El Horno

Funcionarios diplomáticos tendrán puestos de trabajo exclusivos

Este Real Decreto establece que ciertos puestos de trabajo dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto en España como en el extranjero, que implican funciones diplomáticas o consulares importantes, serán asignados de forma exclusiva a los funcionarios de la Carrera Diplomática. Esto se debe a su formación y preparación específica para estas tareas.

Lo que cambia concretamente es que estos puestos, que antes podían ser cubiertos por otros funcionarios, ahora solo podrán ser ocupados por diplomáticos. Además, se impide que estos funcionarios diplomáticos puedan acceder a puestos en otras áreas administrativas que no sean las de su carrera.

Este Real Decreto entró en vigor el 5 de junio de 1990, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y su objetivo es asegurar que las funciones diplomáticas y consulares de mayor relevancia sean desempeñadas por personal altamente cualificado y preparado para ello.

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Corrección de errores en la relación de puestos de trabajo de la Universidad de Oviedo

Esta resolución aclara y corrige la lista oficial de los puestos de trabajo del personal funcionario de Administración y Servicios de la Universidad de Oviedo. Es decir, se subsanan los errores que se habían publicado previamente en un documento oficial.

Lo que cambia concretamente es que se anula la lista de puestos que contenía los errores y se aprueba una nueva lista corregida. Esto asegura que la información sobre las plazas disponibles para el personal no docente y administrativo sea precisa y no induzca a confusión.

Esta corrección entra en vigor el mismo día de su publicación, el 26 de mayo de 1990, para asegurar que la información oficial sea la correcta desde ese momento.

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Se crea una plaza de Jefe del Servicio Jurídico en la Universidad de Sevilla

Esta resolución de 1990 establece la creación de un puesto específico de Jefe del Servicio Jurídico dentro de la estructura de la Universidad de Sevilla. Su objetivo principal es cubrir una necesidad urgente de contar con un responsable para el área legal de la institución universitaria.

Lo que cambia concretamente es la incorporación formal de esta plaza a la relación de puestos de trabajo de la Universidad. Esto implica que se define su denominación, nivel de complemento, forma de provisión (libre designación) y la remuneración económica asociada, asegurando así su funcionamiento y cobertura.

Esta medida entró en vigor el mismo día de su publicación, el 23 de enero de 1990, permitiendo la inmediata provisión y operación del Servicio Jurídico bajo la dirección de un jefe designado.

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Cambios en los puestos de trabajo de funcionarios en la Universidad de La Laguna

Esta resolución aprueba una modificación en la lista de puestos de trabajo para el personal funcionario de Administración y Servicios de la Universidad de La Laguna. En términos sencillos, se actualiza la organización interna de los empleos y sus características dentro de la universidad.

Lo que cambia concretamente es la propia relación de puestos de trabajo, es decir, la descripción y asignación de las funciones y responsabilidades de cada puesto. Esto puede afectar a cómo se distribuyen las tareas, las categorías laborales y, potencialmente, las condiciones asociadas a cada puesto.

La resolución tiene efectos desde el 1 de enero de 1990, aunque se menciona que puede haber efectos retroactivos derivados de decretos anteriores del Gobierno de Canarias que buscaban homogeneizar ciertos complementos salariales para funcionarios. Esto significa que los cambios se aplican desde principios de ese año.

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Rectificación de un error en la Universidad de Valladolid

Esta resolución se refiere a una corrección de un error detectado en una publicación anterior del Boletín Oficial del Estado, relacionada con la plantilla de personal de la Universidad de Valladolid. En concreto, se trata de una modificación en la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de Administración y Servicios de dicha universidad.

Lo que cambia es la corrección de un dato o información que se publicó de forma incorrecta previamente. No afecta directamente a los ciudadanos en su día a día, sino que es un trámite interno de la universidad para asegurar que la información oficial sobre su personal sea la correcta.

La entrada en vigor de esta rectificación se produce tras su publicación oficial. Al ser una corrección de un error, su efecto es subsanar la información previa, y se entiende que es efectiva desde el momento en que se hace pública la rectificación, aunque la fecha específica de publicación en el BOE no se detalla en este extracto.

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Claridad para marinos extranjeros en buques españoles

Esta resolución busca poner orden en la situación de los trabajadores extranjeros que trabajan en barcos españoles, especialmente cuando estos barcos operan en aguas de otros países. Hasta ahora, la documentación y los permisos para trabajar de estas personas no estaban del todo claros, lo que generaba inseguridad tanto para las empresas como para los propios marinos.

Lo que cambia es que se establece un procedimiento más claro para autorizar el trabajo de estos marinos extranjeros. Se reconoce que, por acuerdos internacionales, es necesario que los barcos españoles empleen a ciudadanos de otros países en ciertas circunstancias, sobre todo cuando faenan en aguas de esos países. La resolución busca evitar que esta situación se use para fijar residencia en España de forma indebida.

La resolución entra en vigor a partir de su publicación, que fue el 23 de mayo de 1990. Su objetivo es dar seguridad jurídica y facilitar el control administrativo sobre este colectivo de trabajadores del mar.

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Se corrigen errores en la Ley de Procedimiento Laboral

Este documento es una corrección de pequeños errores detectados en una ley importante que regula cómo se llevan a cabo los juicios y trámites en el ámbito laboral en España. Afecta a todas las personas que puedan tener un conflicto o necesitar acudir a la justicia en temas de trabajo, como despidos, salarios o condiciones laborales.

Concretamente, se arreglan fallos en la numeración de capítulos (por ejemplo, de 'CAPITULO II' a 'CAPITULO SEGUNDO') y se modifican algunas palabras o frases para que el texto sea más preciso y claro. Son cambios menores pero importantes para que la ley se entienda y aplique correctamente.

Esta corrección se publicó el 23 de mayo de 1990, y su objetivo es asegurar que la Ley de Procedimiento Laboral, que entró en vigor en 1990, se aplique sin ambigüedades desde su inicio. No hay una nueva fecha de entrada en vigor, ya que se trata de rectificar el texto original.

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Corrección en la oferta de plazas militares de 1990

Este documento es una corrección de un error que se produjo al publicar una orden sobre la provisión de plazas para ingresar en centros de formación militar y acceder a empleos de oficial, tropa y marinería profesional en 1990. El error afectaba a la forma en que se detallaban las plazas disponibles para el Cuerpo Militar de Sanidad.

Lo que cambia es la redacción exacta de una parte del texto oficial. Específicamente, se corrige cómo se indicaba el número de plazas para promoción interna en el Cuerpo Militar de Sanidad, añadiendo un detalle entre paréntesis que antes faltaba. El resto de la información sobre las plazas y los requisitos para acceder a ellas no se modifica.

Esta corrección se publica el 12 de mayo de 1990, aunque el acuerdo original al que se refiere es del 4 de mayo de 1990 y la orden que contenía el error se publicó el 9 de mayo de 1990. Por lo tanto, entra en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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Pequeños ajustes en las normas de acceso a la carrera militar

Este documento es una corrección de errores de un Real Decreto de 1990 que establece las reglas para entrar en las academias militares y convertirse en militar de carrera. Básicamente, se han detectado algunos fallos tipográficos en el texto original y se corrigen para que la normativa sea exacta.

Lo que cambia es muy concreto: se modifican fechas de leyes mencionadas, se corrige la escritura de 'Guardia Vicil' a 'Guardia Civil', se añade una preposición en un artículo y se cambia 'grado medio' por 'grado superior' en otro punto. Son cambios menores que aseguran la precisión del texto legal.

Esta corrección de erratas entró en vigor el mismo día de su publicación, el 12 de mayo de 1990, ya que su objetivo es aclarar y rectificar el texto original sin alterar su contenido fundamental.

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Plazas para unirse a las Fuerzas Armadas en 1990

Esta orden ministerial, publicada en mayo de 1990, detalla cuántas plazas se ofrecían para entrar en las academias militares y para ascender a militar de empleo durante ese año. Afecta a quienes querían ser oficiales, tropa y marinería profesional, así como a la Guardia Civil.

Concretamente, se establecen las cifras de plazas disponibles para el ingreso directo o por promoción interna en los centros de formación militar. También se fijan las plazas para acceder a la condición de militar de empleo, que son aquellos que ya están en las fuerzas armadas y buscan un ascenso. Se mencionan también las plazas específicas para la Guardia Civil.

Esta disposición entró en vigor en el momento de su publicación, es decir, a partir de mayo de 1990, y se aplicó a los procesos de selección y acceso que se desarrollaron a lo largo de ese año.

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Andalucía asume el control de las Sociedades Anónimas Laborales

Este Real Decreto significa que la Comunidad Autónoma de Andalucía se hace cargo de la gestión y el registro de las empresas que se constituyen como Sociedades Anónimas Laborales. Hasta ahora, estas funciones las realizaba la Administración del Estado central.

Con este traspaso, la Junta de Andalucía será la encargada de calificar y registrar estas sociedades, lo que agilizará los trámites y permitirá una gestión más cercana a las necesidades de las empresas andaluzas. Los medios materiales y económicos necesarios para llevar a cabo estas tareas también se transfieren a la comunidad autónoma.

La efectividad de este traspaso se hace a partir de la fecha señalada en el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, que fue adoptado el 3 de abril de 1990. El Real Decreto en sí entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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Reglas para entrar en la carrera militar

Este Real Decreto establece las normas generales para que las personas puedan ingresar en las academias militares donde se formarán para ser militares, y también cómo se puede acceder a la condición de militar de empleo. Es decir, define los requisitos y procedimientos para quienes deseen iniciar su carrera en las Fuerzas Armadas o ascender dentro de ellas.

Lo que cambia concretamente es la unificación y actualización de las normativas existentes. Se derogan numerosas leyes y decretos anteriores que regulaban de forma dispersa el acceso a diferentes cuerpos y escalas militares, creando un marco reglamentario único y más moderno para estos procesos de ingreso y acceso.

La entrada en vigor de este reglamento se produjo el 8 de mayo de 1990, fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, las antiguas disposiciones quedaron sin efecto y se empezaron a aplicar estas nuevas reglas generales.

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Actualización de puestos de trabajo en la Universidad de Valladolid

Esta resolución se refiere a una modificación en la lista de los puestos de trabajo del personal que trabaja en la administración y servicios de la Universidad de Valladolid. Es decir, se han revisado y actualizado los detalles sobre los diferentes trabajos que componen el personal no docente de esta institución.

Lo que cambia concretamente es la propia relación de estos puestos de trabajo. Esto implica que se han aprobado ajustes en las descripciones, funciones o quizás en la denominación de algunos de estos empleos dentro de la universidad, basándose en normativas legales previas sobre la función pública y las retribuciones del personal universitario.

Esta modificación fue aprobada por los órganos de gobierno de la Universidad de Valladolid a finales de 1989 y la resolución que ordena su publicación es de abril de 1990. Por lo tanto, entró en vigor poco después de su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado.

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Corrección de errores en la plantilla de personal de la Universidad de Cádiz

Esta resolución aclara y corrige la lista oficial de los puestos de trabajo del personal funcionario de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz. Se trata de una rectificación para asegurar que la información publicada sea la correcta y no cause confusión.

Lo que cambia concretamente es la anulación de un anexo que contenía errores y la aprobación de un nuevo anexo con la relación de puestos de trabajo correcta. Esto afecta directamente a la organización interna de la universidad y a la información oficial sobre su personal.

Esta corrección entra en vigor a partir de la fecha de la resolución, el 26 de abril de 1990. Es importante destacar que se trata de una corrección de un documento anterior, no de una nueva normativa con efectos generales.

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Mejora en la pensión de invalidez para mayores de 55 años

Esta resolución aclara cómo se calcula un complemento del 20% en la pensión de invalidez permanente total para aquellos que tienen más de 55 años. Antes, existía una interpretación que limitaba este aumento, pero los tribunales han dictaminado que debe aplicarse de forma más favorable.

Lo que cambia concretamente es que ahora se reconoce el derecho a que este complemento del 20% se actualice con las revalorizaciones que hayan ocurrido desde que se reconoció la pensión inicial, y no solo desde que se cumplen los 55 años. Esto significa que la cantidad final a percibir puede ser mayor.

La resolución entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, los efectos económicos de este aumento pueden retrotraerse hasta tres meses antes de la solicitud, lo que beneficia a quienes hayan reclamado este derecho.

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Se fijan las cuotas para mutualistas de la Seguridad Social

Esta orden ministerial establece el porcentaje que deben aportar ciertos funcionarios y otros trabajadores a un fondo especial de la Seguridad Social. Se trata de mutualistas que se integran en el Fondo Especial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, procedentes de mutualidades de funcionarios de la propia Administración de la Seguridad Social, así como de la Mutualidad de Previsión del extinguido Instituto Nacional de Previsión.

Concretamente, se fija una cotización del 1,5% para la mayoría de estos mutualistas sobre su base de cotización. Sin embargo, aquellos que cotizan por cuenta propia, o que no son funcionarios pero pertenecen a la Mutualidad de Previsión, deberán aportar un 3% de su base de cotización. También se regulariza la situación de quienes ya cotizaron a un fondo complementario.

Esta normativa entra en vigor el próximo 1 de junio de 1990, afectando directamente a las nóminas de los mutualistas mencionados a partir de esa fecha. Es una medida para unificar y definir las aportaciones económicas dentro del sistema de Seguridad Social.

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Integración de pensionistas de la Propiedad Urbana en la Seguridad Social

Esta orden ministerial establece la integración de los pensionistas de la Mutualidad de Previsión Social de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana de España en el régimen general de la Seguridad Social. Esto significa que las pensiones que hasta ahora gestionaba dicha mutualidad pasarán a ser administradas y abonadas por el sistema público de la Seguridad Social.

Concretamente, los años que estos pensionistas o sus causantes trabajaron para las entidades que les afiliaban a la mutualidad se considerarán como periodos cotizados a la Seguridad Social. El Instituto Nacional de la Seguridad Social se encargará de reconocer y abonar las pensiones a partir de junio de 1990, asumiendo las prestaciones económicas que antes cubría la mutualidad.

La medida entró en vigor con efectos a partir del 1 de junio de 1990, fecha a partir de la cual el Instituto Nacional de la Seguridad Social comenzó a reconocer y abonar estas pensiones integradas.

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Actualización de puestos de trabajo en la Universidad de Cádiz

Esta resolución de la Universidad de Cádiz se refiere a la actualización de la lista de puestos de trabajo del personal de administración y servicios. Su objetivo es adaptar la estructura y las funciones de la administración universitaria a las necesidades organizativas y funcionales detectadas desde la última actualización en 1988.

Concretamente, se aprueba una nueva relación de puestos de trabajo que incluye la creación de nuevas unidades administrativas para cubrir carencias observadas y la reorganización funcional de los puestos ya existentes. Esto busca mejorar la eficiencia y la respuesta de la administración universitaria a sus tareas.

La actualización de esta relación de puestos de trabajo entra en vigor con efectos económicos y de consolidación de grado desde el 1 de enero de 1989, aunque la resolución se publica el 21 de abril de 1990.

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Ampliación de plazos para obras y servicios de desempleados

Esta orden ministerial se refiere a un programa que permite a los ayuntamientos y otras entidades locales colaborar con el Instituto Nacional de Empleo para crear obras y servicios que den trabajo a personas desempleadas. El objetivo es facilitar la contratación de estos trabajadores para proyectos de interés público.

Lo que cambia concretamente es la extensión de los plazos. Originalmente, las obras y servicios debían finalizar al final del año en que se iniciaban, o como máximo en los tres primeros meses del año siguiente. Debido a problemas climáticos en 1989, se amplía el plazo de finalización para las obras y servicios aprobados en el último trimestre de 1989 hasta el 30 de abril de 1990.

Esta orden entró en vigor el 1 de abril de 1990, permitiendo así que los proyectos afectados por las inclemencias del tiempo pudieran completarse y los trabajadores desempleados continuaran con sus contratos.

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Beneficios del Seguro Escolar para alumnos de Formación Profesional Especial

Esta resolución aclara que los estudiantes que cursan Formación Profesional Especial, independientemente de si estudian en centros ordinarios o en unidades específicas de educación especial, tienen derecho a disfrutar de los beneficios del Seguro Escolar. El objetivo es garantizar la igualdad de acceso a este seguro para todos los alumnos de formación profesional.

Lo que cambia concretamente es que se elimina la duda existente sobre si estos alumnos estaban cubiertos. Ahora se confirma explícitamente que sí lo están, asegurando que reciban la protección y las coberturas que ofrece el Seguro Escolar, tal como lo establece la normativa vigente.

Esta resolución entró en vigor el día de su publicación, el 6 de abril de 1990. Por lo tanto, desde esa fecha, los alumnos de Formación Profesional Especial pueden acceder a los beneficios del Seguro Escolar sin problemas.

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Corrección de errores en la relación de puestos de trabajo de la Universidad Politécnica de Madrid

Este documento es una corrección oficial de un error detectado en una publicación anterior que detallaba los puestos de trabajo del personal funcionario de Administración y Servicios de la Universidad Politécnica de Madrid. Básicamente, se trata de arreglar unos datos que no estaban bien escritos en el documento original.

Lo que cambia concretamente son algunas letras y números que identifican ciertos puestos de trabajo, como Jefe de Sección de Gestión Económica o Ayudantes de Administración, y también la corrección de unos números de página y columna. Estos cambios son meramente técnicos para asegurar que la información oficial sea precisa.

La entrada en vigor de esta corrección es inmediata a su publicación, ya que su propósito es subsanar errores de forma rápida para que la información oficial sea correcta desde el momento de su publicación.

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Flexibilización temporal de gastos para fusiones de mutuas

Esta orden ministerial aborda las dificultades que enfrentan las mutuas de accidentes de trabajo cuando se fusionan o absorben otras. El objetivo es facilitar estos procesos de reorganización, permitiendo que las mutuas afectadas puedan superar temporalmente los límites establecidos para sus gastos de administración. Esto se hace para asegurar que la integración sea viable sin comprometer la operatividad ni el empleo.

Concretamente, la orden permite que la Secretaría General para la Seguridad Social autorice a estas mutuas a sobrepasar los límites de gastos de administración habituales. Esta autorización tendrá una duración máxima de tres ejercicios y estará sujeta a la presentación de un plan de ajuste que contemple la integración de personal. Se busca que el gasto medio de administración no supere el porcentaje que sumaban las mutuas originales antes de la fusión.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que sus efectos comenzaron a aplicarse a partir del 27 de marzo de 1990. Su propósito es dar un respiro temporal a las mutuas en procesos de reestructuración, facilitando su consolidación y evitando la pérdida de puestos de trabajo en el sector.

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Más dinero para ayudar a empresas y crear empleo en Aragón

Esta ley permite a la Diputación General de Aragón recibir dinero extra para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y fomentar la creación de empleo. Se trata de una inyección económica adicional a la que ya se disponía, necesaria para cumplir con acuerdos sociales y económicos firmados previamente.

Concretamente, se aprueba un suplemento de crédito de más de 212 millones de pesetas para programas de fomento del empleo y un crédito extraordinario de 100 millones de pesetas para apoyar a las PYMES. Estos fondos se destinarán a subvenciones y ayudas directas.

La ley entró en vigor el 21 de marzo de 1990, una vez publicada en los boletines oficiales, para que el dinero pudiera empezar a utilizarse lo antes posible en beneficio de la economía aragonesa.

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Los ópticos autónomos ya cotizan a la Seguridad Social

Esta orden ministerial establece que los ópticos que trabajan por su cuenta y están colegiados deben obligatoriamente darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social. Esto significa que, al igual que otros profesionales independientes, deben cotizar para tener derecho a prestaciones como jubilación, incapacidad o asistencia sanitaria.

Lo que cambia es que esta situación pasa a ser obligatoria para todos los ópticos autónomos colegiados. Anteriormente, la inclusión en este régimen especial requería una solicitud formal por parte de las entidades representativas de los profesionales, y ahora se establece de manera generalizada para este colectivo.

La orden entró en vigor el 1 de abril de 1990, es decir, el primer día del segundo mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Desde esa fecha, los ópticos que ejercen de forma independiente y estén adscritos a su colegio profesional deben cumplir con esta obligación de cotización.

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Pequeños ajustes en las normas de cotización a la Seguridad Social

Este documento es una corrección de errores de una orden anterior que establecía las bases para calcular cuánto dinero se aporta a la Seguridad Social, el desempleo, el Fondo de Garantía Salarial y la Formación Profesional. Afecta a todos los trabajadores y empresas en España que cotizan a estos sistemas.

Los cambios son muy específicos y buscan aclarar o rectificar detalles técnicos. Por ejemplo, se añade la palabra "mensuales" para especificar que una cantidad de dinero se refiere a un mes, o se corrigen referencias a artículos de la ley para que apunten al lugar correcto. No modifican el importe total de las cotizaciones, solo la forma en que se describen o se refieren a ellas.

Esta corrección entró en vigor el 13 de marzo de 1990, ya que se trata de un Real Decreto que subsana errores en una orden publicada poco antes ese mismo año. Su objetivo es asegurar que las normas sean claras y aplicables correctamente.

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

Simplificación para dar de baja deudas y pagos antiguos en la Seguridad Social

Esta resolución de 1990 establece cómo la Seguridad Social debe gestionar y dar de baja de sus cuentas aquellas deudas que ya no se pueden cobrar o pagos que no se pueden realizar. El objetivo es que las cuentas reflejen la realidad económica y no acumulen cantidades que ya no son exigibles.

Concretamente, se definen los procedimientos para que los centros de la Seguridad Social inicien y tramiten expedientes para eliminar deudas incobrables (por ejemplo, si el deudor es insolvente o la documentación es defectuosa) y obligaciones de pago que tampoco se pueden ejecutar por diversas razones. Esto ayuda a mantener las cuentas al día y sin saldos ficticios.

La norma entró en vigor en 1990, cuando se publicó. Aunque es antigua, su propósito de mantener la contabilidad de la Seguridad Social limpia y ajustada a la realidad sigue siendo relevante para la gestión de los recursos públicos.

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Corrección de errores en la relación de puestos de trabajo de la Universidad Carlos III

Esta resolución se refiere a la corrección de algunos errores detectados en un documento anterior que publicaba la lista de los puestos de trabajo del personal de administración y servicios de la Universidad Carlos III de Madrid. Afecta principalmente a quienes trabajan en la administración de esta universidad y a quienes consultan dicha lista para fines informativos o de gestión.

Los cambios concretos implican la modificación de fechas en la referencia a una sesión (del 22 de octubre al 22 de diciembre de 1989) y la corrección del grupo de adscripción de varios puestos de trabajo dentro de distintas unidades de la universidad, como la Unidad de Investigación, la Unidad de Actividades Complementarias y la Unidad de Departamentos Universitarios. Estas correcciones son de carácter técnico y administrativo.

La resolución fue emitida el 21 de febrero de 1990 y su objetivo es asegurar que la información publicada sobre los puestos de trabajo sea correcta y refleje fielmente las decisiones tomadas. No hay una fecha de entrada en vigor específica, ya que se trata de una rectificación de un documento ya existente.

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Ayudas por lluvias torrenciales en Almería y Murcia

Esta orden del Ministerio del Interior extiende las ayudas y medidas de reparación ya existentes a los agricultores y ganaderos de Almería y Murcia que sufrieron graves daños por las fuertes lluvias caídas entre el 14 y el 17 de octubre de 1989. El objetivo es paliar las pérdidas económicas y facilitar la recuperación de sus explotaciones.

Concretamente, los titulares de explotaciones agrarias afectadas podrán solicitar la modificación de los plazos de pago de sus préstamos o anticipos concedidos a través del Ministerio de Agricultura. Se les permitirá ampliar el periodo de carencia o amortización hasta tres años, siempre que estén al corriente de pagos anteriores y las anualidades afectadas venzan entre el 14 de octubre de 1989 y el 14 de enero de 1990.

La orden se publica el 2 de marzo de 1990, pero las medidas reparadoras se aplican a los daños ocurridos en octubre de 1989. La prórroga del plazo para solicitar estas ayudas se establece para los afectados de la provincia de Málaga, quienes también sufrieron daños por lluvias en noviembre de ese mismo año, aunque se les aplicaron otras medidas de emergencia.

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