Resumen: Acuerdo aéreo España-El Salvador actualizado

Qué es

España y El Salvador actualizan las reglas que permiten que aviones de ambos países operen en rutas entre los dos territorios. Es como renovar un contrato que había desde 1997 para adaptarlo a cómo vuelan hoy en día.

A quién afecta

Principalmente a aerolíneas que operan entre España y El Salvador: compañías como Iberia, Air Europa o transportistas salvadoreños. También a viajeros que usan estos vuelos y a empresas con negocios frecuentes entre países.

Qué cambia

El anexo (la parte específica con los detalles técnicos) se modifica para reflejar condiciones actuales: probablemente rutas permitidas, frecuencias de vuelos, capacidades de pasajeros o regulaciones de seguridad más recientes. Esto facilita que haya más vuelos, mejores conexiones o servicios adaptados a la demanda actual.

Cuándo entra en vigor

Se firmó el 12 de noviembre de 2025 en Punta Cana. Generalmente estos acuerdos entran en vigor después de que ambos países completen sus trámites internos de ratificación, aunque esto puede tardar semanas o meses dependiendo de los procedimientos administrativos.

La Administración de Cataluña actualiza las reglas para sus empleados públicos

El Parlamento de Cataluña ha reformado las normas que rigen la vida laboral de los funcionarios (personas contratadas permanentemente por la administración pública). Esta modificación toca aspectos clave como derechos, deberes, selección de personal y condiciones de trabajo dentro de la Administración catalana.

Afecta principalmente a funcionarios de la Generalitat de Catalunya —desde maestros y médicos hasta administrativos en oficinas públicas— y a quienes aspiren a trabajar en la administración regional. También impacta indirectamente a los ciudadanos, porque esta ley condiciona cómo se presta el servicio público (sanidad, educación, tramitación de expedientes, etc.).

La reforma moderniza el marco de 1997, probablemente adaptándolo a cambios en el mercado laboral, derechos digitales, nuevas formas de trabajo o exigencias de transparencia. Aunque el documento no especifica qué cambios concretos introduce, suelen afectar temas como teletrabajo, conciliación laboral, procesos de selección más ágiles o actualización de derechos.

Entra en vigor el 4 de febrero de 2026. Los funcionarios actuales y futuros deberán conocer estas nuevas reglas, que sustituyen o complementan lo establecido hace casi 30 años.

Qué es

Se trata de una actualización de las reglas sobre cómo se reparten gratis los "derechos de emisión" (permisos para contaminar con gases de efecto invernadero) entre empresas españolas hasta 2030. Básicamente, ajusta cuánto puede contaminar cada compañía sin pagar multas.

A quién afecta

Principalmente a empresas industriales grandes: acerías, refinerías, plantas químicas, fábricas de cemento y papel, y productores de electricidad. También toca indirectamente a sus trabajadores y a los consumidores, porque estos costes pueden repercutir en los precios finales.

Qué cambia

El decreto modifica cómo se calcula la cantidad de derechos gratis que recibe cada empresa. Introduce cambios en la metodología (los criterios técnicos) para determinar si una fábrica es "eficiente" o no. Quién contamina menos recibe más permisos; quién contamina más, debe comprarlos o reducir emisiones. Esto incentiva a las empresas a invertir en tecnologías limpias.

Cuándo entra en vigor

Desde el 18 de febrero de 2026. Estos cambios se aplicarán en la asignación de derechos para el período 2021-2030, aunque ya estábamos dentro de este plazo: se trata de una corrección sobre

Ayudas rápidas por catástrofes meteorológicas en Andalucía y Extremadura

Tras eventos climáticos extremos que han devastado viviendas, cultivos e infraestructuras en Andalucía y Extremadura, el gobierno activa un paquete de medidas de emergencia. Se trata de un decreto que acelera la concesión de ayudas directas sin tramitación ordinaria, porque la urgencia no permite esperar procedimientos normales.

Afecta principalmente a ciudadanos y agricultores de ambas comunidades que sufrieron pérdidas por inundaciones, tormentas o fenómenos similares. También alcanza a pequeños negocios, autónomos y administraciones locales que necesiten reparar servicios públicos dañados. Las empresas de seguros e infraestructuras también entran en el proceso de evaluación de daños.

Concretamente facilita: desembolsos más rápidos sin papeleo excesivo, ampliación de plazos para solicitar compensaciones, exención de ciertos trámites administrativos, y líneas de crédito con condiciones favorables para reconstrucción. Se crea un registro de daños acelerado y se delegan facultades a las administraciones autonómicas para que otorguen ayudas sin esperar aprobaciones centrales.

Entra en vigor el 17 de febrero de 2026 y permanecerá en

El salario mínimo que todas las empresas deben pagar en 2026

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo interprofesional —la cantidad mínima que cualquier empresa debe pagar por hora o mes a sus empleados— se actualiza según lo que marca este decreto. Es el piso salarial por debajo del cual no se puede negociar, aplicable a todos los sectores sin excepción.

Principalmente afecta a trabajadores por cuenta ajena (empleados de empresa) y a las empresas que los contratan. Autónomos y administraciones no están incluidos en esta regulación, aunque sí deben respetarla si contratan a otros.

Lo concreto: establece la cifra exacta que debe constar en nóminas y contratos para 2026. Cualquier acuerdo colectivo (convenio de sector) o contrato individual puede fijar una cantidad superior, pero nunca inferior. Empresas que paguen menos incurren en infracción laboral.

Entra en vigor el 1 de enero de 2026. Desde esa fecha, cualquier contratación o renovación de nómina debe ajustarse al nuevo importe. Empleados contratados antes también deben recibir este mínimo si no lo cobraban ya.

El Tribunal Constitucional ha abierto un procedimiento para revisar si el artículo 5.2 de la nueva ley de justicia se ajusta a la Constitución. Básicamente, examina si una norma que acaba de aprobarse respeta los derechos y principios fundamentales.

Este proceso afecta a todos los ciudadanos, abogados, jueces y funcionarios judiciales. Cualquiera que use los juzgados o trabaje en ellos puede verse impactado si el tribunal detecta un problema constitucional en cómo se ha regulado la eficiencia del sistema.

Lo importante es que, si el Tribunal Constitucional decide que esa norma viola la Constitución, esa parte de la ley dejaría de aplicarse o tendría que reformularse. Eso significaría que las decisiones judiciales tomadas bajo esa regla podrían cuestionarse, y el sistema tendría que ajustarse a lo que determine el tribunal.

El procedimiento está en curso desde enero de 2025. El Tribunal Constitucional estudiará argumentos sobre si la medida de eficiencia vulnera derechos como el acceso a la justicia, la independencia judicial u otros principios. Mientras se resuelve, la ley sigue vigente, pero con esta "nube" encima hasta que haya sentencia definitiva.

Cómo pueden votar en España los ciudadanos europeos

Si eres ciudadano de otro país de la UE y vives en España, ahora tienes un proceso claro para votar en las elecciones municipales y europeas. Esta resolución establece los trámites y el formulario que necesitas rellenar para inscribirte en el censo electoral (la lista oficial de personas con derecho a voto).

A quién le importa esto

Afecta directamente a ciudadanos alemanes, franceses, italianos, polacos y de cualquier otro país miembro de la UE que resida aquí. Si trabajas, estudias o vives en España siendo europeo, esto te abre la puerta a participar en elecciones locales y europeas sin ser español.

Qué cambia en la práctica

Tienes un formulario estándar y unos pasos definidos para registrarte. Ya no hay dudas sobre dónde hacerlo ni qué documentación llevar. Una vez inscrito, participas en igualdad con los españoles en esos comicios (aunque no en generales).

Cuándo entra en vigor

La resolución es de febrero de 2026, así que ya está en vigor. Deberías verificar con tu ayuntamiento o la Junta Electoral Provincial las fechas específicas de inscripción según las próximas convocatorias electorales.

El Congreso de los Diputados rechazó dos cambios propuestos por el Senado al proyecto de ley sobre movilidad sostenible. Estos cambios buscaban añadir nuevas reglas sobre transporte ecológico y una disposición temporal, pero el Gobierno se opuso a tramitarlos, así que la Mesa del Congreso (grupo de líderes que organiza los trabajos parlamentarios) decidió no procesarlos en el pleno.

Este conflicto afecta principalmente a los ciudadanos interesados en políticas de transporte sostenible y a las administraciones locales que dependen de marcos normativos claros para planificar infraestructuras. También impacta indirectamente a empresas de movilidad y transporte que esperan certidumbre regulatoria.

Lo que cambia es que esas dos enmiendas nunca se debatirán en el pleno del Congreso. Aunque el Senado las aprobó, el procedimiento se detiene aquí. Esto significa que la ley de movilidad sostenible avanzará sin esas incorporaciones, a menos que este conflicto se resuelva en el Tribunal Constitucional (que es el árbitro en desacuerdos entre instituciones públicas).

El conflicto se plantea formalmente el 11 de noviembre de 2025, cuando la Mesa del Congreso toma esta decisión. La resolución del Tribunal

Qué ocurre aquí

El Gobierno y el Senado se enfrentan porque el Gobierno rechaza dos cambios que el Senado aprobó en una ley sobre movilidad sostenible. Estas dos enmiendas añadirían nuevas reglas al proyecto: un artículo nuevo (el 61 bis) y una disposición transitoria (instrucciones temporales de aplicación). El Gobierno dice que no está de acuerdo con cómo se han tramitado estas modificaciones.

A quién le toca

Afecta principalmente a empresas de transporte y servicios de movilidad, y a ciudadanos que usan estos servicios. También impacta en el Gobierno y el Senado, que deben resolver quién tiene razón en este procedimiento parlamentario. Las administraciones locales que gestionan transporte también están en juego.

Qué se decide

Un tribunal constitucional debe resolver si el Senado actuó correctamente al aprobar esas enmiendas o si violó reglas del procedimiento legislativo (la forma en que deben aprobarse las leyes). Dependiendo de la decisión, esas dos modificaciones podrían mantenerse, rechazarse o replantearse. En otras palabras: se define qué reglas adicionales o transitorias entrarán finalmente en la ley de movilidad.

Fecha clave

El conflicto se abrió en 2026

Qué es Un acuerdo entre España y Perú que permite a los marineros peruanos trabajar en barcos españoles (y viceversa) sin tener que repetir sus cursos de formación. Básicamente, cada país reconoce como válidas las titulaciones y diplomas que el otro ha otorgado a su gente de mar.

A quién afecta Marineros, capitanes y personal técnico de buques peruanos que quieran trabajar en la flota mercante española. También afecta a empresas navieras españolas que contraten profesionales peruanos, y al revés. En menor medida, a las autoridades portuarias de ambos países, que deben aceptar estos certificados sin cuestionarlos.

Qué cambia Desaparece la burocracia de homologaciones (trámites para validar un título en otro país). Un marinero peruano ya no necesita pasar exámenes adicionales en España ni esperar meses para que le reconozcan su experiencia. Esto abarata costes para las navieras y facilita la movilidad laboral en el sector marítimo.

Cuándo entra en vigor Se firmó el 30 de julio de 2002 en Madrid y Lima. El acuerdo es bilateral (entre dos países) y se enmarca en los estándares internacionales de la Organización Marítima Internacional para que los marin

Acuerdo de reconocimiento de certificados entre España y Uruguay para marineros

España y Uruguay acuerdan reconocer mutuamente los certificados y formación que cada país expide a sus marineros y oficiales de barco. Así, un marinero certificado en España puede trabajar en buques uruguayos sin necesidad de tramitar nuevos papeles, y viceversa. Se basa en el convenio internacional (STCW) que establece estándares mínimos de preparación y seguridad en el mar.

Afecta principalmente a marineros, capitanes, oficiales y trabajadores del sector marítimo-portuario que busquen emplearse en buques de ambos países. También facilita a las navieras españolas y uruguayas contratar personal formado en el otro país sin trámites administrativos duplicados.

Lo concreto: los certificados expedidos por España (competencia de la Dirección General de Marina Mercante) valen automáticamente en Uruguay, y los uruguayos en España. Se elimina la necesidad de "homologar" o revalidar títulos entre ambas administraciones marítimas, ahorrando tiempo y costes.

El acuerdo se firmó el 26 de septiembre en Madrid y 31 de octubre en Montevideo de 2012. Entró en vigor tras su ratificación por ambos países (generalmente después de su publicación oficial en sus respectivos boletines legislativos).

QUÉ ES

El Tribunal Constitucional resuelve una disputa entre el Congreso y el Senado sobre los tiempos para tramitar leyes. El Congreso decidió no cerrar automáticamente el plazo para presentar enmiendas (cambios) a proyectos que llegan del Senado cuando superan cierta duración, incumpliendo lo que dice su propio reglamento interno.

A QUIÉN AFECTA

Afecta a los diputados y senadores que trabajan en la elaboración de leyes, y indirectamente a los ciudadanos que dependen de que estas se aprueben en tiempos razonables. También toca la capacidad del Senado para que sus propuestas legislativas se tramiten conforme a reglas justas.

QUÉ CAMBIA

El Tribunal Constitucional obliga al Congreso a respetar su propio reglamento: cuando una proposición de ley lleva más de una prórroga en el trámite de enmiendas, los plazos deben cerrarse automáticamente. Esto evita que el Congreso bloquee indefinidamente proyectos del Senado y obliga a avanzar en los trámites legislativos.

CUÁNDO ENTRA EN VIGOR

Esta decisión es de enero de 2025 y vincula inmediatamente al Congreso a partir de su publicación oficial.

Qué es Un pacto entre España y Cuba para que reconozcan mutuamente los títulos de marineros. Si un marinero cubano obtiene su licencia en Cuba, España la acepta como válida, y viceversa. Evita que tengan que repetir exámenes o trámites cuando trabajan en barcos del otro país.

A quién afecta Marineros, capitanes y personal de barcos (tripulaciones mercantes) que trabajen o quieran trabajar entre España y Cuba. También afecta a las navieras y armadores que contratan estas personas, porque simplifica la documentación requerida para operar en aguas de ambos países.

Qué cambia Los marineros cubanos pueden trabajar legalmente en buques españoles presentando su título cubano sin necesidad de convalidarlo (proceso que normalmente requiere evaluaciones adicionales). Lo mismo para marineros españoles en Cuba. Acelera las contrataciones y reduce costes administrativos para empresas navieras.

Cuándo entra en vigor El acuerdo se firmó el 19 de julio en Madrid y el 30 en La Habana en 2002. A partir de esa fecha comienza su vigencia entre ambos países.

Acuerdo España-Chile sobre títulos de marineros

España y Chile acuerdan reconocer mutuamente los diplomas y certificados que obtienen los marineros profesionales en ambos países. Es decir: si completaste tu formación como capitán, maquinista u otro puesto en la marina mercante chilena, España acepta tu título como válido, y viceversa. Esto funciona como un "pasaporte profesional" entre ambos países.

Afecta principalmente a marineros profesionales, capitanes, oficiales de máquinas y personal técnico de buques que trabajan en la marina mercante (barcos comerciales). También impacta a las escuelas de formación marítima y autoridades portuarias de ambos países, que deben reconocer estos certificados.

El cambio concreto es que ya no necesitarás revalidar (renovar o verificar) tu título cuando trabajes en el otro país. Si trabajas en un buque español con tu certificado chileno, o viceversa, la documentación es directamente válida. Esto agiliza contrataciones y movilidad laboral sin trámites adicionales de homologación.

El acuerdo entró en vigor el 30 de julio de 2002, cuando ambos gobiernos lo firmaron en Madrid.

Los precios del gas licuado en tuberías cambian en febrero de 2026

La administración ha fijado nuevos precios para el gas licuado del petróleo —ese combustible que llega a muchos hogares a través de tuberías— con vigencia desde este mes. Es como cuando una estación de gasolina actualiza sus tarifas, pero en este caso lo hace la autoridad estatal para garantizar que todos pagamos lo mismo en las mismas condiciones.

Afecta principalmente a ciudadanos y pequeños negocios que usan gas canalizado para calefacción, cocina o agua caliente. Los proveedores distribuidores también están obligados a aplicar estas tarifas máximas. Si tienes contrato con una gasista, estos precios son el techo que no pueden superar antes de añadir impuestos.

Lo que cambia es el coste base de tu factura de gas. Algunos meses subirá, otros bajará, según cómo evolucionen los mercados internacionales y los costes de transporte. La administración publica estos precios mensualmente para que no haya sorpresas injustificadas.

Está en vigor desde febrero de 2026. Estos precios se actualizan regularmente —normalmente cada mes— así que conviene revisarlos si eres usuario de gas canalizado para entender los cambios en tu recibo.

Qué es El Gobierno ha aprobado un plan nacional para evitar que se fabriquen, distribuyan o se adquieran armas de destrucción masiva (bombas nucleares, químicas, biológicas). Es una estrategia de seguridad que coordina cómo España detecta, previene y combate estos riesgos.

A quién afecta A empresas que trabajan con materiales químicos o biológicos, aduanas y puertos, servicios de inteligencia, autoridades locales y regionales. También al ciudadano indirectamente: mejora los controles sobre qué entra y sale del país.

Qué cambia Se establecen protocolos más estrictos de vigilancia en fronteras y empresas. Se refuerzan controles sobre importaciones y exportaciones de sustancias sensibles, se mejora la coordinación entre organismos públicos (policía, aduanas, defensa) y se intensifica el intercambio de información. Aduanas tendrá más herramientas para inspeccionar envíos sospechosos sin aviso previo.

Cuándo El Consejo de Seguridad Nacional lo aprobó el 16 de diciembre de 2025. Se publica ahora (febrero de 2026) para que entre en vigor a partir de esta fecha.

Reintegro de gastos de farmacia para magistrados y jueces

Los magistrados, jueces y personal judicial podrán recuperar el dinero gastado en medicinas cuando se dan situaciones excepcionales que les impiden usar el sistema normal de cobertura sanitaria. Es como tener un salvavidas económico cuando la farmacia no está cubierta de forma habitual.

Afecta directamente a jueces, magistrados y empleados del sistema judicial español, así como a sus familiares que dependan de sus prestaciones sanitarias. La Mutualidad General Judicial es quien decide y gestiona estas devoluciones.

El cambio principal es que ahora existe un procedimiento claro y detallado para solicitar que te devuelvan lo pagado en farmacia sin pasar por los trámites normales. Especifica qué situaciones se consideran "excepcionales" (urgencias, cambios de medicación repentinos, medicamentos no incluidos en la cobertura estándar), qué documentos necesitas aportar y en cuánto tiempo recibirás la resolución. Antes no había un proceso tan definido.

Entra en vigor el 5 de febrero de 2026. Si antes de esa fecha ya pagaste medicinas en circunstancias excepcionales, probablemente puedas solicitar el reintegro retroactivamente presentando la documentación correspondiente.

Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas

Qué es Un conjunto de cambios en impuestos y trámites administrativos que el Estado aprueba para recaudar ingresos y simplificar procedimientos. Toca desde cómo se declaran los impuestos hasta nuevas obligaciones para autónomos y empresas.

A quién afecta A prácticamente todos: trabajadores por cambios en retenciones (descuentos en nómina), autónomos y pymes por nuevas obligaciones de registro, y contribuyentes en general por ajustes en impuestos sobre la renta, patrimonio o transacciones.

Qué cambia Sin acceso al texto completo no podemos detallar cada medida, pero este tipo de leyes suele modificar: plazos de declaración, cuotas de seguros sociales, deducciones permitidas, o requisitos para solicitar ayudas. También agiliza trámites ante administraciones (plazos más cortos, más procedimientos online).

Cuándo entra en vigor Desde su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado. Muchas medidas fiscales suelen aplicarse a partir del 1 de enero del año siguiente o en la próxima campaña de declaración de impuestos (primavera).

💡 Recomendación: Si

Galicia destina 17.500 millones de euros para servicios públicos en 2026

La Comunidad Autónoma de Galicia ha aprobado cómo gastará el dinero público durante 2026. Este presupuesto es el plan financiero anual que detalla cuánto invertirá en sanidad, educación, infraestructuras y otros servicios que usamos todos.

¿Quién lo nota? Cualquier persona que viva en Galicia: estudiantes (educación), pacientes (hospitales y centros de salud), trabajadores públicos (nóminas), empresas que contraten con la administración, y ciudadanos que usen carreteras, agua o servicios sociales. También afecta a autónomos y pymes si reciben ayudas o subvenciones.

¿Qué cambia concretamente? El gobierno gallego fija qué partidas suben o bajan respecto a 2025. Por ejemplo, puede aumentar gasto en atención primaria, reducir proyectos de infraestructuras pendientes, o modificar ayudas a sectores específicos. Este presupuesto vincula las decisiones de inversión pública durante todo el año.

Entra en vigor el 1 de enero de 2026 y permanece vigente hasta el 31 de diciembre. Si antes de fin de año no se aprueba el presupuesto de 2027, Galicia

Gijón facilita trámites digitales en su puerto

La Autoridad Portuaria de Gijón actualiza cómo funcionan sus gestiones por internet. Hasta ahora, los procedimientos electrónicos se regían por normas de 2013; esta decisión moderniza esos sistemas para adaptarlos a las exigencias actuales, mejorando la plataforma digital donde ciudadanos y empresas presentan solicitudes.

Esta afecta especialmente a empresas navieras, consignatarios, agentes aduanales y cualquier operador portuario que necesite comunicarse con la Autoridad. También beneficia a ciudadanos que quieran hacer consultas o trámites relacionados con actividades portuarias. La administración portuaria misma también se ve impactada, pues debe modernizar su infraestructura tecnológica.

Lo concreto: se actualizan los requisitos técnicos de la sede electrónica, se clarifican los procedimientos de firma digital (autenticación de documentos online), se establecen nuevos plazos de respuesta y se mejora la seguridad de los datos. Básicamente, los trámites serán más rápidos, seguros y accesibles desde el ordenador o móvil.

La resolución entra en vigor el 22 de diciembre de 2025, cuando la Autoridad Portuaria la publica formalmente. Se espera que la transición sea progresiva durante las sem

Qué es

Una ley que refuerza la protección de menores frente a sustancias y comportamientos que pueden causar adicción. Establece medidas preventivas en colegios, familias y espacios públicos, y endurece las sanciones contra quienes vendan productos adictivos a menores de edad.

A quién afecta

Principalmente a menores, padres y educadores. También impacta a comerciantes (tiendas, gasolineras, bares), productores de bebidas alcohólicas y cigarrillos, y a las administraciones que deben implementar programas preventivos en los centros educativos.

Qué cambia

Se prohíben más explícitamente la venta de alcohol, tabaco y otros productos adictivos a menores. Las escuelas deberán incluir educación sobre adicciones en el currículo. Se crean nuevas sanciones administrativas para negocios que incumplan estas restricciones, y se potencian programas de detección temprana de conductas adictivas. También se regulan con más severidad la publicidad de estas sustancias.

Cuándo entra en vigor

Desde el 23 de diciembre de 2025. Algunos plazos para la adaptación de programas educativos pueden extenderse durante 2026, aunque los comerciantes tienen obligación inmediata de cumplir las restricciones de v

Deporte en Galicia: más control y modernización

Esta ley actualiza las reglas del deporte en Galicia. Ajusta cómo funcionan las federaciones deportivas, qué requisitos deben cumplir y cómo la administración las supervisa. También introduce cambios en la gestión de instalaciones deportivas y en los programas de actividad física.

A quién afecta

A deportistas amateurs, federaciones deportivas gallegas, clubes, entrenadores y autónomos del sector. También a cualquier persona que use instalaciones públicas de deporte o reciba ayudas para actividades físicas. La Administración (Xunta de Galicia) tiene nuevas competencias de supervisión.

Cambios concretos

Las federaciones tendrán requisitos más claros para funcionar y renovar su reconocimiento oficial. Se refuerza la transparencia en su gestión financiera. Se mejora la regulación de quién puede dirigir instalaciones deportivas y se actualizan los criterios para financiar programas de actividad física. También se moderniza la forma en que la administración tramita autorizaciones y solicitudes.

Cuándo

La ley entra en vigor el 15 de diciembre de 2025. Algunas disposiciones específicas pueden tener plazos de adaptación posteriores para federaciones y entidades deportivas.

¿Qué es? El Comisionado del Mercado de Tabacos fija oficialmente los precios máximos que pueden cobrar las tiendas autorizadas (expendedurías) por cigarrillos, puros y otros productos de tabaco en toda la península ibérica e islas Baleares. Es la tarifa oficial que rige las ventas.

¿A quién afecta? Principalmente a los dueños de expendedurías de tabaco, que deben aplicar estos precios sin poder subirlos. También afecta a los consumidores, que saben cuánto pagarán máximo por estos productos, y a las distribuidoras que abastecen estas tiendas.

¿Qué cambia? A partir de esta resolución, los precios publicados son los únicos que pueden practicarse en las expendedurías. Cualquier tienda que cobre más estará cometiendo una infracción. La resolución especifica cada producto: marca, tipo de presentación y precio exacto de venta al público.

¿Cuándo entra en vigor? Desde el 13 de febrero de 2026, cuando se publica la resolución. Los expendedores deben actualizar sus sistemas de caja y etiquetado con los nuevos precios inmediatamente.

--- *Esta es una medida de control de precios que garantiza equidad en el comercio minorista de

Qué es Un recurso de inconstitucionalidad es una demanda legal ante el Tribunal Constitucional cuestionando si una ley regional cumple con la Constitución española. En este caso, se cuestiona si varios artículos de una ley fiscal y administrativa de Galicia de diciembre de 2024 respetan los derechos y límites establecidos en la Constitución.

A quién afecta Potencialmente a todos los ciudadanos, autónomos y empresas en Galicia, ya que se cuestiona aspectos de la tributación (impuestos) y procedimientos administrativos (cómo funciona la administración). Dependiendo de qué artículos resulten inconstitucionales, podrían afectar a obligaciones fiscales o trámites ante la administración pública.

Qué cambia Si el Tribunal Constitucional da la razón a quién presenta el recurso, los artículos cuestionados podrían anularse o modificarse. Esto significaría que esas normas no podrían aplicarse tal y como están redactadas actualmente. Si el tribunal rechaza el recurso, la ley sigue vigente sin cambios.

Cuándo entra en vigor El proceso de revisión en el Tribunal Constitucional puede tardar meses o años. Mientras tanto, la ley de Galicia sigue aplicándose normalmente. El resultado dependerá de cuán

Creación de una agencia única para atención social y sanitaria en Cataluña

Se establece una nueva organización que fusiona los servicios de atención social y sanitaria en Cataluña bajo una única agencia. El objetivo es que los ciudadanos reciban una atención coordinada: en lugar de gestionar por separado citas médicas y prestaciones sociales, todo funciona de forma integrada.

Afecta principalmente a habitantes de Cataluña que usan servicios públicos sanitarios o sociales —desde personas mayores en residencias hasta pacientes en hospitales o usuarios de servicios de dependencia. También impacta en trabajadores del sector sanitario y social de la comunidad autónoma, que ahora dependerán de una estructura única.

La agencia unifica procesos: los usuarios tendrán un único punto de entrada para acceder tanto a atención médica como a prestaciones sociales (ayudas, cuidados domiciliarios, residencias). Se simplifica la tramitación de expedientes y se evitan duplicidades. Internamente, sanitarios y trabajadores sociales pueden colaborar más directamente en casos complejos —por ejemplo, una persona mayor que necesita atención médica y ayuda domiciliaria.

Entra en vigor desde la publicación de la ley el 26 de noviembre de 2025. La constitución formal de la agencia y su funcionamiento operativo seguirá un calendario de implementación progresiva que fijará la administración catalana.

Qué es España y Perú actualizan su acuerdo sobre vuelos entre ambos países. En lugar de cambiar todo el tratado, solo modifican la lista de reglas técnicas (lo que los abogados llaman anexo) que especifica cómo operan las aerolíneas, rutas permitidas y condiciones de competencia.

A quién afecta Principalmente a aerolíneas españolas y peruanas que vuelan entre estos territorios. También impacta a viajeros y empresas que importan/exportan por aire, porque los cambios pueden afectar frecuencias de vuelos, precios y disponibilidad de conexiones.

Qué cambia El acuerdo permite actualizar las condiciones sin renegociar desde cero. Pueden flexibilizar rutas, aumentar frecuencias de vuelos, cambiar qué aeropuertos pueden usarse, o modificar normas sobre competencia entre compañías. Esto suele significar más opciones de vuelos y potencialmente mejores precios para pasajeros.

Cuándo entra en vigor El acuerdo se firmó el 15 de enero de 2026 en Madrid y Lima. La entrada en vigor dependerá de que ambos gobiernos lo ratifiquen internamente según sus procedimientos —una vez hecho, los cambios son efectivos.

QUÉ ES

El Gobierno corrige errores técnicos en el decreto que aprobó ayudas económicas para las personas afectadas por dos accidentes de tren graves: uno en Adamuz (Córdoba) y otro en Gélida (Barcelona). Se trata de ajustes administrativos para que el sistema funcione correctamente.

A QUIÉN AFECTA

Directamente a los damnificados de esos accidentes ferroviarios (víctimas mortales, heridos, familiares) y a cualquiera que ya haya solicitado o vaya a solicitar estas compensaciones. También afecta a la administración que gestiona las ayudas, para que las tramite sin errores.

QUÉ CAMBIA

Se corrigen imprecisiones en cómo se calcula, solicita o distribuye el dinero de las ayudas. Aunque no conocemos los detalles específicos de los errores sin ver el documento completo, estas correcciones garantizan que los afectados reciban exactamente lo que les corresponde sin trabas administrativas innecesarias.

CUÁNDO ENTRA EN VIGOR

La corrección se publica en enero de 2026 y tiene efecto inmediato, aunque las ayudas ya estaban en marcha desde que se aprobó el decreto original. Los trámites pendientes se resuelven con las reglas corregidas desde ahora.

Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026

La Comunidad de Madrid ha aprobado cuánto dinero gastará e invertirá en 2026. Estos presupuestos son el plan financiero anual que decide dónde van los impuestos: educación, sanidad, transporte, servicios sociales y otras áreas públicas. Es como el "plan de gastos" de toda la región.

Afecta a todos: ciudadanos que usan servicios públicos (hospitales, escuelas, metro), autónomos y empresas que dependen de contratos públicos o ayudas autonómicas, y funcionarios cuyas nóminas salen de aquí. También importa a los consistorios (ayuntamientos) que reciben transferencias de la Comunidad.

El dinero disponible se reparte entre distintos capítulos: personal, funcionamiento de servicios, inversiones en infraestructuras, prestaciones sociales y deuda. Con estos presupuestos, la Comunidad define prioridades: si dedica más a sanidad o educación, si construye nuevas carreteras, si sube pensiones, etcétera. Los cambios respecto a 2025 marcan dónde hay aumentos o recortes reales.

Entra en vigor el 1 de enero de 2026. Desde esa fecha, administraciones, hospitales, colegios y servicios públicos madrileños operan

Acuerdo de colaboración entre Barcelona y Naciones Unidas sobre ciudades sostenibles

Barcelona y ONU-Hábitat (el programa de la ONU especializado en ciudades y vivienda) han firmado un acuerdo para trabajar juntos en proyectos de desarrollo urbano sostenible. Se trata de un compromiso internacional que reconoce a la Diputación de Barcelona como socio estratégico en iniciativas de asentamientos humanos.

Afecta principalmente a la administración local (la Diputación), gobiernos municipales de la comarca y ciudadanos de Barcelona que se beneficiarán de proyectos urbanos alineados con objetivos globales de sostenibilidad. También interesa a organizaciones sociales, empresas y universidades que trabajen en desarrollo urbano.

El cambio concreto es que Barcelona pasa a colaborar formalmente en programas de ONU-Hábitat para mejorar ciudades. Esto puede traducirse en acceso a financiación internacional, intercambio de buenas prácticas sobre vivienda asequible, planificación urbana inclusiva y resiliencia frente al cambio climático. La Diputación podrá participar en redes globales de ciudades sostenibles.

El acuerdo se formalizó en dos momentos: la firma inicial en Nairobi (3 de noviembre de 2025) y la ratificación en Barcelona (22 de diciembre de 2025),

Qué es Un nuevo documento que crea un certificado profesional que habilita (autoriza) a las personas para enseñar en cursos de formación profesional en el área de servicios sociales y culturales. Es decir, establece quién puede dar clase en estos programas y qué contenidos debe saber.

A quién afecta A personas que quieren dedicarse a la docencia en formación profesional de servicios sociales, a centros de formación que imparten estos cursos, y potencialmente a estudiantes de estos programas, ya que se fijan estándares para sus formadores.

Qué cambia Define los requisitos específicos y conocimientos que deben tener los profesores de estos grados (A, B y C). Establece también los planes de estudio concretos para los grados B y A de esta familia profesional, unificando criterios en toda España sobre cómo se enseña y quién está cualificado para hacerlo.

Cuándo entra en vigor A partir del 11 de febrero de 2026. Las instituciones educativas y formadores tendrán que adaptarse a estos nuevos requisitos a partir de esa fecha.