El Horno

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden HFP/36/2018, de 18 de enero, por la que se establecen determinadas disposi ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden HFP/36/2018 establece disposiciones relativas al Sistema Intrastat, derogando normas anteriores y estableciendo instrucciones para la cumplimentación y presentación de la declaración Intrastat.

2. CONTEXTO En 1993 se culminó la creación del mercado interior de la Unión Europea, lo que supuso la supresión de controles aduaneros entre Estados miembros. Para mantener estadísticas sobre el comercio intra-UE, se creó el Sistema Intrastat mediante el Reglamento (CEE) n.º 3330/91. Posteriormente, se modificó con el Reglamento (CE) n.º 638/2004 y el Reglamento (UE) n.º 659/2014. La Orden HFP/36/2018 sustituye normas anteriores y establece nuevas disposiciones para su aplicación.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden HFP/36/2018, de 18 de enero de 2018, tiene por objeto establecer determinadas disposiciones relativas al Sistema Intrastat, con el fin de adaptar su aplicación a la normativa vigente. En primer lugar, la orden incluye una disposición derogatoria única, que deroga tres normas anteriores:

Aunque estas normas quedan derogadas, se mantiene su vigencia en lo que no contradiga la nueva orden hasta que entre en vigor la Resolución mencionada en la disposición final primera.

La disposición final primera establece que el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como organismo responsable de la elaboración de la estadística de intercambio de bienes entre Estados miembros, deberá dictar instrucciones sobre la forma de cumplimentación y presentación de la declaración Intrastat. Estas instrucciones se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».

La disposición final segunda establece que la presente orden ministerial entrará en vigor el día 1 de marzo de 2018.

La orden se fundamenta en la necesidad de adaptar el Sistema Intrastat a la normativa vigente, garantizando la calidad de la información estadística y la coherencia con los nuevos marcos regulatorios. Además, busca facilitar la cumplimentación de la declaración Intrastat por parte de los responsables de las operaciones, asegurando que los datos recogidos sean precisos y útiles para el análisis económico y la toma de decisiones políticas.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden HFP/36/2018 establece nuevas disposiciones para el Sistema Intrastat, derogando normas anteriores y estableciendo instrucciones para la cumplimentación de la declaración. La orden entra en vigor el 1 de marzo de 2018 y se publica en el Boletín Oficial del Estado.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Derogación de normas anteriores: La orden sustituye tres normas vigentes, incluida la Resolución de 2009. ⚠️ Vigencia parcial: Las normas derogadas siguen vigentes hasta que entre en vigor la Resolución mencionada. 📋 Instrucciones para la declaración Intrastat: El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales debe dictar instrucciones sobre la cumplimentación y presentación. ℹ️ Fecha de entrada en vigor: La orden entra en vigor el 1 de marzo de 2018.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/199 ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Ley Foral 19/2017 modifica la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra para adaptarla a la Sentencia del Tribunal Constitucional 72/2017, que declaró inconstitucionales ciertos artículos relacionados con el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

2. CONTEXTO La Ley Foral 2/1995 establecía normas sobre el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Constitucional 72/2017 declaró inconstitucionales algunos de sus artículos. Esta ley foral busca corregir dichas normas para cumplir con la decisión judicial y evitar la tributación en casos donde no exista un incremento de valor.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre de 2017, modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, con el fin de adaptarla a la Sentencia del Tribunal Constitucional 72/2017, de 5 de junio de 2017. Dicha sentencia declaró inconstitucionales los artículos 175.2, 175.3 y 178.4 de la Ley Foral 2/1995, en la medida en que sometían a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

La modificación se realiza mediante una disposición transitoria que establece que las liquidaciones pendientes de resolución, tanto en el Tribunal Administrativo de Navarra como en los órganos jurisdiccionales, deberán resolverse de acuerdo con los nuevos criterios. Además, se establece que, en los casos en que resulte procedente, el Tribunal Administrativo de Navarra y los órganos jurisdiccionales remitirán los expedientes pendientes a los Ayuntamientos correspondientes para que practiquen las nuevas liquidaciones pertinentes. En estos supuestos, se declararán conclusos los procedimientos, sin perjuicio de los nuevos recursos que puedan interponer los interesados contra las liquidaciones que se dicten por parte de los Ayuntamientos.

La disposición final primera habilita al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley foral. La disposición final segunda establece que la ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Navarra».

La norma se publicó en el «Boletín Oficial de Navarra» número 249, de 30 de diciembre de 2017. Esta modificación busca garantizar la conformidad con la Constitución, evitando la tributación en casos donde no exista un incremento de valor, y aplicando los criterios del Tribunal Constitucional. En concreto, se reconoce la validez de la opción de política legislativa que se dirige a someter a tributación los incrementos de valor basados en un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica.

Además, se establece que las liquidaciones que se encuentren pendientes de resolución deberán resolverse de acuerdo con los nuevos criterios, lo que implica un proceso de revisión de casos ya iniciados. Esta medida busca garantizar la aplicación uniforme de la norma y evitar conflictos derivados de la aplicación de disposiciones inconstitucionales.

La norma también establece que los recursos contra las liquidaciones pendientes se resolverán de acuerdo con los nuevos criterios, lo que implica una revisión de los procedimientos ya iniciados. Esta disposición busca garantizar la transición ordenada hacia el nuevo marco normativo y evitar la aplicación de normas que ya han sido declaradas inconstitucionales.

En resumen, la Ley Foral 19/2017 busca adaptar la normativa fiscal de Navarra a la decisión del Tribunal Constitucional, corrigiendo las disposiciones que se habían declarado inconstitucionales y estableciendo un marco de transición para la aplicación de las nuevas normas.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Ley Foral 19/2017 modifica la normativa fiscal de Navarra para adaptarla a la Sentencia del Tribunal Constitucional 72/2017. Establece un marco de transición para la aplicación de las nuevas normas y garantiza la conformidad con la Constitución. La norma entra en vigor al día siguiente de su publicación.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Modificación de la Ley Foral 2/1995 para adaptarla a la Sentencia del Tribunal Constitucional 72/2017. ⚠️ Declaración de inconstitucionalidad de artículos 175.2, 175.3 y 178.4 de la Ley Foral 2/1995. 📋 Disposición transitoria para la resolución de liquidaciones pendientes. ℹ️ Habilitación normativa para el desarrollo de la ley y entrada en vigor al día siguiente de su publicación.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

Se crea un órgano para coordinar la ciberseguridad nacional

Este acuerdo establece el Consejo Nacional de Ciberseguridad, un órgano dependiente del Consejo de Seguridad Nacional. Su principal objetivo es asegurar una respuesta coordinada y eficaz ante las amenazas en el ámbito digital que puedan afectar a la seguridad de España.

Lo que cambia es que se formaliza y regula la existencia de este consejo, definiendo su papel dentro del Sistema de Seguridad Nacional. Esto implica una mayor estructura y claridad en las responsabilidades para abordar los desafíos de la ciberseguridad.

Este acuerdo fue adoptado por el Consejo de Seguridad Nacional el 1 de diciembre de 2017 y publicado oficialmente el 23 de enero de 2018, por lo que su entrada en vigor es inmediata desde su publicación.

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 12 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 12 de enero de 2018 modifica la resolución de 2006 para establecer los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la obtención de certificados tributarios.

2. CONTEXTO La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece la figura de la colaboración social en la aplicación de los tributos, regulada en los artículos 92 a 95. El Real Decreto 1377/2002 y el Real Decreto 1065/2007 desarrollan esta figura, permitiendo la utilización de medios electrónicos para la colaboración social. La Resolución de 29 de mayo de 2006 establecía los supuestos y condiciones para la colaboración social en la obtención de certificados tributarios, y la nueva resolución la modifica.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 12 de enero de 2018 modifica la resolución de 29 de mayo de 2006, con el objetivo de actualizar los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la aplicación de los tributos, especialmente en la obtención de certificados tributarios. Esta norma se basa en la regulación establecida en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que en sus artículos 92 a 95 establece los aspectos de la colaboración social. En concreto, el artículo 92.3, apartado h), menciona la solicitud y obtención de certificados tributarios previa autorización de los obligados tributarios, mientras que el artículo 92.4 permite a la Administración tributaria establecer requisitos y condiciones para la colaboración social mediante técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

El desarrollo reglamentario de la colaboración social se encuentra en el Real Decreto 1377/2002, de 20 de diciembre, y en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, que deroga el primero y desarrolla en los artículos 79 a 81 la figura de la colaboración social. El Real Decreto 1377/2002 habilitaba al Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para establecer, mediante resolución, los supuestos y condiciones en que las personas y entidades incluidas en el ámbito de la colaboración social podrían presentar por Internet cualquier otra documentación de carácter tributario, distinta de las declaraciones, comunicaciones, autoliquidaciones, etc. En virtud de esta habilitación, se dictó la Resolución de 29 de mayo de 2006, que establecía los supuestos y condiciones para la colaboración social en la obtención de certificados tributarios.

La nueva resolución modifica dicha norma, estableciendo que la recogida del certificado podrá hacerse por el contribuyente o por el colaborador social, siempre que figure inscrito el poder de representación en el Registro de apoderamientos de la Agencia Tributaria. En este caso, el certificado podrá descargarse en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, en la opción “Certificaciones”, dentro del apartado “Todos los trámites”, accediendo a “Consulta de certificaciones expedidas” y eligiendo el tipo de certificado. En caso contrario, el certificado se remitirá a la Dirección Electrónica Habilitada del contribuyente, si está adherido al sistema de notificación en dirección electrónica regulado en la Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, o al domicilio consignado en los modelos de declaración 030/036/037, o al domicilio fiscal.

Además, la resolución aprueba un documento normalizado de representación para solicitar certificados tributarios en el ámbito de la colaboración social, que sustituye al anexo de la Resolución de 29 de mayo de 2006. Este documento normalizado es válido para acreditar la representación necesaria para solicitar certificados tributarios. Finalmente, la resolución establece que será de aplicación a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución de 12 de enero de 2018 modifica la normativa vigente sobre la colaboración social en la obtención de certificados tributarios, estableciendo nuevos supuestos y condiciones para su aplicación. Se aprueba un documento normalizado de representación y se fija la fecha de entrada en vigor de la norma.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Modificación de la normativa vigente: La resolución actualiza los supuestos y condiciones para la colaboración social en la obtención de certificados tributarios. ⚠️ Requisitos de representación: Se establece la necesidad de inscripción del poder de representación en el Registro de apoderamientos para que el colaborador social pueda solicitar certificados. 📋 Documentos normalizados: Se aprueba un documento de representación que sustituye al anterior. ℹ️ Fecha de entrada en vigor: La norma entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden PRA/29/2018, de 22 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Decreto publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional que crea y regula el Comité Especializado de no proliferación de armas de destrucción masiva.

2. CONTEXTO El Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión del 1 de diciembre de 2017, adoptó un Acuerdo para crear el Comité Especializado de no proliferación de armas de destrucción masiva. La Orden Ministerial de 22 de enero de 2018 publica este Acuerdo como anejo, con el objetivo de darle general conocimiento y cumplir con lo dispuesto en el propio Acuerdo.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, publicado mediante la Orden PRA/29/2018, establece la creación y regulación del Comité Especializado de no proliferación de armas de destrucción masiva. Este órgano, creado en virtud del artículo 21.1.h) de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, tiene como función principal asistir al Presidente del Gobierno en la dirección de la política de Seguridad Nacional y en el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Nacional. El Comité forma parte del Sistema de Seguridad Nacional, que incluye al Departamento de Seguridad Nacional como Secretaría Técnica y a los órganos de apoyo del Consejo.

El Acuerdo establece que el Departamento de Seguridad Nacional, conforme al artículo 20.4 de la Ley 36/2015, mantendrá mecanismos de enlace y coordinación permanentes con las Administraciones Públicas necesarias para garantizar el funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional. Además, el Comité podrá crear grupos de trabajo para asistencia técnica, con la participación de expertos y representantes de distintas Administraciones y sectores. Estos grupos estarán coordinados por el Departamento de Seguridad Nacional y su régimen de funcionamiento se regirá por normas internas, o en su defecto, por la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El Comité se reunirá con carácter presencial o a distancia, al menos bimestralmente, a iniciativa del Presidente, según lo dispuesto en el Acuerdo y en las Normas de régimen interno y de funcionamiento del Comité. Estas reuniones se realizarán con la finalidad de abordar las necesidades de Seguridad Nacional en materia de no proliferación de armas de destrucción masiva.

El Acuerdo se publica en cumplimiento del apartado segundo del propio acuerdo, con el objetivo de darle general conocimiento y garantizar su aplicación efectiva. La Orden Ministerial, firmada por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría Antón, establece que el anejo forma parte de la norma y se publica en el Boletín Oficial del Estado.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Acuerdo crea el Comité Especializado de no proliferación de armas de destrucción masiva, regulando su estructura y funcionamiento. El Comité opera dentro del Sistema de Seguridad Nacional, con participación del Departamento de Seguridad Nacional y mecanismos de coordinación con las Administraciones Públicas. Su reunión se realizará al menos bimestralmente.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Creación del Comité Especializado: Se establece un órgano colegiado encargado de la no proliferación de armas de destrucción masiva. ⚠️ Función del Consejo de Seguridad Nacional: Ejerce la función de crear y regular órganos de apoyo para la Seguridad Nacional. 📋 Estructura del Sistema de Seguridad Nacional: Incluye al Departamento de Seguridad Nacional como Secretaría Técnica. ℹ️ Reuniones periódicas: El Comité se reunirá al menos bimestralmente, según lo establecido en el Acuerdo.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Ley Foral 18/2017, de 27 de diciembre, por la que se establece la cuantía y repa ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Ley Foral 18/2017 establece la cuantía y reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes para los años 2018 y 2019.

2. CONTEXTO La norma se publicó en el Boletín Oficial de Navarra el 30 de diciembre de 2017. Se enmarca en el marco de la regulación de las haciendas locales en Navarra, con el objetivo de garantizar a las entidades locales recursos suficientes para el ejercicio de sus competencias. La norma se basa en la Constitución, en la Ley de Bases de Régimen Local y en la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Ley Foral 18/2017, de 27 de diciembre, establece el Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes para los años 2018 y 2019. Este fondo se compone de la participación en los tributos de la Comunidad Foral y del Estado, así como en otros tributos locales. La norma se fundamenta en el artículo 142 de la Constitución, que establece el principio de autonomía de las entidades locales, y en la Ley de Bases de Régimen Local, que regula el sistema de financiación de las mismas.

La Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en su título VIII, dedicado a las haciendas locales, prevé que las entidades locales se nutran de recursos suficientes, entre ellos, de los tributos propios y de la participación en los tributos de la Comunidad Foral y del Estado. Los artículos 260 y 261 de dicha ley foral regulan la participación de las Haciendas Locales en los tributos de la Comunidad Foral y del Estado, así como en otros tributos locales.

La Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en su artículo 123, regula de forma más precisa el alcance de la participación en los tributos de la Hacienda Pública. En este sentido, se establece que la participación de las Haciendas Locales en los tributos de la Comunidad Foral y del Estado se calculará en función de la base liquidable de cada municipio, el coeficiente de ajuste a valores de mercado, y otros elementos como la base liquidable urbana y rústica de la Contribución Territorial, la cuota base del Impuesto de Actividades Económicas, los derechos liquidados del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, y el valor catastral del comunal.

La norma establece que los datos necesarios para el cálculo de la participación se obtendrán de fuentes oficiales, como el Registro Fiscal de Riqueza Territorial del Gobierno de Navarra, el Departamento de Hacienda y Política Financiera, y el Departamento de Administración Local. En caso de falta de remisión de datos, se aplicará una estimación calculada con el criterio previsto en el apartado 2 del artículo 9 de esta ley foral.

La norma también establece que la participación se distribuirá entre los municipios de Navarra en función de su base liquidable, su coeficiente de ajuste, y otros factores que reflejen su capacidad contributiva. Esta distribución busca garantizar una financiación equitativa y sostenible para las entidades locales, permitiéndoles cumplir con sus funciones y responsabilidades.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Ley Foral 18/2017 regula el Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para los años 2018 y 2019. Establece un sistema de reparto basado en criterios objetivos y en datos oficiales. La norma busca garantizar una financiación equitativa y sostenible para las entidades locales.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Establece el Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para los años 2018 y 2019. ⚠️ Se basa en la Constitución, la Ley de Bases de Régimen Local y en leyes forales anteriores. 📋 El reparto se realiza en función de criterios objetivos y datos oficiales. ℹ️ Incluye una serie de elementos como la base liquidable urbana y rústica, la cuota base del Impuesto de Actividades Económicas, y el valor catastral del comunal.

6. FICHA

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¿Qué es? Una orden ministerial que publica un acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, aprobado el 1 de diciembre de 2017, que modifica y actualiza el marco regulador del Comité Especializado de Inmigración. Este Comité es un órgano de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, dedicado a la ordenación de flujos migratorios.

¿A quién afecta? Afecta al Comité Especializado de Inmigración y a todos los órganos y organismos del Sistema de Seguridad Nacional que participan en este Comité o están vinculados a su funcionamiento, incluyendo ministerios y administraciones territoriales que tengan responsabilidades en materia de inmigración y seguridad nacional.

¿Qué cambia o establece? Actualiza el acuerdo anterior de 2014 en varios aspectos: define la naturaleza jurídica del Comité como órgano de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional; establece sus funciones específicas (proponer directrices de seguridad nacional sobre inmigración, apoyar decisiones del Consejo, contribuir a estrategias y propuestas normativas); regula su composición, presidencia y procedimiento de designación de miembros; y fija normas sobre emisión de informes, creación de grupos de trabajo y coordinación con otros componentes del Sistema de Seguridad Nacional. Entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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¿Qué es? Una ley foral de Navarra que regula el sistema de selección para acceder a trabajar como maestro o profesor de educación no universitaria en la administración pública navarra. Establece que los procesos de selección deben estar organizados según las áreas de conocimiento y las lenguas oficiales de Navarra (español y euskera).

¿A quién afecta? A las personas que deseen ser docentes no universitarios en Navarra, a la administración pública navarra que hace las convocatorias de empleo, y a los tribunales que evalúan a los candidatos. Garantiza que quienes no dominan ambas lenguas tengan igualdad de condiciones en el proceso selectivo.

¿Qué cambia o establece? Obliga a que cada convocatoria de maestros o profesores incluya procedimientos selectivos separados para cada especialidad y lengua oficial. Los exámenes se realizan en la lengua correspondiente a la especialidad, con tribunales específicos designados para cada grupo. Los aspirantes que aprueben las pruebas eligen plaza solo en la especialidad y lengua en que superaron el examen.

¿Qué es? Es una norma que regula el Comité de Situación, un órgano que asiste al Consejo de Seguridad Nacional en la gestión de crisis a nivel nacional. Es el único órgano de este tipo para todo el Sistema de Seguridad Nacional.

¿A quién afecta? Afecta a los órganos que participan en la seguridad nacional: el Gobierno, sus ministerios, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, las autoridades de Ceuta y Melilla, y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas según corresponda.

¿Qué cambia o establece? Actualiza la regulación anterior del 2013. Cambia el nombre (de Comité Especializado de Situación a Comité de Situación), define su naturaleza jurídica como órgano de apoyo, establece sus funciones en gestión de crisis, fija cómo se estructura su dirección y cómo se designan sus miembros, y permite crear grupos de trabajo para coordinar con otros órganos de seguridad nacional.

¿Qué es? Una Orden Ministerial que formaliza la creación del Comité Especializado de Seguridad Energética, un nuevo órgano que apoya al Consejo de Seguridad Nacional. Este comité depende del Consejo y forma parte del Sistema de Seguridad Nacional español.

¿A quién afecta? Afecta a todas las administraciones públicas que intervienen en materia de energía, a empresas e instituciones del sector energético privado, y a los órganos que participan en la seguridad nacional. Su trabajo impacta en decisiones que involucran defensa, orden público, relaciones exteriores y otros ámbitos de seguridad.

¿Qué cambia o establece? Se crea un comité que coordina la política de seguridad energética nacional. Sus funciones incluyen: analizar riesgos energéticos, proponer iniciativas, mejorar la coordinación entre administraciones y entre sector público y privado, y ofrecer una visión integral de la seguridad energética para gestionar crisis. El Departamento de Seguridad Nacional actúa como su secretaría técnica. El acuerdo entra en vigor el día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

¿Qué es? Una norma que organiza las estructuras administrativas encargadas de manejar dinero y hacer pagos en la Presidencia del Gobierno y sus ministerios. Define dónde y cómo se guardarán y se gastarán los fondos públicos destinados a estas instituciones, tanto en Madrid como en las embajadas españolas en el extranjero.

¿A quién afecta? Afecta al Ministerio de la Presidencia y a sus oficinas de comunicación en las 22 embajadas y consulados españoles en el mundo (en países como Francia, Alemania, Reino Unido, China, Estados Unidos, Japón y otros). También afecta al personal que será designado como responsable de estos fondos en cada ubicación.

¿Qué cambia o establece? Crea 22 cajas pagadoras nuevas en las misiones diplomáticas españolas en el exterior. En Madrid, crea 5 secciones especializadas dentro de la caja principal, cada una para diferentes áreas del ministerio. Establece que una unidad central coordinará todas estas cajas y que personas designadas específicamente serán responsables de autorizar y justificar todos los pagos realizados, siguiendo reglas sobre fondos que deben ser explicados después de gastarse.

¿Qué es? Es una corrección oficial de errores publicada en el Boletín Oficial del Estado. En enero de 2018 se publicó por error el título de un acuerdo internacional, y esta corrección lo rectifica.

¿A quién afecta? Afecta a las autoridades competentes de España y otros países que participan en el acuerdo internacional sobre el intercambio de información financiera entre administraciones tributarias y financieras.

¿Qué cambia o establece? Corrige que el acuerdo no es sobre "intercambio automático de información de cuentas financieras" de Berlín (29 de octubre de 2014), sino sobre "intercambio de Informes país por país" de París (27 de enero de 2016). Además aclara que es entre "Autoridades competentes" (con mayúscula inicial).

¿Qué es? Es un acuerdo técnico entre los ministerios de Defensa de España y Alemania que permite el intercambio mutuo de oficiales de enlace. Un oficial de enlace es personal militar que se destaca en el país vecino para facilitar la comunicación y cooperación entre los dos ministerios de Defensa.

¿A quién afecta? Afecta a los militares españoles designados para servir en el Ministerio Federal de Defensa de Alemania y a los militares alemanes designados para servir en el Estado Mayor de la Defensa español. Se trata de oficiales de alto rango con experiencia militar, dominio de idiomas y acreditación para acceder a información clasificada.

¿Qué cambia o establece? El acuerdo establece que estos oficiales de enlace tendrán un período de destino de tres años en el país receptor, durante el cual representarán los intereses de su país y promoverán la cooperación bilateral. Sus funciones incluyen participar en ejercicios y operaciones, intercambiar información sobre temas de interés mutuo, facilitar reuniones entre autoridades militares y asesorar al ministerio receptor. No pueden participar en operaciones de combate, mantenimiento del orden público o policiales del país receptor sin consentimiento previo escrito.

¿Qué es? Un acuerdo de cooperación en materia de defensa entre España y Uruguay, firmado en Montevideo el 26 de marzo de 2015. Busca fortalecer las relaciones entre ambos países mediante intercambios y actividades conjuntas en defensa, con la convicción de que el entendimiento mutuo y la cooperación favorecen la paz y la estabilidad internacionales.

¿A quién afecta? Afecta a los Ministerios de Defensa, las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles y militares de ambos países. También aplica a los centros de investigación, la industria de defensa nacional y las autoridades de seguridad competentes en materia de información clasificada.

¿Qué cambia o establece? Establece una Comisión Mixta Hispano-Uruguaya para dirigir la cooperación en defensa, que incluye: intercambios de visitas de ministros y autoridades, delegaciones y grupos de expertos; cooperación entre Fuerzas Armadas en política de defensa, educación, formación, gestión de crisis y operaciones humanitarias; participación como observadores en ejercicios militares; cooperación científico-tecnológica; cooperación industrial en defensa; y protección mutua de información clasificada. Define que la parte anfitriona cubre transporte local y servicios médicos de emergencia, mientras la parte de origen cubre alojamiento y manutención. El acuerdo entró en vigor el 2 de enero de 2018 y puede ser modificado o denunciado por cualquiera de las partes con notificación previa de 180 días.

¿Qué es? Es una orden del Gobierno español que publica un Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional. Este Acuerdo actualiza las normas que regulan el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, que funciona como órgano de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional para asuntos de seguridad marítima.

¿A quién afecta? Afecta a los organismos e instituciones españoles responsables de seguridad marítima, incluidos ministerios, autoridades en comunidades autónomas y ciudades autónomas. También vincula al Consejo de Seguridad Nacional y sus órganos dependientes en cuestiones de seguridad marítima.

¿Qué cambia o establece? Modifica las reglas de 2013 del Consejo Nacional de Seguridad Marítima. Establece sus funciones: proponer directrices de seguridad marítima al Consejo de Seguridad Nacional, verificar que se cumplan las estrategias nacionales de seguridad marítima, reforzar la coordinación entre organismos, crear grupos de trabajo especializados y emitir informes sobre seguridad marítima. Entra en vigor al día siguiente de su publicación oficial.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden APM/26/2018, de 11 de enero, por la que se modifica el anexo I del Real De ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 2129/2008, modificado por el Orden APM/26/2018, actualiza el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España incorporando nuevas razas, modificando denominaciones y reclasificando algunas de peligro de extinción a fomento.

2. CONTEXTO El Real Decreto 2129/2008 establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas. Su anexo I contiene el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España. El Orden APM/26/2018 modifica este anexo para actualizarlo con nuevas y modificadas razas, basándose en propuestas aprobadas por la Comisión Nacional de Coordinación. La modificación se realiza tras reuniones celebradas tras la entrada en vigor del Real Decreto original.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, con el objetivo de regular las normas básicas y de coordinación de dicho Programa, así como la normativa zootécnica de los animales de raza y équidos registrados. En su anexo I se incluye el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, que recoge las razas reconocidas en el territorio nacional. Según el artículo 6 del citado Real Decreto, el reconocimiento, clasificación e incorporación de razas en el Catálogo oficial se realiza de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Comisión Nacional de Coordinación para la conservación, mejora y fomento de razas ganaderas, prevista en el artículo 34. Estos procedimientos incluyen la presentación y análisis de la documentación de la correspondiente raza, así como el informe de la misma.

El Orden APM/26/2018, de 11 de enero, modifica el anexo I del Real Decreto 2129/2008, sustituyéndolo por uno nuevo que incorpora una raza, una estirpe, modifica la denominación para catorce razas, y cambia de categoría a tres razas caprinas y una ovina de fomento a peligro de extinción. Esta modificación se basa en propuestas aprobadas en reuniones de la Comisión Nacional de Coordinación celebradas tras la publicación del Real Decreto 2129/2008. En concreto, la Comisión celebrada el 2 de noviembre de 2016 informó favorablemente sobre la modificación de la denominación de varias razas, incluyendo la raza ovinas Mallorquina, Roja Mallorquina, Menorquina e Ibicenca, que pasan a denominarse Ovella Mallorquina, Ovella Roja Mallorquina, Ovella Menorquina y Ovella Eivissenca, respectivamente. Asimismo, la raza caprina Ibicenca pasa a denominarse Eivissenca, y la raza porcina Negra Mallorquina pasa a denominarse Porc Negre Mallorquí. Otras modificaciones incluyen la denominación de razas equinas caballar y asnal, así como aviares.

El nuevo anexo I del Real Decreto 2129/2008 incluye las siguientes especies y razas:

Además, el anexo incluye razas integradas en España, como la especie bovina Blonda de Aquitania, Charolesa, Fleckvieh, Frisona, Limusina y Parda; la especie ovina Berrichon du Cher, Charmoise, Fleischschaf, île de France, Landschaff y Merino Precoz; la especie porcina Duroc, Landrace, Large White y Pietrain; y la especie equina caballar Árabe, Anglo-Árabe, Pura Sangre Inglés y Trotador Español. También se mencionan razas de la Unión Europea, como la especie ovina Lacaune, y razas de terceros países, como la especie ovina Assaf. Por último, se incluyen razas sintéticas españolas, como la especie ovina Salz, y otros équidos registrados, como el Caballo de Deporte Español (C.D.E.).

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 2129/2008, modificado por el Orden APM/26/2018, actualiza el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España incorporando nuevas razas, modificando denominaciones y reclasificando algunas de peligro de extinción. Esta modificación se realiza tras el análisis y aprobación de la Comisión Nacional de Coordinación.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Actualización del Catálogo Oficial: Se incorporan nuevas razas y se modifican denominaciones de varias razas. ⚠️ Reclasificación de razas: Tres razas caprinas y una ovina pasan de categoría de fomento a peligro de extinción. 📋 Procedimiento de aprobación: Las modificaciones se basan en propuestas aprobadas por la Comisión Nacional de Coordinación. ℹ️ Especies y razas incluidas: El anexo incluye una amplia gama de especies y razas, tanto nacionales como internacionales.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? La Contratación Pública Ecológica (CPE) es el proceso mediante el cual las autoridades públicas adquieren mercancías, servicios y obras buscando reducir su impacto medioambiental durante todo su ciclo de vida, en comparación con productos equivalentes. Es una herramienta para alcanzar objetivos de cambio climático, uso racional de recursos y consumo sostenible.

¿A quién afecta? Afecta a las Administraciones Públicas del Sector Público Estatal en sus compras y contrataciones. También impacta a las empresas, especialmente a pequeñas y medianas empresas (PYMES), que participan en licitaciones públicas, ya que deberán considerar criterios ecológicos. La contratación pública representa casi el 20% del PIB de la Unión Europea, lo que amplifica su alcance.

¿Qué cambia o establece? Se crea la Comisión Interministerial para incorporar criterios ecológicos en la contratación pública. Se establecen principios y requisitos de eficiencia energética para que las Administraciones Públicas adquieran bienes, servicios y edificios con menores impactos ambientales. Se alinea la contratación pública con objetivos de economía circular, sostenibilidad económica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, usando el gasto público para impulsar cambios en los modelos de producción y consumo.

¿Qué es? Un protocolo de aplicación que establece las reglas prácticas entre España y Serbia para ejecutar un acuerdo anterior sobre readmisión. Regula cómo España puede solicitar que Serbia readmita a personas que son nacionales serbios y residen sin autorización en territorio español.

¿A quién afecta? A personas nacionales de Serbia que se encuentren ilegalmente en España y sean objeto de readmisión, y a las autoridades administrativas y diplomáticas de ambos países encargadas de procesar estas solicitudes: el Ministerio del Interior y Policía española, el Ministerio del Interior serbio, los consulados españoles en Serbia y la embajada de Serbia en España.

¿Qué cambia o establece? Fija los contactos oficiales y horarios para presentar solicitudes de readmisión, establece que las transferencias se hagan por el aeropuerto de Belgrado o aeropuertos españoles, determina que la comunicación sea en inglés, define formularios y procedimientos para solicitudes y respuestas con plazos específicos (dos a quince días según el tipo), autoriza el uso de huellas dactilares para identificar nacionales serbios, y regula las entrevistas consulares para verificar nacionalidad cuando falten documentos.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden DEF/24/2018, de 11 de enero, por la que se regula la elaboración, acceso, ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden DEF/24/2018 establece normas sobre la elaboración, acceso, custodia y utilización de los expedientes académicos del personal militar, sustituyendo a una norma anterior y adaptando el sistema de información de personal.

2. CONTEXTO Esta norma se enmarca en el marco legal de la carrera militar, regulado por la Ley 39/2007, y busca actualizar los requisitos para el manejo de los expedientes académicos. También se alinea con el Real Decreto 339/2015, que regula la enseñanza en las Fuerzas Armadas, y con la Ley Orgánica 15/1999 sobre protección de datos personales.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden DEF/24/2018 regula la elaboración, acceso, custodia y utilización de los expedientes académicos del personal militar, sustituyendo a la Orden ministerial 209/2001. En concreto, establece que los expedientes académicos forman parte del historial militar individual del militar, que es de uso confidencial, según el artículo 79.1 de la Ley 39/2007. El artículo 82 de dicha ley detalla que el expediente académico incluye calificaciones, certificaciones y acreditaciones de titulaciones obtenidas en la enseñanza militar y en otros países, tanto en el ámbito civil como en el militar.

La Orden DEF/24/2018 establece que el acceso a los expedientes académicos se realizará en los siguientes casos: a) por petición del interesado; b) cuando se requiera para la gestión administrativa; c) a petición del interesado; y d) en procesos selectivos donde las bases así lo determinen. Además, se establece que cuando se necesite conocer o utilizar los datos del expediente académico, se solicitarán al órgano responsable de su custodia. Los interesados podrán solicitar acceso, conocimiento y copia auténtica de los datos de su expediente académico, mediante solicitud al órgano correspondiente.

La Orden también establece que la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa realizará acciones técnicas para adaptar el Sistema de Información de Personal del Ministerio de Defensa (SIPERDEF) al nuevo régimen normativo. Mientras se realizan dichas adaptaciones, el expediente académico seguirá con su formato actual. Las actuales documentaciones relativas al expediente académico serán adaptadas a lo establecido en esta orden ministerial.

En cuanto a la derogación, se menciona que queda derogada la Orden ministerial 209/2001, de 3 de octubre, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta orden ministerial. Además, se autoriza al Subsecretario de Defensa a dictar resoluciones necesarias para su aplicación, y la orden entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden DEF/24/2018 establece un nuevo marco normativo para la gestión de los expedientes académicos del personal militar, sustituyendo a una norma anterior y adaptando el sistema de información de personal. Establece normas claras sobre acceso, custodia y utilización, garantizando la protección de los datos personales.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Regulación del expediente académico: Se establecen normas claras sobre su elaboración, acceso y custodia. ⚠️ Derogación de normas anteriores: Se sustituye la Orden 209/2001 y se derogan disposiciones que se opongan a esta norma. 📋 Adaptación del sistema SIPERDEF: Se realizarán acciones técnicas para adaptar el sistema de información de personal. ℹ️ Protección de datos: Se alinea con la Ley Orgánica 15/1999 sobre protección de datos personales.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 19 de enero de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mer ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 19 de enero de 2018 establece los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears.

2. CONTEXTO La norma se emite en virtud de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos, y de la Normativa Tributaria. Se publican los precios propuestos por los fabricantes e importadores. La Resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 19 de enero de 2018, emitida por la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, tiene por objeto publicar los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears. Esta medida se fundamenta en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos, y en la Normativa Tributaria, que otorgan al Comisionado la competencia para establecer estos precios.

En el primer apartado, se detallan los precios de venta al público de las labores de tabaco, incluidos los diferentes tributos. Se distinguen dos categorías: A) Cigarrillos y B) Cigarros y cigarritos. Para los cigarrillos, se mencionan las siguientes referencias:

En cuanto a los cigarros y cigarritos, se incluyen:

Estos precios incluyen todos los tributos aplicables, lo que significa que los establecimientos deberán aplicarlos al momento de la venta.

El segundo apartado establece que la presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Esto implica que, una vez publicada, los precios detallados serán obligatorios para los establecimientos que operen en el ámbito de la Península e Illes Balears.

La norma se emite en Madrid, el 19 de enero de 2018, y la firma corresponde a Isabel Eugenia Juliani Fernández de Córdoba, Presidenta del Comisionado para el Mercado de Tabacos.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución establece precios de venta al público de labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears. Los precios incluyen tributos y son obligatorios desde su publicación. La norma se fundamenta en la Ley 13/1998 y en la Normativa Tributaria.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Establece precios de venta al público de labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre. ⚠️ Los precios incluyen tributos y son obligatorios para los establecimientos. 📋 Se publica en el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor el mismo día. ℹ️ Fundamentada en la Ley 13/1998 y en la Normativa Tributaria.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden HFP/19/2018, de 15 de enero, por la que se aprueban los modelos de suminis ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Orden Ministerial HFP/19/2018 aprueba los modelos de suministro de información previstos en el artículo 7 del Reglamento del Impuesto sobre Bebidas Azucaradas Envasadas, aprobado por el Decreto 73/2017.

2. CONTEXTO La Ley 5/2017 de medidas fiscales y otras creó el impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas y reguló sus bases. El Reglamento del impuesto, aprobado por el Decreto 73/2017, detalla los aspectos no regulados en la ley. El artículo 7 del Reglamento establece que el modelo de declaración informativa anual debe ser determinado mediante orden ministerial.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Orden Ministerial HFP/19/2018, de 15 de enero de 2018, aprueba los modelos de suministro de información previstos en el artículo 7.4 del Reglamento del Impuesto sobre Bebidas Azucaradas Envasadas, aprobado por el Decreto 73/2017, de 20 de junio. Estos modelos se establecen como herramientas formales para cumplir con las obligaciones de declaración informativa anual de los contribuyentes y sus sustitutos, según lo dispuesto en los artículos 73.3 y 74.2 de la Ley 5/2017.

El modelo 523 corresponde a la declaración informativa que presenta el distribuidor sustituto del contribuyente referida a contribuyentes. El modelo 524 corresponde a la declaración informativa que presenta el contribuyente referida a distribuidores. El modelo 525 corresponde a la declaración informativa que presenta el contribuyente referida a productos.

Cada modelo incluye un bloque de datos identificativos y un bloque de declaración. En el bloque de datos identificativos, se incluyen elementos como el NIF del distribuidor, los apellidos y nombre o razón social del distribuidor, la bebida suministrada, los gramos de azúcar por cada 100 mililitros, la cantidad suministrada en litros, entre otros.

En el bloque de declaración, se incluyen datos como el tipo de declaración (original o sustitutiva), el número de justificante de la declaración anterior, la fecha de presentación, el tipo de bebida, el código de clasificación, el porcentaje de azúcar, el volumen total, el número de unidades, el importe total, y otros datos complementarios.

El modelo 523 incluye campos como el NIF del distribuidor, el nombre o razón social, el código de identificación del contribuyente, el tipo de declaración, el número de justificante, la fecha de presentación, el tipo de bebida, el código de clasificación, el porcentaje de azúcar, el volumen total, el número de unidades, el importe total, y otros datos.

El modelo 524 incluye campos como el NIF del contribuyente, el nombre o razón social, el código de identificación del distribuidor, el tipo de declaración, el número de justificante, la fecha de presentación, el tipo de bebida, el código de clasificación, el porcentaje de azúcar, el volumen total, el número de unidades, el importe total, y otros datos.

El modelo 525 incluye campos como el NIF del contribuyente, el nombre o razón social, el código de identificación del producto, el tipo de declaración, el número de justificante, la fecha de presentación, el tipo de bebida, el código de clasificación, el porcentaje de azúcar, el volumen total, el número de unidades, el importe total, y otros datos.

Estos modelos se establecen como herramientas formales para cumplir con las obligaciones de declaración informativa anual de los contribuyentes y sus sustitutos, según lo dispuesto en el artículo 7.4 del Reglamento del Impuesto sobre Bebidas Azucaradas Envasadas.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Orden Ministerial HFP/19/2018 aprueba tres modelos de declaración informativa anual para el Impuesto sobre Bebidas Azucaradas Envasadas. Estos modelos establecen los formatos y requisitos formales para la presentación de la información obligatoria por parte de los contribuyentes y sus sustitutos.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Aprobación de modelos de declaración: Se aprueban tres modelos (523, 524 y 525) para la presentación de información sobre bebidas azucaradas envasadas. ⚠️ Obligaciones formales: Los modelos establecen requisitos formales para la presentación de la información obligatoria. 📋 Formato y datos específicos: Cada modelo incluye campos específicos como NIF, nombre, tipo de bebida, cantidad, porcentaje de azúcar, etc. ℹ️ Regulación del impuesto: Estos modelos se enmarcan en el marco legal del Impuesto sobre Bebidas Azucaradas Envasadas, regulado por la Ley 5/2017 y el Decreto 73/2017.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

Protección ante daños por organismos modificados genéticamente

Este acuerdo internacional, ratificado por España, establece normas para determinar quién es responsable y cómo se compensa en caso de que los organismos vivos modificados genéticamente (OMG) causen daños. El objetivo principal es proteger la diversidad biológica y la salud humana frente a posibles riesgos derivados de la biotecnología.

Lo que cambia concretamente es que se crea un marco legal para asegurar que si un OMG causa un perjuicio, se pueda exigir responsabilidad y obtener una compensación. Esto incluye definir qué se considera daño y establecer procedimientos para abordarlo, garantizando así una mayor seguridad en el uso de estas tecnologías.

El Protocolo fue firmado por España en 2011 y ratificado por las Cortes Generales, siendo aprobado formalmente por el Rey en 2012. Su entrada en vigor a nivel nacional se produce con su ratificación y publicación, aunque el extracto proporcionado no detalla la fecha exacta de su aplicación interna, sí marca el compromiso de España con estas normas internacionales.

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Auto de 8 de noviembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que no ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Tribunal Supremo anula parte de la Orden ETU/555/2017, que reducía la vida regulatoria útil de las instalaciones de tratamiento de purines y modificaba otros aspectos reglamentarios.

2. CONTEXTO El auto se dicta en el marco de un recurso contencioso-administrativo promovido por Energyworks San Millán, S.L.U., contra una Orden ministerial que modificaba normas relacionadas con la gestión de purines. La Sala Tercera del Tribunal Supremo revisa la validez de dicha Orden en relación con la sentencia de 20 de junio de 2016.

3. CONTENIDO JURÍDICO El auto del Tribunal Supremo, dictado el 8 de noviembre de 2017, resuelve tres puntos principales. En primer lugar, la Sala no considera ejecutada en su integridad la sentencia de 20 de junio de 2016, lo que implica que dicha sentencia no ha sido plenamente aplicada en la práctica. En segundo lugar, anula la Orden ETU/555/2017, de 15 de junio, en varios aspectos específicos. Estos incluyen la reducción a quince años de la vida regulatoria útil de las instalaciones de tratamiento de purines, según el artículo 5 de la Orden, así como la disposición transitoria única y los números de horas equivalentes de funcionamiento mínimo del anexo I, apartado 2, y las horas equivalentes de funcionamiento recogidas en el anexo III. La Sala considera que estos aspectos no cumplen con los requisitos legales establecidos en la sentencia anterior. En tercer lugar, se imponen las costas del incidente a la Administración demandada, en los términos del fundamento de derecho cuarto del auto. Además, se establece que, una vez firme, el auto debe publicarse en el «Boletín Oficial del Estado».

El Tribunal Supremo se basa en el principio de legalidad y en la necesidad de que las normas administrativas sean compatibles con las sentencias judiciales anteriores. La anulación de la Orden ETU/555/2017 se fundamenta en la falta de coherencia con la sentencia de 20 de junio de 2016, que estableció un marco regulatorio más estricto en materia de gestión de purines. La Sala considera que la reducción de la vida útil de las instalaciones y las modificaciones en las horas de funcionamiento no estaban justificadas y no respetaban los principios de seguridad y sostenibilidad ambiental.

En cuanto a la aplicación de las costas, el Tribunal determina que la Administración demandada debe asumirlas, lo que refleja la responsabilidad de la administración en la formulación de normas que no cumplen con los criterios legales. La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» garantiza la transparencia y el acceso a la normativa, permitiendo que los interesados conozcan los cambios en el marco regulatorio.

Este auto refleja la importancia del control judicial de la legalidad de las normas administrativas y su incidencia en la protección del medio ambiente y la seguridad pública. La Sala Tercera del Tribunal Supremo reafirma su compromiso con la aplicación estricta del derecho y la corrección de normas que no cumplen con los estándares establecidos por el sistema judicial.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Tribunal Supremo anula parte de la Orden ministerial que modificaba normas sobre la gestión de purines. La decisión se basa en la incompatibilidad de dicha Orden con una sentencia anterior. La anulación afecta aspectos clave como la vida útil de las instalaciones y las horas de funcionamiento mínimas.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Anulación parcial de la Orden ETU/555/2017: Se anula la reducción a quince años de la vida regulatoria útil de las instalaciones de tratamiento de purines. ⚠️ Incompatibilidad con la sentencia de 2016: La Orden no se ajusta a los criterios establecidos en la sentencia anterior. 📋 Requisitos legales: La norma debe ser compatible con la jurisprudencia vigente. ℹ️ Publicación en el BOE: Una vez firme, el auto se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Acuerdo entre la Autoridad de Aviación Civil del Reino de España y el Ministerio ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El acuerdo establece la aplicación del artículo 83 bis del Convenio de Aviación Civil Internacional entre España y Austria, con el fin de transferir funciones y obligaciones relacionadas con la seguridad aérea al Estado del operador.

2. CONTEXTO Este acuerdo fue firmado entre la Autoridad de Aviación Civil del Reino de España y el Ministerio Federal de Transporte, Innovación y Tecnología de la República de Austria. Se basa en el Protocolo de 6 de octubre de 1980 que modificó el artículo 83 bis del Convenio de Aviación Civil Internacional. El objetivo es mejorar la seguridad aérea mediante la transferencia de responsabilidades del Estado de matrícula al Estado del operador.

3. CONTENIDO JURÍDICO El acuerdo entre España y Austria se fundamenta en el artículo 83 bis del Convenio de Aviación Civil Internacional, que fue modificado por el Protocolo de 1980. Este artículo permite que, en ciertas condiciones, el Estado del operador asuma parte o toda la responsabilidad del Estado de matrícula en materia de seguridad aérea. El acuerdo establece que, cuando una aeronave matriculada en un Estado sea operada por un operador licenciado por otro Estado, el Estado del operador puede asumir funciones relacionadas con la aeronavegabilidad, certificación y supervisión.

El acuerdo se basa en los documentos normativos de la OACI, como el Doc. 9760 (Manual de Aeronavegabilidad) y el Doc. 8335 (Manual sobre procedimientos para la inspección, certificación y supervisión permanente de las operaciones). Estos documentos establecen que los Estados Contratantes deben definir con precisión las obligaciones y responsabilidades internacionales cuando una aeronave sea operada por un operador de otro Estado.

El acuerdo se aplica provisionalmente desde el 1 de diciembre de 2017 y entra en vigor el 1 de febrero de 2018, según lo establecido en su artículo 9. Se menciona que el acuerdo se aplica a los programas de mantenimiento, exenciones, seguimiento del mantenimiento de la aeronavegabilidad, revocación y suspensión de ARC (Autorización de la Ruta de Circulación), así como a la evaluación de recomendaciones, revisión de la aeronavegabilidad y resultados de dichas revisiones.

Los artículos mencionados en el acuerdo, como M.1.4, M.B.301, M.B.302, M.B.303, M.B.304, M.B.901, M.B.902 y M.B.903, son parte de los documentos normativos de la OACI y establecen responsabilidades específicas entre el Estado de matrícula y el Estado del operador. Por ejemplo, el M.B.301 se refiere a la aprobación de los programas de mantenimiento, el M.B.302 a las exenciones, el M.B.303 al seguimiento del mantenimiento de la aeronavegabilidad, y el M.B.304 a la revocación y suspensión de ARC.

El M.B.901 establece la evaluación de las recomendaciones, el M.B.902 la revisión de la aeronavegabilidad por la Autoridad Competente, y el M.B.903 los resultados de dichas revisiones. Estos artículos reflejan la necesidad de una coordinación clara entre los Estados Contratantes para garantizar la seguridad aérea.

El acuerdo también considera que España y Austria son Estados miembros de la Unión Europea y, por tanto, aplican normas armonizadas europeas en materia de aviación. Esto garantiza un enfoque normalizado y coherente en la regulación de la aviación civil.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El acuerdo establece la transferencia de responsabilidades en materia de seguridad aérea del Estado de matrícula al Estado del operador. Se basa en el artículo 83 bis del Convenio de Aviación Civil Internacional y se aplica a España y Austria. El acuerdo entró en vigor en febrero de 2018 y establece un marco normativo para la cooperación internacional en materia de aviación.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Transferencia de responsabilidades: El acuerdo permite que el Estado del operador asuma funciones del Estado de matrícula en materia de seguridad aérea. ⚠️ Aplicación del artículo 83 bis: Se basa en el Protocolo de 1980 que modificó este artículo del Convenio de Aviación Civil Internacional. 📋 Normativa OACI: Se refiere a documentos como el Doc. 9760 y el Doc. 8335 para establecer obligaciones internacionales. ℹ️ Vigencia: El acuerdo entró en vigor el 1 de febrero de 2018, tras su aplicación provisional desde diciembre de 2017.

6. FICHA

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¿Qué es? Es una decisión del Tribunal Constitucional que acepta para su análisis un recurso de inconstitucionalidad presentado contra un acuerdo del Senado de octubre de 2017. Este acuerdo autorizaba al Gobierno de España a aplicar medidas especiales sobre Cataluña conforme al artículo 155 de la Constitución Española.

¿A quién afecta? Afecta a más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados, que promovieron el recurso, así como al Gobierno del Estado, al Senado y a la Generalidad de Cataluña, cuyos actos son objeto de este procedimiento constitucional.

¿Qué cambia o establece? Establece que el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad para examinar si el acuerdo del Senado que autorizó las medidas del artículo 155 sobre Cataluña se ajusta o no a la Constitución. A partir de esta aceptación, el Tribunal deberá analizar los argumentos de inconstitucionalidad presentados y dictar una sentencia al respecto.