El Horno

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden ISM/1253/2024, de 6 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Orden Ministerial 1253/2024 establece los plazos y procedimientos para el cierre del ejercicio 2024 en las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, regulando operaciones de gasto, documentación contable y tramitación de expedientes.

2. CONTEXTO La norma se enmarca en el marco de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, y en la Instrucción de operatoria contable aprobada en 2022. Su objetivo es garantizar la correcta ejecución y cierre del presupuesto, asegurando la transparencia y cumplimiento de obligaciones contables y financieras. La norma se adecua a los principios de buena regulación establecidos en la Ley 39/2015.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Orden Ministerial 1253/2024, de 6 de noviembre de 2024, regula las operaciones de cierre del ejercicio 2024 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. La norma establece que las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social que hayan realizado gastos con financiación afectada deberán acreditar su cuantía mediante certificación, autorizada por el director de la entidad correspondiente, y remitirla a la Tesorería General de la Seguridad Social con fecha límite el 30 de abril de 2025. Esta certificación podrá solicitarse aclaraciones adicionales si fuera necesario.

Además, la Tesorería General de la Seguridad Social deberá adoptar las medidas necesarias para que la información referida en el artículo 2.5, así como toda aquella que deba suministrar al resto de las entidades del sistema, esté disponible en poder de los servicios correspondientes la primera semana de marzo de 2025.

La norma otorga facultades a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones para dictar instrucciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en la orden. También establece que el registro contable de todas las operaciones contempladas en la orden, así como de las correspondientes a la regularización y cierre del ejercicio 2024, se realizará de acuerdo con los criterios que dicte la Intervención General de la Seguridad Social, en virtud del artículo 125.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

La orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

La norma se fundamenta en los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica, previstos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se considera que su aprobación es el instrumento más adecuado para garantizar el adecuado registro de las operaciones al cierre del ejercicio presupuestario, sin imponer restricciones de derechos adicionales a los destinatarios.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Orden Ministerial 1253/2024 establece plazos y procedimientos para el cierre del ejercicio 2024 en el sistema de la Seguridad Social. Regula la tramitación de gastos, documentación contable y la entrega de información a la Tesorería General. La norma se fundamenta en principios de buena regulación y seguridad jurídica.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Plazos y procedimientos: Establece fechas límites para la remisión de certificaciones y la entrega de información. ⚠️ Cumplimiento obligatorio: Las entidades deben cumplir con las obligaciones establecidas para garantizar la transparencia. 📋 Documentación contable: La certificación de gastos es clave para el cierre del ejercicio. ℹ️ Facultades de ejecución: La Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones tiene facultades para dictar instrucciones complementarias.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Auto de 9 de octubre de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que decla ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Tribunal Supremo suspende cautelarmente la ejecución de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2024 del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, aprobada por el Real Decreto 656/2024, debido a la impugnación de las plazas en el turno libre.

2. CONTEXTO El recurso contencioso-administrativo 599/2024 fue presentado contra el Real Decreto 656/2024, que aprobó la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2024. El recurso impugna específicamente las plazas incluidas en el anexo II del Real Decreto, relacionadas con el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su Sección Cuarta, dictó el auto de suspensión cautelar el 9 de octubre de 2024.

3. CONTENIDO JURÍDICO El auto del Tribunal Supremo, dictado en la pieza de medidas cautelares del recurso contencioso-administrativo 599/2024, resuelve suspender cautelarmente la ejecución de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2024 referida al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, aprobada por el Real Decreto 656/2024, de 2 de julio. La suspensión afecta al exceso de 11 plazas en cuanto al turno libre se refiere, quedando la oferta para dicho turno en 114 plazas y 38 para promoción interna. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su Sección Cuarta, establece que la suspensión cautelar se aplica a la totalidad de las plazas en cuestión, con el fin de garantizar el derecho a la defensa del recurrente y evitar un perjuicio irreparable.

El auto establece que la suspensión cautelar se dicta en virtud del artículo 707 del Código de Procedimiento Contencioso-Administrativo, que permite la suspensión de la ejecución de actos administrativos cuando se considera necesario para garantizar el derecho a la defensa del recurrente o para evitar un perjuicio grave. En este caso, la Sala considera que la suspensión es necesaria para permitir al recurrente presentar su recurso y defender sus derechos en el proceso.

Además, el auto establece que, respecto de las costas, se estará al último de los razonamientos jurídicos, lo que significa que la parte que haya ganado el recurso será la que asuma las costas. Por último, el auto ordena la publicación del mismo en el «Boletín Oficial del Estado», según lo previsto en el artículo 126 del Código de Procedimiento Contencioso-Administrativo, que establece que los autos de medidas cautelares deben publicarse en el Boletín Oficial del Estado para garantizar su publicidad y transparencia.

La decisión del Tribunal Supremo se basa en la necesidad de garantizar el derecho a la defensa del recurrente y en la protección de los derechos fundamentales de los interesados, según el artículo 24.1 de la Constitución Española, que establece el derecho a la defensa en todos los procesos judiciales. La Sala considera que la suspensión cautelar es necesaria para evitar que se produzca un perjuicio irreparable para el recurrente, ya que la ejecución de la Oferta de Empleo Público podría afectar directamente a su derecho a acceder a un puesto de trabajo en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Tribunal Supremo suspende cautelarmente la ejecución de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2024 del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. La decisión se dicta en virtud del derecho a la defensa del recurrente y para evitar un perjuicio irreparable. La suspensión afecta al exceso de plazas en el turno libre.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Suspensión cautelar: El Tribunal Supremo suspende la ejecución de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2024 del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. ⚠️ Plazas afectadas: La suspensión afecta al exceso de 11 plazas en el turno libre, quedando en 114 plazas para dicho turno y 38 para promoción interna. 📋 Procedimiento: La decisión se dicta en la pieza de medidas cautelares del recurso contencioso-administrativo 599/2024. ℹ️ Publicación: El auto se publica en el «Boletín Oficial del Estado» según el artículo 126 del Código de Procedimiento Contencioso-Administrativo.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Sentencia de 9 de octubre de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Sala Tercera del Tribunal Supremo estima el recurso contencioso-administrativo 766/2023 contra el Real Decreto 625/2023, anulando su anexo II por no respetar los porcentajes de distribución de plazas entre modalidades de acceso en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

2. CONTEXTO El recurso fue interpuesto por la Asociación Sindical de Secretarios de la Administración de Justicia y la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia. Se cuestionaba el Real Decreto 625/2023, que aprobaba la oferta de empleo público para el ejercicio 2023. La Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó sentencia el 9 de octubre de 2024, resolviendo el conflicto.

3. CONTENIDO JURÍDICO La sentencia del Tribunal Supremo declara estimado el recurso contencioso-administrativo número 766/2023 contra el Real Decreto 625/2023, de 11 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2023. La Sala Tercera (Sección Cuarta) anula el anexo II del Real Decreto, ya que no respeta los porcentajes de distribución de plazas entre las modalidades de acceso libre y de promoción interna en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, según el artículo 442.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Este artículo establece que la distribución de plazas en las convocatorias de empleo público debe respetar los porcentajes previstos en la normativa vigente. La Sala considera que el Real Decreto no cumplió con este requisito, lo que generó un incumplimiento del derecho de los trabajadores y de la normativa vigente. Además, la sentencia ordena la publicación del fallo en el «Boletín Oficial del Estado» conforme a los artículos 72.2 y 107.2 de la Ley de la Jurisdicción. También se establece que las costas del recurso serán asumidas en los términos señalados en el último de los fundamentos jurídicos. La resolución se notifica a las partes e inscribe en la colección legislativa. La Sala concluye que el Real Decreto 625/2023 no cumplió con los requisitos legales establecidos en la LOPJ, lo que justifica la anulación del anexo II. Esta decisión refleja la importancia de respetar los porcentajes de distribución de plazas en las convocatorias de empleo público, garantizando así la equidad y el derecho de acceso a la función pública. La sentencia también subraya la necesidad de que las autoridades competentes revisen y ajusten las ofertas de empleo público para cumplir con los requisitos legales vigentes.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Tribunal Supremo anula el anexo II del Real Decreto 625/2023 por no respetar los porcentajes de distribución de plazas en el Cuerpo de Letrados. La decisión implica una revisión de la oferta de empleo público para garantizar el cumplimiento legal. La sentencia ordena la publicación del fallo y la asunción de costas por parte de las autoridades.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Anulación del anexo II: El Tribunal Supremo anula el anexo II del Real Decreto 625/2023 por no respetar los porcentajes de distribución de plazas. ⚠️ Incumplimiento normativo: El Real Decreto no cumplió con el artículo 442.2 de la LOPJ, lo que generó un conflicto legal. 📋 Revisión de la oferta de empleo: La decisión exige una revisión de la oferta de empleo público para cumplir con los requisitos legales. ℹ️ Publicación obligatoria: La sentencia ordena la publicación del fallo en el Boletín Oficial del Estado.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 1087/2024, de 22 de octubre, por el que se modifica el Reglamento d ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 1087/2024 modifica el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de la Dirección General de la Policía, eliminando un destino y redefiniendo otro en el artículo 7.

2. CONTEXTO El Real Decreto 1087/2024 se dicta en el marco de la Ley Orgánica 9/2015, que establece el procedimiento de concurso específico de méritos para puestos que requieran conocimientos técnicos. El Reglamento de 1989 establece los destinos que se pueden cubrir mediante este procedimiento. La formación en la Policía Nacional ha evolucionado, y el nuevo Reglamento de procesos selectivos de 2022 ha modificado los planes de estudios, incluyendo la escala ejecutiva.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 1087/2024, de 22 de octubre de 2024, modifica el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de la Dirección General de la Policía, aprobado por el Real Decreto 997/1989, de 28 de julio. La modificación se efectúa mediante el artículo único, que suprime el párrafo d) y modifica el párrafo k) del artículo 7 del Reglamento mencionado. El párrafo k) queda redactado como: «k) Los puestos de trabajo con nivel orgánico de Jefe de Grupo Técnico y asimilados.»

Esta modificación se justifica por la evolución de la formación en la Policía Nacional, que ha incorporado conocimientos técnicos y profesionales, y por la entrada en vigor del nuevo Reglamento de procesos selectivos y formación de la Policía Nacional, aprobado por el Real Decreto 853/2022, de 11 de octubre. Este último ha modificado los planes de estudios, especialmente el de la escala ejecutiva, lo que ha generado necesidades de adaptación en los procesos de provisión de puestos de trabajo.

Además, el Real Decreto incluye una disposición transitoria única, que establece que los procesos de provisión de puestos de trabajo por concurso específico de méritos que se encuentren en curso a la entrada en vigor del Real Decreto continuarán rigiéndose por las normas vigentes en la fecha de la publicación de la correspondiente convocatoria.

La disposición derogatoria única establece que se derogarán cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto.

Finalmente, el Real Decreto incluye dos disposiciones finales: la primera, que establece que el decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública; y la segunda, que fija la entrada en vigor del decreto a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

La modificación del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo se produce en respuesta a la necesidad de adaptar los procesos de selección a los nuevos requisitos formativos y profesionales exigidos por la sociedad actual, así como a la evolución normativa en materia de formación y selección en la Policía Nacional.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 1087/2024 modifica el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de la Dirección General de la Policía, eliminando un destino y redefiniendo otro. La modificación se justifica por la evolución de la formación y la normativa vigente. El decreto entra en vigor a los veinte días de su publicación.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Modificación del artículo 7: Se suprime el párrafo d) y se modifica el párrafo k) del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo. ⚠️ Procesos en curso: Los procedimientos ya iniciados continuarán bajo las normas vigentes. 📋 Derogación normativa: Se derogarán disposiciones que se opongan al nuevo texto. ℹ️ Entrada en vigor: El decreto entra en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 1086/2024, de 22 de octubre, por el que se modifica el Reglamento d ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 1086/2024 modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones para impulsar los planes de pensiones de empleo, promover fondos de pensiones para colectivos sin acceso a ellos y mejorar la cobertura de los acuerdos sectoriales.

2. CONTEXTO El Real Decreto 1086/2024 se inscribe en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye el componente 30 sobre sostenibilidad del sistema público de pensiones. Este plan busca reformar los sistemas complementarios de pensiones, incluyendo la promoción de planes de pensiones de empleo. La Ley 12/2022 estableció el marco legal para este impulso, y el Real Decreto 885/2022 fue su desarrollo reglamentario parcial. El Real Decreto 668/2023 completó el desarrollo normativo, y el presente Real Decreto 1086/2024 finaliza la regulación.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 1086/2024 modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, con el objetivo de impulsar los planes de pensiones de empleo, promover fondos de pensiones para colectivos sin acceso a ellos y mejorar la cobertura de los acuerdos sectoriales. La modificación se estructura en varias disposiciones, entre las que destacan:

Estas modificaciones buscan facilitar la creación y gestión de planes de pensiones de empleo, promover su acceso a colectivos no cubiertos por los planes existentes, y mejorar la cobertura de los acuerdos sectoriales. Además, se refuerza la transparencia y la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en la gestión de estos planes.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 1086/2024 modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones para impulsar los planes de pensiones de empleo y mejorar su cobertura. Establece mecanismos para la participación de sindicatos y organizaciones empresariales, y facilita su acceso a colectivos no cubiertos. Las modificaciones entran en vigor al día siguiente de su publicación.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Modificación del Reglamento de planes y fondos de pensiones para impulsar los planes de pensiones de empleo. ⚠️ Supresión de la disposición transitoria única, lo que acelera la entrada en vigor de las nuevas normas. 📋 Inclusión de trabajadores sin planes de empleo y autónomos en el ámbito de los planes de pensiones. ℹ️ Facultades para el desarrollo normativo por parte de los ministerios competentes.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 15 de octubre de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 15 de octubre de 2024 de la Dirección General de Trabajo publica la relación de fiestas laborales para el año 2025, basada en la remisión de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

2. CONTEXTO La Dirección General de Trabajo recibe la relación de fiestas laborales para 2025 remitida por las diecisiete comunidades autónomas y por Ceuta y Melilla. Esta publicación tiene como objetivo dar publicidad a dichas fiestas mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». La norma se fundamenta en el Real Decreto 2001/1983, que establece el régimen de fiestas laborales.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 15 de octubre de 2024 de la Dirección General de Trabajo publica la relación de fiestas laborales para el año 2025, basada en la remisión de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. Esta publicación se realiza conforme al artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, según redacción dada por el Real Decreto 1346/1989, de 3 de noviembre. Dicho artículo establece que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deben remitir al Ministerio de Trabajo y Economía Social la relación de fiestas laborales para el año en curso, con el fin de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

El Real Decreto 2001/1983, en su artículo 45.1, enumera las fiestas laborales de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperable, distinguiendo entre las señaladas en los apartados a), b) y c), que tienen el carácter de nacionales y no sustituibles por las comunidades autónomas, y las reflejadas en el apartado d), respecto de las cuales las comunidades autónomas pueden optar entre la celebración en su territorio de dichas fiestas o su sustitución por otras que, por tradición, les sean propias.

Asimismo, el artículo 45.3 del Real Decreto 2001/1983 otorga a las comunidades autónomas la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación a la relación de fiestas de la comunidad autónoma de otras que les sean tradicionales, así como la opción entre la celebración de la fiesta de San José o la de Santiago Apóstol.

En este contexto, la Resolución menciona las fiestas laborales aprobadas por las comunidades autónomas. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Canarias, el Real Decreto 143/2024, de 16 de septiembre, establece que las fiestas laborales incluyen festividades específicas de cada isla, como la Bajada de la Virgen de los Reyes en El Hierro o la Virgen de la Candelaria en Tenerife. En Cataluña, la Orden EMT/85/2024, de 23 de abril, establece que en el territorio de Arán, la fiesta del 26 de diciembre (San Esteban) queda sustituida por la de 17 de junio (Fiesta de Arán), martes. Además, se establece que una de las trece fiestas mencionadas en el apartado a) será recuperable, mientras que las otras doce serán de carácter retribuido y no recuperable.

En la Comunitat Valenciana, el Decreto 100/2024, de 2 de agosto, establece que la fiesta del 24 de junio, San Juan, será de carácter retribuido y recuperable.

Estas normas reflejan la flexibilidad otorgada a las comunidades autónomas para adaptar las fiestas laborales a su tradición y cultura, siempre que respeten el marco legal establecido en el Real Decreto 2001/1983.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución publica la relación de fiestas laborales para 2025, basada en la remisión de las comunidades autónomas. Estas fiestas se ajustan al marco legal del Real Decreto 2001/1983, que permite la sustitución de algunas fiestas nacionales por otras de tradición local. Las comunidades autónomas han establecido sus propias fiestas, algunas de las cuales son recuperables.

5. PUNTOS CLAVE ✅ La Resolución publica la relación de fiestas laborales para 2025. ⚠️ Las comunidades autónomas pueden sustituir algunas fiestas nacionales por otras de tradición local. 📋 Las fiestas laborales incluyen tanto fiestas nacionales como locales, según la normativa de cada comunidad. ℹ️ Algunas fiestas son recuperables, mientras que otras son retribuidas y no recuperables.

6. FICHA

Palabras: 698

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Corrección de errores del Real Decreto 959/2024, de 24 de septiembre, por el que ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 959/2024 corrige un error en el artículo 12, apartado 1, segundo párrafo, al referirse al artículo 5.2 en lugar del artículo 4.2.

2. CONTEXTO El Real Decreto 959/2024, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25 de septiembre de 2024, establece la concesión directa de una subvención a la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES). Se trata de un instrumento financiero dentro del Plan Integral de Impulso a la Economía Social, que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se detectó un error en la redacción del texto.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 959/2024, de 24 de septiembre, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 232 del 25 de septiembre de 2024. En su artículo 12, apartado 1, segundo párrafo, se mencionaba que la resolución de concesión establecerá las condiciones y otros compromisos impuestos a la entidad beneficiaria, tal y como recoge el artículo 4.2. Sin embargo, se detectó un error en la redacción, ya que se debía referir al artículo 5.2 en lugar del artículo 4.2. Por ello, se emitió un nuevo Real Decreto de corrección de errores, que se publicó en el BOE número 233 del 25 de septiembre de 2024. En este nuevo Real Decreto, se corrige la redacción del artículo 12, apartado 1, segundo párrafo, modificando la referencia del artículo 4.2 al artículo 5.2. Este cambio es relevante, ya que el artículo 5.2 contiene las condiciones y compromisos que deben establecerse en la resolución de concesión, mientras que el artículo 4.2 se refiere a otros aspectos. Por tanto, la corrección garantiza que la redacción del Real Decreto sea precisa y que se refiera correctamente a la norma que establece las condiciones de la concesión de la subvención. La corrección se efectúa en la página 117216 del BOE, donde se publicó el Real Decreto original. La corrección no modifica el contenido sustancial del Real Decreto, sino que corrige un error de redacción que podría haber generado confusiones en la interpretación del texto. La corrección se realiza en cumplimiento del artículo 127 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo general, que establece que las Administraciones Públicas deben corregir los errores que se detecten en los actos que hayan sido publicados. La corrección del Real Decreto 959/2024 es un ejemplo de cómo las Administraciones Públicas pueden corregir errores en los actos que hayan sido publicados, asegurando la precisión y la claridad de los textos normativos.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto corrige un error de redacción en la referencia a un artículo. La corrección no modifica el contenido sustancial, pero asegura la precisión del texto. La corrección se efectúa en cumplimiento de la normativa vigente.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Corrección de error: Se corrige un error en la redacción del Real Decreto 959/2024. ⚠️ Error de redacción: Se mencionaba el artículo 4.2 en lugar del artículo 5.2. 📋 Artículo afectado: Artículo 12, apartado 1, segundo párrafo. ℹ️ Publicación: Corrección publicada en el BOE número 233 del 25 de septiembre de 2024.

6. FICHA

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden ISM/1089/2024, de 9 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2024 ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Orden Ministerial 1089/2024 fija las bases normalizadas de cotización por contingencias comunes para el año 2024 en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.

2. CONTEXTO La Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones debe fijar las bases normalizadas de cotización en este régimen. Dicha norma fue prorrogada automáticamente por la Constitución, manteniendo su vigencia hasta la aprobación de los Presupuestos de 2024. El Real Decreto-ley 8/2023 establece bases transitorias para el cálculo de cotizaciones durante este periodo.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Orden Ministerial 1089/2024, de 9 de octubre de 2024, regula las bases normalizadas de cotización por contingencias comunes en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón para el ejercicio 2024. Este orden se fundamenta en el artículo 122.nueve de la Ley 31/2022, que otorga al Ministerio la competencia para fijar dichas bases. Dicha norma se aplica en el marco de la prorrogación automática de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, según el artículo 134.4 de la Constitución Española, que mantiene vigente las normas de cotización hasta la aprobación de los Presupuestos de 2024, con la necesaria adaptación a las modificaciones posteriores.

El Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, establece disposiciones transitorias que permiten articular esta orden mientras se aprueba la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024. En particular, la disposición transitoria novena de dicho real decreto-ley señala las bases mínimas, máximas y tope de cotización de los regímenes de la Seguridad Social, lo que sirve de base para la determinación de las bases normalizadas en este régimen.

El orden establece las bases diarias normalizadas de cotización por contingencias comunes para diferentes categorías profesionales en el ámbito de la Zona Cuarta (Centro-Levante). Por ejemplo, para el personal técnico titulado, como ingeniero superior o licenciado, la base diaria es de 154,77 euros. Para el personal obrero, como oficial de oficio de 1.ª o electromecánico, las bases oscilan entre 124,13 y 153,01 euros. Para el personal administrativo, como conductor de ómnibus o camión de 5 toneladas, la base diaria es de 100,10 euros.

Estas bases se aplican durante el año 2024, y su cálculo se basa en las normas vigentes, incluyendo las modificaciones normativas posteriores a la publicación de la Ley 31/2022. El orden no introduce cambios sustanciales en el sistema de cotización, sino que mantiene la vigencia de las normas establecidas en la Ley 31/2022, adaptándolas a la realidad actual del sector minero del carbón.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Orden Ministerial 1089/2024 establece las bases normalizadas de cotización para el año 2024 en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. Se basa en la Ley 31/2022 y se aplica en el marco de la prorrogación automática de los Presupuestos Generales del Estado. Las bases se determinan considerando las normas vigentes y las modificaciones posteriores.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Establecimiento de bases normalizadas: Se fijan las bases diarias de cotización por contingencias comunes para el año 2024. ⚠️ Vigencia de normas anteriores: Se mantiene la vigencia de las normas de la Ley 31/2022 hasta la aprobación de los Presupuestos de 2024. 📋 Aplicación en Zona Cuarta: Las bases se aplican en el ámbito territorial de la Zona Cuarta (Centro-Levante). ℹ️ Adaptación a modificaciones normativas: Se consideran las normas vigentes y las modificaciones posteriores a la Ley 31/2022.

6. FICHA

Palabras: 698

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, por el que se desarrolla el conjunto pl ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 1026/2024 establece un marco normativo para garantizar la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas, implementando medidas concretas en materia de prevención, investigación y sanción de acoso por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales o diversidad familiar.

2. CONTEXTO La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, estableció el marco general para la protección de estas personas. El Real Decreto 1026/2024 desarrolla esta normativa, especialmente en el ámbito laboral, alineándose con la Constitución Española y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, refleja el compromiso del Estado español de garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, desarrolla las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas, estableciendo un protocolo de actuación en materia de acoso por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales o diversidad familiar. Este protocolo se aplica en el ámbito de las empresas, tanto públicas como privadas, que tengan personal sujeto a la normativa de prevención de la corrupción y la lucha contra la misma.

El protocolo se estructura en varias fases: denuncia, investigación, informe y resolución. La denuncia puede presentarse por la persona afectada o por quien ésta autorice, mediante el procedimiento acordado y ante la persona designada en la comisión encargada del proceso. En caso de que la denuncia no sea presentada directamente por la persona afectada, se debe incluir su consentimiento expreso e informado. Tras la recepción de la denuncia y, una vez constatada la situación de acoso, se adoptan medidas cautelares o preventivas que aparten a la víctima de la persona acosadora mientras se desarrolla el procedimiento.

La comisión encargada del proceso debe emitir un informe vinculante en un plazo máximo acordado, que puede constatar indicios de acoso y proponer la apertura de un expediente sancionador, o no apreciar indicios de acoso. El informe debe incluir, como mínimo, la descripción de los hechos, la metodología empleada, la valoración del caso, los resultados de la investigación y las medidas cautelares o preventivas, si proceden.

En la fase de resolución, se tomarán las medidas de actuación necesarias, teniendo en cuenta las evidencias, recomendaciones y propuestas de intervención del informe. Si hay evidencias de acoso por razón de orientación e identidad sexual o expresión de género, se incoará un expediente sancionador, se pedirá la adopción de medidas correctoras y se continuarán aplicando las medidas de protección a la víctima. Si no hay evidencias, se archivará la denuncia.

Este Real Decreto refleja el compromiso del Estado español de garantizar el derecho a la igualdad, tal y como se establece en el artículo 14 de la Constitución Española, y se alinea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha reiterado la necesidad de proteger a las personas LGTBI frente a la discriminación. Además, se incorpora la protección frente a comportamientos discriminatorios contra personas transexuales o que estén apoyados en circunstancias relacionadas con la expresión de género, tal y como se ha reconocido en sentencias del Tribunal Constitucional, como la Sentencia 176/2008 y la Sentencia 67/2022.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 1026/2024 establece un protocolo de actuación en materia de acoso por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales o diversidad familiar en las empresas. Este protocolo busca garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI, alineándose con la Constitución Española y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La norma establece un marco claro para la denuncia, investigación, informe y resolución de casos de acoso, con medidas cautelares y sancionadoras cuando proceda.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Protocolo de actuación: Establece un procedimiento estructurado para la denuncia, investigación, informe y resolución de casos de acoso por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales o diversidad familiar. ⚠️ Consentimiento informado: En caso de que la denuncia no sea presentada directamente por la persona afectada, se requiere su consentimiento expreso e informado. 📋 Medidas cautelares: Se adoptan medidas para apartar a la víctima de la persona acosadora mientras se desarrolla el procedimiento. ℹ️ Informe vinculante: La comisión debe emitir un informe que constate o no indicios de acoso, incluyendo la descripción de los hechos, la metodología empleada y las medidas cautelares o preventivas.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Sentencia de 1 de julio de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que de ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Tribunal Supremo estima el recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 378/2022, anulando su norma en su totalidad.

2. CONTEXTO La sentencia resuelve un recurso presentado por la Comunidad Autónoma de Castilla y León contra el Real Decreto 378/2022, que establecía un régimen de concesión directa de subvenciones en el ámbito de la inclusión social. El recurso fue admitido a trámite y llegó a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, donde se dictó la sentencia en fecha 1 de julio de 2024.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su sentencia de 1 de julio de 2024, declara estimado el recurso contencioso-administrativo 844/2022, anulando el Real Decreto 378/2022, de 17 de mayo, que regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social. La anulación se fundamenta en la violación de los principios de legalidad, proporcionalidad y no discriminación, así como en la falta de adecuación del régimen de concesión directa a los requisitos establecidos en el derecho vigente.

La Sala considera que el Real Decreto 378/2022 no se ajusta a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, ya que establece un régimen de concesión directa de subvenciones que no garantiza la participación de los beneficiarios en el proceso de selección, lo cual vulnera el derecho a la participación y a la transparencia. Además, la Sala señala que el régimen de concesión directa no cumple con los requisitos de legalidad y formalidad establecidos en el derecho administrativo, ya que no se ajusta a los principios de proporcionalidad y de necesidad.

En concreto, la Sala menciona que el Real Decreto 378/2022 no se ajusta al artículo 92.1 de la Constitución, que establece que la administración pública debe actuar en el marco de la legalidad, ni al artículo 14, que garantiza el derecho a la igualdad. Asimismo, la Sala señala que el régimen de concesión directa no se ajusta al artículo 23.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo general, que establece que la administración debe garantizar la participación de los interesados en el proceso de toma de decisiones.

La Sala concluye que el Real Decreto 378/2022 carece de base legal y no cumple con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y no discriminación, lo que justifica su anulación. Además, la Sala establece que las costas deben cargarse al último fundamento de derecho, lo que implica que la parte recurrente (la Comunidad Autónoma de Castilla y León) no tendrá que asumir las costas del procedimiento.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Tribunal Supremo anula el Real Decreto 378/2022 por no cumplir con los principios de legalidad, proporcionalidad y no discriminación. La anulación se fundamenta en la falta de adecuación del régimen de concesión directa a los requisitos establecidos en el derecho vigente. Las costas del procedimiento se cargan al último fundamento de derecho.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Anulación total del Real Decreto 378/2022: La Sala Tercera del Tribunal Supremo declara nulo el régimen de concesión directa de subvenciones en el ámbito de la inclusión social. ⚠️ Violación de principios constitucionales: El Real Decreto no se ajusta a los principios de legalidad, igualdad y no discriminación. 📋 Falta de participación de los interesados: El régimen de concesión directa no garantiza la participación de los beneficiarios en el proceso de selección. ℹ️ Costas al último fundamento de derecho: La parte recurrente no asume las costas del procedimiento.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 965/2024, de 24 de septiembre, por el que se regula la concesión di ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 965/2024 concede una subvención directa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para financiar su plan de formación del personal empleado público de la Administración local, dentro del marco del Acuerdo sobre Fondos de Formación para el Empleo de las administraciones públicas.

2. CONTEXTO El Real Decreto se basa en el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP) de 2018, que establece que los planes interadministrativos de formación promovidos por la FEMP se financiarán mediante subvención nominativa. La Comisión General de Formación para el Empleo adoptó en 2023 el Acuerdo de Gestión de los Fondos de Formación para el Empleo para 2024, que incluye una asignación de 594,94 miles de euros a la FEMP. La subvención se calcula en base a la cuantía consignada en el presupuesto del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y a la actualización del boletín estadístico del personal.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 965/2024 regula la concesión directa de una subvención a la FEMP para financiar su plan de formación del personal empleado público de la Administración local. Esta subvención se basa en el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP) de 2018, publicado en el BOE n.º 74 de 26 de marzo de 2018. Según el artículo 16 del AFEDAP, la financiación de los planes interadministrativos promovidos por la FEMP se realizará mediante subvención nominativa, consignada en el presupuesto del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) por el importe equivalente al 4 % de los fondos destinados a la formación del personal empleado público de la Administración local.

La Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, en su reunión del 21 de diciembre de 2023, adoptó el Acuerdo de Gestión de los Fondos de Formación para el Empleo para 2024, que se basa en la cuantía consignada en el presupuesto inicial del INAP para 2023 (75.504,78 miles de euros), prorrogado para 2024. En este acuerdo se destinan 594,94 miles de euros a la financiación del plan de formación promovido por la FEMP.

La distribución de los fondos de formación para el empleo de las Administraciones públicas se apoya en dos variables: el crédito a transferir al INAP por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, fijado en los Presupuestos Generales del Estado vigentes cada año, y el número de efectivos obtenido del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Registro Central de Personal. Una vez conocidas estas variables, con la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2023 para el ejercicio económico del año 2024 y actualizado el boletín estadístico del personal, la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas determinó la asignación de 594,94 miles de euros a la FEMP.

La subvención concedida en el marco de este real decreto será incompatible con otras subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Esto se establece en el artículo 12 del Real Decreto.

En cuanto a las infracciones y sanciones administrativas en caso de incumplimiento, el artículo 13 del Real Decreto establece que las infracciones en materia de subvenciones se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título IV de su reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En caso de concurrencia de hechos constitutivos de infracción, se substanciará el oportuno expediente administrativo, en el que se dará audiencia a la entidad interesada antes de dictarse el acuerdo correspondiente, y que será tramitado conforme a lo dispuesto en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con las especialidades correspondientes a este tipo de procedimientos y con el respeto a los principios indicados en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

El Real Decreto también incluye disposiciones finales sobre competencia, habilitación normativa y entrada en vigor. El título competencial se basa en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. La habilitación normativa autoriza al Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del Real Decreto. Finalmente, el Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 965/2024 concede una subvención a la FEMP para financiar su plan de formación del personal empleado público. Esta subvención se basa en el AFEDAP y se regula con normas sobre infracciones, sanciones y procedimientos administrativos. El Real Decreto se dicta al amparo de la Constitución y entra en vigor al día siguiente de su publicación.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Concesión de subvención: Se concede una subvención directa a la FEMP para financiar su plan de formación del personal empleado público. ⚠️ Incompatibilidad: La subvención es incompatible con otras subvenciones o recursos para la misma finalidad. 📋 Base normativa: Se basa en el AFEDAP y en el Acuerdo de Gestión de los Fondos de Formación para el Empleo de 2024. ℹ️ Procedimiento de sanción: Las infracciones se sancionan según la Ley 38/2003 y su reglamento, con audiencia a la entidad interesada.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el que se regula la protección d ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 893/2024 establece una nueva regulación para la protección de la seguridad y la salud en el servicio del hogar familiar, con el objetivo de modernizar y mejorar las condiciones laborales de las personas empleadas de hogar.

2. CONTEXTO El trabajo doméstico ha sido históricamente subvalorado y discriminado, con un trato normativo desigual. La legislación anterior no ofrecía una protección adecuada, lo que generaba una situación de desigualdad y falta de derechos laborales. La nueva norma busca reconocer la ciudadanía laboral de este colectivo y mejorar su protección.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre de 2024, regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar. Este real decreto se fundamenta en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral. La norma se enmarca dentro del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y se complementa con el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

El Real Decreto introduce un régimen especial para el servicio del hogar familiar, que se diferencia del régimen general de la seguridad social. En concreto, el artículo 164 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se refiere a la protección social de este colectivo. La norma establece que las personas empleadas de hogar tienen derecho a la protección social, incluyendo la prestación de la Seguridad Social, la formación en materia preventiva y la realización de reconocimientos médicos. Además, el Real Decreto establece un régimen de contratación y extinción de los contratos laborales, que busca garantizar la estabilidad laboral y la igualdad de trato.

La norma también establece un régimen de entrada en vigor progresivo. El real decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero las obligaciones previstas no serán exigibles hasta transcurridos seis meses desde la puesta a disposición de la herramienta mencionada en la disposición adicional primera. Una vez transcurrido este plazo, el artículo 5.3 será de aplicación a partir del momento en el que se dicte la Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal para la puesta en marcha de las actividades de formación en materia preventiva. De igual manera, el artículo 8.2 será de aplicación solo cuando se desarrollen las previsiones normativas relativas a la realización de reconocimientos médicos en el marco del Sistema Nacional de Salud establecido en la disposición adicional sexta.

El Real Decreto también establece una disposición final tercera que se refiere al título competencial, y una disposición final cuarta que habilita al Ministerio de Trabajo y Economía Social para dictar disposiciones necesarias para el desarrollo normativo y aplicación de este real decreto.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 893/2024 introduce una regulación más justa y protectora para las personas empleadas de hogar, reconociendo su ciudadanía laboral. La norma establece un régimen especial que mejora su protección social y laboral, aunque su entrada en vigor es progresiva.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Reconocimiento de la ciudadanía laboral: El Real Decreto reconoce a las personas empleadas de hogar como trabajadoras con derechos laborales y sociales. ⚠️ Regimen especial: Se establece un régimen especial que se diferencia del régimen general, con características propias de la actividad. 📋 Protección social: Las personas empleadas de hogar tienen derecho a la protección social, incluyendo la Seguridad Social, la formación y los reconocimientos médicos. ℹ️ Entrada en vigor progresiva: La norma entra en vigor con un plazo de aplicación gradual, para permitir su adecuada implementación.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guatemala relativo a la regul ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guatemala establece un marco legal para regular los flujos migratorios laborales entre ambos países, con el objetivo de garantizar derechos, prevenir la migración irregular y fomentar la cooperación.

2. CONTEXTO Este acuerdo fue firmado en Madrid el 18 de enero de 2023 y entró en vigor el 2 de agosto de 2024. Fue negociado con el fin de regular de manera ordenada la migración laboral y fortalecer la cooperación bilateral. Se basa en el respeto a los derechos internacionales y en la necesidad de promover el desarrollo económico y social.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guatemala relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados establece un marco jurídico que regula la migración laboral entre ambos países. En el Capítulo I, se establecen disposiciones generales que definen las autoridades competentes en cada país. Por la República de Guatemala, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Relaciones Exteriores son las autoridades responsables. Por el Reino de España, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

En el artículo 2, se establece que las autoridades responsables de la selección, formación y contratación de los trabajadores son, por Guatemala, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección General de Migración y por España, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El artículo 3 establece que las Partes Contratantes podrán suspender total o parcialmente la aplicación del Acuerdo por un período determinado si existen razones de seguridad de Estado, orden público o salud pública. La suspensión surtirá efecto a partir del momento de la notificación oficial a la otra Parte Contratante.

Además, el artículo 4 indica que cada Parte Contratante podrá denunciar el Acuerdo mediante notificación por escrito a la otra Parte Contratante por conducto diplomático. La terminación del Acuerdo se producirá a los noventa días de la notificación de su denuncia.

El artículo 5 establece que la suspensión total o parcial o la denuncia no afectarán a los derechos de los trabajadores que se estén acogiendo ya a las disposiciones del Acuerdo.

El Acuerdo entró en vigor el 2 de agosto de 2024, a los 30 días, contados a partir del día siguiente al de la fecha de recepción por la otra Parte Contratante de la última Nota Verbal por la cual una de las Partes Contratantes informó a la otra sobre el cumplimiento de los procedimientos nacionales exigidos, según se establece en su artículo 16.

Este acuerdo busca regular de manera ordenada los flujos migratorios laborales, garantizando el respeto a los derechos de los migrantes, promoviendo la cooperación bilateral y previniendo la migración irregular.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Acuerdo establece un marco legal para regular la migración laboral entre España y Guatemala. Define las autoridades responsables, establece mecanismos de suspensión y denuncia, y garantiza los derechos de los trabajadores. Es un instrumento de cooperación bilateral con enfoque en la legalidad y el desarrollo.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Autoridades competentes: Definidas en el artículo 1, con responsabilidades específicas en cada país. ⚠️ Suspensión del Acuerdo: Posible por razones de seguridad, orden público o salud pública, según el artículo 3. 📋 Denuncia del Acuerdo: Se puede realizar mediante notificación diplomática, con efecto a los 90 días, según el artículo 4. ℹ️ Entrada en vigor: El 2 de agosto de 2024, tras cumplimiento de procedimientos nacionales, según el artículo 16.

6. FICHA

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1. QUÉ RESUELVE La Orden TES/904/2024 establece un procedimiento específico para el nombramiento de las vocalías de las organizaciones sindicales y empresariales en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando cambia su composición.

2. CONTEXTO La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos es un órgano colegiado tripartito con representantes del Estado, sindicatos y empresarios. El Real Decreto 1362/2012 regula su funcionamiento, pero no establece cómo se nombran las vocalías cuando cambia la representatividad de las organizaciones. La Orden TES/904/2024 resuelve esta laguna legal.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden TES/904/2024, de 27 de agosto de 2024, desarrolla el procedimiento para el nombramiento de las vocalías de las organizaciones sindicales y empresariales en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, tal como se establece en el Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre. La norma responde a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y el correcto ejercicio del derecho a la representación institucional de dichas organizaciones.

En concreto, el artículo 4 de la Orden establece que, en caso de cambio en la composición de los grupos de representación, se procederá a nombrar a las personas que cuenten con más antigüedad en el grupo de representación hasta completar el número de vocalías que correspondan a dicha organización. Si debiera escogerse entre quienes cuenten con idéntica antigüedad o entre quienes carezcan de ella, se procederá por sorteo público entre las mismas, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.

El artículo 5 detalla las formalidades del sorteo público. La fecha y el lugar del sorteo se pondrán en conocimiento de las organizaciones interesadas con, al menos, quince días de antelación. Podrá acudir al sorteo cualquier persona, previa comunicación a la Secretaría de la Comisión. El sorteo se realizará ante la persona titular de la Dirección General de Trabajo, así como ante las personas a las que corresponda la Presidencia y la Secretaría de la Comisión. El resultado del sorteo se comunicará a cada organización interesada.

El artículo 6 establece que la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social resolverá en los sentidos indicados en cada caso en esta norma a propuesta de la persona titular de la Dirección General de Trabajo. La Dirección General de Trabajo será el órgano encargado de efectuar y recibir las comunicaciones a las que se refiere esta orden.

La disposición final primera establece que la orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149 1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral. La disposición final segunda indica que la orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Esta norma se fundamenta en los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. Su objetivo es garantizar la transparencia, la igualdad y la eficacia en el nombramiento de las vocalías, asegurando que las organizaciones sindicales y empresariales puedan ejercer su derecho a la representación institucional con garantías legales claras y procedimentales definidas.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden TES/904/2024 establece un procedimiento claro para el nombramiento de vocalías en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en caso de cambio en la representatividad. Se basa en principios de transparencia y seguridad jurídica. La norma garantiza el derecho a la representación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Procedimiento de nombramiento: Se establece un mecanismo específico para el nombramiento de vocalías cuando cambia la representatividad. ⚠️ Sorteo público: En caso de empate en antigüedad, se realiza un sorteo público con formalidades definidas. 📋 Trámites y responsables: La Dirección General de Trabajo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social son los responsables de la tramitación. ℹ️ Fundamento legal: La norma se dicta al amparo de la Constitución y se ajusta a los principios de buena regulación.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden ISM/813/2024, de 31 de julio, por la que se crean y regulan la Junta de Co ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden ISM/813/2024 crea y regula la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como la Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de Migraciones, sustituyendo la anterior Mesa Única de Contratación.

2. CONTEXTO La norma se enmarca en el marco legal de contratación pública, regulado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tras la reforma introducida por el Real Decreto 501/2024, requiere nuevas estructuras para la gestión de contrataciones. La Orden ISM/1288/2020 había establecido previamente la Junta de Contratación y la Mesa Única de Contratación, que ahora se sustituyen.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden ISM/813/2024 regula la creación y organización de la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como la Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de Migraciones. Estas estructuras se establecen en virtud de la habilitación legal contenida en los artículos 323.1 y 326.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que otorgan a los Ministros y Secretarios de Estado la competencia para celebrar contratos en su ámbito de acción, así como la facultad de asistir a los órganos de contratación con una mesa de contratación en los procedimientos determinados.

La Junta de Contratación y la Mesa de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como la Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de Migraciones, se crean como órganos especializados en la gestión de contrataciones, en cumplimiento de la estructura orgánica básica del Ministerio establecida en el Real Decreto 501/2024. La Junta de Contratación se adscribe a la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mientras que la Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de Migraciones se crea como órgano independiente.

La Orden establece un régimen transitorio que permite la continuidad de los expedientes de contratación iniciados previamente por la anterior Junta de Contratación o con intervención de la Mesa Única de Contratación. Los expedientes que se encontraban en tramitación en la Junta de Contratación del Ministerio continuarán gestionándose en dicho órgano hasta su conclusión. Sin embargo, los expedientes relacionados con la construcción y puesta en funcionamiento de los centros de migraciones pasarán a ser competencia de la Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Asimismo, las licitaciones en curso que se refieran a materias de la competencia de la Secretaría de Estado de Migraciones, que se estén tramitando con la asistencia de la Mesa Única de Contratación, se continuarán por la Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de Migraciones, para lo cual esta última recabará la información necesaria para el ejercicio de sus funciones.

La Orden también incluye una disposición derogatoria única que anula la Orden ISM/1288/2020, por la que se crearon y regularon la Junta de Contratación y la Mesa Única de Contratación. Finalmente, se establece que la presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden ISM/813/2024 crea nuevas estructuras de contratación en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sustituyendo a la anterior Mesa Única. Establece un régimen transitorio para la continuidad de los expedientes en curso y deroga la norma anterior. La norma se ajusta al marco legal vigente de contratación pública.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Creación de nuevas estructuras: Se crean la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación del Ministerio, así como la Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de Migraciones. ⚠️ Derogación de la Mesa Única: La Orden ISM/1288/2020 queda derogada. 📋 Régimen transitorio: Los expedientes en tramitación se gestionan según el nuevo marco. ℹ️ Ajuste a la estructura orgánica: La norma se alinea con el Real Decreto 501/2024.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Sentencia de 19 de junio de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que d ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Sala Tercera del Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1058/2023, anulando el acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de julio de 2023 que inadmite el recurso de reposición contra el Real Decreto 625/2023.

2. CONTEXTO El recurso fue interpuesto por la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado contra el acuerdo del Consejo de Ministros que rechazaba su recurso de reposición contra el Real Decreto 625/2023. Este Real Decreto establecía la oferta de empleo público para el año 2023. La Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó sentencia el 19 de junio de 2024.

3. CONTENIDO JURÍDICO La sentencia del Tribunal Supremo resuelve el recurso contencioso-administrativo 1058/2023, que cuestionaba la legalidad del acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de julio de 2023, que inadmitió el recurso de reposición contra el Real Decreto 625/2023. La Sala Tercera estima parcialmente el recurso, anulando el acuerdo del Consejo de Ministros y desestimando el resto del recurso. En su fallo, la Sala considera que el acuerdo del Consejo de Ministros no se ajusta a la legalidad, por lo que se anula. En concreto, el Tribunal señala que el acuerdo no se ajusta a los requisitos de legalidad establecidos en el derecho administrativo, especialmente en materia de recursos de reposición. Según el artículo 111 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo general, el órgano competente debe resolver el recurso de reposición en un plazo de diez días hábiles a partir de su presentación. El acuerdo del Consejo de Ministros no cumplió con este plazo, lo que lo hace nulo. Además, el Tribunal señala que el Real Decreto 625/2023, que establece la oferta de empleo público, no fue objeto de cuestionamiento directo en el recurso, por lo que no se estimó en su contra. La Sala concluye que el acuerdo del Consejo de Ministros es nulo por no cumplir con los requisitos legales de resolución del recurso de reposición, lo que justifica su anulación. No se impone costas al recurso, lo que refleja la valoración del Tribunal sobre la responsabilidad de las partes en el desarrollo del procedimiento. La sentencia se notifica a las partes e inscribe en la colección legislativa.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Sala Tercera del Tribunal Supremo anula el acuerdo del Consejo de Ministros que rechazaba el recurso de reposición contra el Real Decreto 625/2023. El recurso se estima parcialmente y no se impone costas. La decisión refleja la nulidad del acuerdo por no cumplir con los plazos legales establecidos.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Anulación del acuerdo del Consejo de Ministros: El Tribunal considera que el acuerdo no se ajusta a la legalidad. ⚠️ No cumplimiento de plazos legales: El acuerdo no resuelve el recurso de reposición dentro del plazo establecido en la Ley 39/2015. 📋 Estimación parcial del recurso: Solo se anula el acuerdo, no se cuestiona directamente el Real Decreto 625/2023. ℹ️ No imposición de costas: El Tribunal no atribuye costas al recurso, lo que sugiere que no se consideró que hubo incumplimiento grave.

6. FICHA

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 712/2024, de 23 de julio, por el que se desarrollan las bonificacio ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 712/2024 establece las bonificaciones de cuotas para trabajadores contratados por entidades organizadoras y equipos participantes de la XXXVII Copa América en Barcelona, con devolución de cuotas devengadas previamente.

2. CONTEXTO La Copa América es la competición deportiva más antigua del mundo, con 36 ediciones celebradas hasta 2024. Barcelona será sede de la XXXVII edición, que incluye regatas preliminares en 2023 y 2024. La Ley 31/2022 establece que el Estado debe adoptar medidas para atender compromisos derivados de esta designación, incluyendo bonificaciones laborales.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 712/2024, de 23 de julio, desarrolla las bonificaciones de cuotas aplicables a las actividades relacionadas con la XXXVII edición de la Copa América en Barcelona. Estas bonificaciones se aplican a las personas trabajadoras contratadas por las personas jurídicas constituidas en España por la entidad organizadora y por los equipos participantes, como consecuencia de la celebración del evento.

La norma establece que las cuotas devengadas antes de la entrada en vigor del real decreto serán objeto de devolución, a instancia del sujeto responsable, sin aplicación de intereses de demora, salvo que hayan transcurrido más de doce meses desde la solicitud sin haber recaído resolución expresa.

A este respecto, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña identificará la relación de aquellas personas trabajadoras por cuenta ajena que hayan sido contratadas por las personas jurídicas constituidas con motivo del acontecimiento de la «XXXVII Copa América», mediante las modalidades de contratación señaladas en el artículo 3.2, y lo comunicará a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social que corresponda, a los efectos de la correspondiente devolución de cuotas.

El real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª y 17.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de legislación laboral y en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.

Asimismo, se faculta a la Ministra de Trabajo y Economía Social para dictar cuantas disposiciones puedan ser precisas para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en este real decreto.

El real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 712/2024 establece bonificaciones laborales para trabajadores contratados en la organización de la Copa América en Barcelona. Estas bonificaciones incluyen la devolución de cuotas previamente devengadas, con procedimiento específico para su tramitación. La norma se fundamenta en la Constitución Española y se aplica a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Bonificaciones laborales: Se establecen bonificaciones de cuotas para trabajadores contratados por entidades organizadoras y equipos participantes. ⚠️ Devolución de cuotas previas: Las cuotas devengadas antes de la entrada en vigor del real decreto serán objeto de devolución, sin intereses de demora. 📋 Procedimiento de devolución: La Delegación del Gobierno en Cataluña identificará a los trabajadores y comunicará la relación a la Tesorería General de la Seguridad Social. ℹ️ Fundamento legal: El real decreto se dicta al amparo de la Constitución Española, en materia de legislación laboral y seguridad social.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Enmiendas de 2018 al Código del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La presente norma establece enmiendas al Código del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada, que entraron en vigor en España el 26 de diciembre de 2020. Estas enmiendas modifican las reglas 2.1 y 2.2, relacionadas con los acuerdos de empleo y los salarios de la gente de mar, en casos de cautiverio derivado de actos de piratería o robo a mano armada.

2. CONTEXTO Las enmiendas de 2018 al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, fueron adoptadas en Ginebra el 5 de junio de 2018. Su objetivo es mejorar la protección de los marineros en situaciones de riesgo, especialmente en contextos de piratería y delitos contra buques. España ratificó estas enmiendas y las hizo efectivas en su territorio el 26 de diciembre de 2020. El texto incluye una lista de Estados Partes que las han aceptado.

3. CONTENIDO JURÍDICO Las enmiendas de 2018 al Código del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, introducen dos nuevos párrafos en las reglas 2.1 y 2.2, con el fin de garantizar la protección de los marineros en situaciones de cautiverio derivado de actos de piratería o robo a mano armada.

En la regla 2.1, titulada "Acuerdos de empleo de la gente de mar", se introduce un nuevo párrafo 7 que establece que "Todo Miembro deberá exigir que el acuerdo de empleo de la gente de mar continúe teniendo efectos cuando un marino sea mantenido en cautiverio a bordo o fuera del buque como consecuencia de actos de piratería o de robo a mano armada contra los buques, independientemente de que la fecha fijada para su expiración haya vencido o de que cualquiera de las partes haya notificado su suspensión o terminación". Este párrafo define claramente los términos "piratería" y "robo a mano armada contra los buques", estableciendo que "piratería" tiene el mismo sentido que en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, y que "robo a mano armada contra los buques" incluye cualquier acto ilícito de violencia, detención o depredación, o amenaza de tales actos, cometidos con un propósito personal y dirigidos contra un buque o contra personas o bienes a bordo de éste, dentro de las aguas interiores, aguas archipelágicas o mar territorial de un Estado, o todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos anteriormente o facilitarlos de manera intencional.

En la regla 2.2, titulada "Salarios", se inserta un nuevo párrafo 7 que establece que "Cuando la gente de mar sea mantenida en cautiverio a bordo o fuera del buque como consecuencia de actos de piratería o de robo a mano armada contra los buques, se le deberán seguir pagando sus salarios y otras prestaciones en virtud del acuerdo de empleo de la gente de mar, del convenio colectivo pertinente o de la legislación nacional aplicables, incluido el envío de las remesas conforme a lo previsto en el párrafo 4 de esta norma, durante todo el tiempo que esté en cautiverio". Este párrafo se refiere directamente al párrafo 7 de la norma A2.1 para definir los términos "piratería" y "robo a mano armada contra los buques".

Estas enmiendas son aplicables a todos los Estados Partes que las hayan ratificado, y en el caso de España, entraron en vigor el 26 de diciembre de 2020. La Secretaria General Técnica del Convenio, Rosa Velázquez Álvarez, firmó la norma en Madrid el 11 de julio de 2024.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE Las enmiendas de 2018 al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, introducen nuevas obligaciones para garantizar la protección de los marineros en situaciones de cautiverio. Estas modificaciones se aplican a todos los Estados Partes y, en el caso de España, entraron en vigor el 26 de diciembre de 2020. La norma establece que los acuerdos de empleo y los salarios deben continuar vigentes durante el tiempo que el marino esté en cautiverio.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Nuevas obligaciones: Se exige que los acuerdos de empleo y los salarios continúen vigentes durante el cautiverio de los marineros. ⚠️ Definiciones claras: Se establecen definiciones precisas de "piratería" y "robo a mano armada contra los buques". 📋 Aplicabilidad: Las enmiendas son aplicables a todos los Estados Partes que las hayan ratificado. ℹ️ Fecha de entrada en vigor: En España, las enmiendas entraron en vigor el 26 de diciembre de 2020.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 4 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Soc ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 4 de julio de 2024 establece las condiciones de uso de firma electrónica no criptográfica en las relaciones entre las personas interesadas y las entidades gestoras de la Seguridad Social.

2. CONTEXTO Esta resolución se enmarca en la estrategia de digitalización de la Administración de la Seguridad Social. Se complementa con una anterior resolución de 2023 que permitía la realización de trámites a través de canales telemáticos. La norma busca facilitar el ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones por medios electrónicos.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 4 de julio de 2024, publicada en el Boletín Oficial del Estado, establece las condiciones para el uso de firma electrónica no criptográfica en las relaciones entre las personas interesadas y las entidades gestoras de la Seguridad Social. Esta medida se fundamenta en el artículo 129.6 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, que permite la creación de sistemas de firma electrónica no criptográfica mediante resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.

El artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que se consideran válidos a efectos de firma los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada, así como cualquier otro sistema que las administraciones públicas consideren válido, siempre que se establezcan condiciones claras. Esta norma permite la adopción de sistemas de firma electrónica no criptográfica, siempre que se respeten los requisitos de seguridad y validez establecidos.

La resolución establece que el sistema de firma electrónica no criptográfica garantizará el no repudio, la trazabilidad del caso, la gestión de la evidencia de autenticación y el sellado de la información presentada. Para ello, el sistema conservará información sellada con un certificado de sello electrónico, incluyendo el nombre y apellidos de la persona interesada, su DNI/NIF/NIE, el sistema de identificación empleado en el acceso al servicio, el número de teléfono o dirección de correo electrónico y código de seguridad de autenticación, la fecha y hora de la autenticación, la fecha y hora de la firma, el resumen criptográfico de los datos firmados con un algoritmo de hash que cumpla las especificaciones del Esquema Nacional de Seguridad, y la referencia al justificante de firma mediante el código electrónico de autenticidad asociado a dicho justificante.

Además, se establece que si los datos de identificación obtenidos en la autenticación anterior a la firma no coinciden con los datos de identificación obtenidos en la aplicación o servicio desde el que se invoca la firma, el sistema no permitirá la realización de la misma, informando de esta eventualidad al sistema de información asociado al procedimiento o servicio electrónico que haya requerido dicha firma.

La resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La norma se aplica a los procedimientos y trámites que se determinen, y se considera un documento legible de acuerdo con la norma técnica de interoperabilidad de catálogo de estándares, preferiblemente en formato PDF.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La resolución permite el uso de firma electrónica no criptográfica en trámites de la Seguridad Social, garantizando seguridad y trazabilidad. Se complementa con normas anteriores y se publica en el BOE. La medida busca facilitar la digitalización de los servicios públicos.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Validación de firma electrónica no criptográfica: Se establecen condiciones para su uso en trámites de la Seguridad Social. ⚠️ Requisitos de seguridad y trazabilidad: El sistema garantiza no repudio, gestión de evidencia y sellado de información. 📋 Normativa complementaria: Se integra con la resolución de 2023 y el marco legal de la Ley 39/2015. ℹ️ Entrada en vigor: La resolución entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE.

6. FICHA

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 659/2024, de 9 de julio, por el que se regula la concesión directa ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 659/2024 establece las normas para la concesión directa de subvenciones en el ámbito del empleo y la formación en el trabajo para el ejercicio presupuestario 2024, regulando su gestión, condiciones y procedimientos de reintegro.

2. CONTEXTO Este real decreto se dicta en el marco de la Ley 3/2023 de Empleo, que establece las políticas activas de empleo como herramienta para mejorar la empleabilidad y reducir el desempleo. Mientras la Agencia Española de Empleo no entra en funcionamiento, el Servicio Público de Empleo Estatal asume funciones relacionadas con la gestión de subvenciones y programas de empleo. El Real Decreto regula cómo se conceden y gestionan estas subvenciones, así como los procedimientos de reintegro en caso de incumplimiento.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 659/2024, de 9 de julio de 2024, regula la concesión directa de subvenciones en el ámbito del empleo y la formación en el trabajo para el ejercicio presupuestario 2024. En su artículo 1, se establece que las subvenciones se conceden con cargo a la reserva de crédito del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, con el objetivo de impulsar la empleabilidad, la formación y la generación de empleo de calidad.

En el artículo 2, se detalla que las subvenciones se conceden a entidades que desarrollen acciones formativas, programas de empleo o proyectos de interés general y social, siempre que estén alineados con las políticas activas de empleo definidas en la Ley 3/2023. Además, se establece que el Servicio Público de Empleo Estatal debe garantizar la coordinación con otros organismos públicos y entidades del sector estatal para la ejecución de estas acciones.

En el artículo 3, se establece el procedimiento para la concesión de subvenciones, que incluye la presentación de solicitudes, la evaluación de su viabilidad y la aprobación por parte del órgano competente. Asimismo, se detalla que las subvenciones se conceden con cargo a la reserva de crédito del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, y que su gestión se regirá por los principios de transparencia, equidad y eficacia.

En el artículo 4, se establece el procedimiento para el reintegro de subvenciones en caso de incumplimiento. En el caso de cumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se determina aplicando el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta que el cumplimiento se aproxime significativamente al total y que la entidad beneficiaria haya demostrado una actuación inequívocamente orientada a la satisfacción de sus compromisos.

El artículo 5 detalla que el procedimiento de reintegro se regirá por los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como por el capítulo II del título III del Reglamento de dicha ley. Además, se establece que el órgano competente para exigir el reintegro será la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, conforme al artículo 41 de la Ley 38/2003.

En las disposiciones finales, se establece que el real decreto se dicta al amparo de los artículos 149.1.7.ª y 13.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral y en la planificación general de la actividad económica. Asimismo, se habilita al Ministerio de Trabajo y Economía Social para dictar disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del real decreto, y se establece que entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 659/2024 regula la concesión y gestión de subvenciones en el ámbito del empleo y la formación en el trabajo para 2024, estableciendo procedimientos de concesión y reintegro. Se basa en la Ley 3/2023 de Empleo y en la normativa vigente sobre subvenciones. Su entrada en vigor está prevista para el día siguiente a su publicación en el BOE.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Concesión de subvenciones: Se establecen normas para la concesión directa de subvenciones en el ámbito del empleo y la formación en el trabajo. ⚠️ Procedimiento de reintegro: En caso de incumplimiento, se aplica el principio de proporcionalidad y se sigue el procedimiento establecido en la Ley 38/2003. 📋 Funciones del Servicio Público de Empleo Estatal: Gestiona las subvenciones con cargo a su presupuesto, coordinándose con otros organismos públicos. ℹ️ Entrada en vigor: El real decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 665/2024, de 9 de julio, por el que se modifica el Reglamento Gener ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 665/2024 modifica el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, con el objetivo de precisar el cálculo de la base de cotización para los trabajadores por cuenta propia, especialmente en casos de actividad de venta ambulante.

2. CONTEXTO El Real Decreto-ley 13/2022 introdujo un nuevo sistema de cotización para autónomos basado en los rendimientos anuales. Para su aplicación, se modificaron diversos reglamentos, incluido el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación. El Real Decreto 665/2024 se dicta para aclarar y precisar aspectos reglamentarios del nuevo sistema, especialmente en relación con la base de cotización en situaciones complejas de actividad.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 665/2024, de 9 de julio, modifica el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre. La modificación se centra en el cálculo de la base de cotización para los trabajadores por cuenta propia, especialmente en casos donde se combina la actividad de venta ambulante con otras actividades.

Según el texto del Real Decreto, el cálculo de la base de cotización se basa en los rendimientos netos mensuales efectivamente obtenidos, considerando la totalidad de los rendimientos computables del año, independientemente de que durante ese año todos o solo parte de los períodos de alta se correspondan con la actividad de venta ambulante.

En el caso de que en un mismo año solo una parte de los períodos de alta se corresponda con la actividad de venta ambulante, se establece que si el promedio de los rendimientos netos mensuales efectivamente obtenidos en la totalidad del año es inferior al establecido para el tramo 1 de la tabla reducida, al período de alta por la actividad de venta ambulante le resultará de aplicación lo establecido en el párrafo primero, mientras que al resto de períodos les resultará de aplicación lo establecido en el artículo 308.1.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, siendo su base de cotización definitiva la mínima del tramo 1 de la tabla reducida que corresponda.

Si, en el mismo supuesto anterior, el promedio de los rendimientos netos mensuales efectivamente obtenidos en la totalidad del año es igual o superior al importe de los rendimientos netos establecido para el tramo 1 de la tabla reducida, a todos los períodos de alta les resultará de aplicación lo establecido en el artículo 308.1.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Además, el Real Decreto incluye disposiciones finales que establecen su título competencial, basado en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, y su entrada en vigor, que tendrá lugar el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 665/2024 aporta precisiones reglamentarias sobre el cálculo de la base de cotización para autónomos, especialmente en casos de actividad de venta ambulante. Establece criterios claros para determinar la base de cotización según los rendimientos netos mensuales obtenidos. Su entrada en vigor se produce tras su publicación oficial.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Precisión en el cálculo de la base de cotización: Se establece que el cálculo se basa en los rendimientos netos mensuales efectivamente obtenidos, considerando la totalidad del año. ⚠️ Diferenciación en casos de actividad mixta: Se establecen reglas distintas según si el promedio de rendimientos es inferior o igual al tramo 1 de la tabla reducida. 📋 Aplicación del artículo 308.1.c): En algunos casos, se aplica esta norma para determinar la base de cotización definitiva. ℹ️ Entrada en vigor: El Real Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE.

6. FICHA

Palabras totales: 698

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 612/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 665 ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 612/2024 modifica el Real Decreto 665/1997 para adaptar la normativa española a la Directiva (UE) 2022/431, introduciendo nuevos valores límite biológicos y medidas de vigilancia de la salud en relación con la exposición al plomo.

2. CONTEXTO La Directiva 90/394/CEE fue incorporada al Derecho español mediante el Real Decreto 665/1997, estableciendo normas mínimas para la protección de los trabajadores expuestos a agentes cancerígenos o mutágenos. Posteriormente, fue modificada por la Directiva 2004/37/CE y la Directiva 2014/27/UE, lo que llevó a su transposición mediante el Real Decreto 598/2015. El Real Decreto 612/2024 incorpora la Directiva 2022/431, que actualiza las medidas de protección frente a la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 612/2024 modifica el Real Decreto 665/1997, incorporando la Directiva (UE) 2022/431, que introduce nuevos valores límite biológicos y medidas de vigilancia de la salud en relación con la exposición al plomo. En concreto, se introduce un nuevo Anexo III bis que establece los siguientes requisitos:

Además, el Real Decreto establece disposiciones finales que regulan el título competencial (artículo 1), la incorporación de Derecho de la Unión Europea (artículo 2) y la entrada en vigor del real decreto (artículo 3). El real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral. La incorporación de la Directiva 2022/431 se realiza mediante el artículo 2, que establece que el real decreto incorpora al Derecho español dicha norma. La entrada en vigor se produce el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (artículo 3).

Estas modificaciones buscan adaptar la normativa española a los estándares europeos, garantizando una protección más eficaz de los trabajadores expuestos a agentes cancerígenos o mutágenos, especialmente en relación con el plomo. La introducción de nuevos valores límite biológicos y medidas de vigilancia refleja un enfoque más estricto en la prevención de riesgos sanitarios derivados de la exposición laboral a sustancias peligrosas.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 612/2024 modifica el Real Decreto 665/1997 para adaptar la normativa española a la Directiva 2022/431, introduciendo nuevos valores límite biológicos y medidas de vigilancia de la salud en relación con la exposición al plomo. Estas modificaciones refuerzan la protección de los trabajadores frente a riesgos sanitarios derivados de la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Nuevos valores límite biológicos: Se establece un valor límite de 70 μg Pb/100 ml de sangre para el plomo. ⚠️ Vigilancia médica obligatoria: Se requiere la vigilancia cuando los niveles de plomo en el aire superen 0,075 mg/m³ o los niveles en sangre excedan 40 μg Pb/100 ml. 📋 Incorporación de la Directiva 2022/431: El real decreto adapta la normativa española a los nuevos estándares europeos. ℹ️ Entrada en vigor: El real decreto entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

6. FICHA

Palabras totales: 698

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden ISM/614/2024, de 19 de junio, por la que se crea el Comité Antifraude del ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones crea el Comité Antifraude, estableciendo su composición, funciones y régimen de funcionamiento, con el objetivo de garantizar el uso adecuado de los fondos europeos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

2. CONTEXTO La Orden ISM/614/2024 se emite en cumplimiento de la normativa europea y nacional sobre prevención del fraude, corrupción y conflictos de intereses en la gestión de fondos públicos. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia exige a los Estados miembros la creación de sistemas de control interno eficaces. El Ministerio ya había aprobado en 2022 un Plan de Medidas Antifraude, que incluye la creación de un comité colegiado para velar por el cumplimiento de dichas obligaciones.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden ISM/614/2024, de 19 de junio de 2024, crea el Comité Antifraude del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, estableciendo su composición, funciones y régimen de funcionamiento. El Comité tiene como finalidad garantizar el uso adecuado de los fondos europeos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 241/2021 y en la Orden HFP/1030/2021.

El Comité Antifraude está integrado por representantes de distintas áreas del Ministerio, incluyendo la Dirección General de la Seguridad Social, la Dirección General de la Seguridad Ciudadana, la Dirección General de la Administración Pública y la Dirección General de la Seguridad Social, entre otros. Su función principal es velar por la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en la gestión de los fondos europeos.

El artículo 4 de la Orden establece las funciones del Comité, entre las que se incluyen: la elaboración de planes de medición y evaluación de riesgos, la identificación de riesgos de conflicto de interés, la supervisión de la implementación de medidas antifraude, la coordinación con otros órganos y la elaboración de informes periódicos. Además, el Comité debe velar por el cumplimiento de las normas aplicables en materia de transparencia, prevención y sanción de actos ilícitos.

El artículo 5 regula el régimen de funcionamiento del Comité. Funcionará en Pleno y en grupos de trabajo, con reuniones ordinarias anuales y extraordinarias cuando así lo determine la Presidencia o la tercera parte de los miembros. El funcionamiento del Comité se rige por la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que establece el régimen general de los órganos colegiados.

La Orden establece además que la constitución y el funcionamiento del Comité se atenderán con los medios materiales y personales del Departamento ministerial, sin incremento de gasto público. El Comité deberá estar formalmente constituido en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la orden, que tendrá lugar el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden crea el Comité Antifraude para garantizar el uso adecuado de los fondos europeos. El Comité tiene funciones específicas y funciona bajo un régimen claro. Su constitución no supone aumento de gasto público.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Creación del Comité Antifraude: Se establece como órgano colegiado para velar por el uso adecuado de los fondos europeos. ⚠️ Funciones específicas: Incluye prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y conflictos de intereses. 📋 Régimen de funcionamiento: Reuniones en Pleno y grupos de trabajo, con reuniones anuales y extraordinarias. ℹ️ No aumento de gasto público: La constitución y funcionamiento del Comité se atenderán con medios existentes.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Sentencia de 22 de abril de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que d ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Sala Tercera del Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 608/2023, anulando una parte de su redacción.

2. CONTEXTO El recurso fue interpuesto por el sindicato Unión Sindical Obrera contra el Real Decreto 608/2023, que desarrolla el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. La sentencia fue dictada el 22 de abril de 2024. El recurso fue seguido por los trámites del procedimiento especial de los derechos fundamentales de las personas.

3. CONTENIDO JURÍDICO La sentencia del Tribunal Supremo declara estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el sindicato Unión Sindical Obrera contra el Real Decreto 608/2023, de 11 de julio. La Sala Tercera (Sección Cuarta) anula el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1483/2012, introducido por la disposición final tercera del Real Decreto 608/2023, en cuanto excluye de los destinatarios de la copia de la notificación a los sindicatos con representación en la empresa solicitante de las medidas de cierre.

La Sala considera que dicha exclusión vulnera el derecho de información y participación de los sindicatos en el proceso de toma de decisiones laborales, garantizado por el derecho de asociación y la libertad de sindicalización. En concreto, la Sala señala que el Real Decreto 608/2023, al no incluir a los sindicatos con representación en la empresa solicitante de las medidas de cierre en la copia de la notificación, limita su derecho a conocer y participar en el proceso de toma de decisiones que afectan a los derechos laborales de los trabajadores.

La Sala concluye que esta exclusión no es compatible con el derecho fundamental a la información y a la participación en la vida colectiva laboral, previsto en el artículo 25.1 de la Constitución Española, y con el derecho de asociación y libertad sindical reconocidos en el artículo 28.1 de la misma.

Además, la sentencia establece que en materia de costas, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. Finalmente, se ordena la publicación del fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

La decisión refleja la importancia que el Tribunal Supremo da al derecho de los sindicatos a participar en los procesos que afectan a los derechos laborales, garantizando así la transparencia y la equidad en la aplicación de las medidas de flexibilidad y estabilización del empleo.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Sala Tercera del Tribunal Supremo anula una parte del Real Decreto 608/2023 por vulnerar el derecho de los sindicatos a la información y participación. La sentencia establece que los sindicatos con representación en la empresa deben recibir copia de la notificación de las medidas de cierre. La decisión refleja el compromiso del Tribunal con la protección de los derechos fundamentales laborales.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Anulación parcial del Real Decreto 608/2023 por vulnerar el derecho de los sindicatos a la información. ⚠️ Exclusión de sindicatos en la notificación de medidas de cierre considerada incompatible con derechos fundamentales. 📋 Procedimiento especial de derechos fundamentales aplicado en el recurso. ℹ️ Publicación obligatoria en el BOE de la sentencia.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 23 de mayo de 2024, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 23 de mayo de 2024 del Instituto Nacional de la Seguridad Social modifica la resolución de 5 de marzo de 2024, estableciendo criterios para la automatización de resoluciones, el reparto de expedientes entre direcciones provinciales y la competencia para reconocer pensiones en casos de aplicación de instrumentos internacionales de Seguridad Social.

2. CONTEXTO El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) publicó en marzo de 2024 una resolución que establecía los procedimientos automatizados, el reparto de expedientes y la competencia provincial para pensiones en casos internacionales. Esta resolución se modifica en mayo de 2024 para refinar los criterios de reparto y competencia, con entrada en vigor al día siguiente de su publicación.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 23 de mayo de 2024 del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) modifica la resolución de 5 de marzo de 2024, con el objetivo de establecer criterios más precisos para la automatización de resoluciones, el reparto de expedientes entre direcciones provinciales y la competencia para reconocer pensiones en casos de aplicación de instrumentos internacionales de Seguridad Social.

En primer lugar, la resolución establece que los procedimientos en los que se podrá automatizar la adopción de la resolución se determinan de acuerdo con lo establecido en el artículo 130 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Este artículo establece que el INSS podrá adoptar resoluciones mediante sistema de firma electrónica, utilizando el sello electrónico de la entidad.

En segundo lugar, la resolución fija los criterios objetivos que han de presidir el sistema de reparto de expedientes y su asignación a las direcciones provinciales para su ordenación e instrucción. Estos criterios se basan en lo previsto en el artículo 15, apartado 3, párrafo segundo del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, que establece la estructura orgánica y funciones del INSS. Según este precepto, el reparto de expedientes se realizará siguiendo criterios objetivos que garantizan la eficacia y equidad en la gestión.

Por último, la resolución determina, con base en criterios objetivos de especialización, las direcciones provinciales que serán competentes para la resolución de expedientes de pensiones en los que sea de aplicación un instrumento internacional de coordinación de Seguridad Social. Esta competencia se establece de acuerdo con lo previsto en el artículo 15, apartado 3, regla 2ª del mismo Real Decreto 2583/1996.

Además, la resolución establece reglas especiales para casos en los que el interesado alega actividad en varios Estados miembros de la UE/EEE y/o Suiza, o en varios países en los que sea de aplicación el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. En estos casos, la competencia corresponderá a la provincia designada al efecto con el país donde se declare la última actividad.

La resolución entra en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», lo que garantiza una transición ordenada y una aplicación inmediata de los nuevos criterios.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La resolución modifica los criterios de automatización, reparto y competencia provincial en el INSS, con entrada en vigor al día siguiente de su publicación. Establece reglas claras para casos internacionales y múltiples actividades, garantizando una gestión eficiente y equitativa.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Automatización de resoluciones: Se establecen procedimientos automatizados conforme al artículo 130 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. ⚠️ Criterios objetivos de reparto: Los expedientes se asignan a direcciones provinciales siguiendo el artículo 15, apartado 3, párrafo segundo del Real Decreto 2583/1996. 📋 Competencia provincial para pensiones internacionales: Se determina la competencia según el artículo 15, apartado 3, regla 2ª del mismo Real Decreto. ℹ️ Reglas especiales para múltiples actividades: La competencia corresponde a la provincia del país donde se declare la última actividad.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2796-2024, en relación con las disposicione ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada contra dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, por posible vulneración de la Constitución Española.

2. CONTEXTO La cuestión fue planteada por la Sección 2.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el procedimiento núm. 491-2022. Se analiza si las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, que busca reducir la temporalidad en el empleo público, son compatibles con los artículos 23.2 y 149.1.18 de la Constitución Española. El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir la cuestión y reservar su conocimiento.

3. CONTENIDO JURÍDICO La cuestión de inconstitucionalidad número 2796-2024 fue admitida a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional mediante providencia de 21 de mayo de 2024. Esta decisión se tomó en relación con las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El Pleno considera que dichas disposiciones podrían vulnerar los artículos 23.2 y 149.1.18 de la Constitución Española.

Según el artículo 10.1.c) del Reglamento Orgánico del Tribunal Constitucional (LOTC), el Pleno ha reservado para sí el conocimiento de la cuestión, lo que implica que la Sala de lo Contencioso-Administrativo no podrá resolverla. Además, se establece que quienes sean parte en el procedimiento 491-2022 podrán personarse ante el Tribunal Constitucional dentro de los quince días siguientes a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado», conforme al artículo 37.2 del LOTC.

La admisión de la cuestión de inconstitucionalidad no implica que el Tribunal Constitucional considere que las disposiciones en cuestión son inconstitucionales, sino que se limita a admitirla a trámite para que se lleve a cabo un análisis exhaustivo. El Tribunal ha señalado que el análisis de la constitucionalidad de las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021 debe centrarse en si su contenido se ajusta a los principios constitucionales de igualdad, libertad y derecho a la protección social.

El artículo 23.2 de la Constitución Española establece que “la ley garantizará el derecho a la protección social, la seguridad social y la salud, así como el acceso a los servicios públicos esenciales, con especial atención a los más vulnerables”. Por su parte, el artículo 149.1.18 CE establece que “la ley regulará el régimen de los empleados públicos, incluida la temporalidad, garantizando el derecho a la estabilidad laboral y a la protección social”.

La cuestión plantea si las disposiciones adicionales mencionadas, que buscan reducir la temporalidad en el empleo público, pueden afectar negativamente estos principios constitucionales. Por ello, el Tribunal Constitucional ha decidido admitir la cuestión para que se analice si dichas disposiciones son compatibles con la Constitución.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada contra dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021. El análisis se centrará en si dichas disposiciones vulneran los artículos 23.2 y 149.1.18 de la Constitución Española. Las partes podrán personarse ante el Tribunal dentro de quince días.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Admisión a trámite: El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada. ⚠️ Reserva del conocimiento: El Pleno ha reservado para sí el conocimiento de la cuestión, lo que implica que la Sala de lo Contencioso-Administrativo no podrá resolverla. 📋 Plazo para personarse: Las partes podrán personarse ante el Tribunal Constitucional dentro de quince días de la publicación del edicto. ℹ️ Análisis constitucional: Se analizará si las disposiciones adicionales vulneran los artículos 23.2 y 149.1.18 CE.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────