El Horno

Publicación de puestos de trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha

Esta resolución oficializa la lista de los puestos de trabajo que existen para el personal de administración y servicios que trabaja como funcionario en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es un documento que detalla las plazas disponibles y sus características.

Lo que cambia es que se hace pública y oficial esta relación de puestos de trabajo. Hasta ahora, existía una versión provisional aprobada en 1988, pero esta resolución la publica formalmente, cumpliendo con la normativa universitaria y preparándose para la aprobación definitiva por el Consejo Social de la Universidad.

Los efectos de esta publicación se retrotraen al 1 de enero de 1987. Esto significa que las condiciones y la organización de estos puestos de trabajo se consideran válidas desde esa fecha, de acuerdo con la normativa sobre retribuciones de los funcionarios universitarios.

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Permisos de trabajo para extranjeros: excepciones y procedimientos

Esta orden ministerial establece las reglas para que ciertos extranjeros puedan trabajar en España sin necesidad de obtener un permiso de trabajo ordinario. Se aplica a personas que, por sus circunstancias o por su labor, están exentas de este requisito según la ley de extranjería.

Concretamente, se detallan las condiciones que deben cumplir extranjeros invitados o contratados por el Estado para desarrollar programas científicos o técnicos de interés general, así como profesores extranjeros contratados por universidades españolas. Se especifica la documentación necesaria para acreditar estas situaciones y solicitar el reconocimiento de la excepción.

La orden entró en vigor tras su publicación, fijando normas generales y el procedimiento a seguir para tramitar estas solicitudes de exención, permitiendo así agilizar la incorporación de talento extranjero en áreas específicas y de interés para el país.

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Augmentation des postes de fonctionnaires Cette résolution du 20 juillet 1989 porte sur l’augmentation des places de recrutement dans la fonction publique nationale, notamment pour les professeurs agrégés de lycée, les agents généraux auxiliaires de l’État et le personnel administratif de l’État. Elle concerne donc les futurs fonctionnaires du secteur de l’enseignement et de l’administration publique. La mesure modifie les quotas prévus par le décret 315/1989 du 31 mars, en les portant respectivement à 2 100 postes pour les professeurs agrégés, 4 678 pour les agents généraux auxiliaires et 3 342 pour le personnel administratif. Ces nouvelles allocations sont effectives dès la publication de la résolution le 20 juillet 1989, suivant l’accord du Conseil des ministres du 7 juillet 1989, et s’appliquent à l’offre d’emploi public de l’année 1989.

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Corrección de errores en normas de empleo

Esta resolución aclara y corrige errores detectados en una norma anterior de 1989 que regulaba cómo se aprobaban, se seguían y se controlaban las obras y servicios realizados por diferentes administraciones públicas en colaboración con el Instituto Nacional de Empleo (INEM). Su objetivo es asegurar que la información sea precisa y las referencias a otras normativas europeas y a las estructuras internas del INEM sean correctas.

Los cambios concretos incluyen la modificación de una referencia a un Reglamento de las Comunidades Europeas (ahora el Reglamento 4255/88 en lugar del 2052/88), la especificación de a qué subdirección general del INEM se deben remitir los justificantes de ingreso (ahora la de Promoción de Empleo) y la corrección de nombres de provincias por sus correspondientes comunidades autónomas (Cantabria y Asturias en lugar de Santander y Oviedo).

Aunque la resolución original es de 1989 y esta es una corrección de errores, su entrada en vigor se remonta a la fecha de publicación de la resolución original, ya que se trata de una rectificación de la misma. Por lo tanto, los cambios son efectivos desde la fecha en que la norma original debía aplicarse.

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Nuevos puestos de trabajo en la Universidad de Oviedo

Esta resolución aprueba cambios en la organización de los puestos de trabajo del personal de administración y servicios de la Universidad de Oviedo. El objetivo principal es adaptar la plantilla a las nuevas necesidades, especialmente para la implementación de un sistema informático de contabilidad pública y para reubicar a funcionarios que quedaron sin destino específico tras un concurso interno.

Concretamente, se crean puestos de mayor responsabilidad y especialización, como una jefatura de sección de nivel superior, y se dotan de personal a áreas relacionadas con la contabilidad pública. Al mismo tiempo, se eliminan otros puestos de trabajo de menor nivel, ajustando así la estructura para mejorar la eficiencia y la gestión interna de la universidad.

Los efectos económicos de esta modificación se aplican desde el 1 de enero de 1987, aunque la resolución oficial se aprueba y publica posteriormente. Esto significa que los cambios en la plantilla y sus correspondientes retribuciones ya estaban en vigor desde principios de ese año.

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Actualización de datos para pensionistas

Esta resolución establece un nuevo procedimiento para que la Seguridad Social esté al día sobre los cambios en la situación personal de los pensionistas. El objetivo es asegurar que la información sobre quién recibe una pensión esté siempre correcta y evitar pagos indebidos.

Lo que cambia es que ahora el Instituto Nacional de Estadística, a través de los registros civiles, comunicará directamente a la Seguridad Social las defunciones de pensionistas y los nuevos matrimonios de pensionistas viudos. Antes, esto dependía más de la comunicación por parte de los propios afectados o de procesos menos directos.

Este nuevo sistema entró en vigor el 15 de julio de 1989, asegurando una actualización más rápida y eficiente de los datos de los más de seis millones de pensionistas en España.

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Adiós a la convivencia para la pensión de viudedad

Esta resolución aclara que ya no es necesario convivir con tu cónyuge para tener derecho a la pensión de viudedad si estáis separados de hecho. Antes, la ley exigía esta convivencia, pero los tribunales empezaron a interpretarlo de forma más flexible, permitiendo el acceso a la pensión incluso sin vivir juntos.

Lo que cambia concretamente es que la administración de la Seguridad Social ahora seguirá la línea de los tribunales. Esto significa que, si estabas separado de hecho de tu cónyuge y este fallece, podrás solicitar la pensión de viudedad sin que te exijan haber convivido hasta el momento de su muerte. La convivencia solo se tendrá en cuenta para repartir la pensión si hay varios beneficiarios.

La resolución entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que ocurrió el 1 de julio de 1989. Con este cambio, se busca evitar que las personas tengan que ir a juicio para reclamar un derecho que ahora se reconoce de forma más sencilla.

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Actualización de puestos de trabajo en la Universidad de Santiago

Esta resolución se refiere a la modificación de la lista de puestos de trabajo del personal de administración y servicios de la Universidad de Santiago. El objetivo es adaptar la estructura de estos puestos a las necesidades cambiantes de la universidad, que está en un proceso de expansión y adaptación a las nuevas demandas del sistema educativo.

Concretamente, se aprueban cambios en la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de administración. La nueva configuración de estos puestos se detalla en un anexo que acompaña a la resolución y que, en la práctica, tiene efecto desde el 1 de enero de 1989.

La resolución fue firmada el 31 de mayo de 1989 y ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, los cambios en la relación de puestos de trabajo son efectivos desde el inicio del año 1989.

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Actualización de puestos de trabajo en la Universidad de Salamanca

Esta resolución oficializa cambios en la organización de los puestos de trabajo del personal que trabaja en administración y servicios en la Universidad de Salamanca. Se trata de una actualización necesaria para adaptar la estructura interna de la universidad a la normativa vigente en materia de función pública y retribuciones.

Lo que cambia concretamente es la descripción y asignación de las diferentes funciones y plazas dentro del personal de administración y servicios. Estas modificaciones fueron aprobadas por los órganos de gobierno de la propia universidad y se publican para que sean de conocimiento general y cumplan con los requisitos legales.

La publicación de esta modificación se ordena el 5 de abril de 1989, y su entrada en vigor se refiere al ejercicio presupuestario de 1989, lo que significa que los cambios se aplican desde ese año fiscal.

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Nueva advertencia sobre la lactosa en medicamentos

Esta resolución actualiza la información que deben incluir los prospectos de los medicamentos que contienen lactosa como ingrediente. El objetivo es informar mejor a los pacientes sobre la posible presencia de este componente y las precauciones a tener en cuenta, especialmente en casos de intolerancia.

Concretamente, se modifica el texto de la advertencia para que los prospectos de los medicamentos que contengan lactosa incluyan una nota en el apartado de precauciones. Esta nota explicará que, aunque la cantidad de lactosa en el medicamento no suele ser suficiente para causar problemas, se debe consultar al médico si aparecen síntomas como diarrea.

Los laboratorios farmacéuticos tienen hasta el 31 de diciembre de 1989 para presentar los nuevos prospectos actualizados. Una vez presentados, se considerará aprobada la modificación si no hay objeciones en un plazo de treinta días.

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Corrección en la plantilla de la Universidad de Sevilla

Esta resolución se refiere a una corrección administrativa dentro de la Universidad de Sevilla. En concreto, se subsana un error que se había producido al aprobar una ampliación de los puestos de trabajo para el personal de administración y servicios. No afecta directamente a los ciudadanos en su día a día, sino que es un ajuste interno de la propia universidad.

Lo que cambia es la denominación exacta de un puesto de trabajo y algunos detalles sobre su asignación. Se corrige el título de un cargo, pasando de "Jefe de Sección" a "Jefe del Servicio", y se modifican unos códigos y números relacionados con la estructura de ese puesto. Esencialmente, se asegura que la descripción oficial de los empleos sea la correcta.

Esta corrección entra en vigor con la fecha de la resolución, el 22 de mayo de 1989. Es un trámite burocrático que se realiza para que los documentos oficiales reflejen la realidad de la organización de la Universidad de Sevilla de manera precisa.

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Nuevas normas para centros de formación profesional

Esta resolución establece las reglas para que centros, empresas u organizaciones puedan ser reconocidos oficialmente por el INEM (Instituto Nacional de Empleo) como colaboradores en la impartición de cursos de formación profesional. El objetivo es mejorar la inserción laboral de las personas.

Concretamente, se detalla el procedimiento para que estos centros soliciten ser homologados, siempre que sus cursos se ajusten a los programas del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional. Se dará preferencia a aquellos que se centren en nuevas tecnologías.

Esta normativa entra en vigor el 30 de mayo de 1989, fecha de su publicación, y se basa en una orden ministerial anterior de abril de 1989 que regulaba dicho plan.

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Regulación del empleo público en Madrid

Esta ley establece las normas básicas para las relaciones laborales de quienes trabajan para la Comunidad de Madrid. Su objetivo es adaptar la legislación a una sentencia del Tribunal Constitucional que pide que la ley defina claramente cómo se accede al empleo público y bajo qué condiciones.

Concretamente, la ley determina que, por norma general, la relación de empleo del personal de la Comunidad de Madrid será de carácter laboral. Sin embargo, se contemplan excepciones para ciertos puestos, como los de empresas públicas, trabajos no permanentes, oficios, mantenimiento, o aquellos que requieren conocimientos técnicos especializados sin que existan cuerpos de funcionarios específicos.

Esta ley fue aprobada por la Asamblea de Madrid y publicada el 4 de mayo de 1989, entrando en vigor poco después de su publicación oficial. Su aplicación busca asegurar que las contrataciones en la administración madrileña cumplan con la normativa constitucional vigente.

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Nuevas reglas para acceder a puestos de funcionario en Madrid

Esta ley establece cómo se deben cubrir los puestos de trabajo en la Administración de la Comunidad de Madrid que están reservados para funcionarios. Su objetivo es asegurar que el acceso a estos puestos sea transparente y basado en méritos, garantizando un proceso justo para todos los aspirantes.

Lo que cambia concretamente es que se definen de forma clara los pasos a seguir para convocar y resolver estos concursos. Se especifica qué información deben contener las convocatorias, como el puesto, los requisitos, cómo se valorarán los méritos y la puntuación mínima necesaria. También se establecen plazos para presentar solicitudes y para que la administración resuelva los concursos.

La ley entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La fecha exacta de publicación fue el 4 de mayo de 1989, con una corrección de errores posterior el 9 de mayo de 1989. Por lo tanto, sus efectos son aplicables desde esas fechas.

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Aumento salarial para funcionarios aragoneses de 1988

Esta ley es un aumento de dinero para los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se trata de una cantidad específica para cubrir las diferencias en sus sueldos del año 1988. Estas diferencias surgieron porque se revisó y valoró el trabajo que cada funcionario realiza en su puesto.

Lo que cambia es que se aprueba una partida de dinero extra, 708.279.055 pesetas, para pagar estas diferencias salariales. Esto se hace para que los funcionarios cobren lo que les corresponde según la nueva valoración de sus puestos de trabajo, que se acordó a finales de 1988.

La ley entra en vigor con su publicación, pero los efectos económicos de este aumento salarial se retrotraen al 1 de enero de 1988. Es decir, aunque se apruebe ahora, el dinero extra corresponde a lo que se debió pagar durante todo ese año.

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Fin del Tribunal Central de Trabajo y nuevas competencias judiciales

Este acuerdo marca la supresión del Tribunal Central de Trabajo, un órgano judicial especializado en asuntos laborales. Su desaparición se debe a la creación de nuevas estructuras judiciales, como los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que asumen sus funciones.

Concretamente, a partir del 23 de mayo de 1989, los nuevos tribunales y la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional comienzan a resolver los casos laborales que surjan. Los asuntos que ya estaban en trámite en el Tribunal Central de Trabajo se repartirán entre la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según su naturaleza.

La fecha clave para esta transición es el 23 de mayo de 1989. A partir de ese día, el Tribunal Central de Trabajo deja de existir y sus competencias son asumidas por los nuevos órganos judiciales, marcando un hito en la organización del sistema judicial español en materia laboral.

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La Comunidad Valenciana asume el control de las Sociedades Anónimas Laborales

Este Real Decreto significa que la Generalitat Valenciana, es decir, el gobierno de la Comunidad Valenciana, se encarga ahora de la calificación y el registro de las Sociedades Anónimas Laborales. Antes, estas funciones las realizaba la Administración del Estado, es decir, el gobierno central.

Lo que cambia concretamente es que las empresas que se constituyan como Sociedades Anónimas Laborales en la Comunidad Valenciana, o las ya existentes, deberán realizar sus trámites y obtener sus reconocimientos ante las autoridades autonómicas valencianas en lugar de las estatales. Esto agiliza y acerca la gestión administrativa a los empresarios de la región.

La efectividad de este traspaso de competencias se produce a partir de la fecha señalada en el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, que fue el 24 de abril de 1989, aunque el Real Decreto en sí entra en vigor con su publicación.

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Más personal para la Universidad de Sevilla

Esta resolución de la Universidad de Sevilla aprueba una ampliación de los puestos de trabajo del personal de administración y servicios. El objetivo es cubrir necesidades urgentes que no podían esperar a la actualización general de la plantilla.

Concretamente, se crean nuevas plazas para la gestión de servicios centrales, se refuerza el servicio técnico con arquitectos e ingenieros, se integra la unidad administrativa del Consejo Social y se crea un negociado para la gestión de proyectos de investigación. También se amplían puestos en bibliotecas y se añaden auxiliares en los centros de Huelva.

La resolución fue aprobada por la Junta de Gobierno y el Consejo Social de la Universidad de Sevilla en abril de 1989 y entró en vigor tras su publicación.

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Unificación de mutualidades de previsión en la Seguridad Social

Esta orden ministerial oficializa la integración de dos mutualidades de previsión, una del antiguo Instituto Nacional de Previsión y otra de funcionarios del Mutualismo Laboral, en el Fondo Especial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El objetivo es unificar y simplificar la gestión de estas entidades, consolidando sus recursos y obligaciones bajo una misma estructura.

Concretamente, se autoriza la transferencia de todos los bienes y recursos de ambas mutualidades al Fondo Especial. Una vez completada esta aportación, la integración será efectiva. Esto significa que el Instituto Nacional de la Seguridad Social se encargará del reconocimiento y liquidación de las prestaciones de los mutualistas y pensionistas afectados, según los términos y cuantías establecidos.

La integración tuvo efectos retroactivos desde el 1 de julio de 1987, aunque la orden que la publica es de mayo de 1989. Esto permite que las decisiones tomadas a partir de esa fecha se apliquen a quienes pertenecían a estas mutualidades, garantizando la continuidad de sus derechos y obligaciones dentro del sistema de la Seguridad Social.

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Detalles sobre el Consejo General de la Emigración

Esta orden aclara cómo se organiza y funciona el Consejo General de la Emigración. Este órgano sirve para que los españoles que viven fuera de España, los sindicatos, las empresas y la administración pública puedan participar en las decisiones sobre asuntos relacionados con la emigración.

Lo que cambia es la forma en que se eligen y designan los miembros del Consejo. Se establece cómo se repartirán los consejeros entre los países según el número de españoles que viven allí, y también cómo se elegirán los representantes de las Comunidades Autónomas y de otros países sin representación previa.

Esta orden entra en vigor el 4 de mayo de 1989, ya que es la fecha en que se publica y se hace efectiva la regulación detallada del Consejo General de la Emigración.

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Corrección de errores en la formación profesional

Esta orden ministerial, publicada originalmente en 1989, se dedica a corregir pequeños errores detectados en un documento anterior que regulaba el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional y los cursos de formación profesional ocupacional. Estas correcciones buscan clarificar el texto original para asegurar una correcta aplicación de las normativas.

Los cambios son de carácter técnico y afectan a la redacción de varios artículos. Por ejemplo, se aclara la distinción entre "jóvenes parados" y "jóvenes y parados", se especifica mejor la inclusión de mujeres en programas de formación, y se corrigen erratas tipográficas y gramaticales para que el texto sea más preciso y comprensible.

Estas correcciones entran en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 4 de mayo de 1989. Su objetivo es garantizar que la normativa sobre formación profesional sea clara y se aplique correctamente desde su inicio.

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Actualización de las condiciones de trabajo para el personal de Correos en oficinas móviles

Esta orden ministerial actualiza las normas que rigen el trabajo y las retribuciones del personal que presta servicios en las oficinas móviles de Correos. El objetivo es adaptar estas condiciones a la realidad actual y a la modernización de los servicios, especialmente en relación con el transporte ferroviario.

Concretamente, se establecen nuevas formas de calcular la jornada laboral de este personal, teniendo en cuenta el tiempo en ruta, los tiempos de recepción y entrega de envíos, y las detenciones en destino. También se definen las indemnizaciones que percibirán, basándose en normativas anteriores y hasta que se desarrolle un régimen especial.

La orden entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que tuvo lugar el 26 de abril de 1989. Por lo tanto, sus efectos son inmediatos desde esa fecha.

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Corrección de errores en la organización de puestos de trabajo de la UNED

Esta resolución es una corrección de errores de un documento anterior que detallaba los puestos de trabajo del personal de administración y servicios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Básicamente, se trata de arreglar pequeños fallos que se habían publicado, como fechas, nombres de secciones o niveles de complemento de destino de algunos puestos.

Afecta directamente a los trabajadores de la UNED que ocupan o podrían ocupar los puestos mencionados, ya que las correcciones modifican aspectos como la forma de provisión de un puesto, el número de plazas disponibles en una sección o el complemento económico asociado a ciertas jefaturas. También se corrigen errores tipográficos en los nombres de algunas facultades o secciones.

Los efectos administrativos de estas correcciones se refieren al 1 de octubre de 1988, aunque la resolución que las publica es de marzo de 1989. Esto significa que los cambios que se detallan ya estaban en vigor desde finales de 1988, y esta publicación sirve para dejar constancia oficial de las rectificaciones realizadas.

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Corrección de errores en la relación de puestos de trabajo de la Universidad de Alcalá

Esta resolución aclara y corrige algunos errores detectados en un documento anterior que detallaba los puestos de trabajo del personal de administración y servicios de la Universidad de Alcalá de Henares. Se trata de una actualización para asegurar que la información sobre los cargos y sus denominaciones sea precisa.

Los cambios concretos afectan a la denominación de algunos puestos, como la modificación de "Jefe Sección Consejo Social" a "Jefe Sección Secretaría Consejo Social", o "Jefe Servicio Alumnos y Becas" a "Jefe Sección Alumnos y Becas". También se corrige el número de puestos en un caso específico, pasando de "número de puestos 1" a "número de puestos 2".

Esta corrección se publica el 18 de abril de 1989, y su objetivo es que la relación de puestos de trabajo refleje fielmente la estructura organizativa de la universidad en ese momento, corrigiendo las imprecisiones que se habían publicado previamente.

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Capitanes y oficiales de marina ahora son autónomos obligatorios

Esta orden ministerial establece que los capitanes, jefes y oficiales de la marina mercante que trabajen por su cuenta y estén colegiados, deben darse de alta obligatoriamente en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social. Esto significa que pasan a cotizar como autónomos, independientemente de si trabajan para sí mismos.

Lo que cambia concretamente es que estos profesionales, hasta ahora con una situación particular, quedan integrados de forma obligatoria en el régimen de autónomos. Esto les obliga a cumplir con las cotizaciones y derechos que conlleva estar en este régimen, equiparándolos a otros profesionales que ejercen por cuenta propia y están adscritos a un colegio profesional.

La orden entró en vigor el 1 de mayo de 1989, el día primero del segundo mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, esta medida se aplica desde esa fecha a los colectivos afectados.

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Ayudas para crear empleo y facilitar jubilaciones en empresas con problemas

Esta orden ministerial de 1989 se refiere a la distribución de dinero público destinado a dos fines principales: por un lado, ayudar a la creación de nuevos puestos de trabajo y, por otro, facilitar que los trabajadores de empresas que atraviesan dificultades y no están incluidas en planes de reconversión puedan jubilarse anticipadamente.

Lo que cambia concretamente es cómo se reparte este dinero entre las distintas Comunidades Autónomas. Se establecen unos criterios objetivos, aprobados por el Gobierno, para decidir qué cantidad recibe cada región. Las Comunidades Autónomas son las encargadas de gestionar estos fondos y, al final del año, deben informar al Ministerio de Trabajo sobre cómo se ha gastado el dinero.

Esta orden entra en vigor para el ejercicio económico de 1989, es decir, para las ayudas que se concedieron y gestionaron durante ese año. El objetivo era asegurar que los fondos llegaran de forma equitativa a las regiones y se utilizaran para los fines previstos.

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Se crea un grupo de expertos para prevenir accidentes químicos graves

Esta orden ministerial establece la creación de la Comisión Técnica del Riesgo Químico. Su objetivo principal es servir como órgano de trabajo para la Comisión Nacional de Protección Civil, asesorándola y brindándole asistencia técnica en materia de prevención de accidentes en industrias químicas, especialmente aquellas consideradas de alto riesgo.

Concretamente, esta comisión se encargará de estudiar y proponer iniciativas para evitar que ocurran accidentes graves en instalaciones que manejan sustancias químicas peligrosas. Su labor busca mejorar la seguridad y la preparación ante posibles emergencias.

La creación de esta comisión se hace pública el 11 de abril de 1989, como consecuencia de un Real Decreto anterior que incorporaba normativa europea sobre prevención de accidentes mayores en la industria.

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