Ley de ayudas fiscales para empresas familiares en Aragón

Esta ley permite que las empresas familiares aragonesas paguen menos impuestos. Concretamente, reduce la carga tributaria (el dinero que deben aportar al fisco) cuando la empresa pasa de padres a hijos o entre familiares, y también cuando reinvierten ganancias en el negocio en lugar de repartirlas entre dueños.

Afecta principalmente a autónomos y pequeñas o medianas empresas familiares radicadas en Aragón que planteen una sucesión o herencia empresarial, así como a las familias propietarias que quieran fortalecer su patrimonio sin penalización fiscal.

El cambio principal es doble: por un lado, reduce impuestos en la transmisión de la empresa a herederos (herencias y donaciones más baratas); por otro, incentiva reinvertir beneficios en la propia empresa mediante deducciones fiscales. Esto busca que las empresas familiares no se vean obligadas a vender o cerrar por culpa de impuestos al cambiar de generación.

Entra en vigor el 26 de junio de 2025. Las empresas que ya estuvieran en proceso de sucesión o herencia deben revisar si pueden beneficiarse de estas nuevas condiciones aplicables desde esa fecha.

Qué es Una ley que establece exactamente dónde terminan los límites del pueblo rural de Cofete, en la zona protegida de Jandía (Fuerteventura). Dibuja sobre el mapa el perímetro oficial del asentamiento para evitar confusiones futuras sobre qué terrenos pertenecen al núcleo poblado y cuáles no.

A quién afecta Principalmente a habitantes y propietarios de Cofete, empresas con actividades en la zona, y la administración local de Fuerteventura. También interesa a organismos que gestionan el Parque Natural, pues afecta a decisiones sobre urbanismo y conservación ambiental en un área protegida.

Qué cambia Ahora hay un mapa oficial y vinculante que determina exactamente dónde acaba el pueblo. Esto clarifica qué construcciones están permitidas dentro del asentamiento reconocido, evita conflictos sobre permisos de obra y facilita que la administración tome decisiones coherentes sobre licencias de actividad o protección medioambiental sin discusiones sobre si un terreno "está dentro o fuera".

Cuándo Entra en vigor el 3 de junio de 2025. Desde esa fecha, cualquier trámite administrativo que necesite saber si algo está o no en Cofete tendrá que usar esta delimitación grá

Un nuevo comité para gestionar la reconstrucción tras la DANA

Se crea un órgano de coordinación (Comité Ejecutivo del Mecanismo Reinicia+ FOCIT DANA) para supervisar y acelerar los fondos de recuperación destinados a empresas y territorios afectados por la DANA. Funciona como mesa de trabajo entre ministerios para que los recursos lleguen con menos trámites.

Afecta principalmente a empresas pequeñas y medianas, autónomos y gobiernos locales de las zonas dañadas que soliciten ayudas. También involucra a la administración central (ministerios) para que coordinen mejor las decisiones sobre desembolsos y prioridades de reconstrucción.

Lo que cambia es la velocidad y claridad: en lugar de que cada ministerio gestione por su lado, ahora hay un comité que decide conjuntamente qué proyectos financiar primero, simplifica requisitos administrativos para acceder a fondos (menos papeleos) y evita que solicitudes se pierdan entre departamentos. Dicho de otro modo, menos burocracia en la reconstrucción.

Entra en vigor el 16 de julio de 2025 (al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado). Los efectos se notan conforme el comité comience sus reuniones y publique sus primeras resoluciones sobre qué proyectos reciben

Información estadística obligatoria para fondos de inversión europeos

Los fondos de inversión, empresas de capital riesgo (que invierten dinero en startups y empresas) e instituciones de inversión cerradas de la UE tienen que entregar regularmente datos estadísticos a la CNMV. Se trata de informes detallados sobre sus operaciones, rentabilidad, riesgos y composición de carteras, para que los reguladores supervisen el sector y detecten problemas.

Afecta directamente a gestoras de fondos, sociedades de capital riesgo y plataformas de inversión colectiva que operan en España o capten inversores españoles. También impacta indirectamente a inversores minoristas que confían en que estas entidades cumplan controles transparentes.

La circular especifica exactamente qué datos hay que reportar, con qué frecuencia (trimestral, semestral o anual según el tipo) y en qué formato. Centraliza los requisitos en un documento único, evitando confusiones y garantizando que todos reporten lo mismo. Refuerza la supervisión de riesgos sistémicos en el mercado de inversión europeo.

Entra en vigor el 24 de junio de 2025. Las entidades tienen un plazo de adaptación para ajustar sus sistemas de información antes de las primeras entregas.

Qué es España pone en marcha un plan nacional para ayudar a la gente a encontrar y mantener trabajo durante 2025 y 2028. Se trata de un conjunto de medidas coordinadas entre administraciones públicas y empresas para reducir el desempleo, mejorar la formación de los trabajadores y facilitar su entrada al mercado laboral.

A quién afecta Principalmente a personas en paro o en riesgo de perderlo, especialmente jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y personas con discapacidad. También impacta en autónomos y pequeñas empresas, que recibirán incentivos para contratar. Las administraciones públicas son responsables de ejecutar estas acciones en sus territorios.

Qué cambia Se refuerza la orientación laboral personalizada, se amplían programas de formación en oficios con demanda, se crean incentivos para que empresas contraten a grupos con dificultades de empleo, y se mejora la coordinación entre servicios de empleo autonómicos y el ministerio competente. El objetivo es pasar de esperar pasivamente a que aparezcan empleos a buscar activamente que la gente se prepare y encuentre trabajo.

Cuándo entra en vigor El decreto se aprobó el 15 de julio de 2025. Las medidas se implementarán gradualmente durante los próximos cuatro

Qué es Una nueva regla que obliga a quienes importan o exportan productos de alimentación a garantizar que sus certificados (documentos que prueban el origen y seguridad del producto) son reales y cumplen la ley. Es como un aval: si falsificas o incumples, responden económicamente.

A quién afecta Principalmente a empresas agroalimentarias, importadores y exportadores. También a transportistas y agentes aduanales que manejan estos productos. Los ciudadanos se benefician indirectamente: más control significa productos más seguros en el mercado.

Qué cambia Ahora necesitas una garantía económica (depósito o póliza) para obtener certificados de importación/exportación de alimentos. Si cometes fraude documental o incumples requisitos sanitarios, pierdes ese dinero. Esto reduce el riesgo de productos adulterados o inseguros cruzando fronteras, y facilita que la administración recupere daños si algo sale mal.

Cuándo entra en vigor A partir del 7 de julio de 2025. Las empresas tendrán un período para adaptarse y contratar las garantías necesarias antes de hacer nuevas operaciones de comercio exterior.

Resumen: Subvenciones de empleo y formación 2025

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) abre una convocatoria de subvenciones directas para proyectos de empleo y formación durante 2025. No es un proceso competitivo abierto: la administración elige directamente a los beneficiarios según criterios establecidos, lo que acelera la entrega de fondos a iniciativas consideradas prioritarias.

Esto afecta principalmente a empresas, autónomos, organizaciones sin ánimo de lucro y centros de formación que trabajen en políticas de empleo. Si tu organización desarrolla programas de capacitación, inserción laboral o planes para desempleados, puedes ser beneficiario potencial de estas ayudas.

Lo que cambia es que tienes acceso a financiación pública para cubrir gastos de personal, materiales y ejecución de proyectos en empleo y formación. Estas subvenciones no requieren reembolso (no son préstamos) y pueden financiar entre el 75% y el 100% de los costes elegibles, según la naturaleza del proyecto.

Entra en vigor desde el 15 de julio de 2025. El plazo para solicitar y los importes máximos específicos se detallan en las convocatorias anuales que publica el SEPE, normalmente a finales de verano. Si trabaj

Qué es El Tribunal Supremo ha anulado un decreto que permitía al Gobierno entregar dinero público directamente a algunas asociaciones de autónomos y empresarios para labores de promoción y asesoramiento. La sentencia considera que ese sistema de reparto directo viola las normas sobre cómo debe gastarse el dinero público de forma justa.

A quién afecta Principalmente a agricultores, ganaderos y sus organizaciones (como la Unión de Uniones). También impacta en autónomos y pequeños empresarios que recibían o querían recibir estos fondos, y en las asociaciones que los distribuían. Afecta también a la Administración, que deberá cambiar cómo reparte estas ayudas.

Qué cambia El Estado no puede seguir dando estas subvenciones de forma directa sin un proceso público donde cualquier asociación pueda competir por ellas. Tendrá que establecer convocatorias abiertas y transparentes, donde los criterios de selección sean claros para todos. Esto busca que el dinero llegue de verdad a quien más lo necesita, no solo a organizaciones elegidas de antemano.

Cuándo La sentencia es de 22 de mayo de 2025. El Gobierno debe adaptar su sistema de subvenciones desde que la resolución sea ejecutiva, aunque probablemente hay un plazo para implement

Lo que es Se corrigen errores técnicos en un decreto que reparte dinero público entre universidades españolas que forman parte de alianzas europeas reconocidas por la Comisión Europea. Básicamente, arreglan fallos de redacción o cálculos en las reglas de cómo se dan esas subvenciones (ayudas económicas sin obligación de devolución).

A quién afecta Principalmente a las universidades españolas que participan en estas alianzas europeas. También importa a estudiantes y investigadores de esas instituciones, ya que estos fondos suelen destinarse a programas de movilidad, investigación conjunta o mejora de infraestructuras.

Qué cambia La corrección permite que las reglas de acceso a las subvenciones sean más claras y precisas. Si había confusiones en montos, plazos o requisitos, ahora se aclaran. Esto evita rechazos injustos de solicitudes y asegura que el dinero llegue correctamente a las universidades que cumplen las condiciones.

Cuándo entra en vigor Desde el 8 de julio de 2025. Los cambios se aplican a las convocatorias abiertas a partir de esa fecha, aunque las universidades que ya tenían subvenciones bajo las reglas anteriores pueden verse afectadas si los errores corregidos las benefician.

Dinero público para mejorar destinos turísticos del Camino de Santiago

El Estado destina ayudas económicas directas (sin concurso competitivo) a municipios y entidades para modernizar infraestructuras turísticas en localidades del Camino de Santiago. Esto forma parte de un plan más amplio de recuperación económica tras la pandemia, enfocado en turismo sostenible.

Afecta principalmente a ayuntamientos, comunidades autónomas y organismos públicos locales ubicados en las rutas jacobeas. También pueden participar empresas turísticas y asociaciones sin ánimo de lucro en algunos casos. Los ciudadanos lo notan indirectamente: mejoras en caminos, alojamientos, servicios y señalización en estas zonas.

El decreto modifica las reglas anteriores para flexibilizar cómo se reparten estas subvenciones, ajustando plazos, requisitos administrativos o distribución territorial. Concretamente, simplifica el acceso a financiación pública para proyectos de sostenibilidad turística (mejorar servicios, reducir impacto ambiental, accesibilidad).

Vigencia desde el 15 de julio de 2025. Los municipios interesados deberán consultar las nuevas condiciones en este período para presentar sus proyectos dentro de los plazos habilitados por la administración.

Nuevas reglas de seguridad para barcos que usan gases como combustible

El transporte marítimo internacional está adoptando combustibles alternativos menos contaminantes, pero más peligrosos por su tendencia a inflamarse. Este código actualiza las normas de seguridad que deben cumplir los buques que navegan con gas natural licuado u otros combustibles similares de bajo punto de inflamación (combustibles que se encienden fácilmente).

Afecta principalmente a las navieras, armadores y constructores de buques, así como a los inspectores portuarios y autoridades marítimas. También impacta indirectamente en empresas que dependen del transporte marítimo de carga.

Las enmiendas refuerzan requisitos sobre sistemas de contención de combustible, ventilación segura, detección de fugas, procedimientos de carga y descarga, y capacitación de la tripulación. En la práctica, los barcos nuevos o los que se reconviertan deben instalar equipos más sofisticados y el personal debe recibir formación especializada. Se busca evitar accidentes graves como explosiones o incendios.

La resolución se adoptó el 13 de junio de 2019 y comenzó a aplicarse gradualmente a partir de enero de 2020 para los buques nuevos, con plazos más largos para los existentes.

Qué es Una actualización de las reglas internacionales que simplifican cómo los inventores solicitan patentes en varios países simultáneamente. Es como un trámite unificado: en lugar de ir país por país, presentas una solicitud única que funciona en más de 150 naciones.

A quién afecta Principalmente a empresas y emprendedores que desarrollan innovaciones y quieren protegerlas en múltiples mercados. También beneficia a abogados de patentes, universidades con I+D y startups tecnológicas que necesitan expansión internacional.

Qué cambia Estas modificaciones agilizan procedimientos burocráticos y reducen costes en la tramitación internacional de patentes. Facilitan que inventores pequeños accedan al sistema global sin gastos prohibitivos, mejoran los plazos de respuesta de examinadores y clarifican requisitos técnicos para presentar solicitudes de forma correcta a la primera.

Cuándo entra en vigor Las modificaciones se adoptaron el 14 de octubre de 2023 en Ginebra. Entraron en vigencia en fechas escalonadas según cada cambio específico —algunos inmediatamente, otros tras período de transición— para que países y solicitantes se adaptaran sin disrupciones.

Qué es Un recurso legal que cuestiona la constitucionalidad de un decreto-ley de marzo de 2025 sobre protección de menores en situaciones migratorias de emergencia. Básicamente, se alega que algunas medidas del decreto violarían derechos garantizados en la Constitución española.

A quién afecta Directamente a menores migrantes y sus familias, a las comunidades autónomas que gestionan acogida, a organizaciones de defensa de derechos, y potencialmente a la administración central que debe aplicar o suspender estas medidas si el Tribunal Constitucional las invalida.

Qué cambia De momento, nada automático. El Tribunal Constitucional analiza si el decreto respeta derechos fundamentales como el interés superior del menor, la protección internacional o la no discriminación. Si declara inconstitucionales partes del decreto, esas disposiciones dejarían de aplicarse y habría que buscar alternativas legales para abordar la migración de menores.

Cuándo El recurso se presentó en 2025. El Tribunal Constitucional no tiene plazo fijo para resolver, pero estos procesos suelen tardar meses o años. Mientras tanto, el decreto sigue vigente.

Contexto clave: Esta impugnación refleja tensión entre la urgencia de gestionar flujos migratorios y la prot

Resumen para IurisWatch

Qué es: La Generalitat de Catalunya ha cometido errores en un documento que ampliaba el dinero disponible en los presupuestos de 2023 (que se prolongaban hasta 2025). Este decreto simplemente corrige esos fallos administrativos sin cambiar las decisiones de fondo.

A quién afecta: Principalmente a la administración catalana, que ajusta sus registros financieros. Indirectamente, a cualquier ciudadano o empresa que tenga una relación presupuestaria con la Generalitat, aunque de forma muy técnica.

Qué cambia: Se rectifican errores formales o de cálculo en cómo se distribuyó ese dinero extra entre los diferentes departamentos. Los fondos ya aprobados se mantienen, solo se corrigen los números o referencias que estaban mal escritos. Esto evita problemas legales futuros por inconsistencias en los registros oficiales.

Cuándo: El decreto se publicó el 29 de abril de 2025. La corrección tiene efecto desde ese momento y afecta a los gastos de toda la administración catalana durante 2025.

---

Esta corrección es una formalidad administrativa común: cuando hay erratas en textos legales que manejan dinero público, deben corregirse oficialmente para que los registros sean precisos y auditable.

Qué es

Un recurso (demanda) presentado ante el Tribunal Constitucional cuestionando si un decreto de urgencia sobre protección de menores migrantes respeta la Constitución. El Congreso ya lo aprobó en abril, pero se alega que viola derechos fundamentales.

A quién afecta

Principalmente a menores de edad sin documentación que llegan a España, las organizaciones que los protegen, y cualquier administración pública implicada en su acogida. Indirectamente, a toda la sociedad si se resuelve que hay inconstitucionalidad.

Qué cambia

El Tribunal debe decidir si el decreto es válido o si vulnera derechos de los menores migrantes (como acceso a educación, sanidad o procedimientos justos). Si lo anula, el Gobierno deberá cambiar cómo trata estas situaciones de emergencia migratoria.

Cuándo

El recurso se presenta en 2025. El Tribunal Constitucional tiene meses para estudiarlo, pero estos procesos suelen tardar tiempo. Mientras tanto, el decreto sigue aplicándose.

---

En síntesis: hay una batalla legal sobre si la forma en que el Gobierno gestiona urgentemente la llegada de menores migrantes cumple con los derechos que la Constitución garantiza. El resultado definirá los límites legales de estas medidas de emergencia.

Resumen: Decreto-ley 10/2025 — Cambios en el impuesto turístico

El Gobierno modifica las reglas del impuesto que pagan los turistas cuando se alojan en hoteles, apartamentos y similares. Se trata de ajustes urgentes a las normas que entraron en vigor hace poco, probablemente porque han surgido problemas en su aplicación o necesidades de corrección.

Afecta principalmente a propietarios y gestores de alojamientos turísticos (hoteles, casas rurales, apartamentos turísticos), que son quienes recaudan este impuesto en nombre de la administración. También impacta indirectamente a los turistas, cuyas facturas pueden variar según cómo se apliquen estas modificaciones.

Los cambios concretos dependen de qué aspectos del decreto anterior se ajusten: pueden ser definiciones de qué se considera alojamiento turístico, porcentajes del impuesto, exenciones (quién no paga), plazos para declarar y pagar, o facilidades administrativas para quien cobra el dinero.

Entra en vigor el 13 de mayo de 2025. Dado que se trata de un decreto-ley (norma de emergencia), aplica inmediatamente, aunque el Parlamento todavía puede debatir si la mantiene o rechaza.

Qué es

Una nueva ley que establece las reglas y compromisos del gobierno de Cantabria para ayudar a jóvenes de 12 a 35 años. Define dónde van los recursos públicos, quién decide, y qué servicios deben existir: formación, empleo, vivienda, salud mental, ocio.

A quién afecta

Principalmente a jóvenes cántabros, pero también a ayuntamientos, asociaciones juveniles, empresas que participen en programas de empleo o formación, y a la administración regional que debe cumplirla.

Qué cambia

Crea un marco legal claro: las políticas de juventud no dependen ya de cambios políticos, sino que tienen rango de ley. Obliga a coordinar entre administraciones locales y regional. Probablemente introduce nuevos servicios, presupuestos dedicados, y mecanismos de participación juvenil en decisiones que les afectan. Los jóvenes tendrán canales formales para influir en políticas de vivienda, empleo o salud.

Cuándo

Entra en vigor el 1 de julio de 2025 (al día siguiente de su aprobación).

Qué pasa en realidad

El Senado (cámara alta del Parlamento) aprobó cuatro enmiendas (cambios y mejoras) a un proyecto de ley sobre reducir el desperdicio de comida. Pero el Gobierno dice "no" a esas enmiendas usando un poder especial que tiene: el veto presupuestario. Básicamente, el Gobierno considera que esas cuatro enmiendas gastarían dinero que no está previsto, así que las bloquea.

Quién se ve afectado

Afecta principalmente a sectores vinculados con alimentos (supermercados, restaurantes, productores), a organizaciones que luchan contra el hambre, y al propio proceso legislativo. También a ciudadanos interesados en políticas de sostenibilidad alimentaria.

Qué se resuelve

Es un conflicto entre poderes del Estado: el Senado quiere sus enmiendas incluidas; el Gobierno rechaza que se aprueben porque dice que cuestan dinero no presupuestado. El Tribunal Constitucional (árbitro de estos enfrentamientos) tendrá que decidir si el veto del Gobierno es legal o si el Senado tiene razón.

Cuándo ocurre

El desacuerdo es de marzo de 2025. El proceso sigue su curso: primero valoración del conflicto, luego resolución judicial que puede

Qué es Se corrigen errores técnicos encontrados en las modificaciones que se hicieron en 2020 al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar. Básicamente, organismos internacionales marítimos detectaron fallos en los documentos de esas enmiendas y los arreglaron para que los requisitos de seguridad en los barcos sean claros y uniformes.

A quién afecta Afecta principalmente a empresas navieras, marinería, astilleros y administraciones portuarias. También a cualquier ciudadano que viaje en cruceros o buques de pasajeros, aunque indirectamente. Los organismos reguladores de cada país también deben implementar estas correcciones en sus normativas nacionales.

Qué cambia Las correcciones aclaran requisitos sobre equipamiento de seguridad, procedimientos de evacuación, certificaciones de barcos y responsabilidades de armadores y capitanes. Aunque son "errores corregidos" en lugar de cambios sustanciales nuevos, garantizan que todos los países apliquen exactamente las mismas reglas sin ambigüedades que pudieran dejar brechas de seguridad.

Cuándo entra en vigor Las enmiendas originales se adoptaron el 11 de noviembre de 2020 en Londres. Esta corrección de errores se aplicó con posterioridad, generalmente entrando

Recurso de inconstitucionalidad contra medidas de protección de menores migrantes

Varios grupos políticos han llevado ante el Tribunal Constitucional un decreto-ley que el Gobierno aprobó en marzo para proteger a niños y adolescentes en situaciones migratorias de emergencia. Básicamente, cuestionan si estas medidas respetan la Constitución.

La disputa afecta principalmente a la administración pública, comunidades autónomas y, indirectamente, a organizaciones que trabajan con menores migrantes. Los Gobiernos autonómicos de oposición son quienes más han recurrido, preocupados por cómo estas normas impactan en sus competencias (poderes asignados).

Lo central es si el Gobierno puede usar un decreto-ley (herramienta para situaciones urgentes) en un asunto que tradicionalmente requiere una ley ordinaria aprobada en Parlamento. También se cuestiona si las medidas respetan los derechos de los menores y mantienen el equilibrio entre lo que hace el Estado central y lo que hacen las autonomías.

El Tribunal Constitucional debe decidir si el decreto-ley de marzo de 2025 es válido o viola la Constitución. Mientras tanto, las medidas siguen aplicándose. Un fallo podría obligar a reescribir la norma o invalidarla completamente, alterando protocolos de atención a menores en front

Recurso de inconstitucionalidad contra medidas de protección de menores migrantes

El Tribunal Constitucional revisa si un decreto-ley sobre protección de menores extranjeros en situaciones migratorias de emergencia respeta la Constitución española. El decreto fue aprobado con carácter urgente el 18 de marzo y convalidado (confirmado) por el Congreso el 10 de abril.

Afecta a menores migrantes que llegan a España sin adultos responsables, así como a las administraciones locales y autonómicas encargadas de su acogida. También impacta en recursos y servicios sociales que deben garantizar su protección, educación y salud.

Lo que se cuestiona es si el Gobierno utilizó correctamente el mecanismo de urgencia y si las medidas respetan derechos fundamentales de los menores. El recurso busca que el Tribunal analice si la respuesta frente a situaciones migratorias extraordinarias (llegadas masivas) sacrifica garantías esenciales para la protección de la infancia.

El proceso está abierto desde marzo de 2025. El Tribunal Constitucional examinará los argumentos de quienes lo presentaron contra las respuestas del Gobierno y el Congreso antes de decidir si la norma es conforme a la Constitución.

Qué es El gobierno de Catalunya ha cometido errores técnicos en un decreto que añadía dinero extra a los presupuestos de 2023 (que seguían vigentes en 2025). Este documento simplemente corrige esos fallos para que el decreto funcione correctamente.

A quién afecta Principalmente a la administración de la Generalitat de Catalunya y a los departamentos que recibieron ese dinero adicional. Indirectamente, afecta a servicios públicos catalanes y a quienes dependen de ellos (educación, sanidad, etc.).

Qué cambia Se ajustan las cifras y referencias que estaban mal escritas en el decreto original. Aunque no se especifican los errores concretos, una corrección de errores garantiza que los fondos se distribuyan realmente como se pretendía y que no haya problemas legales después por inconsistencias administrativas.

Cuándo entra en vigor El 25 de marzo de 2025, cuando se publica esta corrección.

--- La corrección es un trámite administrativo común que evita que pequeños fallos formales invaliden decisiones presupuestarias. No supone cambios en el dinero destinado ni en la intención original del decreto.

Intercambio de información clasificada entre España y Uruguay

España y Uruguay firman un acuerdo para compartir información sensible de seguridad de forma protegida. Básicamente, ambos países pueden intercambiarse datos clasificados (secretos de defensa e inteligencia) garantizando que cada uno los mantiene bajo candado y según reglas acordadas mutuamente.

Este acuerdo afecta principalmente a las administraciones públicas de seguridad, defensa e inteligencia de ambos países: el Centro Nacional de Inteligencia español y su equivalente uruguayo. Indirectamente, también impacta en ciudadanos y empresas de sectores estratégicos que puedan estar implicados en operaciones conjuntas o investigaciones de seguridad nacional.

Lo que cambia es que ahora ambos países tienen un marco legal claro para colaborar sin temor a filtraciones. Establece protocolos sobre qué información puede compartirse, quién puede acceder, cómo se custodia y qué sanciones hay si alguien divulga datos clasificados. Facilita la cooperación en asuntos de seguridad, contraterrorismo, narcotráfico y crimen organizado.

El acuerdo se firmó el 4 de julio de 2025 en Madrid, aunque la fecha efectiva de aplicación dependerá de su ratificación parlamentaria en ambos países.

Cuestionan un decreto de urgencia sobre menores migrantes

El Tribunal Constitucional analiza si es legal un decreto aprobado a toda prisa en marzo de 2025 que ordena medidas para proteger a niños y adolescentes en crisis migratorias. Alguien ha presentado un recurso (demanda formal ante el tribunal más alto) argumentando que el Gobierno no tenía derecho a usar esa vía rápida de decisión.

Afecta a menores extranjeros sin acompañamiento, comunidades autónomas y ONG de protección infantil

Este decreto impacta directamente en cómo se atiende a niños y adolescentes que llegan solos o separados de sus familias en situaciones de emergencia migratoria. También determina cómo las regiones deben coordinarse con el Estado central en estos casos.

Lo que está en juego: si el Gobierno puede decidir medidas urgentes sobre menores sin pasar por el Parlamento

El recurso cuestiona si era realmente necesario usar un decreto de urgencia —que no necesita aprobación parlamentaria— o si el Gobierno debería haber pedido permiso al Congreso. Si el Tribunal falla a favor del recurso, esas medidas podrían quedarse sin efecto.

Decisión pendiente en 2025

El Tribunal Constitucional estudiará los argumentos y dictará sentencia. Mientras tanto,

España ha acogido una reunión técnica internacional sobre cómo toman decisiones los organismos reguladores y las empresas autorizadas para gestionar el almacenamiento definitivo de residuos nucleares bajo tierra. Este encuentro se celebrará en Madrid del 24 al 28 de noviembre de 2025.

El acuerdo entre España y el Organismo Internacional de Energía Atómica (un organismo de Naciones Unidas) establece que ambos coordinarán la organización de este evento. Se intercambiaron cartas de confirmación entre Viena en abril y julio de 2025 sellando los compromisos mutuos.

Afecta principalmente a expertos, técnicos y responsables de la administración española que regulan la energía nuclear, así como a las empresas gestoras de residuos radiactivos. También participarán delegados de otros países miembros de la agencia internacional.

La reunión busca compartir experiencias y buenas prácticas sobre cómo resolver conflictos y tomar decisiones complejas durante el desarrollo de proyectos de almacenamiento geológico profundo. En concreto, clarificará qué funciones corresponden a los reguladores públicos y qué decisiones toman las empresas autorizadas.

El evento se efectuará en las fechas fijadas: 24 a 28 de noviembre de 2025 en Madrid. El marco de colaboración ya está vigente desde las cartas firm

Qué es

Se actualizan los formularios que los bancos y entidades financieras usan para informar a Hacienda sobre el dinero que guardan los ciudadanos en sus cuentas, los intereses que generan, y los préstamos hipotecarios o créditos que conceden. Son los documentos administrativos que las instituciones financieras rellenan cada mes o año para que la Administración Tributaria (Hacienda) tenga constancia de estas operaciones.

A quién afecta

Directamente a bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, que deberán usar estos nuevos modelos para comunicar datos financieros. Indirectamente te afecta a ti como cliente: la información que proporciones a tu banco llegará a Hacienda mediante estos formularios, lo que sirve para verificar si declaran correctamente tus ingresos por intereses o si cumplen con obligaciones fiscales.

Qué cambia

Los bancos tendrán formularios actualizados y estandarizados para reportar: saldos mensuales de cuentas, rendimientos del capital (intereses), retenciones practicadas, y detalles de préstamos inmobiliarios. Esto mejora la transparencia y permite a Hacienda cruzar datos más eficientemente, detectando inconsistencias entre lo que declares y lo que tus entidades financieras reportan.

**Cu

Qué es

Un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional impugnando un decreto de urgencia del Gobierno sobre protección de menores migrantes. El Gobierno aprobó estas medidas rápidamente (sin pasar por el Parlamento) argumentando una emergencia migratoria, y ahora se cuestiona si es constitucional.

A quién afecta

Principalmente a menores extranjeros en situación migratoria irregular, a sus familias y a las administraciones públicas (comunidades autónomas y ayuntamientos) que gestionan su acogida. También toca a entidades sociales que trabajan con este colectivo.

Qué cambia

El Tribunal Constitucional revisará si el Gobierno tenía realmente justificación para actuar por decreto de urgencia, saltándose los trámites parlamentarios normales. Dependiendo de la sentencia, el decreto podría mantenerse tal cual, modificarse o anularse completamente. Esto afecta directamente a qué derechos y recursos se garantizan a estos menores durante una crisis migratoria.

Cuándo

El recurso se presentó en 2025. El Tribunal Constitucional estudiará el caso, pero estos procesos tardan meses o años. Mientras tanto, el decreto sigue aplicándose.

Qué es Una ley que prohíbe organizar fiestas y eventos ruidosos en pisos turísticos. El objetivo es evitar que estos alojamientos se conviertan en lugares de celebraciones masivas que molesten a los vecinos.

A quién afecta Principalmente a propietarios y gestores de viviendas de alquiler turístico, y a los inquilinos que las usan. También afecta a los vecinos, que ganan protección contra el ruido y las molestias. Las comunidades de propietarios y administradores locales tendrán responsabilidades de vigilancia.

Qué cambia Se establecen restricciones claras: no se pueden alquilar estas viviendas para fiestas, se limita el número de personas simultáneamente, y se definen horarios permitidos. Los incumplimientos conllevan sanciones (multas) para propietarios. Las plataformas de alquiler deberán incluir cláusulas contra eventos masivos en sus contratos.

Cuándo entra en vigor A partir del 13 de junio de 2025. Los propietarios y plataformas tendrán un plazo de adaptación para actualizar sus términos y condiciones.

Qué es Un tribunal ha cuestionado si dos artículos de una ley catalana sobre vivienda y pobreza energética respetan las competencias que la Constitución asigna al Estado español. En concreto, analiza si Cataluña se ha excedido en sus facultades regulando asuntos que deberían corresponder solo al Estado.

A quién afecta A personas en riesgo de pobreza energética y desahucio en Cataluña, ya que estos artículos establecen medidas de protección en vivienda. También afecta a Cataluña como administración regional y a los propietarios de inmuebles sobre los que se aplican restricciones.

Qué cambia Dependiendo de la decisión, pueden quedar sin efecto las protecciones específicas que la ley catalana ofrecía a inquilinos y familias vulnerables, o bien se confirma que Cataluña tenía legitimidad para establecerlas. El fallo determinará los límites del poder regional en estas materias.

Cuándo El proceso ya está en marcha. El Tribunal Constitucional analizará los argumentos de las partes y emitirá una sentencia que aclare si la ley es válida o viola la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas.

Qué es Un decreto (norma con fuerza de ley, aprobada sin pasar por el parlamento) que intenta frenar el alojamiento turístico ilegal en Baleares —viviendas que se alquilan a turistas sin autorización— y establecer reglas para que los alojamientos legales mejoren su calidad.

A quién afecta Principalmente a propietarios de viviendas que las alquilan a turistas (ya sea legalmente o "en negro"), a plataformas como Airbnb que intermedian esos alquileres, y a los turistas que buscan alojamiento. También concierne a los ciudadanos baleares afectados por la saturación turística.

Qué cambia Endurece sanciones contra quien ofrezca viviendas sin licencia turística. Obliga a plataformas de alquiler a colaborar con la administración para identificar y retirar anuncios ilegales. Establece requisitos de calidad (seguridad, limpieza, servicios) para los alojamientos autorizados. Busca reducir la vivienda turística no regulada que quita casas al mercado residencial.

Cuándo entra en vigor El 11 de abril de 2025. Se trata de medidas transitorias, es decir, pensadas para aplicarse durante un tiempo limitado mientras se desarrolle