El Horno

¿Qué es? Una ley que modifica la ley anterior sobre transporte de viajeros en la comarca de Pamplona-Iruñerria. Cambia quién decide cómo se organiza el servicio de autobuses urbanos comarcales, que une Pamplona con los municipios cercanos.

¿A quién afecta? Afecta a los ciudadanos que usan el transporte público en esa comarca, a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que gestiona los autobuses, a los diecinueve municipios que forman parte de ese servicio, y a las administraciones públicas que lo financian.

¿Qué cambia o establece? Establece que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ahora aprueba directamente el Plan de Transporte Urbano, sin que tenga que hacerlo el Gobierno de Navarra. El plan solo se informa al Parlamento y Gobierno de Navarra para conocimiento. La Mancomunidad sigue siendo la responsable de gestionar el servicio, financiar su coste junto con los municipios, mejorar la calidad del transporte, y decidir las tarifas que pagan los usuarios.

Corrección en modelos fiscales para el IVA de grupos de empresas

Esta orden ministerial corrige un error detectado en una orden anterior que modificaba varios modelos de declaración y autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Específicamente, se refiere a los modelos utilizados por las empresas que forman parte de un grupo y tributan bajo un régimen especial del IVA.

El cambio concreto consiste en una pequeña modificación en la redacción de la fecha de entrada en vigor de los modelos. Se sustituye la referencia a "apartados uno y dos del artículo único" por "apartados uno y dos del artículo primero", sin alterar la fecha efectiva de aplicación de los modelos.

La corrección aclara la entrada en vigor de los modelos fiscales para el Régimen especial del Grupo de Entidades en el IVA. Estos modelos se utilizarán para presentar las autoliquidaciones de los periodos de liquidación que comiencen a partir del 1 de enero de 2015.

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Actualización de avales para deudas tributarias y aduaneras

Esta resolución actualiza las normas para los avales que las entidades financieras y sociedades de garantía recíproca presentan a la Agencia Tributaria. El objetivo es agilizar los trámites y mejorar la seguridad en el cobro de deudas públicas, como impuestos o aranceles.

Los cambios principales afectan a los modelos de avales utilizados para suspender el pago de liquidaciones que se están recurriendo. También se adaptan las normas a la nueva regulación de los representantes aduaneros y se clarifica que los avales se ejecutarán a primer requerimiento, es decir, sin demoras innecesarias.

Esta modificación entra en vigor el 23 de julio de 2014, ya que es la fecha de publicación de la resolución, y afecta a quienes necesiten presentar avales para garantizar deudas tributarias o aduaneras.

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¿Qué es? Una ley gallega de 2014 que simplifica las normas sobre máquinas recreativas tipo A (máquinas que, pagando un precio, ofrecen entretenimiento sin permitir ganar dinero ni premios). La ley modifica la normativa anterior que había regulado los juegos y apuestas en Galicia.

¿A quién afecta? A quienes fabrican, venden o explotan máquinas recreativas tipo A, a los dueños de salones recreativos donde funcionan estas máquinas, y a la administración que antes tenía que autorizar su comercialización y explotación.

¿Qué cambia o establece? Elimina los trámites administrativos previos obligatorios: ya no es necesario pedir autorización antes de comercializar o usar estas máquinas, ni hace falta que la administración apruebe previamente cada modelo. Desaparecen también las restricciones y procedimientos que limitaban estas actividades. La ley entra en vigor el día después de su publicación oficial.

¿Qué es? Es una reforma del Reglamento del Parlamento de La Rioja que introduce la posibilidad del voto telemático para los diputados y diputadas. Se modifican los artículos 70 y 73 para permitir que los parlamentarios que están ausentes pero autorizados por la Mesa puedan participar en las votaciones a través de medios electrónicos, siempre con verificación personal de su identidad.

¿A quién afecta? Afecta a los diputados y diputadas del Parlamento de La Rioja que se encuentren en situación de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave que les impida asistir presencialmente. Para poder votar por medios telemáticos, deben solicitar autorización por escrito a la Mesa de la Cámara, que evaluará si la justificación es suficiente.

¿Qué cambia o establece? Establece que los diputados autorizados pueden emitir su voto por procedimiento telemático en las votaciones plenarias que no puedan fragmentarse o modificarse. La Mesa comunica por escrito cuáles son las votaciones y el periodo en que pueden votar así. El voto debe verificarse personalmente para garantizar la identidad del votante y el sentido del voto, y debe estar en poder de la Presidencia antes de que comience la votación.

¿Qué es? Una ley que modifica la Ley 8/2009 sobre energía eólica en Galicia. La modificación busca facilitar que las empresas puedan desarrollar proyectos de parques eólicos reduciendo sus cargas financieras, en un contexto de crisis económica donde el acceso al crédito es difícil y los cambios normativos han reducido las ganancias económicas de estos proyectos.

¿A quién afecta? A las empresas, promotores y entidades que desarrollan o quieren desarrollar parques eólicos en Galicia. También afecta a los titulares de parques eólicos que ya fueron autorizados antes de que la ley entre en vigor, a quienes se les permite solicitar la devolución de las garantías que ya depositaron.

¿Qué cambia o establece? Cambia cuándo se debe depositar la garantía (fianza) que asegura que se completarán las obras del parque eólico: ahora debe depositarse justo antes de empezar las obras, en lugar de en el plazo de un mes después de recibir la autorización. La garantía es el 2 % del presupuesto total de construcción. Para los parques autorizados antes de esta ley, permite recuperar las garantías ya depositadas si aún no han comenzado las obras.

Se archiva recurso contra nuevos impuestos en Bizkaia

El Tribunal Constitucional ha decidido archivar un recurso presentado contra un decreto foral de Bizkaia que introducía nuevos impuestos. Este decreto, aprobado en febrero de 2013, buscaba aplicar nuevas figuras impositivas en el territorio histórico. El recurso fue presentado por el Abogado del Estado, pero finalmente se ha retirado su participación, lo que ha llevado al cierre del proceso judicial.

La decisión implica que los impuestos que se pretendían aplicar mediante el Decreto Foral Normativo 2/2013 seguirán vigentes en Bizkaia, ya que el recurso que cuestionaba su constitucionalidad ha sido desestimado. Esto afecta a los ciudadanos y empresas de Bizkaia que estaban sujetos a estas nuevas obligaciones fiscales.

Aunque el decreto entró en vigor en 2013, la resolución del Tribunal Constitucional se produce en julio de 2014. El archivo del recurso significa que no habrá cambios en la aplicación de estos impuestos derivados de este procedimiento judicial específico.

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El Tribunal Constitucional revisa una norma sobre el déficit eléctrico

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una consulta sobre una ley que buscaba solucionar el problema del déficit eléctrico. Esta ley, aprobada en 2010, establecía medidas para corregir las deudas acumuladas en el sector eléctrico. La consulta se centra en si esta norma respetó los principios de igualdad y seguridad jurídica de la Constitución Española.

Lo que cambia es que ahora el Tribunal Constitucional analizará si la forma en que se aplicaron estas medidas fue justa y si se respetaron los derechos de todos los afectados. Si el Tribunal considera que la norma vulnera la Constitución, podría declararla inconstitucional, lo que implicaría que deja de tener validez.

Esta revisión se inició en 2014, cuando la Audiencia Nacional planteó la duda al Tribunal Constitucional. El proceso judicial aún está en curso, por lo que no hay una fecha de entrada en vigor o de finalización determinada hasta que el Tribunal emita su fallo.

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El Tribunal Constitucional revisa una norma eléctrica por posible injusticia

El Tribunal Constitucional ha decidido estudiar si una parte concreta de una ley del año 2010, que buscaba solucionar problemas económicos en el sector eléctrico, es justa y respeta la igualdad de todos los ciudadanos. Esta ley introdujo medidas para corregir el déficit tarifario, es decir, la diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que se cobra por ella.

Lo que se está cuestionando es si esta medida específica de la ley trataba a todos por igual o si creaba desigualdades injustificadas. El Tribunal Constitucional analizará si la norma vulnera principios fundamentales de la Constitución española, como el de seguridad jurídica y el de igualdad ante la ley.

La decisión de admitir a trámite esta cuestión de inconstitucionalidad se tomó el 15 de julio de 2014. A partir de la publicación oficial, las partes afectadas en el procedimiento judicial original tienen un plazo para presentar sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional.

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El Tribunal Constitucional revisa una ley eléctrica por posible injusticia

El Tribunal Constitucional está analizando una parte de un Real Decreto-ley de 2010 que buscaba solucionar problemas económicos en el sector eléctrico. La ley en cuestión, concretamente su disposición adicional tercera, está siendo cuestionada porque podría ser contraria a la Constitución Española, específicamente a los principios de igualdad y seguridad jurídica.

Lo que cambia es que se está evaluando si esta norma trató de forma justa a todos los afectados y si cumplió con las garantías legales. Si el Tribunal Constitucional considera que la ley es inconstitucional, podría anular esa parte específica, lo que tendría consecuencias para las decisiones tomadas bajo su amparo.

La admisión a trámite de esta cuestión de inconstitucionalidad se produjo el 15 de julio de 2014. Sin embargo, la resolución final sobre si la norma es constitucional o no puede tardar un tiempo considerable en ser dictada por el Tribunal.

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Un artículo de ley murciana bajo escrutinio

Se ha presentado una "cuestión de inconstitucionalidad" ante el Tribunal Constitucional. Esto significa que un tribunal, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, duda de si una ley aprobada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia cumple con la Constitución Española. Específicamente, se cuestiona un artículo de una ley de presupuestos de 2010 que fue modificada en 2010.

Lo que cambia concretamente es que el Tribunal Constitucional va a revisar si ese artículo específico de la ley murciana vulnera derechos fundamentales como la igualdad (artículo 14 de la Constitución) y si la Comunidad Autónoma de Murcia se ha extralimitado en sus competencias al aprobarlo, invadiendo materias que son competencia exclusiva del Estado (artículo 149 de la Constitución).

La entrada en vigor de esta revisión no implica un cambio inmediato en la ley. La decisión del Tribunal Constitucional determinará si el artículo es válido o si debe ser anulado. La fecha de esta resolución aún no está fijada, pero la admisión a trámite ocurrió en julio de 2014.

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El Tribunal Constitucional revisa la ley del suelo

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una consulta sobre la constitucionalidad de varios artículos de la Ley del Suelo. Esta ley regula cómo se puede usar y desarrollar el suelo en España. La consulta se centra en si estas normas respetan el derecho a la propiedad privada y su función social, tal como lo establece la Constitución.

Lo que cambia es que se está analizando si las leyes actuales sobre el suelo, que determinan qué se puede construir y cómo, podrían estar limitando de forma excesiva el derecho de los propietarios a usar sus terrenos. Si el Tribunal considera que hay inconstitucionalidad, podría obligar a modificar estas leyes.

Esta cuestión se planteó en julio de 2014, por lo que el proceso judicial ya está en marcha. La decisión final del Tribunal Constitucional determinará si las leyes del suelo afectadas siguen vigentes tal como están o si necesitan ser reformadas para ajustarse a la Constitución.

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Unificación de Colegios Profesionales en Cataluña

Esta ley ha unificado varios colegios profesionales relacionados con la economía y la empresa en Cataluña. Anteriormente, existían colegios separados para titulados mercantiles y empresariales en diferentes provincias, así como un consejo general y el colegio de economistas. El objetivo es agrupar a todos estos profesionales bajo una única entidad para fortalecer su representación y mejorar la ordenación de sus actividades.

Lo que cambia concretamente es que ahora todos los economistas y titulados mercantiles y empresariales de Cataluña se integran en un único Colegio de Economistas de Cataluña. Esto significa que, independientemente de la titulación específica con la que accedieron a la profesión, todos los colegiados tendrán los mismos derechos y obligaciones dentro de esta nueva estructura unificada.

La ley entró en vigor tras su aprobación por el Parlamento de Cataluña y su promulgación, lo que ocurrió en julio de 2014. La fusión se hizo efectiva a partir de esa fecha, estableciendo un periodo transitorio para su completa implementación y la creación de una comisión gestora para organizar el nuevo colegio.

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Aclaración de competencias municipales para mayor eficiencia

Esta ley busca poner orden en quién hace qué en los ayuntamientos. El objetivo principal es evitar que varias administraciones públicas, como el ayuntamiento y la comunidad autónoma, hagan lo mismo o que los ayuntamientos asuman tareas sin tener las competencias claras o los recursos necesarios. Se trata de que cada administración se centre en sus funciones y se preste un mejor servicio al ciudadano.

Lo que cambia concretamente es que se clarifican las competencias municipales. Los ayuntamientos solo podrán realizar las funciones que les corresponden por ley o que les sean delegadas, siempre y cuando no pongan en riesgo la salud financiera del municipio y no se dupliquen servicios que ya ofrece otra administración. Esto pretende mejorar la gestión y evitar gastos innecesarios.

La ley entró en vigor el 22 de julio de 2014. Su aplicación es nacional, afectando a todos los municipios y, por extensión, a todos los ciudadanos que interactúan con ellos en la prestación de servicios públicos y en la gestión de sus competencias.

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Nueva tasa para la supervisión fiscal

Esta orden ministerial establece un nuevo modelo, el 017, para la autoliquidación de una tasa destinada a financiar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La AIReF es un organismo creado para vigilar el cumplimiento de las reglas de gasto público y la sostenibilidad de las finanzas.

Concretamente, esta tasa la pagarán las administraciones públicas como el Estado, las Comunidades Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autonomía, las Corporaciones Locales y la Tesorería General de la Seguridad Social. El pago se realizará mediante el modelo 017, que deberán presentar y liquidar en los plazos y formas que establezca la AIReF, pudiendo ser de forma telemática.

La orden fue aprobada el 14 de julio de 2014 y entró en vigor el 21 de julio de 2014, estableciendo el procedimiento para el pago de esta tasa que es la principal fuente de financiación de la AIReF.

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¿Qué es? Este decreto regula cómo funciona el Museo Naval español, cómo está organizado internamente, quién lo dirige y establece la estructura de sus sedes filiales repartidas por el país. Actualiza normas anteriores para adaptarlas a cambios en la organización de la Armada.

¿A quién afecta? Afecta directamente al Museo Naval (en Madrid) y a sus siete museos filiales ubicados en Sevilla, Ciudad Real, Cartagena, Ferrol, Las Palmas de Gran Canaria, San Fernando (Cádiz) y el Panteón de Marinos Ilustres. También afecta a los responsables que los dirigen y al Ministerio de Defensa que los gestiona.

¿Qué cambia o establece? El decreto establece que el Museo Naval es un museo estatal dependiente del Ministerio de Defensa, bajo la dirección de un Director. Define que sus museos filiales también dependen del Director del Museo Naval (excepto el Panteón, que depende de otra escuela militar pero funciona bajo el Museo). Fija que sus funciones son conservar, restaurar y exhibir colecciones sobre la historia naval española; investigar; organizar exposiciones y actividades educativas; y publicar catálogos. Modifica la composición del Real Patronato (consejo directivo del museo) porque algunos cargos que tenían representación ya no existen en la Armada.

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Nuevos Certificados de Profesionalidad en Seguridad y Medio Ambiente

Este Real Decreto establece cinco nuevos certificados de profesionalidad, que son como títulos oficiales que acreditan que una persona tiene los conocimientos y habilidades necesarios para realizar un trabajo específico en el área de Seguridad y Medio Ambiente. Además, actualiza otros dos certificados ya existentes en el sector de Informática y Comunicaciones. Estos certificados son importantes porque reconocen oficialmente las competencias profesionales de los trabajadores en todo el territorio español.

Lo que cambia concretamente es la ampliación de la oferta formativa oficial en el ámbito de la seguridad y el medio ambiente. Ahora, las personas interesadas en formarse y acreditarse en profesiones relacionadas con estos campos tendrán más opciones reconocidas por el Estado. También se mejoran y actualizan las cualificaciones en informática, adaptándolas a las necesidades del mercado laboral.

Este Real Decreto entró en vigor el 19 de julio de 2014. Su objetivo es mejorar la formación profesional y la empleabilidad de los ciudadanos, asegurando que las cualificaciones que se obtienen estén alineadas con las demandas del mercado laboral y sean válidas en toda España.

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¿Qué es? Es una orden de 2014 que fija los costes de referencia para el transporte de mercancías por barco y avión hacia las Islas Canarias. Estos costes se establecen cada año para compensar los gastos extra que genera transportar productos a islas alejadas del continente, según una norma anterior (Real Decreto 362/2009).

¿A quién afecta? Afecta a las empresas de transporte marítimo y aéreo que operan en rutas desde Canarias hacia el continente (Cádiz por mar, Madrid por aire) y entre las islas canarias. También impacta indirectamente en los costes de envío de productos hacia o desde el archipiélago.

¿Qué cambia o establece? Publica una tabla con los precios máximos permitidos por kilogramo de carga aérea y por metro lineal o contenedor en transporte marítimo, según cada ruta específica. Estos precios son los límites para las ayudas que el Estado puede conceder a los transportistas por los costes adicionales de llevar productos a las islas.

¿Qué es? Una orden del Ministerio de Economía y Competitividad que autoriza la emisión y acuñación de una moneda de colección de 10 euros para conmemorar el 250 Aniversario del Real Colegio de Artillería de Segovia. La moneda será de plata (925 milésimas), pesará 27 gramos y tendrá un diámetro de 40 milímetros, con diseños que representan el escudo de la Academia de Artillería, el Triunfo de la fachada del acuartelamiento de San Francisco y el Alcázar de Segovia.

¿A quién afecta? Afecta a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, que será responsable de acuñar las monedas y comercializarlas. Afecta al Banco de España, que recibirá las monedas acuñadas. Afecta al Tesoro Público, que recibirá el valor facial. Y afecta a los coleccionistas y público en general que puedan adquirir estas monedas.

¿Qué cambia o establece? Establece que se acuñarán un máximo de 7.500 monedas durante 2014, con emisión a partir del segundo semestre de ese año. Fija el precio inicial de venta al público en 50 euros (sin IVA), permitiendo revisión del precio si el valor de los metales preciosos fluctúa más del 4 por ciento. Autoriza la comercialización directa o a través de entidades contratadas, incluyendo su exportación. Permite que la fábrica destine hasta 5 monedas a los fondos del museo de la institución.

Más dinero para investigar y comprar coches eficientes

Este acuerdo del Congreso de los Diputados aprueba una inyección de dinero público para dos fines principales. Por un lado, se destinan 95 millones de euros a impulsar la investigación científica y la innovación en España, apoyando proyectos y avances tecnológicos. Por otro lado, se conceden 175 millones de euros para ayudar a la compra de vehículos más eficientes, como parte del conocido programa PIVE.

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Actualización sobre el registro de nuevas variedades de plantas

Este Real Decreto modifica una normativa anterior que regula cómo se registran las nuevas variedades de plantas que se pueden vender comercialmente. El objetivo es asegurar que los expertos que evalúan estas variedades tengan los conocimientos necesarios para tomar las mejores decisiones.

Lo que cambia concretamente es la forma en que se eligen los miembros de las Comisiones Nacionales de Evaluación de Variedades. Ahora se pone más énfasis en que estos miembros sean especialistas en sus campos, para garantizar que los estudios sobre las nuevas plantas sean rigurosos y se basen en criterios técnicos sólidos.

Esta modificación entró en vigor el 19 de julio de 2014, fecha posterior a la publicación del Real Decreto el 18 de julio de 2014. Su propósito es mejorar el proceso de registro y asegurar la calidad de las variedades vegetales disponibles para los agricultores.

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¿Qué es?

Un Real Decreto que establece cómo investigar los accidentes e incidentes que ocurren en los ferrocarriles españoles. Define el funcionamiento de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, el órgano responsable de realizar estas investigaciones de forma independiente y técnica.

¿A quién afecta?

Afecta a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, a las empresas ferroviarias, a los administradores de infraestructuras ferroviarias, al Ministerio de Fomento y a cualquier entidad implicada en accidentes o incidentes ferroviarios graves que deban ser investigados.

¿Qué cambia o establece?

Establece la estructura y composición de la Comisión con un Presidente, Vicepresidente, vocales y equipo técnico de investigación. Define que sus miembros duren en el cargo seis años y deben ser expertos en ferrocarriles. Especifica los procedimientos que la Comisión debe seguir para investigar accidentes, cómo debe documentar sus hallazgos y qué recomendaciones puede emitir, garantizando su total independencia sin interferencias externas.

¿Qué es? Es una corrección de errores del Real Decreto-ley 9/2014, que es la norma que establece las reglas de calidad y seguridad para la donación, obtención, procesamiento, conservación y distribución de células y tejidos humanos, así como las normas para su uso en medicina.

¿A quién afecta? Afecta a los donantes de células y tejidos humanos, especialmente a menores y personas con discapacidad o con capacidad modificada judicialmente. También afecta a los representantes legales de estas personas y a los centros de donación que deben cumplir estas normas.

¿Qué cambia o establece? Se añade la obligación de que la información y el consentimiento para la donación se proporcionen en formatos accesibles y comprensibles para personas con discapacidad. Además, se especifica que los representantes legales de menores o personas con capacidad modificada pueden expresar la negativa a la donación, y se exige tener en cuenta las circunstancias personales de la persona con discapacidad, su capacidad real para decidir y proporcionarle apoyo para tomar esta decisión.

Nuevos precios para tabaco

Esta resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos informa sobre los precios de venta al público de ciertos tipos de cigarros y cigarritos. Estos precios se aplican en los estancos de la Península e Illes Balears y son fijados por los propios fabricantes e importadores.

Lo que cambia concretamente es el importe que los consumidores pagarán por marcas específicas de cigarros y cigarritos. Por ejemplo, se detallan los precios por unidad o por envase de marcas como Casa Magna, La Aurora, León Jimenes, Quesada y Newminster.

La resolución entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 19 de julio de 2014. Por lo tanto, estos precios se aplicaron desde esa fecha.

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¿Qué es? Una resolución de 2014 mediante la cual el Congreso de los Diputados confirma oficialmente el Real Decreto-ley 8/2014. Este decreto contenía medidas urgentes dirigidas a impulsar el crecimiento económico, mejorar la competitividad y aumentar la eficiencia. La resolución ordena que se publique esta confirmación para que sea conocida por todos.

¿A quién afecta? Afecta a toda la ciudadanía y a las administraciones públicas del Estado, puesto que se trata de medidas de carácter general en materia económica y competitividad que tienen alcance nacional.

¿Qué cambia o establece? Establece que las medidas urgentes del Real Decreto-ley 8/2014 quedan validadas y en vigor. Con esta convalidación, el decreto adquiere plena validez legal tras ser debatido y aprobado en el Congreso de los Diputados, dejando constancia oficial de que las medidas para el crecimiento, competitividad y eficiencia que contenía siguen siendo aplicables.

¿Qué es? Una resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados que publica la convalidación del Real Decreto-ley 9/2014 de 4 de julio. Este decreto-ley establece reglas sobre calidad y seguridad en la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos, además de normas para su uso en humanos.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona, institución o profesional que participe en cualquier etapa del proceso de donación, evaluación, procesamiento, almacenamiento o distribución de células y tejidos humanos destinados a ser usados en tratamientos o terapias en seres humanos.

¿Qué cambia o establece? Establece normas obligatorias de calidad y seguridad que deben cumplirse en todas las etapas del manejo de células y tejidos humanos. Define también las reglas de coordinación y funcionamiento necesarias para que estos materiales puedan ser utilizados en pacientes de forma segura y controlada.

¿Qué es? Es una orden que fija los precios de referencia (costes tipo) para el transporte marítimo y aéreo de mercancías hacia y desde las Islas Canarias durante el año 2013. Estos precios sirven para determinar cuánto dinero puede recibir en subvención el transporte de ciertos productos a Canarias, compensando lo que cuesta más transportar cosas a las islas por su lejanía.

¿A quién afecta? Afecta a las empresas de transporte (marítimo y aéreo) que mueven mercancías entre Canarias y la península, y entre las islas canarias entre sí. También afecta a cualquier comerciante o empresa que envíe o reciba mercancías a través de estas rutas, porque los costes de transporte subvencionados pueden repercutir en los precios finales.

¿Qué cambia o establece? Establece una tabla con precios máximos para cada ruta específica (por ejemplo, Gran Canaria a Tenerife, o Canarias a Cádiz) y para cada tipo de transporte (contenedores grandes, pequeños, etc.). Los precios varían según si la mercancía necesita refrigeración o no. El Ministerio de Fomento usa estos precios para controlar cuántas subvenciones se pueden dar al transporte, evitando pagar más de lo necesario.

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