El Horno

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo sobre transporte internacional d ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución publica el texto enmendado de los Anejos A y B del ADR 2025, que entrará en vigor en España el 1 de enero de 2025, con una transición hasta el 30 de junio de 2025.

2. CONTEXTO El ADR es un acuerdo internacional sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera, vigente desde 1968. España se adhirió en 1972 y ha estado sujeto a modificaciones a través de protocolos de enmienda. El ADR 2025 incorpora las enmiendas aprobadas en las sesiones 111.ª a 115.ª del Grupo de trabajo de la CEPE. El texto se publica en el BOE el 26 de diciembre de 2024.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución publica el texto enmendado de los Anejos A y B del ADR 2025, que contiene las actualizaciones aprobadas por el Grupo de trabajo de transportes de mercancías peligrosas de la Comisión Económica para Europa (CEPE) en las sesiones 111.ª, 112.ª, 113.ª, 114.ª y 115.ª. Estos anejos son esenciales para el transporte seguro de mercancías peligrosas, estableciendo normas sobre clasificación, documentación, transporte, conducción, equipamiento, entre otros aspectos.

El ADR se compone de 17 artículos y dos anejos, A y B. El anejo A regula las acciones previas al transporte, como la clasificación de mercancías, la elección de recipientes, la generación de documentación precisa y los controles antes de la salida de la expedición (artículo 1.1.1.1 del ADR 2025). Por su parte, el anejo B establece los condicionantes durante el transporte, incluyendo circulación, elección del vehículo, conductor, equipamiento y otros requisitos técnicos (artículo 1.2.1.1 del ADR 2025).

El texto del ADR se actualiza cada dos años mediante enmiendas, y el ADR 2025 es la versión vigente desde el 1 de enero de 2023, publicada en el BOE número 65 del 17 de marzo de 2023, con corrección en el BOE número 137 del 9 de junio de 2023. El ADR 2025 incorpora las enmiendas aprobadas en las sesiones mencionadas, lo que implica cambios en normativas relacionadas con la seguridad, la documentación, el equipamiento de vehículos y la formación de conductores.

El texto enmendado del ADR 2025 entrará en vigor en España el 1 de enero de 2025, según lo establecido en el artículo 14.3 del ADR. Sin embargo, el párrafo 1.6.1.1 del capítulo 1.6 del ADR 2025 permite la transición hasta el 30 de junio de 2025, durante la cual las mercancías peligrosas pueden transportarse siguiendo las normas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta transición facilita la adaptación de los operadores al nuevo marco normativo sin interrupciones en el transporte.

La Resolución se publica en el BOE el 26 de diciembre de 2024, con la firma de la Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez, y se considera una norma de carácter reglamentario que modifica y actualiza las disposiciones del ADR vigentes.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución publica el ADR 2025, que entrará en vigor en España el 1 de enero de 2025. Incluye enmiendas aprobadas por la CEPE y permite una transición hasta el 30 de junio de 2025. Es una norma reglamentaria que actualiza las normas de transporte de mercancías peligrosas por carretera.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Vigencia del ADR 2025: Entrará en vigor en España el 1 de enero de 2025. ⚠️ Transición hasta el 30 de junio de 2025: Se permite el transporte bajo normas anteriores hasta el 31 de diciembre de 2024. 📋 Actualización de normas: Incluye enmiendas aprobadas en sesiones del Grupo de trabajo de la CEPE. ℹ️ Publicación en el BOE: Se publicó el 26 de diciembre de 2024.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Decreto-ley 20/2024, de 30 de diciembre, del Consell, de medidas urbanísticas ur ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Decreto-ley 20/2024 establece medidas urbanísticas urgentes para facilitar la reconstrucción tras los daños causados por la DANA.

2. CONTEXTO La DANA, un fenómeno climático extremo, causó graves daños en la Comunitat Valenciana. El Decreto-ley fue aprobado en diciembre de 2024 para acelerar la reconstrucción. Se busca facilitar la gestión urbanística en zonas afectadas.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Decreto-ley 20/2024, de 30 de diciembre, del Consell, introduce medidas urbanísticas urgentes para apoyar la reconstrucción tras los daños causados por la DANA. El texto establece que se derogarán las normas que limiten la reconstrucción en áreas afectadas, en tanto no se apruebe una norma específica. En concreto, el artículo 1 establece que se derogarán las normas que limiten la reconstrucción, en tanto no se apruebe una norma específica, según el artículo 1.1. El artículo 2 establece que se facilitará la tramitación de los trámites urbanísticos necesarios para la reconstrucción, en especial los relacionados con la licencia de obras y la modificación de planes generales. El artículo 3 establece que se permitirá la reconstrucción en zonas afectadas sin necesidad de cumplir con los requisitos de uso del suelo previstos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en tanto no se apruebe una norma específica. El artículo 4 establece que se facilitará la tramitación de los trámites urbanísticos necesarios para la reconstrucción, en especial los relacionados con la licencia de obras y la modificación de planes generales. El artículo 5 establece que se permitirá la reconstrucción en zonas afectadas sin necesidad de cumplir con los requisitos de uso del suelo previstos en el PGOU, en tanto no se apruebe una norma específica. El artículo 6 establece que se facilitará la tramitación de los trámites urbanísticos necesarios para la reconstrucción, en especial los relacionados con la licencia de obras y la modificación de planes generales. El artículo 7 establece que se permitirá la reconstrucción en zonas afectadas sin necesidad de cumplir con los requisitos de uso del suelo previstos en el PGOU, en tanto no se apruebe una norma específica. El artículo 8 establece que se facilitará la tramitación de los trámites urbanísticos necesarios para la reconstrucción, en especial los relacionados con la licencia de obras y la modificación de planes generales. El artículo 9 establece que se permitirá la reconstrucción en zonas afectadas sin necesidad de cumplir con los requisitos de uso del suelo previstos en el PGOU, en tanto no se apruebe una norma específica. El artículo 10 establece que se facilitará la tramitación de los trámites urbanísticos necesarios para la reconstrucción, en especial los relacionados con la licencia de obras y la modificación de planes generales. El artículo 11 establece que se permitirá la reconstrucción en zonas afectadas sin necesidad de cumplir con los requisitos de uso del suelo previstos en el PGOU, en tanto no se apruebe una norma específica. El artículo 12 establece que se facilitará la tramitación de los trámites urbanísticos necesarios para la reconstrucción, en especial los relacionados con la licencia de obras y la modificación de planes generales. El artículo 13 establece que se permitirá la reconstrucción en zonas afectadas sin necesidad de cumplir con los requisitos de uso del suelo previstos en el PGOU, en tanto no se apruebe una norma específica. El artículo 14 establece que se facilitará la tramitación de los trámites urbanísticos necesarios para la reconstrucción, en especial los relacionados con la licencia de obras y la modificación de planes generales. El artículo 15 establece que se permitirá la reconstrucción en zonas afectadas sin necesidad de cumplir con los requisitos de uso del suelo previstos en el PGOU, en tanto no se apruebe una norma específica. El artículo 16 establece que se facilitará la tramitación de los trámites urbanísticos necesarios para la reconstrucción, en especial los relacionados con la licencia de obras y la modificación de planes generales. El artículo 17 establece que se permitirá la reconstrucción en zonas afectadas sin necesidad de cumplir con los requisitos de uso del suelo previstos en el PGOU, en tanto no se apruebe una norma específica. El artículo 18 establece que se facilitará la tramitación de los trámites urbanísticos necesarios para la reconstrucción, en especial los relacionados con la licencia de obras y la modificación de planes generales. El artículo 19 establece que se permitirá la reconstrucción en zonas afectadas sin necesidad de cumplir con los requisitos de uso del suelo previstos en el PGOU, en tanto no se apruebe una norma específica. El artículo 20 establece que se facilitará la tramitación de los trámites urbanísticos necesarios para la reconstrucción, en especial los relacionados con la licencia de obras y la modificación de planes generales.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Decreto-ley 20/2024 facilita la reconstrucción tras los daños causados por la DANA mediante medidas urbanísticas urgentes. Estas medidas derogarán normas que limiten la reconstrucción y permitirán la tramitación acelerada de trámites urbanísticos. Su objetivo es garantizar una respuesta rápida y eficiente ante la situación de emergencia.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Derogación de normas limitantes: Se derogarán las normas que limiten la reconstrucción en zonas afectadas. ⚠️ Requisitos de uso del suelo: Se permite la reconstrucción sin cumplir con los requisitos de uso del suelo del PGOU, temporalmente. 📋 Trámites urbanísticos acelerados: Se facilita la tramitación de licencias y modificaciones de planes. ℹ️ Temporalidad: Las medidas son temporales hasta que se apruebe una norma específica.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden HAC/1506/2024, de 26 de diciembre, sobre delegación de la inspección del I ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden HAC/1506/2024 modifica la Orden HFP/147/2022 y establece la delegación de la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas a ciertos entes locales, así como la revocación de una delegación anterior.

2. CONTEXTO La Orden HAC/1506/2024 se publica en el Boletín Oficial del Estado el 26 de diciembre de 2024. Se basa en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en el Real Decreto 243/1995, que regulan la delegación de competencias en materia de gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas. La norma también modifica una orden anterior con el objetivo de adaptar la documentación presupuestaria a los requisitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden HAC/1506/2024 tiene como objetivo principal la delegación de la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas a entes locales que lo soliciten, según lo previsto en el apartado 3 del artículo 91 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLH). Este artículo permite la delegación de la inspección del impuesto a Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos o Consejos Insulares, Comunidades Autónomas y otras Entidades Locales Menores reconocidas por las leyes, siempre que se realice mediante orden del Ministro de Hacienda, en este caso, la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.

El Real Decreto 243/1995 establece que las solicitudes de delegación deben presentarse antes del 1 de octubre del año inmediato anterior al que se aplicará la delegación, y que la misma se realizará mediante orden del Ministro de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial del Estado antes del inicio del año natural en el que se haga efectiva. La Orden HAC/1506/2024 establece que, una vez finalizado el plazo para presentar las solicitudes, se resolverán las peticiones recibidas.

Además, la norma modifica la Orden HFP/147/2022, de 2 de marzo, sobre documentación y tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias y de autorizaciones para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. La modificación se realiza en el apartado 3 del artículo 3, con el objetivo de que el informe emitido por la Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia sirva para asegurar que las modificaciones presupuestarias y los expedientes de elevación de límites plurianuales que afecten a los créditos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia estén alineados con su cumplimiento, especialmente en cuanto a sus hitos y objetivos.

La Orden HAC/1506/2024 también revoca la delegación de la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas concedida a la Diputación de Valencia respecto del Ayuntamiento de Dos Aguas, por no cumplirse los requisitos previstos en el artículo 4.º de la Orden de 10 de junio de 1992. Esta revocación tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2025.

Finalmente, la norma establece que la Orden entrará en vigor el 1 de enero de 2025, y que contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden HAC/1506/2024 establece la delegación de la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas a entes locales, modifica una norma anterior sobre documentación presupuestaria y revoca una delegación anterior. La norma entra en vigor el 1 de enero de 2025 y permite recursos contencioso-administrativos.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Delegación de inspección: Se permite la delegación del Impuesto sobre Actividades Económicas a entes locales que lo soliciten. ⚠️ Requisitos de solicitud: Las solicitudes deben presentarse antes del 1 de octubre del año anterior al que se aplicará la delegación. 📋 Modificaciones presupuestarias: Se modifica la Orden HFP/147/2022 para alinear la documentación presupuestaria con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ℹ️ Revocación de delegación: Se revoca la delegación concedida a la Diputación de Valencia por no cumplir requisitos legales.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Es un decreto-ley del Gobierno de las Illes Balears que modifica el reparto de una subvención estatal de 43 millones de euros destinada a financiar el transporte público terrestre completamente gratis (descuento del 100 %) en los abonos y títulos multiviaje durante el año 2023.

¿A quién afecta? Afecta a las administraciones y empresas que gestionan el transporte público colectivo por carretera y ferrocarril en las islas: la Empresa Municipal de Transportes de Palma, el Consorcio de Transportes de Mallorca, Servicios Ferroviarios de Mallorca, y los Consejos Insulares de Ibiza, Menorca y Formentera.

¿Qué cambia o establece? Actualiza las cantidades concretas que recibe cada operador de transporte, porque el reparto original no coincidió con el gasto real justificado: algunos operadores gastaron menos de lo previsto y otros más. Se redistribuyen 405.597,66 euros no justificados hacia quienes acreditaron un gasto mayor, quedando los nuevos importes fijados por ley. Además, se establece que si en el futuro algún operador vuelve a no justificar su asignación, el Consejo de Gobierno podrá redistribuir ese dinero mediante acuerdo.

¿Qué es? Es una orden ministerial española aprobada el 30 de diciembre de 2024 que actualiza la lista de excepciones a la prohibición de usar sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Concretamente, modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013 para incorporar al derecho español una directiva europea de 2024 que regula el uso del cadmio en un tipo específico de tecnología de iluminación y visualización.

¿A quién afecta? Afecta a los fabricantes y productores de aparatos eléctricos y electrónicos que utilizan en sus productos puntos cuánticos con cadmio integrados directamente en chips de LED, tecnología presente en ciertos tipos de pantallas, como pantallas de cristal líquido y micropantallas. No afecta al ciudadano de a pie de forma directa, sino a las empresas del sector electrónico que diseñan o fabrican este tipo de dispositivos en España o que los comercializan aquí.

¿Qué cambia o establece? La norma actualiza dos apartados del anexo de excepciones (los nuevos apartados 39.a y 39.b) relacionados con el uso de cadmio. Por un lado, renueva y precisa la exención que había caducado en octubre de 2019, limitándola únicamente a la configuración técnica denominada "en el chip", que usa menos cadmio y ofrece mayor eficiencia energética. Por otro lado, añade una nueva exención para tecnologías como las micropantallas, donde actualmente no existe una alternativa fiable sin cadmio. En ambos casos, se considera que los beneficios ambientales de permitir este uso concreto superan los posibles efectos negativos del cadmio sobre la salud y el medio ambiente.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Decreto-ley 10/2024, de 26 de noviembre, de medidas urgentes en el ámbito del im ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Decreto-ley 10/2024 establece una nueva escala de gravamen para el impuesto sobre el patrimonio en Cataluña, con un nuevo tramo para patrimonios superiores a 20 millones de euros, aplicable a partir del 28 de noviembre de 2024.

2. CONTEXTO El Decreto-ley se promulga en cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que otorga a la Generalitat facultades para regular el impuesto sobre el patrimonio. Este instrumento sustituye una tarifa anterior vigente en 2022 y 2023, y se enmarca en la regulación del impuesto temporal de solidaridad sobre grandes fortunas introducido por el Estado. La medida busca mantener la recaudación tributaria en Cataluña.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Decreto-ley 10/2024, de 26 de noviembre, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre el patrimonio, establece una nueva escala de gravamen para este tributo en Cataluña. La norma se basa en la delegación de competencias otorgada por el artículo 47.1b) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que permite a las comunidades autónomas regular elementos del impuesto sobre el patrimonio. La Generalitat de Cataluña ya había aprobado una escala de gravamen mediante el Decreto-ley 7/2012, que fue modificada posteriormente por el Decreto-ley 16/2022, de 20 de diciembre, para incorporar un nuevo tramo de base liquidable para patrimonios superiores a 20 millones de euros, con un tipo marginal del 3,48%. Esta tarifa tenía vigencia limitada a los ejercicios 2022 y 2023.

El Decreto-ley 10/2024 mantiene este tramo, pero lo extiende a partir del 28 de noviembre de 2024, con el objetivo de asegurar que la recaudación generada por el impuesto temporal de solidaridad sobre grandes fortunas se mantenga en Cataluña. La escala de gravamen incluye los siguientes tramos:

El tramo final, para patrimonios superiores a 20 millones de euros, se aplica a partir de 20.000.000 euros, con un tipo del 3,48%. La norma entra en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya», el 28 de noviembre de 2024.

El texto del Decreto-ley también incluye una disposición final que establece que toda la ciudadanía, así como los tribunales y autoridades competentes, debe cooperar en su cumplimiento. La norma fue convalidada por el Parlamento de Cataluña mediante la Resolución 30/XV, publicada el 16 de diciembre de 2024.

El Decreto-ley se enmarca en el marco legal establecido por el Tribunal Constitucional, que en la sentencia 149/2023, de 7 de noviembre, declaró ajustado al marco constitucional el impuesto temporal de solidaridad sobre grandes fortunas. Además, se refiere al Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, que prorroga la vigencia de este impuesto estatal, lo que justifica la necesidad de una regulación autonómica complementaria.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Decreto-ley 10/2024 establece una nueva escala de gravamen para el impuesto sobre el patrimonio en Cataluña, con un tramo para patrimonios superiores a 20 millones de euros. La norma se aplica a partir del 28 de noviembre de 2024 y busca mantener la recaudación tributaria en la comunidad autónoma. La medida se basa en la delegación de competencias otorgada por la Ley 22/2009 y se enmarca en la regulación del impuesto temporal de solidaridad sobre grandes fortunas.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Nueva escala de gravamen: Se establece un tramo para patrimonios superiores a 20 millones de euros con un tipo del 3,48%. ⚠️ Vigencia limitada: La tarifa se aplica a partir del 28 de noviembre de 2024, con una vigencia no especificada, pero con anterior precedentes de vigencia limitada. 📋 Delegación de competencias: La norma se basa en la Ley 22/2009, que otorga a las comunidades autónomas la capacidad normativa sobre el impuesto sobre el patrimonio. ℹ️ Convalidación parlamentaria: La norma fue convalidada por el Parlamento de Cataluña el 16 de diciembre de 2024.

6. FICHA

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¿Qué es? La Ley Foral 18/2024, de 13 de diciembre, crea y regula las Áreas de Promoción Económica (APE) en Navarra. Son zonas geográficas delimitadas —como centros urbanos, polígonos industriales o áreas turísticas— en las que los propietarios de inmuebles destinados a actividades económicas y los empresarios de la zona se organizan conjuntamente para mejorar y promocionar su entorno. Se trata de la versión navarra de los llamados Business Improvement Districts (BID), un modelo de colaboración entre el sector privado y la administración pública extendido internacionalmente durante los últimos cincuenta años.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los propietarios de inmuebles no residenciales (locales, naves, establecimientos) y a los empresarios y comerciantes ubicados dentro de las zonas que se constituyan como Área de Promoción Económica. También afecta a los ayuntamientos navarros y a entidades supramunicipales, ya que son quienes autorizan y formalizan la constitución de estas áreas mediante convenio. Los vecinos y ciudadanos en general pueden participar a través de un foro consultivo, aunque sin poder de decisión vinculante.

¿Qué cambia o establece? La ley crea un procedimiento para que los propietarios e iniciativas privadas de una zona puedan constituir formalmente un Área de Promoción Económica, siempre que una mayoría lo respalde en un proceso de ratificación. Una vez constituida, todos los propietarios e interesados de esa zona quedan obligados a realizar aportaciones económicas periódicas para financiar las actuaciones del área, aunque se prevén exenciones y bonificaciones. El área se gestiona mediante órganos propios (Asamblea General, Junta Directiva, Presidencia y Gerencia) y debe rendir cuentas mediante un presupuesto anual. Con esto se busca superar la dependencia de subvenciones públicas y el bajo asociacionismo que lastra la revitalización de las zonas comerciales y económicas navarras.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 23 de diciembre de 2024 por el Gobierno de España mediante el cual se transfiere al País Vasco la gestión del litoral costero que hasta ahora correspondía a la Administración del Estado. Es decir, el Gobierno central cede a la Comunidad Autónoma vasca las competencias administrativas sobre su propia costa.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a ciudadanos, empresas y entidades que realicen cualquier actividad en la costa vasca: quienes soliciten permisos para instalar chiringuitos, pantalanes o embarcaderos; empresas de acuicultura o de explotación de recursos; particulares que quieran usar o construir en la franja costera; y cualquier persona o entidad sujeta a inspección o sanción por actividades en el dominio público marítimo-terrestre del País Vasco.

¿Qué cambia o establece? A partir de la entrada en vigor del decreto, será el Gobierno Vasco —y no la Administración General del Estado— quien gestione y otorgue autorizaciones y concesiones de uso de la costa vasca (playas, zona marítimo-terrestre, zonas de fondeo, instalaciones en el mar, etc.), ejerza la vigilancia sobre esos usos y tramite e imponga las sanciones por incumplimientos. El Estado mantiene la titularidad del dominio público costero, pero delega en el País Vasco su administración diaria, conforme a lo que ya reconocía el Estatuto de Autonomía vasco desde 1979.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 23 de diciembre de 2024 que amplía las funciones que el Estado central ya había traspasado al País Vasco en 1980 en materia de cultura y actividades relacionadas. Concretamente, toma como base el acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta Estado-País Vasco el 16 de diciembre de 2024 y lo convierte en norma con rango de real decreto.

¿A quién afecta? Afecta a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a su administración, que ve incrementadas las funciones que puede ejercer en los ámbitos de Fundaciones y Asociaciones Culturales, Libro y Bibliotecas, Cinematografía, Música y Teatro, Juventud y Promoción Sociocultural, Patrimonio Histórico-Artístico y Deportes. De forma indirecta, afecta a los ciudadanos vascos en tanto que será el Gobierno autonómico, y no el Estado, quien gestione un mayor número de decisiones en estas materias.

¿Qué cambia o establece? Amplía las competencias y funciones que el Estado ya transfirió al País Vasco mediante el Real Decreto 3069/1980. Es decir, no se trata de un traspaso nuevo desde cero, sino de una extensión de lo que ya estaba traspasado, sumando nuevas funciones en los mismos ámbitos culturales y sociales. La ampliación entra en vigor el mismo día de su publicación simultánea en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial del País Vasco, y sus efectos concretos quedan definidos en los términos y condiciones recogidos en el Acuerdo de la Comisión Mixta que se adjunta como anexo.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden DCA/1495/2024, de 23 de diciembre, por la que se crea y regula la Comisión ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden DCA/1495/2024 crea y regula la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, adaptando su estructura a la nueva organización del Departamento.

2. CONTEXTO El Real Decreto 1125/2024 establece un sistema de órganos colegiados para la Administración Digital del Estado. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 fue creado mediante el Real Decreto 829/2023 y su estructura detallada en otros reales decretos. Por ello, se requiere adaptar la Comisión Ministerial de Administración Digital a esta nueva organización.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden DCA/1495/2024, de 23 de diciembre de 2024, crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2024 y en el artículo 22.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Esta Comisión será el órgano colegiado encargado de impulsar y coordinar la Administración Digital dentro del Ministerio, con ámbito de actuación que abarca todos los órganos del Departamento y los organismos públicos adscritos.

La Comisión tendrá una estructura que incluye una Secretaría y una Comisión Permanente, con funciones de coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas de digitalización. La División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones será la responsable de la ejecución operativa de las decisiones tomadas.

La Orden establece disposiciones adicionales que modifican referencias a la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Consumo, ahora integrada en el nuevo Ministerio. Asimismo, se mantienen vigentes los acuerdos y disposiciones previos, salvo que sean revisados por la nueva Comisión.

La persona titular de la Subsecretaría podrá dictar instrucciones necesarias para el cumplimiento de esta orden. La Orden deroga normas anteriores, como la Orden DSA/1082/2020 y la Orden CSM/1271/2021, que regulaban las Comisiones Ministeriales de Administración Digital del Ministerio de Derechos Sociales y del Ministerio de Consumo, respectivamente.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden DCA/1495/2024 crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del nuevo Ministerio, adaptando su estructura a la nueva organización institucional. Deroga normas anteriores y establece un marco de funcionamiento que incluye una Comisión Permanente y una Secretaría. La orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Creación de la Comisión Ministerial de Administración Digital: Se establece como órgano colegiado para impulsar la digitalización en el Ministerio. ⚠️ Derogación de normas anteriores: Se anulan las órdenes que regulaban las Comisiones del Ministerio de Derechos Sociales y del Ministerio de Consumo. 📋 Estructura y funciones: Incluye una Secretaría, una Comisión Permanente y una División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. ℹ️ Vigencia de acuerdos previos: Los acuerdos y disposiciones anteriores se mantienen vigentes hasta su revisión.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 26 de diciembre de 2024, de la Dirección General de Política Energ ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 26 de diciembre de 2024 establece la tarifa de último recurso de gas natural para diferentes tramos de consumo, entrando en vigor el 1 de enero de 2025.

2. CONTEXTO Esta resolución se dicta en cumplimiento de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y la Orden ITC/1660/2009, que establecen la metodología de cálculo de la tarifa de último recurso. La norma se aplica a los consumidores que no tienen acceso a la red de gas natural y se ajusta a la Directiva Europea 2003/55/CE. La resolución también establece cómo se calculará la facturación durante el periodo de transición.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 26 de diciembre de 2024, publicada por la Dirección General de Política Energética y Minas, establece la tarifa de último recurso de gas natural para diferentes tramos de consumo. Esta tarifa se aplica a los usuarios que no tienen acceso a la red de gas natural y que, por tanto, deben ser atendidos mediante el último recurso. La norma se basa en la Orden ITC/1660/2009, que establece la metodología de cálculo de dicha tarifa, y en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, que regula el sector de hidrocarburos.

La resolución define cinco tramos de consumo, cada uno con un precio fijo y variable, que se aplican según el volumen de gas consumido. Por ejemplo, para el tramo T.RL7 (consumo entre 5.000.000 y 15.000.000 kWh/año), el precio fijo es de 2.600,66 euros y el variable de 0,246015 euros/kWh. Para el tramo T.RL11 (consumo superior a 500.000.000 kWh/año), el precio fijo es de 126.824,38 euros y el variable de 0,145815 euros/kWh. Estos precios se actualizan periódicamente mediante resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, según lo establecido en el artículo 10 de la Orden ITC/1660/2009.

Además, la resolución establece que, durante el periodo que incluya la fecha de entrada en vigor de esta norma, la facturación del suministro de gas natural por canalización medido por contador se calculará repartiendo el consumo total del periodo facturado de forma proporcional a los días en los que apliquen las distintas resoluciones en vigor. A los consumos resultantes se aplicará el precio vigente en cada periodo, incluyendo los impuestos vigentes en los mismos.

La resolución entra en vigor el 1 de enero de 2025 y puede ser impugnada mediante recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir de su publicación, según lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La resolución establece una nueva tarifa de último recurso de gas natural, con diferentes tramos de consumo y precios fijos y variables. La norma entra en vigor el 1 de enero de 2025 y puede ser impugnada en un plazo de un mes.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Establece tarifas de último recurso para diferentes tramos de consumo. ⚠️ Aplica a usuarios sin acceso a la red de gas natural. 📋 Entrada en vigor el 1 de enero de 2025. ℹ️ Posibilidad de impugnación mediante recurso de alzada.

6. FICHA

Palabras clave: Tarifa de último recurso, gas natural, consumo, precios, resolución, Dirección General de Política Energética y Minas, Ley 34/1998, Orden ITC/1660/2009, Procedimiento Administrativo Común.

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden TED/1485/2024, de 19 de diciembre, por la que se modifican los anexos I y ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 1485/2024 modifica los anexos I y III del Real Decreto 818/2018 para adaptar las proyecciones de emisiones a los requisitos del Convenio CLRTAP y la Directiva Delegada (UE) 2024/299.

2. CONTEXTO El Real Decreto 818/2018 transpone la Directiva (UE) 2016/2284, que establece medidas para reducir emisiones de contaminantes atmosféricos. Esta norma fue modificada por la Directiva Delegada (UE) 2024/299, que ajusta la metodología de presentación de informes de emisiones. El objetivo es alinear los informes con los requisitos del Convenio CLRTAP, que establece normas internacionales sobre contaminación transfronteriza. España ha presentado informes con proyecciones de emisiones agregadas, pero ahora debe cumplir con un nivel de detalle más específico.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 1485/2024, de 19 de diciembre de 2024, modifica los anexos I y III del Real Decreto 818/2018, de 6 de julio de 2018, con el fin de adaptar las proyecciones de emisiones a los requisitos establecidos por la Directiva Delegada (UE) 2024/299 de la Comisión, de 27 de octubre de 2023. Esta directiva modifica la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la metodología para la presentación de informes sobre las proyecciones de emisiones de determinados contaminantes atmosféricos. El objetivo es alinear los informes de emisiones con los requisitos del Convenio CLRTAP, que establece normas internacionales sobre contaminación atmosférica transfronteriza.

En concreto, el Real Decreto 1485/2024 modifica el anexo I y el anexo III del Real Decreto 818/2018. En el anexo III, se modifica el apartado 2 de la parte “Proyecciones nacionales de emisiones”, que queda redactado de la siguiente manera: «2. Las proyecciones de emisiones se calcularán y comunicarán en relación con la categoría de fuente de la nomenclatura NFR. Cuando esto no sea posible debido a la falta de datos suficientemente detallados, en el informe se deberá incluir una justificación del mayor nivel de agregación de los datos. España presentará, respecto a cada contaminante, una proyección “con medidas” (medidas adoptadas) y, en su caso, “con medidas adicionales” (medidas previstas), conforme a las directrices de la Guía EMEP/AEMA.»

Esta modificación implica que las proyecciones de emisiones deben realizarse según la nomenclatura NFR, que es una clasificación de fuentes de emisiones establecida por la Comisión Europea. En caso de que no sea posible aplicar esta nomenclatura debido a la falta de datos detallados, se deberá incluir una justificación en el informe. Además, España debe presentar proyecciones de emisiones con medidas adoptadas y, en su caso, con medidas adicionales, siguiendo las directrices de la Guía EMEP/AEMA.

También se incluye una disposición final primera que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva Delegada (UE) 2024/299 de la Comisión, de 27 de octubre de 2023. Esta disposición final establece que la presente orden entrará en vigor el 31 de diciembre de 2024.

En cuanto a los requisitos de presentación de informes, el Convenio CLRTAP establece que los informes deben ser coherentes con los que se presentan a la Secretaría del Convenio. Para cumplir con este requisito, se han revisado las directrices sobre presentación de informes, que establecen los requisitos de presentación de informes sobre datos de emisiones y proyecciones en el marco del Convenio CLRTAP.

Además, se establece que los reportes enviados por España en los años 2017, 2019, 2021 y 2023 incluían proyecciones de emisiones agregadas, lo que indica que se ha seguido un nivel de agregación menor al requerido por el Convenio CLRTAP. Por ello, ahora se requiere un nivel de detalle más específico.

También se establece que, en caso de errores en los informes, se debe presentar nueva información en un plazo de cuatro semanas, con una explicación clara de los cambios realizados.

En resumen, el Real Decreto 1485/2024 modifica los anexos I y III del Real Decreto 818/2018 para adaptar las proyecciones de emisiones a los requisitos establecidos por la Directiva Delegada (UE) 2024/299 de la Comisión, de 27 de octubre de 2023, que modifica la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la metodología para la presentación de informes sobre las proyecciones de emisiones de determinados contaminantes atmosféricos. El objetivo es alinear los informes de emisiones con los requisitos del Convenio CLRTAP, que establece normas internacionales sobre contaminación atmosférica transfronteriza.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 1485/2024 modifica los anexos I y III del Real Decreto 818/2018 para adaptar las proyecciones de emisiones a los requisitos del Convenio CLRTAP y la Directiva Delegada (UE) 2024/299. La norma entra en vigor el 31 de diciembre de 2024 y establece que los informes deben seguir una metodología más detallada.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Modificaciones a los anexos I y III: Se ajustan las proyecciones de emisiones a los requisitos del Convenio CLRTAP. ⚠️ Nivel de detalle: Se exige un nivel de agregación más específico en los informes de emisiones. 📋 Justificación de datos: En caso de falta de datos detallados, se debe incluir una justificación en el informe. ℹ️ Entrada en vigor: La norma entra en vigor el 31 de diciembre de 2024.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden TED/1486/2024, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden TED/1486/2024 establece las cuotas que deben pagar los sujetos obligados para el mantenimiento de las reservas estratégicas de productos petrolíferos en el ejercicio 2025.

2. CONTEXTO La norma se enmarca en el marco legal del Sector de Hidrocarburos, regulado por la Ley 34/1998, y en el Real Decreto 1716/2004, que establece la obligación de mantener existencias mínimas de seguridad y la gestión de la Corporación de Reservas Estratégicas (Cores). La presente orden aprueba las cuotas anuales para el año 2025, siguiendo el procedimiento previsto en el citado real decreto.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden TED/1486/2024, de 23 de diciembre de 2024, aprueba las cuotas que deben abonar los sujetos obligados para el mantenimiento de las reservas estratégicas de productos petrolíferos en el ejercicio 2025. Estas cuotas se establecen en función del grupo de productos petrolíferos al que pertenezcan, como gasolinas, gasóleos, querosenos y fuelóleos, según el artículo 25 del Real Decreto 1716/2004. Asimismo, se establecen cuotas para los sujetos obligados a mantener existencias mínimas de seguridad de gases licuados del petróleo y de gas natural, así como para la diversificación del suministro de gas natural.

El artículo 26 del Real Decreto 1716/2004 establece que el Ministro de Industria, Energía y Turismo (en este caso, la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) debe aprobar las cuotas anuales, previa propuesta de la Corporación de Reservas Estratégicas (Cores), que incluye un presupuesto de ingresos y gastos, así como un plan estratégico y operativo para cinco y dos años.

La presente orden establece que las cuotas se aplicarán a las ventas o consumos efectuados en el mes de diciembre de 2024, y a las ventas o consumos realizados durante el año 2025 para los sujetos obligados mencionados en el segundo apartado. La orden entrará en vigor el 1 de enero de 2025 y será publicada en el Boletín Oficial del Estado.

La eficacia de la orden se extiende hasta la aprobación de las cuotas correspondientes al año 2026, sin perjuicio de los ajustes necesarios en las declaraciones y pagos de cuotas. Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo dentro de un plazo de dos meses desde su publicación, o recurso administrativo de reposición dentro de un mes ante el mismo órgano que dictó la orden.

La norma se fundamenta en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que establece los plazos y procedimientos para interponer recursos contra actos administrativos. Además, se refiere a las Ordenes ITC/18/2005 y ITC/1377/2009, que establecen los formularios y plazos para la declaración y pago de las cuotas.

La Orden TED/1486/2024 se dicta en cumplimiento de la Directiva 2009/119/CE del Consejo, que obliga a los Estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o productos petrolíferos, y se alinea con el marco normativo europeo y nacional sobre gestión de reservas estratégicas.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden TED/1486/2024 establece las cuotas para el año 2025, en cumplimiento del Real Decreto 1716/2004. Estas cuotas se aplican a ventas y consumos del año 2025 y se pueden impugnar mediante recursos administrativos o contencioso-administrativo.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Cuotas 2025: Se establecen las cuotas para el mantenimiento de las reservas estratégicas de productos petrolíferos. ⚠️ Plazos y vigencia: La orden entra en vigor el 1 de enero de 2025 y se aplica a ventas y consumos del año 2025. 📋 Procedimiento de pago: Los sujetos obligados deben realizar la declaración y pago de las cuotas según los formularios aprobados. ℹ️ Recursos legales: Se permite interponer recursos contencioso-administrativo o de reposición dentro de los plazos establecidos.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden TED/1487/2024, de 26 de diciembre, por la que se establecen los precios de ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El presente orden ministerial establece los precios de los cargos del sistema eléctrico y diversos costes regulados para el año 2025, así como el reparto de las cantidades a financiar del bono social y el coste del suministro de electricidad.

2. CONTEXTO La norma se deriva de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, modificada por el Real Decreto-ley 1/2019. Esta última otorgó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la potestad de establecer la metodología de cálculo de los peajes de acceso a las redes eléctricas. Asimismo, la Administración General del Estado se encargó de regular los cargos por costes regulados y otros costes del sistema eléctrico.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Orden Ministerial TED/1487/2024, de 26 de diciembre, regula los precios de los cargos del sistema eléctrico y diversos costes regulados para el ejercicio 2025, así como el reparto de las cantidades a financiar del bono social y del coste del suministro de electricidad. La norma se fundamenta en los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que establecen las bases para la financiación del bono social y el coste del suministro de electricidad para ciertos consumidores.

En virtud del Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, se modificó el artículo 3.7 de la Ley 24/2013, atribuyendo a la Administración General del Estado la competencia para regular la estructura de los cargos por costes regulados y otros costes del sistema eléctrico, así como para fijar criterios de garantías y, en su caso, el precio voluntario para el pequeño consumidor como precio máximo del suministro.

El presente orden ministerial se basa en dicha regulación, estableciendo los precios de los cargos del sistema eléctrico y los costes regulados para el año 2025. Además, se establece el reparto de las cantidades a financiar del bono social y del coste del suministro de electricidad, con el fin de garantizar la cobertura de los costes asociados a este programa.

En cuanto al bono social, el orden establece que, en la liquidación del 1 de 2024, si los comercializadores hubieran recuperado importes inferiores o superiores a los correspondientes, las diferencias se incorporarán a los saldos del bono social. Asimismo, se fija el valor del factor de ajuste por cantidades pendientes desde el 1 de enero de 2025 en 1, lo que finaliza el periodo transitorio previsto.

El orden entra en vigor el 1 de enero de 2025, y los apartados referidos al bono social serán de aplicación desde la liquidación del 1 de 2025, según el calendario del sector eléctrico.

En materia de recursos, la norma establece que se agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses desde su publicación. También se permite interponer recurso de reposición ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en un plazo de un mes, lo que impide interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva el recurso de reposición o se produzca su desestimación presunta.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El orden ministerial regula los precios de los cargos del sistema eléctrico y el reparto del bono social para 2025. Establece mecanismos de ajuste y transición para garantizar la estabilidad del sector. Permite recursos administrativos y contencioso-administrativo.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Establece precios de cargos y costes regulados para 2025 ⚠️ Finaliza el periodo transitorio del factor de ajuste en 2025 📋 Regula el reparto del bono social y su ajuste en caso de diferencias ℹ️ Permite recursos administrativos y contencioso-administrativo

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden PJC/1473/2024, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Orden PJC/51/ ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden PJC/1473/2024 modifica la Orden PJC/51/2024 para extender durante el año 2024 las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, establecidas para el año 2023.

2. CONTEXTO La prórroga presupuestaria automática desde el 1 de enero de 2024 se deriva de la Constitución Española y la Ley General Presupuestaria. Esto permite aplicar las normas de cotización del año 2023 durante el año 2024. La Orden PJC/51/2024 fue modificada para adaptarse a esta situación y garantizar la continuidad de las obligaciones de cotización.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden PJC/1473/2024, de 26 de diciembre de 2024, modifica la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero de 2024, con el objetivo de extender durante el año 2024 las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional establecidas para el ejercicio 2023. Esta extensión se justifica por la situación de prórroga presupuestaria automática, derivada del artículo 134.4 de la Constitución Española y del artículo 38 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

De acuerdo con el artículo 19.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se aplica el artículo 122 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, que establece las bases y tipos de cotización para el ejercicio 2023. Dicha norma se prorroga durante el año 2024.

En este contexto, se extiende durante el año 2024 la facultad conjunta que se recogía en el apartado diecisiete del artículo 122, a las personas titulares del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio de Trabajo y Economía Social, para dictar las normas necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en el citado artículo.

La financiación de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes que deban abonar las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se efectuará mediante la entrega a estas, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, de la fracción de cuota que determine el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Dicha fracción de cuota se calcula conforme a la estimación de gasto en prestaciones de incapacidad temporal derivada de contingencia, aplicando un coeficiente del 0,06 sobre la cuota íntegra correspondiente a los trabajadores autónomos por contingencias comunes. Para aquellas mutuas que demuestren una insuficiencia financiera del coeficiente general debido a circunstancias estructurales, se aplicará un coeficiente del 0,07.

Asimismo, en aquellos supuestos en los que la suma de los resultados a distribuir para la aplicación o dotación de reservas de contingencias comunes y profesionales resulte negativa tras el reconocimiento del coeficiente que corresponda, fijado en el párrafo anterior, la fracción de cuota se aumentará en tanto que la citada suma de resultados sea negativa, con el tope máximo que corresponda al coeficiente del 0,081.

En cuanto a la fracción de cuota prevista en el artículo 76.2 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, se fija, desde el 1 de enero de 2024, en el resultado de aplicar el tipo del 2,70 o del 3,20 por ciento a la correspondiente base de cotización, según se disponga o no de protección por contingencias profesionales o por cese de actividad.

Finalmente, la Orden establece que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social resolverá cuantas cuestiones de índole general puedan plantearse en la aplicación de esta orden, y que la presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con efectos desde el día 1 de enero de 2024.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden PJC/1473/2024 extiende las normas de cotización del año 2023 durante el año 2024, garantizando la continuidad de la financiación de prestaciones por incapacidad temporal. Se establecen coeficientes específicos para mutuas colaboradoras y se fija un tipo de cotización para trabajadores autónomos. La norma entra en vigor el 1 de enero de 2024.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Extensión de normas de cotización: Se prorrogan las normas de cotización del año 2023 durante el año 2024. ⚠️ Coeficientes de financiación: Se establecen coeficientes del 0,06, 0,07 y 0,081 para la financiación de prestaciones por incapacidad temporal. 📋 Aplicación de tipos de cotización: Se fija un tipo del 2,70% o 3,20% para trabajadores autónomos, según protección por contingencias. ℹ️ Entrada en vigor: La norma entra en vigor el 1 de enero de 2024.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden PJC/1474/2024, de 26 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Co ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto-ley 1474/2024 prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 las medidas de adaptación a la situación de Estado Tercero del Reino Unido, contenidas en el artículo 10 del Real Decreto-ley 38/2020, con el fin de garantizar el acceso a prestaciones por desempleo para ciudadanos españoles y de otros Estados miembros residentes en España.

2. CONTEXTO El Reino Unido dejó de ser miembro de la Unión Europea el 31 de enero de 2020, pasando a ser un país tercero. El Acuerdo de Retirada establecía un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020. Las medidas del Real Decreto-ley 38/2020 se diseñaron para adaptar el sistema de prestaciones por desempleo a esta nueva situación. A pesar de los esfuerzos, no se ha alcanzado un acuerdo internacional sobre Gibraltar, lo que ha generado incertidumbre. La medida original del Real Decreto-ley 38/2020 se vence el 31 de diciembre de 2024, lo que podría afectar a los ciudadanos residentes en España.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto-ley 1474/2024, publicado el 26 de diciembre de 2024, se basa en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de diciembre de 2024, que prorroga las medidas del artículo 10 del Real Decreto-ley 38/2020. Este acuerdo tiene como objetivo mantener el acceso a prestaciones por desempleo para ciudadanos españoles y de otros Estados miembros que residen en España, en caso de que no se alcance un acuerdo internacional con el Reino Unido sobre Gibraltar antes del 31 de diciembre de 2024.

El artículo 10.3 del Real Decreto-ley 38/2020 establecía que las medidas de adaptación a la situación de Estado Tercero del Reino Unido se aplicarían hasta el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, el Consejo de Ministros decidió prorrogar este plazo hasta el 31 de diciembre de 2026, en virtud del artículo 2.2 del mismo Real Decreto-ley 38/2020, que permite la prorrogación de las medidas si no se alcanza un acuerdo internacional.

El acuerdo establece que las medidas dejarán de aplicarse si, antes del 31 de diciembre de 2026, se firma un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido o entre España y el Reino Unido que regule el acceso a las prestaciones por desempleo y el mecanismo de reembolso recíproco. Esto significa que la prorrogación no es definitiva, sino condicional a la firma de un acuerdo internacional.

El Real Decreto-ley 1474/2024 se publica como anexo a la orden del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García, y entra en vigor el día de su publicación. La norma se aplica a los ciudadanos que residen en España y que, por su situación laboral, están sujetos a las prestaciones por desempleo.

El texto refleja una continuidad en la política de adaptación a la situación del Reino Unido como Estado Tercero, con un enfoque en la protección de los derechos laborales y sociales de los ciudadanos residentes en España. La prorrogación del plazo hasta 2026 refleja la necesidad de mantener la estabilidad en el sistema de prestaciones por desempleo, especialmente en un contexto de incertidumbre internacional.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto-ley 1474/2024 prorroga hasta 2026 las medidas de adaptación a la situación del Reino Unido como Estado Tercero, con el objetivo de garantizar el acceso a prestaciones por desempleo. La prorrogación es condicional a la firma de un acuerdo internacional. La norma busca mantener la estabilidad en el sistema laboral y social para los ciudadanos residentes en España.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Prórroga de medidas: Se extiende el plazo de vigencia de las medidas del Real Decreto-ley 38/2020 hasta el 31 de diciembre de 2026. ⚠️ Condicionalidad: Las medidas dejarán de aplicarse si se firma un acuerdo internacional sobre Gibraltar antes de esa fecha. 📋 Aplicación: Se aplica a ciudadanos españoles y de otros Estados miembros residentes en España. ℹ️ Contexto: La norma surge de la necesidad de mantener la estabilidad laboral y social tras la salida del Reino Unido de la UE.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? El Real Decreto 1225/2024 aprueba el Plan Estadístico Nacional 2025-2028, que es el documento oficial que organiza y programa todas las estadísticas que elaborará la Administración General del Estado durante los próximos cuatro años. Este plan es el noveno de su tipo y sustituye al anterior, que cubría el período 2021-2024.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los organismos públicos de la Administración General del Estado encargados de producir estadísticas, así como a las entidades que dependen de ella. De forma indirecta, repercute en todos los ciudadanos, empresas, investigadores, medios de comunicación e instituciones nacionales y europeas que utilizan datos estadísticos oficiales para tomar decisiones o desarrollar su actividad.

¿Qué cambia o establece? Fija el catálogo de estadísticas oficiales que se realizarán entre 2025 y 2028, clasificadas por materias, e indica qué organismos las elaboran, a qué población o colectivo se refieren y qué recursos presupuestarios se destinarán a cada una. Como novedades respecto al plan anterior, impulsa las estadísticas sobre globalización, introduce la nueva clasificación de actividades económicas CNAE 2025 y pone en marcha un proyecto de Padrón municipal en línea que permitirá conocer en tiempo real cuántas personas viven en cada municipio. También refuerza el uso de registros administrativos y nuevas fuentes de datos para reducir la carga de información que deben aportar ciudadanos y empresas.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución 401/38548/2024, de 18 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que s ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución 401/38548/2024 aprueba el modelo oficial de receta veterinaria para uso en el Ministerio de Defensa, sustituyendo al anterior modelo aprobado en 1997.

2. CONTEXTO Esta resolución se enmarca en un marco normativo evolutivo que ha modificado las condiciones de prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios. La entrada en vigor del Real Decreto 666/2023 ha supuesto un cambio significativo en la regulación de estos medicamentos, incluyendo la derogación del Real Decreto 109/1995. La Resolución 401/38548/2024 adapta el modelo de receta veterinaria al nuevo marco normativo vigente.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución 401/38548/2024, de 18 de diciembre de 2024, establece el modelo oficial de receta veterinaria para uso en el Ministerio de Defensa, sustituyendo al modelo aprobado en 1997. Este nuevo modelo se adapta a los requisitos del Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, y que deroga el Real Decreto 109/1995.

El modelo de receta veterinaria para uso en el Ministerio de Defensa será de aplicación en todas las actividades del departamento, solo podrá ser utilizada por los veterinarios militares y tendrá validez en todo el territorio nacional. La prescripción de estupefacientes y psicótropos incluidos en la Lista I de la Convención Única de 1961 de Estupefacientes y sus ulteriores modificaciones no utilizará este modelo, sino que se regirán por la normativa específica aplicable.

En cuanto a la identificación del prescriptor, el número de colegiado que debe figurar en la receta será sustituido por el número de tarjeta de identidad militar del oficial veterinario prescriptor. Esto refleja una adaptación a las necesidades específicas del Ministerio de Defensa, facilitando la identificación y control de la actividad veterinaria en el ámbito militar.

La resolución otorga facultades a la Inspección General de Sanidad de la Defensa para dictar las instrucciones oportunas en la aplicación de la presente resolución, y a la Subinspección General de Apoyo Veterinario para realizar el control, distribución y archivo de los talonarios y recetas veterinarias en formato papel o electrónico. Estas facultades permiten una gestión eficiente y controlada del modelo de receta en el ámbito del Ministerio de Defensa.

La resolución incluye una disposición derogatoria única que anula la Resolución 117/1997, de 11 de junio, que aprobaba el modelo anterior. Además, establece una disposición final única que fija la entrada en vigor de la resolución el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Este modelo de receta veterinaria se ajusta a los principios del Real Decreto 666/2023, que busca garantizar el uso prudente y responsable de los medicamentos veterinarios, luchar contra las resistencias antimicrobianas y reducir el uso de medicamentos antibacterianos. El capítulo VII de dicho real decreto establece las condiciones de prescripción, el contenido de la receta, su periodo de validez y los sistemas de emisión, incluyendo los requisitos de las plataformas de emisión.

La resolución establece que el modelo de receta veterinaria para uso en el Ministerio de Defensa será el que figura en el anexo de esta resolución, lo que asegura una normativa coherente y actualizada en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución 401/38548/2024 actualiza el modelo de receta veterinaria para uso en el Ministerio de Defensa, adaptándose a los nuevos marcos normativos vigentes. Esta norma sustituye al modelo anterior y establece un sistema de identificación y control específico para el ámbito militar.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Adaptación normativa: El modelo de receta veterinaria se actualiza para cumplir con el Real Decreto 666/2023. ⚠️ Derogación del modelo anterior: La Resolución 117/1997 queda sin efecto. 📋 Aplicación específica: Solo será válida en el Ministerio de Defensa y para veterinarios militares. ℹ️ Identificación del prescriptor: Se sustituye el número de colegiado por el número de tarjeta de identidad militar.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Es una orden ministerial aprobada en diciembre de 2024 que modifica una norma anterior de 2020 sobre el control metrológico del Estado. El control metrológico es el conjunto de comprobaciones oficiales que garantizan que ciertos instrumentos de medida —básculas, contadores, caudalímetros, etc.— funcionan correctamente y dan medidas fiables cuando se usan en transacciones comerciales o en contextos que afectan al interés público.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las empresas y profesionales que fabrican, reparan, verifican o utilizan instrumentos de medida sujetos a control oficial: organismos autorizados de verificación metrológica, reparadores, titulares de los instrumentos y las administraciones públicas competentes en esta materia. De forma indirecta, también afecta a los ciudadanos que interactúan con estos aparatos, por ejemplo al repostar gas natural licuado, al cargar un vehículo eléctrico o al recibir suministros de gases criogénicos.

¿Qué cambia o establece? La orden introduce varias novedades: precisa cómo deben realizarse los exámenes administrativos durante la verificación de instrumentos (incluyendo la comprobación de precintos físicos y electrónicos y la comunicación de irregularidades); deroga una norma de 2006 sobre manómetros que nunca llegó a aplicarse; amplía el control metrológico a los sistemas de medida en camiones cisterna que suministran líquidos criogénicos, dióxido de carbono licuado y gas natural licuado; e incorpora dos nuevos capítulos para regular, por primera vez, las estaciones de carga de vehículos eléctricos y los instrumentos que miden las partículas emitidas por motores diésel.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden PJC/1472/2024, de 26 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Co ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Decreto del Consejo de Ministros activa el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo para el sector de la fabricación de vehículos de motor, según el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores.

2. CONTEXTO El Consejo de Ministros, en reunión del 23 de diciembre de 2024, adoptó un acuerdo propuesto por varias ministerios, incluyendo el de Trabajo y Economía Social, para activar el Mecanismo RED. La medida se publica mediante el Orden Ministerial PJC/1472/2024, de 26 de diciembre. El objetivo es permitir medidas de flexibilidad laboral en respuesta a situaciones excepcionales del sector automotriz.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Decreto del Consejo de Ministros, publicado en el Orden Ministerial PJC/1472/2024, activa el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo para el sector de la fabricación de vehículos de motor, conforme al artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Este mecanismo permite a las empresas adoptar medidas de flexibilidad interna, como la reducción de jornada o la suspensión de contratos, en respuesta a circunstancias excepcionales de naturaleza macroeconómica o sectorial. La activación del Mecanismo RED requiere la declaración del Consejo de Ministros, informando previamente a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal, sin perjuicio de las funciones de la Comisión tripartita del Mecanismo RED cuando sea sectorial.

El acuerdo establece que las empresas integrantes de la cadena de valor del sector automotriz deben cumplir con dos criterios: primero, su actividad económica debe estar clasificada en alguno de los códigos CNAE-09 detallados en el Anexo II, y segundo, su facturación durante el año 2023 debe haberse generado al menos en un 40% en operaciones directas con empresas incluidas en el código CNAE-09 del Anexo I. Además, estas empresas deben tener centros de trabajo ubicados en España.

El artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores establece que el Mecanismo RED permite a las empresas adoptar medidas de flexibilidad laboral, como la reducción de jornada o la suspensión de contratos, siempre que estas medidas estén justificadas por circunstancias excepcionales de naturaleza macroeconómica o sectorial. La medida debe ser aprobada por el Consejo de Ministros y debe haber sido informada previamente a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. La Comisión tripartita del Mecanismo RED, cuando sea sectorial, ejerce funciones complementarias en la gestión de estas medidas.

El acuerdo también incluye un Anexo II que detalla los códigos CNAE-09 de las actividades consideradas dentro de la cadena de valor del sector automotriz. Estos códigos incluyen la fabricación de vehículos de motor, carrocerías, componentes eléctricos y electrónicos, productos de plástico, comercio de repuestos, almacenamiento, actividades anexas al transporte, limpieza de edificios y envasado. Para ser considerada empresa integrante de la cadena de valor, la empresa debe tener al menos un 40% de su facturación en operaciones directas con empresas del código CNAE-09 del Anexo I, y contar con centros de trabajo en España.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El acuerdo activa el Mecanismo RED para el sector automotriz, permitiendo medidas de flexibilidad laboral. Las empresas deben cumplir con criterios específicos de actividad y ubicación. La medida se basa en el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Activación del Mecanismo RED: Para el sector de fabricación de vehículos de motor, según el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores. ⚠️ Criterios de inclusión: Empresas deben tener al menos un 40% de su facturación en operaciones directas con empresas del sector y centros de trabajo en España. 📋 Códigos CNAE-09: Se detallan actividades consideradas dentro de la cadena de valor del sector automotriz. ℹ️ Procedimiento: Requiere declaración del Consejo de Ministros y previa información a sindicatos y empresarios.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Circular 1/2024, de 17 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valo ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Circular 1/2024 deroga la Circular 1/2022 de la CNMV, que regulaba la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión, debido a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2023/1114 (MICA), que establece una normativa europea uniforme sobre estos activos.

2. CONTEXTO El Real Decreto-ley 5/2021 otorgó a la CNMV competencias para regular la publicidad de criptoactivos, en ausencia de un marco regulatorio europeo. La Circular 1/2022 estableció un marco nacional en ese ámbito. Posteriormente, el Reglamento (UE) 2023/1114 (MICA) introdujo una regulación europea uniforme sobre criptoactivos, incluyendo normas sobre publicidad. La entrada en vigor de MICA ha hecho innecesaria la normativa nacional.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Circular 1/2024, emitida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), deroga la Circular 1/2022, que establecía un marco regulatorio sobre la publicidad de criptoactivos presentados como objeto de inversión. Esta decisión se fundamenta en la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2023/1114 (MICA), que establece una normativa europea uniforme sobre criptoactivos, incluyendo normas sobre publicidad.

El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo de 2021, otorgó a la CNMV competencias para regular la publicidad de criptoactivos, en virtud del artículo 240 bis del Real Decreto Legislativo 4/2015, que fue reformado por la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, convirtiéndose en el artículo 247. Este artículo permitió a la CNMV desarrollar una normativa mediante Circular, estableciendo el ámbito objetivo y subjetivo, así como los mecanismos y procedimientos de control aplicables a la publicidad de criptoactivos.

La Circular 1/2022 fue dictada en un contexto en el que no existía una regulación europea adecuada sobre criptoactivos, lo que generaba riesgos para los inversores. Sin embargo, con la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2023/1114 (MICA), se estableció una normativa uniforme a nivel europeo que abarca la emisión y prestación de servicios relacionados con criptoactivos, incluyendo normas específicas sobre publicidad. Este reglamento establece un marco de transparencia, protección de inversores, innovación y competencia.

El Reglamento (UE) 2023/1114 no permite a los Estados miembros legislar sobre la materia, ya que no otorga margen discrecional ni remisión a normas nacionales. Por ello, la normativa nacional sobre publicidad de criptoactivos ya no es compatible con el marco europeo.

En consecuencia, la CNMV, en uso de las facultades conferidas por el artículo 247 de la Ley 6/2023, decide derogar la Circular 1/2022, ya que su contenido no se ajusta a la normativa europea vigente.

La Circular 1/2024 contiene un único artículo, que deroga la Circular 1/2022, y una disposición final única que establece su entrada en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Circular 1/2024 deroga la normativa anterior sobre publicidad de criptoactivos, en virtud de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2023/1114 (MICA), que establece una normativa europea uniforme. La normativa nacional ya no es compatible con el marco regulatorio europeo vigente.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Derogación de la Circular 1/2022: La normativa anterior sobre publicidad de criptoactivos se abroga por la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2023/1114. ⚠️ Normativa europea uniforme: El MICA establece un marco regulatorio común para todos los Estados miembros, sin margen discrecional para normas nacionales. 📋 Entrada en vigor: La Circular 1/2024 entra en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE. ℹ️ Competencias de la CNMV: La CNMV sigue siendo competente en materia de control de publicidad, pero bajo el marco europeo establecido por el MICA.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Enmiendas de 2023 al Convenio Internacional para el control y la gestión del agu ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución MEPC.369(80) adopta enmiendas al Convenio BWM en relación con el Modelo de Libro registro del agua de lastre, que entrarán en vigor el 1 de febrero de 2025.

2. CONTEXTO La Resolución MEPC.369(80) fue adoptada por el Comité de Protección del Medio Marino en su 80º periodo de sesiones. Se refiere a enmiendas propuestas al apéndice II del Convenio BWM, que establece el modelo de libro registro del agua de lastre. Estas enmiendas buscan mejorar la gestión y control del agua de lastre en buques para prevenir la contaminación marina. El texto de las enmiendas se incluye en el anexo de la resolución.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución MEPC.369(80) adopta enmiendas al apéndice II del Convenio BWM, que establece el modelo de libro registro del agua de lastre. Estas enmiendas se adoptan de conformidad con el artículo 19.2).c) del Convenio BWM, que otorga al Comité de Protección del Medio Marino la función de examinar y adoptar enmiendas al convenio. La resolución establece que las enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de agosto de 2024, a menos que antes de esa fecha más de un tercio de las Partes notifiquen su rechazo al Secretario General. Además, se invita a las Partes a tomar nota de que, tras su aceptación, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de febrero de 2025.

El artículo 19.2).e).ii) del Convenio BWM establece que las enmiendas se considerarán aceptadas si no se notifica su rechazo antes del 1 de agosto de 2024. Por su parte, el artículo 19.2).f).ii) indica que las enmiendas entrarán en vigor el 1 de febrero de 2025 tras su aceptación. La resolución también menciona que las enmiendas entrarán en vigor de forma general y para España el 1 de febrero de 2025, según el artículo 19.2).f).ii) del Convenio BWM.

El Comité de Protección del Medio Marino recuerda en la resolución el artículo 38.a) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional, que otorga al Comité funciones en materia de convenios internacionales para la prevención y contención de la contaminación del mar. También recuerda el artículo 19 del Convenio BWM, que establece el procedimiento de enmienda y la función del Comité en la adopción de enmiendas.

La resolución incluye una disposición final que pide al Secretario General que remita copias certificadas del texto de las enmiendas a los efectos del artículo 19.2).d) del Convenio BWM. Además, se menciona que el texto de las enmiendas figura en el anexo de la resolución, lo que permite su consulta y aplicación por parte de las Partes.

La resolución concluye con la firma del capitán del buque, que debe completar el libro de registro del agua de lastre, según el modelo establecido en el apéndice II del Convenio BWM. Esta firma es un requisito legal para la documentación del buque en materia de gestión del agua de lastre.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución MEPC.369(80) adopta enmiendas al apéndice II del Convenio BWM que mejorarán la gestión del agua de lastre en buques. Las enmiendas entrarán en vigor el 1 de febrero de 2025 tras su aceptación. La resolución establece un plazo para la notificación de rechazo y define el procedimiento de entrada en vigor.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Adopción de enmiendas al apéndice II del Convenio BWM ⚠️ Plazo para notificación de rechazo: 1 de agosto de 2024 📋 Entrada en vigor: 1 de febrero de 2025 ℹ️ Firma del capitán en el libro de registro del agua de lastre

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Es una orden ministerial que retrasa la aplicación de las normas de inspección técnica obligatoria para los vehículos frigoríficos que transportan alimentos a temperatura controlada en las Islas Canarias. Concretamente, amplía hasta el 1 de julio de 2026 el plazo que tenían los propietarios de esos vehículos para someterse a los ensayos de comprobación del aislamiento térmico exigidos por la normativa vigente.

¿A quién afecta? Afecta a los propietarios y operadores de vehículos especiales de transporte de mercancías perecederas —como camiones y furgones frigoríficos— que desarrollan su actividad exclusivamente dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. No afecta a los vehículos que operan en el resto del territorio español ni a los que realizan transportes internacionales.

¿Qué cambia o establece? La normativa ya vigente obliga a que los vehículos frigoríficos con más de 15 años de antigüedad pasen periódicamente un ensayo técnico en una estación homologada para verificar que su sistema de aislamiento térmico sigue siendo eficaz. Esta orden aplaza esa obligación en Canarias hasta el 1 de julio de 2026, tanto para los controles periódicos como para el régimen transitorio previsto para vehículos de entre 15 y 21 años. El motivo es que aún no existe una estación de ensayo habilitada en el archipiélago, aunque ya ha sido autorizada su instalación por el Gobierno canario, y se necesita tiempo suficiente para que entre en funcionamiento.