El Horno

Subida mínima de las pensiones en 2014

Este Real Decreto establece la subida que experimentaron las pensiones del sistema de la Seguridad Social y otras prestaciones públicas durante el año 2014. Su objetivo principal era actualizar estas cuantías para adaptarlas a la situación económica del momento, garantizando un mínimo incremento.

Concretamente, la norma fijó una revalorización general del 0,25 por ciento para la mayoría de las pensiones contributivas y no contributivas. Esto afectó a pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y otras similares, siempre que se hubieran generado antes del 1 de enero de 2014. También se aplicó a pensiones del antiguo Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y a las asignaciones por hijos con discapacidad.

La entrada en vigor de esta medida fue inmediata tras su publicación, ya que se aplicaba al ejercicio 2014. Por lo tanto, los pensionistas vieron reflejada esta pequeña subida en sus cobros a partir de principios de ese año, según lo establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

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Actualización de precios de medicamentos para pensionistas

Esta resolución actualiza la cantidad máxima que los pensionistas y sus beneficiarios deben pagar por ciertos medicamentos. Se trata de medicamentos que pertenecen a grupos de aportación reducida, es decir, aquellos para los que el sistema público cubre una parte importante de su coste. La actualización busca ajustar estos precios a la evolución del coste de vida.

Concretamente, se revisa el importe máximo que un pensionista puede pagar al mes por estos medicamentos. Si bien la resolución no especifica la nueva cifra exacta, sí establece que este límite se ajustará anualmente según el Índice de Precios al Consumo (IPC) para que el coste se mantenga equitativo.

La entrada en vigor de esta actualización se produce de forma automática cada mes de enero. Por lo tanto, la resolución de diciembre de 2013 establece las bases para las actualizaciones que se realizarán a partir de enero de 2014 y en años sucesivos, garantizando que los topes de pago se mantengan al día con la inflación.

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El Salario Mínimo para 2014 se Mantiene Igual

Este Real Decreto establece la cantidad mínima que un trabajador puede cobrar por su trabajo en España durante el año 2014. Su objetivo es garantizar una retribución básica para todos los empleados, independientemente de su sector, género o edad.

Lo más importante es que el salario mínimo para 2014 no cambia respecto al de 2013. Se mantiene en 21,51 euros por día o 645,30 euros al mes. Esto significa que, en términos generales, los trabajadores seguirán cobrando la misma cantidad mínima que el año anterior.

Esta medida entra en vigor el 1 de enero de 2014. La decisión de no aumentar el salario mínimo se tomó en un contexto económico complicado, buscando priorizar la recuperación y la creación de empleo.

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Prórroga para la integración del personal del Hospital de San Fernando

Este Real Decreto extiende el plazo para que el personal laboral del Hospital General Básico de la Defensa de San Fernando pueda integrarse como personal estatutario. Originalmente, este proceso debía concluir antes del 1 de enero de 2014, pero debido a la complejidad de la situación y a la necesidad de estudios adicionales, se ha decidido posponerlo.

Lo que cambia concretamente es que el personal laboral del área de actividades específicas de este hospital, que sigue prestando servicio en la Red Hospitalaria de la Defensa, tendrá más tiempo para completar su integración. La decisión se toma para permitir que se cierren los estudios pertinentes y se adopten las medidas necesarias.

La prórroga de este plazo entra en vigor a partir de la fecha de publicación de este Real Decreto, que modifica la normativa anterior. El objetivo es asegurar que el proceso se complete adecuadamente, considerando las circunstancias actuales.

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Cambios en la revalorización de las pensiones

Esta ley introduce dos mecanismos para ajustar las pensiones a la realidad económica y demográfica de España. El objetivo es asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones a largo plazo, ante el envejecimiento de la población y la llegada a la jubilación de la generación del "baby boom".

Concretamente, se establece un "Factor de Sostenibilidad" que vinculará la cuantía inicial de la pensión a la esperanza de vida en el momento de la jubilación. Además, el "Índice de Revalorización" modificará la subida anual de las pensiones según el estado de las cuentas de la Seguridad Social, pudiendo ser inferior a la inflación si hay déficit.

La ley fue aprobada en diciembre de 2013 y entró en vigor el 1 de enero de 2014. Sin embargo, la aplicación del Factor de Sostenibilidad se pospuso hasta 2019 y posteriormente se derogó, aunque el Índice de Revalorización sí se aplicó.

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Corrección de errores en la regulación de certificados de profesionalidad

Esta norma se refiere a la corrección de algunos errores detectados en una orden anterior que explicaba cómo funcionaban los certificados de profesionalidad. Estos certificados son títulos oficiales que acreditan que una persona tiene las competencias necesarias para desempeñar un trabajo específico. Afectan a todas aquellas personas que buscan mejorar su formación o acceder al mercado laboral a través de estas acreditaciones.

Lo que cambia concretamente son pequeños detalles en el texto de la orden original. Por ejemplo, se aclara que el seguimiento de la formación a distancia se aplica a centros de iniciativa privada en la modalidad de teleformación, se corrige un número de apartado en un artículo y se sustituye la palabra "unidad formativa" por "módulo" en una nota a pie de página. Estos cambios buscan dar mayor claridad y precisión a la normativa.

La corrección de errores entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 24 de diciembre de 2013. Por lo tanto, los cambios ya estaban aplicados desde finales de 2013, asegurando que la regulación de los certificados de profesionalidad fuera lo más precisa posible.

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El Tribunal Constitucional revisa una ley sobre personal laboral público

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una consulta sobre la constitucionalidad de una parte del Real Decreto-ley 20/2012. Esta norma, aprobada en 2012, contenía medidas para asegurar la estabilidad económica y mejorar la competitividad, afectando al personal laboral que trabaja para el sector público. La consulta se centra en si una de estas medidas, concretamente el artículo 2, podría ser contraria a la Constitución española.

Lo que cambia es que se está evaluando si la forma en que se aplicó esta ley al personal laboral del sector público respetó los principios constitucionales, especialmente el de seguridad jurídica y la prohibición de retroactividad de las normas sancionadoras desfavorables. Si el Tribunal Constitucional dictamina que el artículo 2 es inconstitucional, podría anularse su aplicación o interpretarse de manera diferente, afectando a los derechos de estos trabajadores.

La decisión sobre la entrada en vigor de cualquier cambio dependerá del fallo del Tribunal Constitucional. Por ahora, el proceso está en fase de admisión a trámite, lo que significa que se está revisando la cuestión planteada. La fecha de la providencia que admite la consulta es el 17 de diciembre de 2013, pero la resolución definitiva aún está pendiente.

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Impugnación de medidas urgentes para desempleados

Este texto informa sobre un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional. Se trata de una impugnación contra un Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno central. Este decreto ley contenía medidas para ayudar a las personas que se quedaban sin protección por desempleo, como la prórroga de programas de recualificación profesional y otras ayudas urgentes para el empleo y la protección social.

La impugnación la ha presentado el Gobierno Vasco. Lo que cambia es que ahora el Tribunal Constitucional revisará si las partes concretas de ese Real Decreto-ley que han sido recurridas son constitucionales o no. Esto significa que se pone en duda la legalidad de algunas de esas medidas de ayuda al desempleo.

La fecha de este anuncio es el 29 de noviembre de 2013, y el recurso se admitió a trámite el 19 de noviembre de 2013. La decisión final del Tribunal Constitucional sobre si las medidas son válidas o no aún está pendiente.

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Créditos Extraordinarios para Proyectos Clave

Este acuerdo del Congreso de los Diputados valida una medida importante que concede una gran cantidad de dinero, más de 17.400 millones de euros, a través de créditos extraordinarios. El objetivo principal es financiar diversas iniciativas de gran relevancia para el país y regiones específicas.

Concretamente, estos fondos se destinarán a un préstamo para el Fondo de Pago a Proveedores, asegurando así que las empresas que han trabajado para la administración reciban lo que se les debe. También se utilizarán para apoyar el empleo en Canarias a través de un plan específico y para financiar la participación de España en un fondo internacional de inmunización. Además, se destinarán a la cuarta edición del programa PIVE, que incentiva la compra de vehículos eficientes.

La convalidación de este Real Decreto-ley, que fue publicado originalmente el 26 de octubre de 2013, se hizo oficial el 28 de noviembre de 2013, permitiendo que estas importantes partidas económicas se pongan en marcha para cumplir sus objetivos.

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Correction de la résolution du 8 novembre 2013 sur les fêtes laborieuses 2014 Cette décision de la Direction générale de l'Emploi rectifie une erreur de citation dans la résolution qui publiait la liste officielle des jours fériés pour l'année 2014. Elle concerne l'ensemble des employeurs, salariés et administrations qui se réfèrent à ce texte pour planifier les congés et les obligations légales. Concrètement, le seul changement consiste à remplacer la référence « Real Decreto 777/2011 de 3 de juin » par la référence correcte « Real Decreto 343/2012 de 10 février ». Aucun autre élément du calendrier des fêtes n’est modifié. La rectification prend effet dès sa publication au BOE le 21 novembre 2013, et s’applique immédiatement aux dispositions déjà en vigueur pour 2014.

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Ayudas para trabajadores afectados por despidos masivos

Este Real Decreto establece normas especiales para conceder ayudas económicas extraordinarias a trabajadores que han perdido su empleo debido a reestructuraciones en sus empresas. El objetivo es ofrecer un apoyo financiero directo a quienes se encuentran en una situación de urgencia y necesidad socio-laboral por estos despidos.

Concretamente, este decreto regula cómo se solicitarán y concederán estas ayudas. Se trata de un procedimiento de concesión directa, lo que significa que se busca agilizar la entrega del dinero a los afectados, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la propia norma. La finalidad es mitigar el impacto económico y social de estas situaciones.

Este Real Decreto entró en vigor el 23 de noviembre de 2013, un día después de su aprobación por el Consejo de Ministros. Su aplicación se centra en los procesos de reestructuración empresarial que ocurrieron a partir de esa fecha, buscando dar una respuesta rápida a los trabajadores afectados.

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Ayuda económica para Canarias por menores migrantes

Este Real Decreto establece una ayuda económica directa del Gobierno central a la Comunidad Autónoma de Canarias. El objetivo es cubrir los gastos derivados del traslado y la atención de menores extranjeros que llegan a las islas sin acompañamiento de un adulto. Se busca garantizar la protección de estos menores, respetando sus derechos y buscando su reagrupación familiar o acogida en sus países de origen, o en su defecto, en España.

La medida concreta es una subvención directa, lo que significa que el dinero se otorga sin necesidad de un concurso público. Esto se justifica por la situación excepcional que se vive en Canarias, donde la llegada de estos menores puede superar los recursos disponibles. La ayuda servirá para financiar los servicios de protección y acogida que deben prestar las autoridades canarias.

Este Real Decreto entró en vigor el 23 de noviembre de 2013. Su aplicación responde a una necesidad surgida años antes, cuando la llegada de menores migrantes a Canarias fue muy elevada, y se mantiene para seguir atendiendo a los menores que aún están bajo protección, tanto en Canarias como en la península, como consecuencia de aquella colaboración.

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Se corrigen detalles en la duración de formación para certificados profesionales

Este real decreto se refiere a la corrección de un error en un decreto anterior que establecía y actualizaba certificados de profesionalidad. Estos certificados son títulos oficiales que acreditan que una persona tiene las competencias necesarias para desarrollar una actividad laboral específica. La corrección afecta a aquellos que buscan obtener o han obtenido certificados dentro de la familia profesional de Servicios socioculturales y a la comunidad.

Concretamente, se ha modificado la duración total de la formación asociada a uno de estos certificados. Donde antes se indicaba que la formación duraba 530 horas, ahora se especifica que la duración correcta es de 550 horas. Este ajuste asegura que la información oficial sobre la carga lectiva sea precisa.

Esta corrección entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Al ser una corrección de errores, su aplicación es inmediata para garantizar la exactitud de los datos relativos a la formación profesional.

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Calendario de Fiestas Laborales para 2014 Publicado

Esta resolución oficializa la lista de días festivos que no se trabajarán en toda España durante el año 2014. Estos días son de carácter obligatorio, es decir, no se trabaja y se cobra el salario correspondiente, y no se recuperan en otro momento. El objetivo es que todos los ciudadanos y empresas conozcan con antelación qué días serán festivos a nivel nacional y cuáles son propios de cada Comunidad Autónoma.

Lo que cambia concretamente es la confirmación de qué días específicos serán festivos en 2014. Las Comunidades Autónomas tienen cierta flexibilidad para elegir algunas de sus fiestas o para sustituir días festivos nacionales que caigan en domingo por otras fiestas tradicionales de su región. Sin embargo, hay fiestas nacionales que son de obligado cumplimiento y no se pueden cambiar.

Esta publicación se realiza para que la información sea pública y accesible para todos. La relación de fiestas laborales para el año 2014 entra en vigor una vez publicada oficialmente, permitiendo así la planificación de actividades y el conocimiento de los días de descanso obligatorio para trabajadores y empresas a nivel nacional.

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Nuevos plazos para pagar la Seguridad Social en la minería del carbón

Esta norma establece fechas específicas para que las empresas del sector de la minería del carbón puedan abonar las diferencias en las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes al año 2013. Se trata de ajustar lo que se pagó inicialmente con las nuevas bases de cotización fijadas para ese ejercicio.

Concretamente, las empresas tendrán hasta finales de marzo de 2014 para pagar las diferencias de enero a abril de 2013. Luego, hasta finales de mayo de 2014 para las de mayo a agosto, y finalmente, hasta finales de julio de 2014 para el resto de los meses de ese año.

Esta resolución entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, permitiendo a las empresas gestionar estos pagos de forma escalonada a lo largo de los primeros meses de 2014.

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Cierre de Cuentas de la Seguridad Social en 2013

Esta orden ministerial establece las reglas y los plazos concretos para finalizar la contabilidad de las entidades de la Seguridad Social al terminar el año 2013. Su objetivo es asegurar que todas las operaciones financieras y presupuestarias queden debidamente registradas y cerradas antes de que acabe el ejercicio.

Lo que cambia es que se fijan fechas límite muy específicas para presentar documentos y expedientes relacionados con gastos y compromisos de pago. Por ejemplo, hay plazos concretos para enviar expedientes de gasto a fiscalizar o para que los documentos contables lleguen a las oficinas correspondientes.

La orden entró en vigor el 5 de noviembre de 2013, pero las fechas límite para las operaciones de cierre se aplicaron a lo largo de noviembre y principios de diciembre de ese mismo año, marcando el final del ejercicio contable de 2013 para la Seguridad Social.

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Se aclara cómo funciona el tablón de anuncios de la Inspección de Trabajo

Esta orden corrige pequeños errores en una norma anterior que explicaba cómo se publican los avisos importantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El objetivo es que todos sepan dónde encontrar esta información oficial de manera clara.

Lo que cambia es que se añade una pequeña matización para que quede perfectamente claro que, aunque el tablón es único para toda España, hay una excepción muy específica recogida en una ley anterior. Esto asegura que no haya confusiones sobre dónde se publican ciertos avisos.

Esta corrección entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que es el periódico oficial donde se publican todas las leyes y normas en España. Por lo tanto, los cambios son efectivos desde el 6 de noviembre de 2013.

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Actualización de las bases de cotización para mineros del carbón en 2013

Esta orden ministerial establece las cantidades que los trabajadores del Régimen Especial de la Minería del Carbón deben cotizar a la Seguridad Social por contingencias comunes durante el año 2013. Se trata de una actualización necesaria para reflejar las bases de cotización correspondientes a este sector específico.

Concretamente, se fijan unas bases de cotización normalizadas, que son las cantidades sobre las que se calculan las aportaciones a la Seguridad Social. Estas bases se determinan teniendo en cuenta las cotizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del año anterior, 2012, y se aplican a las diferentes categorías y especialidades profesionales dentro de la minería del carbón.

La orden entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque sus efectos son retroactivos, es decir, se aplican desde el inicio del ejercicio 2013. Esto significa que se podrán generar diferencias en las cotizaciones ya realizadas durante ese año.

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El Tribunal Constitucional revisa una norma sobre el personal laboral público

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una consulta sobre la constitucionalidad de una parte del Real Decreto-ley 20/2012. Esta norma, aprobada en 2012, buscaba asegurar la estabilidad económica y mejorar la competitividad en España. La duda surge específicamente sobre cómo se aplicó a los trabajadores que son empleados públicos pero no funcionarios.

La cuestión se centra en si el artículo 2 de dicho Real Decreto-ley, al aplicarse a este colectivo de personal laboral, podría haber vulnerado el artículo 9.3 de la Constitución Española. Este artículo garantiza principios fundamentales como la seguridad jurídica y la irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables.

La decisión sobre si esta aplicación fue o no constitucional aún está pendiente. El Tribunal Constitucional estudiará el caso y emitirá una sentencia que determinará la validez de la medida en relación con los derechos de estos trabajadores. La fecha de entrada en vigor de la norma original fue el 13 de julio de 2012, pero su aplicación específica está siendo ahora cuestionada.

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Dinero extra para pagar deudas y ayudas

Este decreto-ley concede una gran cantidad de dinero, más de 17.000 millones de euros, para cubrir varios gastos importantes. Principalmente, se destina a pagar a los proveedores de las administraciones públicas, es decir, a las empresas y autónomos que han trabajado para el Estado y aún no han cobrado. También se usa para financiar planes de empleo en Canarias y para la participación de España en iniciativas internacionales de salud.

Lo que cambia es que se habilitan fondos extraordinarios para asegurar que se cumplan los pagos pendientes, especialmente a los proveedores de las Comunidades Autónomas y entidades locales. Esto busca aliviar la situación de quienes esperan cobrar y garantizar la continuidad de servicios y proyectos.

Este decreto-ley entró en vigor poco después de su publicación, el 26 de octubre de 2013, para poder movilizar los fondos de manera inmediata y hacer frente a las necesidades urgentes que motivaron su aprobación.

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España y Cabo Verde firman acuerdo de Seguridad Social

Este convenio busca facilitar la vida de los ciudadanos españoles que trabajan o han trabajado en Cabo Verde, y viceversa. Su objetivo principal es asegurar que las personas que han cotizado en uno de los dos países no pierdan sus derechos de seguridad social al trasladarse al otro. Esto incluye aspectos como pensiones y otras prestaciones.

Lo que cambia concretamente es que se establecen reglas claras para coordinar los sistemas de seguridad social de ambos países. Esto significa que los periodos de cotización en España contarán para acceder a prestaciones en Cabo Verde, y viceversa. Se definen términos clave como 'legislación', 'autoridad competente' e 'institución competente' para que ambos países apliquen el acuerdo de forma uniforme.

El convenio fue firmado el 23 de noviembre de 2012 y su aplicación se detalla en un acuerdo administrativo. La resolución que lo aprueba en España es de fecha 24 de octubre de 2013, lo que indica que entró en vigor poco después de esa fecha, aunque el texto no especifica el día exacto de su entrada en vigor.

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Notificaciones de Trabajo por Internet

Esta orden ministerial establece cómo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede usar internet para realizar notificaciones importantes a ciudadanos y empresas. Antes, muchas comunicaciones se hacían en papel o de forma presencial, lo que podía ser más lento y complicado.

Ahora, en lugar de enviar cartas o publicar avisos en tablones físicos, la Inspección de Trabajo puede usar su página web oficial (su sede electrónica) para informar sobre procedimientos, sanciones o cualquier otro asunto relevante. Esto significa que las notificaciones se harán de forma digital, más rápida y accesible para todos.

Esta medida entra en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 16 de octubre de 2013. El objetivo es modernizar la administración y facilitar el acceso a la información pública a través de medios electrónicos, tal como marca la ley.

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Un posible problema con la Seguridad Social

Se ha abierto un proceso judicial para revisar una parte de la Ley General de la Seguridad Social. Esto ocurre porque un tribunal de Canarias ha planteado dudas sobre si esa ley cumple con la Constitución Española. La duda principal es si se está tratando a todos por igual y si se respetan los derechos de las personas ante la justicia.

Lo que podría cambiar es cómo se aplican ciertas normas dentro de la Seguridad Social, especialmente aquellas que afectan a cómo se resuelven los conflictos. Si el Tribunal Constitucional considera que hay una vulneración, se podría modificar la ley para asegurar que se ajusta a los principios constitucionales de igualdad y derecho a la tutela judicial efectiva.

Este proceso se inició en 2013, cuando se admitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad. La resolución final dependerá de lo que decida el Tribunal Constitucional, lo cual puede llevar tiempo. Hasta que no haya una sentencia firme, la ley sigue aplicándose como hasta ahora.

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El Tribunal Constitucional revisa una ley sobre el personal público

Se trata de una revisión judicial que analiza si una ley aprobada en 2012, que afectaba a los trabajadores del sector público, cumple con la Constitución Española. Específicamente, se cuestiona si el artículo 2 de esa ley, que introducía medidas para la estabilidad presupuestaria y la competitividad, podría estar vulnerando derechos fundamentales garantizados por nuestra Carta Magna.

Lo que cambia concretamente es que el Tribunal Constitucional está estudiando si esa normativa, al aplicarse al personal laboral del sector público, respeta los principios constitucionales. Si el Tribunal dictamina que hay una inconstitucionalidad, esa parte de la ley podría ser anulada o modificada, afectando las condiciones laborales de los afectados.

La entrada en vigor de esta revisión no es inmediata. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión, lo que significa que se inicia un proceso de estudio y deliberación. Los afectados por el conflicto colectivo que dio lugar a esta revisión tienen un plazo para personarse ante el Tribunal. La decisión final del Tribunal determinará las consecuencias.

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Corrección en la regulación de certificados de profesionalidad

Este real decreto corrige un error en una normativa anterior que regula los certificados de profesionalidad. Estos certificados son títulos oficiales que acreditan que una persona tiene las competencias necesarias para desarrollar una actividad laboral específica. Están dirigidos a trabajadores y desempleados que buscan mejorar su cualificación o acceder a un empleo.

El cambio concreto consiste en modificar una referencia a un artículo dentro de la normativa. Anteriormente, se mencionaba incorrectamente el apartado 3 del artículo 12 al hablar de acciones formativas no financiadas con fondos públicos. Ahora, se corrige para referirse al apartado 2 del mismo artículo, asegurando que la referencia sea la correcta y que la normativa sea coherente.

Esta corrección entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 2 de octubre de 2013. Por lo tanto, el cambio es efectivo desde el 3 de octubre de 2013, garantizando la correcta aplicación de las normas sobre certificados de profesionalidad.

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Corrección en el embargo telemático de cuentas bancarias

Esta resolución aclara y corrige errores en un procedimiento anterior que regula cómo la Tesorería General de la Seguridad Social puede embargar dinero en cuentas bancarias de forma electrónica. El objetivo es asegurar que las notificaciones y órdenes de embargo se realicen de manera precisa y eficiente.

Lo que cambia es la forma en que se presentan los datos técnicos para las diferentes fases del proceso de embargo. Se actualizan las tablas que detallan la información que se intercambia entre la Tesorería y las entidades bancarias, incluyendo campos como el IBAN de las cuentas, para que todo funcione correctamente.

Esta corrección entra en vigor el 27 de septiembre de 2013. Su propósito es garantizar que el sistema de embargo telemático funcione sin fallos, facilitando la labor de la Seguridad Social y asegurando que los procedimientos se lleven a cabo según lo previsto por la ley.

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Simplificación para crear empresas y contratar personal

Esta orden modifica una normativa anterior que regulaba cómo las empresas debían informar a los Servicios Públicos de Empleo sobre los contratos de trabajo que firmaban, usando medios por internet. El objetivo era facilitar este trámite y hacerlo más ágil.

Lo que cambia es que ahora se permite que los Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT), que ayudan a los emprendedores a crear empresas rápidamente, puedan realizar también la comunicación de los contratos de trabajo a los Servicios Públicos de Empleo. Antes, solo podían asesorar y tramitar la constitución de la empresa, pero no la contratación.

La orden entró en vigor el 27 de septiembre de 2013, permitiendo que estas oficinas de apoyo a emprendedores puedan gestionar de forma telemática tanto la creación de nuevas empresas como la comunicación de sus primeros contratos laborales, agilizando así todo el proceso.

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Un posible trato desigual en la Seguridad Social llega al Tribunal Constitucional

Se trata de una duda sobre si una norma de la Seguridad Social, que fue modificada en 2007, trata a las personas de forma igualitaria, tal como exige la Constitución. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha enviado esta duda al Tribunal Constitucional para que decida si esa norma es justa para todos.

Lo que cambia es la posibilidad de que se declare inconstitucional (es decir, contraria a la Constitución) un artículo específico de la Ley General de la Seguridad Social. Si el Tribunal Constitucional falla en contra, esa parte de la ley podría dejar de tener efecto o ser modificada para asegurar la igualdad.

Esta cuestión ha sido admitida a trámite por el Tribunal Constitucional el 10 de septiembre de 2013. A partir de la publicación de este edicto, las partes afectadas en un caso concreto tienen un plazo para presentarse ante el Tribunal y exponer sus argumentos.

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