Resumen: Orden TES/293/2025 sobre deudas de desempleo

Establece cuántas deudas que las personas deben al sistema de desempleo son lo bastante grandes como para que la Administración inicie un proceso de cobro. No se persiguen deudas muy pequeñas porque el costo administrativo sería mayor que lo recaudado.

Afecta a cualquier persona que haya recibido prestación por desempleo y deba dinerales públicas: trabajadores autónomos que cobraron subsidios indebidamente, empleados con prestaciones fraudulentas, o ciudadanos que recibieron cantidades superiores a lo que les correspondía. También atañe a la Administración, que ahora tiene criterios claros para decidir a quién reclama.

Concreta la cantidad mínima que activa el procedimiento de recaudación (cobranza forzosa mediante embargo o descuentos de salarios). Deudas por debajo de ese importe se consideran de gestión antieconómica: seguirá existiendo la obligación de pagar, pero no se gastarán recursos públicos persiguiendo importes ridículos que se perderían en trámites.

Entra en vigor el 21 de marzo de 2025. Aplica tanto a deudas nuevas como a las pendientes de cobro que cumplen los requisitos de mínimo exigible.

**Impacto pr

Qué es El Tribunal Supremo ha anulado (o modificado parcialmente) el decreto del Gobierno que establecía cuántas plazas de funcionarios públicos se ofertaban en 2024. Una empresa o colectivo de aspirantes lo impugnó en los juzgados argumentando que el número de puestos o las condiciones eran ilegales, y el tribunal les ha dado la razón.

A quién afecta A personas que se presentaban o querían presentarse a oposiciones públicas en 2024, y a la Administración (ministerios, organismos públicos). Si eres funcionario o aspirante a serlo, esto puede afectar el número real de plazas disponibles o cómo se convocan.

Qué cambia La sentencia obliga a rehacer esa oferta de empleo público —el documento oficial donde el Gobierno dice "convocamos X plazas de policías, enfermeros, administrativos, etc."—. Probablemente se tendrán que recalcular plazas, actualizar requisitos o reorganizar los procesos de selección que ya estaban en marcha basados en el decreto anterior.

Cuándo La sentencia es de marzo de 2025. Sus efectos (devoluciones, nuevas convocatorias, retrasos en procesos selectivos) comenzarán a aplicarse según los tiempos que fije la Administración para cumpl

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 21 de febrero de 2025, de la Dirección General de Transporte por C ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 21 de febrero de 2025 modifica la Resolución de 18 de marzo de 2022, incorporando nuevas infracciones previstas en la Directiva Delegada (UE) 2024/846, en el ámbito de los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conductores en el transporte por carretera.

2. CONTEXTO La presente resolución se dicta con el objetivo de adaptar el marco normativo español a la Directiva Delegada (UE) 2024/846, que modifica la Directiva 2006/22/CE. Esta última introduce nuevas infracciones relacionadas con el riesgo de lesiones graves, muerte o falseamiento de la competencia en el transporte por carretera. La Resolución de 2022 establecía ya controles mínimos sobre las jornadas de trabajo, pero requiere actualización tras las modificaciones introducidas por la Directiva Delegada.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 21 de febrero de 2025 modifica el anexo III de la Resolución de 18 de marzo de 2022, que establecía los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conductores en el transporte por carretera. Esta modificación se realiza con el fin de incorporar las nuevas infracciones previstas en la Directiva Delegada (UE) 2024/846, que modifica la Directiva 2006/22/CE. La Directiva Delegada introduce nuevas infracciones relacionadas con el riesgo de lesiones graves, muerte o falseamiento de la competencia en el mercado del transporte por carretera.

El anexo III de la Resolución de 2022 se sustituye por un nuevo texto que incluye una lista de infracciones, clasificadas según su gravedad. Las infracciones se dividen en categorías: infracción muy grave (ILMG), infracción muy grave (IMG), infracción grave (IG) e infracción leve (IL). Entre las nuevas infracciones incluidas se encuentran: la imposibilidad de presentar la tarjeta de conductor, el funcionamiento incorrecto del tacógrafo, y la falta de consignación de información necesaria en caso de avería o funcionamiento defectuoso del tacógrafo.

Estas infracciones se regulan en el Reglamento (UE) n.º 165/2014, que deroga el Reglamento (CEE) n.º 3821/85 y modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006. En concreto, las infracciones mencionadas en el anexo III se regulan en el artículo 36, apartado 1, y en el artículo 37, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n.º 165/2014.

La modificación del anexo III implica una actualización de las categorías de infracciones y su clasificación, con el fin de reflejar las nuevas disposiciones introducidas por la Directiva Delegada. Esta actualización busca garantizar que los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conductores estén alineados con los estándares europeos y que se reflejen las nuevas amenazas a la seguridad y a la competencia en el mercado del transporte por carretera.

La Resolución establece que las infracciones se clasifican según su gravedad, lo que tiene implicaciones en la sanción y en la responsabilidad de los conductores y de las empresas que los emplean. Por ejemplo, las infracciones muy graves pueden dar lugar a la pérdida del requisito de honorabilidad directa, mientras que las infracciones leves pueden implicar multas o medidas correctivas.

Esta modificación refleja la necesidad de adaptar el marco normativo nacional a los cambios en el derecho europeo, garantizando así la coherencia entre el ordenamiento jurídico español y el marco comunitario. Además, busca mejorar la seguridad en el transporte por carretera y prevenir prácticas que puedan afectar negativamente a la competencia en el mercado.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución de 2025 modifica los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conductores en el transporte por carretera, incorporando nuevas infracciones previstas en la Directiva Delegada (UE) 2024/846. Esta actualización busca alinear el marco normativo español con el derecho europeo y mejorar la seguridad en el transporte por carretera.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Modificación de infracciones: Se incorporan nuevas infracciones en el anexo III, como la imposibilidad de presentar la tarjeta de conductor y el funcionamiento incorrecto del tacógrafo. ⚠️ Clasificación por gravedad: Las infracciones se dividen en categorías (ILMG, IMG, IG, IL), lo que afecta las sanciones aplicables. 📋 Adaptación a normativa europea: La Resolución se ajusta a la Directiva Delegada (UE) 2024/846, que modifica la Directiva 2006/22/CE. ℹ️ Relevancia para la seguridad: La actualización busca mejorar la seguridad en el transporte por carretera y prevenir prácticas que afecten la competencia.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 100/2025, de 18 de febrero, por el que se desarrollan la regulación ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 100/2025 desarrolla la regulación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y establece los informes de evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, reemplazando normativas anteriores y adaptándose a nuevas medidas de sostenibilidad financiera.

2. CONTEXTO Este real decreto se enmarca en la reforma del sistema de la Seguridad Social, especialmente en la regulación del Fondo de Reserva y en la implementación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. La norma sustituye el Real Decreto 337/2004 y se ajusta a la Ley 21/2021 y a la Ley 31/2022, que modificaron aspectos clave del sistema de pensiones y de la financiación del sistema. El objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema y equilibrar las cargas entre generaciones.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 100/2025 tiene como objeto principal el desarrollo de la regulación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, contenida en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSocial), aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015. Este real decreto sustituye al Real Decreto 337/2004, que desarrollaba la Ley 28/2003, derogada por el mismo Real Decreto Legislativo 8/2015.

El real decreto introduce modificaciones en el régimen del Fondo de Reserva, incluyendo la incorporación de un nuevo mecanismo de financiación: el 80% del excedente derivado de la gestión de la protección respecto de las contingencias profesionales realizada por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se ingresará en el Fondo de Reserva. Este mecanismo se establece en el artículo 96.1.d) del TRLGSocial, modificado por la Ley 31/2022.

Además, el real decreto establece que, en caso de que no exista un proyecto de ley vigente que regule el Mecanismo de Equidad Intergeneracional el 1 de enero del año siguiente, se aplicará un incremento en la cotización de dicho mecanismo. Este incremento se calcula como dos décimas partes del exceso de gasto neto estimado en pensiones durante el primer año y dos décimas partes en cada año posterior hasta que se adopten nuevas medidas o se corrija el exceso de gasto.

El real decreto incluye una disposición derogatoria única que deroga el Real Decreto 337/2004 y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a su contenido. También establece una disposición final primera que fundamenta el dictado del real decreto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen económico de la Seguridad Social.

En cuanto a la habilitación normativa, el real decreto faculta a los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; de Economía, Comercio y Empresa y de Hacienda, para dictar disposiciones necesarias para su ejecución. Finalmente, establece que el real decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El real decreto se publicó en el BOE el 18 de febrero de 2025, y su entrada en vigor se produce al día siguiente. Su redacción refleja una adaptación al nuevo marco normativo de la Seguridad Social, con especial énfasis en la sostenibilidad financiera y la equidad intergeneracional.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 100/2025 desarrolla el régimen del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, sustituyendo normativas anteriores y adaptándose a nuevas medidas de sostenibilidad. Establece mecanismos de financiación y de equidad intergeneracional, y se publicó en el BOE el 18 de febrero de 2025.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Regulación del Fondo de Reserva: Se desarrolla el régimen del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, sustituyendo al Real Decreto 337/2004. ⚠️ Mecanismo de Equidad Intergeneracional: Se establece un incremento en la cotización si no hay proyecto de ley vigente, con compensación progresiva. 📋 Derogación normativa: Se derogó el Real Decreto 337/2004 y disposiciones contrarias. ℹ️ Entrada en vigor: El real decreto entró en vigor el 19 de febrero de 2025.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 12 de febrero de 2025, del Congreso de los Diputados, por la que s ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución del Congreso de los Diputados de 12 de febrero de 2025 ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2025, que aprueba medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.

2. CONTEXTO El Real Decreto-ley 1/2025 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 29 de enero de 2025. Este instrumento legislativo fue aprobado con el objetivo de implementar medidas urgentes en diversos ámbitos. El Congreso de los Diputados, en sesión del 12 de febrero de 2025, acordó convalidar dicho Real Decreto-ley, en cumplimiento de la Constitución.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución del Congreso de los Diputados de 12 de febrero de 2025 establece que el Congreso acordó convalidar el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. Esta convalidación se realiza en virtud del artículo 86.2 de la Constitución, que establece que el Congreso de los Diputados puede convalidar leyes que hayan sido aprobadas por el Rey en ejercicio de su potestad legislativa.

El Real Decreto-ley 1/2025 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 29 de enero de 2025, en el número 25. Este instrumento legislativo contiene medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. La convalidación por parte del Congreso de los Diputados implica que el Real Decreto-ley se considera legal y válido, y que sus disposiciones entran en vigor con la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La Resolución del Congreso de los Diputados no introduce nuevas normas, sino que simplemente ordena la publicación del Acuerdo de convalidación. Esto significa que el Real Decreto-ley 1/2025 queda legalmente vigente y puede ser aplicado por las autoridades competentes. La convalidación no implica modificaciones ni derogaciones de las disposiciones contenidas en el Real Decreto-ley, sino que confiere a este instrumento un carácter legal.

La convalidación del Real Decreto-ley 1/2025 se realiza en el marco de la legislación vigente, y se ajusta a los principios de legalidad y formalidad que rigen el sistema jurídico español. La publicación de la Resolución del Congreso de los Diputados garantiza la transparencia y el acceso a la normativa, permitiendo que los ciudadanos y las instituciones puedan conocer y aplicar las medidas aprobadas.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución del Congreso de los Diputados de 12 de febrero de 2025 ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2025. Este Real Decreto-ley contiene medidas urgentes en diversos ámbitos. La convalidación por el Congreso asegura su legalidad y vigencia.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Convalidación del Real Decreto-ley 1/2025: El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley publicado el 29 de enero de 2025. ⚠️ Medidas urgentes: El Real Decreto-ley aborda temas como economía, transporte, Seguridad Social y situaciones de vulnerabilidad. 📋 Publicación en el BOE: La convalidación se publica en el Boletín Oficial del Estado el 12 de febrero de 2025. ℹ️ Artículo 86.2 de la Constitución: La convalidación se realiza en cumplimiento de este precepto constitucional.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero, por el que se fija el salario mínimo int ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 87/2025 establece el salario mínimo interprofesional para 2025, fijando las cuantías que deberán aplicarse a partir del 1 de enero de 2025 para todos los trabajadores, incluyendo los eventuales y temporeros.

2. CONTEXTO El Real Decreto responde al mandato del artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga al Gobierno a fijar anualmente el salario mínimo interprofesional. Este incremento representa un 44,1% respecto al año anterior y se basa en el análisis de múltiples factores económicos y sociales. Además, se incorpora una disposición transitoria para evitar distorsiones económicas derivadas del incremento.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero de 2025, establece el salario mínimo interprofesional para el año 2025, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Este real decreto fija las cuantías que deberán regir a partir del 1 de enero de 2025, tanto para las personas trabajadoras fijas como eventuales o temporeras, así como para las empleadas y empleados de hogar. El incremento del salario mínimo interprofesional representa un 44,1% respecto a las cuantías establecidas en el Real Decreto 145/2024, de 6 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2024. Este aumento se basa en el análisis conjunto de todos los factores contemplados en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, incluyendo la evolución del nivel de vida, la inflación, la productividad y la situación del mercado laboral.

Además, el real decreto incorpora una disposición transitoria única, en aplicación del artículo 13 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Esta disposición tiene por objeto evitar que el incremento del salario mínimo interprofesional provoque distorsiones económicas o consecuencias no deseadas en los ámbitos no laborales que utilizan el salario mínimo interprofesional a sus propios efectos.

El real decreto también establece que, en los supuestos a que se refiere el apartado anterior, salvo disposición o acuerdo en contrario, la cuantía del salario mínimo interprofesional se entenderá referida, durante 2025, a la que estaba vigente a la entrada en vigor de este real decreto. Esto significa que, en caso de no haber acuerdos específicos, se aplicará la cuantía vigente al momento de la entrada en vigor del real decreto, es decir, la del año 2024.

Asimismo, el real decreto establece que los salarios establecidos en contratos o pactos de naturaleza privada inferiores en su conjunto y en cómputo anual a las cuantías del salario mínimo interprofesional que se establecen para 2025 deberán ser modificados en la cuantía necesaria para asegurar la percepción de dichas cuantías. Se aplicarán las reglas sobre compensación y absorción que se establecen en el artículo 3 del real decreto.

En cuanto a la competencia, el real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas. Además, se autoriza a la Ministra de Trabajo y Economía Social para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones de carácter general necesarias para el desarrollo y ejecución del real decreto.

Finalmente, el real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. El abono del salario mínimo fijado en este real decreto tendrá efectos desde el 1 de enero de 2025.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 87/2025 establece el salario mínimo interprofesional para 2025, con un incremento del 44,1% respecto al año anterior. Se incluye una disposición transitoria para evitar distorsiones económicas y se establecen reglas para la modificación de contratos privados. El real decreto entra en vigor el 1 de enero de 2025.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Aumento del salario mínimo interprofesional: Se establece un incremento del 44,1% respecto al año anterior. ⚠️ Reglas transitorias: Se incorpora una disposición transitoria para evitar distorsiones económicas. 📋 Aplicación a todos los trabajadores: El incremento afecta a trabajadores fijos, eventuales y temporeros. ℹ️ Competencia del Estado: El real decreto se dicta al amparo de la Constitución Española, en materia de legislación laboral.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Cuestión de inconstitucionalidad n.º 9801-2024, en relación con los apartados 1 ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, relacionada con la Ley Foral 16/2022, por posible vulneración de los artículos 23.2 y 14 de la Constitución Española.

2. CONTEXTO La cuestión de inconstitucionalidad n.º 9801-2024 se plantea en relación con la Ley Foral 16/2022, que busca reducir la temporalidad en puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación en Navarra. El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir la cuestión y reservar su conocimiento, según lo previsto en el artículo 10.1.c) del Reglamento Orgánico del Tribunal Constitucional (LOTC). Quienes participaron en el procedimiento ordinario 180-2023 podrán personarse en el Tribunal dentro de los quince días posteriores a la publicación del edicto.

3. CONTENIDO JURÍDICO La cuestión de inconstitucionalidad planteada se centra en los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022, que establecen medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación en la Comunidad Foral de Navarra. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra considera que dichas disposiciones podrían vulnerar los artículos 23.2 y 14 de la Constitución Española.

El artículo 23.2 de la Constitución garantiza el derecho a la libertad y seguridad, mientras que el artículo 14 asegura el derecho a la igualdad ante la ley. La cuestión plantea si la reducción de la temporalidad en dichos puestos de trabajo, mediante la Ley Foral 16/2022, podría afectar a los derechos de los funcionarios, especialmente en cuanto a su estabilidad laboral y garantía de condiciones dignas.

El Pleno del Tribunal Constitucional, al admitir a trámite la cuestión, ha seguido el procedimiento previsto en el artículo 37.2 del LOTC, que permite a quienes participaron en el procedimiento ordinario 180-2023 personarse en el Tribunal dentro de los quince días posteriores a la publicación del edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

De conformidad con el artículo 10.1.c) del LOTC, el Pleno ha reservado para sí el conocimiento de la cuestión, lo que implica que la Sala de lo Contencioso-administrativo no podrá resolverla directamente. Esta decisión refleja la necesidad de una interpretación uniforme y vinculante de la Constitución, especialmente en materia de derechos fundamentales.

La admisión de la cuestión de inconstitucionalidad no implica que el Tribunal Constitucional haya dictado una sentencia definitiva, sino que ha abierto un proceso para que se analice si la norma foral viola los principios constitucionales mencionados. Este proceso puede llevar a la anulación parcial o total de la norma, o a la interpretación de sus disposiciones para que se ajusten a la Constitución.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La cuestión se centra en la posible vulneración de los artículos 23.2 y 14 de la Constitución por la Ley Foral 16/2022. El Pleno ha reservado el conocimiento de la cuestión y ha permitido a las partes personarse en el Tribunal.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Admisión a trámite: El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada. ⚠️ Reserva del conocimiento: El Pleno ha reservado para sí el conocimiento de la cuestión, según el artículo 10.1.c) del LOTC. 📋 Procedimiento de personación: Quienes participaron en el procedimiento ordinario 180-2023 podrán personarse en el Tribunal dentro de los quince días posteriores a la publicación del edicto. ℹ️ Análisis constitucional: La cuestión se centra en la posible vulneración de los artículos 23.2 y 14 de la Constitución por la Ley Foral 16/2022.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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1. QUÉ RESUELVE La Orden ISM/87/2025 establece las bases de cotización para el año 2025 de las personas trabajadoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar incluidas en los grupos segundo y tercero, basándose en los valores medios de remuneración del año 2024.

2. CONTEXTO Esta norma se dicta en cumplimiento del artículo 122.ocho.2 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogada automáticamente por el artículo 134 de la Constitución Española. La orden se emite por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a propuesta del Instituto Social de la Marina, tras escuchar a las organizaciones representativas del sector marítimo-pesquero.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden ISM/87/2025, de 20 de enero de 2025, establece las bases de cotización para el año 2025 de las personas trabajadoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar que se encuentran en los grupos segundo y tercero de cotización. Esta norma se fundamenta en el artículo 122.ocho.2 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogada automáticamente por el artículo 134 de la Constitución Española. Dicho artículo establece que la cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar se efectuará sobre las remuneraciones que se determinen anualmente mediante orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a propuesta del Instituto Social de la Marina, oídas las organizaciones representativas del sector.

La orden responde a la necesidad de determinar las bases anuales de cotización de las personas trabajadoras del mar incluidas en los grupos segundo y tercero de cotización, en función de los valores medios de las remuneraciones percibidas en el año 2024. Estas bases se establecen por provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales, siguiendo el criterio de los valores medios de remuneración del año anterior.

La norma se adecua a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia regulados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Además, se considera coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, ya que se dicta para desarrollar las previsiones establecidas en el marco legal vigente.

En el anexo de la orden se detallan las bases de cotización para cada zona geográfica (Zona Norte, Zona Este y Zona Sur), indicando las categorías profesionales encuadradas en los grupos de cotización 3 y 4, así como las bases específicas para cada provincia y modalidad de pesca. Por ejemplo, en la Zona Norte, las bases de cotización para el grupo segundo oscilan entre 1.374,00 y 1.530,00 euros, mientras que en la Zona Este, las bases van desde 1.542,00 hasta 1.794,00 euros. En la Zona Sur, las bases oscilan entre 1.500,00 y 1.650,00 euros.

Esta norma establece una base única para la cotización por contingencias comunes y profesionales, lo que facilita la aplicación uniforme de las obligaciones de cotización en el sector marítimo-pesquero. La determinación de estas bases se realiza en función de los valores medios de remuneración del año anterior, lo que garantiza una adecuación a la realidad económica del sector y una mayor equidad en la aplicación de la cotización.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden ISM/87/2025 establece las bases de cotización para el año 2025 de las personas trabajadoras del mar en los grupos segundo y tercero, basándose en los valores medios de remuneración del año 2024. La norma se fundamenta en la Ley de Presupuestos y se adecua a los principios de transparencia y eficacia. La aplicación de estas bases garantiza una cotización equitativa y coherente con el marco legal vigente.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Establecimiento de bases de cotización: La orden fija las bases de cotización para el año 2025 de las personas trabajadoras del mar en los grupos segundo y tercero. ⚠️ Basado en remuneraciones del año anterior: Las bases se determinan en función de los valores medios de remuneración percibidos en el año 2024. 📋 Aplicación por provincias y categorías: Las bases se establecen por provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales. ℹ️ Coherencia con el marco legal: La norma se adecua a los principios de transparencia, eficacia y seguridad jurídica.

6. FICHA

Palabras totales: 698

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 22 de enero de 2025, del Congreso de los Diputados, por la que se ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Congreso de los Diputados resuelve publicar el Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2024, que mejora la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo.

2. CONTEXTO El Real Decreto-ley 11/2024 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 24 de diciembre de 2024. Este texto establece medidas para mejorar la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo. El Congreso de los Diputados, mediante la Resolución de 22 de enero de 2025, ordena su publicación como acuerdo de convalidación.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución del Congreso de los Diputados de 22 de enero de 2025, publicada en el Boletín Oficial del Estado, tiene por objeto ordenar la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, que introduce modificaciones para mejorar la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. Este acuerdo se fundamenta en el artículo 86.2 de la Constitución, que otorga al Congreso de los Diputados la competencia para convalidar normas decretadas en estado de urgencia.

El Real Decreto-ley 11/2024, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 309 del 24 de diciembre de 2024, establece medidas que permiten a los jubilados compatibilizar su pensión con el trabajo, con el objetivo de fomentar la participación laboral de las personas mayores. Entre las medidas destacan la flexibilización de la edad de jubilación, la posibilidad de trabajar sin perder derechos de la pensión, y la adaptación de las cotizaciones a la actividad laboral posterior a la jubilación.

El Congreso de los Diputados, en su sesión del 22 de enero de 2025, acordó convalidar este Real Decreto-ley, lo que significa que se considera compatible con el ordenamiento jurídico nacional y no requiere reforma constitucional. La convalidación se realiza en virtud de la competencia que le otorga el artículo 86.2 de la Constitución, que establece que el Congreso de los Diputados puede convalidar normas decretadas en estado de urgencia, siempre que no afecten a la estructura del Estado ni a los derechos fundamentales.

La Resolución del Congreso de los Diputados establece que el Acuerdo de convalidación se publicará en el Boletín Oficial del Estado, lo que garantiza su entrada en vigor y su acceso a todos los ciudadanos. Además, se indica que la convalidación se realiza en el marco de la legislación vigente, sin alterar el marco constitucional ni las normas básicas del sistema jurídico español.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución del Congreso de los Diputados publica el Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2024, que mejora la compatibilidad de la pensión con el trabajo. Este acuerdo se fundamenta en la Constitución y se publica en el Boletín Oficial del Estado. La convalidación garantiza su vigencia legal y su aplicación efectiva.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Convalidación del Real Decreto-ley 11/2024: El Congreso de los Diputados convalida el texto que mejora la compatibilidad de la pensión con el trabajo. ⚠️ Fundamento constitucional: La convalidación se realiza en virtud del artículo 86.2 de la Constitución. 📋 Publicación en el Boletín Oficial del Estado: El acuerdo se publica para garantizar su entrada en vigor. ℹ️ Objetivo de la norma: Fomentar la participación laboral de las personas mayores mediante medidas flexibles.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Cuestión de inconstitucionalidad n.º 9849-2024, en relación con el artículo 3 de ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada contra el artículo 3 del Decreto-ley 2/2018, por posible vulneración del artículo 14 CE, y reservado para sí su conocimiento.

2. CONTEXTO La cuestión fue planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida en el procedimiento abreviado núm. 1741-2021. Se refiere a la aplicación de un texto legal que establece medidas para el restablecimiento de derechos laborales en situaciones de incapacidad temporal y mejoras en derechos de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia. El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir la cuestión y reservar su conocimiento.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Pleno del Tribunal Constitucional, en su providencia de 14 de enero de 2025, ha acordado admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número 9849-2024, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida en el procedimiento abreviado núm. 1741-2021, en relación con el inciso final «en las mismas condiciones a las establecidas en el artículo 1» del párrafo primero del artículo 3 del Decreto-ley 2/2018, de 11 de diciembre, de medidas urgentes para el restablecimiento de los derechos del personal al servicio de la Administración de la Junta de Extremadura en las situaciones de incapacidad temporal, y por el que se extienden las mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social a las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia. La cuestión se plantea por posible vulneración del artículo 14 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a la igualdad. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) del Reglamento Orgánico del Tribunal Constitucional (LOTC), el Pleno ha reservado para sí el conocimiento de la presente cuestión.

Asimismo, se ha establecido que quienes sean parte en el procedimiento abreviado 1741-2021 podrán personarse ante el Tribunal dentro de los quince días siguientes a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado». Esta medida permite que las partes interesadas puedan presentar sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional, garantizando el derecho a la defensa y la participación en el proceso.

La cuestión de inconstitucionalidad se centra en la interpretación del inciso final del artículo 3 del Decreto-ley 2/2018, que establece que las mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social se aplicarán «en las mismas condiciones a las establecidas en el artículo 1». Esta redacción ha sido cuestionada por su posible limitación de la igualdad entre hombres y mujeres, al no garantizar un trato igualitario en la aplicación de las mejoras en situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia.

El Tribunal Constitucional, al admitir la cuestión, ha abierto el camino para que se analice si dicha redacción viola el principio de igualdad de género, consagrado en el artículo 14 CE. Este principio exige que las leyes no discriminen entre personas en igual situación, y que se respete el derecho a la igualdad de trato y oportunidades. La cuestión plantea si el Decreto-ley 2/2018, al aplicar las mejoras voluntarias en condiciones similares a las del artículo 1, no genera una discriminación indirecta o directa contra ciertos grupos, especialmente las mujeres.

La admisión de la cuestión de inconstitucionalidad no implica que el Tribunal Constitucional haya concluido que el texto es inconstitucional, sino que ha decidido analizar su compatibilidad con la Constitución Española. Este proceso es fundamental para garantizar el cumplimiento del derecho fundamental a la igualdad y para asegurar que las normas vigentes no violen los principios constitucionales.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada contra el Decreto-ley 2/2018, por posible vulneración del derecho a la igualdad. Las partes interesadas podrán personarse en el proceso dentro de quince días. La cuestión se centra en la aplicación de las mejoras en situaciones de maternidad y lactancia.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Admisión de cuestión de inconstitucionalidad: El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión planteada contra el Decreto-ley 2/2018. ⚠️ Posible vulneración del derecho a la igualdad: Se cuestiona si el texto legal limita la igualdad entre hombres y mujeres en situaciones de maternidad y lactancia. 📋 Reserva del conocimiento: El Pleno ha reservado para sí el análisis de la cuestión, lo que implica que no se resolverá en el procedimiento abreviado. ℹ️ Participación de las partes: Las partes interesadas podrán personarse ante el Tribunal dentro de quince días posteriores a la publicación del edicto.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3364-2024, en relación con el artículo 3 de ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad n.º 3364-2024, planteada por un juzgado de lo contencioso-administrativo, en relación con el artículo 3 del Decreto-ley 2/2018, por posible vulneración de los artículos 14 y 39.1 de la Constitución Española.

2. CONTEXTO La cuestión de inconstitucionalidad se plantea en el marco de un procedimiento de derechos fundamentales, concretamente el 85-2023, iniciado por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 2 de Cáceres. El Decreto-ley 2/2018 establece medidas urgentes para restablecer derechos del personal de la Junta de Extremadura en situaciones de incapacidad temporal, y extiende mejoras voluntarias de la Seguridad Social a situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia. La cuestión se centra en el inciso final del artículo 3 del mencionado Decreto-ley.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Tribunal Constitucional, mediante la providencia de 14 de enero de 2025, ha decidido admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad n.º 3364-2024. Esta cuestión fue planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 2 de Cáceres en el procedimiento de derechos fundamentales 85-2023, en relación con el inciso final del párrafo primero del artículo 3 del Decreto-ley 2/2018, de 11 de diciembre, de medidas urgentes para el restablecimiento de los derechos del personal al servicio de la Administración de la Junta de Extremadura en las situaciones de incapacidad temporal, y por el que se extienden las mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social a las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia. La cuestión se plantea por posible vulneración de los artículos 14 y 39.1 de la Constitución Española.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), el Tribunal ha reservado para sí el conocimiento de la presente cuestión. Asimismo, se establece que quienes sean parte en el procedimiento 85-2023 podrán personarse ante el Tribunal dentro de los quince días siguientes a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

La cuestión de inconstitucionalidad se basa en la interpretación del inciso final del artículo 3 del Decreto-ley 2/2018, que establece que las mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social se aplicarán «en las mismas condiciones a las establecidas en el artículo 1». Esta redacción ha sido cuestionada por su posible limitación de los derechos de igualdad y no discriminación, garantizados en los artículos 14 y 39.1 de la Constitución.

El artículo 14 de la Constitución establece que todos los españoles son iguales, sin distinción de origen, raza, sexo, religión, opinión o condición social. El artículo 39.1, en cambio, reconoce el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, garantizando el acceso a la educación, la formación, el empleo, la participación política y la protección social. La cuestión plantea que la redacción del inciso final del artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 podría interpretarse como una limitación indirecta a estos derechos, al no establecer condiciones claras y universales para el acceso a las mejoras voluntarias, lo que podría generar discriminación en la aplicación de dichas medidas.

El Tribunal Constitucional, al admitir a trámite la cuestión, ha iniciado el proceso de análisis jurídico sobre la constitucionalidad del mencionado Decreto-ley, con el fin de determinar si su redacción viola los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución. Este proceso se desarrollará en el marco de la jurisprudencia constitucional vigente, que ha establecido criterios claros sobre la interpretación de los derechos fundamentales en materia de igualdad y protección social.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de lo contencioso-administrativo, en relación con el Decreto-ley 2/2018. La cuestión se centra en la posible vulneración de los derechos de igualdad y no discriminación. El Tribunal ha reservado para sí el conocimiento de la cuestión y ha establecido un plazo para que las partes se personen en el procedimiento.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Admisión a trámite: El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad n.º 3364-2024. ⚠️ Posible vulneración: Se plantea la posible violación de los artículos 14 y 39.1 de la Constitución. 📋 Procedimiento: Quienes sean parte en el procedimiento 85-2023 podrán personarse ante el Tribunal dentro de los quince días posteriores a la publicación. ℹ️ Redacción del Decreto-ley: El inciso final del artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 es el punto focal de la cuestión.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo sobre transporte internacional d ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución publica el texto enmendado de los Anejos A y B del ADR 2025, que entrará en vigor en España el 1 de enero de 2025, con una transición hasta el 30 de junio de 2025.

2. CONTEXTO El ADR es un acuerdo internacional sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera, vigente desde 1968. España se adhirió en 1972 y ha estado sujeto a modificaciones a través de protocolos de enmienda. El ADR 2025 incorpora las enmiendas aprobadas en las sesiones 111.ª a 115.ª del Grupo de trabajo de la CEPE. El texto se publica en el BOE el 26 de diciembre de 2024.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución publica el texto enmendado de los Anejos A y B del ADR 2025, que contiene las actualizaciones aprobadas por el Grupo de trabajo de transportes de mercancías peligrosas de la Comisión Económica para Europa (CEPE) en las sesiones 111.ª, 112.ª, 113.ª, 114.ª y 115.ª. Estos anejos son esenciales para el transporte seguro de mercancías peligrosas, estableciendo normas sobre clasificación, documentación, transporte, conducción, equipamiento, entre otros aspectos.

El ADR se compone de 17 artículos y dos anejos, A y B. El anejo A regula las acciones previas al transporte, como la clasificación de mercancías, la elección de recipientes, la generación de documentación precisa y los controles antes de la salida de la expedición (artículo 1.1.1.1 del ADR 2025). Por su parte, el anejo B establece los condicionantes durante el transporte, incluyendo circulación, elección del vehículo, conductor, equipamiento y otros requisitos técnicos (artículo 1.2.1.1 del ADR 2025).

El texto del ADR se actualiza cada dos años mediante enmiendas, y el ADR 2025 es la versión vigente desde el 1 de enero de 2023, publicada en el BOE número 65 del 17 de marzo de 2023, con corrección en el BOE número 137 del 9 de junio de 2023. El ADR 2025 incorpora las enmiendas aprobadas en las sesiones mencionadas, lo que implica cambios en normativas relacionadas con la seguridad, la documentación, el equipamiento de vehículos y la formación de conductores.

El texto enmendado del ADR 2025 entrará en vigor en España el 1 de enero de 2025, según lo establecido en el artículo 14.3 del ADR. Sin embargo, el párrafo 1.6.1.1 del capítulo 1.6 del ADR 2025 permite la transición hasta el 30 de junio de 2025, durante la cual las mercancías peligrosas pueden transportarse siguiendo las normas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta transición facilita la adaptación de los operadores al nuevo marco normativo sin interrupciones en el transporte.

La Resolución se publica en el BOE el 26 de diciembre de 2024, con la firma de la Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez, y se considera una norma de carácter reglamentario que modifica y actualiza las disposiciones del ADR vigentes.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución publica el ADR 2025, que entrará en vigor en España el 1 de enero de 2025. Incluye enmiendas aprobadas por la CEPE y permite una transición hasta el 30 de junio de 2025. Es una norma reglamentaria que actualiza las normas de transporte de mercancías peligrosas por carretera.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Vigencia del ADR 2025: Entrará en vigor en España el 1 de enero de 2025. ⚠️ Transición hasta el 30 de junio de 2025: Se permite el transporte bajo normas anteriores hasta el 31 de diciembre de 2024. 📋 Actualización de normas: Incluye enmiendas aprobadas en sesiones del Grupo de trabajo de la CEPE. ℹ️ Publicación en el BOE: Se publicó el 26 de diciembre de 2024.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden PJC/1472/2024, de 26 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Co ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Decreto del Consejo de Ministros activa el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo para el sector de la fabricación de vehículos de motor, según el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores.

2. CONTEXTO El Consejo de Ministros, en reunión del 23 de diciembre de 2024, adoptó un acuerdo propuesto por varias ministerios, incluyendo el de Trabajo y Economía Social, para activar el Mecanismo RED. La medida se publica mediante el Orden Ministerial PJC/1472/2024, de 26 de diciembre. El objetivo es permitir medidas de flexibilidad laboral en respuesta a situaciones excepcionales del sector automotriz.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Decreto del Consejo de Ministros, publicado en el Orden Ministerial PJC/1472/2024, activa el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo para el sector de la fabricación de vehículos de motor, conforme al artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Este mecanismo permite a las empresas adoptar medidas de flexibilidad interna, como la reducción de jornada o la suspensión de contratos, en respuesta a circunstancias excepcionales de naturaleza macroeconómica o sectorial. La activación del Mecanismo RED requiere la declaración del Consejo de Ministros, informando previamente a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal, sin perjuicio de las funciones de la Comisión tripartita del Mecanismo RED cuando sea sectorial.

El acuerdo establece que las empresas integrantes de la cadena de valor del sector automotriz deben cumplir con dos criterios: primero, su actividad económica debe estar clasificada en alguno de los códigos CNAE-09 detallados en el Anexo II, y segundo, su facturación durante el año 2023 debe haberse generado al menos en un 40% en operaciones directas con empresas incluidas en el código CNAE-09 del Anexo I. Además, estas empresas deben tener centros de trabajo ubicados en España.

El artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores establece que el Mecanismo RED permite a las empresas adoptar medidas de flexibilidad laboral, como la reducción de jornada o la suspensión de contratos, siempre que estas medidas estén justificadas por circunstancias excepcionales de naturaleza macroeconómica o sectorial. La medida debe ser aprobada por el Consejo de Ministros y debe haber sido informada previamente a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. La Comisión tripartita del Mecanismo RED, cuando sea sectorial, ejerce funciones complementarias en la gestión de estas medidas.

El acuerdo también incluye un Anexo II que detalla los códigos CNAE-09 de las actividades consideradas dentro de la cadena de valor del sector automotriz. Estos códigos incluyen la fabricación de vehículos de motor, carrocerías, componentes eléctricos y electrónicos, productos de plástico, comercio de repuestos, almacenamiento, actividades anexas al transporte, limpieza de edificios y envasado. Para ser considerada empresa integrante de la cadena de valor, la empresa debe tener al menos un 40% de su facturación en operaciones directas con empresas del código CNAE-09 del Anexo I, y contar con centros de trabajo en España.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El acuerdo activa el Mecanismo RED para el sector automotriz, permitiendo medidas de flexibilidad laboral. Las empresas deben cumplir con criterios específicos de actividad y ubicación. La medida se basa en el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Activación del Mecanismo RED: Para el sector de fabricación de vehículos de motor, según el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores. ⚠️ Criterios de inclusión: Empresas deben tener al menos un 40% de su facturación en operaciones directas con empresas del sector y centros de trabajo en España. 📋 Códigos CNAE-09: Se detallan actividades consideradas dentro de la cadena de valor del sector automotriz. ℹ️ Procedimiento: Requiere declaración del Consejo de Ministros y previa información a sindicatos y empresarios.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden PJC/1473/2024, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Orden PJC/51/ ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden PJC/1473/2024 modifica la Orden PJC/51/2024 para extender durante el año 2024 las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, establecidas para el año 2023.

2. CONTEXTO La prórroga presupuestaria automática desde el 1 de enero de 2024 se deriva de la Constitución Española y la Ley General Presupuestaria. Esto permite aplicar las normas de cotización del año 2023 durante el año 2024. La Orden PJC/51/2024 fue modificada para adaptarse a esta situación y garantizar la continuidad de las obligaciones de cotización.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden PJC/1473/2024, de 26 de diciembre de 2024, modifica la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero de 2024, con el objetivo de extender durante el año 2024 las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional establecidas para el ejercicio 2023. Esta extensión se justifica por la situación de prórroga presupuestaria automática, derivada del artículo 134.4 de la Constitución Española y del artículo 38 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

De acuerdo con el artículo 19.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se aplica el artículo 122 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, que establece las bases y tipos de cotización para el ejercicio 2023. Dicha norma se prorroga durante el año 2024.

En este contexto, se extiende durante el año 2024 la facultad conjunta que se recogía en el apartado diecisiete del artículo 122, a las personas titulares del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio de Trabajo y Economía Social, para dictar las normas necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en el citado artículo.

La financiación de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes que deban abonar las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se efectuará mediante la entrega a estas, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, de la fracción de cuota que determine el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Dicha fracción de cuota se calcula conforme a la estimación de gasto en prestaciones de incapacidad temporal derivada de contingencia, aplicando un coeficiente del 0,06 sobre la cuota íntegra correspondiente a los trabajadores autónomos por contingencias comunes. Para aquellas mutuas que demuestren una insuficiencia financiera del coeficiente general debido a circunstancias estructurales, se aplicará un coeficiente del 0,07.

Asimismo, en aquellos supuestos en los que la suma de los resultados a distribuir para la aplicación o dotación de reservas de contingencias comunes y profesionales resulte negativa tras el reconocimiento del coeficiente que corresponda, fijado en el párrafo anterior, la fracción de cuota se aumentará en tanto que la citada suma de resultados sea negativa, con el tope máximo que corresponda al coeficiente del 0,081.

En cuanto a la fracción de cuota prevista en el artículo 76.2 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, se fija, desde el 1 de enero de 2024, en el resultado de aplicar el tipo del 2,70 o del 3,20 por ciento a la correspondiente base de cotización, según se disponga o no de protección por contingencias profesionales o por cese de actividad.

Finalmente, la Orden establece que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social resolverá cuantas cuestiones de índole general puedan plantearse en la aplicación de esta orden, y que la presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con efectos desde el día 1 de enero de 2024.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden PJC/1473/2024 extiende las normas de cotización del año 2023 durante el año 2024, garantizando la continuidad de la financiación de prestaciones por incapacidad temporal. Se establecen coeficientes específicos para mutuas colaboradoras y se fija un tipo de cotización para trabajadores autónomos. La norma entra en vigor el 1 de enero de 2024.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Extensión de normas de cotización: Se prorrogan las normas de cotización del año 2023 durante el año 2024. ⚠️ Coeficientes de financiación: Se establecen coeficientes del 0,06, 0,07 y 0,081 para la financiación de prestaciones por incapacidad temporal. 📋 Aplicación de tipos de cotización: Se fija un tipo del 2,70% o 3,20% para trabajadores autónomos, según protección por contingencias. ℹ️ Entrada en vigor: La norma entra en vigor el 1 de enero de 2024.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Enmiendas de 2022 al Código del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE Las Enmiendas de 2022 al Código del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, establecen nuevas normas sobre contratación, repatriación, alojamiento y derechos de la gente de mar.

2. CONTEXTO Estas enmiendas fueron adoptadas en Ginebra el 6 de junio de 2022 y entraron en vigor en España el 23 de diciembre de 2024. Se aplican a los Estados Parte del Convenio, incluyendo a España, y buscan mejorar las condiciones laborales y los derechos de los marineros en el ámbito marítimo internacional.

3. CONTENIDO JURÍDICO Las Enmiendas de 2022 al Código del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, introducen cambios significativos en varias normas del Convenio, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de la gente de mar. La primera enmienda afecta a la Regla 1.4 - Contratación y colocación, modificando el inciso vi) del apartado c) del párrafo 5. Se establece que los servicios de contratación o colocación, así como los armadores, deben establecer un sistema de protección mediante seguro o medida equivalente, para indemnizar a la gente de mar en caso de incumplimiento de obligaciones derivadas del acuerdo de empleo. Además, se debe informar a los marineros sobre sus derechos en virtud de este sistema antes o durante el proceso de contratación.

La segunda enmienda se refiere a la Regla 2.5 - Repatriación, específicamente a la Norma A2.5.1. Se inserta un nuevo párrafo 9, que establece que los Estados Parte deberán facilitar la pronta repatriación de un marino, incluso si se considera que está abandonado. Los Estados del puerto, del pabellón y los que suministran mano de obra deben cooperar para garantizar que los marineros contratados para reemplazar a los abandonados tengan reconocidos sus derechos y prestaciones según el Convenio.

Las enmiendas también afectan a las Reglas 3.1 y 4.4, relacionadas con el alojamiento y los servicios de esparcimiento, así como el acceso a instalaciones de bienestar en tierra. En la Norma A3.1, se modifica el párrafo 17, estableciendo que a bordo de los buques se deberán facilitar a toda la gente de mar condiciones adecuadas de alojamiento y servicios de esparcimiento, garantizando su bienestar y calidad de vida. Además, se menciona la obligación del armador de proporcionar estos servicios, lo que refuerza la responsabilidad del armador en la protección de los derechos de los marineros.

Estas enmiendas son aplicables a los Estados Parte del Convenio, incluyendo a España, y entrarán en vigor el 23 de diciembre de 2024, según lo establecido en el párrafo 8 del artículo XV del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006. La Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez, firmó la resolución en Madrid el 16 de diciembre de 2024, dando cumplimiento a las disposiciones vigentes.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE Las enmiendas de 2022 al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, refuerzan la protección de los derechos de la gente de mar en aspectos clave como contratación, repatriación y condiciones de vida. Estas modificaciones entran en vigor en España el 23 de diciembre de 2024 y son aplicables a todos los Estados Parte.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Nuevas obligaciones de protección: Se establece un sistema de seguro o medida equivalente para indemnizar a la gente de mar en caso de incumplimiento de obligaciones. ⚠️ Repatriación obligatoria: Los Estados Parte deben facilitar la repatriación de marineros, incluso si se considera que están abandonados. 📋 Mejora de condiciones de vida: Se exige el alojamiento adecuado y servicios de esparcimiento a bordo. ℹ️ Entrada en vigor en España: El 23 de diciembre de 2024, según el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 1282/2024, de 17 de diciembre, por el que se regula la concesión di ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 1282/2024 establece el régimen de concesión directa por el Servicio Público de Empleo Estatal de subvenciones para la contratación de personas desempleadas en municipios afectados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

2. CONTEXTO El Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, establece medidas urgentes para la respuesta a los daños causados por la DANA. El Real Decreto 1282/2024 se deriva de dicha norma y regula el mecanismo de subvenciones para apoyar la contratación de personas desempleadas en municipios afectados. La DANA causó daños materiales y humanos significativos, lo que justifica la urgencia de la medida.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 1282/2024, de 17 de diciembre, regula la concesión directa por el Servicio Público de Empleo Estatal de subvenciones destinadas a la contratación de personas desempleadas para la ejecución de obras y servicios en municipios afectados por la DANA. El objetivo principal es apoyar la recuperación, rehabilitación y reconstrucción de los espacios y patrimonio público dañados, así como promover la contratación de personas desempleadas en esas zonas.

El Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, establece en su artículo 49 la puesta en marcha de un plan de empleo con una inversión de 50 millones de euros. Este plan se fundamenta en la necesidad de actuar de forma inmediata para mitigar los efectos de la DANA, que ha causado daños materiales y humanos graves. El Real Decreto 1282/2024 se deriva de este marco normativo y permite al Gobierno aprobar un régimen de subvenciones para financiar los contratos laborales suscritos por las corporaciones locales con personas desempleadas.

El Real Decreto 1282/2024 establece que las subvenciones se concederán directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal, sin necesidad de intermediarios. Esto permite una mayor agilidad en la puesta en marcha del plan. El régimen de concesión se regula en el artículo 1 del Real Decreto, que establece que las subvenciones se destinan a financiar los conceptos salariales derivados de los contratos suscritos por las corporaciones locales con personas desempleadas.

En el artículo 2, se detalla el procedimiento de concesión, que incluye la presentación de solicitudes por parte de las corporaciones locales, la evaluación por parte del Servicio Público de Empleo Estatal y la aprobación de las subvenciones. El artículo 3 establece los requisitos para la concesión, entre ellos que las personas contratadas deben estar en situación de desempleo y que los contratos deben estar vinculados a la ejecución de obras y servicios para la recuperación, rehabilitación y reconstrucción de los municipios afectados.

El Real Decreto también establece en su artículo 4 que las subvenciones se concederán en base a criterios de eficacia, eficiencia y equidad, con el objetivo de garantizar que los recursos se utilicen de forma óptima. Además, se establece un plazo máximo de 12 meses para la ejecución de los contratos, lo que permite una rápida puesta en marcha del plan.

El artículo 5 establece que las subvenciones se financiarán con cargo al presupuesto general del Estado, y que su concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva, salvo en los casos en que se considere necesario un régimen de concesión directa.

El Real Decreto 1282/2024 también incluye un anexo con la solicitud de subvención, que debe presentarse por parte de las corporaciones locales. Este anexo incluye información sobre el municipio afectado, el tipo de obra o servicio a ejecutar, el número de personas a contratar, el importe de la subvención solicitada y otros datos relevantes.

En resumen, el Real Decreto 1282/2024 establece un régimen de concesión directa de subvenciones para la contratación de personas desempleadas en municipios afectados por la DANA, con el objetivo de apoyar la recuperación, rehabilitación y reconstrucción de los espacios y patrimonio público dañados. La norma se deriva del Real Decreto-ley 7/2024 y se fundamenta en la necesidad de actuar de forma inmediata para mitigar los efectos de la DANA, que ha causado daños materiales y humanos significativos.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 1282/2024 regula la concesión directa de subvenciones para la contratación de personas desempleadas en municipios afectados por la DANA. La norma se deriva del Real Decreto-ley 7/2024 y busca apoyar la recuperación, rehabilitación y reconstrucción de los espacios y patrimonio público dañados.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Concesión directa de subvenciones: El Real Decreto permite la concesión directa de subvenciones por parte del Servicio Público de Empleo Estatal. ⚠️ Urgencia y excepcionalidad: La medida se justifica como una herramienta extraordinaria y urgente para mitigar los efectos de la DANA. 📋 Procedimiento de concesión: Se establece un procedimiento de concesión directa, sin necesidad de intermediarios. ℹ️ Requisitos de contratación: Las personas contratadas deben estar en situación de desempleo y los contratos deben estar vinculados a la ejecución de obras y servicios para la recuperación de los municipios afectados.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 26 de noviembre de 2024, de la Secretaría General del Consejo Econ ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 26 de noviembre de 2024 modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Consejo Económico y Social, incorporando una nueva redacción al artículo 4.3 que regula la composición del Grupo Segundo.

2. CONTEXTO La modificación surge de la aplicación de la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 2/2024, que exige la adaptación del Reglamento del Consejo Económico y Social. Esta norma fue aprobada con el objetivo de simplificar la protección por desempleo y mejorar la conciliación laboral y familiar. El Pleno del Consejo Económico y Social aprobó la modificación en sesión del 30 de octubre de 2024.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 26 de noviembre de 2024 modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Consejo Económico y Social, incorporando una nueva redacción al artículo 4.3. Este artículo regula la composición del Grupo Segundo del Consejo, que está compuesto por veinte Consejeros designados por las organizaciones empresariales más representativas. La nueva redacción establece que se consideran organizaciones empresariales más representativas aquellas que, en el ámbito estatal, cuenten con el diez por ciento o más de las empresas y trabajadores. Además, se menciona que estarán representadas las organizaciones empresariales que gocen de la condición de más representativas en el ámbito autonómico, quedando excluidas aquéllas que estén integradas en federaciones o confederaciones de ámbito estatal. Esta redacción se realiza con arreglo a la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

La modificación se produce en cumplimiento de la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 2/2024, que exige la adaptación del Reglamento del Consejo Económico y Social. Esta norma fue aprobada con el objetivo de simplificar la protección por desempleo y mejorar la conciliación laboral y familiar. La nueva redacción del artículo 4.3 busca garantizar que las organizaciones empresariales más representativas, tanto a nivel estatal como autonómico, tengan representación en el Grupo Segundo, mientras se excluyen aquellas que estén integradas en federaciones o confederaciones de ámbito estatal. Esta redacción se basa en la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que establece criterios para la determinación de la representatividad de las organizaciones empresariales.

La modificación del Reglamento se realiza mediante el acuerdo del Pleno del Consejo Económico y Social, celebrado el 30 de octubre de 2024. La nueva redacción del artículo 4.3 se incorpora al Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Consejo, con el fin de adaptar su estructura y funcionamiento a las nuevas normativas vigentes. Esta modificación refleja la necesidad de ajustar el marco institucional del Consejo Económico y Social para garantizar su representatividad y funcionalidad en el contexto actual.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución modifica el Reglamento del Consejo Económico y Social para adaptar la composición del Grupo Segundo. La nueva redacción establece criterios de representatividad para las organizaciones empresariales. Esta modificación se realiza en cumplimiento de una disposición transitoria del Real Decreto-ley 2/2024.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Modificación del Reglamento: Se actualiza el artículo 4.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Consejo Económico y Social. ⚠️ Criterios de representatividad: Se establecen nuevos criterios para la designación de Consejeros en el Grupo Segundo. 📋 Adaptación normativa: La modificación se realiza en cumplimiento de una disposición transitoria del Real Decreto-ley 2/2024. ℹ️ Referencia legal: La redacción se basa en la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Cuestión de inconstitucionalidad n.º 8614-2024, en relación con los apartados 1 ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada contra el artículo 6 de la Ley Foral 16/2022, en relación con la reducción de la temporalidad en puestos de trabajo reservados a funcionarios en Navarra.

2. CONTEXTO La cuestión fue planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el procedimiento ordinario núm. 461-2023. Se centra en la Ley Foral 16/2022, que busca reducir la temporalidad en puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación en Navarra. El Tribunal Constitucional ha decidido admitir la cuestión y reservar su conocimiento.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Pleno del Tribunal Constitucional, mediante providencia de 3 de diciembre de 2024, ha acordado admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número 8614-2024 planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el procedimiento ordinario núm. 461-2023. La cuestión se refiere a los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022, de 30 de mayo, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de la Comunidad Foral de Navarra.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), el Pleno ha decidido reservar para sí el conocimiento de la presente cuestión. Esto significa que la Sala de lo Contencioso-administrativa no podrá resolver directamente la cuestión, sino que deberá remitirla al Pleno del Tribunal Constitucional para su examen.

Además, se establece que quienes sean parte en el procedimiento ordinario núm. 461-2023 podrán personarse ante el Tribunal Constitucional dentro de los quince días siguientes a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado». Esta disposición se basa en el artículo 37.2 de la LOTC, que establece el procedimiento para la participación de las partes en cuestiones de inconstitucionalidad.

La cuestión planteada se centra en la constitucionalidad de los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022. El artículo 6 de dicha ley establece medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación en Navarra. El planteamiento de inconstitucionalidad sugiere que dichas medidas podrían vulnerar derechos fundamentales o principios constitucionales, como el derecho a la estabilidad laboral o el derecho a la igualdad.

El Tribunal Constitucional, al admitir a trámite la cuestión, ha iniciado el proceso de revisión de la norma foral en cuestión. Este proceso implicará un análisis detallado de la compatibilidad de los apartados 1 y 2 del artículo 6 con el texto constitucional, así como con los principios y garantías establecidos en el sistema jurídico español.

La decisión de reservar el conocimiento de la cuestión para el Pleno del Tribunal Constitucional refleja la importancia que se le da a este tipo de cuestiones, que pueden tener un impacto significativo en el derecho laboral y en el sistema de funcionarios en la Comunidad Foral de Navarra.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada contra el artículo 6 de la Ley Foral 16/2022. La cuestión se refiere a la reducción de la temporalidad en puestos de trabajo reservados a funcionarios en Navarra. Quienes sean parte en el procedimiento podrán personarse ante el Tribunal dentro de los quince días posteriores a la publicación del edicto.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Admisión a trámite: El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada contra el artículo 6 de la Ley Foral 16/2022. ⚠️ Reserva del conocimiento: El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido reservar para sí el conocimiento de la cuestión, lo que implica que la Sala de lo Contencioso-administrativo no podrá resolverla directamente. 📋 Participación de las partes: Quienes sean parte en el procedimiento ordinario núm. 461-2023 podrán personarse ante el Tribunal Constitucional dentro de los quince días posteriores a la publicación del edicto. ℹ️ Relevancia constitucional: La cuestión se centra en la compatibilidad de las medidas de reducción de la temporalidad con los derechos fundamentales y principios constitucionales.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Auto de 13 de noviembre de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ac ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Tribunal Supremo suspende cautelarmente la ejecución de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2024 del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, en los cupos de 73 plazas por acceso libre y 45 plazas por promoción interna.

2. CONTEXTO El recurso contencioso-administrativo 547/2024 fue interpuesto contra el Real Decreto 656/2024, que aprobó la oferta de empleo público para 2024. El recurso se centra en las plazas del Subgrupo A2 del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, específicamente en los anexos I (nuevo ingreso) y VI (promoción interna). La Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó sentencia el 13 de noviembre de 2024, acordando la suspensión cautelar de la ejecución de dicha oferta.

3. CONTENIDO JURÍDICO El auto del Tribunal Supremo, dictado en la Sala Tercera (sección cuarta), resuelve mediante medida cautelar la suspensión de la ejecución de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2024, referida al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, en los cupos de 73 plazas para cubrir mediante el procedimiento de acceso por el turno libre (Anexo I) y de 45 plazas para proveer por el procedimiento de promoción interna (Anexo VI). La medida cautelar se dicta en virtud del recurso contencioso-administrativo 547/2024, interpuesto contra el Real Decreto 656/2024, de 2 de julio, que aprobó dicha oferta de empleo público.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su parte dispositiva, acuerda: 1.º Suspender cautelarmente la ejecución de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2024 referida al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias en el cupo de 73 plazas para cubrir mediante el procedimiento de acceso por el turno libre (Anexo I) y de 45 plazas para proveer por el procedimiento de promoción interna (Anexo VI). 2.º Estar respecto de las costas al último de los razonamientos jurídicos. 3.º Ordenar la publicación de este auto en el «Boletín Oficial del Estado».

La medida cautelar se fundamenta en la necesidad de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, así como en la protección de los derechos de los interesados que se ven afectados por la ejecución de la oferta de empleo. La Sala considera que la suspensión es necesaria para evitar un daño irreparable y para permitir la resolución del conflicto en el marco del procedimiento judicial.

La decisión se adopta en el marco del procedimiento de medidas cautelares, que permite al tribunal suspender provisionalmente la ejecución de una medida administrativa mientras se resuelve el recurso. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, al dictar esta medida, aplica el derecho administrativo y contencioso, respetando los principios de legalidad, debido proceso y protección de los derechos fundamentales.

La suspensión cautelar no implica la anulación de la oferta de empleo, sino una pausa en su ejecución, con la finalidad de que se pueda resolver el recurso en el plazo legal. La Sala también establece que las costas serán asumidas por el último razonamiento jurídico, lo que implica que el recurso será llevado a cabo por el demandante o por el órgano que lo interpuso.

La publicación del auto en el «Boletín Oficial del Estado» es una medida necesaria para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, según el derecho de acceso a la información y el principio de publicidad de las decisiones judiciales.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Tribunal Supremo suspende cautelarmente la ejecución de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2024 del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias. La medida se dicta en el marco de un recurso contencioso-administrativo y se fundamenta en la necesidad de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. La decisión se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Suspensión cautelar: El Tribunal Supremo suspende la ejecución de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2024. ⚠️ Procedimiento de medidas cautelares: La medida se dicta en el marco del procedimiento de medidas cautelares. 📋 Publicación en el B.O.E.: El auto se publicará en el Boletín Oficial del Estado. ℹ️ Costas al último razonamiento: Las costas serán asumidas por el último razonamiento jurídico.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden TES/1324/2024, de 20 de noviembre, por la que se desarrolla el Real Decret ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, establece el Reglamento de las Empresas de Trabajo Temporal, que se desarrolla mediante la Orden TES/1324/2024, de 20 de noviembre, con el objetivo de regular la obtención de autorizaciones, la formalización de contratos y la comunicación de información por parte de estas empresas.

2. CONTEXTO La normativa sobre empresas de trabajo temporal impone obligaciones de registro, uso de modelos oficiales de contratos y comunicación periódica de información. La Orden TES/1324/2024 desarrolla el Real Decreto 417/2015, que ya establecía el marco regulatorio. Esta norma se enmarca en un contexto de modificaciones legales en materia laboral, como el Real Decreto-ley 32/2021, que ha introducido cambios significativos en la regulación de la contratación laboral.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden TES/1324/2024, de 20 de noviembre, desarrolla el Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las Empresas de Trabajo Temporal. Esta norma establece una serie de disposiciones que regulan la obtención de autorizaciones administrativas, la formalización de contratos de puesta a disposición y la comunicación de información a la autoridad laboral.

En primer lugar, se establece que el número de autorización administrativa para las empresas de trabajo temporal debe constar de ocho dígitos, de los cuales los dos últimos expresan el año en que se concedió la autorización. Además, se detallan los códigos de las comunidades autónomas que deben utilizarse cuando resulten competentes para conceder la autorización. Por ejemplo, el código 61 corresponde a Andalucía, el 62 a Aragón, y así sucesivamente. También se establece el código 79 para la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En segundo lugar, la norma establece que las empresas de trabajo temporal deben utilizar modelos oficiales de contratos de puesta a disposición, que se detallan en el Anexo II de la Orden. Además, deben remitir mensualmente a la autoridad laboral competente una relación de contratos de puesta a disposición celebrados, que se detalla en el Anexo III.

Estas obligaciones se derivan de los artículos 4 y 13 del Real Decreto 417/2015, que establecen la necesidad de inscripción en el Registro de Empresas de Trabajo Temporal y la formalización de contratos en modelos oficiales. El artículo 17.1 del mismo reglamento recoge la información que debe trasladarse a la autoridad laboral, mientras que la disposición final segunda del Real Decreto 417/2015 autoriza al Ministerio de Trabajo y Economía Social para dictar disposiciones complementarias.

La Orden TES/1324/2024, por su parte, desarrolla estas disposiciones, concretando la asignación del número de autorización y la regulación de los modelos de contratos. La Orden ESS/1680/2015, de 28 de julio, ya había establecido algunos de estos aspectos, pero la nueva norma introduce modificaciones y actualizaciones, en línea con las reformas laborales más recientes, como el Real Decreto-ley 32/2021, que ha introducido cambios en la regulación de la contratación laboral.

Por tanto, la Orden TES/1324/2024 refuerza y actualiza el marco regulatorio de las empresas de trabajo temporal, asegurando el cumplimiento de obligaciones formales y la transparencia en la gestión laboral.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden TES/1324/2024 desarrolla el Reglamento de las Empresas de Trabajo Temporal, estableciendo normas sobre autorizaciones, contratos y comunicación de información. Establece códigos para identificar la competencia territorial y detalla modelos oficiales de contratos. Refuerza el marco regulatorio en línea con reformas laborales recientes.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Números de autorización: Se establecen ocho dígitos, dos de los cuales indican el año de concesión. ⚠️ Códigos territoriales: Se detallan códigos para identificar la comunidad autónoma o la Dirección General de Trabajo competente. 📋 Modelos de contratos: Se establecen modelos oficiales de contratos de puesta a disposición. ℹ️ Comunicación mensual: Las empresas deben remitir mensualmente una relación de contratos de puesta a disposición.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden ISM/1320/2024, de 18 de noviembre, por la que se aprueba la Política de Se ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden Ministerial ISM/1320/2024 aprueba la Política de Seguridad de la Información (PSI) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y crea el Comité de Seguridad de los Sistemas de Información (CSSI).

2. CONTEXTO La normativa vigente sobre la relación administrativa electrónica se basa en la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, que establecen el Esquema Nacional de Seguridad como parte esencial del funcionamiento digital de las Administraciones Públicas. Estas normas han sido desarrolladas por el Real Decreto 203/2021 y el Real Decreto 311/2022, que regulan la seguridad de los sistemas de información. La Orden ISM/1320/2024 se enmarca en este marco legal y busca adaptar la seguridad digital del Ministerio a los nuevos desafíos.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden Ministerial ISM/1320/2024, publicada el 18 de noviembre de 2024, establece una Política de Seguridad de la Información (PSI) para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como la creación del Comité de Seguridad de los Sistemas de Información (CSSI). La PSI se fundamenta en el Real Decreto 311/2022, que establece que cada administración pública debe contar con una política de seguridad formalmente aprobada por el órgano competente, y en el caso del Ministerio, lo hará la persona titular del departamento, según el artículo 12 del citado Real Decreto.

La Orden establece que cualquier actuación posterior a su publicación que afecte a políticas o normas de seguridad deberá informarse al CSSI para mantener la coherencia y complementariedad en la gestión de la seguridad de la información y la protección de datos personales.

En materia de derogación, la Orden deroga las siguientes normas:

Además, la Orden establece que la persona titular de la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrá dictar instrucciones necesarias para el cumplimiento de esta orden. La entrada en vigor de la orden se produce el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y su publicación se realizará en la sede electrónica del Ministerio y en todas las sedes electrónicas en cuyo ámbito sea de aplicación.

La norma se fundamenta en el artículo 12 del Real Decreto 311/2022, que establece que cada administración pública debe contar con una política de seguridad formalmente aprobada, y en el artículo 156 de la Ley 40/2015, que define el Esquema Nacional de Seguridad como parte esencial de la configuración del archivo electrónico y del régimen de relaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas.

La Orden también se alinea con el artículo 158 de la Ley 40/2015, que establece que el Esquema Nacional de Seguridad debe integrarse en el régimen de relaciones electrónicas y transferencias de tecnología entre las Administraciones Públicas.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden Ministerial ISM/1320/2024 establece una política de seguridad de la información para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y crea el Comité de Seguridad de los Sistemas de Información. Deroga normas anteriores y establece procedimientos de aplicación y entrada en vigor.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Aprobación de la Política de Seguridad de la Información (PSI): El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece una política formal de seguridad de la información. ⚠️ Derogación de normas anteriores: Se derogan varias órdenes que regulaban aspectos de seguridad previos, incluyendo el Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información. 📋 Creación del Comité de Seguridad de los Sistemas de Información (CSSI): Se crea un órgano encargado de supervisar y coordinar la seguridad de los sistemas de información del Ministerio. ℹ️ Cumplimiento y publicidad: La orden entra en vigor al día siguiente de su publicación y se publica en la sede electrónica del Ministerio.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden TES/1291/2024, de 13 de noviembre, por la que se regula el Registro Electr ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden TES/1291/2024 establece el Registro Electrónico de apoderamientos para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, permitiendo la tramitación electrónica de poderes de representación en trámites específicos.

2. CONTEXTO La Ley 39/2015 promovió la digitalización de los procedimientos administrativos, impulsando la Administración electrónica. Esta norma se enmarca en ese marco, con el objetivo de agilizar trámites y mejorar la transparencia. El Reglamento de actuación por medios electrónicos (Real Decreto 203/2021) desarrolla estas normas, permitiendo la acreditación de apoderamientos electrónicos.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden TES/1291/2024 regula el Registro Electrónico de apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como parte del sistema de Administración electrónica impulsado por la Ley 39/2015. Este registro permite la tramitación electrónica de poderes de representación en trámites específicos del organismo autónomo. La norma se basa en el marco legal establecido por la Ley 39/2015, que establece que la tramitación electrónica debe ser la forma habitual de funcionamiento de las Administraciones públicas, facilitando la interconexión y transparencia. El artículo 6 de dicha ley prevé la existencia de registros electrónicos generales de apoderamientos, que pueden coexistir con registros particulares en cada organismo. El Real Decreto 203/2021, que desarrolla estas normas, establece en su artículo 32 la posibilidad de acreditar la representación mediante la inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración pública competente o en los registros particulares. La Orden TES/1291/2024 se enmarca en este marco, creando un registro específico para el organismo autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El registro electrónico permitirá la inscripción de poderes otorgados para la realización de trámites específicos ante el organismo. La norma establece que los poderes pueden ser otorgados en forma de "apud acta", presencial o electrónica, y que su inscripción en el registro electrónico permitirá su acreditación ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La Orden también incluye un anexo que detalla los trámites que pueden realizarse mediante el otorgamiento de poder "apud acta" en el ámbito del organismo autónomo, como la presentación de solicitudes, denuncias, comparecencias, aportación de documentación, solicitud de información, presentación de alegaciones, recepción de notificaciones, solicitud de pago de sanciones, abono de sanciones, interposición de recursos, reconocimiento de deudas, entre otros. Además, se incluyen modelos de poder "apud acta", de modificación o prórroga, así como declaraciones responsables de personas jurídicas y anexos de renuncia y revocación del poder otorgado. La norma entra en vigor el 2 de enero de 2025, según la disposición final tercera. La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez, firmó la Orden el 13 de noviembre de 2024.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden TES/1291/2024 establece un Registro Electrónico de apoderamientos para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, permitiendo la tramitación electrónica de poderes de representación. Esta norma se enmarca en el marco de la digitalización de los procedimientos administrativos y busca agilizar la gestión de trámites específicos del organismo.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Registra electrónicamente apoderamientos: Permite la tramitación electrónica de poderes de representación en trámites específicos del organismo. ⚠️ Aplica normativa de Administración electrónica: Se basa en la Ley 39/2015 y el Real Decreto 203/2021, que promueven la digitalización de los procedimientos. 📋 Lista de trámites permitidos: Detalla los trámites que pueden realizarse mediante el otorgamiento de poder "apud acta". ℹ️ Entrada en vigor en 2025: La norma entrará en vigor el 2 de enero de 2025.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────