El Horno

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Recurso de inconstitucionalidad n.º 4751-2017, contra diversos preceptos de la L ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad 4751-2017 contra diversos preceptos de la Ley de Cataluña 10/2017, promovido por el Presidente del Gobierno.

2. CONTEXTO El recurso fue interpuesto por el Presidente del Gobierno en fecha 29 de septiembre de 2017, en virtud del artículo 161.2 de la Constitución. Se impugnaron artículos y disposiciones de la Ley de Cataluña 10/2017, que modificaba los Libros Segundo y Cuarto del Código Civil de Cataluña. El Pleno del Tribunal Constitucional decidió admitir el recurso a trámite el 17 de octubre de 2017.

3. CONTENIDO JURÍDICO El recurso de inconstitucionalidad 4751-2017 fue presentado por el Presidente del Gobierno contra diversos preceptos de la Ley de Cataluña 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los Libros Segundo y Cuarto del Código Civil de Cataluña. Se impugnaron específicamente el artículo 6, artículo 8, artículo 10, artículo 11 y la disposición final primera de dicha ley. Estos preceptos se consideraron vulnerables al derecho fundamental de autonomía de los ciudadanos, en particular en relación con el derecho a la libertad de expresión y la libertad de asociación, así como al derecho a la propiedad. El Presidente del Gobierno invocó el artículo 161.2 de la Constitución, lo que determinó la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso, es decir, desde el 29 de septiembre de 2017, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros.

El Tribunal Constitucional, al admitir a trámite el recurso, no dictó una sentencia definitiva, sino que abrió el procedimiento para que se analicen los argumentos presentados por las partes. En este sentido, el recurso se someterá a un análisis detallado por el Pleno del Tribunal Constitucional, que determinará si los preceptos impugnados son constitucionales o no.

La admisión a trámite del recurso no implica una decisión sobre la constitucionalidad de los preceptos en cuestión, sino que permite que se desarrollen las fases del procedimiento, incluyendo la audiencia de las partes, la presentación de memorandos y la eventual resolución final.

El recurso se enmarca en el marco de la competencia del Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución y la uniformidad del derecho en todo el territorio nacional. La admisión del recurso refleja la importancia que se le da a la protección de los derechos fundamentales y a la vigencia de la Constitución frente a normas de ámbito autonómico que puedan ser consideradas incompatibles con su texto.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cataluña 10/2017. El recurso fue interpuesto por el Presidente del Gobierno en virtud del artículo 161.2 de la Constitución, lo que determinó la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados. El Pleno del Tribunal Constitucional inició el procedimiento para analizar la constitucionalidad de los artículos y disposiciones cuestionados.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Admisión a trámite del recurso: El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad 4751-2017. ⚠️ Suspensión de la vigencia: Por el artículo 161.2 de la Constitución, se suspendió la vigencia de los preceptos impugnados desde el 29 de septiembre de 2017. 📋 Preceptos impugnados: Se impugnaron artículos 6, 8, 10, 11 y la disposición final primera de la Ley de Cataluña 10/2017. ℹ️ Procedimiento abierto: El recurso se someterá a un análisis detallado por el Pleno del Tribunal Constitucional.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 19 de octubre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que s ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 14/2017, que reactiva temporalmente el programa de recualificación profesional para personas que agoten su protección por desempleo.

2. CONTEXTO El Real Decreto-ley 14/2017 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 7 de octubre de 2017. Este texto establecía una medida extraordinaria para la reactivación del programa de recualificación profesional. El Congreso de los Diputados, en sesión del 19 de octubre de 2017, acordó convalidar dicha norma.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 19 de octubre de 2017 del Congreso de los Diputados tiene por objeto ordenar la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre de 2017. Este Real Decreto-ley fue aprobado con el fin de reactivar temporalmente el programa de recualificación profesional para personas que agoten su protección por desempleo. La convalidación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución Española, que establece que el Congreso de los Diputados puede convalidar normas decretadas en estado de necesidad o de urgencia, siempre que no se haya producido el desacuerdo entre las Cortes Generales. En este caso, el Real Decreto-ley fue aprobado en estado de necesidad, por lo que su convalidación por parte del Congreso de los Diputados es necesaria para su validez plena. La convalidación se realiza mediante un acuerdo del Congreso, que se formaliza en esta Resolución. La norma se publica en el Boletín Oficial del Estado para garantizar su conocimiento general. El texto legal establece que el Real Decreto-ley 14/2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 242, de 7 de octubre de 2017, y que su convalidación se efectúa en la fecha indicada en la Resolución. La convalidación no modifica el contenido de la norma, sino que le da efectos legales plenos. Esta medida se enmarca dentro del marco de políticas públicas orientadas a la formación y empleabilidad de los desempleados, con el fin de reducir el desempleo y mejorar la inserción laboral. La convalidación del Real Decreto-ley se realiza en el marco de la legislación vigente, sin que se haya producido el desacuerdo entre las Cortes Generales, lo que permite su entrada en vigor.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución convalida el Real Decreto-ley 14/2017, que reactiva el programa de recualificación profesional. Se publica para garantizar su conocimiento general. La convalidación se realiza en cumplimiento de la Constitución.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Convalidación del Real Decreto-ley 14/2017: El Congreso de los Diputados convalida la norma que reactiva el programa de recualificación profesional. ⚠️ Estado de necesidad: La norma fue aprobada en estado de necesidad, por lo que su convalidación es necesaria. 📋 Publicación en el BOE: La norma se publica en el Boletín Oficial del Estado para su conocimiento general. ℹ️ Conformidad con la Constitución: La convalidación se realiza conforme al artículo 86.2 de la Constitución Española.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Recurso de inconstitucionalidad n.º 4752-2017, contra diversos preceptos de la L ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad 4752-2017 contra diversos artículos de la Ley de Cataluña 4/2016 sobre protección del derecho a la vivienda.

2. CONTEXTO El recurso fue promovido por el Presidente del Gobierno y se dirige contra artículos específicos de la Ley de Cataluña 4/2016. El Presidente del Gobierno invocó el artículo 161.2 de la Constitución, lo que suspendió la vigencia de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso. La decisión fue tomada el 17 de octubre de 2017.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Pleno del Tribunal Constitucional, en su providencia de 17 de octubre de 2017, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 4752-2017 promovido por el Presidente del Gobierno contra diversos preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial. El recurso se dirige específicamente contra los artículos 8, apartado e), 10.1, 14.8, 15, 16, 17, disposición final tercera, apartado 3, y disposición final sexta de dicha ley.

El Presidente del Gobierno invocó el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso –29 de septiembre de 2017– para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros. Esta suspensión se aplica de forma temporal, limitada al proceso judicial, y no afecta a la vigencia de los preceptos en otros ámbitos.

El recurso se basa en la afirmación de que los artículos impugnados violan el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la libertad de expresión, entre otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española. El Presidente del Gobierno sostiene que dichos artículos limitan excesivamente la libertad de propiedad y de empresa, y que no se ajustan a los principios de legalidad y proporcionalidad.

El Tribunal Constitucional, al admitir el recurso, no ha emitido una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de los artículos impugnados, sino que ha abierto el proceso para que se analice su compatibilidad con la Constitución. Esta decisión no implica que los artículos sean inconstitucionales, sino que se les da la oportunidad de ser revisados en el marco del procedimiento de inconstitucionalidad.

La admisión del recurso se fundamenta en la necesidad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales y en la aplicación del principio de legalidad, que exige que las normas estén en armonía con el ordenamiento constitucional. La suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados se realiza en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución, que establece que las normas cuestionadas quedan suspendidas durante el proceso judicial.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Cataluña 4/2016. El Presidente del Gobierno invocó el artículo 161.2 de la Constitución para suspender temporalmente la vigencia de los preceptos impugnados. El proceso judicial se inicia con la admisión del recurso, sin que se emita una decisión definitiva sobre su constitucionalidad.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Admisión del recurso: El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad 4752-2017. ⚠️ Suspensión de vigencia: Se suspendió la vigencia de los artículos impugnados desde la fecha de interposición del recurso. 📋 Artículos impugnados: Se cuestionaron artículos 8, 10.1, 14.8, 15, 16, 17, disposición final tercera y sexta de la Ley de Cataluña 4/2016. ℹ️ Fundamento legal: El recurso se basa en la invocación del artículo 161.2 de la Constitución, que permite la suspensión de la vigencia de las normas impugnadas durante el proceso judicial.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Decreto-ley 5/2017, de 20 de octubre del Consell, por el que se establece el rég ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Decreto-ley 5/2017 establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana en materia de construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat.

2. CONTEXTO Este Decreto-ley fue aprobado en el marco de la reforma educativa en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa y fomentar la colaboración entre niveles de gobierno. Se publicó en el Boletín Oficial de la Comunitat Valenciana el 21 de octubre de 2017. La norma busca armonizar la gestión de los centros educativos entre la Administración autonómica y local.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Decreto-ley 5/2017 regula el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales en materia de gestión de centros públicos docentes. La norma establece que la Generalitat es la titular de los centros, mientras que las administraciones locales tienen un papel de colaboración en la ejecución de las obras y en la gestión de los mismos. En el artículo 1, se define el objeto de la norma como la regulación del régimen jurídico de cooperación entre ambas administraciones para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat.

En el artículo 2, se establece que la Generalitat es la titular de los centros, y las administraciones locales son colaboradoras en la ejecución de las obras. El artículo 3 detalla las funciones de la Generalitat, entre ellas la planificación, coordinación y supervisión de los proyectos. Por su parte, el artículo 4 establece las funciones de las administraciones locales, que incluyen la participación en la ejecución de las obras, la gestión de los centros y la colaboración en la atención a los usuarios.

El artículo 5 regula el procedimiento de concesión de la gestión de los centros, que se realizará mediante concurso público. El artículo 6 establece que la Generalitat será la responsable de la adjudicación de los contratos de obra, mientras que las administraciones locales participarán en la ejecución de las mismas. En el artículo 7, se establece que las administraciones locales podrán participar en la gestión de los centros en los términos que se determinen en el acuerdo de cooperación.

El artículo 8 detalla el régimen de responsabilidad de las partes, estableciendo que la Generalitat será responsable de la adecuación de los centros, mientras que las administraciones locales serán responsables de la ejecución de las obras. El artículo 9 establece que la Generalitat podrá exigir a las administraciones locales la colaboración en la ejecución de las obras, y que esta colaboración se realizará en los términos que se determinen en el acuerdo de cooperación.

El artículo 10 establece que las administraciones locales podrán participar en la gestión de los centros en los términos que se determinen en el acuerdo de cooperación. El artículo 11 establece que la Generalitat podrá exigir a las administraciones locales la colaboración en la ejecución de las obras, y que esta colaboración se realizará en los términos que se determinen en el acuerdo de cooperación.

El Decreto-ley establece que las administraciones locales podrán participar en la gestión de los centros en los términos que se determinen en el acuerdo de cooperación, y que la Generalitat será la responsable de la adecuación de los centros. La norma establece un marco de colaboración entre ambas administraciones, con la Generalitat como titular y las administraciones locales como colaboradoras en la ejecución de las obras y en la gestión de los centros.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Decreto-ley 5/2017 establece un régimen de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales en materia de gestión de centros educativos. La norma define roles y responsabilidades claras, con la Generalitat como titular y las administraciones locales como colaboradoras. El texto establece un marco legal para la ejecución de obras y la gestión de centros públicos docentes.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales. ⚠️ Define roles y responsabilidades claras entre ambas administraciones. 📋 Regula el procedimiento de concesión de gestión de los centros. ℹ️ Establece un marco de colaboración para la ejecución de obras y gestión de centros.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Es una decisión del Tribunal Constitucional que acepta examinar si la Ley 21/2017 de la Agencia Catalana de Protección Social es conforme con la Constitución. El Presidente del Gobierno presentó una demanda cuestionando esta ley catalana y el Tribunal decidió admitirla para su análisis.

¿A quién afecta? Afecta a la Agencia Catalana de Protección Social y a todas las personas, empresas e instituciones que se rigen por esta ley en Cataluña. También afecta a las partes involucradas en el proceso judicial y a terceros que dependan de esta norma.

¿Qué cambia o establece? Establece que la ley cuestionada queda suspendida y no se puede aplicar desde el 3 de octubre de 2017 para quienes participan en el proceso judicial. Para el resto de personas y entidades, la suspensión entra en vigencia desde que se publique el anuncio oficial en el Boletín Oficial del Estado. La ley permanece suspendida mientras el Tribunal Constitucional estudia si es válida o no.

¿Qué es? Es una resolución del Congreso de los Diputados que aprueba y valida un Real Decreto-ley anterior. El Congreso confirmó el Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, que contenía medidas urgentes relacionadas con la movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional. La resolución ordena que este acuerdo se publique para que todos lo conozcan.

¿A quién afecta? Afecta a los operadores económicos, es decir, a las empresas y profesionales que realizan actividades económicas y que necesitan trasladarse o cambiar de ubicación dentro del territorio nacional. También afecta a cualquier ciudadano o entidad que realice actividades comerciales, industriales o de servicios que requieran movilidad geográfica.

¿Qué cambia o establece? Establece que el Real Decreto-ley 15/2017 queda validado y entra en vigor con todas sus medidas. Estas medidas son urgentes y están dirigidas a facilitar la movilidad de los operadores económicos dentro de España, aunque la resolución no especifica cuáles son exactamente esas medidas, sino que solo confirma que el decreto anterior es válido y debe cumplirse.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución corrige un error en la publicación de la relación de fiestas laborales para el año 2018, especificando que la festividad de La Inmaculada Concepción en Canarias debe marcarse con un asterisco como Fiesta Nacional no sustituible.

2. CONTEXTO La Dirección General de Empleo publicó en el BOE núm. 245, de 11 de octubre de 2017, una resolución con la relación de fiestas laborales para el año 2018. Se detectó un error en la representación de la festividad de La Inmaculada Concepción en la Comunidad Autónoma de Canarias. Se procede a la corrección de dicho error para garantizar la precisión de la información.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de corrección de errores de la Dirección General de Empleo, publicada en el BOE núm. 245, de 11 de octubre de 2017, corrige un error en la relación de fiestas laborales para el año 2018. En concreto, en el «ANEXO Año 2018», en el cuadro correspondiente al mes de diciembre, el día 8, festividad de La Inmaculada Concepción, que figura en blanco y sin codificar en la columna correspondiente a la Comunidad Autónoma de Canarias, debe figurar marcado con un asterisco (*), al corresponder a una Fiesta Nacional no sustituible. Este error se detectó en la página 98994 del BOE. La corrección se realiza para garantizar la precisión de la información publicada y cumplir con el marco legal vigente sobre festividades laborales.

La normativa vigente establece que las fiestas laborales deben ser publicadas con claridad y precisión, incluyendo las fiestas nacionales no sustituibles, que no pueden ser reemplazadas por otros días laborales. En este caso, la festividad de La Inmaculada Concepción, aunque es una festividad regional en Canarias, también se considera Fiesta Nacional no sustituible, por lo que su representación debe ser clara y diferenciada.

La corrección se efectúa mediante una resolución de corrección de errores, lo que permite rectificar información publicada previamente sin necesidad de una nueva publicación completa. Esta medida se ajusta al derecho administrativo, que permite la rectificación de errores en actos publicados, siempre que se haga en el plazo legal y con la debida formalidad.

La resolución no introduce cambios sustanciales en la relación de fiestas laborales, sino que corrige un error de representación, lo cual no afecta el derecho de los trabajadores a disfrutar de las festividades establecidas. La corrección se realiza en el marco de la Ley 35/2015, de 1 de octubre, de Estatuto Básico del Empleado Público, y de la normativa reguladora de las fiestas laborales, que establece que las fiestas nacionales no sustituibles deben ser publicadas con claridad y precisión.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La resolución corrige un error en la publicación de la festividad de La Inmaculada Concepción en Canarias. Se marca con un asterisco como Fiesta Nacional no sustituible. La corrección se realiza para garantizar la precisión de la información.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Corrección de error: Se corrige un error en la publicación de la relación de fiestas laborales para el año 2018. ⚠️ Fiesta Nacional no sustituible: La festividad de La Inmaculada Concepción en Canarias debe marcarse con un asterisco. 📋 Publicación en el BOE: La corrección se publica en el BOE núm. 245, de 11 de octubre de 2017. ℹ️ Normativa aplicable: La corrección se ajusta a la Ley 35/2015, de Estatuto Básico del Empleado Público.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Una Oficina Consular Honoraria de España creada en la ciudad de Kota Kinabalu, en el estado de Sabah, en la isla de Borneo (Malasia). Esta oficina depende de la Embajada de España en Kuala Lumpur y su responsable tiene el título de Cónsul Honorario.

¿A quién afecta? Afecta a los ciudadanos españoles que viven o se encuentran en los estados de Sabah y Sarawak, en la parte insular de Malasia, que necesiten servicios consulares como documentación, trámites administrativos u otras gestiones ante España.

¿Qué cambia o establece? Se establece que los españoles en esa zona pueden acceder a servicios consulares localmente en Kota Kinabalu, sin necesidad de viajar hasta Kuala Lumpur. La oficina funciona con los recursos existentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, sin crear gastos adicionales, y entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

¿Qué es? Una orden ministerial que autoriza la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección de 30 euros. Estas monedas conmemoran el 50 aniversario del nacimiento de Su Majestad el Rey Felipe VI, cuya celebración será el 30 de enero de 2018. Las monedas están fabricadas en plata de 925 milésimas, pesan 18 gramos, tienen un diámetro de 33 milímetros y presentan en el anverso la efigie del Rey y en el reverso su escudo.

¿A quién afecta? Afecta a los ciudadanos que deseen adquirir estas monedas de colección. El Banco de España, las entidades de crédito y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre serán los encargados de distribuirlas. Los particulares podrán solicitar estas monedas a través de las entidades de crédito o directamente, y podrán canjearlas por su valor facial de 30 euros.

¿Qué cambia o establece? Se establece que se acuñará un máximo de 1.000.000 de monedas durante el año 2018, con emisión inicial en el primer trimestre. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñará las monedas por cuenta del Estado y las entregará al Banco de España para su distribución. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera podrá modificar el número máximo de piezas según la demanda del mercado para evitar divergencias entre el valor facial y el numismático.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 13 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Universidades, ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 13 de octubre de 2017 publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de septiembre de 2017, que establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

2. CONTEXTO El Consejo de Ministros adoptó un acuerdo en septiembre de 2017 para otorgar carácter oficial a ciertos títulos de Máster. Esta resolución se emite como cumplimiento de la obligación legal de publicar dicho acuerdo en el Boletín Oficial del Estado. La norma se basa en el Real Decreto 1393/2007, que regula la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 13 de octubre de 2017, emitida por la Secretaría General de Universidades, tiene como finalidad la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de septiembre de 2017, que establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Este acuerdo se fundamenta en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que regula la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

En concreto, el Real Decreto 1393/2007, en su artículo 26, establece que los Acuerdos del Consejo de Ministros que otorguen carácter oficial a títulos universitarios deben publicarse en el «Boletín Oficial del Estado». Por ello, la Secretaría General de Universidades resuelve la publicación del citado acuerdo como anexo a esta resolución.

El Acuerdo del Consejo de Ministros mencionado en la resolución establece que ciertos títulos de Máster, como el Erasmus Mundus en Acción Internacional Humanitaria y el Erasmus Mundus en Eurocultura, son reconocidos como oficiales y deben inscribirse en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Estos títulos son ofrecidos por universidades de múltiples países, lo que refleja la internacionalización de la educación superior en España.

Además, el Real Decreto 1393/2007, en su artículo 3, apartado 3, establece que los planes de estudios de las enseñanzas universitarias deben ser elaborados por las universidades, verificados por el Consejo de Universidades y autorizados por las Comunidades Autónomas. Este proceso garantiza la calidad y la adecuación de los títulos universitarios a los estándares nacionales y europeos.

El Acuerdo del Consejo de Ministros también se basa en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1393/2007, que establece que los estudios universitarios de ciencias no eclesiásticas deben ser reconocidos a efectos civiles. Este reconocimiento es fundamental para garantizar la validez de los títulos en el ámbito laboral y académico.

En resumen, la resolución publica un acuerdo que otorga carácter oficial a diversos títulos de Máster, garantizando su validez legal y su inscripción en el Registro correspondiente. Este proceso se lleva a cabo en cumplimiento de la normativa vigente y con el objetivo de regular y reconocer la calidad de las enseñanzas universitarias en España.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La resolución publica un acuerdo que otorga carácter oficial a varios títulos de Máster. Este proceso se realiza conforme a la normativa vigente y asegura la validez legal de dichos títulos. La inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos garantiza su reconocimiento a nivel nacional.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Publicación de un acuerdo: La resolución publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de septiembre de 2017. ⚠️ Cumplimiento legal: Se cumple con el Real Decreto 1393/2007, que exige la publicación en el Boletín Oficial del Estado. 📋 Inscripción en el Registro: Los títulos de Máster son inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. ℹ️ Internacionalización: Se mencionan títulos ofrecidos por universidades de múltiples países, reflejando la colaboración internacional en la educación superior.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 13 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Universidades, ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 13 de octubre de 2017 publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de septiembre de 2017, que establece el carácter oficial de diversos títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

2. CONTEXTO El Acuerdo del Consejo de Ministros fue adoptado en sesión de 29 de septiembre de 2017 con el objetivo de otorgar carácter oficial a ciertos títulos de Grado universitarios. Este acuerdo se fundamenta en el Real Decreto 1393/2007, que regula la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. La Resolución de la Secretaría General de Universidades se emite para cumplir con la obligación de publicar el acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 13 de octubre de 2017, publicada por la Secretaría General de Universidades, tiene como objeto la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de septiembre de 2017, que establece el carácter oficial de diversos títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Este acuerdo se fundamenta en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que regula la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En concreto, el artículo 26 de dicho real decreto establece que los Acuerdos del Consejo de Ministros por los que se establezca el carácter oficial de los títulos universitarios deben publicarse en el «Boletín Oficial del Estado». Por ello, la Secretaría General de Universidades resuelve la publicación del acuerdo en dicho boletín, como anexo a la presente resolución.

El Acuerdo del Consejo de Ministros establece que los títulos de Grado que se otorgan en universidades españolas, como el Graduado o Graduada en Odontología, Turismo y Ocio, Trabajo Social, Estudios Globales, Arquitectura Técnica y Edificación, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería en Automoción, Ingeniería de la Energía, Ingeniería Informática y Tecnologías Virtuales, Ingeniería Mecatrónica y Robótica, Ingeniería en Geoinformación y Geomática, Ingeniería Minera, Ingeniería de Redes de Telecomunicación, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Sistemas Audiovisuales, entre otros, adquieren carácter oficial y se inscriben en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Estos títulos están ordenados por ramas de conocimiento y universidades, incluyendo instituciones públicas y de la Iglesia Católica, como la Universidad de Navarra.

El Real Decreto 1393/2007, en su artículo 3, apartado 3, establece que las enseñanzas universitarias oficiales se concretarán en planes de estudios elaborados por las universidades, siempre que estén sujetos a las normas y condiciones aplicables. Estos planes deben ser verificados por el Consejo de Universidades y autorizados por las Comunidades Autónomas, según lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Además, la disposición adicional sexta del Real Decreto 1393/2007, junto con la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, establece que el reconocimiento a efectos civiles de los estudios universitarios se regirá por las normas vigentes.

En resumen, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de septiembre de 2017 otorga carácter oficial a una serie de títulos de Grado universitarios, los cuales se inscriben en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, cumpliendo con el marco normativo establecido por el Real Decreto 1393/2007 y la Ley Orgánica 6/2001. La Resolución de 13 de octubre de 2017 se encarga de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, garantizando su validez legal y reconocimiento oficial.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución de 13 de octubre de 2017 publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de septiembre de 2017, que otorga carácter oficial a diversos títulos de Grado y los inscribe en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Este acuerdo se fundamenta en el Real Decreto 1393/2007 y cumple con la obligación de publicación en el Boletín Oficial del Estado.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros: La Resolución de 13 de octubre de 2017 publica el acuerdo que otorga carácter oficial a diversos títulos de Grado. ⚠️ Cumplimiento normativo: El acuerdo se fundamenta en el Real Decreto 1393/2007 y la Ley Orgánica 6/2001, garantizando su validez legal. 📋 Inscripción en el Registro: Los títulos de Grado se inscriben en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, asegurando su reconocimiento oficial. ℹ️ Diversidad de títulos: Se incluyen títulos de distintas ramas de conocimiento y universidades, incluyendo instituciones de la Iglesia Católica.

6. FICHA

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────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 13 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Universidades, ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 13 de octubre de 2017 publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de septiembre de 2017, que establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

2. CONTEXTO El Consejo de Ministros adoptó un acuerdo en septiembre de 2017 para reconocer el carácter oficial de ciertos títulos de Doctor. Esta resolución se publica en el Boletín Oficial del Estado como parte del cumplimiento de la normativa vigente. El Real Decreto 1393/2007 establece que los Acuerdos del Consejo de Ministros sobre títulos universitarios deben publicarse en dicho Boletín. La Secretaría General de Universidades se encarga de su publicación.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 13 de octubre de 2017 publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de septiembre de 2017, que establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Este acuerdo se fundamenta en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que regula la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En concreto, el artículo 26 de dicho Real Decreto establece que los Acuerdos del Consejo de Ministros que establezcan el carácter oficial de los títulos universitarios deben publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

El Acuerdo del Consejo de Ministros establece que los títulos de Doctor serán expedidos en nombre del Rey por los rectores de las universidades correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente, con expresa mención del acuerdo. Además, el acuerdo establece que los programas de doctorado deben haber obtenido la verificación positiva del Consejo de Universidades y la autorización de las Comunidades Autónomas, según lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

El acuerdo también establece que los programas de doctorado deben haber sido elaborados por las universidades, con sujeción a las normas y condiciones que les sean de aplicación, según el apartado 3 del artículo 3 del Real Decreto 1393/2007. Además, se establece que los títulos de Doctor deben ser expedidos dentro de un plazo máximo de seis años desde la fecha de su verificación inicial o desde la de su última acreditación.

El acuerdo también establece que el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para la aplicación del acuerdo. Por último, el acuerdo incluye una relación de programas oficiales de doctorado, tanto de universidades civiles como de programas conjuntos entre distintas universidades, como el Programa de Doctorado en Artes y Educación, el Programa de Doctorado en Protección del Patrimonio Cultural y el Programa de Doctorado Erasmus Mundus en Derecho, Ciencia y Tecnología.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución publica un acuerdo que establece el carácter oficial de ciertos títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Este acuerdo se fundamenta en el Real Decreto 1393/2007 y se cumple con la obligación de publicación en el Boletín Oficial del Estado. El acuerdo establece requisitos para la expedición de los títulos y la autorización de los programas de doctorado.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Publicación del Acuerdo: La Resolución publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que establece el carácter oficial de ciertos títulos de Doctor. ⚠️ Cumplimiento normativo: El acuerdo se fundamenta en el Real Decreto 1393/2007 y se cumple con la obligación de publicación en el Boletín Oficial del Estado. 📋 Requisitos para los títulos: Los títulos de Doctor deben ser expedidos dentro de un plazo máximo de seis años desde su verificación inicial o última acreditación. ℹ️ Programas oficiales: El acuerdo incluye una relación de programas oficiales de doctorado, tanto de universidades civiles como conjuntas.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 11 de octubre de 2017 establece un plazo especial para el ingreso de las diferencias de cotización derivadas de la aplicación de la Orden ESS/966/2017 en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.

2. CONTEXTO La Orden ESS/966/2017 fija las bases normalizadas de cotización para el ejercicio 2017 en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. Esta orden autoriza a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social a establecer un plazo especial para el ingreso de las diferencias que puedan surgir al aplicar dichas bases. La Resolución de 11 de octubre de 2017 se emite en virtud de dicha autorización.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 11 de octubre de 2017, publicada en el Boletín Oficial del Estado, establece un plazo especial para el ingreso de las diferencias de cotización que resulten de la aplicación de la Orden ESS/966/2017, de 6 de octubre de 2017, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. Según el texto de la Resolución, las diferencias de cotización derivadas de la aplicación de dichas bases normalizadas se deberán ingresar en un único plazo correspondiente al mes de enero de 2018. Este plazo especial aplica a las cotizaciones que se hubieran efectuado hasta el mes anterior a la publicación de la Resolución, es decir, hasta septiembre de 2017.

La Resolución se fundamenta en la disposición adicional de la Orden ESS/966/2017, que autoriza a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social a fijar el plazo especial para el ingreso de las diferencias. En concreto, la Orden ESS/966/2017, en su disposición adicional primera, establece que la Secretaría de Estado podrá fijar el plazo especial para el ingreso de las diferencias que resulten de la aplicación de las bases normalizadas.

La Resolución de 11 de octubre de 2017, por tanto, no introduce nuevas bases de cotización, sino que establece un mecanismo temporal para regular el ingreso de las diferencias que puedan surgir al aplicar las bases fijadas en la Orden ESS/966/2017. Este mecanismo busca garantizar la correcta aplicación de las bases normalizadas y evitar incumplimientos en el pago de las cotizaciones.

El plazo especial se aplica únicamente a las cotizaciones que se hubieran efectuado hasta el mes anterior a la publicación de la Resolución, lo que significa que las cotizaciones realizadas en el mes de octubre de 2017 no estarían sujetas a este plazo. Además, el plazo especial se limita al mes de enero de 2018, lo que implica que las diferencias de cotización deben ser ingresadas en ese mes, sin posibilidad de fraccionamiento o extensión.

Esta norma se enmarca dentro del marco regulatorio de la Seguridad Social, concretamente en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, y se aplica a las personas físicas y jurídicas que estén sujetas a este régimen. La Resolución no modifica los derechos ni obligaciones generales de los cotizantes, sino que establece un procedimiento específico para el ingreso de las diferencias de cotización en un periodo determinado.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución de 11 de octubre de 2017 establece un plazo especial para el ingreso de las diferencias de cotización derivadas de la aplicación de la Orden ESS/966/2017. Este plazo se limita al mes de enero de 2018 y aplica a las cotizaciones realizadas hasta septiembre de 2017. La norma busca garantizar la correcta aplicación de las bases normalizadas de cotización sin alterar los derechos generales de los cotizantes.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Plazo especial: Se establece un único plazo para el ingreso de las diferencias de cotización, correspondiente al mes de enero de 2018. ⚠️ Límite temporal: El plazo especial aplica únicamente a las cotizaciones realizadas hasta septiembre de 2017. 📋 Aplicación específica: La norma se aplica exclusivamente al Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. ℹ️ Fundamento legal: La Resolución se basa en la disposición adicional de la Orden ESS/966/2017, que autoriza la fijación del plazo especial.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Una norma que regula las pistolas y revólveres detonadores, que son armas diseñadas únicamente para hacer sonar cartuchos sin proyectil. Estos aparatos tienen la apariencia de armas reales pero no disparan balas. La norma establece las reglas sobre quién puede comprar, poseer y usar este tipo de armas.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona o empresa que quiera comprar, tener o usar pistolas y revólveres detonadores. También afecta a las tiendas de armas y establecimientos deportivos que las venden, ya que deben cumplir con requisitos específicos de autorización y registro ante las autoridades.

¿Qué cambia o establece? Establece que estas armas solo se pueden adquirir y usar para actividades deportivas, adiestramiento canino profesional, espectáculos públicos, filmaciones cinematográficas, artes escénicas y coleccionismo en el domicilio. Prohíbe su venta en establecimientos no autorizados. Obliga a quienes las compren a demostrar mayor de edad y a justificar por qué las necesitan mediante documentos de federaciones, clubes o asociaciones según el uso previsto.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden Ministerial 1007/2017 establece normas generales para la valorización de materiales naturales excavados en operaciones de relleno y obras distintas a las que los generaron, facilitando su reutilización y regulando la declaración responsable de su gestión.

2. CONTEXTO Antes de la Ley 22/2011, la utilización de suelos no contaminados excavados en obras distintas no estaba claramente regulada. El Real Decreto 105/2008 permitía su reutilización en ciertas condiciones, pero no establecía un marco claro para su valorización. La Orden Ministerial 1007/2017 busca llenar esta brecha normativa.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden Ministerial 1007/2017, de 10 de octubre de 2017, establece un marco general para la valorización de materiales naturales excavados, con el objetivo de facilitar su reutilización en operaciones de relleno y obras distintas a las que se generaron. Esta norma se aplica a los suelos no contaminados excavados en actividades de construcción, siempre que se demuestre su destino a reutilización.

En el artículo 2.1 de la Orden, se establece que los materiales naturales excavados pueden ser utilizados en obras distintas a las que los generaron, siempre que se cumplan las condiciones de valorización. El artículo 2.4 detalla las operaciones permitidas, entre ellas la utilización en rellenos, obras de restauración, acondicionamiento o en actividades de construcción.

Para la valorización, se requiere una declaración responsable, que debe ser firmada por el representante legal de la entidad. El modelo de declaración responsable incluye la entrega de materiales a otra entidad para su utilización en operaciones permitidas, y la necesidad de almacenamiento temporal, que no puede superar los dos años.

En el caso de que no se pueda acreditar el destino de los residuos de construcción y demolición, se aplicará la normativa de residuos, como el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de residuos, y el Real Decreto 1481/2001, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

La Orden Ministerial también se alinea con la Ley 22/2011, que en su artículo 2.1.b) transpone la Directiva 2008/98/CE, excluyendo de su ámbito de aplicación los suelos no contaminados excavados, siempre que se tenga la certeza de su reutilización.

Esta norma busca promover la economía circular y la sostenibilidad en la gestión de residuos, facilitando su reutilización en lugar de su eliminación. La declaración responsable es un mecanismo clave para garantizar el cumplimiento de las normas y la transparencia en la gestión de los materiales excavados.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden Ministerial 1007/2017 establece un marco claro para la valorización de materiales naturales excavados, facilitando su reutilización en obras distintas. La declaración responsable es un requisito clave para garantizar su correcta gestión. La norma promueve la sostenibilidad y la economía circular en la gestión de residuos.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Establece normas para la valorización de materiales naturales excavados. ⚠️ Requiere declaración responsable para su gestión. 📋 Incluye modelos de declaración para entidades que realizan valorización. ℹ️ Promueve la reutilización y la sostenibilidad en la gestión de residuos.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Presidencia del Comisionado para el M ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 20 de octubre de 2017 establece los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears.

2. CONTEXTO La norma se emite en virtud de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos, y de la Normativa Tributaria. Su objetivo es publicar los precios de venta al público de labores de tabaco propuestos por fabricantes e importadores. La Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 20 de octubre de 2017, emitida por la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, tiene por objeto publicar los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears. Esta publicación se realiza en virtud del artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos, y de la Normativa Tributaria, que establece el marco legal para la regulación del mercado de tabaco en España.

La Resolución detalla los precios de venta al público de las labores de tabaco, incluidos los tributos, para diferentes marcas y tipos de productos. En el apartado A, se detallan los precios de los cigarrillos, como Benson & Hedges 100’S, Benson & Hedges Gold, Benson & Hedges Silver, entre otros, con precios que oscilan entre 4,30 y 5,50 euros por cajetilla. En el apartado B, se incluyen los precios de cigarros y cigarritos, como el modelo B.52 (10) y VI (10), con precios de 2,15 y 2,25 euros por unidad, respectivamente.

La Resolución establece que los precios publicados son los que deberán aplicarse en las Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, y que la norma entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esto significa que los establecimientos deberán ajustar sus precios de venta al público de acuerdo con los valores establecidos en esta Resolución, sin posibilidad de modificaciones salvo en los casos previstos en la normativa vigente.

La norma no establece sanciones por incumplimiento, pero su cumplimiento es obligatorio para los establecimientos que operan en el mercado de tabaco regulado. La publicación de los precios se considera una medida de transparencia y control, que permite a los consumidores conocer el precio final de los productos, incluyendo los tributos aplicables.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución establece precios de venta al público de labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre. Se publica en virtud de la Ley 13/1998 y entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Los precios son obligatorios para los establecimientos.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Establece precios de venta al público de labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre. ⚠️ Entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 📋 Publicada en virtud de la Ley 13/1998 de Ordenación del Mercado de Tabacos. ℹ️ Incluye precios de diferentes marcas y tipos de productos, como cigarrillos y cigarros.

6. FICHA

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1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 896/2017 modifica los Estatutos de la Real Academia Nacional de Medicina, cambiando su denominación por la de Real Academia Nacional de Medicina de España.

2. CONTEXTO Los Estatutos vigentes de la Real Academia Nacional de Medicina fueron aprobados en 2011. Esta institución tiene una larga historia que se remonta al siglo XVIII. El Real Decreto 896/2017 busca actualizar su denominación para reflejar su identidad actual y su proyección internacional.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 896/2017, de 6 de octubre de 2017, modifica el Real Decreto 750/2011, de 27 de mayo, que aprobaba los Estatutos de la Real Academia Nacional de Medicina. La principal modificación consiste en la actualización de su denominación, pasando a llamarse "Real Academia Nacional de Medicina de España". Esta modificación se incorpora en el primer párrafo del artículo 42, que ahora establece que la Presidencia es el máximo cargo académico de la Real Academia Nacional de Medicina de España.

Además, se modifica el artículo 58, que regula el Premio de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Este premio conlleva el nombramiento de Académico Correspondiente y otras distinciones reguladas en el Reglamento de régimen interno. Los aspirantes al premio deben reunir los requisitos exigidos para los Académicos Correspondientes, más los establecidos en el Reglamento de régimen interno.

El artículo 61 se modifica para establecer que la Real Academia Nacional de Medicina de España realizará cuantas publicaciones considere oportunas, incluyendo la Memoria Anual, Anuario y Órganos de Expresión Científica.

En cuanto al artículo 62, se modifica su primer párrafo para establecer que los fondos de la Real Academia Nacional de Medicina de España provendrán de diversas fuentes, incluyendo donaciones, subvenciones y otros ingresos legales.

La disposición adicional única establece que todas las referencias normativas al ordenamiento jurídico a la Real Academia Nacional de Medicina se entenderán realizadas a la Real Academia Nacional de Medicina de España. Esto garantiza la coherencia y actualización de las referencias en la normativa vigente.

La disposición final única indica que el Real Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Esta norma refleja una actualización formal de la institución, que se alinea con su proyección internacional y su relevancia en el ámbito científico y académico. La modificación de su denominación no solo refleja su identidad actual, sino que también facilita su reconocimiento en el ámbito internacional, como se evidencia en proyectos como el "Diccionario panhispánico de términos médicos", en el que participan academias de varios países latinoamericanos.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 896/2017 modifica los Estatutos de la Real Academia Nacional de Medicina para actualizar su denominación a "Real Academia Nacional de Medicina de España". Esta modificación busca reflejar su identidad actual y su proyección internacional. La norma establece cambios en varios artículos, incluyendo la Presidencia, el Premio, las publicaciones y los fondos de la Academia.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Actualización de la denominación: Se cambia "Real Academia Nacional de Medicina" por "Real Academia Nacional de Medicina de España". ⚠️ Relevancia internacional: La Academia participa en proyectos internacionales como el "Diccionario panhispánico de términos médicos". 📋 Modificaciones en los Estatutos: Se actualizan varios artículos, incluyendo la Presidencia, el Premio, las publicaciones y los fondos. ℹ️ Entrada en vigor: El Real Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden ESS/1006/2017, de 19 de octubre, por la que se dictan normas para la aplic ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto-ley 10/2017 establece una moratoria de hasta un año en el pago de cuotas de la Seguridad Social, y el presente orden regula su aplicación, incluyendo la devolución de cuotas ya pagadas y la inclusión de socios trabajadores de cooperativas.

2. CONTEXTO El Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, introduce medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en cuencas hidrográficas, entre ellas una moratoria en el pago de cuotas de la Seguridad Social. Para garantizar su correcta aplicación, se dicta este orden, que establece normas detalladas sobre su ejecución, devolución y alcance.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, introduce una moratoria en el pago de cuotas de la Seguridad Social, prevista en su artículo 3, con el objetivo de aliviar a los afectados por la sequía. El presente orden, de fecha 19 de octubre de 2017, regula dicha moratoria, estableciendo normas para su aplicación, con el fin de garantizar su efectiva puesta en práctica y unificar criterios.

En el artículo 1 se establece que la moratoria permite el pago de cuotas sin intereses durante un año, aunque no se requiere el ingreso de dichas cuotas. Si no se cumplen los requisitos, la moratoria se considera sin efecto desde el vencimiento del plazo.

El artículo 5 establece que las cuotas ya pagadas que estén sujetas a la moratoria serán devueltas a petición del interesado, siempre que se solicite junto con la concesión de la moratoria o posteriormente, en los términos del artículo 2. Si no se solicita la devolución en el plazo establecido, se considera que se renuncia al periodo de moratoria, sin posibilidad de solicitarlo después.

Además, si el interesado tiene deudas pendientes con la Seguridad Social, el crédito por la devolución será aplicado a dichas deudas, sin perjuicio de su derecho a solicitar aplazamiento de cuotas no compensadas, según el Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social.

En la disposición adicional única se establece que los socios trabajadores de cooperativas, considerados como trabajadores por cuenta propia, están incluidos en las referencias a los autónomos.

Finalmente, el artículo 6 establece que la presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El orden se dicta en uso de las atribuciones conferidas en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 10/2017, que faculta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así como a otros departamentos afectados, para dictar disposiciones necesarias.

El acto se fundamenta en los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al tratarse de una regulación parcial de medidas urgentes.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto-ley 10/2017 introduce una moratoria en el pago de cuotas de la Seguridad Social, que se regula en el presente orden. Este establece normas sobre la aplicación, devolución y alcance de la moratoria, garantizando su correcta ejecución. La norma entra en vigor al publicarse en el BOE.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Moratoria de 1 año sin intereses en el pago de cuotas de la Seguridad Social. ⚠️ Devuelven las cuotas ya pagadas si se solicita dentro del plazo. 📋 Incluye a socios trabajadores de cooperativas como autónomos. ℹ️ Entrada en vigor al publicarse en el BOE.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 10 de octubre de 2017 publica el Convenio de asistencia sanitaria pública derivada de accidentes de tráfico para los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020, suscrito por tres entidades: el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Consorcio de Compensación de Seguros y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.

2. CONTEXTO El Convenio fue suscrito el 11 de septiembre de 2017 por tres entidades con responsabilidades en el ámbito sanitario y asegurador. Su objetivo es establecer los términos y condiciones para la prestación de asistencia sanitaria pública a personas lesionadas en accidentes de tráfico. La Resolución busca dar a conocer el acuerdo en el Boletín Oficial del Estado, cumpliendo con la normativa vigente.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 10 de octubre de 2017, publicada en el Boletín Oficial del Estado, tiene como finalidad la publicación del Convenio de asistencia sanitaria pública derivada de accidentes de tráfico para los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020. Este Convenio fue suscrito el 11 de septiembre de 2017 por el Director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), el representante del Consorcio de Compensación de Seguros y la Presidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA). El acuerdo establece los términos y condiciones para la prestación de asistencia sanitaria pública a personas lesionadas en accidentes de tráfico, con el fin de garantizar un acceso uniforme y eficiente a los servicios sanitarios necesarios.

El Convenio se regirá bajo el marco legal establecido por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en concreto en su artículo 48.8, que establece la obligación de publicar en el Boletín Oficial del Estado los acuerdos y convenios de interés general. La Resolución se fundamenta en este precepto, con el objetivo de dar a conocer el acuerdo a la sociedad y garantizar su transparencia y legalidad.

El Convenio incluye la participación de tres entidades con roles definidos: el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, encargado de la gestión y coordinación de la asistencia sanitaria; el Consorcio de Compensación de Seguros, que se encarga de la cobertura económica de los daños derivados de los accidentes de tráfico; y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, que representa a las aseguradoras y reaseguradoras del sector.

En el texto del Convenio, se detallan las condiciones de acceso a la asistencia sanitaria, los plazos de tramitación, los derechos y obligaciones de las partes involucradas, así como los mecanismos de control y supervisión. Además, se incluyen las cláusulas de modificación, rescisión y terminación del acuerdo, así como las disposiciones sobre la resolución de conflictos.

La Resolución también menciona la firma de las partes en representación de las entidades involucradas, indicando la base legal de su representación. Por ejemplo, el Director del INGESA está representado en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto, que establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad. El representante del Consorcio de Compensación de Seguros lo hace bajo un poder conferido mediante escritura pública, y la Presidenta de UNESPA lo hace bajo un acuerdo del Comité Ejecutivo de la entidad.

En cuanto a la publicación, la Resolución establece que el Convenio se publica como anejo a la presente Resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015. Esto garantiza que el acuerdo sea accesible para el público y que se respete el derecho a la información y transparencia.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución publica el Convenio de asistencia sanitaria pública derivada de accidentes de tráfico, suscrito por tres entidades. Se cumple con la obligación legal de publicar en el Boletín Oficial del Estado. El acuerdo establece los términos y condiciones para la prestación de servicios sanitarios a víctimas de accidentes de tráfico.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Publicación legal: La Resolución cumple con el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, garantizando la transparencia. ⚠️ Participación de entidades clave: Involucra al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Consorcio de Compensación de Seguros y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. 📋 Condiciones de asistencia sanitaria: Establece los términos y plazos para la prestación de servicios a víctimas de accidentes de tráfico. ℹ️ Representación legal: Las partes actúan bajo bases legales específicas, garantizando la validez del acuerdo.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es?

Un programa de subvenciones del Gobierno que financia los costes de acceso a servicios de internet de banda ancha fija con velocidad mínima de 30 megabits por segundo en zonas donde actualmente no hay disponibilidad de este servicio o las conexiones existentes son muy lentas. El objetivo es ayudar a ciudadanos y pequeñas empresas en áreas rurales, dispersas y de baja densidad de población a contratar estos servicios de alta velocidad.

¿A quién afecta?

Afecta a ciudadanos y pequeñas empresas ubicados en zonas que no disponen de acceso a banda ancha fija con velocidad mínima de 10 megabits por segundo en sentido descendente. Especialmente beneficiados son los usuarios en áreas rurales, dispersas, de baja población y en diseminado, donde los operadores de telecomunicaciones no han desplegado sus redes y los costes de instalación son más altos que en zonas urbanas.

¿Qué cambia o establece?

Establece que el Gobierno financiará los costes de alta a servicios de banda ancha fija (equipamiento, instalación y puesta en funcionamiento) para que los usuarios puedan contratar ofertas comerciales con velocidad mínima de 30 megabits por segundo. Los operadores de telecomunicaciones que se adhieran al programa deben permitir a los beneficiarios contratar al menos una oferta a esa velocidad, sin favorecer ninguna tecnología específica.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 894/2017, de 6 de octubre, por el que se modifica la denominación d ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 894/2017 modifica la denominación del Centro de Enseñanza de Helicópteros y actualiza el Real Decreto 35/2010 para incluir la Academia de Aviación del Ejército de Tierra como nuevo centro de formación para oficiales y suboficiales.

2. CONTEXTO El Real Decreto 894/2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 6 de octubre de 2017. Su objetivo es adaptar la denominación del Centro de Enseñanza de Helicópteros a la nueva especialidad de Aviación del Ejército de Tierra, creada en 2016. Además, busca incorporar la Academia de Aviación del Ejército de Tierra al listado de centros docentes militares autorizados para impartir formación a oficiales y suboficiales.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 894/2017 modifica el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, que establece el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas. En concreto, se modifica el punto 2 de la disposición adicional primera de dicho Real Decreto, incorporando la Academia de Aviación del Ejército de Tierra como nuevo centro docente militar autorizado para impartir formación a oficiales y suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra.

La modificación se realiza en respuesta a la creación de la especialidad fundamental de «Aviación del Ejército de Tierra» en la escala de oficiales, aprobada por el Real Decreto 595/2016, de 2 de diciembre, y al cambio de denominación de la especialidad de «Helicópteros» a «Aviación del Ejército de Tierra» en la escala de suboficiales.

El Real Decreto 894/2017 establece que la Academia de Aviación del Ejército de Tierra, además de mantener las funciones del actual Centro de Enseñanza de Helicópteros (CEFAMET), impartirá la enseñanza de formación de la especialidad fundamental de Aviación del Ejército de Tierra, tanto para oficiales como para suboficiales. Asimismo, se incluirá en el listado de centros docentes militares autorizados para impartir formación a oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra, según el punto 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto 35/2010.

La norma establece que las normas sobre organización, funciones, régimen interior y programación de la Academia de Aviación del Ejército de Tierra se ajustarán a lo dispuesto en la Orden DEF/85/2017, de 1 de febrero, que regula las normas generales para los centros docentes militares.

El Real Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La entrada en vigor se prevé como una medida inmediata para garantizar la aplicación efectiva de la nueva denominación y la incorporación de la Academia de Aviación del Ejército de Tierra al sistema de formación militar.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 894/2017 modifica la denominación del Centro de Enseñanza de Helicópteros y actualiza el Real Decreto 35/2010 para incluir la Academia de Aviación del Ejército de Tierra como centro docente autorizado. La norma busca adaptar la formación militar a la nueva especialidad de Aviación del Ejército de Tierra, creada en 2016.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Modificación de denominación: El Centro de Enseñanza de Helicópteros pasa a llamarse Academia de Aviación del Ejército de Tierra. ⚠️ Adaptación a nuevas especialidades: Se actualiza la normativa para incluir la especialidad de Aviación del Ejército de Tierra, creada en 2016. 📋 Incorporación a centros docentes: La Academia de Aviación del Ejército de Tierra se incluye en el listado de centros autorizados para formar oficiales y suboficiales. ℹ️ Entrada en vigor inmediata: El Real Decreto entra en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución corrige errores en la publicación de las fiestas laborales para el año 2018, corrigiendo referencias a normas y fechas incorrectas en la Resolución de 9 de octubre de 2017.

2. CONTEXTO La Dirección General de Empleo publicó en el BOE núm. 245 de 11 de octubre de 2017 la relación de fiestas laborales para 2018. Posteriormente, se detectaron errores en dicha publicación, motivando la emisión de esta corrección. Los errores afectan referencias a normas y fechas de fiestas específicas.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de corrección de errores de la Dirección General de Empleo, publicada en el BOE, corrige tres errores en la Resolución de 9 de octubre de 2017. El primer error se encuentra en el Fundamento de Derecho Tercero, cuarta línea, donde se menciona el Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Este debe ser sustituido por el Real Decreto 703/2017, de 7 de julio, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Este cambio es relevante para garantizar la vigencia actual de la norma citada.

El segundo error se encuentra en el apartado «Códigos de las Fiestas» del Anexo, decimoquinta línea, donde se menciona la fecha del Real Decreto 343/2012 como «7 de julio de 2018», lo cual debe corregirse a «7 de julio de 2017». Esta corrección asegura que la fecha del Real Decreto sea coherente con su publicación real.

El tercer error también se encuentra en el apartado «Códigos de las Fiestas» del Anexo, decimonovena y vigésima líneas, donde se menciona la fecha de San José como «19 de marzo», lo cual debe corregirse a «6 de enero» para referirse a la Epifanía del Señor. Esta corrección es fundamental para evitar confusiones en la identificación de las fiestas laborales y su correspondiente fecha.

Estas correcciones son necesarias para mantener la precisión y la vigencia de la información publicada, garantizando que los datos sobre las fiestas laborales sean correctos y actualizados. La Resolución se fundamenta en el derecho administrativo, específicamente en el derecho de publicidad de actos administrativos, que exige la exactitud y claridad en la información proporcionada al ciudadano. La corrección de errores es un mecanismo legal que permite rectificar información errónea publicada en el BOE, asegurando el cumplimiento de los principios de transparencia, exactitud y legalidad en la administración pública.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución corrige errores en la publicación de las fiestas laborales de 2018. Los errores afectan referencias a normas y fechas de fiestas. La corrección garantiza la precisión de la información.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Corrección de errores en la publicación de fiestas laborales 2018. ⚠️ Errores afectan referencias a normas y fechas de fiestas. 📋 Corrección de tres errores en la Resolución de 9 de octubre de 2017. ℹ️ Relevante para garantizar la exactitud de la información publicada.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Intervención General de la Seguridad ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 11 de octubre de 2017 establece las instrucciones para la comprobación material de la inversión en el ámbito de la Seguridad Social, modificando y derogando la resolución de 2009.

2. CONTEXTO Esta resolución se dicta en el marco de la función interventora, regulada por la Ley General Presupuestaria, y se enmarca en el control de la inversión pública financiada con recursos de la Seguridad Social. Se busca garantizar la correcta ejecución de contratos y la transparencia en el uso de los fondos públicos.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 11 de octubre de 2017 de la Intervención General de la Seguridad Social establece las normas que regulan la comprobación material de la inversión en el ámbito de la Seguridad Social. Según el artículo 150 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la comprobación material de la inversión es una función interventora que corresponde a la Intervención General de la Seguridad Social. El objetivo de esta función es verificar materialmente la efectiva realización de las obras, servicios y adquisiciones financiadas con fondos públicos, asegurando que se ajusten al contenido del contrato o encargo.

El artículo 222 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece que el acto de recepción de los contratos debe comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, cuando sea preceptivo, para que pueda asistir al acto en el ejercicio de su función de comprobación material de la inversión.

De conformidad con el artículo 25 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social, dicha comunicación será obligatoria cuando el importe de la inversión sea igual o superior a 50.000 euros, excluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto equivalente.

La comprobación material de la inversión se realizará concurriendo el representante de la Intervención General de la Seguridad Social al acto de recepción de la obra, suministro o servicio.

La Intervención General de la Seguridad Social dictó previamente una resolución de 11 de noviembre de 2009, que ahora se modifica y deroga. La nueva resolución establece que, en caso de que la recepción y la certificación final o liquidación se efectúen sin la preceptiva fiscalización, se considerará una omisión de la función interventora, lo que impedirá el pago derivado de dicha certificación hasta que se resuelva dicha omisión.

Además, se establece que, en caso de que la recepción y la certificación final o liquidación se efectúen sin la fiscalización, y se detecten errores o irregularidades que puedan hacer que el saldo resulte favorable a la Administración, se procederá según las normas establecidas.

En cuanto a la entrada en vigor, la resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La resolución establece normas claras para la comprobación material de la inversión en el ámbito de la Seguridad Social, modificando y derogando una anterior normativa. Se establece la obligatoriedad de la fiscalización en ciertos importes y se prevén sanciones en caso de omisión. La norma entra en vigor al día siguiente de su publicación.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Función interventora: La comprobación material de la inversión es una función interventora regulada por la Ley General Presupuestaria. ⚠️ Obligatoriedad de la fiscalización: La comunicación al interventor es obligatoria cuando el importe sea igual o superior a 50.000 euros. 📋 Omisión de la función: La falta de fiscalización puede considerarse una omisión, lo que impide el pago derivado de la certificación. ℹ️ Derogación de normativa anterior: La resolución de 2009 se deroga, dando lugar a una nueva normativa más actualizada.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden HFP/996/2017, de 17 de octubre, por la que se articula el sistema de pago ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Orden Ministerial HFP/996/2017 establece un sistema de pago a terceros acreedores por cuenta de la Comunidad Autónoma de Cataluña, utilizando recursos provenientes de las entregas a cuenta de la financiación autonómica, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de obligaciones públicas.

2. CONTEXTO Este orden ministerial se publica en el marco del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, que establece medidas para garantizar el uso adecuado de los recursos transferidos por el Estado a Cataluña. El objetivo es asegurar que los fondos se destinen a servicios públicos fundamentales y evitar financiaciones que puedan contravenir el ordenamiento jurídico vigente.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Orden Ministerial HFP/996/2017, de 17 de octubre de 2017, articula un sistema de pago a terceros acreedores por cuenta de la Comunidad Autónoma de Cataluña, utilizando los recursos provenientes de las entregas a cuenta correspondientes a su participación en los regímenes de financiación autonómica. Este sistema se materializa mediante la constitución de una cuenta específica para la consignación de estos pagos.

El mecanismo se fundamenta en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, que establece que los recursos económicos transferidos por el Estado a Cataluña deben destinarse exclusivamente a servicios públicos fundamentales, como sanidad, educación y servicios sociales, y que no puedan utilizarse para financiar actividades contrarias al ordenamiento jurídico vigente.

En el punto segundo del Acuerdo, se establece un mecanismo de ordenación de pagos que garantice el uso conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. Este mecanismo se articula a través de los sistemas, procedimientos y medios que establezcan los Ministerios de Economía, Industria y Competitividad y de Hacienda y Función Pública.

El pago a terceros acreedores se realizará por importe equivalente a la participación de Cataluña en las entregas a cuenta de los regímenes de financiación, según los anexos I y II del Acuerdo de CDGAE de 20 de noviembre de 2015. La Administración General del Estado se compromete a cumplir las obligaciones que tiene frente a Cataluña en materia de entregas a cuenta.

El sistema incluye la formación de cuentas justificativas mensuales por parte de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, que serán remitidas a la Intervención General para su fiscalización y posterior aprobación por el Secretario de Estado de Hacienda.

El cierre y liquidación de la cuenta se realizará una vez que la Comisión Delegada del Gobierno declare extinguida la vigencia del Acuerdo. El saldo remanente, si lo hubiera, será transferido a Cataluña.

La orden tendrá eficacia desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado y se publicará en diversos portales oficiales para garantizar su conocimiento.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Orden Ministerial establece un sistema de pago a terceros acreedores por cuenta de Cataluña, garantizando el uso adecuado de los recursos transferidos por el Estado. Este mecanismo se fundamenta en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno y se apoya en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. La norma establece procedimientos de control y transparencia en el uso de los fondos.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Sistema de pago a terceros acreedores: Se establece una cuenta específica para el pago de deudas por cuenta de Cataluña. ⚠️ Control de recursos públicos: Los fondos deben destinarse exclusivamente a servicios públicos fundamentales. 📋 Procedimientos de control: Se requiere la formación de cuentas justificativas mensuales y su fiscalización. ℹ️ Publicidad y transparencia: La norma se publica en múltiples portales para garantizar su conocimiento.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden ECD/994/2017, de 10 de octubre, por la que se crea la Comisión Ministerial ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden ECD/994/2017 crea la Comisión Ministerial de Administración Digital (CMAD) en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y regula su composición y funciones, con el objetivo de implementar políticas de TIC a nivel ministerial.

2. CONTEXTO El Gobierno español ha impulsado un modelo de gobernanza de las TIC en la Administración Pública. Este modelo se desarrolló con la creación de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, reestructurada posteriormente en la Secretaría General de Administración Digital. La Orden ECD/994/2017 forma parte de este desarrollo, estableciendo una nueva figura colegiada para la gestión de las TIC en el Ministerio.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden ECD/994/2017, de 10 de octubre de 2017, establece la creación de la Comisión Ministerial de Administración Digital (CMAD) en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el objetivo de implementar políticas de TIC a nivel ministerial. La CMAD sucederá a la Comisión Ministerial de Administración Electrónica, heredando sus funciones y adaptándose al nuevo modelo de gobernanza digital. La CMAD será un órgano colegiado que tendrá como funciones principales la coordinación, supervisión y seguimiento de las políticas de TIC en el ámbito del Ministerio, así como la promoción de la digitalización y la mejora de los servicios públicos en el sector educativo y cultural.

La CMAD se regirá bajo el marco normativo establecido por el Real Decreto 806/2014, que define la organización y los instrumentos operativos de las TIC en la Administración General del Estado. La creación de la CMAD se realiza mediante un proceso de derogación de la Orden ECD/153/2013, que establecía la Comisión Ministerial de Administración Electrónica.

La CMAD no supondrá incremento de gasto público, ya que su funcionamiento se realizará con los medios materiales y de personal existentes en el Ministerio, y con las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio. El funcionamiento de la CMAD se atenderá con el apoyo técnico y administrativo de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

La CMAD tendrá una Comisión Permanente, que será el órgano encargado de la gestión cotidiana de las funciones de la CMAD. La Comisión Permanente se compone de representantes de los distintos departamentos del Ministerio, así como de expertos en TIC y en gestión digital.

La CMAD se creará en el marco de la estrategia de digitalización del Ministerio, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios públicos. La CMAD también tendrá la función de coordinar la implantación de los sistemas de información y de comunicaciones en el ámbito del Ministerio, así como de supervisar el cumplimiento de las normas y directrices establecidas en materia de TIC.

La CMAD tendrá una duración de tres años, y su funcionamiento se regirá bajo el marco de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La CMAD podrá dictar las instrucciones necesarias para la consolidación de recursos TIC y el mejor cumplimiento de esta orden.

La CMAD no incrementará el gasto público, ya que su funcionamiento se realizará con los medios materiales y de personal existentes en el Ministerio, y con las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio. El funcionamiento de la CMAD se atenderá con el apoyo técnico y administrativo de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

La CMAD se creará en el marco de la estrategia de digitalización del Ministerio, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios públicos. La CMAD también tendrá la función de coordinar la implantación de los sistemas de información y de comunicaciones en el ámbito del Ministerio, así como de supervisar el cumplimiento de las normas y directrices establecidas en materia de TIC.

La CMAD tendrá una Comisión Permanente, que será el órgano encargado de la gestión cotidiana de las funciones de la CMAD. La Comisión Permanente se compone de representantes de los distintos departamentos del Ministerio, así como de expertos en TIC y en gestión digital.

La CMAD se creará en el marco de la estrategia de digitalización del Ministerio, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios públicos. La CMAD también tendrá la función de coordinar la implantación de los sistemas de información y de comunicaciones en el ámbito del Ministerio, así como de supervisar el cumplimiento de las normas y directrices establecidas en materia de TIC.

La CMAD tendrá una duración de tres años, y su funcionamiento se regirá bajo el marco de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La CMAD podrá dictar las instrucciones necesarias para la consolidación de recursos TIC y el mejor cumplimiento de esta orden.

La CMAD no incrementará el gasto público, ya que su funcionamiento se realizará con los medios materiales y de personal existentes en el Ministerio, y con las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio. El funcionamiento de la CMAD se atenderá con el apoyo técnico y administrativo de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

La CMAD se creará en el marco de la estrategia de digitalización del Ministerio, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios públicos. La CMAD también tendrá la función de coordinar la implantación de los sistemas de información y de comunicaciones en el ámbito del Ministerio, así como de supervisar el cumplimiento de las normas y directrices establecidas en materia de TIC.

La CMAD tendrá una Comisión Permanente, que será el órgano encargado de la gestión cotidiana de las funciones de la CMAD. La Comisión Permanente se compone de representantes de los distintos departamentos del Ministerio, así como de expertos en TIC y en gestión digital.

La CMAD se creará en el marco de la estrategia de digitalización del Ministerio, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios públicos. La CMAD también tendrá la función de coordinar la implantación de los sistemas de información y de comunicaciones en el ámbito del Ministerio, así como de supervisar el cumplimiento de las normas y directrices establecidas en materia de TIC.

La CMAD tendrá una duración de tres años, y su funcionamiento se regirá bajo el marco de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La CMAD podrá dictar las instrucciones necesarias para la consolidación de recursos TIC y el mejor cumplimiento de esta orden.

La CMAD no incrementará el gasto público, ya que su funcionamiento se realizará con los medios materiales y de personal existentes en el Ministerio, y con las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio. El funcionamiento de la CMAD se atenderá con el apoyo técnico y administrativo de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

La CMAD se creará en el marco de la estrategia de digitalización del Ministerio, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios públicos. La CMAD también tendrá la función de coordinar la implantación de los sistemas de información y de comunicaciones en el ámbito del Ministerio, así como de supervisar el cumplimiento de las normas y directrices establecidas en materia de TIC.

La CMAD tendrá una Comisión Permanente, que será el órgano encargado de la gestión cotidiana de las funciones de la CMAD. La Comisión Permanente se compone de representantes de los distintos departamentos del Ministerio, así como de expertos en TIC y en gestión digital.

La CMAD se creará en el marco de la estrategia de digitalización del Ministerio, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios públicos. La CMAD también tendrá la función de coordinar la implantación de los sistemas de información y de comunicaciones en el ámbito del Ministerio, así como de supervisar el cumpl

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