El Horno

El Tribunal Supremo anula partes del convenio de Ferrocarriles de Vía Estrecha

Esta sentencia del Tribunal Supremo afecta a los trabajadores de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) y a las empresas ADIF y Renfe-Operadora. Lo que ocurre es que se anulan varios puntos del XIX Convenio colectivo de FEVE, considerados ilegales por el tribunal. Esto significa que ciertas normas que regulaban aspectos como la composición de comisiones o la revisión de materias específicas dejan de tener validez.

Concretamente, se anulan partes del artículo 5 sobre la representación de los trabajadores, del artículo 6 y 12 sobre las decisiones de la Comisión Paritaria, la totalidad de la disposición adicional segunda y una expresión de la disposición adicional cuarta. Estos cambios impactan directamente en cómo se toman ciertas decisiones y quiénes participan en ellas dentro de la estructura de FEVE.

La sentencia es del 3 de febrero de 2015, pero su publicación y efectos prácticos se materializan a partir de su notificación y publicación oficial. Por lo tanto, los cambios son efectivos desde que se hizo pública la resolución y se aplicaron las consecuencias de la anulación de estos preceptos.

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¿Qué es? Una sentencia del Tribunal Supremo que anula la decisión anterior de incluir el Nicotiana glauca Graham (también llamado tabaco moruno) en el Catálogo oficial de especies exóticas invasoras de España. Un tribunal de lo contencioso-administrativo consideró que la inclusión de esta planta no era legal.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a la empresa "Cultivos Energéticos de Marruecos S.L.", que ganó el juicio. Pero también afecta a cualquier persona que cultive, posea o comercialice esta planta en España, ya que deja de tener la restricción legal de ser catalogada como invasora.

¿Qué cambia o establece? Elimina del Catálogo español la clasificación de la Nicotiana glauca Graham como especie exótica invasora. Esto significa que esta planta ya no está sujeta a las prohibiciones y restricciones que tenían los organismos invasores, aunque cada región puede tener sus propias normas sobre ella.

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¿Qué es? Es una sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2015 que anula una parte de una orden ministerial de 2013 sobre los peajes que pagan los generadores de electricidad para acceder a la red eléctrica nacional. La sentencia responde a una demanda de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los generadores de energía eólica y otros productores del régimen especial, que son quienes pagan los peajes de acceso a la red. También afecta al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que es quien debe aplicar la sentencia. De forma más general, impacta en cómo se fijan los costes de acceso a la red eléctrica.

¿Qué cambia o establece? La sentencia anula el artículo 9.1 de la orden de 2013 porque ese artículo no incluía unos suplementos adicionales (llamados suplementos territoriales) en los costes que deben pagar los generadores. El Tribunal ordena al Ministerio de Industria que incluya esos suplementos en los peajes de 2013 y años siguientes. También reconoce que los generadores tienen derecho a una compensación económica por los años en que se les cobró incorrectamente.

Actualización de precios para el gas licuado por tubería

Esta resolución informa sobre los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo (GLP) que llegan a los hogares a través de canalizaciones. Estos precios se establecen para garantizar un sistema de determinación y actualización automática, permitiendo que los consumidores conozcan el coste antes de impuestos de este tipo de suministro energético.

Lo que cambia concretamente es la publicación de los valores actualizados de estos precios. La normativa vigente establece un sistema para fijar estos costes y su actualización periódica. La Dirección General de Política Energética y Minas es la encargada de realizar los cálculos y emitir las resoluciones que publican estos nuevos precios.

La entrada en vigor de estos nuevos precios se produce el tercer martes de cada mes, según lo establecido en la normativa que regula el suministro de GLP por canalización. Esto asegura que los consumidores tengan información actualizada sobre el coste de este servicio energético.

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Nuevos precios máximos para bombonas de gas

Esta resolución establece los precios máximos de venta, antes de impuestos, para las bombonas de gas licuado del petróleo (GLP) de entre 8 kg y 20 kg. El objetivo es garantizar que los ciudadanos puedan acceder a este suministro energético a un precio regulado y predecible.

Concretamente, se actualizan los precios de venta al público de estas bombonas, que se revisarán cada dos meses. Los nuevos precios entrarán en vigor a partir del tercer martes del mes en que se realice la revisión, asegurando que los cambios se apliquen de forma sistemática y con antelación suficiente.

La medida, publicada el 18 de mayo de 2015, se aplica a los suministros pendientes de ejecución a partir del 19 de mayo de 2015 en todo el territorio español. Las comunidades autónomas como Canarias, Ceuta y Melilla pueden tener variaciones específicas.

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Actualización de precios de tabaco

Esta resolución informa sobre los nuevos precios de venta al público de ciertos productos de tabaco, como cigarros, cigarritos y picaduras para liar y para pipa. Estos precios se aplican en los estancos de la Península e Illes Balears y ya incluyen todos los impuestos correspondientes.

Los cambios concretos se refieren a marcas y formatos específicos de tabaco, con sus respectivos precios actualizados. Por ejemplo, se detallan los precios para diferentes tipos de cigarros de marcas como Miro o Monte Negro, así como para picaduras de liar de Winston y picaduras de pipa de Dan T.

La resolución entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 16 de mayo de 2015. Por lo tanto, los precios actualizados se aplicaron desde esa fecha.

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Nuevas normas para certificados de aeronaves de uso exclusivo

Esta resolución establece las reglas específicas para obtener los certificados que acreditan que una aeronave es segura para volar y que su mantenimiento está al día. Se aplica a aquellas aeronaves que, teniendo un certificado de tipo europeo (EASA), se van a utilizar únicamente para operaciones muy concretas, como la lucha contra incendios o la búsqueda y salvamento.

Lo que cambia es que, en lugar de usar los formularios europeos habituales, se utilizarán formularios propios de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Además, se deberán cumplir requisitos adicionales y excepciones contempladas en una normativa española anterior, garantizando que estas aeronaves cumplen con las exigencias de seguridad para sus misiones específicas.

La resolución entró en vigor el 15 de mayo de 2015, fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, y es fundamental para asegurar la operatividad y seguridad de estas aeronaves especializadas.

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Actualización de normas para equipos de barcos

Esta orden actualiza las reglas técnicas que deben cumplir los equipos que se instalan en los barcos. El objetivo es asegurar que estos equipos cumplan con las normativas internacionales más recientes, como las del Convenio SOLAS, que buscan garantizar la seguridad en la navegación marítima.

Lo que cambia concretamente es el contenido del Anexo A del Real Decreto 809/1999. Este anexo detalla los requisitos técnicos y las normas de ensayo que deben superar los equipos marinos. La actualización se realiza para incorporar las últimas modificaciones introducidas por la Unión Europea a través de una Directiva, adaptando así las normas españolas a los estándares europeos.

Esta orden entró en vigor el 15 de mayo de 2015. Su aplicación es necesaria para que los equipos marinos fabricados o comercializados en España cumplan con la legislación europea vigente y puedan ser utilizados en buques, garantizando así la seguridad y el cumplimiento normativo en el sector marítimo.

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¿Qué es? Una norma que establece cómo reconocer los certificados de seguridad de aeronaves europeas (certificados EASA) cuando estas realizan operación mixta, es decir, cuando combinan vuelos civiles con vuelos especiales de lucha contra incendios, búsqueda y salvamento u otras actividades similares.

¿A quién afecta? A los propietarios, representantes u operadores de aeronaves que tienen certificado europeo de seguridad (EASA) y que quieren realizar operación mixta.

¿Qué cambia o establece? Establece que quienes quieran hacer operación mixta deben solicitarlo a la oficina de Seguridad en Vuelo de su zona, la cual verificará que el certificado de seguridad sea válido y esté actualizado. Si todo está correcto, expide un documento de reconocimiento oficial. Esta norma anula la anterior de 2010, pero los reconocimientos ya concedidos bajo aquella norma siguen siendo válidos.

¿Qué es? Una norma que autoriza al Ministerio de Defensa a gastar 856.440.673,35 euros adicionales en su presupuesto de 2015. El dinero se destina a tres áreas: pagar obligaciones de contratos de compra de armas y equipos militares (Programas Especiales de Armamento), adquirir munición para las Fuerzas Armadas, y realizar obras de reforma en la planta 22 del Hospital Militar Central Gómez Ulla.

¿A quién afecta? Afecta al Ministerio de Defensa, que recibe estos créditos adicionales. Afecta también a las empresas y contratistas que venden equipos militares al Estado (fragatas, aviones, carros de combate, municiones), que podrán recibir los pagos que se les deben. Y afecta a las operaciones de las Fuerzas Armadas, que podrán modernizarse con estos equipos y municiones.

¿Qué cambia o establece? Establece que el Ministerio de Defensa puede gastar 846.440.673,35 euros en equipos y armas pendientes de pago (fragatas F-100, aviones EF-2000 y A-400, carros Leopardo y buques), 6 millones de euros en munición para ejercicios y reserva de guerra, y 4 millones de euros en la remodelación del Hospital Militar Gómez Ulla en el año 2015. Todo este gasto es extraordinario porque va más allá del presupuesto anual normal.

¿Qué es? Este Real Decreto modifica dos normas anteriores sobre instrumentos de apoyo financiero oficial a la internacionalización de empresas españolas. En concreto, ajusta el funcionamiento del sistema de Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI) para la concesión de créditos a la exportación, y regula los Fondos para Inversiones en el Exterior (FIEX) y para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME) que gestiona COFIDES.

¿A quién afecta? Afecta a las entidades financieras que participan en el sistema CARI y otorgan créditos a empresas españolas exportadoras, y a las empresas españolas que buscan financiación para operaciones de inversión en el exterior. También afecta a COFIDES, organismo especializado en financiar operaciones de inversión y capital riesgo en el exterior.

¿Qué cambia o establece? El decreto establece que la Secretaría de Estado de Comercio puede autorizar de forma excepcional un margen o comisión adicional que el deudor o terceros paguen a las entidades financieras para cubrir sus costes de financiación. Este margen adicional no se considera dentro del tipo de interés activo a efectos de los ajustes del CARI. También modifica el funcionamiento de los Comités Ejecutivos de FIEX y FONPYME para adaptar su administración a la práctica operativa.

¿Qué es? Es un programa de subvenciones del Ministerio de Industria para incentivar la compra de vehículos nuevos eficientes. Se llama PIVE-8 (la octava edición del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente) y está regulado por este Real Decreto. Ofrece ayudas económicas a quien compre un vehículo turismo o comercial nuevo a cambio de desguazar uno antiguo. Cuenta con 225 millones de euros de presupuesto y estará activo hasta el 31 de diciembre de 2015, o hasta que se agote el dinero.

¿A quién afecta? Afecta a ciudadanos que deseen comprar un vehículo nuevo turismo o comercial y que tengan un vehículo antiguo para desguazar. El comprador debe ser mayor de edad (excepto si tiene discapacidad), debe haber sido dueño del vehículo antiguo durante al menos 12 meses antes de solicitar la ayuda, y ese vehículo antiguo debe tener la Inspección Técnica de Vehículos en vigor. También afecta a concesionarios y puntos de venta que se adhieran al programa, que deben informar a los compradores sobre técnicas de conducción eficiente.

¿Qué cambia o establece? Establece una subvención de 750 euros por vehículo (reducida respecto a ediciones anteriores que eran 1.000 euros). Fija límites de precio: 20.000 euros para los turismos normales, y 40.000 euros para vehículos eléctricos e híbridos. Requiere que el vehículo antiguo a desguazar tenga la Inspección Técnica vigente. Prohíbe combinar esta ayuda con otras subvenciones del Estado para compra de vehículos. La ayuda se concede automáticamente a quién cumpla con los requisitos, siempre que haya presupuesto disponible.

El Tribunal Constitucional revisa una ley de 2008 sobre fondos de inversión y empleo

El Tribunal Constitucional ha decidido estudiar si una parte de un Real Decreto-ley de 2008, que creaba fondos para invertir y dinamizar la economía y el empleo, es inconstitucional. Esto significa que se va a analizar si esa ley respetó las competencias que la Constitución otorga al Estado frente a las Comunidades Autónomas.

Concretamente, se cuestionan los artículos 8 y 10 de dicha norma. La duda surge porque se considera que podrían estar invadiendo competencias exclusivas del Estado en materia de legislación básica de economía y hacienda, tal y como se establece en la Constitución.

Esta decisión del Tribunal Constitucional se ha hecho pública el 15 de mayo de 2015. El proceso judicial que ha llevado a esta revisión comenzó en 2013 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y ahora el Tribunal Constitucional se encargará de resolver si la ley es o no conforme a la Constitución.

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El Tribunal Constitucional revisa una ley sobre fondos de inversión y empleo

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una consulta sobre la constitucionalidad de dos artículos de un Real Decreto-ley de 2008. Este decreto creaba fondos para invertir en proyectos locales y dinamizar la economía y el empleo, financiados con créditos extraordinarios.

La duda surge porque se considera que estos artículos podrían haber invadido competencias exclusivas del Estado en materia de legislación básica de economía y hacienda pública, según lo establecido en la Constitución. Es decir, se cuestiona si el Gobierno central se extralimitó al legislar sobre estas materias.

La decisión sobre si los artículos son constitucionales o no aún está pendiente. El Tribunal Constitucional ha reservado para sí el conocimiento del caso, lo que significa que será él quien tome la decisión final. Las partes afectadas en el procedimiento original tienen un plazo para personarse ante el Tribunal.

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El Tribunal Constitucional revisa una ley sobre fondos de inversión y empleo

El Tribunal Constitucional está analizando si dos artículos de un Real Decreto-ley de 2008, que creaba fondos para invertir en la economía y el empleo, cumplen con la Constitución. Estos artículos, el 8 y el 10, se refieren a la creación y financiación de estos fondos estatales.

La duda surge porque se sospecha que estos artículos podrían estar invadiendo competencias que la Constitución reserva exclusivamente al Estado central, concretamente en materia de legislación básica de economía y hacienda. Si el Tribunal considera que hay inconstitucionalidad, esos artículos podrían ser anulados o modificados.

Esta revisión se inició en mayo de 2015, cuando un tribunal de Madrid planteó la cuestión. El proceso ante el Tribunal Constitucional puede ser largo, pero la decisión final afectará la aplicación de estas medidas de financiación y su encaje legal dentro del marco constitucional español.

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¿Qué es? El Tribunal Constitucional decide admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Presidente del Gobierno contra varios artículos (del 52 al 68) de una norma asturiana sobre impuestos. Este recurso cuestiona si esos artículos son conformes a la Constitución.

¿A quién afecta? Afecta a las partes involucradas en el proceso (como el Gobierno) desde el 29 de abril de 2015, y a todos los demás (terceros) desde que se publique en el Boletín Oficial del Estado.

¿Qué cambia o establece? Establece que los artículos 52 a 68 del Decreto Legislativo 1/2014 de Asturias quedan suspendidos: no se aplican ni funcionan mientras el Tribunal Constitucional analiza si son válidos según la Constitución. La suspensión entra en vigor inmediatamente para quienes ya estaban en el proceso.

¿Qué es? Un acuerdo aprobado por el Pleno de Les Corts el 25 de marzo de 2015 que reforma el Reglamento de Les Corts para crear nuevos mecanismos que permitan que ciudadanos, asociaciones, municipios y expertos participen en los debates sobre proyectos de ley antes de que se aprueben.

¿A quién afecta? Afecta a ciudadanos que quieren hacer llegar peticiones a Les Corts, a asociaciones y organizaciones acreditadas, a corporaciones de derecho público, a profesionales y expertos, y a alcaldes de municipios de la Comunidad Valenciana que deseen participar en asuntos legislativos que les afecten.

¿Qué cambia o establece? Crea una Comisión Especial de Participación Ciudadana donde representantes de la sociedad civil pueden comparecer para opinar sobre los proyectos de ley; establece que ciertos proyectos deben someterse a este procedimiento de participación antes de que se abra el plazo de enmiendas parlamentarias; refuerza el derecho a la transparencia y acceso a la información pública; y modifica la Comisión de Peticiones para que sus resoluciones puedan formularse en un plazo de tres a seis meses.

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¿Qué es? Una ley que regula y organiza el sistema de bibliotecas en Aragón. Establece las bases para la planificación, coordinación y funcionamiento de todas las bibliotecas públicas de la comunidad autónoma, actualizando la normativa anterior de 1986 para incorporar las nuevas tecnologías y responder a la evolución de los servicios bibliotecarios como centros de acceso a la información y la cultura.

¿A quién afecta? A todos los ciudadanos aragoneses, que tienen derecho de acceso a estos servicios. También a los municipios, que están obligados a tener servicio de bibliotecas si tienen más de cinco mil habitantes. Afecta igualmente a las comarcas, que gestionan las bibliotecas de su territorio, y a la Comunidad Autónoma, responsable de la planificación y coordinación general. Incluye también a las bibliotecas de centros educativos y especializadas que se integren en el sistema.

¿Qué cambia o establece? Crea el Sistema de Bibliotecas de Aragón bajo dirección de la administración autonómica. Establece la Biblioteca de Aragón como el centro principal. Funda la Red de Bibliotecas Públicas de Aragón para que todos los ciudadanos tengan acceso a iguales servicios sin importar dónde vivan. Define los derechos y deberes de usuarios. Incorpora las nuevas tecnologías de información. Introduce por primera vez un régimen sancionador propio para infracciones en bibliotecas. Distribuye competencias entre la comunidad autónoma, comarcas y municipios.

¿Qué es? Esta ley modifica el impuesto que el Principado de Asturias aplica sobre el consumo de agua. El impuesto existe para promover el uso racional del agua y proteger el medio ambiente. La ley añade reglas especiales para un tipo concreto de negocio: los alojamientos rurales.

¿A quién afecta? Afecta a los propietarios y gestores de casas de aldea y apartamentos turísticos rurales definidos en la normativa asturiana de turismo rural. Estos alojamientos, especialmente los situados en zonas sin conexión a redes de saneamiento públicas, reciben un trato diferente en el impuesto por sus características: están en entorno rural, tienen consumo estacional, generan empleo en zonas desfavorecidas y enfrentan desventajas reales frente a otras viviendas de alquiler.

¿Qué cambia o establece? La ley establece una cuota fija de 3 euros mensuales para estos alojamientos rurales, más una tarifa variable según el consumo de agua: 0,3993 euros por metro cúbico hasta 15.000 m³ al mes; 0,4792 euros por metro cúbico entre 15.001 y 25.000 m³; y 0,5590 euros por metro cúbico por encima de 25.000 m³. La ley entra en vigor el 1 de noviembre de 2015.

¿Qué es? Esta ley crea el Colegio Profesional de Criminólogos del Principado de Asturias. Se trata de una organización pública con personalidad jurídica propia que agrupa a los profesionales criminólogos de la región. El colegio se encargará de ordenar el ejercicio de la profesión, establecer normas de comportamiento profesional y proteger los intereses de quienes reciben servicios de estos profesionales.

¿A quién afecta? Afecta a los criminólogos que tengan el título universitario oficial de Licenciado en Criminología, Grado en Criminología, Máster Universitario o Doctorado en esta materia. También pueden integrarse quienes posean títulos extranjeros equivalentes debidamente homologados. De forma transitoria, durante doce meses tras la entrada en vigor de la ley, pueden afiliarse profesionales con otras titulaciones universitarias que hayan trabajado en criminología y tengan el título de Criminología de la Universidad de Oviedo.

¿Qué cambia o establece? Establece que el colegio se constituirá a través de un proceso que incluye una Asamblea Constituyente, una Comisión Gestora (que será la Asociación de Criminólogos existente) y una Comisión de Habilitación que verificará quién puede integrarse. El colegio debe aprobar estatutos definitivos que cumplan con los requisitos legales. Su ámbito territorial es el Principado de Asturias, y se relacionará con las consejerías y administraciones públicas cuyas competencias afecten al ejercicio de la criminología.

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Plan de Prevención para 2015

Esta resolución establece el plan de actividades preventivas que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social deben seguir durante el año 2015. Su objetivo es organizar y priorizar las acciones destinadas a mejorar la seguridad y salud en el trabajo, asegurando un uso eficiente de los recursos económicos de la Seguridad Social.

Concretamente, se prorrogan los programas, criterios y prioridades del año anterior, pero se actualizan los sectores económicos y enfermedades profesionales que serán objeto de atención. Esto incluye la adaptación del plan a los datos más recientes y la publicación de anexos con las modificaciones necesarias para el nuevo período.

Esta normativa entró en vigor en 2015, ya que la resolución fue emitida en mayo de ese año y se refiere a la planificación para el ejercicio completo.

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Ayudas fiscales tras las inundaciones del Ebro

Esta ley establece medidas urgentes para ayudar a los ciudadanos de Aragón afectados por las graves inundaciones ocurridas en la cuenca del río Ebro. Su objetivo es paliar los daños sufridos y facilitar la recuperación de bienes públicos y privados.

Concretamente, se introducen beneficios fiscales en impuestos como el de la Renta, Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones y Donaciones. Por ejemplo, las ayudas públicas recibidas para compensar los daños por inundación estarán exentas en el IRPF. También se aplican tipos reducidos en la compra de viviendas y vehículos para reemplazar los afectados por las inundaciones.

Estas medidas fiscales entraron en vigor en 2015, coincidiendo con el año en que se aplicaron los beneficios para hacer frente a las consecuencias inmediatas de las inundaciones y apoyar la reconstrucción.

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¿Qué es? Esta ley crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos. Se trata de una organización pública con capacidad legal propia que agrupa a los diferentes colegios profesionales de pedagogos y psicopedagogos que existen en las distintas regiones del país. Es decir, actúa como el órgano central que coordina a todos estos colegios profesionales a nivel nacional.

¿A quién afecta? Afecta a los pedagogos y psicopedagogos profesionales colegiados, ya que sus colegios profesionales regionales pasan a estar representados y coordinados por este nuevo consejo. También afecta a la Administración, concretamente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que será el interlocutor de este nuevo consejo.

¿Qué cambia o establece? La ley establece que el consejo se constituirá mediante una Comisión Gestora que elaborará unos estatutos provisionales en el plazo de seis meses. Estos estatutos regularán cómo funciona el consejo y sus órganos de gobierno. Una vez constituido formalmente, el consejo tendrá un año para elaborar sus estatutos definitivos, que deberán ser aprobados por el Gobierno. La ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.