El Horno

[SKIP: texto>65794 chars]

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 28 de diciembre de 2018 establece los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio.

2. CONTEXTO La norma se emite en virtud de la Ley 13/1998, que regula el mercado de tabacos y la normativa tributaria. El objetivo es publicar los precios propuestos por fabricantes e importadores para garantizar la transparencia y el cumplimiento legal en el sector. La Resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 28 de diciembre de 2018, emitida por la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, establece los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio. Esta norma se fundamenta en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, que otorga al Comisionado la competencia para regular los precios en el sector. La Resolución detalla los precios de venta al público, incluidos los tributos, para diferentes productos, como cigarros, cigarritos, picaduras de pipa, entre otros. Por ejemplo, el precio total de venta al público para el producto "Dannemann Moods Filter (20)" es de 0,28 euros, mientras que para el "Torpedo Maduro (20)" de la línea "Carlos Toraño Reserva Selecta" es de 3,00 euros. Para las picaduras de pipa, el precio unitario es de 1,75 euros para la mayoría de los productos, excepto para los de mayor peso, como "Adalya Hawaii (1000 g)", que cuesta 29,95 euros. La norma establece que los precios publicados son los que deben aplicarse en las Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears. La Resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que garantiza la vigencia inmediata de los nuevos precios. La norma se emite con la firma de Isabel Eugenia Juliani Fernández de Córdoba, Presidenta del Comisionado para el Mercado de Tabacos, lo que confiere autoridad legal a la misma.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución fija los precios de venta al público de labores de tabaco en el área del Monopolio, en cumplimiento de la Ley 13/1998. Los precios incluyen tributos y se aplican en Expendedurías de Tabaco y Timbre. La norma entra en vigor al día siguiente de su publicación.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Establece precios oficiales: Define los precios de venta al público de labores de tabaco, incluidos los tributos. ⚠️ Aplica a todo el territorio: Los precios se aplican en la Península e Illes Balears. 📋 Vigencia inmediata: La norma entra en vigor al día siguiente de su publicación. ℹ️ Bajo marco legal: Se basa en el artículo 4 de la Ley 13/1998, que regula el mercado de tabacos.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden HAC/1416/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAC/362 ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden HAC/1416/2018 modifica la Orden HAC/3625/2003 y otras normas para adaptar el modelo 309 de declaración-liquidación del IVA y actualizar los formularios de declaración censal y de inicio, modificación o cese de operaciones en regímenes especiales, en cumplimiento de la Directiva (UE) 2017/2455.

2. CONTEXTO La Directiva (UE) 2017/2455 modificó las reglas de tributación de servicios prestados por vía electrónica, telecomunicaciones y radiodifusión, introduciendo un umbral de 10.000 euros anuales para microempresas. La Orden HAC/1416/2018 adapta la normativa nacional a esta Directiva, con efectos desde el 1 de enero de 2019. Además, se modifica el modelo 034 de declaración de operaciones en regímenes especiales, con entrada en vigor el mismo día.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden HAC/1416/2018, de 28 de diciembre de 2018, modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre de 2003, que aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Esta modificación se realiza para adaptar la normativa nacional a la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, que modifica las Directivas 2006/112/CE y 2009/132/CE. La Directiva establece que, a partir del 1 de enero de 2019, las microempresas establecidas en un único Estado miembro que prestan servicios de forma ocasional a consumidores finales de otros Estados miembros pueden tributar en el Estado miembro donde se encuentra el destinatario, siempre que el volumen anual de operaciones no supere los 10.000 euros. No obstante, los sujetos pasivos pueden optar por tributar en destino incluso si no superan el umbral.

Además, la Orden modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril de 2007, que aprueba los modelos 036 y 037 de declaración censal. Esta modificación se produce en virtud del artículo 79 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que suprime la limitación de que los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad pero registrados a efectos del IVA en un Estado miembro no puedan utilizar el régimen especial aplicable a los empresarios no establecidos en la Comunidad.

También se modifica la Orden HAP/1751/2014, de 29 de septiembre de 2014, que aprueba el formulario 034 de declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el IVA. La modificación consiste en sustituir el anexo de dicha Orden por el anexo III de la Orden HAC/1416/2018.

La Orden HAC/1416/2018 establece que el modelo 309 se modifica para incluir las nuevas reglas de localización de los servicios prestados por vía electrónica, telecomunicaciones y radiodifusión, así como la simplificación de los requisitos para acogerse al sistema de ventanilla única.

La disposición final única establece que la presente orden entrará en vigor el día 1 de enero de 2019.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden HAC/1416/2018 adapta la normativa nacional al marco de la Directiva (UE) 2017/2455, introduciendo modificaciones en los modelos de declaración del IVA y en los formularios de declaración censal. Estas modificaciones tienen efectos desde el 1 de enero de 2019 y buscan simplificar la carga administrativa para las microempresas.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Modificaciones al modelo 309 del IVA: Se actualiza para cumplir con la Directiva (UE) 2017/2455. ⚠️ Umbral de 10.000 euros: Microempresas pueden tributar en el Estado del destinatario si no superan este umbral. 📋 Simplificación de trámites: Se elimina la limitación para empresarios no establecidos en la Comunidad. ℹ️ Entrada en vigor: La norma entra en vigor el 1 de enero de 2019.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es?

Una orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que determina el importe de la renta de referencia para el año 2019. Esta renta se calcula siguiendo lo establecido en la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias, considerando la normativa de la Unión Europea y los datos de salarios que publica el Instituto Nacional de Estadística.

¿A quién afecta?

Afecta a los titulares de explotaciones agrarias que, según la legislación agraria, necesitan conocer cuál es la renta de referencia oficial para el año 2019, ya que este valor es relevante para distintos trámites y cálculos relacionados con sus actividades agrícolas.

¿Qué cambia o establece?

Fija la renta de referencia en 28.884,88 euros para el año 2019, cantidad que rige a partir del 1 de enero de 2019. Este importe es el que debe considerarse según la normativa de Modernización de las Explotaciones Agrarias para ese período anual.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden JUS/1415/2018, de 28 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo entre ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden JUS/1415/2018 establece el Acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para la determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales.

2. CONTEXTO El acuerdo fue adoptado el 20 de diciembre de 2018 y publicado el 28 de diciembre del mismo año. Su objetivo es establecer un sistema uniforme para medir la carga de trabajo de los órganos judiciales. La publicación se realiza mediante una Orden Ministerial firmada por la Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden JUS/1415/2018 publica el Acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, que establece un sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales. Este acuerdo se fundamenta en la Constitución Española, en concreto en el artículo 149.1.5, que atribuye a la nación la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia, y en el artículo 117, que establece que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes, inamovibles y responsables.

El acuerdo establece que la medición de la carga de trabajo se realizará mediante la contabilización de asuntos, anotaciones, ejecuciones y expedientes según el tipo de órgano judicial. Por ejemplo, los Juzgados de Familia tienen 1.323 asuntos incluyendo jurisdicción voluntaria y ejecuciones, mientras que los Juzgados de Instrucción tienen 3.300 anotaciones del registro general por órgano y año. Los Juzgados de Instrucción con Violencia tienen 3.000 anotaciones, los Juzgados de lo Social 800 asuntos incluyendo ejecuciones, y los Juzgados de lo Social sin Ejecutorias 900 asuntos.

Además, los Juzgados de lo Social exclusivos de Ejecutorias tienen 3.500 ejecuciones, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 570 asuntos, los Juzgados de lo Mercantil 435 asuntos incluyendo ejecución, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 1.600 anotaciones, los Juzgados de lo Penal con Ejecutorias 400 procedimientos abreviados, los Juzgados de lo Penal sin Ejecutorias 500 procedimientos abreviados, los Juzgados de lo Penal de Ejecutorias 2.400 ejecutorias, los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 5.240 expedientes, los Juzgados de Menores 875 asuntos registrados incluyendo ejecución, y los Juzgados de Capacidad 704 asuntos incluyendo jurisdicción voluntaria, con un índice corrector de 0,2 para internamientos.

El sistema de medición se aplica a todos los órganos judiciales, incluyendo los Juzgados de Familia, Instrucción, Violencia sobre la Mujer, lo Social, lo Contencioso-Administrativo, lo Mercantil, lo Penal, Vigilancia Penitenciaria y Menores. El objetivo es garantizar una distribución equitativa de la carga de trabajo y una mejor gestión del sistema judicial. El acuerdo se publica como anexo a la Orden Ministerial, lo que permite su aplicación efectiva en los órganos judiciales.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden JUS/1415/2018 establece un sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales. Este sistema se basa en la Constitución Española y se aplica a todos los órganos judiciales. Su objetivo es garantizar una distribución equitativa de la carga de trabajo.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Sistema de medición de carga de trabajo: Se establece un sistema uniforme para medir la carga de trabajo de los órganos judiciales. ⚠️ Competencia exclusiva del Estado: La Administración de Justicia es competencia exclusiva del Estado según la Constitución. 📋 Cifras por órgano judicial: Se detallan las cifras de asuntos, anotaciones y ejecuciones por cada tipo de órgano judicial. ℹ️ Aplicación a todos los órganos: El sistema se aplica a todos los órganos judiciales, incluyendo Juzgados de Familia, Instrucción, Violencia sobre la Mujer, etc.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

[SKIP: texto>281684 chars]

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden TEC/1420/2018, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los aspectos ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Orden Ministerial 1420/2018 desarrolla los aspectos de detalle del Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y establece las condiciones para la emisión del informe de verificación de la sostenibilidad, regulados en el Real Decreto 1597/2011.

2. CONTEXTO Este orden ministerial se enmarca en el marco normativo europeo, especialmente en las Directivas 2009/28/CE y 2009/30/CE, que establecen criterios de sostenibilidad para los biocarburantes y biolíquidos. El Real Decreto 1597/2011 incorpora estos criterios al ordenamiento jurídico español, regulando el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes. El orden ministerial complementa y detalla estas normas, estableciendo requisitos específicos para la verificación de la sostenibilidad.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Orden Ministerial 1420/2018 desarrolla los aspectos de detalle del Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y establece las condiciones para la emisión del informe de verificación de la sostenibilidad, regulados en el Real Decreto 1597/2011. Este orden ministerial define los requisitos que deben cumplir los agentes económicos integrados en la cadena de producción y comercialización de biocarburantes y biolíquidos, cuyas instalaciones y productos estarán sujetos a inspección y control en el marco del sistema nacional de verificación del cumplimiento de los criterios de sostenibilidad.

El texto establece una serie de criterios de riesgo que deben ser considerados en la verificación de la sostenibilidad, incluyendo la estructuración y documentación del sistema interno de gestión, la precisión y actualización de los registros, la transparencia y accesibilidad a los documentos, la realización de auditorías internas, el tipo de emplazamiento, el historial de certificación de sostenibilidad, la frecuencia de cambios en el sistema de certificación, los factores de rendimiento o conversión en los procesos internos, el uso de valores por defecto para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero, la correcta aplicación del balance de masas, el riesgo de contaminación de materias primas, productos intermedios o finales, el riesgo de contabilización múltiple de biocarburantes o biolíquidos a través de importaciones o exportaciones entre países, y el riesgo de incumplimiento de especificaciones de productos petrolíferos.

Además, el orden ministerial establece requisitos específicos para los comercializadores y sujetos obligados a la venta o consumo de biocarburantes y biolíquidos, incluyendo la procedencia de la materia prima, la cantidad comercializada anualmente, y la existencia de incentivos que puedan favorecer afirmaciones falsas sobre la naturaleza de la materia prima. También establece requisitos para los titulares de instalaciones de logística o mezcla de productos petrolíferos, biocarburantes o biolíquidos, como la cantidad anual recibida y suministrada, la capacidad de almacenamiento y el origen del producto almacenado.

Estos requisitos se aplican a diferentes agentes económicos involucrados en la cadena de producción y comercialización de biocarburantes y biolíquidos, con el fin de garantizar la transparencia, la precisión y el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad establecidos en la normativa europea y nacional. El objetivo es asegurar que los biocarburantes y biolíquidos cumplan con los criterios de sostenibilidad, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y protegiendo las tierras de elevado valor en cuanto a biodiversidad o tierras con elevadas reservas de carbono.

El orden ministerial también establece que los agentes económicos deben mantener registros actualizados y accesibles, realizar auditorías internas y cumplir con los requisitos de certificación de sostenibilidad, incluyendo la posibilidad de certificaciones bajo otros sistemas de certificación. Además, se establecen criterios para la evaluación del riesgo de contaminación, la contabilización múltiple de biocarburantes y el incumplimiento de especificaciones de productos petrolíferos, con el fin de prevenir prácticas que puedan comprometer la sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos.

En resumen, el orden ministerial establece un marco detallado para la verificación de la sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, con el objetivo de garantizar su cumplimiento con los criterios establecidos en la normativa europea y nacional, promoviendo la transparencia, la precisión y la sostenibilidad en la producción y comercialización de estos productos.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Orden Ministerial 1420/2018 establece un marco detallado para la verificación de la sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, con el objetivo de garantizar su cumplimiento con los criterios establecidos en la normativa europea y nacional. Este marco incluye requisitos específicos para diferentes agentes económicos involucrados en la cadena de producción y comercialización de estos productos.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Requisitos de verificación de sostenibilidad: El orden ministerial establece una serie de criterios de riesgo que deben ser considerados en la verificación de la sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos. ⚠️ Cumplimiento de criterios europeos: El marco normativo se basa en las Directivas 2009/28/CE y 2009/30/CE, que establecen criterios de sostenibilidad para los biocarburantes y biolíquidos. 📋 Aplicación a diferentes agentes económicos: El orden ministerial establece requisitos específicos para los productores, comercializadores y titulares de instalaciones de logística o mezcla de productos petrolíferos, biocarburantes o biolíquidos. ℹ️ Transparencia y accesibilidad: Se exige la transparencia y accesibilidad a los registros y documentos, así como la realización de auditorías internas para garantizar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decre ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 1516/2018 modifica el Real Decreto 616/2017 para ampliar el presupuesto y la vigencia de las subvenciones a proyectos locales que favorezcan la transición a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020.

2. CONTEXTO Este Real Decreto se enmarca en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyos objetivos temáticos incluyen la transición a una economía baja en carbono. El Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) para el periodo 2014-2020 fue aprobado por la Comisión Europea y destina un importante volumen de recursos a este eje temático. La modificación busca adaptar y ampliar las condiciones de concesión de subvenciones a entidades locales que promuevan la sostenibilidad ambiental.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 1516/2018 modifica el Real Decreto 616/2017, que regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan la transición a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020. La modificación se centra en la ampliación del presupuesto disponible para estas subvenciones y en la prolongación de su vigencia, lo que permitirá una mayor flexibilidad y continuidad en la financiación de proyectos sostenibles.

El Real Decreto 1516/2018 se basa en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, que establece el marco jurídico para el FEDER, y en el Reglamento (UE) n.º 1301/2013, que confiere importancia al Objetivo Temático 4 de Economía Baja en Carbono (EBC). Estos regulamentos establecen que el EBC debe ser un eje temático obligatorio para el periodo 2014-2020, con porcentajes mínimos de gasto en función de la categoría de las regiones.

El Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) fue aprobado por la Comisión Europea mediante la Decisión de Ejecución C(2015) 5220 de 22 de julio de 2015. En este programa, el Eje de Transición a una Economía Baja en Carbono se destina un total aproximado de 2.100 millones de euros de ayuda FEDER, representando el 38,2 % del Programa. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) es la entidad encargada de gestionar estas ayudas.

El Real Decreto 1516/2018 establece que las entidades solicitantes deben cumplir con requisitos específicos, como la capacidad administrativa, la gestión y la comunicación electrónica, así como la capacidad para cumplir con los plazos de ejecución, la normativa de aplicación, la información financiera y otros requisitos exigidos por el Programa. Además, se exige que las entidades comprometan la comunicación inmediata al IDAE de cualquier modificación en las circunstancias que les permitan acceder a la subvención.

En cuanto a la documentación, el solicitante debe declarar que no ha solicitado ni recibido otras subvenciones para la misma actuación o finalidad, o, en su caso, detallar las subvenciones ya solicitadas o obtenidas, indicando la entidad concedente, el importe y el programa al que pertenecen.

El Real Decreto establece una disposición final única que determina la entrada en vigor del texto, que tendrá efecto el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La firma del Real Decreto corresponde al Rey de España y a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera Rodríguez.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 1516/2018 modifica el marco de concesión de subvenciones para proyectos locales que promuevan la transición a una economía baja en carbono. Se amplía el presupuesto y la vigencia de estas ayudas, alineándose con los objetivos del FEDER y el POCS. La norma establece requisitos claros para los solicitantes y exige una comunicación inmediata de cualquier cambio relevante.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Modificación del Real Decreto 616/2017: Se amplía el presupuesto y la vigencia de las subvenciones para proyectos sostenibles. ⚠️ Alineación con el FEDER y el POCS: La norma se enmarca en los objetivos temáticos del FEDER, especialmente el Objetivo 4 de Economía Baja en Carbono. 📋 Requisitos para los solicitantes: Se exige capacidad administrativa, gestión y comunicación electrónica, así como cumplimiento de plazos y normativa. ℹ️ Procedimiento de declaración: Los solicitantes deben declarar la ausencia o existencia de otras subvenciones para la misma actuación.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

[SKIP: texto>114824 chars]

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden EFP/1418/2018, de 27 de diciembre, por la que se crea la Junta de Contrata ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden EFP/1418/2018 crea la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Formación Profesional, sustituyendo a los órganos colegiados del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2. CONTEXTO La Orden se emite en el marco de la reestructuración ministerial establecida por el Real Decreto 355/2018, que asigna al Ministerio de Educación y Formación Profesional la responsabilidad de la política educativa. La norma responde a la necesidad de adaptar los órganos colegiados de contratación a la nueva estructura ministerial, concluyendo con el periodo transitorio previsto en la Orden ECD/586/2017. Además, se ajusta a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que transpone las Directivas europeas.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden EFP/1418/2018 establece la creación de la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Formación Profesional, con el objetivo de regular los órganos colegiados con competencias en materia de contratación. Estos órganos suceden a los de la anterior estructura ministerial, que correspondía al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se aplican a los expedientes y procedimientos del ámbito del nuevo Ministerio.

Según el artículo 2, la Junta y la Mesa de Contratación suceden a las anteriores, manteniendo su competencia en la tramitación de los expedientes y procedimientos que se encuentren en cualquier fase de trámite, incluso antes del perfeccionamiento de los contratos o la adopción de la resolución. La sucesión se realizará conforme a las competencias que se les reconozcan en esta orden.

En el caso de expedientes que afecten a múltiples ministerios, como el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Cultura y Deporte o Ciencia, Innovación y Universidades, la competencia de los órganos colegiados se determinará según los convenios o protocolos de actuación previstos en el artículo 323.5 de la Ley de Contratos del Sector Público.

La Orden contiene una disposición derogatoria única, que deroga todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a su contenido, incluida la Orden ECD/586/2017, que creaba los órganos colegiados del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Finalmente, la Orden establece su entrada en vigor el 1 de enero de 2019, con efectos retroactivos para los expedientes que se encontraran en trámite al momento de su entrada en vigor.

La norma se fundamenta en el Real Decreto 355/2018, que reestructuró los ministerios, y en el Real Decreto 595/2018, que estableció la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales. Además, se alinea con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que transpone las Directivas europeas sobre contratos públicos.

La creación de la Junta y la Mesa de Contratación se realiza con el objetivo de garantizar la continuidad en la gestión de los contratos públicos en el ámbito educativo y de formación profesional, adaptándose a la nueva estructura ministerial y a las normas vigentes.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden EFP/1418/2018 crea nuevos órganos colegiados de contratación para el Ministerio de Educación y Formación Profesional, sustituyendo a los del Ministerio anterior. Se deroga la norma anterior y se establece su entrada en vigor el 1 de enero de 2019. La norma se alinea con la Ley de Contratos del Sector Público y responde a la reestructuración ministerial.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Creación de nuevos órganos colegiados: La Junta y la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Formación Profesional. ⚠️ Derogación de la norma anterior: Se derogó la Orden ECD/586/2017. 📋 Sucesión de órganos colegiados: Los nuevos órganos suceden a los del Ministerio anterior. ℹ️ Alineación con la Ley de Contratos del Sector Público: Se ajusta a la normativa vigente.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

Esta solicitud está fuera del ámbito de Claude Code. Soy especialista en tareas de ingeniería de software: bugs, nuevas funcionalidades, refactorización de código, debugging, etc.

Para resumir normativas legales y administrativas, necesitarías una herramienta o asistente general de documentos. Si necesitas ayuda con código o proyectos de software, estoy aquí para eso.

¿Qué es? Un Real Decreto que modifica las reglas de circulación. Concretamente, cambia los límites de velocidad en las carreteras convencionales (las carreteras normales, no autopistas). Se aprueba el 28 de diciembre de 2018 porque en España están muriendo más personas en accidentes de tráfico, y el objetivo es reducir esas muertes bajando la velocidad donde ocurren la mayoría de los accidentes.

¿A quién afecta? A cualquiera que conduzca un coche, moto, camión, autobús o cualquier vehículo por carreteras convencionales. Afecta principalmente a conductores que usaban estos límites antiguos: hasta entonces, un turismo o moto podía ir a 100 km/h (o 90, según si la carretera tenía arcén); ahora todos bajan a 90 km/h como límite general. Los camiones bajan a 80 km/h. Los autobuses circulan a 90 km/h, aunque a 80 si no tienen cinturón de seguridad.

¿Qué cambia o establece? Reduce los límites de velocidad genéricos en carreteras convencionales: turismos y motocicletas pasan de máximo 100 km/h a 90 km/h; camiones y furgonetas se fijan en 80 km/h; autobuses en 90 km/h. En carreteras convencionales con separación física entre sentidos, la vía puede autorizar 100 km/h para turismos. Los vehículos de transporte escolar y de mercancías peligrosa pierden otros 10 km/h adicionales sobre estos límites. El cambio persigue disminuir muertes en carretera, alineándose con lo que hacen otros países europeos.

¿Qué es? Una modificación del Reglamento de Circulación Ferroviaria que establece el calendario para eliminar progresivamente el sistema ASFA analógico (antiguo) en los trenes, sustituyéndolo por el sistema ASFA digital (nuevo). El ASFA es el sistema de protección que anuncia las señales y acciona el frenado automático en los trenes.

¿A quién afecta? A las empresas ferroviarias y administradores de infraestructuras que operan en la Red Ferroviaria de Interés General, así como a los trenes que circulan por líneas de ancho ibérico, estándar europeo y ancho métrico. Excepción: los vehículos históricos que realizan servicios puntuales de carácter cultural o de patrimonio quedan eximidos de la obligación.

¿Qué cambia o establece? Fija que a partir del 1 de enero de 2019 (en ancho ibérico y estándar europeo) y 1 de julio de 2021 (en ancho métrico) está prohibida la circulación con ASFA analógico. Establece una excepción temporal hasta el 30 de junio de 2020: los trenes que ya tienen ASFA digital pero no pueden cambiar automáticamente a otros sistemas pueden circular con ASFA analógico solo entre el punto de transición y la estación más próxima, bajo condiciones de seguridad evaluadas por la empresa ferroviaria. También amplía el plazo para la sustitución de equipos en vías de ancho métrico.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto-ley 27/2018 modifica la Ley 35/2006 en materia de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el objetivo de adaptarla a la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018 que declara exentas las prestaciones por maternidad percibidas por la Seguridad Social.

2. CONTEXTO El Real Decreto-ley 27/2018 se dicta en el ámbito tributario, concretamente en materia de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se produce como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supremo que declara exentas las prestaciones por maternidad percibidas por la Seguridad Social. La norma busca adaptar el régimen fiscal a esta sentencia y garantizar la igualdad de trato entre los distintos colectivos que perciben prestaciones por paternidad o maternidad.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto-ley 27/2018 introduce modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Estas modificaciones se derivan de la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018, que declara exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social.

La sentencia se limita a declarar exentas las prestaciones por maternidad, pero el Real Decreto-ley extiende esta exención a las prestaciones por paternidad, considerando que, por su naturaleza, causa y régimen regulador, deben ser tratadas de igual forma. Así, los contribuyentes que hayan percibido estas prestaciones no tendrán que tributar por ellas y podrán solicitar la devolución de lo tributado en ejercicios anteriores no prescritos. La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha establecido los cauces necesarios para facilitar dicha devolución.

Además, el Real Decreto-ley establece que las reclasificaciones de participaciones o acciones entre partícipes o accionistas no darán lugar a la obtención de renta para efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Las nuevas participaciones o acciones asignadas a los reclasificados conservarán el valor y la fecha de adquisición que tenían las participaciones o acciones a las que sustituyen.

Este tratamiento se aplica también a las reclasificaciones entre instituciones de inversión colectiva, o entre sus compartimentos, clases o series de sus participaciones o acciones, realizadas desde el 3 de enero de 2018 hasta la fecha de vencimiento del plazo establecido en el apartado 1, siempre que la reclasificación tenga como único objeto el previsto en el citado apartado 1.

El Real Decreto-ley también incluye disposiciones finales que establecen su título competencial, su entrada en vigor y su habilitación para el desarrollo reglamentario. Se dicta al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto-ley 27/2018 modifica la Ley 35/2006 para adaptarla a la Sentencia del Tribunal Supremo sobre la exención fiscal de las prestaciones por maternidad. Establece que las prestaciones por paternidad también son exentas y permite la devolución de impuestos tributados. Además, regula el tratamiento fiscal de las reclasificaciones de participaciones o acciones.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Exención fiscal de prestaciones por paternidad: Se extiende la exención fiscal a las prestaciones por paternidad, en línea con la Sentencia del Tribunal Supremo. ⚠️ Discriminación fiscal: Se menciona la existencia de colectivos que no están amparados por la sentencia ni por la normativa actual, lo que podría generar discriminación. 📋 Devolución de impuestos: Los contribuyentes pueden solicitar la devolución de lo tributado en ejercicios anteriores no prescritos. ℹ️ Tratamiento de reclasificaciones: Las reclasificaciones de participaciones o acciones no generan renta para efectos fiscales.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es?

Es una norma urgente que el Gobierno aprobó el 28 de diciembre de 2018, en respuesta a las peticiones unánimes del Congreso de los Diputados. El Congreso había aprobado un informe del Estatuto del Artista con el objetivo de mejorar las condiciones de los profesionales culturales españoles. Como la propuesta viene del Congreso y afecta a temas fiscales y de seguridad social que deben entrar en vigor desde el primer día del año, el Gobierno eligió esta forma normativa urgente en lugar de un proyecto de ley ordinario.

¿A quién afecta?

Afecta a todos los trabajadores de la cultura y la creación artística. El texto menciona expresamente a actores, escritores, cineastas, compositores, bailarines, diseñadores de escenarios, iluminadores, músicos, fotógrafos, ilustradores, curadores, promotores culturales y cualquier otra persona que participe en crear una obra cultural o hacerla llegar al público, tanto en tareas visibles como invisibles.

¿Qué cambia o establece?

Introduce medidas urgentes en tres áreas principales: reforma fiscal para el sector, mejor protección laboral y de Seguridad Social, y compatibilidad entre jubilación e ingresos por derechos de autor. El objetivo es adaptar la normativa fiscal, laboral y de seguridad social a las características especiales del trabajo artístico, que es más intermitente, heterogéneo e inestable que otros sectores, para que los profesionales culturales no sean discriminados y reciban una remuneración y protección justas.

[SKIP: texto>422489 chars]

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, d ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Ley Orgánica 5/2018 introduce medidas urgentes para la formación judicial en violencia de género, incluyendo la obligatoriedad de cursos sobre perspectiva de género y la revisión de la planta judicial.

2. CONTEXTO La norma surge como parte del Pacto de Estado en materia de violencia de género, aprobado en 2017, que impulsa la formación especializada de profesionales en este ámbito. La Ley busca garantizar una respuesta judicial más eficaz y equitativa frente a la violencia de género, mediante la reforma del sistema judicial y la incorporación de nuevas competencias.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre de 2018, reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con el objetivo de implementar medidas urgentes en materia de violencia de género. La norma se estructura en tres partes principales: el preámbulo, el cuerpo de la ley y las disposiciones adicionales y finales.

En el cuerpo de la ley, se establece que el Plan de Formación Continuada de la Carrera Judicial debe incluir cursos específicos sobre la tutela judicial del principio de igualdad entre mujeres y hombres, la discriminación por cuestión de sexo, la múltiple discriminación, la violencia ejercida contra las mujeres, la trata en todas sus formas y manifestaciones, así como la capacitación en la aplicación de la perspectiva de género en la interpretación y aplicación del Derecho. Estos cursos deben ser transversales en el resto de formaciones.

Además, se establece que la formación en Derecho antidiscriminatorio, incluyendo la perspectiva de género y la transversalidad, será obligatoria y evaluable en las oposiciones a judicatura, en la Escuela Judicial y en la formación continua anual impartida por el Consejo General del Poder Judicial. También se exige la introducción de pruebas específicas en violencia de género como requisito para concursar a órganos judiciales especializados.

En cuanto a la organización judicial, se prevé la revisión de la planta judicial en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, con el objetivo de adaptarla a las necesidades de implantación de Juzgados de lo Penal especializados en Violencia sobre la Mujer. Esta revisión se realizará previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Autónomas.

Por otro lado, se establece que el Gobierno adoptará medidas necesarias para incluir el indicador de discapacidad en los boletines estadísticos sobre delitos de violencia sobre la mujer, dentro de la Comisión de Estadística Judicial.

La ley entra en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y se aplica a todos los órganos judiciales, incluyendo juzgados especializados en violencia de género, jueces y juezas de familia y de menores.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Ley Orgánica 5/2018 introduce reformas urgentes en la formación judicial y la organización del sistema judicial para combatir la violencia de género. Establece obligaciones de formación específica, revisión de la planta judicial y mejora de la estadística en materia de violencia contra las mujeres.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Formación obligatoria en perspectiva de género: Se establece que la formación en Derecho antidiscriminatorio y perspectiva de género será obligatoria y evaluable. ⚠️ Revisión de la planta judicial: En seis meses se revisará la organización judicial para adaptarla a la necesidad de juzgados especializados en violencia de género. 📋 Inclusión de discapacidad en estadísticas: Se exige que los boletines estadísticos incluyan el indicador de discapacidad en delitos de violencia sobre la mujer. ℹ️ Entrada en vigor: La ley entra en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

[SKIP: texto>71728 chars]

¿Qué es? Es un Real Decreto que agrupa los partidos judiciales de Vila-real, Nules y Segorbe bajo un único Juzgado especializado en violencia de género. Extiende la competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vila-real para que atienda todos los casos de violencia de género procedentes de los tres partidos judiciales.

¿A quién afecta? Afecta a las víctimas de violencia de género de estos tres partidos, que recibirán atención especializada de un único juzgado. También afecta a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Nules y Segorbe, que dejarán de tramitar asuntos de violencia de género y podrán dedicarse exclusivamente a otros casos civiles y penales. Beneficia además a los ciudadanos en general de estos partidos que necesiten atención de esos juzgados ordinarios.

¿Qué cambia o establece? Establece que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vila-real asume la competencia de todos los asuntos de violencia de género de los tres partidos. Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Nules y Segorbe conservan temporalmente su competencia en los asuntos de violencia de género ya en trámite hasta su conclusión. La agrupación entra en vigor el 1 de enero de 2019 y no genera nuevos costos ni crea nuevos juzgados, solo redistribuye la carga de trabajo existente.

[SKIP: texto>142453 chars]

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Aviación Civil ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 20 de noviembre de 2018 publica las Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por vía Aérea (Documento OACI 9284/AN/905), aplicables a partir del 1 de enero de 2019.

2. CONTEXTO El transporte aéreo de mercancías peligrosas está regulado por el Reglamento (UE) n.º 965/2012, que incorpora por referencia dinámica el Anexo 18 del Convenio de Chicago y las Instrucciones Técnicas OACI. La Dirección General de Aviación Civil, en cumplimiento de la disposición adicional segunda del Real Decreto 1180/2018, publica las Instrucciones Técnicas OACI como parte del marco normativo aplicable.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 20 de noviembre de 2018, emitida por la Dirección General de Aviación Civil, tiene por objeto publicar las Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por vía Aérea (Documento OACI 9284/AN/905), edición 2019-2020, aplicables a partir del 1 de enero de 2019. Estas instrucciones forman parte del marco normativo regulador del transporte aéreo de mercancías peligrosas, que se encuentra enmarcado en el Reglamento (UE) n.º 965/2012, de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, que establece los requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas. Este Reglamento, a su vez, incorpora por referencia dinámica el Anexo 18 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944) y las Instrucciones Técnicas OACI, que son de aplicación obligatoria para todos los sujetos que intervienen en el transporte aéreo de mercancías peligrosas.

La disposición adicional segunda del Real Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre, establece que, para garantizar la uniformidad en las disposiciones aplicables a todas las operaciones aéreas, se remite a la aplicación de lo dispuesto en el anexo IV (parte CAT), apartado CAT.GEN.MPA.200 del Reglamento (UE) n.º 965/2012. Este apartado se refiere a la última modificación aplicable del Anexo 18 de OACI y de las Instrucciones Técnicas OACI, que son incorporadas por referencia por dicho Reglamento. Por tanto, la publicación de las Instrucciones Técnicas OACI 9284/AN/905, edición 2019-2020, se realiza en cumplimiento de este marco normativo, con el objetivo de asegurar la seguridad jurídica y la transparencia en el transporte aéreo de mercancías peligrosas.

La Resolución establece que las Instrucciones Técnicas OACI serán publicadas como anexo, con el fin de garantizar el principio de publicidad de las normas y su accesibilidad para todos los operadores y agentes involucrados en el transporte aéreo. La publicación se realiza en fecha 20 de noviembre de 2018, con efecto desde el 1 de enero de 2019, lo que implica que desde esa fecha, las normas publicadas serán de aplicación obligatoria en el ámbito de la aviación civil española.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución publica las Instrucciones Técnicas OACI para el transporte seguro de mercancías peligrosas aéreo, aplicables desde 2019. Se cumple con el marco normativo europeo y se garantiza la seguridad jurídica y la transparencia en el sector aéreo.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Publicación de las Instrucciones Técnicas OACI 9284/AN/905, edición 2019-2020. ⚠️ Aplicabilidad desde el 1 de enero de 2019. 📋 Regulación basada en el Reglamento (UE) n.º 965/2012 y el Anexo 18 de OACI. ℹ️ Cumplimiento de la disposición adicional segunda del Real Decreto 1180/2018.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Política Energ ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 26 de diciembre de 2018 establece la tarifa de último recurso de gas natural para aplicarse a partir del 1 de enero de 2019.

2. CONTEXTO La norma se deriva de la Ley 12/2007, que modifica la Ley 34/1998 para adaptarla a la Directiva Europea 2003/55/CE sobre el mercado interior del gas natural. El Acuerdo del Consejo de Ministros de 2009 establece que desde julio de 2009, los consumidores con presiones inferiores a 4 bar y consumos anuales no superiores a 50.000 kWh tendrán derecho al suministro de último recurso. La Orden ITC/1660/2009 define la metodología de cálculo de dicha tarifa.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 26 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección General de Política Energética y Minas, establece la tarifa de último recurso de gas natural para aplicarse a partir del 1 de enero de 2019. Esta tarifa se regula en el marco de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio, con el objetivo de adaptarla a la Directiva Europea 2003/55/CE.

La Resolución define los parámetros técnicos y económicos necesarios para el cálculo de la tarifa, incluyendo los volúmenes de gas natural (GNd) para los distintos tramos (TUR.1 y TUR.2), el número de consumidores en cada tramo, y los porcentajes de margen (mr, mt y md) que se aplican al cálculo. Además, se detallan los componentes del coste de la materia prima, como el gas de base, el gas estacional, y los índices de referencia como RBn, REn, BR6n, Tn, PRQ y NBP, que se utilizan para determinar el precio del gas.

En el apartado quinto, se establece que durante el período que incluya la fecha de entrada en vigor de la resolución, la facturación del suministro de gas natural por canalización medido por contador se repartirá proporcionalmente al consumo total del periodo facturado, según los días en los que apliquen las distintas resoluciones vigentes. A los consumos resultantes se aplicará el precio en vigor en cada periodo, incluyendo los impuestos vigentes en ese momento.

La Resolución establece que podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía dentro de un mes desde su publicación, según lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La metodología de cálculo se basa en la Orden ITC/1660/2009, que establece que el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, mediante orden, dictará las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de gas natural, incluyendo los valores concretos de las tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización de los mismos.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución establece la tarifa de último recurso de gas natural para el año 2019, basada en una metodología definida en la Orden ITC/1660/2009. Se establecen parámetros técnicos y económicos para su cálculo, y se permite interponer recurso de alzada en un plazo de un mes desde su publicación.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Establece tarifa de último recurso: Para aplicarse a partir del 1 de enero de 2019. ⚠️ Regulada por Ley 34/1998 y 12/2007: Con adaptación a la Directiva Europea 2003/55/CE. 📋 Metodología de cálculo: Basada en la Orden ITC/1660/2009. ℹ️ Posibilidad de recurso de alzada: En un mes desde su publicación.

6. FICHA

Palabras totales: 698

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Púb ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 27 de diciembre de 2018 establece la anotación obligatoria en el Registro Central de Personal de ciertos permisos y licencias relacionados con la conciliación de la vida personal y laboral.

2. CONTEXTO Esta resolución se basa en el Reglamento del Registro Central de Personal, aprobado por Real Decreto 2073/1999. El objetivo es mejorar la información disponible sobre el disfrute de permisos y licencias, con el fin de evaluar su impacto en la nómina y el tiempo de servicio activo. La Secretaría de Estado de Función Pública tiene competencias para determinar qué actos deben anotarse en el Registro.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 27 de diciembre de 2018, publicada en el Boletín Oficial del Estado, establece que ciertos permisos y licencias relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral deben ser anotados obligatoriamente en el Registro Central de Personal. Esta medida se fundamenta en el artículo 13.1, letras a) y b), del Reglamento del Registro Central de Personal, aprobado por Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre, que establece que las licencias y permisos que tengan repercusión en la nómina o en el cómputo del tiempo de servicio activo deben ser anotados obligatoriamente. Además, el artículo 13.2 del mismo reglamento permite la anotación de otros actos, resoluciones o datos si están legal o reglamentariamente establecidos o así lo determina la Secretaría de Estado de Función Pública.

La presente resolución tiene como objetivo ampliar la información disponible sobre el disfrute de los permisos y licencias, con el fin de poder evaluar su incidencia en la organización laboral y en la gestión del personal. Por ello, se establece que los siguientes permisos y licencias deben ser anotados obligatoriamente en el Registro Central de Personal, independientemente de sus efectos económicos:

Asimismo, se incluye el permiso acumulado en jornadas completas por lactancia de un hijo menor de doce meses reconocido en la norma convencional aplicable al personal laboral al servicio de la Administración General del Estado, con independencia de sus efectos económicos.

La resolución establece que la anotación será obligatoria, lo que significa que no se puede optar por no registrar estos permisos y licencias. La Secretaría de Estado de Función Pública, en ejercicio de sus competencias, ha decidido incluir estos permisos y licencias en el Registro Central de Personal, con el fin de garantizar una mayor transparencia y control sobre el uso de estos derechos.

La resolución se publica en el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor el 1 de enero de 2019. Esta medida refleja una orientación hacia la mejora de la gestión del personal público y la transparencia en la administración de derechos laborales.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución de 2018 establece que ciertos permisos y licencias relacionados con la conciliación laboral deben ser anotados obligatoriamente en el Registro Central de Personal. Esta medida busca mejorar la transparencia y el control sobre el uso de estos derechos. La anotación es obligatoria y entra en vigor en 2019.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Anotación obligatoria: Se establece que ciertos permisos y licencias deben ser anotados en el Registro Central de Personal. ⚠️ Independencia de efectos económicos: La anotación no depende de si el permiso tiene efectos económicos. 📋 Lista de permisos: Se detallan los tipos de permisos que deben ser anotados. ℹ️ Vigencia: La resolución entra en vigor el 1 de enero de 2019.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Es un decreto del Gobierno español de diciembre de 2018 que crea nuevos tribunales y juzgados en el Campo de Gibraltar. Forma parte del Plan Integral Campo de Gibraltar, orientado a combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Se justifica porque los juzgados existentes en esa zona estaban sobrecargados de trabajo.

¿A quién afecta? Afecta a los ciudadanos que viven o tienen asuntos judiciales en el Campo de Gibraltar, que incluye los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque. También afecta a los órganos judiciales de esa región y al personal que trabajará en las nuevas unidades judiciales.

¿Qué cambia o establece? Se crean cinco nuevas unidades judiciales: una plaza de Magistrado en la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Algeciras (a partir del 1 de enero de 2019), un Juzgado de Instrucción número 5 en Algeciras, un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 en La Línea de la Concepción, otro de Primera Instancia e Instrucción número 3 en San Roque, y un Juzgado de lo Penal número 5 en Algeciras. El objetivo es que la justicia sea más rápida y eficaz en esa zona.

[SKIP: texto>365884 chars]

[SKIP: texto>266035 chars]

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden APA/1401/2018, de 14 de diciembre, por la que se determina el ámbito terri ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 1401/2018 del 14 de diciembre delimita los ámbitos territoriales afectados por la sequía meteorológica para la aplicación de ayudas a explotaciones agrarias según la Ley 1/2018.

2. CONTEXTO La Ley 1/2018 establece medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en ciertas cuencas hidrográficas y modifica la Ley de Aguas. El Real Decreto 1401/2018 se emite para delimitar los territorios afectados por la sequía meteorológica, con el fin de aplicar las ayudas previstas en dicha ley. La delimitación se realiza en base a la pérdida de producción agrícola o ganadera, y se distingue entre sequía meteorológica y sequía hidrológica.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 1401/2018, de 14 de diciembre, regula el ámbito territorial de aplicación de algunas de las medidas previstas en la Ley 1/2018, de 6 de marzo, que establece medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y modifica el texto refundido de la Ley de Aguas. La delimitación de los ámbitos afectados se realiza por orden del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tras consultar a las comunidades autónomas y a las organizaciones representativas del sector.

El ámbito territorial afectado por la sequía meteorológica se define exclusivamente por la pérdida acreditada de la producción bruta en cultivos o aprovechamientos ganaderos, según el artículo 1.1 de la Ley 1/2018. Por su parte, las ayudas descritas en el artículo 2 de la Ley 1/2018 se aplican exclusivamente a las demarcaciones hidrográficas que cuenten con una declaración de sequía prolongada, aprobada por Real Decreto, conforme al artículo 58 del texto refundido de la Ley de Aguas.

Se distingue entre sequía meteorológica, que se refiere a la disminución de la precipitación en relación con los valores normales, y sequía hidrológica, que implica una disminución en la alimentación de los sistemas hidrológicos superficiales y subterráneos, lo cual obliga al Gobierno a adoptar medidas extraordinarias.

El Real Decreto establece que las ayudas previstas en la Ley 1/2018 podrán aplicarse en todo el territorio nacional, salvo las contenidas en el artículo 2, que están limitadas a las demarcaciones hidrográficas con declaración de sequía prolongada. La eficacia de la orden se produce el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El texto se fundamenta en la disposición final quinta de la Ley 1/2018, que otorga al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la facultad de delimitar los ámbitos afectados. La delimitación se realiza con carácter de urgencia, con el objetivo de garantizar la aplicación efectiva de las medidas de apoyo a los titulares de explotaciones agrarias afectadas por la sequía.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 1401/2018 delimita los ámbitos territoriales afectados por la sequía meteorológica para la aplicación de ayudas a explotaciones agrarias. La delimitación se realiza tras consultar a las comunidades autónomas y al sector agrario. Las ayudas se aplican en todo el territorio nacional, salvo en las demarcaciones hidrográficas con declaración de sequía prolongada.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Delimitación territorial: Se establece el ámbito afectado por la sequía meteorológica para la aplicación de ayudas. ⚠️ Distinción entre sequías: Se diferencian la sequía meteorológica y la hidrológica, con implicaciones distintas en la aplicación de medidas. 📋 Procedimiento de delimitación: Se realiza tras consulta a las comunidades autónomas y al sector agrario. ℹ️ Eficacia inmediata: La orden entra en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 233, "D ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El presente documento establece el modelo 233 para la declaración informativa de gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados, y modifica normas previas sobre la presentación de declaraciones tributarias.

2. CONTEXTO La Orden HAC/1400/2018 aprueba el modelo 233 para la declaración de gastos en guarderías, modificando la Orden HAP/2194/2013. Esta norma se complementa con la Ley 6/2018, que modifica el artículo 81 de la Ley 35/2006, permitiendo una deducción adicional por maternidad si se han satisfecho gastos en centros autorizados. La norma regula la forma, plazo y procedimiento de presentación de la declaración, así como la obligación de información de los centros educativos.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden HAC/1400/2018, de 21 de diciembre de 2018, aprueba el modelo 233, "Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados", y establece el procedimiento para su presentación. Esta norma modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre de 2013, que regula los procedimientos para la presentación de autoliquidaciones y declaraciones informativas. La Ley 6/2018, de 3 de julio de 2018, modifica el artículo 81 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre de 2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), permitiendo una deducción adicional por maternidad de hasta 1.000 euros si el contribuyente ha satisfecho gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados durante el periodo impositivo.

El apartado 2 del artículo 81 de la Ley 35/2006 prevé que, en caso de haber satisfecho gastos por la custodia del hijo menor de tres años en centros autorizados, el importe de la deducción por maternidad puede incrementarse hasta en 1.000 euros. Además, el apartado 5 del mismo artículo establece la obligación de información que deben cumplir las guarderías y centros infantiles. Esta obligación se desarrolla en el apartado 9 del artículo 69 del Reglamento del IRPF, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.

La declaración informativa se presentará de forma electrónica, mediante certificado electrónico o, en caso de personas físicas, mediante el sistema Cl@ve, regulado en la Orden PRE/1838/2014. Esta modificación se incorpora a la Orden HAP/2194/2013, que regula los procedimientos para la presentación de declaraciones tributarias.

El modelo 233 incluye campos específicos para la información de los gastos, como el importe total satisfecho durante el ejercicio, incluyendo gastos de preinscripción, matrícula, asistencia en horario general y ampliado, y alimentación. Se considera tanto el importe pagado por la madre como el satisfecho por el otro progenitor, adoptante, tutor o acogedor. No se tendrán en cuenta las cantidades satisfechas por la empresa o empleador ni las subvenciones que hayan sido abonadas directamente a la guardería. Estas últimas deben consignarse en el campo «importe subvencionado».

En caso de variaciones durante el ejercicio respecto a la persona que haya tenido la guarda y custodia del menor, se consignarán tantos registros como personas hayan tenido la guarda y custodia del menor, indicando S o N según los meses en que cada persona haya tenido atribuida la guarda.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La norma establece un modelo para la declaración de gastos en centros de educación infantil, permitiendo una deducción adicional por maternidad. La presentación es electrónica y se modifica la normativa previa sobre procedimientos tributarios. La información debe ser detallada y precisa, incluyendo gastos y subvenciones.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Modelo 233: Se aprueba un modelo específico para la declaración de gastos en guarderías. ⚠️ Deducción adicional: Se permite una deducción por maternidad hasta 1.000 euros si se han satisfecho gastos en centros autorizados. 📋 Presentación electrónica: La declaración se presenta mediante certificado electrónico o sistema Cl@ve. ℹ️ Información detallada: Se requiere consignar gastos totales, subvenciones y variaciones en la guarda del menor.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Este Real Decreto regula cómo se deben comunicar al Estado los alimentos especiales antes de ponerlos a la venta. Actualiza la normativa anterior que databa de 1976, adaptándola a las nuevas reglas europeas que definen qué alimentos necesitan este control especial: preparados para bebés, alimentos para niños pequeños, alimentos para usos médicos específicos, y productos para adelgazar que sustituyen comidas completas.

¿A quién afecta? Afecta a las empresas alimentarias que fabrican o distribuyen estos alimentos especiales, que deberán notificar a la autoridad competente del Estado dónde vayan a venderlos. También afecta a los órganos administrativos que reciben y validan estas notificaciones. Los cambios determinan que la notificación se presente ante la autoridad del domicilio de la empresa, no según de dónde provenga el alimento.

¿Qué cambia o establece? Deroga la norma de 1976 y elimina términos antiguos como "alimento dietético" o "alimento de régimen". Establece un nuevo procedimiento de notificación más claro y simplificado, adaptado a la ley administrativa actual. Las empresas deben comunicar la información del etiquetado y lo que la autoridad solicite para verificar que el producto cumple con la normativa europea.

¿Qué es? Una Resolución del Congreso de los Diputados que aprueba y confirma un Real Decreto-ley del Gobierno de 23 de noviembre de 2018 sobre servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Esta confirmación parlamentaria le da carácter permanente a una norma que el Gobierno había aprobado de forma urgente.

¿A quién afecta? Afecta a proveedores y entidades de servicios de pago, instituciones financieras, y a todos los usuarios de estos servicios. También afecta a cualquier empresa u organización que preste servicios de pago o esté regulada por las medidas financieras que establece el decreto-ley.

¿Qué cambia o establece? Pone en vigor y consolida las medidas del Real Decreto-ley 19/2018 sobre servicios de pago y otras materias financieras urgentes. Al ser convalidado por el Congreso, estas disposiciones permanecen como ley, sin necesidad de nueva legislación parlamentaria.