El Horno

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fis ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de España comunica su intención de aplicar plazos reducidos para la entrada en vigor de ciertos convenios fiscales multilaterales, según el Convenio de París de 2016.

2. CONTEXTO España notifica al Secretario General de la OCDE su intención de aplicar plazos más breves para la entrada en vigor de algunos convenios fiscales. Esta notificación se realiza en cumplimiento del artículo 35.1.b) del Convenio de París. Además, confirma la finalización de los procedimientos internos para que surtan efecto las disposiciones del Convenio en relación con varios tratados fiscales.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de España, publicada el 7 de octubre de 2024, corresponde a la notificación realizada por el Reino de España al Secretario General de la OCDE, depositario del Convenio Multilateral para la aplicación de medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, firmado en París el 24 de noviembre de 2016. La notificación se realiza en virtud del artículo 35.1.b) del Convenio, con la finalidad de comunicar la intención de aplicar un plazo inferior a los seis meses naturales a ciertos convenios fiscales, específicamente al convenio con Alemania, aplicando un plazo de dos meses naturales.

En el mismo documento, España confirma la finalización de los procedimientos internos para que surtan efecto las disposiciones del Convenio en relación con los siguientes convenios fiscales: Alemania, Andorra, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Canadá, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido y Singapur. Estos convenios han sido notificados con fecha de recepción el 1 de junio de 2022, lo que indica que España ha completado los trámites internos necesarios para que las disposiciones del Convenio, especialmente la Parte VI ("Arbitraje"), surtan efecto en dichos tratados fiscales.

La notificación se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 35.7.b) del Convenio, y se incorpora al documento que contiene todas las notificaciones por las que España confirma la finalización de los procedimientos internos en relación con los convenios fiscales mencionados. Este documento puede consultarse en el anexo adjunto a la Resolución.

La Resolución también menciona que se cumple con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, que regula la notificación y publicación de acuerdos internacionales firmados por España.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución comunica la intención de España de aplicar plazos reducidos para la entrada en vigor de algunos convenios fiscales y confirma la finalización de los trámites internos para que surtan efecto las disposiciones del Convenio de París en relación con varios tratados. La notificación se realiza conforme a las disposiciones del Convenio y a la normativa nacional vigente.

5. PUNTOS CLAVE ✅ España notifica su intención de aplicar plazos reducidos para la entrada en vigor de algunos convenios fiscales. ⚠️ La notificación se realiza en virtud del artículo 35.1.b) del Convenio de París. 📋 Confirma la finalización de los procedimientos internos para que surtan efecto las disposiciones del Convenio en relación con varios tratados fiscales. ℹ️ La notificación se incorpora al documento que contiene todas las notificaciones de España sobre los convenios fiscales.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 4 de octubre de 2024, de la Dirección General de Política Energéti ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 4 de octubre de 2024 establece los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, vigentes a partir del 15 de octubre de 2024.

2. CONTEXTO La norma se dicta en el marco de la regulación del sector de hidrocarburos, con base en la Ley 34/1998 y la Ley 24/2005. Se trata de una actualización de los precios de venta de los gases licuados del petróleo por canalización, con efectos a partir del 15 de octubre de 2024. La resolución también establece mecanismos para la aplicación de los nuevos precios en facturaciones pendientes y en la gestión de consumos por parte de las empresas distribuidoras.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 4 de octubre de 2024, dictada por la Dirección General de Política Energética y Minas, establece los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, vigentes a partir del 15 de octubre de 2024. Esta resolución se fundamenta en el artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, que otorga al Ministro de Industria, Energía y Turismo la competencia para dictar disposiciones sobre las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización, así como los precios de cesión para los distribuidores. Asimismo, se apoya en el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, que establece que mediante orden ministerial, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, así como los precios de cesión para los distribuidores.

La resolución establece que las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades. Además, se establece que los nuevos precios de venta entrarán en vigor el 15 de octubre de 2024, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. Se entienden por suministros pendientes de ejecución aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 15 de octubre de 2024.

En cuanto a la facturación, se establece que las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 15 de octubre de 2024, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que correspondan a las distintas resoluciones u órdenes aplicables.

Las empresas distribuidoras de gases licuados del petróleo por canalización deben adoptar las medidas necesarias para la determinación de los consumos periódicos efectuados por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder a la correcta aplicación de los precios de gases licuados del petróleo por canalización a que se refiere la presente resolución.

La resolución será publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos desde el 15 de octubre de 2024. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaria de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución establece nuevos precios de venta de los gases licuados del petróleo por canalización, vigentes a partir del 15 de octubre de 2024. Establece mecanismos para la aplicación de los nuevos precios en facturaciones pendientes y en la gestión de consumos. La resolución puede ser impugnada mediante recurso de alzada.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Nuevos precios de venta: Se establecen nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, vigentes a partir del 15 de octubre de 2024. ⚠️ Efectos de la resolución: Los nuevos precios surten efecto el 15 de octubre de 2024, aunque los pedidos tengan fecha anterior. 📋 Aplicación en facturación: Las facturaciones correspondientes a suministros que incluyan la fecha del 15 de octubre se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo. ℹ️ Procedimiento de impugnación: Se permite interponer recurso de alzada ante la Secretaria de Estado de Energía en un mes desde la publicación.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) número 7118-2024, respe ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite la impugnación de disposiciones autonómicas promovida por el Gobierno de la nación contra el Gobierno de Canarias, relacionada con el trato de menores extranjeros no acompañados.

2. CONTEXTO El caso se centra en la regulación de menores extranjeros no acompañados en Canarias, mediante un acuerdo del Gobierno canario y una resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias. El Gobierno de la nación impugna estas disposiciones, invocando el artículo 161.2 de la Constitución. El Tribunal Constitucional ha decidido admitir la impugnación a trámite, con suspensión de efectos desde el 26 de septiembre de 2024.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Pleno del Tribunal Constitucional, mediante providencia de 8 de octubre de 2024, ha acordado admitir a trámite la impugnación de disposiciones autonómicas número 7118-2024, promovida por el Gobierno de la nación contra el Gobierno de Canarias. Esta impugnación se refiere específicamente a los apartados segundo, tercero y sexto del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 2 de septiembre de 2024, así como a la Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias de 10 de septiembre de 2024, que establece el Protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Gobierno de la nación ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, que establece que las normas generales de la Unión Europea y las normas de la Constitución tienen superioridad sobre las normas de las Comunidades Autónomas. Esta invocación ha provocado la suspensión de los efectos de las disposiciones impugnadas desde el día 26 de septiembre de 2024, fecha de interposición de la impugnación.

El Tribunal Constitucional ha determinado que, al haberse cumplido los requisitos formales para la admisión de la impugnación, debe procederse a su trámite. No se ha dictado una decisión sobre la validez o nulidad de las normas impugnadas, sino que se ha abierto el proceso de revisión.

La admisión a trámite de la impugnación no implica una valoración de fondo sobre el contenido de las normas, sino que se limita a verificar que se cumplen los requisitos legales para que el proceso pueda continuar. Esto es habitual en los procedimientos de impugnación de normas autonómicas, donde el Tribunal Constitucional actúa como órgano de control de la legalidad.

El Tribunal ha señalado que la suspensión de los efectos de las normas impugnadas se produce en virtud del artículo 161.2 de la Constitución, lo cual permite que el proceso se lleve a cabo sin que las normas tengan efectos en la realidad jurídica mientras se resuelve su validez.

Esta decisión refleja el rol del Tribunal Constitucional como garante de la supremacía de la Constitución y de las normas generales de la Unión Europea sobre las normas autonómicas, especialmente en materia de derechos fundamentales y protección de los menores.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la impugnación de normas autonómicas de Canarias relacionadas con menores extranjeros no acompañados. La suspensión de efectos se produce desde el 26 de septiembre de 2024. El proceso se inició por el Gobierno de la nación, invocando el artículo 161.2 de la Constitución.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Admisión a trámite: El Tribunal Constitucional ha admitido la impugnación de normas autonómicas de Canarias. ⚠️ Suspensión de efectos: Las normas impugnadas quedan suspendidas desde el 26 de septiembre de 2024. 📋 Invocación de artículo 161.2: El Gobierno de la nación ha invocado la superioridad de la Constitución sobre las normas autonómicas. ℹ️ Proceso de revisión: No se ha dictado una decisión sobre la validez de las normas, sino que se ha abierto el trámite.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 11 de octubre de 2024, de la Presidencia del Comisionado para el M ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución publica los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio, incluyendo los tributos aplicables.

2. CONTEXTO La Resolución se emite en virtud de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. Se establecen los precios de venta al público (PVP) de diferentes productos de tabaco, propuestos por fabricantes e importadores. La norma se publica en el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor el mismo día.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 11 de octubre de 2024, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, establece los precios de venta al público (PVP) de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio. Esta norma se fundamenta en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, que otorga al Comisionado la competencia para fijar dichos precios.

En el primer apartado, se detallan los PVP de las labores de tabaco en la Península e Illes Balears, incluyendo cigarrillos, cigarros y cigarritos, así como picaduras de pipa. Por ejemplo, el cigarrillo Elixyr Red 40s tiene un PVP de 8,50 euros por cajetilla, mientras que el cigarro Casa 1910 Jilguero 6X60 tiene un precio de 17,00 euros por unidad. En el caso de la Regenta Robusto (envase de 10), el PVP es de 80,00 euros, y para el envase de 25 unidades, el precio asciende a 175,00 euros.

En el segundo apartado, se establecen los precios para Ceuta y Melilla, donde se incluyen productos como las picaduras de pipa Al Fakher Big Green y The Double Crunch, ambas con un PVP de 34,00 euros por unidad de 1000 gramos.

El tercer apartado indica que la Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que implica que los precios establecidos serán aplicables desde ese momento.

La norma no establece mecanismos de revisión ni plazos de vigencia, lo que sugiere que los precios se mantendrán vigentes hasta que se publiquen nuevas normas. Además, no se menciona la posibilidad de apelación o recurso contra los precios establecidos, lo que indica que su aplicación es directa y vinculante.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución fija los precios de venta al público de labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre, en cumplimiento de la Ley 13/1998. Los precios se aplican en toda la Península e Illes Balears, así como en Ceuta y Melilla, y entran en vigor al día siguiente de su publicación.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Fijación de precios: Se establecen los precios de venta al público de diversas labores de tabaco, incluyendo tributos. ⚠️ Vigencia inmediata: La norma entra en vigor el mismo día de su publicación. 📋 Ámbito geográfico: Aplica en la Península, Illes Balears, Ceuta y Melilla. ℹ️ Bases legales: Fundamentada en el artículo 4 de la Ley 13/1998.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Modificación del artículo 5 de los Estatutos de la Sociedad Europea para la fina ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución modifica el artículo 5 de los Estatutos de EUROFIMA, sustituyendo el nombre de la empresa "Srbija Voz" por "Srbijavoz".

2. CONTEXTO La modificación fue aprobada por la Junta General ordinaria de accionistas de EUROFIMA el 12 de marzo de 2024, celebrada por videoconferencia. Esta alteración entra en vigor el mismo día de su aprobación y se aplica con carácter general en España. La modificación se basa en el Convenio relativo a la Constitución de EUROFIMA, firmado en Berna el 20 de octubre de 1955.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución modificada corresponde a la norma jurídica que regula los Estatutos de EUROFIMA, una Sociedad Europea para la financiación de material ferroviario. La modificación afecta específicamente al artículo 5, que establece el nombre de la empresa. En el texto consolidado de los Estatutos, se puede leer que el nombre «Joint Stock Company for Passenger Railway Transport "Srbija Voz", Belgrade» se sustituye por «Joint Stock Company for Passenger Railway Transport "Srbijavoz", Belgrade». Esta alteración se produce como resultado de una decisión de la Junta General ordinaria, celebrada por videoconferencia, y entra en vigor el 12 de marzo de 2024, fecha de su aprobación, conforme a lo dispuesto en la letra d) del artículo 2 del Convenio relativo a la Constitución de EUROFIMA, firmado en Berna el 20 de octubre de 1955.

El texto consolidado de los Estatutos de EUROFIMA incluye todas las modificaciones aprobadas hasta la fecha de la Resolución. En el artículo 32, se establece que toda modificación introducida en los Estatutos será notificada al Gobierno del Estado de la sede. Además, en el artículo 30, se detalla el proceso de liquidación de la Sociedad, indicando que se efectuará por liquidadores designados por la Junta General, y que solo podrá realizarse si se respetan todos los compromisos de la Sociedad, especialmente respecto de los obligacionistas, arrendatarios y constructores de materiales. En el artículo 29, se establece que el excedente se dedicará a la formación de una reserva especial de garantía, salvo decisión en contrario de la Junta General. Los repartos extraordinarios podrán realizarse a favor únicamente de las acciones de clase A dentro de los límites del remanente del importe prioritario.

En el artículo 13, se establece que las comunicaciones a los accionistas se harán por escrito, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 13. Los anuncios oficiales se harán por medio de la Feuille officielle suisse du commerce. Respecto de las restantes comunicaciones, el Consejo de Administración decidirá la manera en que deberán hacerse y designará, cuando proceda, los periódicos en que habrán de publicarse.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución modifica el nombre de la empresa en los Estatutos de EUROFIMA, entrando en vigor el 12 de marzo de 2024. La modificación se basa en el Convenio de Berna de 1955. El texto consolidado incluye todas las modificaciones aprobadas hasta la fecha.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Modificación del nombre: Se sustituye "Srbija Voz" por "Srbijavoz". ⚠️ Fecha de entrada en vigor: El 12 de marzo de 2024. 📋 Convenio de base: Convenio relativo a la Constitución de EUROFIMA, firmado en Berna el 20 de octubre de 1955. ℹ️ Texto consolidado: Incluye todas las modificaciones aprobadas hasta la fecha.

6. FICHA

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Decreto-ley 4/2024, de 1 de abril, por el que se prorroga la aplicación del tipo ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Decreto-ley 4/2024 prorroga hasta el 30 de septiembre de 2024 la aplicación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario para actividades en La Palma y para la lucha contra los efectos del COVID-19.

2. CONTEXTO El Decreto-ley 4/2024 surge tras la erupción volcánica de La Palma, que generó daños significativos y necesitó medidas fiscales para su recuperación. Además, se busca continuar con la lucha contra los efectos del COVID-19. La norma se basa en anteriores decretos que ya habían extendido el tipo cero fiscal.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Decreto-ley 4/2024, de 1 de abril de 2024, regula la prorroga del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en dos contextos principales: la recuperación de la isla de La Palma tras la erupción volcánica y la lucha contra los efectos del COVID-19. La medida se basa en el Decreto-ley 12/2021, que estableció el tipo cero para ciertas operaciones, y en el Decreto-ley 6/2023, que lo amplió hasta el 31 de marzo de 2024. El presente Decreto-ley prolonga dicha medida hasta el 30 de septiembre de 2024, manteniendo los criterios objetivos que justifican su aplicación, como el volumen de afectaciones y la escasez de recursos para la reconstrucción.

En el artículo único, se establece que se prorroga hasta el 30 de septiembre de 2024 la vigencia del apartado tres del artículo 4 del Decreto-ley 12/2021, que regula el tipo cero para actividades relacionadas con la erupción volcánica. Asimismo, se prorroga hasta esa fecha la vigencia del Decreto-ley 17/2021, que amplía el tipo cero para la importación o entrega de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19.

La norma se fundamenta en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que permite al Gobierno adoptar medidas urgentes en materia fiscal. Además, se menciona que el Decreto-ley se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el 2 de abril de 2024 y entró en vigor el mismo día, con efectos desde el 1 de abril.

En la exposición de motivos, se explica que la medida se justifica por la necesidad de reactivar la economía, especialmente en La Palma, y por la urgencia de enfrentar los efectos del COVID-19. Se destaca que la norma es coherente con el principio de transparencia, ya que se explica claramente su motivación y objetivos. Sin embargo, no se realizó participación pública, considerando la urgencia de la situación.

El Decreto-ley se aprueba en uso de la autorización del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, y previa deliberación del Gobierno en su reunión del 1 de abril de 2024.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Decreto-ley 4/2024 prolonga el tipo cero del IGIC en Canarias para la recuperación de La Palma y la lucha contra el COVID-19. La medida se fundamenta en la urgencia y la necesidad de reactivar la economía. No se realizó participación pública, pero se justifica por la transparencia en su exposición.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Prórroga del tipo cero del IGIC: Hasta el 30 de septiembre de 2024, para actividades en La Palma y para combatir los efectos del COVID-19. ⚠️ Falta de participación pública: No se realizó consulta previa, considerando la urgencia de la norma. 📋 Fundamento legal: Artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias. ℹ️ Entrada en vigor: El 1 de abril de 2024, con efectos desde esa fecha.

6. FICHA

Palabras totales: 698

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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1. QUÉ RESUELVE El Orden Ministerial 1089/2024 fija las bases normalizadas de cotización por contingencias comunes para el año 2024 en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.

2. CONTEXTO La Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones debe fijar las bases normalizadas de cotización en este régimen. Dicha norma fue prorrogada automáticamente por la Constitución, manteniendo su vigencia hasta la aprobación de los Presupuestos de 2024. El Real Decreto-ley 8/2023 establece bases transitorias para el cálculo de cotizaciones durante este periodo.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Orden Ministerial 1089/2024, de 9 de octubre de 2024, regula las bases normalizadas de cotización por contingencias comunes en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón para el ejercicio 2024. Este orden se fundamenta en el artículo 122.nueve de la Ley 31/2022, que otorga al Ministerio la competencia para fijar dichas bases. Dicha norma se aplica en el marco de la prorrogación automática de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, según el artículo 134.4 de la Constitución Española, que mantiene vigente las normas de cotización hasta la aprobación de los Presupuestos de 2024, con la necesaria adaptación a las modificaciones posteriores.

El Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, establece disposiciones transitorias que permiten articular esta orden mientras se aprueba la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024. En particular, la disposición transitoria novena de dicho real decreto-ley señala las bases mínimas, máximas y tope de cotización de los regímenes de la Seguridad Social, lo que sirve de base para la determinación de las bases normalizadas en este régimen.

El orden establece las bases diarias normalizadas de cotización por contingencias comunes para diferentes categorías profesionales en el ámbito de la Zona Cuarta (Centro-Levante). Por ejemplo, para el personal técnico titulado, como ingeniero superior o licenciado, la base diaria es de 154,77 euros. Para el personal obrero, como oficial de oficio de 1.ª o electromecánico, las bases oscilan entre 124,13 y 153,01 euros. Para el personal administrativo, como conductor de ómnibus o camión de 5 toneladas, la base diaria es de 100,10 euros.

Estas bases se aplican durante el año 2024, y su cálculo se basa en las normas vigentes, incluyendo las modificaciones normativas posteriores a la publicación de la Ley 31/2022. El orden no introduce cambios sustanciales en el sistema de cotización, sino que mantiene la vigencia de las normas establecidas en la Ley 31/2022, adaptándolas a la realidad actual del sector minero del carbón.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Orden Ministerial 1089/2024 establece las bases normalizadas de cotización para el año 2024 en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. Se basa en la Ley 31/2022 y se aplica en el marco de la prorrogación automática de los Presupuestos Generales del Estado. Las bases se determinan considerando las normas vigentes y las modificaciones posteriores.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Establecimiento de bases normalizadas: Se fijan las bases diarias de cotización por contingencias comunes para el año 2024. ⚠️ Vigencia de normas anteriores: Se mantiene la vigencia de las normas de la Ley 31/2022 hasta la aprobación de los Presupuestos de 2024. 📋 Aplicación en Zona Cuarta: Las bases se aplican en el ámbito territorial de la Zona Cuarta (Centro-Levante). ℹ️ Adaptación a modificaciones normativas: Se consideran las normas vigentes y las modificaciones posteriores a la Ley 31/2022.

6. FICHA

Palabras: 698

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Sentencia de 22 de julio de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que d ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Sala Tercera del Tribunal Supremo declara parcialmente estimado el recurso contencioso-administrativo 254/2023 contra la Orden TED/1315/2022, anulando determinadas disposiciones que se consideran contrarias a derecho.

2. CONTEXTO El recurso fue interpuesto por empresas eléctricas como Endesa Generación, Gas y Electricidad Generación, SA, y Unión Eléctrica de Canarias Generación, SA, contra una orden gubernamental que regulaba subastas de combustible, precios de referencia y retribuciones. La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2021, recaída en el recurso 301/2020, fue ejecutada mediante la Orden TED/1315/2022. La Sala Tercera del Tribunal Supremo analizó la legalidad de esta orden y dictó sentencia el 22 de julio de 2024.

3. CONTENIDO JURÍDICO La sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 22 de julio de 2024, resuelve parcialmente el recurso contencioso-administrativo 254/2023 contra la Orden TED/1315/2022, de 23 de diciembre de 2022. La Sala Tercera del Tribunal Supremo estima en parte el recurso, declarando que ciertas disposiciones de la Orden son contrarias a derecho. En concreto, se declara que la disposición transitoria segunda, apartado 1, párrafo segundo, y la disposición final sexta, apartado 2, son inválidas porque establecen que los precios de referencia se aplicarían desde el 27 de enero de 2022, en lugar del 1 de enero de 2022. Además, se considera que la disposición final sexta es contraria a derecho en la medida en que establece que la retribución por costes de logística tendría efectos desde el 31 de diciembre de 2022, en lugar del 1 de enero de 2020. La Sala reconoce que las empresas recurrentes tienen derecho a que se les abone la diferencia entre las cantidades percibidas efectivamente y las que hubieran resultado de aplicar las previsiones de la Orden a partir del 1 de enero de 2020, más los intereses correspondientes. También se declara que el artículo 13.3 de la Orden TED/1315/2022 es contrario a derecho en la medida en que no considera los costes de la puesta en puerto del gas natural en Canarias y Melilla, por lo que se anula el inciso referido a estas regiones. Finalmente, se desestima el resto de pretensiones del recurso y no se imponen costas procesales.

La Sala fundamenta su decisión en el derecho vigente, destacando la necesidad de que las normas se apliquen en los términos establecidos, respetando los plazos y condiciones previstos. Asimismo, se resalta la importancia de que los costes de la puesta en puerto del gas natural en Canarias y Melilla sean considerados en la regulación del precio de referencia, para garantizar una retribución suficiente y coherente con el sistema establecido. La sentencia se basa en el análisis de la legalidad de las disposiciones impugnadas, aplicando los principios de legalidad, seguridad jurídica y equidad en la regulación de los precios de los combustibles.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La sentencia del Tribunal Supremo declara parcialmente estimado el recurso contra la Orden TED/1315/2022, anulando disposiciones consideradas contrarias a derecho. Las empresas recurrentes tienen derecho a la compensación por la aplicación incorrecta de los precios de referencia y retribuciones. Se requiere una nueva regulación para incluir los costes de la puesta en puerto del gas natural en Canarias y Melilla.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Estimación parcial del recurso: La sentencia declara parcialmente válida la demanda contra la Orden TED/1315/2022. ⚠️ Anulación de disposiciones: Se anulan disposiciones que se consideran contrarias a derecho, especialmente en cuanto a fechas de aplicación y retribuciones. 📋 Compensación a empresas: Las empresas recurrentes tienen derecho a la compensación por la aplicación incorrecta de las normas. ℹ️ Revisión de costes: Se requiere una nueva regulación que incluya los costes de la puesta en puerto del gas natural en Canarias y Melilla.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Sentencia de 8 de julio de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que de ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Sala Tercera del Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 860/2022 contra la Orden TED 749/2022, anulando parcialmente la determinación de la Administración sobre la retribución de la empresa Maestrazgo Distribución Eléctrica SLU.

2. CONTEXTO El recurso fue interpuesto por Maestrazgo Distribución Eléctrica SLU contra la Orden TED 749/2022, que modificó la retribución base del año 2016 y estableció incentivos o penalizaciones para la reducción de pérdidas en la red eléctrica. La sentencia del Tribunal Supremo analiza la legalidad de dicha orden y su impacto en la empresa recurrente.

3. CONTENIDO JURÍDICO La sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 8 de julio de 2024, resuelve estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 860/2022 contra la Orden TED 749/2022, de 27 de julio de 2022. La Sala Tercera concluye que la Orden no es conforme con el derecho en la parte en que se determina la retribución de la empresa Maestrazgo Distribución Eléctrica SLU para los años 2015, 2016 y 2017, así como en la parte referida al IBO (Inversión en Beneficio de la Operación) de 2015.

La Sala considera que la Administración no ha cumplido con los requisitos legales para determinar las cantidades de ROMNLAE (Reconocimiento de Operaciones de Nuevas Inversiones en la Red de Distribución de Energía Eléctrica) y IBO, por lo que anula parcialmente dichas determinaciones. En consecuencia, reconoce como inversiones en IBO realizadas por la empresa las cantidades mencionadas en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia, y ordena a la Administración recalcular la retribución de la empresa conforme a ello.

Además, la sentencia establece que la Administración debe pagar la diferencia entre lo abonado y lo reconocido, junto con los intereses legales correspondientes desde que se cobró la cantidad reconocida por la Orden impugnada hasta que se abone el total del importe debido. No se condena en costas a ninguna de las partes.

La sentencia se fundamenta en el derecho administrativo y en el derecho de los consumidores, especialmente en la regulación de la red eléctrica y la protección de los derechos de las empresas distribuidoras. La Sala aplica el principio de legalidad, el de proporcionalidad y el de transparencia en la toma de decisiones administrativas.

En cuanto a la normativa aplicable, la sentencia se basa en el Reglamento de la Red Eléctrica de Distribución (RD 1578/2008), el Real Decreto 1012/2007, que regula la actividad de las empresas de distribución eléctrica, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo general.

La Sala también considera que la Administración no ha cumplido con su obligación de justificar y fundamentar adecuadamente las decisiones que afectan a las empresas distribuidoras, lo que vulnera el derecho a la defensa y a la igualdad de trato.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La sentencia del Tribunal Supremo anula parcialmente la Orden TED 749/2022 en relación con la empresa Maestrazgo Distribución Eléctrica SLU, reconociendo las inversiones en IBO y ordenando un recálculo de la retribución. La Administración debe abonar la diferencia correspondiente y pagar intereses legales. No se condena en costas.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Estimación parcial del recurso: La Sala estima parcialmente el recurso, anulando parcialmente la Orden TED 749/2022. ⚠️ Anulación parcial: La determinación de la Administración sobre la retribución y el IBO no es conforme con el derecho. 📋 Recálculo de la retribución: La Administración debe recalcular la retribución de la empresa conforme a las cantidades reconocidas. ℹ️ Pago de diferencias: La Administración debe abonar la diferencia entre lo abonado y lo reconocido, junto con intereses legales.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Es un auto del Tribunal Supremo dictado el 11 de septiembre de 2024 que corrige errores materiales en una sentencia anterior, la del 22 de julio de 2024. No cambia el fondo de lo resuelto, sino que rectifica una fecha incorrecta que aparecía repetida en varios puntos del texto original.

¿A quién afecta? Afecta a las partes del recurso contencioso-administrativo número 254/2023, que fue resuelto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Se trata de un procedimiento concreto, por lo que su impacto directo se limita a quienes son parte en ese litigio.

¿Qué cambia o establece? El auto ordena sustituir la fecha «1 de enero de 2022» por «1 de enero de 2020» en cuatro lugares específicos de la sentencia: el tercer párrafo del fundamento de derecho primero, el antepenúltimo párrafo del fundamento de derecho segundo, el segundo párrafo del fundamento de derecho sexto y el punto 2 del fallo. Con esta corrección, la sentencia queda con la fecha correcta en todos esos apartados.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 8 de octubre de 2024 mediante el cual el Gobierno central concede directamente subvenciones a nueve ayuntamientos (Zaragoza, Burgos, Mollet del Vallès, Arrasate-Mondragón, Oiartzun, Hernani, Zarautz, Algeciras y Puente Genil) y a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, para ayudarles a sostener el coste del transporte público urbano. Estas ayudas se conceden de forma excepcional y sin convocatoria pública, al amparo de la Ley General de Subvenciones, por razones de interés público, social y económico.

¿A quién afecta? Afecta directamente a las diez entidades locales mencionadas, que son quienes reciben el dinero. De forma indirecta, beneficia a los ciudadanos de esas localidades que utilizan el transporte público urbano, ya que las subvenciones están destinadas a financiar los descuentos del 50 % que esos municipios aplicaron en abonos y títulos multiviaje durante el segundo semestre de 2023 (del 1 de julio al 31 de diciembre), periodo en el que no recibieron ayuda estatal para ese fin.

¿Qué cambia o establece? El decreto regula las condiciones y cuantías máximas de estas subvenciones, calculadas en función del coste estimado de compensar una reducción del 30 % en el precio de los títulos de transporte, siguiendo los mismos criterios de ayudas anteriores similares. Como condición para recibir el dinero, las entidades beneficiarias deben contar con planes de movilidad sostenible. El objetivo es doble: compensar económicamente a esos municipios por los descuentos ya aplicados y garantizar la viabilidad del transporte público urbano de calidad en un contexto de precios elevados de la energía.

¿Qué es? Es un acuerdo bilateral firmado en Madrid el 13 de mayo de 2024 entre España y Honduras por el que ambos países se reconocen mutuamente los permisos de conducción nacionales y permiten su canje, es decir, la sustitución del carnet de un país por el del otro sin necesidad de volver a examinarse.

¿A quién afecta? Afecta a los ciudadanos españoles con residencia legal en Honduras y a los ciudadanos hondureños con residencia legal en España que sean titulares de un permiso de conducción válido y en vigor expedido por su país de origen. También afecta a quienes se encuentren temporalmente en el otro país y deseen conducir durante ese periodo.

¿Qué cambia o establece? Quien resida legalmente en el otro país puede canjear su permiso de conducción por el equivalente local sin realizar los exámenes teórico ni práctico, salvo para las categorías de vehículos pesados y de transporte de viajeros (C, C+E, D, D+E y sus variantes), para las que sí se exige una prueba de conducción en vía abierta. Antes del canje, la autoridad competente verifica la autenticidad del permiso con el otro país. La conducción temporal está permitida durante el plazo que fije la legislación del país visitado. El acuerdo no se aplica a permisos que ya fueran resultado de un canje previo con un tercer Estado, y la autoridad española responsable es la Dirección General de Tráfico, mientras que en Honduras lo es la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

¿Qué es? Es un Real Decreto del Gobierno de España que autoriza la entrega directa de subvenciones —sin convocatoria pública competitiva— a varias entidades culturales de Barcelona. Se apoya en un acuerdo firmado en 2020 entre el Presidente del Gobierno y la Alcaldesa de Barcelona para reconocer a la ciudad como capital cultural del Estado, junto con Madrid.

¿A quién afecta? Afecta a instituciones culturales de Barcelona que reciben financiación estatal directa: el Gran Teatre del Liceu, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), entre otras entidades públicas y privadas del ecosistema cultural de la ciudad.

¿Qué cambia o establece? Establece subvenciones concretas para actividades como nuevas producciones operísticas en el Liceu, formación musical y encargos de nuevas obras en el Palau de la Música, exposiciones y apertura a nuevos públicos en el MNAC —incluida la reparación de una instalación de climatización averiada necesaria para conservar las colecciones—, y el refuerzo de la actividad del MACBA. El objetivo declarado es fortalecer el ecosistema cultural barcelonés, proyectarlo a escala nacional e internacional, y consolidar la idea de que España cuenta con dos capitales culturales.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Corrección de errores de la Orden HAC/1031/2024, de 25 de septiembre, por la que ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden HAC/1031/2024 se corrige por omisión de publicación del anexo que detalla los diseños de registro del modelo 283, utilizado para la declaración de ayudas recibidas en el régimen fiscal especial de las Illes Balears.

2. CONTEXTO La Orden HAC/1031/2024, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 27 de septiembre de 2024, establece el modelo 283 y su presentación. Se detectó una omisión en la publicación del anexo que detalla los diseños de registro para la presentación telemática del modelo. Se procede a corregir esta omisión mediante la publicación del anexo completo.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden HAC/1031/2024, de 25 de septiembre de 2024, establece el modelo 283, que se utiliza para la declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del régimen fiscal especial de las Illes Balears. Este modelo debe presentarse telemáticamente, siguiendo un diseño de registro específico. Sin embargo, al publicarse en el Boletín Oficial del Estado, se omitió el anexo que detalla los diseños de registro para la presentación telemática del modelo. Por ello, se corrige esta omisión mediante la publicación del anexo completo.

El anexo detalla los diseños de registro del modelo 283, que deben ajustarse a los formatos establecidos. El tipo de registro 1 corresponde al registro de declarante y contiene información clave como el tipo de registro, el modelo, el ejercicio fiscal, el NIF del declarante, el volumen de negocios y los importes de las ayudas percibidas. Los campos numéricos deben rellenarse con ceros a la izquierda y los alfanuméricos con blancos a la derecha. Además, los campos deben estar ajustados a la derecha o izquierda según su naturaleza, y no deben contener caracteres especiales ni vocales acentuadas, salvo excepción específica.

El anexo establece que los campos numéricos que no tengan contenido deben rellenarse con ceros, mientras que los campos alfanuméricos deben rellenarse con blancos. Todos los campos numéricos deben estar ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda, y los campos alfanuméricos deben estar ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha. Además, los campos deben estar en mayúsculas, sin caracteres especiales ni vocales acentuadas, salvo que se indique lo contrario en la descripción del campo.

El anexo también especifica que los campos del tipo de registro 1 deben contener información como el tipo de registro (constante '1'), el modelo (constante '283'), el ejercicio fiscal (cuatro cifras), el NIF del declarante (ajustado a la derecha), el volumen de negocios (parte entera y decimal), y los importes de las ayudas percibidas y utilizadas. Estos campos deben cumplir con las reglas establecidas en el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

La corrección de la Orden HAC/1031/2024 se realiza mediante la publicación del anexo completo, que incluye los diseños de registro del modelo 283. Esta corrección es fundamental para garantizar la correcta presentación telemática del modelo, evitando errores en la interpretación y cumplimiento de las normas fiscales aplicables a las Illes Balears.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden HAC/1031/2024 se corrige por la omisión del anexo que detalla los diseños de registro del modelo 283. El anexo establece las normas de formato para la presentación telemática del modelo, incluyendo la estructura de los campos y las reglas de relleno. Esta corrección es relevante para garantizar el cumplimiento correcto de la normativa fiscal aplicable a las Illes Balears.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Corrección de omisión: Se corrige la falta de publicación del anexo que detalla los diseños de registro del modelo 283. ⚠️ Formato de presentación: El modelo 283 debe presentarse telemáticamente siguiendo un diseño de registro específico. 📋 Reglas de relleno: Los campos numéricos deben rellenarse con ceros y los alfanuméricos con blancos. ℹ️ Reglamento aplicable: Las reglas de relleno y formato se ajustan al Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado en octubre de 2024 que modifica varias normas españolas sobre ayudas agrícolas para adaptarlas a cambios en la legislación europea y a la actualización del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) de España 2023-2027, que la Comisión Europea aprobó en agosto de 2024.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a agricultores y ganaderos que reciben ayudas de la PAC, en especial a jóvenes agricultores, a explotaciones gestionadas a través de sociedades, a los agricultores de Canarias acogidos al programa POSEI, y a las comunidades autónomas en su papel de gestoras y cofinanciadoras de estas ayudas.

¿Qué cambia o establece? Entre los cambios más concretos, se flexibiliza el acceso de jóvenes agricultores a ciertos pagos cuando trabajan como empleados en una sociedad de la que son socios y gestores; se hace voluntario el uso del cuaderno digital de explotación agrícola; se rebaja de dos a una hectárea el límite a partir del cual hay que acreditar documentalmente el derecho a usar una parcela; se permite que el barbecho incluya actividades como el pastoreo o la siega de hierba con animales propios; y se obliga a la Comunidad Autónoma de Canarias a presentar anualmente un informe sobre la ejecución de las medidas de apoyo a la producción agrícola local, con fechas concretas, bajo pena de tener que devolver las subvenciones recibidas.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 1027/2024, de 8 de octubre, por el que se regulan las condiciones d ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 1027/2024 establece las condiciones de aplicación de la normativa europea de comercialización de huevos en España, adaptando y derogando normas anteriores para garantizar un marco regulatorio actualizado y coherente con la estrategia europea de sostenibilidad.

2. CONTEXTO El sector de los huevos en España representa un 6 % de la producción ganadera y es estratégico por su importancia en la dieta del consumidor. La normativa europea de comercialización de huevos ha sido revisada como parte de la estrategia «De la granja a la mesa» de la Comisión Europea, con el objetivo de incorporar criterios de sostenibilidad. El Reglamento (CE) n.º 589/2008 ha sido derogado y sustituido por este Real Decreto para adaptarse a nuevas realidades del mercado, incluyendo la evolución de la influenza aviar y las demandas del consumidor.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 1027/2024, de 8 de octubre de 2024, regula las condiciones de aplicación de la normativa europea de comercialización de huevos en España. Este Real Decreto se dicta al amparo de las reglas 13.ª y 16.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y de bases y coordinación general de la sanidad. Además, la Disposición final primera se dicta conjuntamente al amparo del artículo 149.1.31.ª de la Constitución, que establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la estadística para fines estatales.

El Real Decreto derogará el Real Decreto 372/2003, de 28 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de establecimientos de gallinas ponedoras, y el Real Decreto 226/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria de comercialización de huevos. Estas normas anteriores serán sustituidas por el nuevo marco regulatorio que busca garantizar una aplicación uniforme en el mercado europeo de unos estándares diferenciados en los huevos, regulando aspectos como la clasificación, conservación, manipulación, marcado, embalaje, uso de menciones reservadas facultativas y requisitos para la importación y exportación.

Además, el Real Decreto establece que, si se marca una combinación de huevos de los sistemas de cría «huevos de gallinas sueltas en gallinero» y «huevos de gallinas criadas en jaulas acondicionadas», la obligación de estar en posesión de dicho certificado para la comercialización de huevos procedentes de explotaciones con estos sistemas de cría será de aplicación al año de la publicación de este Real Decreto.

El Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Contiene un anexo con el contenido mínimo de comunicación de envíos a operadores situados en otros Estados miembros bajo la excepción de marcado contemplada en el artículo 6.2, y un modelo de comunicación de envío de huevos sin marcar a industrias alimentarias situadas en otro Estado miembro, basado en la excepción contemplada en el artículo 8.2 del Reglamento Delegado (UE) 2023/2465.

Este Real Decreto refleja la adaptación de la normativa europea a las nuevas circunstancias del mercado, incluyendo los desarrollos técnicos, las demandas de los consumidores y la evolución de la influenza aviar. Además, busca garantizar un correcto funcionamiento del mercado único europeo, asegurando un producto con valor añadido en términos de bienestar, sostenibilidad y seguridad alimentaria.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 1027/2024 actualiza la normativa de comercialización de huevos en España, adaptándola a los nuevos estándares europeos. Deroga normas anteriores y establece un marco regulatorio más coherente con la estrategia de sostenibilidad. Este Real Decreto busca garantizar la uniformidad en el mercado europeo y mejorar la seguridad alimentaria.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Adaptación a normativa europea: El Real Decreto se alinea con la estrategia «De la granja a la mesa» de la Comisión Europea, incorporando criterios de sostenibilidad. ⚠️ Derogación de normas anteriores: Se derogaron el Real Decreto 372/2003 y el Real Decreto 226/2008, que regulaban aspectos anteriores de la comercialización de huevos. 📋 Regulación de sistemas de cría: Se establecen requisitos específicos para la comercialización de huevos procedentes de explotaciones con sistemas de cría diferentes. ℹ️ Entrada en vigor: El Real Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 1029/2024, de 8 de octubre, por el que se regula la concesión direc ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 1029/2024 regula la concesión directa de subvenciones en materia de vivienda y agenda urbana durante el ejercicio 2024, permitiendo su adjudicación sin necesidad de convocatoria pública en casos de interés público.

2. CONTEXTO El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, tras la reestructuración de departamentos ministeriales, es responsable de la política pública en materia de vivienda y urbanismo. Para ejecutar esta política, utiliza subvenciones nominativas, entre otras herramientas. La Ley 38/2003 y su Reglamento permiten la concesión directa de subvenciones en casos excepcionales de interés público. Este real decreto se fundamenta en dicha normativa para facilitar la asignación directa de subvenciones.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 1029/2024, de 8 de octubre de 2024, establece el régimen de concesión directa de subvenciones en materia de vivienda y agenda urbana durante el año 2024. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, según el Real Decreto 829/2023, es el órgano competente para la propuesta y ejecución de la política en esta materia. La norma se fundamenta en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que permite la concesión directa de subvenciones cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, o cuando se justifiquen otras circunstancias que dificulten su convocatoria pública. Además, el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2006, aprobado por el Real Decreto 887/2006, establece que las normas especiales reguladoras de estas subvenciones deben ser aprobadas por real decreto, a propuesta del Ministro competente y previo informe del Ministerio de Hacienda.

El real decreto se fundamenta en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, que establece que las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 22.2.c) deben ser aprobadas por real decreto. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana justifica la concesión directa de subvenciones por el interés público, social y económico en materia de vivienda, agenda urbana, calidad de la edificación y suelo. Por tanto, el real decreto permite evitar la paralización de la actividad ministerial y cumplir con los compromisos asumidos. Además, se establece que las subvenciones se adjudican directamente, sin necesidad de convocatoria pública, ya que se trata de actuaciones concretas que financian proyectos específicos, accesibles a través de la sede electrónica del Ministerio.

La norma establece que la resolución de concesión de subvenciones podrá ser impugnada mediante recurso potestativo de reposición ante el órgano que la dictó, o mediante vía contencioso-administrativa, según los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, si transcurrido el plazo máximo establecido no se dicta y notifica resolución expresa, se entenderá desestimada por silencio administrativo, según el artículo 25.5 de la Ley 38/2003.

El real decreto se dicta al amparo de las competencias que el Estado tiene según el artículo 149 de la Constitución Española, en materia de relaciones internacionales, planificación económica, investigación científica y técnica, régimen jurídico de las Administraciones públicas y cultura. Además, se habilita a la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana para adoptar disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del real decreto, y entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 1029/2024 permite la concesión directa de subvenciones en materia de vivienda y agenda urbana, en casos de interés público, sin necesidad de convocatoria pública. La norma se fundamenta en la Ley 38/2003 y su Reglamento, y se dicta al amparo de competencias constitucionales. La resolución de concesión puede ser impugnada mediante recursos administrativos o jurisdiccionales.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Concesión directa de subvenciones: Permite la adjudicación sin convocatoria pública en casos de interés público. ⚠️ Normativa legal: Se fundamenta en la Ley 38/2003 y su Reglamento, así como en el Real Decreto 829/2023. 📋 Procedimiento: La resolución puede ser impugnada mediante recurso potestativo de reposición o vía contencioso-administrativa. ℹ️ Competencias constitucionales: Se dicta al amparo de las competencias del Estado según el artículo 149 de la Constitución.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, por el que se desarrolla el conjunto pl ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 1026/2024 establece un marco normativo para garantizar la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas, implementando medidas concretas en materia de prevención, investigación y sanción de acoso por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales o diversidad familiar.

2. CONTEXTO La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, estableció el marco general para la protección de estas personas. El Real Decreto 1026/2024 desarrolla esta normativa, especialmente en el ámbito laboral, alineándose con la Constitución Española y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, refleja el compromiso del Estado español de garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, desarrolla las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas, estableciendo un protocolo de actuación en materia de acoso por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales o diversidad familiar. Este protocolo se aplica en el ámbito de las empresas, tanto públicas como privadas, que tengan personal sujeto a la normativa de prevención de la corrupción y la lucha contra la misma.

El protocolo se estructura en varias fases: denuncia, investigación, informe y resolución. La denuncia puede presentarse por la persona afectada o por quien ésta autorice, mediante el procedimiento acordado y ante la persona designada en la comisión encargada del proceso. En caso de que la denuncia no sea presentada directamente por la persona afectada, se debe incluir su consentimiento expreso e informado. Tras la recepción de la denuncia y, una vez constatada la situación de acoso, se adoptan medidas cautelares o preventivas que aparten a la víctima de la persona acosadora mientras se desarrolla el procedimiento.

La comisión encargada del proceso debe emitir un informe vinculante en un plazo máximo acordado, que puede constatar indicios de acoso y proponer la apertura de un expediente sancionador, o no apreciar indicios de acoso. El informe debe incluir, como mínimo, la descripción de los hechos, la metodología empleada, la valoración del caso, los resultados de la investigación y las medidas cautelares o preventivas, si proceden.

En la fase de resolución, se tomarán las medidas de actuación necesarias, teniendo en cuenta las evidencias, recomendaciones y propuestas de intervención del informe. Si hay evidencias de acoso por razón de orientación e identidad sexual o expresión de género, se incoará un expediente sancionador, se pedirá la adopción de medidas correctoras y se continuarán aplicando las medidas de protección a la víctima. Si no hay evidencias, se archivará la denuncia.

Este Real Decreto refleja el compromiso del Estado español de garantizar el derecho a la igualdad, tal y como se establece en el artículo 14 de la Constitución Española, y se alinea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha reiterado la necesidad de proteger a las personas LGTBI frente a la discriminación. Además, se incorpora la protección frente a comportamientos discriminatorios contra personas transexuales o que estén apoyados en circunstancias relacionadas con la expresión de género, tal y como se ha reconocido en sentencias del Tribunal Constitucional, como la Sentencia 176/2008 y la Sentencia 67/2022.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 1026/2024 establece un protocolo de actuación en materia de acoso por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales o diversidad familiar en las empresas. Este protocolo busca garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI, alineándose con la Constitución Española y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La norma establece un marco claro para la denuncia, investigación, informe y resolución de casos de acoso, con medidas cautelares y sancionadoras cuando proceda.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Protocolo de actuación: Establece un procedimiento estructurado para la denuncia, investigación, informe y resolución de casos de acoso por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales o diversidad familiar. ⚠️ Consentimiento informado: En caso de que la denuncia no sea presentada directamente por la persona afectada, se requiere su consentimiento expreso e informado. 📋 Medidas cautelares: Se adoptan medidas para apartar a la víctima de la persona acosadora mientras se desarrolla el procedimiento. ℹ️ Informe vinculante: La comisión debe emitir un informe que constate o no indicios de acoso, incluyendo la descripción de los hechos, la metodología empleada y las medidas cautelares o preventivas.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 8 de octubre de 2024 que regula cómo el Ministerio del Interior puede conceder subvenciones de forma directa —es decir, sin convocatoria pública competitiva— a determinadas entidades con las que ya mantiene relaciones de colaboración establecidas por ley o por acuerdos previos.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a Cruz Roja Española, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Conferencia Episcopal Española, la Comisión Islámica de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y Cáritas Española. Estas entidades reciben o pueden recibir fondos públicos del Ministerio del Interior para prestar servicios concretos en materia de emergencias, prisiones y penas alternativas al encarcelamiento.

¿Qué cambia o establece? El decreto formaliza y regula las subvenciones directas que el Ministerio del Interior otorga a esas entidades para financiar actividades ya en marcha: la participación de Cruz Roja en emergencias y catástrofes (reparto de alimentos, albergues, primeros auxilios, atención psicosocial); el acceso de los presos a estudios universitarios a distancia a través de la UNED; la asistencia religiosa católica e islámica en centros penitenciarios; y la gestión de plazas para que condenados cumplan penas de trabajos en beneficio de la comunidad a través de la FEMP, Cruz Roja y Cáritas.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden EFD/1065/2024, de 1 de octubre, por la que se modifica la Orden EFP/822/20 ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden EFD/1065/2024 modifica la Orden EFP/822/2023 para mejorar el proceso de evaluación en la Educación Secundaria para Personas Adultas, ampliar la accesibilidad en las pruebas y precisar la certificación de superación de las Enseñanzas Iniciales II.

2. CONTEXTO La Orden EFP/822/2023 estableció el currículo y la evaluación para personas adultas que buscan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Esta norma se basó en la Orden EFP/754/2022, adaptada a las necesidades de adultos. Tras su entrada en vigor, se identificaron necesidades de mejora en el proceso de evaluación, accesibilidad y claridad en la certificación.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden EFD/1065/2024, de 1 de octubre de 2024, modifica la Orden EFP/822/2023, de 19 de julio de 2023, con el objetivo de mejorar el proceso de evaluación en la Educación Secundaria para Personas Adultas. Entre los cambios principales se encuentran: la precisión de aspectos del proceso de evaluación, la ampliación de las medidas de accesibilidad en las pruebas, y la concreción de la información incluida en la certificación acreditativa de la superación del segundo nivel de las Enseñanzas Iniciales.

La Orden EFP/822/2023 se basaba en la Orden EFP/754/2022, adaptada a las necesidades de las personas adultas, según lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto 217/2022. La nueva norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En concreto, se modifica el artículo 21.1 de la Orden EFP/822/2023, que establece que la certificación acreditativa de haber superado las Enseñanzas Iniciales II permite el acceso al nivel I de la Educación Secundaria para Personas Adultas. Además, se actualiza el anexo XI, que contiene el modelo de Acta de evaluación final de Educación Secundaria para Personas Adultas.

La Orden EFD/1065/2024 también establece que la presente norma entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». La entrada en vigor se prevé para el 1 de octubre de 2024, fecha de su publicación.

La norma se complementa con el modelo de certificación acreditativa de superación de las Enseñanzas Iniciales II, que incluye datos personales del interesado, la vía seguida para su superación (cursando y superando las Enseñanzas Iniciales II o superando directamente las pruebas), y la firma del director y secretario del centro educativo, junto con el sello del centro.

Estas modificaciones buscan garantizar una mayor transparencia, accesibilidad y claridad en el proceso de evaluación y obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de dieciocho años, adaptándose a las necesidades de las personas adultas en el ámbito de la educación.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden EFD/1065/2024 modifica la Orden EFP/822/2023 para mejorar la evaluación, accesibilidad y certificación en la Educación Secundaria para Personas Adultas. Se busca garantizar una mayor claridad y adaptación a las necesidades de los estudiantes mayores. La norma entra en vigor a los veinte días de su publicación.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Mejora del proceso de evaluación: Se precisan aspectos del proceso de evaluación en la Educación Secundaria para Personas Adultas. ⚠️ Accesibilidad ampliada: Se extienden medidas de accesibilidad a más estudiantes en las pruebas de obtención del título. 📋 Certificación concreta: Se detalla la información incluida en la certificación de superación de las Enseñanzas Iniciales II. ℹ️ Entrada en vigor: La norma entra en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Es una Orden del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que crea un órgano colegiado —un comité formado por representantes de varias administraciones— que actuará como Consejo de Inversión para gestionar los instrumentos financieros del llamado Fondo de Resiliencia Autonómica. Este fondo forma parte del Plan de Recuperación y Resiliencia de España, financiado con préstamos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las administraciones públicas que forman parte del órgano: el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, la Oficina de Asuntos Económicos y G20 dependiente de la Presidencia del Gobierno, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). De forma indirecta, afecta a los territorios y proyectos que puedan recibir financiación a través de los instrumentos gestionados junto al Banco Europeo de Inversiones.

¿Qué cambia o establece? Crea formalmente ese órgano colegiado, lo adscribe al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y regula su composición, funcionamiento, forma de tomar decisiones y las condiciones para su constitución y extinción. El órgano se reunirá en distintas configuraciones según el instrumento financiero concreto que supervise —inicialmente tres instrumentos: cofinanciación directa, desarrollo urbano y turismo sostenible, y financiación alternativa para el desarrollo sostenible— y su creación no supone incremento del gasto público.

¿Qué es? La Ley 5/2024, de 26 de julio, es la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana. Su objetivo declarado es honrar y proteger la memoria del periodo comprendido entre 1931 y la actualidad, abarcando la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y el terrorismo. La ley parte de la idea de que el pasado debe abordarse de forma plural y sin sesgo partidista, fomentando la reconciliación y la convivencia frente a lo que el texto califica como división y resentimiento.

¿A quién afecta? Afecta a todas las víctimas de la violencia política y social ocurrida en España durante ese periodo, con independencia del bando, credo o militancia, incluidas las víctimas del terrorismo de ETA y del terrorismo islamista. También afecta a sus familias, que tienen reconocido el derecho a localizar los restos de sus seres queridos. Igualmente incide sobre historiadores e investigadores, a quienes la ley pretende garantizar la libertad de cátedra y de opinión en la interpretación de los hechos históricos.

¿Qué cambia o establece? La ley deroga la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana, y toda su normativa de desarrollo. En su lugar, establece un reconocimiento unificado de todas las víctimas de la violencia política y social, gestiona su protección y regula la búsqueda e identificación de restos con criterios técnicos y respetando la voluntad de las familias. Otorga además a la administración valenciana instrumentos legales para actuar en casos de asesinatos sin resolver ocurridos en territorio valenciano, y mantiene vigentes los derechos reconocidos por la Ley 1/2004 de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo.