El Horno

Suspensión de la regulación de consultas ciudadanas en Canarias

Este asunto se refiere a un reglamento aprobado por el Gobierno de Canarias que establecía las normas para realizar consultas a los ciudadanos sobre temas importantes de competencia autonómica. El Gobierno de España impugnó este reglamento ante el Tribunal Constitucional, argumentando que algunas de sus partes no se ajustaban a la ley.

Como resultado de esta impugnación, el Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión de varios artículos clave de dicho reglamento. Esto significa que las normas que regulaban cómo se debían hacer estas consultas ciudadanas, incluyendo aspectos sobre su alcance y procedimiento, no están siendo aplicadas por el momento.

La suspensión se produjo inicialmente cuando se admitió a trámite la impugnación y se ha mantenido hasta la fecha de este auto. Por lo tanto, las disposiciones afectadas por esta suspensión no están en vigor y no se pueden aplicar hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente el caso.

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Precios máximos para bombonas de gas actualizados

Esta orden ministerial establece un nuevo método para calcular el precio máximo de las bombonas de gas licuado del petróleo (GLP) que compras. El objetivo es que el precio refleje mejor los costes reales del mercado y el suministro a domicilio, asegurando que sea justo para los consumidores.

Lo que cambia concretamente es la fórmula que se utiliza para determinar cuánto pueden costar estas bombonas. Se ajustan los costes de la materia prima y los gastos de distribución para que se adapten a la situación actual del mercado. Esto busca garantizar que los precios sean razonables y que el servicio de entrega a casa esté incluido.

Esta orden entró en vigor el 9 de marzo de 2015. Su propósito es mantener un sistema de precios actualizado y transparente para las bombonas de gas, especialmente para aquellas de tamaño medio, asegurando la competencia y la protección del consumidor.

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¿Qué es? Es una decisión del Tribunal Constitucional español, tomada el 3 de marzo de 2015, sobre una demanda que presentó el Gobierno de España contra un decreto del Presidente del Gobierno de Canarias. Ese decreto, de octubre de 2014, convocaba una consulta ciudadana mediante pregunta directa en Canarias.

¿A quién afecta? Afecta a los ciudadanos de Canarias afectados por esa convocatoria, al Gobierno de Canarias que la dictó, y al Gobierno de España que la impugnó ante el Tribunal Constitucional.

¿Qué cambia o establece? El Tribunal declara que ya no hay nada que decidir porque el Decreto fue suspendido automáticamente cuando el Tribunal admitió la demanda. Como el objeto del conflicto desapareció, el Tribunal cierra el caso sin entrar a juzgar si el Decreto era legal o no.

¿Qué es? Es una orden del Gobierno de marzo de 2015 que obliga a Correos y Telégrafos a prestar servicios postales especiales para las elecciones al Parlamento de Andalucía del 22 de marzo de 2015. Estos servicios se establecen porque la ley permite que el Gobierno imponga obligaciones adicionales al servicio postal cuando es necesario para que las elecciones se celebren con normalidad.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los ciudadanos que quieran votar por correo: los que residen en España, los que están viviendo en el extranjero, y los que se encuentren temporalmente fuera del país. También afecta al personal embarcado, a militares en situaciones especiales, a internos en prisiones, y a quienes envíen propaganda electoral. La obligación principal recae sobre Correos, que debe prestar estos servicios sin costo adicional.

¿Qué cambia o establece? La orden establece que Correos debe: admitir y entregar solicitudes de voto por correo, enviar y recoger documentación electoral, distribuir propaganda de candidaturas, y recopilar la documentación electoral de las mesas de votación. Estos servicios deben prestarse desde que se publica la convocatoria de elecciones hasta cien días después de la votación. El Gobierno debe compensar a Correos por estos costos adicionales.

¿Qué es? Una norma de urgencia aprobada el 6 de marzo de 2015 para reparar los daños causados por temporales de lluvia, nieve y viento, así como inundaciones ocurridas en enero, febrero y marzo de 2015 en España.

¿A quién afecta? A personas y bienes dañados en las comunidades autónomas afectadas: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña. Especialmente afectó a zonas del río Ebro en Zaragoza, donde se desalojó a unas 1.500 personas y se anegaron cerca de 20.000 hectáreas.

¿Qué cambia o establece? Establece ayudas económicas para personas fallecidas o incapacitadas por los temporales, para quienes sufrieron daños en viviendas y bienes personales, y para dueños de explotaciones agrarias, establecimientos comerciales, industriales y turísticos. Estas ayudas se conceden según las reglas del Real Decreto 307/2005, y el Gobierno puede extender estas medidas a otros daños similares hasta el 31 de mayo de 2015.

Actualización de precios de tabaco para liar y de pipa

Esta resolución informa sobre los nuevos precios de venta al público de ciertas marcas de tabaco destinadas a ser liadas o fumadas en pipa. Estos precios se aplican en los estancos de la Península y las Islas Baleares. Los fabricantes e importadores son quienes proponen estas nuevas tarifas.

Lo que cambia concretamente es el importe que deberás pagar por productos como las picaduras de liar de la marca Big Chief o las picaduras de pipa de marcas como Big Ben y Bravo. Por ejemplo, una bolsa de Big Chief American Blend de 70 gramos pasará a costar 10,50 euros.

La resolución entra en vigor el mismo día que se publica en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que estos nuevos precios se aplican de forma inmediata una vez que se hace oficial.

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Actualización de límites para pedir dinero prestado por administraciones públicas

Esta resolución actualiza una normativa anterior que establece los límites máximos de coste para que las comunidades autónomas y las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, etc.) puedan pedir dinero prestado o realizar operaciones financieras complejas (derivados). El objetivo es asegurar que estas operaciones sean prudentes y no supongan un coste excesivo para las arcas públicas.

Lo que cambia concretamente es la tabla de tipos de interés y diferenciales máximos que se pueden aplicar. Esta tabla se publica mensualmente para reflejar las condiciones del mercado y asegurar que el coste de la financiación para estas administraciones no supere el coste de financiación del Estado más un margen determinado según el tipo de administración.

Esta actualización entra en vigor el 6 de marzo de 2015, ya que se publica el 5 de marzo de 2015 y su propósito es actualizar la información de la resolución anterior de febrero de 2015, que establecía la obligación de esta revisión mensual.

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Nueva ley para la ordenación de farmacias en Baleares

Esta ley modifica cómo se organizan y autorizan las farmacias en las Illes Balears. Su objetivo principal es asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a los medicamentos y a la atención farmacéutica necesaria, sin importar dónde vivan. Se busca garantizar un servicio público de calidad y un uso responsable de los medicamentos.

Lo que cambia concretamente es la forma en que la administración pública planifica y autoriza la apertura de nuevas farmacias. Se establecen criterios para asegurar que haya una buena distribución geográfica y que se cubran las necesidades de toda la población. Esto implica que la administración tendrá un papel más activo en la planificación para garantizar el interés general.

La ley entró en vigor el 6 de marzo de 2015. Su aplicación busca modernizar el sistema de ordenación farmacéutica en las Illes Balears, alineándolo con la normativa europea que permite excepciones para proteger la salud pública y asegurar el abastecimiento de medicamentos.

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¿Qué es? Una ley de Extremadura de 2015 que modifica las reglas sobre subvenciones. Concretamente, añade una norma especial para las ayudas a empresas del sector agroindustrial financiadas con fondos europeos.

¿A quién afecta? Afecta a las empresas agroindustriales de Extremadura que optan a estas subvenciones, y a la administración regional que las gestiona. También afecta indirectamente a los ciudadanos que dependen de estas ayudas para el desarrollo rural.

¿Qué cambia o establece? Permite aumentar el dinero asignado a las convocatorias de ayudas agroindustriales (tanto las nuevas como las que ya están en tramitación pero no resueltas) hasta gastar todo el presupuesto disponible. Esto se hace porque es 2015, el último año para usar el dinero europeo de este programa, y de no hacerlo, se perdería esa financiación.

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¿Qué es? Un acuerdo de cooperación entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina para trabajar juntos en la lucha contra delitos graves: terrorismo, tráfico de drogas, delincuencia organizada, tráfico de armas, inmigración ilegal, falsificación de documentos, cibercrimen, corrupción y otros delitos similares.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los ministerios competentes de ambos países (en España, el Ministerio del Interior; en Bosnia y Herzegovina, el Ministerio de Seguridad) y sus respectivas fuerzas de seguridad. Indirectamente, afecta a todos los ciudadanos de ambos países al comprometerse los gobiernos a coordinar esfuerzos contra estos delitos.

¿Qué cambia o establece? El acuerdo establece diecisiete áreas específicas de cooperación, incluyendo intercambio de información y experiencia, cooperación en tecnología forense y controles fronterizos, y el envío de oficiales de enlace entre países. Crea un Comité de Coordinación presidido por los ministros competentes de cada país que supervisa la aplicación del acuerdo. También fija que cada país puede rechazar cooperación si afecta su soberanía, que la información sensible no se revelaré a terceros sin consentimiento, y que todo se rige por la legislación nacional de cada uno.

¿Qué es? Una ley que crea el Colegio Profesional de Técnicos Superiores en Laboratorio de Diagnóstico Clínico en Extremadura. Este colegio es una organización que agruparía y regularía a los profesionales que trabajan preparando, procesando y analizando muestras de sangre y otros materiales biológicos en hospitales y laboratorios para diagnosticar enfermedades.

¿A quién afecta? A los Técnicos Superiores en Laboratorio de Diagnóstico Clínico de Extremadura. Son profesionales con formación oficial reconocida desde 1979, que realizan tareas esenciales en la medicina moderna, colaborando directamente con los médicos para prevenir y diagnosticar enfermedades.

¿Qué cambia o establece? La ley establece la creación del Colegio Profesional como instrumento para que estos técnicos se organicen y autoregulen su trabajo, garantizando calidad y seguridad en sus labores. Aunque la ley lo crea, no obliga automáticamente a afiliarse; sin embargo, quien quiera ejercer esta profesión de forma privada en Extremadura deberá pertenecer al colegio.

Pequeños ajustes en leyes de investigación biomédica andaluza

Esta resolución se refiere a la corrección de errores detectados en una ley de Andalucía que modificaba otras dos leyes anteriores. Estas leyes regulan la investigación con preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro y la investigación con células madre con fines terapéuticos.

Lo que cambia concretamente es la precisión en la redacción de los títulos y textos de estas leyes. Se corrige una pequeña diferencia en la forma de referirse a la "investigación in vitro" por "fecundación in vitro" en el título y en un párrafo introductorio, asegurando que el texto legal sea exacto y coherente.

Esta corrección entra en vigor el 5 de marzo de 2015, fecha de publicación de esta resolución. Su objetivo es garantizar la claridad y exactitud del marco legal que rige investigaciones biomédicas sensibles en Andalucía.

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El Ministerio de Fomento asume nuevas competencias

Este Real Decreto modifica la organización interna del Ministerio de Fomento para que pueda hacerse cargo de nuevas funciones. Estas competencias, que antes gestionaba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ahora recaen en el Ministerio, permitiendo una gestión más directa y especializada.

Lo que cambia es que el Ministerio de Fomento tendrá la responsabilidad directa de ciertas áreas que antes estaban bajo la supervisión de la CNMC. Esto implica una reorganización interna y la asignación de recursos para poder ejercer estas nuevas tareas de forma efectiva.

La entrada en vigor de estos cambios se produce tras la aprobación de este Real Decreto, que modifica la estructura del Ministerio. El objetivo es que el Ministerio esté plenamente operativo con sus nuevas responsabilidades lo antes posible, una vez completados los trámites administrativos y presupuestarios necesarios.

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Nueva declaración para operaciones con gases fluorados

Esta orden ministerial introduce un nuevo modelo de declaración, el 586, llamado "Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero". Su objetivo es controlar y recopilar información sobre las transacciones de estos gases, que son perjudiciales para el medio ambiente.

Concretamente, las empresas y profesionales que fabrican, importan, compran desde otros países de la UE, venden o gestionan residuos de gases fluorados deberán presentar esta declaración. Esto incluye operaciones que, por su naturaleza, están exentas o no sujetas al impuesto sobre estos gases.

La orden entró en vigor el 5 de marzo de 2015, estableciendo el procedimiento y la forma de presentación de este nuevo documento, que se realizará de manera electrónica a través de Internet.

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España y la UE firman un acuerdo para la Agencia de Salud Laboral en Bilbao

Este acuerdo establece las reglas básicas para que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao, pueda operar plenamente en España. Define su estatus legal, sus privilegios y las facilidades que tendrá para desarrollar su importante labor.

Lo que cambia es que ahora España y la UE tienen un marco legal claro y acordado para la agencia. Esto significa que la agencia puede funcionar sin problemas, con las garantías necesarias para su personal y sus actividades, asegurando que cumpla su misión de mejorar la seguridad y salud en el trabajo en toda Europa.

El acuerdo entró en vigor el pasado 26 de enero de 2015, una vez que ambas partes, España y la Unión Europea, confirmaron que habían completado todos los trámites internos necesarios para su aplicación. Esto permite que las disposiciones del acuerdo se apliquen desde esa fecha.

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Información clara sobre alimentos sin envasar y a medida

Este Real Decreto establece las normas para informar a los consumidores sobre los alimentos que compran. Se aplica a los alimentos que se venden sin envoltorio, a los que se envasan en el momento de la compra a petición del cliente, y a los que se preparan y envasan en el propio establecimiento para su venta inmediata.

Lo más importante es que obliga a informar sobre los alérgenos presentes en estos alimentos. Esto significa que si un alimento contiene ingredientes que pueden causar alergias, como frutos secos, gluten o lácteos, esta información deberá estar claramente visible para que las personas con estas sensibilidades puedan tomar decisiones informadas y seguras.

La norma entró en vigor el 4 de marzo de 2015. Su objetivo es garantizar que todos los consumidores tengan acceso a la información necesaria para elegir y consumir alimentos de forma segura, especialmente aquellos con alergias o intolerancias alimentarias.

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¿Qué es? Una ley que permite al Gobierno de Canarias declarar ciertas inversiones y proyectos empresariales como de "interés estratégico". Para ello evalúa si generan empleo, benefician sectores importantes (turismo, energías, industria, tecnología) o mejoran la economía de las islas.

¿A quién afecta? Afecta a todas las administraciones públicas canarias —regionales, locales y organismos públicos— que deben procesar los expedientes y permisos de estas inversiones declaradas estratégicas.

¿Qué cambia o establece? Establece que estos proyectos estratégicos tendrán tramitación preferente en todas las administraciones canarias y sus plazos administrativos se reducen a la mitad. También refuerza un Comité que supervisa este tipo de inversiones.

¿Qué es? Modificación de la ley que regula la Prestación Canaria de Inserción. Se trata de una ayuda económica que proporciona apoyo a las personas sin recursos para cubrir necesidades básicas de alimentación y vivienda, además de ofrecer programas para favorecer su integración social y laboral.

¿A quién afecta? Afecta a personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. La reforma amplía el colectivo de beneficiarios: ahora acceden personas que han perdido el empleo y agotado todas las prestaciones públicas, no solo quienes estaban en clara exclusión. También beneficia especialmente a familias con miembros que reciben prestaciones por dependencia.

¿Qué cambia o establece? Reduce los requisitos de acceso: se exige un año de residencia en lugar de tres, y se consideran tres meses sin ingresos en lugar de uno. Simplifica trámites: la administración recopila datos automáticamente sin que el solicitante tenga que presentarlos todos. Establece un plazo máximo de dos meses para responder a las solicitudes. Introduce acuerdos con empresas para facilitar la búsqueda de empleo de los beneficiarios. Aumenta protección para familias con miembros dependientes, exonerándolas de aportar esos ingresos en los cálculos de la prestación.

¿Qué es? Una orden que modifica el formulario de solicitud de voto para españoles que viven en el extranjero. Este formulario (modelo VC.1c) lo usan los ciudadanos inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) para solicitar permiso de voto desde el extranjero.

¿A quién afecta? A todos los españoles inscritos en el CERA que residen en el extranjero y desean ejercer su derecho al voto en elecciones.

¿Qué cambia o establece? Introduce una nueva forma de enviar la solicitud: además del correo postal o fax, ahora se puede hacer por internet a través de la Sede Electrónica del INE. El nuevo formulario incluirá una Clave de Tramitación Telemática (CTT) única para cada elector y elección. Quienes envíen la solicitud por vía telemática deberán acreditar su identidad con un certificado electrónico reconocido o usando esa clave CTT, aportando copia de su DNI, pasaporte o certificado de nacionalidad. El envío electrónico permite obtener un justificante de presentación de la solicitud.

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Ampliación de la Zona Franca de Tenerife y su gestión

Esta orden ministerial actualiza la normativa de la Zona Franca de control tipo II en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Inicialmente, esta zona franca fue creada y es administrada por un Consorcio específico. El objetivo principal de esta modificación es permitir la incorporación del Ayuntamiento de Granadilla de Abona como miembro de dicho Consorcio.

Concretamente, se modifica la composición del Consorcio para incluir al Ayuntamiento de Granadilla de Abona, además de los representantes ya existentes de diversas administraciones públicas y entidades económicas. También se aprueban los nuevos Estatutos del Consorcio, adaptándolos a la legislación vigente que establece que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas es quien debe aprobarlos.

Esta orden entró en vigor el 3 de marzo de 2015, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, permitiendo así la aplicación inmediata de los cambios en la estructura y gestión de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife.

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Ayuntamientos deben informar sobre su esfuerzo fiscal

Esta resolución explica cómo los ayuntamientos deben presentar información sobre cuánto recaudan y cuánto gastan en comparación con otros municipios similares. Esto es necesario para que el Estado pueda calcular correctamente la cantidad de dinero que cada ayuntamiento recibe de los impuestos estatales.

Concretamente, los ayuntamientos deben enviar datos sobre la recaudación de impuestos como el IBI, el Impuesto de Actividades Económicas y el de Vehículos de Tracción Mecánica, así como la base imponible del IBI. Esta información se refiere al ejercicio de 2013 y debe presentarse antes del 30 de junio de 2015.

La resolución detalla cómo se debe presentar esta información, pudiendo ser en papel o de forma telemática a través de internet, y entra en vigor para el cálculo de la participación de los municipios en los tributos del Estado correspondiente al año 2015.

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Cooperación en navegación por satélite entre Europa y Marruecos

Este acuerdo establece una colaboración entre la Unión Europea (representada por la Comunidad Europea y sus Estados miembros) y el Reino de Marruecos para trabajar juntos en sistemas de navegación por satélite civiles. El objetivo principal es fomentar y mejorar la cooperación en el desarrollo de estas tecnologías, reconociendo la importancia de sistemas como GALILEO para la infraestructura de navegación en ambas regiones y el creciente uso de estas aplicaciones a nivel mundial.

Lo que cambia concretamente es que se formaliza una vía de cooperación para que Europa y Marruecos colaboren en el desarrollo de sistemas de navegación por satélite. Esto incluye el intercambio de información y el impulso de tecnologías que mejoran la precisión, disponibilidad e integridad de las señales de navegación, como el sistema europeo EGNOS. Se busca fortalecer los lazos existentes, especialmente en el marco del Acuerdo de Asociación Euromediterráneo.

Este acuerdo fue hecho en Bruselas el 12 de diciembre de 2006. La fecha de entrada en vigor para el ciudadano español se refiere a la fecha en que la resolución que aprueba este acuerdo fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 28 de febrero de 2015. Por lo tanto, a partir de esa fecha, los efectos de este acuerdo de cooperación son aplicables en España.

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Nuevos precios para tabaco

Esta resolución informa sobre los precios de venta al público de ciertos productos de tabaco, como cigarrillos y cigarros, en estancos de la Península e Illes Balears. Estos precios ya incluyen todos los impuestos aplicables.

Lo que cambia concretamente es que se actualizan los importes que los consumidores pagarán por marcas específicas de cigarrillos y cigarros. Por ejemplo, se fijan los precios para Pall Mall New Orleans Largo 100’S, así como para diversas variedades de las marcas Camacho, Carlos Toraño y Coloniales.

Esta resolución entró en vigor el 28 de febrero de 2015, que es la fecha de publicación del documento. Por lo tanto, los precios actualizados se aplicaron desde ese momento en los puntos de venta autorizados.

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Actualización del cálculo de provisiones para seguros de vida

Este Real Decreto modifica las reglas para calcular las reservas que las aseguradoras deben tener para los seguros de vida. El objetivo es que estos cálculos se acerquen más a las normativas europeas, especialmente a Solvencia II, que busca una mayor solidez en el sector asegurador.

Concretamente, se ajusta el tipo de interés utilizado para determinar estas provisiones. Esto se hace para evitar que la bajada de los tipos de interés en el mercado obligue a las aseguradoras a aumentar sus reservas de forma drástica, lo que podría repercutir en un encarecimiento de las primas para los asegurados.

La nueva metodología de cálculo, alineada con Solvencia II, se aplicará a partir del ejercicio 2016. Se establece un periodo transitorio para facilitar esta adaptación progresiva, permitiendo que las empresas españolas se ajusten sin desvirtuar los objetivos de la normativa europea.

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España y la UNESCO crean un centro para proteger la naturaleza mediterránea

Este acuerdo establece la creación de un centro internacional en España, bajo los auspicios de la UNESCO, dedicado a las reservas de biosfera del Mediterráneo. Su objetivo es fomentar la cooperación entre países de ambas orillas del mar para proteger su rica cultura y naturaleza compartida.

Concretamente, España se compromete a poner en marcha este centro, que tendrá autonomía jurídica y funcional dentro del territorio español. Esto le permitirá realizar sus actividades, firmar contratos, iniciar acciones legales y gestionar bienes, todo ello en colaboración con la UNESCO.

El acuerdo fue firmado en Barcelona el 5 de abril de 2014 y la resolución que lo aprueba entró en vigor el 28 de febrero de 2015, marcando un paso importante para la conservación del patrimonio natural y cultural del Mediterráneo.

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