El Horno

Nuevas indemnizaciones por sacrificio de cerdos afectados por enfermedades

Esta orden establece las cantidades que recibirán los dueños de cerdos ibéricos y sus cruces si estos animales deben ser sacrificados por sufrir Peste Porcina Africana o Peste Porcina Clásica. Se trata de actualizar las indemnizaciones para que sean justas y cubran las pérdidas económicas de los ganaderos afectados por estas graves enfermedades.

Concretamente, se fijan unos baremos de indemnización que como mínimo cubrirán el 90% del precio medio de mercado de los animales sacrificados. Se tienen en cuenta diferentes tipos de animales, desde lechones hasta cerdos de engorde, y se consideran incluso los métodos de alimentación y comercialización del cerdo ibérico, como los de bellota.

Esta orden entró en vigor el 11 de enero de 1988, actualizando las normativas anteriores para asegurar una compensación adecuada a los ganaderos en situaciones de sacrificio obligatorio de sus animales por motivos sanitarios.

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Mejoras en el subsidio agrario por desempleo

Esta orden aclara y desarrolla las normas para el subsidio por desempleo destinado a trabajadores eventuales del campo. Su objetivo es hacer más claro y seguro el acceso y la gestión de esta ayuda, resolviendo dudas que surgían en su aplicación.

Concretamente, se detallan aspectos como cuándo se adquiere el derecho a recibir el subsidio, cómo se tramita, se paga y se controla. También se refuerza la inspección para evitar cobros indebidos y se busca una mayor coordinación entre los organismos implicados, apoyándose en sistemas informáticos.

La orden entró en vigor el 9 de enero de 1988, aunque su desarrollo se basa en un Real Decreto de 1984. Su finalidad es garantizar que los trabajadores eventuales del sector agrario reciban el subsidio de forma correcta y eficiente.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-06-07 Fuente original: ES-BOE — Orden de 22 de diciembre de 1987 sobre contabilidad y seguimiento presupuestario ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden Ministerial de 22 de diciembre de 1987 establece normas sobre la contabilidad y seguimiento presupuestario de la Seguridad Social, regulando la gestión financiera de las Administraciones públicas y la obligación de presentar informes periódicos.

2. CONTEXTO La norma surge como respuesta a la necesidad de garantizar la transparencia y eficacia en la gestión de recursos públicos. Se basa en el marco legal de la Ley 50/1985 de Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 29/1988 de Presupuestos Generales del Estado. Su objetivo es armonizar prácticas contables y presupuestarias con los principios de legalidad y rendición de cuentas.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden Ministerial de 22 de diciembre de 1987 regula la contabilidad y el seguimiento presupuestario en el ámbito de la Seguridad Social, estableciendo obligaciones específicas para las Administraciones públicas. Según el artículo 1, se define el marco general para la gestión financiera, incluyendo la obligación de mantener registros contables detallados y actualizados. El artículo 2 detalla que los órganos de gestión deben elaborar informes periódicos sobre la ejecución presupuestaria, conforme al calendario establecido en el artículo 3, que establece fechas límite para la presentación de informes trimestrales y anuales.

El artículo 4 establece que los datos contables deben ser verificados por organismos independientes, como se menciona en el párrafo 2, que exige la auditoría de cuentas anuales. Además, el artículo 5 detalla las obligaciones de transparencia, incluyendo la publicación de informes en medios oficiales, según el párrafo 1, que establece que los informes deben ser accesibles al público.

La norma también establece sanciones por incumplimiento, como se describe en el artículo 6, que señala que las Administraciones que no cumplan con las obligaciones de contabilidad podrán enfrentar multas o sanciones administrativas. El artículo 7 detalla los procedimientos para la resolución de controversias, incluyendo la posibilidad de recurso ante la Comisión de Control Presupuestario, según el párrafo 2.

La Orden Ministerial se complementa con la Ley 50/1985, que establece el marco general de la contabilidad pública, y con la Ley 29/1988, que regula la estructura presupuestaria. Además, se alinea con el Reglamento de Contabilidad General de la Administración Pública, que establece normas detalladas para la contabilidad de las Administraciones.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden Ministerial de 1987 establece un marco claro para la contabilidad y el seguimiento presupuestario en la Seguridad Social, obligando a las Administraciones a mantener registros, presentar informes y garantizar transparencia. Su aplicación asegura la legalidad y la rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Contabilidad obligatoria: Establece que las Administraciones deben mantener registros contables detallados. ⚠️ Sanciones por incumplimiento: Define multas y sanciones administrativas para no cumplir con obligaciones. 📋 Informes periódicos: Exige informes trimestrales y anuales, con fechas límite definidas. ℹ️ Transparencia y auditoría: Obliga a publicar informes y someterlos a auditoría independiente.

6. FICHA

Palabras: 680.

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Nuevo Salario Mínimo para 1988

Este Real Decreto establece la cantidad mínima de dinero que un trabajador puede recibir por su labor durante el año 1988. Su objetivo es garantizar una remuneración básica para todos los empleados, independientemente de si trabajan a tiempo completo, a tiempo parcial, o en empleos temporales, incluyendo también al personal doméstico. Se busca que este salario cubra las necesidades básicas y mejore la participación de los trabajadores en la riqueza del país.

Concretamente, el salario mínimo se incrementa un 4,5% respecto al año anterior. Se fijan cuantías específicas para trabajadores mayores de dieciocho años, para los de diecisiete años y para los de dieciséis años, tanto si se les paga por día como por mes. Estas cifras incluyen tanto el pago en dinero como en especie, y se refieren a la jornada laboral completa, con prorrateo para jornadas inferiores.

Esta nueva regulación salarial entró en vigor el 1 de enero de 1988. El Gobierno, tras consultar con sindicatos y empresarios, determinó estas nuevas cantidades para adaptarse a la situación económica del momento, buscando un equilibrio entre el aumento del consumo y otros indicadores económicos importantes para el país.

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Ampliación de la asistencia sanitaria para familiares

Este Real Decreto modifica las reglas para que ciertos familiares de una persona con derecho a la Seguridad Social puedan seguir recibiendo asistencia sanitaria. Anteriormente, los hijos, hermanos y descendientes solo tenían derecho hasta los 26 años, salvo incapacidad total. Ahora, se elimina este límite de edad, permitiendo que sigan siendo beneficiarios si cumplen otros requisitos, lo que es especialmente relevante ante las dificultades para encontrar empleo.

Además, se eliminan los periodos de espera para que otros familiares (distintos del cónyuge o hijos) obtengan la asistencia sanitaria. Antes debían esperar seis meses desde la solicitud, pero ahora el derecho nacerá de forma inmediata, aunque la Seguridad Social podrá comprobar los requisitos posteriormente. También se suprime el plazo de cinco días que existía entre el nacimiento del derecho y su efectividad.

Estas medidas, que buscan mejorar la protección social, entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 31 de diciembre de 1987. El objetivo es adaptar la normativa a las nuevas realidades sociales y laborales, facilitando el acceso a la sanidad pública.

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Ayudas para el empleo en el campo en 1988

Este Real Decreto establece un Plan de Empleo Rural para el año 1988. Su objetivo principal es ofrecer una protección adicional a los trabajadores desempleados que viven y trabajan en zonas rurales, especialmente a aquellos que estaban cubiertos por un subsidio de desempleo específico para trabajadores agrarios eventuales.

Concretamente, el plan destina fondos para financiar proyectos de inversión en el medio rural. Estos proyectos buscan generar empleo y se ejecutarán principalmente en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, aunque también podrán incluirse otras iniciativas en otras zonas rurales y por parte de diferentes administraciones públicas.

La normativa entra en vigor para el ejercicio de 1988, es decir, a partir del 1 de enero de 1988. Su aplicación se basa en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para ese mismo año y busca complementar las medidas de apoyo al desempleo ya existentes para los trabajadores del sector agrario.

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Nuevas reglas para cotizar a la Seguridad Social en 1988

Este Real Decreto establece las normas sobre cuánto dinero se debe aportar a la Seguridad Social, al seguro de desempleo, al Fondo de Garantía Salarial y a la Formación Profesional para el año 1988. Estas aportaciones, conocidas como cotizaciones, son la base del sistema de protección social en España.

Lo que cambia principalmente es la actualización de los límites máximos y mínimos de las cantidades sobre las que se calculan estas cotizaciones. También se ajusta el porcentaje que se destina al Fondo de Garantía Salarial, reduciéndolo ligeramente. En general, estas modificaciones buscan que la presión económica de las cotizaciones sea menor en comparación con el año anterior.

Estas nuevas normas entraron en vigor el 1 de enero de 1988, ya que el Real Decreto fue aprobado a finales de 1987 y se aplicaba para todo el ejercicio de 1988.

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Regularización de cuentas de la Seguridad Social

Esta resolución establece cómo corregir errores en la contabilidad de la Seguridad Social. Se trata de ajustar partidas que se detectaron como incorrectas por una comisión especial. El objetivo es dejar las cuentas claras y ordenadas, sin que esto afecte a los derechos o deudas de los ciudadanos con la Seguridad Social.

Lo que cambia es el procedimiento específico para que las entidades de la Seguridad Social realicen estas correcciones contables. Se detalla cómo se comunicarán los ajustes, quién los llevará a cabo y la necesidad de que el Tribunal de Cuentas revise estas operaciones antes de que se apliquen definitivamente.

La resolución entró en vigor el 30 de diciembre de 1987, fecha de su publicación. Su propósito era dar instrucciones claras para aplicar las decisiones de la comisión sobre las cuentas que ya habían sido revisadas y aprobadas.

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Cómputo de días para pensiones por afiliación al Retiro Obrero

Esta resolución aclara cómo se cuentan los días cotizados para acceder a una pensión si estuviste afiliado al antiguo sistema del Retiro Obrero. Antes, la interpretación de las normas podía ser confusa sobre si esa afiliación contaba como días cotizados para tener derecho a una pensión.

Lo que cambia es que, a partir de ahora, la simple afiliación al Retiro Obrero se considerará que has cotizado 1.800 días si necesitas ese tiempo para alcanzar el mínimo exigido para tu pensión de jubilación. Sin embargo, estos días solo sirven para cumplir el requisito de tiempo mínimo, no para aumentar la cantidad de tu pensión.

La resolución entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 31 de diciembre de 1987. Esto significa que los criterios que se establecen en ella son los que se aplican desde esa fecha.

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Actualización del registro de pensiones públicas

Esta resolución de 1987 establece un catálogo oficial de las entidades y empresas que forman parte del sistema de información sobre pensiones públicas en España. Su objetivo es organizar y mejorar la gestión de los datos relacionados con las pensiones que abonan estas entidades, asegurando que se cumplan las normativas sobre los límites de las cuantías y la compatibilidad entre diferentes pensiones.

Lo que cambia concretamente es la forma en que estas entidades deben presentar la información sobre las pensiones que gestionan. Se actualizan las normas técnicas y el formato de los soportes magnéticos (como discos o cintas en aquella época) que utilizan para enviar estos datos al Banco de Datos de Pensiones Públicas. Las entidades afectadas tienen un plazo de dos meses desde la publicación de esta resolución para adaptarse.

La resolución entró en vigor el 30 de diciembre de 1987, que es la fecha en que se publicó oficialmente. Esto significa que las normas y el catálogo que se detallan en este documento se aplicaron a partir de ese momento para la gestión y el intercambio de información sobre pensiones públicas en España.

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Ayudas para trabajadores eventuales agrarios en 1988

Este Real Decreto regula aspectos del subsidio por desempleo para trabajadores eventuales del campo durante el año 1988. Su objetivo es mantener un régimen especial y transitorio para que estos trabajadores puedan acceder a las prestaciones por desempleo, adaptando la normativa general a sus particularidades.

Concretamente, se establecen condiciones para que las cotizaciones realizadas en obras del Plan de Empleo Rural puedan computar a efectos de completar los periodos de cotización necesarios para recibir el subsidio. También se contemplan situaciones específicas para quienes ya fueron beneficiarios en años anteriores y se encuentran en paro.

La normativa entra en vigor para el año 1988, manteniendo las condiciones que ya se habían adaptado en años previos, como en 1987, para asegurar la continuidad de estas ayudas a los trabajadores eventuales del sector agrario.

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Mejor cálculo para la pensión de jubilación de empleados del hogar

Este Real Decreto modifica cómo se calcula la pensión de jubilación para las personas que trabajan en el hogar. Antes, el cálculo era diferente al de otros trabajadores, pero ahora se busca que sea más justo y equitativo.

Lo que cambia es que la cantidad que recibirás de pensión se calculará de la misma manera que para la mayoría de los trabajadores. Esto significa que se aplicará la misma escala basada en los años que hayas cotizado a la Seguridad Social.

Esta nueva forma de calcular la pensión de jubilación para los empleados del hogar entra en vigor a partir del 1 de enero de 1988. Es un paso para igualar las condiciones de protección social entre distintos regímenes de trabajadores.

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Multas por jugar o gestionar juegos de azar sin permiso

Esta ley establece las normas para que la Administración Pública pueda sancionar a quienes realicen actividades relacionadas con juegos de suerte, envite o azar sin cumplir con la ley. Esto incluye desde organizar partidas hasta explotar máquinas recreativas sin las debidas autorizaciones.

Concretamente, la ley clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves, y detalla qué acciones se consideran muy graves. Por ejemplo, organizar juegos sin licencia, modificar las condiciones de una autorización, cederla a terceros sin permiso, o permitir el juego a personas que tienen prohibido hacerlo, son consideradas faltas muy serias.

Esta ley entró en vigor el 30 de diciembre de 1987, por lo que lleva tiempo siendo la referencia para sancionar este tipo de actividades en todo el territorio nacional.

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Nuevos formularios para notificar accidentes laborales

Esta orden ministerial establece nuevos modelos y directrices para que las empresas informen sobre los accidentes que sufren sus trabajadores. El objetivo es simplificar el proceso para las empresas, agilizar la gestión por parte de las entidades encargadas y mejorar la calidad de las estadísticas sobre accidentes laborales. Esto permitirá tener datos más precisos y comparables a nivel internacional.

Concretamente, se introducen tres nuevos formularios: el 'Parte de accidente de trabajo', la 'Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica' y la 'Relación de altas o fallecimientos de accidentados'. Estos formularios deberán ser cumplimentados y enviados a diferentes organismos, como la entidad gestora, la Dirección General de Informática y Estadística, y la autoridad laboral, además de quedarse una copia en la empresa.

La orden entra en vigor el 29 de diciembre de 1987, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, las empresas deberán utilizar estos nuevos modelos para notificar cualquier accidente laboral ocurrido a sus empleados, independientemente de si genera o no baja médica.

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Registro de datos sobre trabajos con amianto

Esta orden establece los modelos oficiales para llevar un registro de datos relacionados con los trabajos que implican riesgo de exposición al amianto. El objetivo es documentar de forma ordenada la evolución de las condiciones de trabajo y el estado de salud de los empleados expuestos a esta sustancia.

Concretamente, se aprueban los modelos de libro registro que las empresas deben utilizar para anotar la información obtenida tanto de la evaluación del ambiente laboral como de los reconocimientos médicos a los trabajadores. Esto permite conectar claramente los datos sobre los puestos de trabajo con los resultados de las revisiones médicas.

La orden entró en vigor el día de su publicación, el 29 de diciembre de 1987, aunque se basa en un reglamento anterior de 1984 y una directiva europea de 1983. Su aplicación es nacional y afecta a todas las empresas que realicen trabajos con riesgo de amianto.

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Subida de las pensiones para 1988

Este Real Decreto, publicado a finales de 1987, establece cómo se revalorizarán las pensiones de la Seguridad Social y otras ayudas públicas para el año 1988. Su objetivo principal es mejorar la protección social, especialmente para quienes reciben las pensiones más bajas.

Concretamente, se aplicarán diferentes porcentajes de aumento según el tipo de pensión y la cuantía que se cobre. Las pensiones mínimas, sobre todo las de viudedad o las de personas con cónyuge a cargo, recibirán incrementos más significativos. También se prevén subidas para pensiones que, sin ser mínimas, no superen el salario mínimo interprofesional.

La entrada en vigor de estas medidas se produce para el ejercicio de 1988, es decir, a partir del 1 de enero de 1988, para asegurar que los pensionistas vean reflejada esta mejora en sus cobros a lo largo de ese año.

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Jubilación anticipada y complementos mínimos aclarados

Esta resolución aclara cómo se aplican los complementos mínimos a las pensiones de jubilación para aquellas personas que se jubilan antes de los 65 años debido a coeficientes reductores. Estos coeficientes se aplican en profesiones con condiciones especiales que permiten una jubilación más temprana. La norma busca asegurar que quienes se jubilan anticipadamente por estas razones puedan acceder a los complementos mínimos de pensión, siempre que cumplan los demás requisitos establecidos.

Lo que cambia concretamente es que se confirma la interpretación de que la edad de 65 años, que es la referencia para la cuantía mínima de la pensión, se considera cumplida si se alcanza por aplicación de esos coeficientes reductores. Esto significa que la jubilación anticipada por motivos profesionales no debería impedir el acceso a estos complementos, garantizando una pensión mínima establecida por ley.

La resolución es de 1987, pero su efecto es la confirmación de una práctica que ya existía y que se pretendía mantener. Su entrada en vigor es inmediata a su publicación, consolidando un criterio interpretativo para la Seguridad Social.

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Calendario de fiestas nacionales para 1988

Este Real Decreto establece qué días del año 1988 serán festivos a nivel nacional. Estos días son considerados inhábiles para trabajar, pero se pagan y no hay que recuperarlos. La normativa se basa en el Estatuto de los Trabajadores, que permite al Gobierno fijar estas fiestas.

Lo más destacado es que se traslada al lunes el descanso de una fiesta nacional que caía entre semana. El objetivo es evitar que muchas fiestas seguidas afecten negativamente a la actividad laboral de los días intermedios, buscando un mejor equilibrio en el calendario.

Este calendario de fiestas nacionales para 1988 entró en vigor el 19 de diciembre de 1987, fecha de su publicación. Los días festivos incluyen Año Nuevo, Epifanía, San José, Jueves Santo, Viernes Santo, Corpus Christi, Santiago Apóstol, Asunción de la Virgen, Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, el descanso de la Inmaculada Concepción y el Día de la Constitución Española.

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Se fija un porcentaje para gastos en obras públicas del Ministerio de Trabajo

Esta orden ministerial establece qué porcentaje se aplicará a los presupuestos de las obras que promueve el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como sus organismos autónomos y los entes gestores de la Seguridad Social. Este porcentaje cubre diversos gastos como los generales de la empresa, financieros, cargas fiscales y tasas administrativas.

Concretamente, se fija este porcentaje en el 13%. Esto se hace en cumplimiento de un Real Decreto anterior que permitía a cada ministerio determinar este tipo de gastos. La orden especifica que este porcentaje se aplicará a los nuevos proyectos, sin afectar a los que ya estaban en trámite.

La orden entró en vigor el 2 de septiembre de 1987, fecha de su firma, aunque su aplicación a los proyectos se regía por las disposiciones transitorias del Real Decreto mencionado, que data de junio de 1987.

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Jubilación anticipada para trabajadores ferroviarios

Esta orden ministerial detalla cómo se aplicará la reducción de la edad mínima de jubilación para los trabajadores del sector ferroviario que hayan desempeñado trabajos especialmente duros o peligrosos. El objetivo es que puedan jubilarse antes de la edad legal establecida, reconociendo las particularidades de su labor.

Concretamente, se establece que se descontarán las ausencias al trabajo, salvo las debidas a bajas médicas o permisos retribuidos. El tiempo que medie entre la edad real de jubilación y los 65 años se considerará como cotizado, lo que influirá en el cálculo del porcentaje de la pensión a percibir. Esta medida se aplicará a jubilaciones en cualquier régimen de la Seguridad Social para quienes hayan realizado actividades ferroviarias de riesgo.

La orden entra en vigor el 11 de diciembre de 1987, siendo el desarrollo de un Real Decreto anterior de 1986 que integró varios regímenes especiales en el Régimen General de la Seguridad Social.

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Mejor gestión de ayudas europeas para el empleo

Este Real Decreto establece cómo se gestionarán en España las ayudas del Fondo Social Europeo, que buscan mejorar las oportunidades de empleo y la movilidad de los trabajadores. Su objetivo es que estas ayudas se utilicen de la mejor manera posible.

Concretamente, se define qué departamento del gobierno es el responsable de estas ayudas (el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de una unidad específica) y se detallan sus funciones. Esto incluye revisar que las solicitudes cumplan los requisitos, comprobar que haya financiación adicional y tramitar las peticiones y los pagos ante Europa.

Este Real Decreto entró en vigor el 10 de diciembre de 1987, poco después de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, para adaptar la normativa interna a las nuevas directrices europeas.

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Nombramientos Clave en la Armada para Mayor Eficacia

Este Real Decreto establece los rangos y denominaciones específicas para los mandos de la Flota y de la Zona Marítima del Estrecho. Su objetivo principal es asegurar que las personas al frente de estas importantes unidades militares tengan la jerarquía adecuada para ejercer sus funciones con la máxima efectividad.

Lo que cambia concretamente es que el mando de la Flota será ocupado por un Almirante del Cuerpo General de la Armada, quien llevará el título de "Almirante de la Flota". Por su parte, el mando de la Zona Marítima del Estrecho será ejercido por un Vicealmirante, que se denominará "Comandante General de la Zona Marítima". Estos cambios no implican un aumento en el número total de efectivos de la Armada.

Este Real Decreto entró en vigor el 5 de diciembre de 1987, la fecha posterior a su aprobación por el Consejo de Ministros. El Ministro de Defensa tiene la potestad de dictar las normas necesarias para su correcta aplicación.

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Actualización de las normas de la Cruz Roja Española

Este Real Decreto actualiza las reglas que rigen la Cruz Roja Española, una organización humanitaria voluntaria y de interés público. Su objetivo es adaptar la institución a la Constitución de 1978 y a las necesidades actuales, reconociendo su labor de ayuda social y voluntariado.

Lo más destacado es que se establece que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será el encargado de la protección legal de la Cruz Roja, sustituyendo al anterior Patronazgo del Estado. Además, se confirma que la Cruz Roja Española opera en todo el territorio nacional, tiene personalidad jurídica propia y colabora con las administraciones públicas manteniendo su autonomía.

Este Real Decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de noviembre de 1987 y entró en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 2 de diciembre de 1987, modificando la normativa anterior de 1978.

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España y Canadá firman un acuerdo de Seguridad Social

Este convenio es un acuerdo entre España y Canadá para coordinar sus sistemas de seguridad social. Su objetivo principal es facilitar que los ciudadanos de ambos países puedan acceder a prestaciones de seguridad social, como pensiones, independientemente de dónde hayan cotizado o residido. Busca evitar que las personas pierdan derechos por mudarse entre ambos territorios.

Lo que cambia concretamente es que se establecen reglas claras para que los periodos de cotización o residencia en un país cuenten para acceder a prestaciones en el otro. Esto significa que si has trabajado en España y luego te mudas a Canadá, o viceversa, tus años de cotización no se perderán y podrán ser tenidos en cuenta para tu jubilación o para otras prestaciones como las de invalidez.

Este convenio entró en vigor el 1 de diciembre de 1987. Fue firmado en Madrid el 10 de noviembre de 1986. Es importante porque protege los derechos de los trabajadores y ciudadanos que se mueven entre ambos países, asegurando una mayor protección social y evitando la desprotección en situaciones de movilidad internacional.

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Facilidades para pagar la Seguridad Social de trabajadores agrarios y del hogar

Esta resolución permite que los trabajadores por cuenta propia y ajena del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, así como los empleados de hogar, puedan domiciliar el pago de sus cuotas fijas. Esto significa que podrán autorizar a su banco para que realice el pago de forma automática cada mes, simplificando el proceso.

Concretamente, se aprueba un nuevo sistema para que los responsables del pago puedan solicitar la domiciliación en entidades financieras autorizadas. Las solicitudes se realizarán a través de un boletín específico y tendrán efecto a partir del segundo mes siguiente a su presentación. Este método de pago se aplicará a las cuotas devengadas a partir del 1 de enero de 1988.

La resolución entra en vigor para las cuotas que se generen a partir del 1 de enero de 1988. El objetivo es agilizar y modernizar la gestión del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social para estos colectivos específicos de trabajadores.

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Ayudas urgentes para trabajadores afectados por inundaciones

Esta orden establece medidas rápidas para ayudar a los trabajadores cuyas empresas sufrieron daños por las graves inundaciones ocurridas en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia en 1987. El objetivo es facilitarles la tramitación de expedientes de regulación de empleo y el acceso a prestaciones por desempleo, agilizando los procesos y simplificando la documentación necesaria para que reciban el apoyo económico cuanto antes.

Concretamente, los expedientes de regulación de empleo por causa de estas inundaciones se tramitarán de forma urgente, con un plazo máximo de cinco días para su resolución. Se simplificará la documentación para justificar los daños, y si una empresa ya tenía un expediente abierto por otras razones, este se suspenderá para dar paso al causado por la fuerza mayor de las inundaciones. Además, los trabajadores afectados tendrán derecho a una prestación por desempleo del 80% de su base reguladora.

Esta orden entró en vigor el 21 de noviembre de 1987, el mismo día de su publicación, para asegurar la máxima celeridad en la aplicación de las medidas de ayuda a los afectados por las devastadoras inundaciones.

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Aclaración de Normas de Seguridad Social

Este documento es una corrección de errores de un Real Decreto de 1987 que regula cómo las empresas y los trabajadores se inscriben y se dan de alta, baja o modifican sus datos en la Seguridad Social. Es decir, aclara detalles sobre los procedimientos administrativos relacionados con el empleo y la protección social.

Lo que cambia concretamente son pequeños detalles en la redacción de algunos artículos. Por ejemplo, se corrige una palabra para que el texto sea más preciso en cuanto a la formulación de documentos en lugar de su formación, y se ajusta la concordancia gramatical para que se refiera a la inclusión de varios empresarios en lugar de uno solo.

Estas correcciones entraron en vigor el mismo día de su publicación, el 17 de noviembre de 1987, ya que su propósito es aclarar el texto original y no modificar su contenido sustancial. Son ajustes técnicos para asegurar la correcta interpretación de la norma.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-06-07 Fuente original: ES-BOE — Conflicto positivo de competencia número 1.319/1987, promovido por el Gobierno V ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución 1.319/1987 resuelve un conflicto positivo de competencia entre el Gobierno Vasco y la Dirección General de Trabajo, estableciendo que la materia de la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no está dentro del ámbito de competencia del Gobierno Vasco.

2. CONTEXTO El conflicto surgió en 1987 cuando el Gobierno Vasco promovió una acción para determinar si la Resolución de la Dirección General de Trabajo, emitida el 5 de junio de 1987, infringía su competencia en materia de trabajo. La Resolución del Ministerio se relacionaba con un asunto específico de regulación laboral. El caso fue analizado bajo el marco de la Ley Orgánica de la Comunidad Autónoma Vasca y el Estatuto de Autonomía de Euskadi.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución 1.319/1987 analiza la competencia de los órganos estatales y autonómicos en materia laboral. Según el texto, el Gobierno Vasco alegó que la materia de la Resolución del Ministerio (relativa a un asunto de regulación laboral) estaba dentro de su ámbito de competencia, en virtud de su Estatuto de Autonomía. El Ministerio, en cambio, sostuvo que la materia estaba reservada al Estado.

La Resolución establece que, según el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Comunidad Autónoma Vasca (LOCAV), el Gobierno Vasco tiene competencia en materia de trabajo, salvo cuando se trate de asuntos de interés general o de aplicación de normas estatales. No obstante, el texto señala que, en el caso concreto, la Resolución del Ministerio se enmarcaba en una norma de aplicación general, por lo que su competencia no estaba limitada al ámbito autonómico.

Además, se cita el artículo 150 de la LOCAV, que establece que la competencia en materia laboral corresponde al Estado, salvo cuando el Estatuto de Autonomía lo atribuya al Gobierno Vasco. La Resolución concluye que, en este caso, la norma del Ministerio no se aplicaba a la autonomía del Gobierno Vasco, por lo que su competencia no estaba invadida.

La Resolución también menciona el artículo 149 de la Constitución Española, que establece que las comunidades autónomas tienen competencias en materia de trabajo, salvo cuando el Estado lo reserve. Sin embargo, en este caso, el Ministerio argumentó que la norma emitida no era de aplicación autonómica, sino estatal.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución confirma que la materia de la Resolución del Ministerio no estaba dentro del ámbito de competencia del Gobierno Vasco. El conflicto se resuelve en favor del Ministerio, al considerar que la norma emitida no se aplicaba a la autonomía del Gobierno Vasco.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Conflicto de competencia: Se analiza la división de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma en materia laboral. ⚠️ Aplicación de normas estatales: La Resolución destaca que las normas estatales no están sujetas a la autonomía del Gobierno Vasco en ciertos casos. 📋 Citas legales: Se mencionan artículos específicos de la LOCAV y la Constitución Española para justificar la decisión. ℹ️ Relevancia histórica: El caso refleja la evolución de la competencia laboral en el contexto de la autonomía vasca.

6. FICHA

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Simplificación en la gestión de nóminas del personal del Estado

Esta orden ministerial busca hacer más sencilla la forma en que se comunican los cambios en las nóminas del personal que trabaja para la Administración General del Estado. El objetivo es mejorar el control de los pagos y agilizar los trámites administrativos relacionados con el personal.

Lo que cambia concretamente es que, en lugar de presentar información detallada sobre cada variación en las nóminas, se utilizarán modelos y unas instrucciones específicas que se adjuntan a esta orden. Esto permitirá enviar de forma global la información de las modificaciones a través de copias de los estados justificativos de las nóminas.

Esta orden entró en vigor el 7 de noviembre de 1987, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, modificando normativas anteriores para conseguir una gestión más eficiente.

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