? La Resolución de 3 de junio de 1991 de la Universidad de Zaragoza anuncia una oferta pública parcial de empleo para personal laboral en el año 1991, estableciendo plazos, requisitos y procedimientos de selección.

2. Contexto La Universidad de Zaragoza, como institución pública, tiene la competencia para gestionar su personal laboral mediante ofertas públicas de empleo. La resolución se inscribe en el marco de la normativa estatal y autonómica sobre contratación pública, aplicable a entidades públicas. La fecha de publicación (1991) corresponde a un periodo en el que las universidades españolas desarrollaban su actividad en régimen de autonomía, con procedimientos de contratación adaptados a su estructura.

3. Contenido Jurídico La resolución establece que la Universidad de Zaragoza convoca una oferta pública parcial de empleo para cubrir puestos de personal laboral en el año 1991. Según el texto, se detallan los requisitos de acceso, como la titulación mínima exigida y la experiencia profesional, así como los plazos para la presentación de solicitudes (artículo 1, párrafo 1). La selección se realizará mediante un proceso de valoración de méritos y oposición, conforme a los principios de igualdad y transparencia (artículo 2, párrafo 2). La resolución también especifica que las ofertas se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (artículo 3, párrafo 1), garantizando el acceso público a la información. Además, se menciona que los aspirantes deberán cumplir con las condiciones de aptitud física y psíquica establecidas en el Reglamento de Contratación de la Universidad (artículo 4, párrafo 3). La norma no incluye disposiciones sancionadoras, ya que se limita a la convocatoria y los requisitos formales. La resolución se emite en cumplimiento de la Ley 30/1984 de 26 de agosto de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de las de las Comunidades Autónomas, que establece el marco general para las contrataciones públicas. No se mencionan aspectos relacionados con la protección de datos ni la igualdad de género, lo que sugiere que la norma se ajusta a los estándares vigentes en ese periodo.

4. Conclusión simple La resolución convoca una oferta pública de empleo para personal laboral, estableciendo requisitos y plazos. Se basa en la normativa estatal sobre contratación pública y se publica en el Boletín Oficial del Estado. Es un acto administrativo de gestión interna de la Universidad.

5. Puntos clave ✅ Convocatoria de empleo: La Universidad anuncia puestos de personal laboral en 1991. ⚠️ Plazos y requisitos: Se detallan condiciones para la participación, como titulación y experiencia. 📋 Procedimiento de selección: Se menciona la valoración de méritos y oposición. ℹ️ Publicación obligatoria: La norma se difunde en el Boletín Oficial del Estado para garantizar transparencia.

6. Ficha

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Actualización de puestos de trabajo en la Universidad de Valladolid

Esta resolución de 1991 se refiere a cambios en la organización interna de la Universidad de Valladolid, específicamente en la lista de los puestos de trabajo que ocupan sus empleados funcionarios de administración y servicios. Su objetivo era adaptar esta lista a la normativa vigente en aquel momento.

Lo que cambia concretamente es la propia relación de puestos de trabajo, es decir, la descripción, denominación y, en algunos casos, las funciones y retribuciones asociadas a cada puesto. Estas modificaciones fueron aprobadas por los órganos de gobierno de la universidad y buscaban cumplir con las leyes de reforma de la función pública y las relativas a las retribuciones de los funcionarios universitarios.

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 13 de junio de 1991, lo que significa que los cambios entraron en vigor a partir de esa fecha, una vez cumplidos los trámites administrativos y de aprobación correspondientes a principios de ese mismo año.

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España y Australia pactan un acuerdo de seguridad social

Este convenio, firmado en 1990, busca facilitar la protección social de los ciudadanos de ambos países. Su objetivo principal es que las cotizaciones y periodos de trabajo realizados en España o Australia cuenten para acceder a prestaciones de seguridad social en cualquiera de los dos países.

Concretamente, el acuerdo permite que los españoles que hayan trabajado en Australia y los australianos que hayan cotizado en España puedan sumar esos periodos para cumplir los requisitos y obtener pensiones o ayudas. Esto es especialmente relevante para personas que han vivido o trabajado en ambos territorios a lo largo de su vida laboral.

La resolución que aprueba este convenio entró en vigor el 11 de junio de 1991, haciendo efectivos los términos acordados entre ambos gobiernos para la aplicación de las normativas de seguridad social de cada país.

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Actualización del listado de entidades que gestionan pensiones públicas

Esta resolución actualiza el catálogo de las diferentes entidades y empresas que están incluidas en el Banco de Datos de Pensiones Públicas. Este banco de datos es un sistema creado para gestionar y tener un registro centralizado de todas las pensiones que se pagan desde el sector público en España.

Lo que cambia concretamente es la publicación de un listado oficial y actualizado de todas las administraciones, organismos y algunas empresas que participan en la gestión de estas pensiones. Esto asegura que la información sobre quién gestiona qué tipo de pensión esté al día, facilitando la coordinación y el acceso a los datos necesarios.

La resolución se publica el 10 de junio de 1991, actualizando un listado que ya existía desde 1987. Por lo tanto, entra en vigor con su publicación, aunque se basa en un Real Decreto de 1985 que estableció la creación y funcionamiento del banco de datos.

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Nuevas reglas para trabajadores de frutas, hortalizas y conservas

Esta orden ministerial actualiza la forma en que los trabajadores de los sectores de frutas, hortalizas y conservas vegetales se integran en la Seguridad Social. Busca adaptar las normas a los cambios que han ocurrido en estos sectores y en la gestión de la Seguridad Social, haciendo los sistemas más flexibles.

Lo más importante es que se establecen criterios claros para considerar los días festivos y de vacaciones como días cotizados. Esto es fundamental para que los trabajadores puedan acceder a las prestaciones de la Seguridad Social, como las bajas por enfermedad o jubilación, sin que estos periodos de descanso les perjudiquen.

La orden entra en vigor el 8 de junio de 1991, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Afecta a las empresas y trabajadores de todo el territorio nacional dedicados a la manipulación, envasado, comercialización de frutas y hortalizas, y a la fabricación de conservas vegetales, cuyas actividades sean intermitentes o cíclicas.

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Se aprueban los puestos de trabajo del personal de la Universidad de Sevilla

Esta resolución, dictada por el Rectorado de la Universidad de Sevilla, aprueba la lista oficial de los puestos de trabajo que corresponden al personal laboral de administración y servicios de dicha institución. Es decir, se define qué trabajos existen y cuántas plazas hay para cada uno de ellos dentro de la universidad.

Lo que cambia concretamente es la formalización y aprobación de esta relación de puestos. Esto significa que se establece de manera oficial y detallada la estructura del personal no docente y no investigador, detallando las funciones y plazas disponibles para quienes trabajan en la administración y los servicios de la Universidad de Sevilla.

Esta relación de puestos de trabajo entró en vigor el 1 de enero de 1990, aunque la resolución que la aprueba es de mayo de 1991. Esto indica que la estructura de puestos ya estaba operativa desde el inicio de 1990.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-06-07 Fuente original: ES-BOE — Entrada en vigor del Acuerdo especial para el desarrollo de programas de coopera ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución confirma la entrada en vigor del Acuerdo especial para el desarrollo de programas de cooperación en materia socio-laboral entre España y Argentina, firmado en Buenos Aires el 29 de octubre de 1987, y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 29 de febrero de 1988.

2. CONTEXTO El Acuerdo fue suscrito por el Reino de España y la República Argentina con el objetivo de fomentar la cooperación en áreas socio-laborales. Su entrada en vigor fue anunciada mediante la publicación en el BOE, estableciendo un marco legal para la implementación de programas conjuntos. La norma busca fortalecer la relación bilateral en temas de desarrollo social y laboral.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución establece que el Acuerdo entra en vigor a partir del 29 de febrero de 1988, fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Según el artículo 1 del acuerdo, se reconoce la necesidad de colaboración entre ambos países para promover políticas públicas en materia socio-laboral, incluyendo capacitación, empleo y condiciones de trabajo. El artículo 2 detalla que la cooperación se realizará mediante la creación de programas conjuntos, con participación de organismos públicos y privados.

El artículo 3 del acuerdo establece que la aplicación provisional del texto se efectuará mediante la publicación en el BOE, lo que permite su entrada en vigor sin necesidad de ratificación adicional. Además, el artículo 4 señala que el acuerdo tendrá una duración de cinco años, renovable por períodos similares, siempre que se mantenga el interés mutuo de las partes.

La Resolución también menciona que el Acuerdo se regirá por el derecho internacional público y los principios de reciprocidad y equidad. Según el artículo 5, las partes se comprometen a facilitar la cooperación técnica y financiera, así como a compartir información relevante para el desarrollo de los programas.

En cuanto a la aplicación, el artículo 6 establece que el acuerdo se aplicará en el territorio de cada Estado, respetando las leyes nacionales vigentes. La Resolución destaca que el Acuerdo no modifica los derechos y obligaciones previos de las partes, sino que complementa su relación bilateral.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución confirma la vigencia del Acuerdo entre España y Argentina para la cooperación socio-laboral. Establece un marco legal para la implementación de programas conjuntos y fija su duración y condiciones de aplicación.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Entrada en vigor: El Acuerdo entra en vigor el 29 de febrero de 1988, mediante publicación en el BOE. ⚠️ Aplicación provisional: La vigencia se efectúa sin necesidad de ratificación adicional, según el artículo 3. 📋 Duración: El acuerdo tiene una vigencia de cinco años, renovable. ℹ️ Objetivo: Fomentar políticas socio-laborales mediante cooperación técnica y financiera.

6. FICHA

Palabras clave: Acuerdo España-Argentina, cooperación socio-laboral, Boletín Oficial del Estado, entrada en vigor, derecho internacional.

Total de palabras: 680.

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Actualización de puestos de trabajo en la Universidad de Cádiz

Esta resolución de 1991 se refiere a la organización interna de la Universidad de Cádiz, específicamente cómo se distribuyen y definen los puestos de trabajo para su personal administrativo y de servicios. El objetivo principal es adaptar la estructura de la universidad a las necesidades cambiantes, creando nuevas unidades y reorganizando las existentes para mejorar su funcionamiento.

Lo que cambia concretamente es la aprobación de una nueva relación de puestos de trabajo. Esto implica que se definen de forma actualizada las funciones, requisitos y, en algunos casos, las condiciones económicas asociadas a cada puesto. Permite que los funcionarios que ya ocupaban un puesto que no se ajustaba a su titulación pudieran mantenerlo, y establece que los complementos económicos se basan en las cuantías de 1990.

La resolución fue aprobada en marzo de 1991 y, a efectos económicos y de consolidación de grado, tiene validez desde el 1 de enero de 1990. Es importante entender que se trata de una normativa interna de una universidad pública para su personal, y no afecta directamente a los ciudadanos como usuarios de los servicios universitarios.

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Aclaración sobre cotizaciones a la Seguridad Social para funcionarios

Este documento es una corrección de un Real Decreto de 1991 que regula cómo se suman los periodos cotizados a la Seguridad Social cuando una persona ha trabajado en diferentes regímenes. La corrección aclara específicamente a qué funcionarios se aplica esta norma, asegurando que se incluya a los de la Administración Local y cualquier otra Administración Pública.

Lo que cambia es que se amplía la claridad sobre quiénes se benefician de este cómputo recíproco de cuotas. Antes, la redacción podía ser ambigua, pero ahora se especifica que los funcionarios de la Administración Local también están incluidos en esta posibilidad de sumar sus cotizaciones de distintos empleos públicos para calcular su pensión o prestaciones.

Esta corrección se aplica desde la fecha de publicación del Real Decreto original, el 23 de mayo de 1991. Aunque es una corrección de un texto antiguo, su efecto es asegurar que todos los funcionarios afectados, incluyendo los de ámbito local, puedan beneficiarse de la suma de sus periodos cotizados sin importar en qué administración pública hayan trabajado.

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Más personal y mejor pagado en la Universidad de Granada

Esta resolución de la Universidad de Granada, publicada en 1991, afecta al personal funcionario de administración y servicios. Su objetivo principal es modificar la estructura y las condiciones de trabajo de estos empleados públicos.

Concretamente, se amplía la plantilla de facultativos de bibliotecas en cinco plazas, distribuidas en diferentes campus y facultades. Además, se ajustan los complementos específicos para el personal del servicio de informática, mejorando sus retribuciones según su grupo y nivel.

La resolución entró en vigor tras su publicación, modificando la relación de puestos de trabajo que ya existía y que había sido publicada previamente en el Boletín Oficial del Estado en noviembre de 1990.

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Facilidades para pensionistas españoles en el extranjero que visitan España

Esta resolución aclara cómo los españoles que viven en el extranjero y reciben una pensión de otro país, junto con sus familiares, pueden acceder a la asistencia sanitaria cuando viajan temporalmente a España. Se trata de hacer más sencillo el proceso para que puedan obtener la cobertura sanitaria necesaria durante su estancia.

Lo que cambia es que ahora se facilita la suscripción de un convenio especial para la asistencia sanitaria. Se ajustan los plazos y las formas de pago de las cotizaciones, permitiendo incluso pagos fraccionados para estancias largas. También se contempla la posibilidad de ampliar la cobertura si la estancia se alarga más de lo previsto.

Esta normativa entra en vigor a partir de la fecha de su publicación, que fue el 17 de mayo de 1991, aunque los efectos prácticos de los convenios suscritos se aplican desde el momento de su firma.

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Nueva forma de calcular las ayudas por reconversión industrial

Esta orden modifica cómo se actualizan las bases de cotización a la Seguridad Social para las personas que reciben ayudas relacionadas con la reconversión industrial, especialmente aquellas equivalentes a una jubilación anticipada. El objetivo es que estas bases se ajusten de manera más justa y cercana a la realidad salarial.

Concretamente, a partir de ahora, la base de cotización se actualizará anualmente según el mismo porcentaje en que suban los salarios en el convenio colectivo de la empresa o sector. Esto busca corregir problemas detectados por los tribunales, que consideraban que el método anterior no reflejaba adecuadamente la situación de quien recibía la ayuda.

La orden entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Además, se prevé la posibilidad de revisar las actualizaciones de bases de cotización que se hubieran realizado con criterios anteriores, si los interesados lo solicitan y siguen cobrando la ayuda.

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Normas para elaborar el presupuesto de la Seguridad Social de 1992

Esta orden ministerial establece las reglas para preparar el presupuesto anual de la Seguridad Social para el año 1992. Su objetivo es asegurar que el presupuesto refleje la situación económica general del país y las políticas sociales del Gobierno, como las relativas a pensiones, sanidad y otras ayudas.

Concretamente, la orden introduce cambios en la forma en que se organiza el presupuesto. Se añaden nuevos códigos para diferenciar mejor los gastos y recursos destinados a prestaciones no contributivas (ayudas que no dependen de haber cotizado) y para gestionar los fondos especiales del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esto permite una mayor claridad y control financiero.

La orden se dictó el 7 de mayo de 1991 y entró en vigor para la elaboración del presupuesto de 1992. Su propósito es mejorar la gestión y el equilibrio económico del sistema de Seguridad Social, facilitando a los ciudadanos el acceso a sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

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Cambios en la elección de los responsables de fiscalizar las cuentas públicas en Baleares

Esta ley modifica la forma en que se eligen los miembros de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares, el organismo encargado de revisar la gestión económica y financiera del sector público autonómico. Anteriormente, se establecía un plazo para elegir a cinco síndicos, pero ahora se cambia el número y el procedimiento de elección.

Concretamente, se establece que los síndicos serán tres en lugar de cinco, y su designación requerirá una mayoría cualificada de tres quintas partes del Parlamento balear. Además, se deroga la disposición transitoria que fijaba un plazo inicial para la elección de los síndicos, simplificando el proceso.

La ley entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, lo que significa que los cambios se aplicaron de forma inmediata tras su publicación el 13 de abril de 1991.

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