El Horno

Más voz para los españoles en el extranjero

Esta orden desarrolla las normas para que los españoles que viven fuera de España puedan participar más activamente en las decisiones que les afectan. Se trata de mejorar la forma en que los residentes en el extranjero se comunican y colaboran con las instituciones españolas.

Los cambios principales incluyen aumentar el número de representantes elegidos directamente por los españoles en el extranjero dentro del Consejo General de la Emigración. Esto significa que habrá más consejeros que provienen de las comunidades de españoles en otros países, haciendo que el consejo sea más representativo de sus intereses.

Esta normativa se basa en modificaciones de reales decretos anteriores y entra en vigor a partir de su publicación, estableciendo las bases para la elección de estos consejeros y las funciones de los órganos de participación. Su objetivo es adaptar la representación a la realidad de un número creciente de españoles inscritos en el censo de residentes ausentes.

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Ampliación del plazo para solicitar ayudas por daños de tormentas

Esta orden amplía el plazo para que los agricultores afectados por fuertes tormentas puedan solicitar las ayudas económicas previstas. Anteriormente, se había establecido un procedimiento y un plazo para solicitar estas indemnizaciones, pero algunos municipios no pudieron ser incluidos inicialmente.

Concretamente, se abre un nuevo periodo de veinte días para que los agricultores de los municipios que ahora se añaden a la lista de afectados puedan presentar su solicitud de ayuda. Esto permite que quienes se vieron perjudicados en estas nuevas zonas también puedan acceder a la reparación de los daños sufridos en sus explotaciones.

La orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que el plazo para solicitar las ayudas comenzará a contar a partir de esa fecha.

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Nuevas normas para designar miembros del Consejo General de la Emigración

La Resolución de 3 de junio de 1998 establece los criterios para nombrar a los Consejeros del Consejo General de la Emigración, órgano que representa a los españoles residentes en el extranjero. Afecta a todos los ciudadanos españoles que están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes y a los Consejos de Residentes Españoles que operan en las distintas demarcaciones consulares.

Concretamente, el número de Consejeros pasa de 36 a 43. Se asignará un Consejero por cada uno de los 31 países con mayor número de españoles inscritos, y se añadirá un segundo Consejero en aquellos países que superen los 25.000 inscritos. La distribución se basa en el censo electoral y en la existencia de un Consejo de Residentes Españoles en cada país, garantizando representación geográfica y de minorías.

La norma entró en vigor el 5 de junio de 1998, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y se aplicará en la siguiente ronda de elecciones del Consejo General de la Emigración, modificando la composición del órgano para los futuros periodos legislativos.

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Pequeña corrección en un decreto antiguo sobre informática de la Seguridad Social

Este documento es una corrección de un error que se cometió al publicar un Real Decreto en 1998. El decreto original trataba sobre la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, es decir, la parte encargada de la tecnología y los sistemas informáticos que usa la Seguridad Social para funcionar. La errata detectada es muy específica y se refiere a una fecha.

Lo que cambia concretamente es la corrección de un número en una fecha. En el texto original se mencionaba una fecha de 1996 que ahora se corrige para que sea una fecha de 1986 y otra de 1996. Es un detalle técnico que no afecta a los derechos ni a las obligaciones de los ciudadanos, sino a la precisión del texto legal.

Esta corrección entra en vigor desde el momento de su publicación, que fue el 30 de mayo de 1998. Al ser una corrección de un error material, no introduce novedades ni cambios sustanciales en la normativa vigente en ese momento, sino que busca la exactitud del documento original.

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Jubilación anticipada: nuevas reglas para casos especiales

Este Real Decreto-ley establece normas para reconocer la jubilación anticipada en situaciones particulares dentro del sistema de Seguridad Social. Busca aclarar cómo se suman los periodos cotizados en distintos regímenes para poder acceder a la pensión, especialmente cuando no se cumplen todos los requisitos en el último régimen en el que se cotizó.

Concretamente, se busca dar validez a criterios que antes se aplicaban y que permitían acceder a la jubilación anticipada en ciertos casos, incluso si no se tenía el mayor número de cotizaciones en un régimen específico, siempre que este ofreciera condiciones más favorables para la jubilación temprana. Esto afecta a personas que han trabajado en diferentes regímenes de la Seguridad Social a lo largo de su vida laboral.

La normativa entra en vigor de forma inmediata tras su publicación, con el objetivo de dar cumplimiento a una moción aprobada por el Congreso de los Diputados y asegurar que las solicitudes de jubilación puedan resolverse conforme a estos criterios establecidos.

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Corrección menor en un decreto sobre la Intervención General de la Seguridad Social

Este documento es una corrección de un error detectado en un Real Decreto publicado en 1998. El Real Decreto original establecía la naturaleza, estructura y funciones de la Intervención General de la Seguridad Social, un organismo encargado de supervisar las cuentas y la gestión económica de la Seguridad Social. La corrección afecta a un detalle muy específico del texto original.

Lo que cambia concretamente es la inserción de la frase "Artículo 1. Naturaleza" justo después de la palabra "DISPONGO" en una página concreta del Boletín Oficial del Estado. Es una rectificación de una errata, es decir, un error tipográfico o de transcripción, que no altera el contenido ni el propósito fundamental del Real Decreto original.

Dado que se trata de una corrección de erratas de un Real Decreto de 1998, la entrada en vigor es inmediata desde la fecha de publicación de esta corrección. No obstante, al ser un error menor y ya transcurrido mucho tiempo desde la publicación del decreto original, su impacto práctico en la actualidad es prácticamente nulo para el ciudadano.

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Normas para preparar el presupuesto de la Seguridad Social de 1999

Esta orden establece las directrices para elaborar el presupuesto de la Seguridad Social del año 1999. Su objetivo principal es asegurar que el gasto público se ajuste a los objetivos económicos generales del país, especialmente en lo referente al déficit público, sin perjudicar la calidad de las prestaciones sociales.

Concretamente, se busca mantener el poder adquisitivo de las pensiones, controlar el gasto en bajas laborales (incapacidad temporal) y ampliar la cobertura de la asistencia sanitaria. También se contemplan medidas para luchar contra el fraude y optimizar los gastos de funcionamiento, además de avanzar en la financiación estatal de prestaciones no contributivas.

La orden se dictó en 1998 y su aplicación se centró en la elaboración del presupuesto para el ejercicio de 1999, estableciendo las bases para la planificación financiera de la Seguridad Social en ese año.

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Mejoras en la gestión de la Seguridad Social por parte de las empresas

Esta orden ministerial actualiza una normativa antigua que permite a las empresas colaborar en la gestión de la Seguridad Social para sus propios empleados. El objetivo es que las empresas gestionen ciertas situaciones y prestaciones, como bajas temporales, de forma más eficiente y clara.

Lo que cambia es que se buscan evitar prácticas indebidas, como que las empresas cedan la gestión de prestaciones a terceros. Además, se busca dar más claridad a las obligaciones de las empresas, asegurar que las prestaciones lleguen a quienes las necesitan y establecer mecanismos para verificar que todo se hace correctamente.

La orden modifica otra de 1966, pero su entrada en vigor se produce tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que tuvo lugar el 8 de mayo de 1998.

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Nueva regulación para el ciclo formativo de Revestimientos Murales

Este Real Decreto establece el plan de estudios y la prueba de acceso para el ciclo formativo de grado medio en Revestimientos Murales, dentro de la familia profesional de Artes Aplicadas al Muro. Su objetivo es definir qué se debe enseñar, cómo se evaluará y qué requisitos se necesitan para ingresar a esta formación profesional.

Concretamente, el decreto detalla los objetivos de aprendizaje, los contenidos que se impartirán, los criterios para evaluar el progreso de los estudiantes y las fases de prácticas en empresas. También establece la estructura del ciclo, incluyendo la obra final que los alumnos deberán presentar, y promueve una visión integral de los procesos artísticos y técnicos.

La norma entró en vigor tras su aprobación por el Consejo de Ministros el 17 de abril de 1998, y se aplica en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Educación y Cultura, definiendo así las bases de esta especialización artística y profesional.

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El País Vasco asume competencias en asistencia social del Instituto Social de la Marina

Este Real Decreto aprueba el traspaso de funciones y servicios relacionados con la asistencia y servicios sociales que hasta ahora gestionaba el Instituto Social de la Marina (ISM) a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esto significa que la gestión de ciertos aspectos de la seguridad social en el ámbito de los servicios sociales pasa a ser competencia del gobierno vasco.

Concretamente, se transfieren las funciones, servicios, bienes, derechos, obligaciones y personal del ISM que se dedicaban a la asistencia y servicios sociales. El objetivo es que el País Vasco pueda administrar estos servicios de forma más directa y adaptada a sus necesidades.

El traspaso de estas competencias se hizo efectivo a partir de la fecha indicada en el Acuerdo de la Comisión Mixta, que fue el 11 de marzo de 1998. Por lo tanto, desde esa fecha, la Comunidad Autónoma del País Vasco es la responsable de la gestión de estos servicios.

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Nueva organización para la informática de la Seguridad Social

Este Real Decreto reorganiza la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, un organismo encargado de gestionar la tecnología y los datos de la Seguridad Social. Su objetivo es mejorar la eficiencia y la coordinación de estos servicios.

Lo que cambia es que la Gerencia se integra orgánicamente en la Tesorería General de la Seguridad Social, pero mantiene una dependencia funcional de las distintas entidades que componen la Seguridad Social. Esto significa que, aunque depende de la Tesorería para su estructura, sigue trabajando bajo las órdenes de cada entidad gestora en sus proyectos específicos.

Este cambio entró en vigor el 5 de mayo de 1998, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La medida buscaba adaptar la gestión informática a las necesidades de la época y mejorar la comunicación entre los diferentes organismos de la Seguridad Social.

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Mejoras en las ayudas sociales para empleados públicos de la Seguridad Social

Esta orden ministerial busca unificar y mejorar las prestaciones de acción social para todos los funcionarios que trabajan en la Administración de la Seguridad Social. Hasta ahora, cada grupo podía tener condiciones distintas. El objetivo es que todos tengan acceso a un conjunto común de ayudas y beneficios sociales, siempre dentro de los límites del presupuesto disponible.

Lo que cambia concretamente es que se establecen criterios unificados para estas prestaciones. Esto significa que se busca una mayor equidad y transparencia en el acceso a ayudas que pueden incluir desde apoyo para la salud hasta otras necesidades sociales. La aprobación anual de un Plan de Acción Social determinará las ayudas específicas y sus condiciones.

La orden entra en vigor tras su publicación, aunque se establece un periodo transitorio hasta la aprobación del Plan de Acción Social para 1998, durante el cual se seguirán aplicando las resoluciones anteriores. La intención es que estas mejoras sean efectivas lo antes posible para el personal afectado.

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Nuevas reglas para la seguridad en el trabajo

Este Real Decreto actualiza la normativa que regula los servicios encargados de prevenir los riesgos laborales en las empresas. Su objetivo es asegurar que las empresas cuenten con los medios y las personas adecuadas para proteger la salud y seguridad de sus trabajadores, estableciendo criterios más claros para quienes ofrecen estos servicios de prevención.

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Corrección de errata en el Real Decreto 489/1998

El Real Decreto 489/1998, que desarrolla la Ley 63/1997 en materia de Seguridad Social para los contratos a tiempo parcial, contiene una errata que afecta a la redacción de la disposición adicional única. La corrección se dirige a los trabajadores con contrato a tiempo parcial y a los empleadores que gestionan su cotización, ya que la norma regula su situación en la Seguridad Social.

La única modificación consiste en sustituir la expresión «en los números anteriores» por «en los párrafos anteriores» en el apartado c) del segundo punto de la disposición adicional única. No se altera el contenido sustantivo del decreto; la corrección es meramente formal y busca evitar ambigüedades en la interpretación del texto.

La rectificación entra en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 9 de abril de 1998, y produce efectos retroactivos a la fecha de entrada en vigor del propio Real Decreto, garantizando la coherencia del marco normativo.

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Corrección en acuerdo de Seguridad Social con Chile

Este documento se refiere a una corrección de un error en el Convenio de Seguridad Social entre España y Chile, firmado en 1997. Este convenio busca facilitar que los ciudadanos de ambos países puedan acceder a prestaciones de seguridad social, como pensiones, si han trabajado en ambos territorios. Afecta principalmente a personas que hayan cotizado o tengan derecho a prestaciones en España y Chile.

El cambio concreto es una rectificación de una fecha. En dos artículos del convenio, donde se mencionaba erróneamente el año '1997' para referirse a una fecha importante, ahora se corrige para que diga '1977'. Esto asegura que las referencias temporales del acuerdo sean correctas y no generen confusión en la aplicación de las normas.

Esta corrección de erratas no tiene una fecha de entrada en vigor específica, ya que se trata de una rectificación de un texto ya publicado y en vigor. Su propósito es aclarar y asegurar la correcta interpretación y aplicación del convenio existente desde su publicación original.

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Modernización del control de la Seguridad Social

Este Real Decreto actualiza la forma en que se supervisa el gasto y la contabilidad dentro del sistema de la Seguridad Social. Su objetivo es que los órganos encargados de este control interno funcionen de manera más eficiente y moderna, similar a otras áreas de la Administración pública.

Lo que cambia es la estructura y las funciones de la Intervención General de la Seguridad Social. Se busca dotarla de una organización y medios adecuados para que su labor de control sea más efectiva, garantizando la independencia necesaria en sus actuaciones y mejorando la gestión general del sistema.

Este Real Decreto fue aprobado el 17 de abril de 1998 y entró en vigor poco después de su publicación oficial. Su aplicación es a nivel nacional, afectando a todas las entidades y procedimientos relacionados con la Seguridad Social en España.

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Prórroga de ayudas para trabajadores agrarios eventuales

Este Real Decreto extiende temporalmente las ayudas de desempleo para trabajadores del campo que tienen contratos temporales. Se trata de medidas que ya existían y que necesitaban una renovación para seguir aplicándose durante un tiempo determinado.

Lo que cambia concretamente es que se alarga la vigencia de unas disposiciones transitorias, es decir, unas normas especiales que regulan cómo se aplican estas ayudas. Además, se crean o modifican órganos para que los representantes de los trabajadores y la administración puedan dialogar y tomar decisiones sobre empleo y protección social en el sector agrario.

La prórroga de estas ayudas y la vigencia de las disposiciones transitorias se extiende durante todo el año 1998. La creación de los órganos de participación institucional también entra en vigor con este Real Decreto, permitiendo un marco de diálogo continuo.

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Obligación de Graduados Sociales de usar el Sistema RED

Esta resolución establece que los Graduados Sociales que trabajen para Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social deben utilizar un sistema electrónico llamado Sistema RED para enviar información sobre cotizaciones. Esto significa que, en lugar de trámites en papel, deberán realizar estas gestiones a través de medios informáticos.

Concretamente, los Graduados Sociales afectados tienen que solicitar su incorporación al Sistema RED antes del 16 de mayo de 1998 y empezar a usarlo para enviar datos de forma electrónica antes del 1 de octubre de 1998. El incumplimiento de estas fechas podría tener consecuencias.

La obligación de utilizar este sistema electrónico para los Graduados Sociales que presten servicios a mutuas entró en vigor de forma efectiva a partir del 1 de octubre de 1998, aunque la solicitud de incorporación debía realizarse antes de mayo de ese mismo año.

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Formación para ser artesano de cuero

Este Real Decreto establece las bases para un ciclo formativo de grado medio en Artesanía de Complementos de Cuero. Se trata de una formación profesional específica dentro de las artes aplicadas a la indumentaria, es decir, todo lo relacionado con la moda y los accesorios.

Lo que cambia concretamente es que se definen los contenidos que se enseñarán, los objetivos que deben alcanzar los alumnos y cómo se evaluará su aprendizaje. También se especifica cómo será la prueba para poder acceder a este ciclo formativo, asegurando que quienes lo cursen tengan los conocimientos necesarios.

Esta norma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 23 de abril de 1998. Por lo tanto, las enseñanzas y las pruebas de acceso se rigen por este Real Decreto desde esa fecha.

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Corrección de errores en la protección contra agentes biológicos

Este documento es una corrección de pequeños errores detectados en una orden anterior que adaptaba una normativa sobre la protección de los trabajadores frente a riesgos por agentes biológicos. Se trata de una actualización técnica para asegurar que la información sea precisa y clara.

Lo que cambia concretamente son detalles en la clasificación de ciertos microorganismos y enfermedades, como la bacteria Escherichia coli o la variante de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob. Se corrigen símbolos y nombres para que la clasificación de riesgo de estos agentes sea la correcta según los avances técnicos.

Esta corrección entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 15 de abril de 1998. Su objetivo es garantizar la seguridad y salud de los trabajadores expuestos a estos agentes.

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Mejoras en la Seguridad Social para trabajadores a tiempo parcial

Este Real Decreto aclara y mejora la protección de la Seguridad Social para aquellos que trabajan a tiempo parcial, especialmente para quienes tienen jornadas muy cortas. Busca hacer más atractivos estos contratos y asegurar que estos trabajadores tengan los mismos derechos y coberturas que otros empleados.

Lo más importante es que se introduce una reducción en las cotizaciones a la Seguridad Social para incentivar la contratación de personas con contratos a tiempo parcial. Esto significa que las empresas que contraten bajo estas modalidades podrán beneficiarse de un menor coste en sus aportaciones, además de otras posibles ayudas para fomentar el empleo.

Las medidas recogidas en este Real Decreto entraron en vigor el 9 de abril de 1998. Su objetivo es adaptar la normativa existente a las necesidades de un mercado laboral en evolución, garantizando una protección social adecuada para todos los tipos de trabajadores.

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Nuevas reglas para contratos de formación y prácticas

Este Real Decreto establece las normas detalladas para los contratos formativos, que son aquellos diseñados para ayudar a los jóvenes a adquirir experiencia laboral y formación. Su objetivo es facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo y mejorar la calidad de su formación.

Concretamente, el decreto actualiza y detalla aspectos como la duración, las condiciones y los tipos de títulos necesarios para acceder a estos contratos. Busca que estos contratos cumplan mejor su propósito formativo y de inserción, dando más importancia a lo acordado por sindicatos y empresas.

Este Real Decreto entró en vigor el 9 de abril de 1998, sustituyendo normativas anteriores y adaptando la legislación a las modificaciones introducidas por la Ley 63/1997 para mejorar el mercado laboral.

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Reconocimiento de tiempo para sacerdotes y religiosos secularizados

Este Real Decreto permite que ciertos períodos en los que sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica ejercieron su ministerio o vida religiosa, y no pudieron cotizar a la Seguridad Social, sean ahora reconocidos como cotizados. El objetivo es facilitar el acceso a la pensión de jubilación o mejorar la cuantía de quienes ya la tienen.

Concretamente, se computará el tiempo necesario para alcanzar el período mínimo de cotización exigido para la pensión contributiva de jubilación. Esto se aplica a aquellos que, antes de ser incluidos en la Seguridad Social, ejercieron su labor sacerdotal o religiosa y, por ello, no pudieron cotizar en su momento.

La normativa entra en vigor el 9 de abril de 1998, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es importante destacar que este Real Decreto es un primer paso y no agota la regulación completa de la materia, previéndose un desarrollo posterior.

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Rectificación de un error en la Oferta de Empleo Público de 1998

Este documento es una corrección a un Real Decreto publicado en 1998 que establecía la Oferta de Empleo Público de ese año. Se trata de una modificación técnica para asegurar que la información oficial sea correcta y no cause confusiones.

Lo que cambia es la ubicación de dos cuerpos de funcionarios dentro de la oferta: el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera y el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera. Antes se mencionaban en un apartado equivocado y ahora se corregirá para que aparezcan en el lugar correcto, dentro de los Cuerpos de la Administración del Estado.

Esta corrección entra en vigor con su publicación oficial, aunque el Real Decreto original es de 1998. Su propósito es puramente administrativo, para que los registros públicos reflejen la clasificación correcta de estos empleos públicos.

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España y Ucrania firman un acuerdo para proteger tu seguridad social

Este acuerdo, firmado entre España y Ucrania, busca facilitar la coordinación en materia de Seguridad Social entre ambos países. Su objetivo principal es asegurar que los ciudadanos de ambos estados, especialmente aquellos que trabajan o han trabajado en el otro país, no pierdan sus derechos y cotizaciones a la Seguridad Social. Esto significa que las cotizaciones realizadas en un país podrán ser tenidas en cuenta al calcular las prestaciones en el otro, evitando así la doble imposición o la pérdida de beneficios.

Lo que cambia concretamente es que se establecen reglas claras para que las autoridades de ambos países colaboren. Se definen términos como 'legislación', 'autoridad competente' o 'trabajador' para asegurar una aplicación uniforme del convenio. Esto permitirá que, por ejemplo, un trabajador español en Ucrania o un trabajador ucraniano en España pueda acceder a prestaciones como jubilación, incapacidad o desempleo teniendo en cuenta su historial laboral en ambos países.

Este convenio fue aprobado por las Cortes Generales y ratificado por el Rey de España el 4 de febrero de 1998. Por lo tanto, entró en vigor en esa fecha, aunque su aplicación práctica dependa de los desarrollos reglamentarios posteriores y la colaboración entre las instituciones designadas por cada país.

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España elimina la última barrera para abolir la pena de muerte

Este documento oficial confirma que España ha retirado una reserva que había hecho al firmar un tratado internacional para abolir la pena de muerte. En 1991, España ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un acuerdo global para eliminar la pena capital. Sin embargo, al hacerlo, España incluyó una condición o "reserva" que limitaba su compromiso.

Lo que cambia concretamente es que, al retirar esta reserva, España elimina la última objeción formal que impedía la aplicación completa de este tratado. Esto significa que el compromiso de España con la abolición total de la pena de muerte es ahora inequívoco y sin condiciones dentro del marco de este importante acuerdo internacional.

La retirada de esta reserva entró en vigor el 13 de enero de 1998. A partir de esa fecha, la abolición de la pena de muerte en España, en el contexto de este tratado, se considera plenamente efectiva y sin restricciones.

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Actualización sobre riesgos biológicos en el trabajo

Esta orden actualiza la normativa que protege a los trabajadores frente a posibles riesgos por contacto con agentes biológicos, como bacterias o virus, en su entorno laboral. Se trata de una adaptación técnica para incorporar los avances científicos y las nuevas directivas europeas en esta materia.

Concretamente, se modifican las clasificaciones de diversos agentes biológicos, añadiendo o reclasificando algunos de ellos según su nivel de riesgo. Esto implica que las empresas deberán revisar y ajustar sus medidas de seguridad para garantizar la protección de sus empleados frente a estos agentes actualizados.

La orden entra en vigor el 30 de marzo de 1998, fecha de su publicación. Su objetivo es asegurar que la protección de los trabajadores se mantenga al día con el progreso técnico y los conocimientos científicos sobre agentes biológicos.

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Más plazas públicas con condiciones específicas

Este Real Decreto establece las bases para la oferta de empleo público en España para el año 1998. Su objetivo principal es permitir la incorporación de nuevo personal en la administración pública, pero siempre manteniendo un control del gasto y priorizando los servicios esenciales. Esto significa que las nuevas plazas se centrarán en áreas críticas y se limitará el número de nuevas contrataciones respecto a las bajas que se produzcan.

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