El Horno

¿Qué es? Una norma de la CNMV que establece cómo pueden pagarse las tasas (derechos) que cobra esta institución por realizar actividades y prestar servicios. El pago se puede hacer a través de bancos y entidades colaboradoras, tanto de forma presencial como por internet (telemáticamente).

¿A quién afecta? A cualquier persona, empresa o institución que deba pagar tasas a la CNMV por los servicios que recibe de ella. También a los representantes de estas personas o empresas que actúen en su nombre para realizar los pagos.

¿Qué cambia o establece? Establece que para pagar por internet se necesita tener un número de identificación fiscal, un certificado electrónico digital y una cuenta en un banco adherido al sistema de la Agencia Tributaria. El pago por internet es opcional y el contribuyente puede elegir entre esta forma y el pago presencial tradicional. La norma aprueba los modelos y formularios oficiales para hacer estos pagos.

Se prorrogan medidas sobre personal público y pensiones en Navarra para 2015

Este decreto-ley foral extiende para el año 2015 una serie de medidas que afectan al personal de las Administraciones Públicas de Navarra. Estas medidas, que ya estuvieron vigentes en años anteriores, se adoptaron inicialmente por la situación económica y se han ido prorrogando para mantener la estabilidad presupuestaria.

Concretamente, se suspende la posibilidad de prolongar la permanencia en el servicio activo del personal, se eliminan las dietas por razón del servicio, se establecen límites en las tarifas de ciertos servicios sanitarios y se aplican medidas específicas a los miembros del Gobierno y altos cargos. Además, se actualizan las pensiones de las clases pasivas de los Montepíos de Navarra, tomando como referencia el incremento general de las pensiones públicas estatales.

La vigencia de estas medidas se extiende para todo el año 2015. La actualización de las pensiones también se aplica desde el inicio de dicho ejercicio, adaptándose a la normativa estatal ante la ausencia de Presupuestos Generales de Navarra para ese año.

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Apoyo a las microempresas cooperativas en Navarra

Esta ley foral busca impulsar la creación de pequeñas empresas cooperativas en Navarra, conocidas como microcooperativas. Su objetivo principal es facilitar que emprendedores y trabajadores puedan formar negocios de manera más sencilla, promoviendo así la generación de empleo de calidad y el crecimiento económico de la región.

Concretamente, la ley establece un marco legal específico para estas microcooperativas, definiéndolas como sociedades cooperativas de trabajo asociado compuestas por un mínimo de dos y un máximo de diez socios trabajadores. Esto simplifica los trámites y requisitos administrativos que suelen ser una barrera para las empresas más pequeñas, adaptándose mejor a su realidad.

La Ley Foral 2/2015, de 22 de enero, de microcooperativas de trabajo asociado, entró en vigor el 13 de febrero de 2015. Su aplicación se centra en el ámbito de Navarra, ofreciendo un modelo empresarial adaptado a las necesidades de los emprendedores y trabajadores que desean iniciar su propio proyecto cooperativo.

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Mejores condiciones laborales en contratos públicos

Esta ley busca asegurar que los trabajadores de empresas que prestan servicios al Gobierno de Navarra tengan condiciones laborales dignas. Se trata de introducir en los contratos que el Gobierno firma con estas empresas, requisitos mínimos para proteger a los empleados.

Lo que cambia es que ahora, al contratar con el sector público navarro, las empresas deberán garantizar como mínimo las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo del sector más bajo y, además, mantener a los trabajadores en sus puestos si cambia la empresa adjudicataria del contrato.

Esta modificación de la ley entró en vigor el 13 de febrero de 2015, permitiendo que estos derechos se apliquen a los nuevos contratos públicos que se firmen a partir de esa fecha.

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¿Qué es? Una orden del Ministerio de Fomento que crea un sistema de incentivos económicos para los cánones (pagos) que cobran por el uso de las infraestructuras ferroviarias. Se emite para cumplir una sentencia de la Justicia Europea que había condenado a España por no aplicar correctamente las normas comunitarias sobre ferrocarriles.

¿A quién afecta? A las empresas ferroviarias, a los candidatos que solicitan usar la red de trenes, y a los administradores de infraestructuras ferroviarias que gestionar la red. Les obliga a ponerse de acuerdo sobre cómo funcionarán estos incentivos.

¿Qué cambia o establece? Establece que el sistema tendrá penalizaciones económicas para quien perturbe el funcionamiento de la red, compensaciones para quienes sufran esos trastornos, y premios para quien logre mejor puntualidad de lo previsto. Los administradores y empresas deben acordar de forma transparente los parámetros principales (como el valor de los retrasos y los objetivos de puntualidad). Si no llegan a acuerdo en dos meses, la Comisión de Mercados y Competencia decide sobre esos parámetros.

El Tribunal Constitucional revisa una ley de presupuestos por posible inconstitucionalidad

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una consulta sobre la constitucionalidad de un artículo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013. Esto significa que un tribunal, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha dudado de si una parte de esa ley cumple con la Constitución y ha pedido al Tribunal Constitucional que lo revise.

Lo que se cuestiona es el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, que forma parte de los presupuestos del Estado para el año 2013. La duda se centra en si este artículo vulnera otros dos artículos de la Constitución, concretamente los que hablan sobre las leyes orgánicas y sobre la aprobación de los presupuestos generales del Estado.

Esta revisión aún está en sus primeras fases. El Tribunal Constitucional ha decidido estudiarlo y ha dado un plazo para que las partes implicadas en el caso original puedan presentarse. La decisión final sobre si el artículo es constitucional o no aún está pendiente.

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El Tribunal Constitucional revisa una ley de presupuestos por posible inconstitucionalidad

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una consulta sobre la constitucionalidad de una parte de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013. Esta consulta, planteada por un tribunal andaluz, busca determinar si un artículo específico de dicha ley, el 17.8, podría estar en conflicto con la Constitución Española, concretamente con los artículos que regulan las leyes orgánicas y la elaboración de los presupuestos generales del Estado.

Lo que cambia concretamente es que se está analizando si una norma aprobada por el Estado cumple con los principios fundamentales de nuestra Constitución. Si el Tribunal Constitucional dictamina que el artículo es inconstitucional, podría ser anulado o modificado, afectando a la aplicación de esa parte de la ley de presupuestos.

La entrada en vigor de esta revisión no tiene una fecha concreta, ya que se trata de un proceso judicial en curso. La decisión final del Tribunal Constitucional determinará si hay algún cambio efectivo y cuándo se aplicaría.

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El Tribunal Constitucional revisa una ley de presupuestos por posible inconstitucionalidad

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una consulta sobre un artículo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013. Esta consulta, planteada por un tribunal andaluz, busca determinar si dicho artículo vulnera la Constitución Española. En esencia, se está revisando si una norma aprobada por el Estado cumple con las leyes fundamentales del país.

Lo que cambia concretamente es que se pone en duda la legalidad de una parte específica de la ley de presupuestos de 2013. Si el Tribunal Constitucional dictamina que el artículo es inconstitucional, podría ser anulado o modificado, afectando a cómo se aplicaron o se iban a aplicar ciertas disposiciones de aquella ley.

La fecha de entrada en vigor de esta revisión no es inmediata. La admisión a trámite se produjo el 3 de febrero de 2015, y las partes interesadas tienen un plazo para personarse. La decisión final del Tribunal Constitucional determinará las consecuencias y cuándo se harían efectivas.

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El Tribunal Constitucional revisa una ley de presupuestos por posible inconstitucionalidad

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una consulta sobre la constitucionalidad de un artículo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013. Esto significa que un tribunal ha dudado de si una parte de esa ley cumple con la Constitución española y ha pedido al Tribunal Constitucional que lo revise.

Concretamente, se cuestiona el artículo 17.8 de la Ley 17/2012. La duda se centra en si esta disposición vulnera los artículos 81.1 y 134.2 de la Constitución, que tratan sobre la regulación de las leyes orgánicas y la elaboración de los presupuestos generales del Estado, respectivamente.

Esta decisión del Tribunal Constitucional se tomó el 3 de febrero de 2015. A partir de la publicación de este edicto, las partes implicadas en el procedimiento judicial original tienen un plazo para personarse ante el Tribunal Constitucional y presentar sus argumentos.

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Revisión de una ley de presupuestos por posible inconstitucionalidad

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una consulta sobre la constitucionalidad de un artículo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013. Esto significa que se va a analizar si una parte de esa ley, concretamente el artículo 17.8, cumple con la Constitución Española.

Lo que cambia es que se está evaluando si la norma en cuestión respeta los principios fundamentales de la Constitución relacionados con la legislación básica y la elaboración de los presupuestos. Si se considera inconstitucional, esa parte de la ley podría ser anulada.

La decisión sobre la constitucionalidad de este artículo aún está pendiente. El proceso judicial se inició en 2014 y la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional ocurrió en febrero de 2015. La resolución final determinará si la ley se mantiene o se modifica.

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El Tribunal Constitucional revisa una ley de presupuestos por posible inconstitucionalidad

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una consulta sobre la constitucionalidad de un artículo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013. Esto significa que un tribunal ha dudado si una parte de esa ley cumple con la Constitución Española y ha pedido al Tribunal Constitucional que lo revise.

Concretamente, se cuestiona el artículo 17.8 de dicha ley, que trata sobre aspectos relacionados con la regulación básica y la elaboración de los presupuestos. La duda surge porque podría estar invadiendo competencias que la Constitución reserva a otras normas o a la propia elaboración de los presupuestos del Estado.

Esta revisión se inició en febrero de 2015. Sin embargo, el proceso judicial que dio lugar a esta consulta se remonta a 2013. La decisión final del Tribunal Constitucional determinará si ese artículo de la ley de presupuestos se mantiene o debe ser modificado o anulado.

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El Tribunal Constitucional revisa una ley clave para la estabilidad presupuestaria

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una consulta sobre la constitucionalidad de dos artículos de un Real Decreto-ley de 2012. Este decreto buscaba asegurar la estabilidad económica y mejorar la competitividad del país. La consulta se centra en si estas medidas respetan el principio de seguridad jurídica y la prohibición de la retroactividad de las normas sancionadoras, garantizados por la Constitución.

Lo que cambia es que se está analizando si las medidas adoptadas en aquel momento, que afectaron a diversos aspectos de la administración y la economía, cumplen con los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Si el Tribunal considera que hay una vulneración, podría anular o modificar dichos artículos, lo que tendría consecuencias en la aplicación de la ley.

La decisión del Tribunal Constitucional aún no se conoce. Este proceso judicial se inició en 2014 y la admisión a trámite se produjo en febrero de 2015. La resolución final determinará si los artículos cuestionados se mantienen o se declaran inconstitucionales.

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Question de constitutionnalité n° 7477‑2014 Cette affaire porte sur deux dispositions (articles 23.9 et 23 bis) de la loi de finances de la Communauté autonome du Pays basque pour l’exercice 2010, jugées potentiellement contraires aux articles 149.1.13 et 156.1 de la Constitution espagnole. Elle concerne directement les contribuables et les bénéficiaires des dépenses publiques du Pays basque, car elle remet en cause la légalité de certaines affectations budgétaires régionales. Concrètement, si le Tribunal constitutionnel estime que les articles contestés violent la Constitution, ils seront annulés et le budget devra être révisé pour respecter les compétences réservées à l’État. Cela pourrait entraîner une redistribution des ressources financières entre le gouvernement central et la communauté autonome, affectant les programmes sociaux, éducatifs ou d’infrastructure prévus pour 2010. La procédure vient d’être admise à examen le 3 février 2015 et sera renvoyée à la Chambre II du Tribunal constitutionnel. La décision finale pourra être rendue plusieurs mois plus tard ; en attendant, les dispositions restent en vigueur jusqu’à leur éventuelle annulation.

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El Tribunal Constitucional estudia una ley de Murcia

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una consulta sobre una ley de la Comunidad Autónoma de Murcia. Esta ley, aprobada en 2002, trata sobre medidas tributarias y tasas regionales. La consulta se centra en un artículo específico de dicha ley que podría estar en conflicto con la Constitución Española.

Lo que se está analizando es si la Comunidad Autónoma de Murcia, al aprobar ese artículo, se extralimitó en sus competencias. La Constitución establece qué materias son competencia exclusiva del Estado y cuáles pueden ser asumidas por las comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional deberá determinar si la ley murciana respeta estos límites.

Esta decisión del Tribunal Constitucional no tiene una fecha de entrada en vigor concreta, ya que se trata de un proceso de análisis y posible anulación de una ley. La resolución final determinará si el artículo en cuestión se mantiene o se declara inconstitucional, afectando a la aplicación de esa normativa en Murcia.

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Un derecho electoral en la mira del Tribunal Constitucional

Se trata de una consulta al Tribunal Constitucional sobre la posible inconstitucionalidad de un artículo de la Ley Electoral General. Este artículo, que regula aspectos del derecho al sufragio, está siendo revisado porque podría estar vulnerando el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, un pilar de nuestra democracia.

Lo que cambia concretamente es que se está evaluando si una norma electoral específica, que afecta a cómo se ejerce el voto o se es elegido, cumple con los principios constitucionales. Si se declarase inconstitucional, esa parte de la ley dejaría de tener validez, obligando a una reforma para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos en igualdad de condiciones.

La entrada en vigor de cualquier cambio dependerá de la decisión final del Tribunal Constitucional. Si determina que el artículo es inconstitucional, la ley se modificará, y la nueva normativa entrará en vigor una vez publicada oficialmente. El proceso está en curso y aún no hay una fecha definida para su resolución.

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¿Qué es? Una Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del 9 de febrero de 2015 que fija los precios oficiales de los combustibles (excepto gas natural) para los años 2012, 2013 y 2014. Estos precios sirven para calcular cuánto dinero reciben las empresas generadoras de electricidad en las islas y territorios españoles no peninsulares como compensación por el coste de combustible. También establece precios provisionales para el primer semestre de 2015.

¿A quién afecta? Afecta a las empresas propietarias de plantas generadoras de electricidad en sistemas eléctricos de territorios insulares y extrapeninsulares españoles. Estos generadores dependen de precios establecidos por el Estado para ser compensados por sus costes de funcionamiento en esas zonas.

¿Qué cambia o establece? Establece nuevos precios de combustibles más bajos para 2012, 2013 y 2014. La diferencia entre estos precios nuevos y los que se habían fijado antes se calcula como un ajuste que se aplicará en las liquidaciones finales. Este cambio se hace porque los precios internacionales del combustible bajaron significativamente durante ese período y no se había reflejado en los pagos parciales que ya estaban dándose, lo que causaba que los generadores recibieran más dinero del que realmente les correspondía.

¿Qué es? Un acuerdo entre España y el Alto Representante en Bosnia y Herzegovina que designa a España como protector de los intereses, la Oficina, el personal y los archivos del Alto Representante una vez que este cese en sus funciones.

¿A quién afecta? Al Alto Representante en Bosnia y Herzegovina, su Oficina, el personal profesional y técnico de la Oficina que tenga estatuto diplomático, y los archivos de la Oficina.

¿Qué cambia o establece? Establece que España defenderá los privilegios e inmunidades diplomáticas del Alto Representante, su Oficina y personal ante cualquier tribunal o procedimiento legal. Los archivos de la Oficina se custodiarán en la Embajada de España en Bosnia y Herzegovina bajo régimen de fideicomiso. España no asume responsabilidad alguna por los actos del Alto Representante, pero tampoco corre con costas judiciales ni gastos derivados de procedimientos legales que afecten a la Oficina.

¿Qué es? Es una resolución del Tribunal Constitucional de 3 de febrero de 2015 sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Abogado del Estado contra un decreto-ley catalán de 2013. El tribunal decide que no necesita pronunciarse sobre si mantiene o levanta la suspensión de ese decreto porque ya no existe: fue derogado por una ley posterior el 29 de diciembre de 2014.

¿A quién afecta? Afecta al Decreto-ley 6/2013 de Cataluña que modificaba el Código de Consumo catalán, y a todas las normas derivadas de él. El recurso fue presentado por el Abogado del Estado en nombre del Presidente del Gobierno contra esta norma autonómica.

¿Qué cambia o establece? La resolución deja sin efecto la necesidad de decidir sobre la suspensión del decreto porque la norma fue derogada por la Ley 20/2014 antes de que el tribunal tuviera que pronunciarse. La suspensión que regía desde octubre de 2014 pierde sentido al no existir ya la norma suspendida.

Corrección de un error en la normativa sobre comercio europeo

Esta orden ministerial se refiere a la corrección de un error en una norma anterior que establecía unos límites (umbrales) para las estadísticas sobre el intercambio de mercancías entre los países de la Unión Europea. Su objetivo es asegurar que la información recopilada sobre estos intercambios sea precisa y fiable, lo cual es fundamental para el seguimiento y análisis del comercio dentro del bloque europeo.

El cambio concreto es muy específico: se ha corregido una referencia a una ley. Donde antes se mencionaba la "Ley 6/1977", ahora se indica correctamente la "Ley 6/1997". Este tipo de correcciones son habituales para garantizar la exactitud de los documentos legales y evitar confusiones.

La corrección se publicó el 11 de febrero de 2015. La orden original que contenía el error se publicó el 27 de enero de 2015. Por lo tanto, esta rectificación entra en vigor de forma inmediata a su publicación, subsanando el error desde ese momento.

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El Tribunal Constitucional revisa una ley de la Seguridad Social

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una consulta sobre una ley aprobada en 2012 que buscaba asegurar la viabilidad del sistema de la Seguridad Social. Esta consulta se centra en un artículo específico de dicha ley, el 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012.

La duda que se plantea es si este artículo concreto podría estar yendo en contra de dos principios fundamentales de nuestra Constitución: el principio de seguridad jurídica (que garantiza que las leyes sean claras y predecibles) y el derecho a la propiedad privada. Es decir, se investiga si la ley podría haber afectado de forma injusta los derechos de los ciudadanos.

Esta revisión judicial se encuentra en sus primeras fases. El Tribunal Constitucional ha decidido estudiarla en profundidad y ha dado un plazo para que las partes afectadas en un caso judicial concreto puedan presentar sus alegaciones. La fecha de entrada en vigor de la ley original es el 30 de noviembre de 2012, pero la decisión final sobre su constitucionalidad aún está pendiente.

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Real Decreto 44/2015 : simplification de la création d’entreprises Le Real Décret 44/2015, publié le 2 février 2015, fixe les règles d’utilisation du Document Unique Électronique (DUE) pour la mise en place de sociétés coopératives, civiles, de communautés de biens, de SARL laborales et d’entrepreneurs à responsabilité limitée. Il s’adresse aux futurs créateurs d’entreprise, aux notaires, aux avocats et aux administrations qui traitent les dossiers de constitution, en leur offrant un guichet unique numérique. Concrètement, le texte unifie les procédures de dépôt des statuts, de l’inscription au registre du commerce et de la communication aux autorités fiscales, ce qui réduit le nombre de démarches séparées et accélère le délai d’obtention du numéro d’identification. Le décret est entré en vigueur le 11 février 2015, dès sa publication au Bulletin officiel, et s’applique immédiatement aux nouvelles créations d’entreprises relevant des formes mentionnées. En pratique, les entrepreneurs peuvent désormais déposer l’ensemble des pièces justificatives en ligne, obtenir le certificat de constitution en quelques jours et bénéficier d’un suivi électronique du dossier, ce qui facilite la création d’entreprises, surtout pour les petites et moyennes structures. Cette modernisation vise à stimuler la création d’entreprises, à renforcer la compétitivité des PME et à soutenir la croissance économique en simplifiant l’accès à l’entrepreneuriat.

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¿Qué es? Una ley que crea un sistema de mecenazgo cultural, científico y deportivo en la Comunitat Valenciana. Define cómo personas físicas y jurídicas pueden aportar dinero para financiar actividades de interés general en cultura, ciencia y deporte, adaptando la legislación estatal a las necesidades locales.

¿A quién afecta? A ciudadanos y empresas que quieran donar dinero para cultura, ciencia o deporte; a fundaciones y asociaciones culturales que reciban esas aportaciones; y a la industria cultural, artística, científica y deportiva de la región que se beneficiará de estas donaciones.

¿Qué cambia o establece? Crea incentivos fiscales para quienes hagan donaciones; permite que cualquier persona, no solo fundaciones, participe en mecenazgo (incluidas pequeñas aportaciones llamadas micromecenazgo); protege especialmente la promoción de la cultura valenciana y el uso del valenciano; establece este sistema como complemento a la legislación estatal para impulsar la creatividad y la actividad cultural en la región.

Adaptación contable para el Fondo de Reserva de Riesgos de Internacionalización

Esta resolución adapta las normas de contabilidad para un fondo específico del Estado, el Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización. Este fondo, creado para cubrir riesgos en la internacionalización de la economía española, no tiene personalidad jurídica propia, lo que significa que no es una entidad independiente como una empresa o una persona. Su objetivo es gestionar las operaciones de cobertura de riesgos por cuenta del Estado.

Lo que cambia concretamente es la forma en que este fondo debe llevar su contabilidad. Se ajusta el plan contable general que se aplica a fondos similares sin personalidad jurídica para que refleje mejor la actividad de cobertura de riesgos que realiza. Esto implica adaptar la información financiera que se presenta al final de cada año, incorporando criterios específicos de reconocimiento y valoración para sus operaciones, incluso aquellas no contempladas en el plan general.

La resolución entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, se incluye una disposición transitoria para regular la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2015, asegurando que la adaptación se aplique correctamente desde ese momento.

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Pequeña corrección en la Agencia Tributaria

Esta orden ministerial simplemente corrige un error de redacción en una orden anterior que definía cómo funcionaba la Agencia Tributaria. No introduce cambios sustanciales en las funciones o competencias de la agencia, sino que aclara cómo se deben realizar ciertos trámites administrativos.

Lo que cambia es una frase específica dentro de la descripción de las funciones de un departamento de la Agencia Tributaria. Se añade una coma y se aclara que los requerimientos de ratificación de imputaciones pueden ser a propuesta, petición o solicitud de otros órganos, facilitando así la colaboración entre diferentes partes de la administración.

Esta corrección entra en vigor el 9 de febrero de 2015, la fecha de publicación de esta orden en el Boletín Oficial del Estado.

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