El Horno

Actualización de precios de tabaco

Esta resolución informa sobre los nuevos precios de venta al público de varios productos de tabaco, como cigarrillos, cigarros, cigarritos, picaduras para liar y picaduras de pipa. Estos precios se aplican en los estancos autorizados de la Península, Baleares, Ceuta y Melilla.

Los cambios concretos afectan a marcas específicas como Essex, Don Antonio, Placeres, Stanley y Al Fakher, detallando el coste por cajetilla, unidad o envase según el tipo de producto. Los precios incluyen todos los impuestos aplicables.

La resolución se publicó el 8 de febrero de 2014, por lo que estos precios entraron en vigor poco después de esa fecha, estableciendo las tarifas vigentes para la compra de estos productos en los puntos de venta autorizados.

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Protección ampliada para deudores hipotecarios en Navarra

Esta ley foral modifica la normativa existente en Navarra para mejorar la protección de las familias con dificultades para pagar su hipoteca. Busca ampliar el alcance de las medidas fiscales que ya existían para aliviar la carga económica de quienes enfrentan problemas para cumplir con sus deudas hipotecarias, especialmente en la adquisición de su vivienda habitual.

Concretamente, la ley amplía los supuestos en los que se pueden aplicar estas medidas. Antes, solo se consideraban casos muy específicos de familias sin ingresos o solo en situaciones de dación en pago. Ahora, se amplía la protección a más situaciones de vulnerabilidad y se ajustan los umbrales de ingresos familiares para poder beneficiarse de estas ayudas fiscales, buscando ser más inclusiva.

La ley entró en vigor el 8 de febrero de 2014. Su objetivo es ofrecer un mayor respaldo a los ciudadanos navarros que se encuentran en situaciones económicas delicadas y que tienen una hipoteca sobre su vivienda, adaptándose a cambios normativos posteriores y a la realidad social.

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Másteres Oficiales Reconocidos

Esta resolución oficializa varios títulos de Máster, asegurando que sean reconocidos en todo el territorio nacional. Esto significa que los estudios realizados bajo estos programas tendrán validez oficial y podrán ser inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. El objetivo es garantizar la calidad y homogeneidad de la formación de posgrado.

Lo que cambia concretamente es que estos másteres, una vez publicados, se consideran títulos oficiales. Esto facilita la movilidad académica y profesional de los titulados, tanto dentro de España como en el extranjero, y permite el acceso a estudios de doctorado y a determinadas oposiciones que exigen titulación oficial.

La publicación de este acuerdo tuvo lugar el 7 de febrero de 2014, aunque el acuerdo del Consejo de Ministros que establece el carácter oficial de estos títulos es del 17 de enero de 2014. Por lo tanto, a partir de esa fecha, los másteres afectados por esta resolución obtuvieron su reconocimiento oficial.

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Reconocimiento oficial de títulos de Doctor

Este acuerdo del Consejo de Ministros de enero de 2014 establece que ciertos títulos de Doctor obtenidos en universidades españolas son oficiales. Esto significa que el Estado reconoce formalmente la validez y el nivel académico de estos estudios de doctorado, permitiendo su inscripción en un registro oficial.

Lo que cambia concretamente es que los títulos de doctor que se mencionan en este acuerdo pasan a tener el mismo reconocimiento oficial que otros títulos universitarios. Esto es fundamental para la empleabilidad, el acceso a estudios posteriores o la participación en concursos y oposiciones que requieran una titulación de doctor reconocida por el Estado.

La publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del Estado se realizó en febrero de 2014. Por lo tanto, esta medida entró en vigor en esa fecha, afectando a aquellos que obtuvieron o iban a obtener estos títulos de doctor a partir de ese momento.

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Oficialidad de Títulos Universitarios de Grado

Este acuerdo establece que ciertos títulos de Grado universitarios, que han sido desarrollados por las universidades y verificados por el Consejo de Universidades, son ahora títulos oficiales. Esto significa que los estudios que conducen a estos títulos son reconocidos oficialmente por el Estado español.

Lo que cambia concretamente es que los planes de estudio de estos grados, elaborados por las universidades, han superado los controles necesarios para ser considerados oficiales. Esto garantiza que la formación recibida cumple con los estándares establecidos y que el título obtenido tendrá plena validez académica y profesional.

La publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del Estado se realizó en febrero de 2014, haciendo oficial la validez de estos títulos de Grado desde esa fecha. Es un paso importante para la homologación y reconocimiento de la formación universitaria.

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Ajuste en la distribución de fondos para ayuntamientos y cabildos canarios

Esta ley modifica cómo se reparten ciertos fondos económicos entre el Gobierno de Canarias y las administraciones locales (ayuntamientos y cabildos). El objetivo es que la distribución sea más justa y equilibrada, especialmente para los años 2014 y 2015, buscando un reparto más equitativo que el que se aplicaba temporalmente.

Lo que cambia concretamente es el criterio para repartir los recursos del llamado 'Bloque de Financiación Canario'. Se deja atrás el sistema provisional de la Ley 4/2012, que se creó por una modificación del Impuesto General Indirecto Canario, y se establece un nuevo sistema con porcentajes de reparto únicos. Esto pretende beneficiar a las administraciones locales y acercarse a un reparto tradicional más equilibrado.

La ley entró en vigor el 7 de febrero de 2014, aunque sus efectos en la distribución de fondos se aplicaron para los ejercicios de 2014 y 2015. Es un acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Canarias y las corporaciones locales para mejorar la financiación territorial.

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Nueva forma de pagar la tasa de puntos de venta de tabaco con recargo

Esta orden ministerial establece el modelo oficial que deben utilizar los establecimientos con puntos de venta de tabaco con recargo para declarar y liquidar una tasa específica. Esta tasa se paga al Comisionado para el Mercado de Tabacos por los servicios que este organismo presta a los operadores del sector. El objetivo es facilitar y agilizar la gestión de estos pagos.

Concretamente, lo que cambia es el formulario que se debe usar para realizar esta declaración y el pago de la tasa. Se aprueba un nuevo modelo de impreso que sustituye a los anteriores, adaptándose a las normativas vigentes y buscando una gestión más eficiente de las solicitudes y pagos.

Esta orden entró en vigor el 7 de febrero de 2014, día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, a partir de esa fecha, los puntos de venta con recargo debían utilizar este nuevo modelo para cumplir con sus obligaciones tributarias relacionadas con la tasa del mercado de tabacos.

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¿Qué es? Una orden ministerial que actualiza las tarifas por el uso de la red de ayudas a la navegación aérea y el tipo de interés por mora en el pago de esas tarifas. Estas tarifas se regulan a nivel internacional por Eurocontrol (la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea) y España las incorpora a su ordenamiento jurídico mediante esta orden.

¿A quién afecta? A todas las aeronaves que usan los espacios aéreos españoles (Barcelona, Canarias y Madrid) y a los Estados participantes en el sistema común de Eurocontrol que pagan tarifas por estos servicios de navegación aérea.

¿Qué cambia o establece? Fija las nuevas tarifas unitarias de base a partir del 1 de enero de 2014 para cada zona aérea española (71,84 euros para Barcelona y Madrid, 58,51 euros para Canarias) y establece las tarifas para el resto de Estados participantes en Eurocontrol, además de modificar el tipo de interés por demora en los pagos de estas tarifas.

¿Qué es? Una Resolución de España que renueva una reserva formulada al Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa. Una reserva es una excepción que un país declara al ratificar un tratado internacional para no aplicar cierta disposición.

¿A quién afecta? A la persecución de delitos de corrupción cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero. España puede seguir exigiendo que el delito sea punible también según las leyes del país donde se cometió (doble incriminación), sin verse obligada a perseguirlo en otros casos.

¿Qué cambia o establece? Renueva la validez de la reserva que había vencido el 1 de agosto de 2013. Tras una prórroga de 6 meses, el 10 de enero de 2014 España notificó formalmente la renovación de esta excepción por un período de 3 años adicionales, contados desde el 1 de agosto de 2013.

Nuevos certificados profesionales para mejorar tu formación y empleo

Este Real Decreto introduce seis nuevos certificados de profesionalidad, que son acreditaciones oficiales que demuestran que posees las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar un trabajo específico. Además, actualiza uno ya existente. El objetivo es que tengas más opciones formativas y que estas estén reconocidas en toda España, facilitando tu acceso al mercado laboral.

Lo que cambia para ti es que ahora tendrás a tu disposición más itinerarios formativos dentro de la familia profesional de Servicios socioculturales y a la Comunidad. Estos certificados te permitirán acreditar tus competencias de manera oficial, lo que puede ser un gran impulso para tu carrera profesional, ya sea para encontrar un nuevo empleo o para mejorar tu posición en el actual.

La entrada en vigor de este Real Decreto fue el 6 de febrero de 2014. Esto significa que desde esa fecha, estos nuevos certificados y la actualización del existente están disponibles para que puedas formarte y obtenerlos, mejorando así tu cualificación profesional y tus perspectivas de empleo a nivel nacional.

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Nuevos certificados profesionales en Química y actualización de otros

Este Real Decreto establece tres nuevos certificados de profesionalidad dentro de la familia de la Química. Estos certificados son un reconocimiento oficial de las competencias y habilidades necesarias para desempeñar un trabajo específico en este sector. Además, actualiza otros certificados ya existentes en la familia profesional de Madera, mueble y corcho, adaptándolos a las necesidades actuales del mercado laboral.

Lo que cambia concretamente es la incorporación de nuevas cualificaciones profesionales en el ámbito de la Química, permitiendo a los trabajadores obtener una acreditación formal de sus conocimientos y destrezas. Asimismo, se modernizan los certificados de Madera, mueble y corcho para asegurar que sigan siendo relevantes y valiosos en el sector.

La fecha de entrada en vigor de estas modificaciones fue el 6 de febrero de 2014. Estos certificados son importantes porque acreditan la cualificación profesional de las personas y tienen validez en todo el territorio nacional, facilitando la movilidad laboral y el acceso a empleos cualificados.

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Actualización de modelos para presentar las cuentas de empresas en el Registro Mercantil

Esta resolución actualiza los formularios que las empresas deben usar para presentar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil. Estos formularios son importantes porque reflejan la situación económica de una empresa y deben ser públicos. La actualización se debe a cambios en la normativa contable y fiscal, como la posibilidad de realizar una actualización de balances aprobada por una ley reciente.

Los cambios concretos implican la modificación de los modelos existentes y la corrección de errores detectados en órdenes anteriores. Además, se publican las traducciones de estos modelos a las lenguas cooficiales de las distintas Comunidades Autónomas, asegurando que la información sea accesible en todo el territorio español. Todos los cambios se reflejan también en la versión digitalizada para su presentación telemática.

Esta resolución entró en vigor el 6 de febrero de 2014, fecha de su publicación. Los nuevos modelos y las correcciones se hicieron efectivos a partir de ese momento para todas las empresas obligadas a depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil. La información completa se puede consultar en la web del Ministerio de Justicia.

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Actualización de modelos para presentar las cuentas de grandes empresas

Esta norma actualiza los modelos oficiales que las empresas deben usar para presentar sus cuentas anuales consolidadas ante el Registro Mercantil. Estas cuentas reflejan la situación financiera de un grupo de empresas, no solo de una entidad individual.

Los cambios se deben a modificaciones en la normativa contable y fiscal que afectan a cómo se deben presentar estos documentos. Se han actualizado los controles de errores para asegurar que la información sea correcta y se han adaptado los modelos a las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas.

La resolución modifica un modelo aprobado en 2011. Aunque la resolución es de enero de 2014, la publicación en el BOE fue posterior, y los cambios se aplican a partir de la fecha de su publicación oficial, que se puede consultar en la web del Ministerio de Justicia.

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¿Qué es? Una norma que crea sedes electrónicas (direcciones de internet) del Ministerio de Economía y Competitividad. Estas sedes son espacios digitales donde los ciudadanos pueden relacionarse con el ministerio por internet para realizar trámites y acceder a servicios, en lugar de tener que ir presencialmente.

¿A quién afecta? A los ciudadanos que quieran hacer gestiones con el Ministerio de Economía y Competitividad por medios electrónicos. También afecta a los organismos públicos que dependen de este ministerio, los cuales deberán crear sus propias sedes electrónicas.

¿Qué cambia o establece? Establece cinco sedes electrónicas principales: una central del ministerio (https://sede.mineco.gob.es) y cuatro sectoriales para la Secretaría de Estado de Comercio, para Investigación y Desarrollo, para el Tesoro y Política Financiera, y para Seguros y Fondos de Pensiones. Define que los ciudadanos podrán hacer trámites por internet, por teléfono o presencialmente en las oficinas, y especifica quién es responsable de mantener y gestionar cada sede.

Nueva tarjeta para el impuesto de gases fluorados

Esta resolución establece un nuevo modelo de tarjeta que acredita la inscripción en un registro especial para quienes deben pagar el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Este impuesto se creó para gravar sustancias que dañan el medio ambiente. La tarjeta es necesaria para identificar a las empresas y personas que fabrican, importan o utilizan estos gases, y para que puedan acreditar su situación fiscal.

Concretamente, se aprueba el diseño de esta tarjeta, que incluirá un código específico (CAF) que identifica la actividad relacionada con los gases fluorados y el lugar donde se realiza. Este código es fundamental para que la Agencia Tributaria pueda controlar quiénes están obligados a pagar el impuesto y qué tipo de actividad desarrollan.

La resolución entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que la obligación de obtener y portar esta tarjeta se aplica desde principios de 2014. Es un requisito para las empresas y profesionales que manejan este tipo de gases.

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Nuevos certificados profesionales en construcción y minería

Este Real Decreto introduce tres nuevos certificados de profesionalidad para la familia de Edificación y Obra Civil, que acreditan oficialmente las competencias necesarias para desempeñar trabajos en este sector. Además, actualiza algunos certificados ya existentes en la familia de Industrias Extractivas. Estos certificados son importantes porque validan tus habilidades y conocimientos de manera oficial en toda España.

Lo que cambia concretamente es la ampliación de la oferta formativa y la actualización de las cualificaciones profesionales. Esto significa que tendrás más opciones para formarte y mejorar tu empleabilidad en áreas como la construcción, la albañilería, la fontanería o la minería, y que las cualificaciones existentes se adaptan a las necesidades actuales del mercado laboral.

La fecha de entrada en vigor de estas modificaciones es el 5 de febrero de 2014. A partir de entonces, los nuevos certificados y las actualizaciones de los existentes estarán disponibles para quienes deseen obtenerlos y mejorar su perfil profesional en estos sectores.

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¿Qué es? Una orden del Banco de España que modifica cómo las entidades de crédito deben informar sobre sus finanzas. Concretamente, cambia las reglas para las reservas de dinero que los bancos habían apartado para protegerse de pérdidas en créditos inmobiliarios que se consideraban seguros en 2011.

¿A quién afecta? A los bancos, cajas de ahorros y otras entidades de crédito que en 2011 tenían créditos para promoción y construcción de viviendas clasificados como normales, es decir, sin problemas de pago en ese momento.

¿Qué cambia o establece? Las entidades deben reasignar el dinero que quedó sin usar de esas reservas (al 31 de diciembre de 2013) para cubrir otros riesgos inmobiliarios que se han deteriorado después, como créditos que pasaron a tener problemas de pago. Para hacerlo, antes del 28 de febrero de 2014 deben presentar al Banco de España un informe detallado de qué cantidades usaron y qué sobró. En sus cuentas de 2013 registrarán esta reasignación como una recuperación seguida de un gasto nuevo. También se eliminan dos formularios de reporte que ya no serán necesarios.

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¿Qué es?

Una Circular del Banco de España que explica qué opciones del Reglamento Europeo 575/2013 sobre requisitos de capital deben aplicar inmediatamente los bancos españoles. El Banco de España utiliza esta Circular para decidir cómo adaptar la normativa europea al ordenamiento español, buscando continuidad con las reglas que ya existían y permitiendo una transición gradual hacia los nuevos requisitos de Basilea III.

¿A quién afecta?

A los grupos de bancos españoles supervisados por el Banco de España y a cada entidad de crédito española individual, independientemente de que formen parte de un grupo o no. Se aplica a todas ellas desde la entrada en vigor de la nueva normativa de solvencia.

¿Qué cambia o establece?

Fija requisitos mínimos de capital para 2014: un 4,5% en capital de nivel 1 ordinario y un 6% en capital de nivel 1 total. Establece reglas sobre cómo los bancos deben tratar sus participaciones en otras empresas financieras (pueden deducirlas o ponderarlas según el caso). Determina cómo calcular el valor de ciertos riesgos y fija plazos transitorios hasta 2017 para adaptar cómo se contabilizan determinadas ganancias en los cálculos de solvencia.

Impugnación de una norma sobre prevención de riesgos laborales

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso presentado por el Gobierno de Cataluña contra una parte de la Ley de apoyo a los emprendedores. Esta ley, en concreto su artículo 39.2, modificó la normativa sobre prevención de riesgos laborales, añadiendo una nueva disposición. El recurso busca determinar si esta modificación es constitucional.

Lo que cambia concretamente es la incorporación de una disposición adicional a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Esta adición, introducida por la ley de emprendedores, está siendo cuestionada en su legalidad por el Gobierno catalán ante el máximo órgano de control constitucional.

La entrada en vigor de esta disposición adicional ya se produjo con la aprobación de la Ley 14/2013. Sin embargo, la decisión del Tribunal Constitucional sobre si esta parte de la ley se mantiene o se anula, determinará su aplicación futura y su validez legal definitiva.

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El Tribunal Constitucional revisa una ley sobre el personal laboral público

El Tribunal Constitucional está revisando una ley que afecta al personal laboral que trabaja para el sector público. Esta ley, aprobada en 2012, buscaba asegurar la estabilidad económica y mejorar la competitividad. Sin embargo, un juzgado ha planteado dudas sobre si esta ley cumple con la Constitución española.

Lo que cambia concretamente es que se está analizando si el artículo 2 de esa ley, que se aplicó al personal laboral del sector público, vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Estos derechos se refieren a la seguridad jurídica y al derecho a la propiedad, en este caso, relacionado con las condiciones laborales y salariales.

La entrada en vigor de esta revisión no es inmediata. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión, lo que significa que se iniciará un proceso para determinar si la ley es constitucional o no. Las partes implicadas en el caso original tienen un plazo para presentarse ante el Tribunal.

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El Tribunal Constitucional revisa una ley de protección al consumidor

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una consulta sobre la constitucionalidad de una parte de la ley que protege a los consumidores. Esta ley, aprobada en 2007, establece normas para defender los derechos de las personas cuando compran productos o servicios. La consulta se centra en un artículo específico que podría estar en conflicto con un derecho fundamental reconocido en la Constitución española.

Lo que cambia es que se está evaluando si un artículo de la ley de consumidores cumple con la Constitución. Si el Tribunal determina que no es así, ese artículo podría ser modificado o anulado, lo que podría afectar cómo se protegen los derechos de los consumidores en ciertas situaciones. El proceso está en sus primeras fases y aún no hay una decisión final.

La entrada en vigor de esta revisión no es inmediata. El Tribunal Constitucional está ahora estudiando el caso. Una vez que haya tomado una decisión, se comunicará oficialmente. Hasta entonces, la ley sigue vigente tal como está. La fecha de esta notificación es el 4 de febrero de 2014, pero la resolución del caso llevará tiempo.

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Un juez duda si una parte del Código Penal es legal

Un tribunal de Barcelona ha planteado una duda al Tribunal Constitucional sobre si una norma específica dentro del Código Penal, que trata sobre delitos leves, cumple con la Constitución. Básicamente, el juez cree que esta norma podría ser injusta o contraria a los derechos fundamentales de las personas.

Lo que cambia es que se va a revisar si esa parte del Código Penal es válida. Si el Tribunal Constitucional dictamina que no lo es, esa norma dejaría de tener efecto, lo que podría afectar a cómo se juzgan ciertos delitos leves.

Esta decisión aún no tiene una fecha de entrada en vigor, ya que el proceso está en sus primeras fases. El Tribunal Constitucional está estudiando la cuestión planteada por el juez.

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El Tribunal Constitucional revisa una ley sobre el personal laboral público

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una "cuestión de inconstitucionalidad" sobre un artículo de un Real Decreto-ley de 2012. Esto significa que se va a analizar si esa parte de la ley cumple o no con la Constitución española. La ley en cuestión buscaba garantizar la estabilidad presupuestaria y fomentar la competitividad.

Lo que se cuestiona es la aplicación de un artículo específico de esa norma al personal laboral que trabaja en el sector público. La duda principal es si esta aplicación vulnera el artículo 9.3 de la Constitución, que protege a los ciudadanos frente a la arbitrariedad de los poderes públicos y garantiza la seguridad jurídica.

Este proceso judicial se inició en 2013 y la decisión del Tribunal Constitucional sobre si el artículo es constitucional o no aún está pendiente. La publicación de esta admisión a trámite permite que las partes afectadas en el procedimiento original puedan personarse ante el Tribunal para defender sus intereses.

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El Tribunal Constitucional revisa una ley sobre el personal laboral público

El Tribunal Constitucional está analizando si una parte de una ley aprobada en 2012, que afectaba al personal laboral del sector público, es constitucional. Esta ley buscaba asegurar la estabilidad económica y mejorar la competitividad del país.

Lo que cambia es que se está estudiando si la norma vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad o al trabajo. Si se considera inconstitucional, esa parte de la ley podría dejar de aplicarse.

La decisión del Tribunal Constitucional se espera en los próximos meses, una vez completado el proceso de estudio y debate sobre la cuestión planteada por un juzgado de Santa Cruz de Tenerife.

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¿Qué es? Es un instrumento de adhesión de España a un Acuerdo Marco entre el Estado de Níger y los países donantes para reforzar el dispositivo nacional nigerino de prevención y gestión de crisis alimentarias. España manifiesta su consentimiento en obligarse por este acuerdo, que fue firmado en Niamey el 28 de febrero de 2005 y fue ratificado por España el 11 de octubre de 2013.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a Níger, que establece un marco de coordinación para mejorar la seguridad alimentaria de sus poblaciones mediante la cooperación con donantes internacionales. También afecta a España y otras organizaciones que se comprometen a contribuir técnica y financieramente. Indirectamente beneficia a las poblaciones de Níger, especialmente a las más vulnerables a las crisis alimentarias.

¿Qué cambia o establece? Establece dos instrumentos comunes de intervención: el Fondo Común de Intervención, para financiar acciones de prevención y mitigación de crisis alimentarias, y el Depósito Nacional de Reserva, compuesto por una reserva física de cereales y otra financiera para responder a crisis graves. Crea un marco institucional coordinado por el Gabinete del Primer Ministro nigerino que incluye diferentes células operativas (Crisis Alimentarias, Alerta Temprana) y ministerios técnicos para aplicar estrategias de prevención a corto, medio y largo plazo.