El Horno

Se publica el reglamento interno del Consejo Económico y Social

Este documento detalla cómo funciona el Consejo Económico y Social (CES), un órgano clave que asesora al Gobierno en temas económicos y laborales. El CES está compuesto por representantes de sindicatos, empresarios y otras organizaciones relevantes, y su objetivo es ofrecer opiniones expertas para mejorar las políticas públicas.

Lo que cambia con esta publicación es la oficialización de las normas internas que rigen la organización y el día a día del CES. Esto incluye cómo se toman las decisiones, la estructura de sus comisiones de trabajo y las funciones de sus miembros, asegurando un funcionamiento ordenado y transparente.

Este reglamento se hizo público el 13 de abril de 1993, a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Desde esa fecha, las reglas establecidas en este documento son las que guían la labor del Consejo Económico y Social.

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Integración de funcionarios locales en la Seguridad Social

Esta normativa explica la integración de los funcionarios de la Administración Local en el Régimen General de la Seguridad Social. Hasta el 31 de marzo de 1993, estos funcionarios tenían un régimen especial propio. A partir del 1 de abril de 1993, pasan a formar parte del Régimen General, el mismo al que pertenecen la mayoría de los trabajadores.

Lo que cambia concretamente es que las pensiones que ya estaban siendo pagadas a estos funcionarios antes de la fecha de cambio seguirán siendo abonadas por la Seguridad Social en la misma cantidad. Para el personal en activo, las cotizaciones (el dinero que se aporta para la pensión y otros beneficios) se realizarán según las reglas del Régimen General, aunque con algunas particularidades que se detallan en la normativa.

Esta orden de desarrollo entró en vigor el 12 de abril de 1993, apenas unos días después de la fecha efectiva de la integración, que fue el 1 de abril de 1993. Su objetivo era asegurar que los funcionarios pudieran seguir cobrando sus pensiones y cotizando sin problemas desde el primer día en el nuevo régimen.

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Unificación de la Seguridad Social para Funcionarios Locales

Este Real Decreto integra a los funcionarios de la Administración Local en el Régimen General de la Seguridad Social. Hasta ahora, estos funcionarios tenían un régimen especial gestionado por la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local. El objetivo es unificar y simplificar la protección social, asegurando que todos los trabajadores públicos tengan un marco común.

Concretamente, las pensiones ya concedidas se mantienen en su cuantía, aunque se elimina la distinción entre pensión básica y mejora para unificar el cálculo. Para los funcionarios en activo, se establecen reglas transitorias para facilitar el paso al nuevo régimen, y sus cotizaciones anteriores se tendrán en cuenta. A partir de la integración, cotizarán al Régimen General por la mayoría de las contingencias, excepto desempleo y FOGASA, dada la naturaleza de su servicio.

Este Real Decreto entró en vigor el 3 de abril de 1993, marcando un hito en la armonización de los sistemas de previsión social para los empleados públicos a nivel nacional.

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Acuerdo para la Seguridad Social entre España y Filipinas

Este acuerdo administrativo, firmado en Madrid en 1991 y con aplicación desde 1993, detalla cómo se aplica el Convenio de Seguridad Social entre España y Filipinas. Su objetivo es facilitar la coordinación de los sistemas de seguridad social para los ciudadanos de ambos países que trabajen en el otro.

Concretamente, establece qué organismos se encargan de gestionar los derechos y obligaciones en materia de seguridad social, como pensiones o prestaciones por enfermedad. También regula cómo se acreditan los periodos de cotización en el otro país y los procedimientos para solicitar prórrogas de empleo o ejercer el derecho de opción sobre la legislación aplicable.

El acuerdo entró en vigor el 29 de marzo de 1993, permitiendo que los trabajadores españoles en Filipinas y los filipinos en España puedan beneficiarse de una protección social coordinada, evitando la doble cotización y asegurando el acceso a las prestaciones correspondientes.

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Normas para la calidad de mariscos y aguas de producción

Este Real Decreto establece las reglas sobre la calidad que deben tener las aguas donde se crían mariscos y la calidad de los propios mariscos y otros invertebrados marinos que se producen para el consumo. El objetivo es asegurar que estos productos sean seguros para comer y que las aguas donde viven se mantengan limpias y saludables.

Lo que cambia es que se actualizan las normativas existentes para cumplir con las directivas de la Unión Europea. Esto significa que se fijan criterios más estrictos para la calidad del agua y para la producción de moluscos bivalvos, gasterópodos, tunicados y equinodermos marinos, tanto si son de pesca como de cultivo, para proteger la salud pública y el medio ambiente marino.

Este Real Decreto entró en vigor el 27 de marzo de 1993. Su aplicación es a nivel nacional y afecta a las aguas costeras y salobres que se utilizan para la producción de estos productos marinos destinados al consumo humano.

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Ingenieros agrónomos autónomos obligados a cotizar a la Seguridad Social

Esta orden ministerial establece que los ingenieros agrónomos que trabajen por su cuenta y estén colegiados deben, de forma obligatoria, darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. Esto significa que, al igual que otros profesionales que ejercen de forma independiente, deberán cotizar para tener derecho a prestaciones como jubilación, incapacidad o desempleo.

La medida se aplica a aquellos ingenieros agrónomos que, para ejercer su profesión, necesiten estar inscritos en su colegio profesional y decidan trabajar de forma autónoma. Hasta ahora, esta inclusión en el régimen de autónomos se realizaba a petición de los colegios profesionales, y esta orden lo hace obligatorio para este colectivo específico.

La orden entró en vigor el 1 de mayo de 1993, ya que se publicó en el Boletín Oficial del Estado y su entrada en vigor se fijó para el primer día del segundo mes posterior a su publicación.

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Simplificación en el pago de deudas de la Seguridad Social

Esta norma elimina un trámite burocrático innecesario para los ciudadanos y empresas que deben pagar cuotas a la Seguridad Social. Anteriormente, si la Inspección de Trabajo reclamaba cuotas pendientes mediante un Acta de Liquidación, se necesitaba una autorización previa de la Tesorería General de la Seguridad Social para poder realizar el pago en el banco.

Lo que cambia concretamente es que ya no será necesario solicitar esa autorización previa. Si recibes un Acta de Liquidación por deudas de la Seguridad Social, podrás ir directamente a tu entidad financiera habilitada para pagar las cuotas reclamadas sin tener que pasar antes por la Tesorería General a pedir permiso.

Esta modificación entró en vigor el día de su publicación, que fue el 13 de marzo de 1993. El objetivo es agilizar los procesos y evitar desplazamientos innecesarios a los ciudadanos, especialmente a aquellos que viven lejos de las capitales de provincia.

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Corrección de errores en la gestión del patrimonio de la Seguridad Social

Este documento se trata de una corrección de errores detectados en un Real Decreto anterior que regula el patrimonio de la Seguridad Social. El objetivo es asegurar que la normativa sea precisa y clara en su redacción para evitar malentendidos en la aplicación de las leyes.

Los cambios son de carácter técnico y se refieren a la corrección de palabras o frases específicas dentro del texto original. Por ejemplo, se cambia la palabra 'inegabilidad' por 'inembargabilidad' para referirse a la protección de los bienes, o se ajustan referencias a artículos y apartados para que sean correctas.

Esta corrección entró en vigor el 10 de marzo de 1993, fecha de publicación de este Real Decreto rectificatorio, para asegurar que la normativa sobre el patrimonio de la Seguridad Social se aplicara de forma correcta desde ese momento.

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Provision de places pour l’entrée dans les centres de formation militaire en 1993 Le Real Décret 183/1993 fixe le nombre de places disponibles en 1993 pour l’admission directe ou la promotion interne dans les établissements de formation militaire, ainsi que les postes d’accès à la condition de militaire d’emploi. Il concerne les officiers, les sous‑officiers, les troupes et les marins professionnels, ainsi que les membres de la Garde civile relevant du ministère de l’Intérieur. Concrètement, le texte précise que les places non pourvues par promotion interne sont reportées sur le quota d’admission directe, et que les places réservées aux subalternes de plus de 31 ans sont réattribuées aux sergents plus jeunes. Le décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Boletín Oficial del Estado, soit le 6 février 1993, et s’applique à l’ensemble des effectifs militaires pour l’année 1993.

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Ampliación de bienes para Cataluña en Sanidad y Servicios Sociales

Este Real Decreto aprueba la transferencia de una serie de bienes inmuebles que no se habían incluido previamente en los acuerdos de traspaso de competencias del Estado a la Generalidad de Cataluña. Estas competencias abarcan áreas fundamentales como la Sanidad, los Servicios y Asistencia Sociales, y la Seguridad Social, incluyendo la gestión de instituciones como el INSALUD y el INSERSO.

Concretamente, se amplían los medios patrimoniales, es decir, los edificios y propiedades, que pasan a ser gestionados por la Generalidad de Cataluña. Esto significa que la administración catalana tendrá a su disposición más recursos físicos para poder ejercer sus funciones en estas materias, mejorando potencialmente la prestación de servicios a los ciudadanos.

La entrada en vigor de este Real Decreto se produce a partir de su publicación simultánea en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, lo que ocurrió el 19 de febrero de 1993.

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Corrección de errores en normas de cotización a la Seguridad Social

Esta orden ministerial se refiere a la corrección de pequeños errores detectados en una orden anterior que desarrollaba las normas sobre cuánto dinero se debe aportar a la Seguridad Social, al seguro de desempleo, al Fondo de Garantía Salarial y a la formación profesional. Estas normas se basaban en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1993.

Lo que cambia concretamente son algunas palabras y referencias dentro del texto original. Por ejemplo, se corrige una palabra mal escrita en la exposición de motivos, se ajustan términos en artículos relacionados con causas de fuerza mayor y estructuras, y se modifica una referencia a un artículo específico. También se rectifican detalles en disposiciones adicionales, como la denominación de una secretaría o la forma de liquidar ciertas gratificaciones.

Esta corrección de errores entró en vigor el 5 de febrero de 1993, fecha de publicación de esta orden. Su objetivo es asegurar que las normas de cotización a la Seguridad Social y otros conceptos relacionados se apliquen de forma precisa y sin ambigüedades, tal como se pretendía originalmente.

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Ayuda para trabajadores del campo en 1993

Este Real Decreto establece un Plan de Empleo Rural para el año 1993. Su objetivo principal es ofrecer un apoyo adicional a los trabajadores desempleados del sector agrario en determinadas zonas rurales de España, complementando las ayudas por desempleo ya existentes para este colectivo.

Lo que cambia concretamente es la asignación de fondos económicos para financiar proyectos de inversión en estas áreas rurales. Estos fondos se destinarán a la creación de empleo y a la mejora de infraestructuras, beneficiando directamente a los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario que se encuentren en situación de desempleo.

La medida entró en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con fecha de 2 de febrero de 1993, y tuvo aplicación durante todo el ejercicio de 1993, según lo autorizado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de ese año.

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Correction d’une errata du Real Decreto 6/1993 Le Real Decreto 6/1993, qui fixe la revalorisation des pensions de la Sécurité Sociale pour l’année 1993, contenait une faute de frappe dans le texte officiel publié au BOE du 13 janvier 1993. Cette correction s’applique à tous les bénéficiaires de pensions et d’autres prestations de protection sociale publiques, c’est‑à‑dire les retraités, les veuves et les ayants droit. Concrètement, la rectification consiste à insérer la mention « Article 18 » avant le premier alinéa du chapitre II du titre III, afin d’assurer la cohérence du repérage des articles. La modification entre immédiatement en vigueur dès sa publication au BOE, le 13 janvier 1993, et n’entraîne aucun changement substantiel dans le calcul des pensions.

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Ayudas para trabajadores del mar afectados por el desastre del Prestige

Esta orden establece los pasos que deben seguir los empresarios y trabajadores del sector marítimo-pesquero para poder beneficiarse de una reducción en las cuotas de la Seguridad Social. Estas ayudas se crearon para paliar los efectos negativos del accidente del buque 'Aegean Sea' en la actividad pesquera gallega.

Concretamente, los interesados deberán presentar la documentación de cotización habitual, indicando la bonificación que les corresponde, y una certificación oficial de la Xunta de Galicia que acredite que su actividad se vio paralizada por las medidas adoptadas tras el accidente. También se especifica que las bases para calcular estas cotizaciones reducidas serán las mínimas establecidas.

La orden se publicó el 21 de enero de 1993, y aunque el texto no especifica la fecha exacta de entrada en vigor, se entiende que fue inmediata para poder aplicar las bonificaciones a las cotizaciones afectadas por la paralización de la actividad derivada del accidente.

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El Salario Mínimo Interprofesional para 1993

Este Real Decreto establece la cantidad mínima de dinero que un trabajador puede recibir por su jornada laboral en España durante el año 1993. Su objetivo es garantizar una retribución básica para todos los empleados, independientemente de si su contrato es fijo, temporal o si trabajan en el servicio doméstico.

Concretamente, el salario mínimo se incrementa un 4% respecto al año anterior. Se tienen en cuenta factores como la subida de los precios, la productividad y la situación económica general. Además, se mantiene la estructura de pago que incluye dos pagas extraordinarias y se sigue diferenciando el salario para los trabajadores mayores de 18 años y los menores de esa edad, considerando la experiencia y el esfuerzo.

Las nuevas cuantías fijadas entraron en vigor el 1 de enero de 1993, afectando a todos los trabajadores del país en cualquier sector, ya sea agricultura, industria o servicios. El decreto se basa en la legislación laboral vigente y ha sido acordado tras consultar con sindicatos y empresarios.

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Actualización Contable para la Seguridad Social

Esta resolución aprueba una adaptación del plan general de contabilidad del Sistema de la Seguridad Social. Su objetivo es mejorar la forma en que se registran y controlan las operaciones financieras dentro de la Seguridad Social, haciendo que la contabilidad y el presupuesto vayan de la mano para obtener una imagen más clara de las finanzas.

Lo que cambia concretamente es la forma en que las entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social deben llevar su contabilidad. Se busca una mayor homogeneidad y detalle en la información financiera, permitiendo un seguimiento más preciso de las operaciones y la elaboración de estados financieros consolidados.

Esta adaptación entra en vigor a partir del 1 de enero de 1993. Las Mutuas de accidentes de trabajo seguirán con su normativa actual hasta una futura adaptación específica para ellas.

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Subida de las pensiones y otras ayudas en 1993

Este Real Decreto establece cómo se actualizarán las pensiones de la Seguridad Social y otras ayudas públicas durante el año 1993. El objetivo principal es que el dinero que reciben los pensionistas y beneficiarios mantenga su valor frente a la subida de los precios.

Concretamente, las pensiones contributivas (las que se generan por haber cotizado) y las pensiones mínimas aumentan un 5,1%. Las pensiones no contributivas (para quienes no han cotizado lo suficiente) también se actualizan en el mismo porcentaje, fijando su importe mensual. Además, se revalorizan subsidios para ancianos, enfermos e incapacitados, y ayudas para personas con discapacidad.

Este Real Decreto entró en vigor el 13 de enero de 1993, aplicando las subidas a las prestaciones correspondientes a ese año.

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Homologación del título de Diplomado en Relaciones Laborales de Vigo

Este Real Decreto oficializa y reconoce el título de Diplomado en Relaciones Laborales impartido por la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Vigo, adscrita a la Universidad de Vigo. Su objetivo es garantizar que la formación recibida en esta institución cumple con los estándares académicos y profesionales establecidos a nivel nacional para esta titulación.

Lo que cambia concretamente es que el título obtenido en Vigo pasa a tener validez oficial en todo el territorio español, equiparándose a otros títulos similares y permitiendo a sus egresados el acceso a empleos y estudios superiores que requieran esta cualificación específica. Se asegura así la uniformidad y el reconocimiento de la formación en Relaciones Laborales.

Este Real Decreto entró en vigor el 6 de enero de 1993. A partir de esa fecha, los títulos expedidos por la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Vigo bajo el plan de estudios aprobado quedan formalmente homologados y reconocidos por el Estado español, facilitando la movilidad académica y profesional de los titulados.

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Nace el Instituto Canario de Formación y Empleo

Esta ley crea un nuevo organismo llamado Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM). Su principal objetivo es luchar contra el desempleo en Canarias, que es un problema importante en la región. Busca mejorar la forma en que se gestionan los planes y recursos destinados a ayudar a las personas a encontrar o volver a encontrar trabajo.

Concretamente, el ICFEM se encargará de planificar y coordinar las políticas de empleo. Esto significa que fijará cómo se debe organizar la formación para el trabajo, cómo ayudar a las personas a incorporarse al mercado laboral y cómo actualizar las habilidades de los trabajadores. También se dedicará a prever las necesidades futuras del mercado laboral para que la formación sea lo más útil posible.

La ley fue aprobada por el Parlamento de Canarias y entró en vigor el 4 de enero de 1993. Desde esa fecha, el Instituto Canario de Formación y Empleo comenzó a operar para cumplir con sus funciones y mejorar la situación del empleo en las islas.

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Nuevos modelos para pagar la Seguridad Social en el campo

Esta resolución aprueba unos nuevos formularios, llamados TC-1/8 y TC-2/8, que se usan para pagar las cuotas de la Seguridad Social en el Régimen Especial Agrario. Estos formularios son necesarios para trabajadores y empresarios del sector agrario que cotizan por las jornadas reales trabajadas.

Lo que cambia es que estos nuevos modelos se adaptan a una normativa más reciente que busca mejorar la forma en que se recaudan las cuotas. También se introducen algunas modificaciones en la estructura y el contenido de los formularios para que su control sea más eficaz y se ajusten a las nuevas reglas de recaudación.

La resolución entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque los modelos aprobados en 1985 se siguieron utilizando hasta la aprobación de estos nuevos formularios.

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Ajuste en la documentación contable de la Seguridad Social de 1992

Esta orden ministerial se refiere a una corrección de pequeños errores detectados en una orden anterior de 1992. La orden original establecía cómo debían cerrarse las cuentas de la Seguridad Social al final de ese año y qué documentos contables debían presentar los responsables de gestionar estos fondos. La corrección afecta a un detalle muy específico de la redacción, cambiando la palabra "cifras contables" por "oficinas contables" en un apartado concreto.

Lo que cambia concretamente es una mínima modificación en el texto de la orden de 1992. No altera el fondo de la regulación sobre el cierre contable ni la documentación a presentar, sino que corrige una errata para que el texto sea preciso. Es un ajuste técnico para asegurar la correcta interpretación de la normativa original.

Esta corrección de erratas entró en vigor el 26 de diciembre de 1992, fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado. Su propósito era subsanar un error material sin modificar el contenido sustantivo de la orden de cierre del ejercicio de 1992.

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Calendario de Fiestas Laborales para 1993

Esta resolución oficial detalla cuáles serán los días festivos en toda España durante el año 1993. Estos días son de especial importancia porque, por ley, las empresas deben cerrar y los trabajadores tienen derecho a no trabajar y a recibir su salario habitual.

Lo que cambia concretamente es la lista oficial de días no laborables para 1993. Se publican tanto las fiestas de ámbito nacional, que son las mismas para todos, como las fiestas específicas de cada Comunidad Autónoma. Las Comunidades Autónomas tienen la potestad de cambiar alguna fiesta nacional que caiga en domingo por otra tradicional propia.

La publicación de esta lista se realiza para que todos los ciudadanos y empresas conozcan con antelación y de forma oficial el calendario de festivos. La entrada en vigor de esta resolución es para el año 1993, estableciendo las fechas que regirán ese año.

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Cierre de cuentas de la Seguridad Social en 1992

Esta orden ministerial de 1992 establecía las normas para cerrar las cuentas anuales de la Seguridad Social al finalizar el año. Su objetivo era asegurar que todas las entidades que gestionan fondos de la Seguridad Social, como las mutuas y la Tesorería General, presentaran la información contable de manera unificada y completa.

Concretamente, se detallaba qué documentos contables debían presentarse y se aplicaban criterios específicos para registrar gastos e ingresos, incluso aquellos conocidos después de la fecha de cierre. Esto permitía tener una imagen clara de la situación económica y patrimonial del sistema.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 3 de diciembre de 1992, y se aplicaba a las operaciones del ejercicio de 1992.

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Nuevos modelos para pagar tus cotizaciones a la Seguridad Social

Esta resolución aprueba nuevos formularios, llamados modelos TC, que se utilizan para pagar las cuotas de la Seguridad Social en algunos regímenes especiales. Estos son el de empleados de hogar, el agrario y el de los trabajadores autónomos.

Lo que cambia es que estos formularios se modernizan para facilitar el pago, especialmente para quienes no lo tienen domiciliado en su banco. Se busca que la información se pueda leer de forma automática y que las entidades financieras puedan gestionarla mejor. Además, se adaptan para incluir el castellano y la lengua cooficial de algunas comunidades autónomas.

Esta normativa entró en vigor en 1992. Su objetivo era mejorar la eficiencia en la recaudación de las cotizaciones a la Seguridad Social, adaptándose a las nuevas tecnologías y a la diversidad lingüística del país.

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

Pensionistas con incapacidad absoluta y gran invalidez que trabajan deben cotizar a la Seguridad Social

Esta norma aclara la situación de las personas que reciben una pensión por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez y que, a pesar de ello, realizan algún tipo de trabajo. Antes, la interpretación era que solo podían realizar trabajos muy limitados y que no requerían alta ni cotización a la Seguridad Social. La normativa anterior buscaba proteger a estos pensionistas y evitar que su situación empeorase.

Ahora, la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social establece que si estos pensionistas realizan trabajos que les obligan a darse de alta en algún régimen de la Seguridad Social, deberán hacerlo y cotizar como cualquier otro trabajador. Esto significa que su pensión y su actividad laboral se gestionarán de forma diferente, reconociendo su derecho al trabajo.

Esta resolución entra en vigor a partir de su publicación, que tuvo lugar el 24 de noviembre de 1992. Su objetivo es adaptar la normativa a la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo, que reconoce el derecho al trabajo de todas las personas, independientemente de su grado de incapacidad.

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Cotización a la Seguridad Social de funcionarios en permisos o suspensiones

Esta orden ministerial aclara cómo deben cotizar a la Seguridad Social los funcionarios públicos cuando se encuentran en situaciones específicas como permisos o licencias sin sueldo, suspensiones temporales de sus funciones, o durante el servicio militar o prestación social sustitutoria. El objetivo es resolver dudas surgidas por la aplicación de normativas distintas, garantizando la seguridad jurídica.

Lo que cambia concretamente es que se establece de forma clara si los funcionarios deben seguir pagando a la Seguridad Social en estas circunstancias. Esto busca evitar problemas y asegurar que las coberturas de la Seguridad Social se apliquen correctamente, sin duplicidades, adaptando la normativa de función pública a las reglas generales de la Seguridad Social.

La orden entró en vigor el 5 de noviembre de 1992, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Su propósito es ofrecer certeza y uniformidad en la gestión de las cotizaciones de los empleados públicos en situaciones administrativas particulares.

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Simplificación en el cobro de pensiones tras fallecimiento

Esta orden ministerial aclara cómo se gestionan las pensiones y subsidios de la Seguridad Social cuando la persona que los recibía fallece. El objetivo es agilizar los trámites para que los herederos puedan acceder a estas cantidades de forma más rápida.

Lo que cambia es que, si la pensión se ingresaba directamente en una cuenta bancaria o libreta de ahorro, se considera que ya ha sido percibida por el titular, incluso si ha fallecido. Esto evita la tramitación de expedientes complejos y acelera la disposición de los fondos por parte de los herederos.

La orden entró en vigor el 5 de noviembre de 1992, modificando una regulación anterior de 1988 para adaptarla a las prácticas bancarias y mejorar la eficiencia administrativa.

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Equipos de Videotex con Certificado Obligatorio

Este Real Decreto establece las normas técnicas que deben cumplir los equipos utilizados para conectarse al servicio Videotex o Ibertex. Su objetivo es asegurar que estos aparatos funcionen correctamente y no perjudiquen las redes de telecomunicaciones públicas.

Concretamente, los equipos que se quieran vender o comercializar para usar con Videotex o Ibertex deberán pasar unos ensayos y obtener un certificado de aceptación. Este certificado garantiza que cumplen con las especificaciones técnicas definidas en el propio Real Decreto.

La normativa entró en vigor el 5 de noviembre de 1992, fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Desde entonces, cualquier equipo destinado a este servicio debe contar con dicha certificación para su comercialización.

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