Resumen para ciudadanos

Qué es. Una nueva ley riojana que organiza cómo funcionan las farmacias y cómo reciben atención los pacientes. Establece reglas sobre quién puede abrir una farmacia, cómo deben trabajar los farmacéuticos y qué servicios tienen que ofrecer más allá de vender medicamentos.

A quién afecta. Principalmente a los habitantes de La Rioja que compran medicamentos, a los farmacéuticos (profesionales que trabajan en farmacias), a las farmacias como negocio, y a los hospitales y centros de salud que coordinan con ellas. También a las administraciones locales que autorizan nuevas farmacias.

Qué cambia. La ley define nuevos servicios que las farmacias deben prestar: asesoramiento sobre medicamentos, seguimiento de tratamientos crónicos, campañas de salud pública y colaboración con médicos. Además, regula cómo se distribuyen las farmacias en el territorio para que haya cobertura equitativa, y establece requisitos sobre personal, horarios y tecnología en las oficinas de farmacia.

Cuándo entra en vigor. El 9 de septiembre de 2025, aunque algunos aspectos pueden requerir desarrollos posteriores mediante reglamentos regionales que especifiquen detalles concretos.

Lo que cambia en la distribución de electricidad

El Tribunal Supremo ha rectificado una orden ministerial de 2022 que fijaba cuánto ganaban las empresas distribuidoras de electricidad según si reducían pérdidas en sus redes. La sentencia da la razón en parte a Agri-Energía Eléctrica: algunos de los cálculos de la administración fueron incorrectos.

Afecta principalmente a empresas distribuidoras

Las compañías que llevan la electricidad hasta los hogares y negocios son las directamente impactadas. La sentencia puede significar ajustes económicos en lo que estas empresas reciben como compensación por su trabajo en el sistema eléctrico español.

Corrige cómo se calcula la compensación

En lugar de aplicar las reglas que el Ministerio decidió en 2022, ahora hay que revisar esos cálculos. Agri-Energía Eléctrica conseguirá una retribución más justa según el tribunal. Esto puede abrir la puerta a que otras distribuidoras reclamen lo mismo si sus casos son similares.

Sentencia de junio de 2025

La decisión es ya definitiva (no cabe recurso). Las empresas distribuidoras tendrán que recalcular sus ingresos conforme a lo que el Supremo ha establecido. Los ajustes económicos derivados pueden extenderse durante

Qué es España abre una oficina nueva en Puerto Vallarta (México) llamada Consulado Honorario. Estos consulados son sedes diplomáticas más pequeñas que un consulado normal, gestionadas por personas de confianza del Gobierno español (no son diplomáticos de carrera) y atienden asuntos de ciudadanía española, trámites de documentación y ayuda a españoles en la zona.

A quién afecta Principalmente a españoles que viven, trabajan o viajan por Puerto Vallarta y la región de Jalisco. También beneficia a empresas españolas que operan allí y necesitan apoyo administrativo. Los ciudadanos mexicanos que requieran visados o información sobre España también podrán dirigirse a esta oficina.

Qué cambia Hasta ahora, los españoles en esa zona debían desplazarse a otras ciudades mexicanas para gestionar pasaportes, poderes notariales, inscripciones consulares o solicitar visados. Con este consulado, estos trámites estarán más accesibles. La nueva oficina mejora la presencia de España en una zona turística y económicamente importante de México.

Cuándo entra en vigor La orden se publica el 11 de septiembre de 2025 y entra en vigencia desde esa fecha, aunque la apertura efectiva de la oficina dependerá del proceso de designación del cónsul

Acuerdo de vuelos entre España y Bahamas

Qué es: Un pacto entre España y Bahamas que abre la puerta a que aerolíneas de ambos países operen vuelos internacionales entre ellas. Es como un permiso oficial que dice "vuestras compañías aéreas pueden volar a nuestro territorio bajo estas reglas".

A quién afecta: Principalmente a las aerolíneas españolas (como Iberia) y bahameñas que quieran conectar ambos países. También a los viajeros, porque potencialmente tendrán más opciones de vuelos y rutas; y a empresas con negocios en ambas ubicaciones.

Qué cambia: Antes necesitaban autorizaciones caso por caso. Ahora existe un marco estable que facilita que las compañías aéreas diseñen rutas comerciales sin pedir permiso cada vez. Fija las reglas sobre frecuencias de vuelos, derechos de aterrizaje en aeropuertos, tarifas y seguridad.

Cuándo entra en vigor: Se firmó en Nairobi el 13 de diciembre de 2018. El acuerdo requería ratificación por ambos gobiernos, así que su entrada en vigor efectiva ocurrió tiempo después del depósito de los documentos de aprobación parlamentaria.

Este tipo de acuerdos son comunes entre países para evitar que una

Resumen para ciudadanos

Qué es: Una modificación del acuerdo entre España y el PNUD (agencia de desarrollo de la ONU) que gestiona fondos compartidos entre varios países. Esta es la séptima actualización de un contrato administrativo que regula cómo se usa el dinero destinado a proyectos de desarrollo.

A quién afecta: Principalmente a la Administración española y a las organizaciones que ejecutan proyectos de desarrollo financiados a través del PNUD. Indirectamente, a los ciudadanos de países beneficiarios de esos programas (educación, infraestructuras, reducción de pobreza).

Qué cambia: Sin acceso al contenido específico de esta adenda, no podemos concretar qué se modifica. Típicamente, estas ampliaciones ajustan plazos, presupuestos, nuevas áreas de cooperación, cambios administrativos o requisitos de transparencia en la gestión de esos fondos.

Cuándo: Firmado el 15 de julio de 2025. Entra en vigor según los términos que establezca el propio acuerdo (generalmente desde su firma o desde la publicación oficial).

Contexto útil: España participa en fondos fiduciarios del PNUD como donante, contribuyendo a programas globales de desarrollo. Estas adendas son actualizaciones normales en la cooperación internacional

Qué es

España e la Organización Internacional para las Migraciones actualizan su colaboración en migración. Amplían los proyectos conjuntos sobre cómo ayudar a personas que quieren volver a sus países, cómo integrarlas cuando regresan, y cómo gestionar mejor las fronteras españolas de forma coordinada.

A quién afecta

Principalmente a migrantes que desean retornar voluntariamente a sus países de origen, a las administraciones locales y autonómicas que trabajan en acogida, y al Ministerio del Interior que gestiona fronteras y migraciones. Indirectamente toca a todos los ciudadanos en políticas migratorias.

Qué cambia

Se fortalece la capacidad de España para ofrecer asistencia económica y logística a quienes deciden regresar, mejora los programas de reinserción laboral y social en países de origen, e integra mejor los controles fronterizos españoles con estándares internacionales. Los proyectos tendrán más recursos y alcance.

Cuándo

Se firmó a finales de julio y principios de agosto de 2025. Es una ampliación de un acuerdo anterior, por lo que entra en vigor según los trámites de ratificación que correspondan a España.

Resumen para IurisWatch

España firma un acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica (organismo de la ONU especializado en energía nuclear) para organizar una escuela de formación. El evento reunirá a jóvenes profesionales del sector nuclear durante cinco días en Madrid, con el objetivo de desarrollar capacidades de liderazgo entre expertos en este campo.

El acuerdo afecta principalmente a profesionales y estudiantes del sector nuclear que busquen mejorar sus habilidades directivas, así como a las instituciones académicas y empresas energéticas que participen. También compromete a la administración española, que asume responsabilidades de organización y coordinación del evento.

Lo que concretamente cambia es que se establece un marco legal que permite la celebración de esta escuela en Madrid bajo supervisión de un organismo internacional, con garantías sobre aspectos logísticos, seguridad y reconocimiento de las certificaciones que se otorguen a los asistentes.

El acuerdo entró en vigor el 31 de julio de 2025, mientras que la escuela está prevista para octubre (27 al 31) del mismo año. Se formalizó mediante canje de cartas entre ambas partes —procedimiento más ágil que un tratado completo— sellado en Viena.

Qué es El Estado otorga un préstamo directo a Navantia (la empresa pública de construcción naval) sin pasar por licitación pública. Se trata de dinero que la empresa debe devolver con intereses para financiar proyectos de modernización de sus instalaciones y capacidades industriales en el sector naval.

A quién afecta Principalmente a Navantia y sus trabajadores, que verán respaldados proyectos de mejora industrial. También afecta indirectamente a empresas proveedoras del sector naval, a las arcas públicas (que aportan el dinero) y a ciudadanos como contribuyentes que financian esta inversión estatal.

Qué cambia Navantia accede a financiación sin competencia (la administración la elige directamente). Esto agiliza el proceso, evitando los tiempos de una licitación abierta. La empresa obtiene capital para modernizar fábricas, máquinas y procesos, lo que busca mejorar su competitividad en defensa y construcción naval civil. No hay proceso de selección: el Estado decide directamente prestar el dinero a esta empresa pública.

Cuándo entra en vigor A partir del 16 de septiembre de 2025, cuando se publica el Real Decreto.

Resumen: Orden APA/1018/2025 — Nueva estructura de contratación pública

Se crean dos órganos nuevos para gestionar cómo la Administración compra bienes y servicios: la Junta de Contratación (que decide y supervisa) y la Mesa única de Contratación (que tramita los concursos y licitaciones). Básicamente, separan quién toma decisiones de quién ejecuta los procesos, para que todo sea más claro y menos opaco.

Afecta principalmente a la Administración Pública —ministerios, agencias, organismos públicos— y, indirectamente, a empresas y autónomos que licitan con el sector público. Ellos notarán cambios en cómo presentan ofertas y se comunican con la Administración.

Lo concreto: antes había una gestión dispersa y sin criterios uniformes. Ahora hay un único punto de entrada (la Mesa) que estandariza expedientes, plazos y requisitos. La Junta vela por que las decisiones respeten ley y transparencia. Resultado: menos discrecionalidad, más trazabilidad (dejar constancia de cada paso), menos conflictos legales por alegaciones tardías.

Entra en vigor el 11 de septiembre de 2025 y se aplicará a todas las contrataciones que tramite la Administración desde esa fecha.

Lo que sucede El Tribunal Constitucional ha encontrado un error en su propia sentencia sobre un impuesto gallego y lo corrige. Se trata de un artículo que regula cómo Galicia cobra un tributo (dinero) que el Estado le permite gestionar, pero podría estar discriminando a algunas personas o vulnerando derechos constitucionales.

A quién le importa Principalmente a ciudadanos y empresas en Galicia que pagan este tributo cedido, y a la propia administración autonómica gallega que lo gestiona. También afecta al equilibrio fiscal entre comunidades autónomas.

Qué se corrige concretamente El Tribunal revisa si ese artículo 15.seis respeta la igualdad ante la ley (que nadie sea discriminado), el trato equitativo entre territorios españoles, y las reglas sobre cómo se reparte el dinero entre Estado y comunidades autónomas. La corrección busca aclarar si esa norma gallega es válida o incumple la Constitución.

Cuándo aplica Esta corrección se publica en el Boletín Oficial del Estado, así que tiene efecto desde su publicación. Es un trámite técnico-judicial que aclara una sentencia anterior, no una ley nueva que entre en vigor en una fecha concreta.

Refuerzo económico tras catástrofes naturales

El Gobierno ha aprobado una ampliación presupuestaria del Plan de Recuperación y Resiliencia (fondos europeos destinados a modernizar España) para financiar reparaciones y reconstrucción después de desastres como inundaciones, terremotos o tormentas graves. Básicamente, activa dinero adicional cuando ocurren emergencias.

Quién lo nota: ciudadanos en zonas afectadas, pequeños negocios, ayuntamientos y servicios públicos

Las familias que pierdan viviendas, los comerciantes cuyos locales resulten dañados, y las administraciones locales tendrán acceso a fondos extraordinarios para reconstruir infraestructuras, reparar daños y recuperar actividad económica. Los autónomos y pequeñas empresas podrán acceder más fácilmente a ayudas de emergencia.

Qué cambia concretamente

En lugar de esperar a presupuestos anuales para financiar la recuperación, ahora hay un mecanismo acelerado con dinero ya reservado. Esto permite indemnizaciones más rápidas a damnificados, restauración prioritaria de servicios esenciales (agua, luz, carreteras) y apoyo inmediato a la reactivación económica de territorios afectados.

**Entra en vigor desde el 16 de septiembre

Qué es El Gobierno autoriza entregar dinero directamente a los Centros de Referencia Nacional —instituciones especializadas en formación profesional— sin necesidad de convocar una competencia pública. Es una forma de financiar sus actividades de 2025 de manera ágil.

A quién afecta Principalmente a los Centros de Referencia Nacional (CRN) que ofrecen formación profesional avanzada. Indirectamente, también a los estudiantes y empresas que se benefician de sus programas de capacitación.

Qué cambia Los CRN reciben financiación garantizada para ejecutar sus planes de trabajo en 2025 sin pasar por procesos de licitación competitiva. Esto acelera la llegada de fondos y facilita que diseñen sus acciones formativas sin incertidumbre sobre la financiación.

Cuándo entra en vigor A partir del 16 de septiembre de 2025. Los CRN pueden comenzar a recibir los fondos y ejecutar sus acciones formativas conforme a este régimen de subvención directa durante todo el año 2025.

Qué es El Gobierno amplía la subvención (dinero público) que ya había concedido a FIRA CCIB para organizar la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible en 2025. Es una financiación adicional para que el evento funcione correctamente.

A quién afecta Principalmente a FIRA CCIB como organizadora del evento. También afecta indirectamente a ciudadanos interesados en políticas culturales, empresas del sector cultural y entidades que participen en MONDIACULT 2025. A nivel administrativo, vincula a los organismos públicos que gestionan estas ayudas.

Qué cambia Aumenta el presupuesto disponible para organizar la conferencia. Esto permite mejorar la logística, infraestructura, difusión y coordinación del evento internacional. Sin conocer el monto exacto del documento, la subvención complementaria cubre gastos adicionales que la financiación anterior (Real Decreto 964/2024) no cubría totalmente.

Cuándo entra en vigor El decreto se publica el 16 de septiembre de 2025, entrando en vigor inmediatamente. La conferencia MONDIACULT 2025 se desarrollará durante 2025, por lo que los fondos deben estar disponibles antes de esa fecha para preparar todos los detalles.

Qué es España ratifica (asume formalmente) un protocolo adicional del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este protocolo permite que los tribunales nacionales consulten al Tribunal Europeo de Derechos Humanos antes de resolver casos complejos sobre derechos fundamentales, sin esperar a que haya una sentencia ya ejecutada.

A quién afecta A todos los ciudadanos españoles. Especialmente a quienes litiguen en los juzgados sobre derechos humanos (libertad de expresión, derecho a la vida privada, prohibición de tortura, etc.), porque sus casos pueden beneficiarse de una interpretación europea anticipada. También afecta a jueces y tribunales, que tendrán una herramienta nueva para resolver mejor.

Qué cambia Los jueces españoles, cuando duden sobre cómo aplicar un derecho fundamental en un caso pendiente, podrán solicitar directamente una opinión consultiva (no vinculante, pero orientativa) del tribunal europeo. Esto evita esperas largas y sienta jurisprudencia clara. Los ciudadanos tendrán más garantías de que sus derechos se interpreten conforme a estándares europeos.

Cuándo entra en vigor El protocolo se firmó en 2013. Esta ratificación (que España da ahora) marca el compromiso oficial del país de aplicarlo. Una vez completados

La justicia anula la prohibición de construir en zonas costeras cercanas al mar

El Tribunal Supremo ha declarado ilegal una normativa que endurecía las restricciones para edificar en terrenos muy próximos a la playa. Un empresario alemán recurrió esta regla y ganó. La sentencia cuestiona cómo el Gobierno delimitó la zona de protección costera, considerando que no justificó adecuadamente por qué se ampliaba esa prohibición de construcción.

Afecta principalmente a promotores inmobiliarios, propietarios de terrenos costeros y empresas turísticas que querían desarrollar proyectos cerca de la costa. También atañe a las administraciones locales que deben otorgar licencias de obra en estas áreas, pues ahora tienen más flexibilidad. Los ciudadanos propietarios de parcelas en zonas costeras ven mejoradas sus posibilidades de aprovechar sus terrenos.

Lo concreto: la normativa de 2022 quedó sin efecto para los casos donde se aplicó de forma desproporcionada. Esto no significa que desaparezcan todas las protecciones de la costa —siguen existiendo— pero sí que los propietarios de terrenos cercanos a la orilla tendrán vías legales para impugnar restricciones que consideren injustificadas, y podrán solicitar autorización para proyectos que antes se rechazaban autom

Qué es El gobierno permite a los bomberos jubilarse antes de la edad normal. Se actualiza una norma anterior ampliando las condiciones para que estos profesionales puedan dejar de trabajar más jóvenes debido a los riesgos y desgaste físico de su oficio.

A quién afecta Directamente a los bomberos que trabajan en administraciones públicas (ayuntamientos, generalitats, diputaciones, etc.). También importa a los organismos públicos que los emplean, que deberán adaptar sus procesos de jubilación.

Qué cambia Se modifican los requisitos o el sistema para calcular cuánto antes pueden jubilarse. Aunque el documento no detalla los cambios específicos, típicamente afecta a: cuántos años menos necesitan trabajar, qué edades se consideran válidas para acceder a esta jubilación anticipada, o cómo se calcula la reducción de edad. Esto facilita que bomberos con mayor antigüedad o en peores condiciones físicas accedan más fácilmente a la jubilación sin penalización económica.

Cuándo entra en vigor Desde el 16 de septiembre de 2025, aunque es probable que haya un período de aplicación o que afecte a solicitudes posteriores a esa fecha. Los bomberos en activo deberían consultar con sus administraciones para saber si pueden beneficiarse

Qué es

El Gobierno amplía la ayuda económica destinada a que los colegios profesionales formen a sus miembros en habilidades digitales. Se trata de una modificación que aumenta los recursos ya aprobados para este programa de capacitación.

A quién afecta

Principalmente a profesionales colegiados (abogados, ingenieros, arquitectos, etc.) que podrán acceder a formación digital mejorada. También beneficia a los colegios profesionales que reciben estos fondos, y afecta indirectamente a Unión Profesional, la entidad que gestiona el programa.

Qué cambia

Se incrementan los fondos disponibles para que el programa de formación en competencias digitales sea más amplio y llegue a más profesionales. Esto significa más cursos, más plazas disponibles o mejor calidad en la capacitación sobre herramientas digitales, transformación digital de despachos y empresas, o ciberseguridad.

Cuándo entra en vigor

Desde el 16 de septiembre de 2025. Los colegios profesionales y sus miembros pueden comenzar a beneficiarse de esta ampliación inmediatamente.

El fondo público que financia proyectos sostenibles en España

Se crea un fondo específico para financiar iniciativas de desarrollo sostenible en el país. Funciona como una entidad que gestiona dinero público destinado a proyectos que mejoren el medioambiente, la economía circular, la energía renovable y otros objetivos de sostenibilidad.

Afecta principalmente a empresas, pymes, administraciones locales y organizaciones que ejecutan proyectos verdes. Los ciudadanos se benefician indirectamente cuando mejora la calidad del aire, se desarrollan energías limpias o se rehabilitan espacios. También interesa a inversores que buscan financiación pública para iniciativas sostenibles.

El cambio es concreto: establece las reglas para solicitar dinero del fondo, cómo se seleccionan los proyectos, qué requisitos deben cumplir y quién gestiona la distribución. Define plazos de solicitud, criterios de evaluación y obligaciones de los beneficiarios. Simplifica el acceso a financiación pública para sostenibilidad, evitando duplicidades con otros fondos.

Entra en vigor desde el 16 de septiembre de 2025. A partir de esa fecha, el reglamento regula cómo operan el FEDES y sus mecanismos de financiación.

Subvenciones directas para proyectos de integración en la zona de Doñana

El Estado abre una vía rápida (sin concurso público) para financiar proyectos locales que trabajen en prevención, sensibilización y comunicación con personas extranjeras en el área que rodea Doñana. El objetivo es que estos proyectos contribuyan al desarrollo sostenible del territorio, vinculándose con el plan estratégico de la región.

Esto afecta principalmente a ayuntamientos, asociaciones locales y organizaciones sin ánimo de lucro que operen en municipios próximos a Doñana (Huelva y Sevilla). También pueden beneficiarse empresas sociales y cooperativas que realicen labores de integración, sensibilización ambiental o prevención dirigidas a población migrante.

La subvención directa (sin licitación competitiva) acelera el acceso a financiación pública. Los beneficiarios no deben competir contra otros candidatos: el organismo elige los proyectos que mejor se alinean con el plan territorial de Doñana. Esto simplifica tramitación y permite iniciativas más pequeñas o comunitarias acceder a fondos.

Entra en vigor el 16 de septiembre de 2025. Las convocatorias específicas las publicará la administración competente (probablemente la Junta de Andalucía), estableciendo plazos y montos según dispon

Qué es La UE y España acuerdan crear un Centro Común de Investigación (un laboratorio europeo de investigación científica) en Sevilla. Este acuerdo entra en vigor de forma provisional antes de que todos los países la ratifiquen formalmente, para que el centro no espere y comience a funcionar cuanto antes.

A quién afecta Principalmente a investigadores, universidades y empresas tecnológicas de España y Europa que trabajarán en el centro. También a la administración pública española, que deberá facilitar el espacio y coordinar con instituciones europeas. Indirectamente, a cualquier ciudadano interesado en que se realice investigación científica de calidad en territorio español.

Qué cambia Sevilla acogerá una instalación de investigación de primer nivel europeo con recursos, equipamiento y personal especializado de toda la UE. Esto genera empleos cualificados, atrae talento científico, y posiciona a Andalucía como hub de innovación. El centro colaborará en proyectos de energía, tecnología y ciencias aplicadas con financiación comunitaria.

Cuándo entra en vigor El 30 de junio de 2025. Al ser "aplicación provisional", el acuerdo ya es vinculante y operativo sin esperar a trámites parlamentarios posteriores en cada país, aunque éstos seguirán su curso.

Qué es El Tribunal Supremo ha anulado parcialmente una orden del Ministerio de Transición Ecológica que establecía penalizaciones económicas a empresas distribuidoras de electricidad por las pérdidas en sus redes. Distribuidora Eléctrica de Monesterio reclamaba que el cálculo de esas penalizaciones no fue justo.

A quién afecta Principalmente a empresas distribuidoras de electricidad y sus accionistas. De forma indirecta, a los consumidores, ya que estas decisiones influyen en las tarifas eléctricas que pagamos.

Qué cambia El tribunal considera que algunos aspectos de cómo se calcularon las penalizaciones en 2016 fueron incorrectos. Esto significa que Distribuidora Eléctrica de Monesterio y posiblemente otras empresas afectadas tendrán derecho a reclamaciones económicas o revisión de esas sanciones. La sentencia obliga a la administración a recalcular de forma más justa esas penalizaciones.

Cuándo La sentencia es de junio de 2025 y afecta decisiones de 2016. Aunque hablamos del pasado, estas sentencias del Supremo son definitivas y marcan cómo deben resolverse disputas similares en el futuro sobre retribuciones eléctricas.

Qué es

El Tribunal Supremo ha revisado una decisión del Ministerio de Transportes sobre cuánto dinero debía recibir o pagar Eléctrica de Barbastro por sus pérdidas de energía en la red en 2016. El tribunal ha dado parcialmente la razón a la empresa: algunos cálculos de la administración no fueron correctos.

A quién afecta

Principalmente a Eléctrica de Barbastro (empresa distribuidora de electricidad), pero también establece un precedente que podría impactar a otras compañías distribuidoras en situaciones similares. Indirectamente, los consumidores de electricidad en esa zona podrían verse afectados si los costos se trasladan en facturas.

Qué cambia

La sentencia obliga a recalcular la retribución (compensación económica) que recibió o debió pagar la empresa por la gestión de las pérdidas eléctricas. Esto significa que la empresa tiene derecho a una corrección económica respecto a lo que se determinó en 2022. No es un dinero nuevo, sino un ajuste de lo que ya debería haber sido así.

Cuándo

La sentencia es de 2 de julio de 2025. Los efectos se aplicarán desde la fecha de esta resolución judicial, aunque los cálculos revisados corresponden al año 2016. El procedimiento

Sentencia del Tribunal Supremo sobre incentivos de distribución eléctrica (1 de julio de 2025)

El Tribunal Supremo ha fallado a favor parcialmente de una empresa distribuidora de electricidad contra una orden ministerial de 2022 que establecía penalizaciones y bonificaciones según las pérdidas de energía en sus redes. Central Eléctrica Sestelo y Compañía consideraba injusta la forma en que se calcularon esas penalizaciones para el año 2016.

La sentencia afecta a empresas distribuidoras de electricidad que operan en España. Aunque el fallo es sobre una orden de hace varios años, sienta precedente (jurisprudencia: criterio que usan los jueces en decisiones futuras) sobre cómo se deben calcular los incentivos y penalizaciones en este sector.

El Tribunal Supremo anula parcialmente esa orden, lo que significa que el cálculo de la retribución base (cantidad de dinero que reciben las distribuidoras) debe revisarse. Esto podría implicar que Central Eléctrica Sestelo reciba una compensación económica por lo que considera una aplicación incorrecta de las reglas. Establece además un criterio más claro para futuras decisiones sobre cómo penalizar o bonificar a las distribuidoras.

La sentencia es de 1 de julio de 2025 y es ejecutiva inmediatamente (tiene efecto legal desde ah

Subvenciones directas para proyectos sociales en la zona de Doñana

El Gobierno puede entregar dinero directamente (sin concurso público) a iniciativas locales que mejoren la inclusión social en pueblos cercanos a Doñana. Se trata de financiar proyectos que ayuden a comunidades desfavorecidas mientras se cuida el desarrollo sostenible del territorio.

Esto afecta principalmente a asociaciones locales, ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro ubicadas en la zona de influencia del Espacio Natural de Doñana. También pueden participar empresas sociales si trabajan en inclusión.

El cambio concreto: se agiliza el acceso a fondos para programas de empleo, formación, vivienda o servicios sociales en municipios rurales, sin necesidad de competir en licitaciones. Las entidades locales pueden recibir dinero para fortalecer su tejido social y económico de forma más directa.

Entra en vigor el 17 de septiembre de 2025 y permanecerá activo mientras exista presupuesto disponible para estas iniciativas.

Resumen de la ampliación del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) puede ahora operar en nuevas regiones. Hasta ahora trabajaba principalmente en Europa del Este, Asia Central y el Mediterráneo. Con esta enmienda, el banco extiende gradualmente sus actividades al África Subsahariana e Irak, aunque de forma controlada y limitada.

Esta decisión afecta principalmente a empresas y gobiernos de esos territorios que buscan financiación para proyectos de desarrollo e inversión. También importa a ciudadanos de esas regiones que se beneficiarán de infraestructuras, empleos e iniciativas empresariales financiadas por el banco. Los accionistas del BERD (países europeos y otros inversores) también están implicados al autorizar esta expansión estratégica.

Lo que cambia es que el BERD ahora puede prestar dinero, invertir y asesorar proyectos en África Subsahariana e Irak, no solo en sus regiones tradicionales. Esto abre oportunidades de financiación para empresas locales, gobiernos y emprendedores que antes no tenían acceso a estos recursos del banco.

La enmienda entró en vigor el 18 de mayo de 2023, cuando la Junta de Gobernadores del BERD la aprobó oficialmente

QUÉ ES El Congreso de los Diputados decidió no debatir dos cambios que el Senado propuso para una ley sobre evitar desperdiciar comida. El Gobierno se opuso, así que la Mesa del Congreso (el órgano que gestiona los trámites) bloqueó su tramitación. El Senado ha llevado esto ante el Tribunal Constitucional porque considera que se vulneran sus derechos como cámara legislativa.

A QUIÉN AFECTA Afecta a cualquier ciudadano o empresa con actividades en la cadena alimentaria (productores, distribuidores, comercios, restaurantes). También toca a la administración pública, que tendrá que aplicar las normas que finalmente se aprueben. En el fondo, es un conflicto entre instituciones del Estado sobre cómo funciona el proceso legislativo.

QUÉ CAMBIA Está en juego si el Senado tiene derecho a que sus enmiendas (propuestas de cambio) sean debatidas en el Congreso, aunque el Gobierno no esté de acuerdo. El Tribunal debe decidir si se respetó el procedimiento correcto. Dependiendo de la sentencia, los cambios del Senado podrían terminar siendo debatidos o definitivamente rechazados.

CUÁNDO El conflicto se planteó en marzo de 2025

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) actualiza sus reglas de funcionamiento interno. Se trata de cambios en cómo se estructura y opera este banco, que financia grandes proyectos en Europa (infraestructuras, energía, sostenibilidad).

Afecta principalmente a gobiernos de los países miembros de la UE, que son los propietarios del BEI, y a empresas e instituciones que solicitan financiación a este banco. También impacta indirectamente en ciudadanos, ya que los proyectos financiados por el BEI generan empleo e infraestructuras públicas.

Los cambios en los Estatutos pueden modificar cómo se toman decisiones en el banco, quiénes pueden acceder a créditos, qué tipos de proyectos se priorizan, o cómo se distribuyen responsabilidades entre órganos de gobierno. Sin acceder al documento completo, estos ajustes suelen responder a nuevas prioridades europeas (como la transición climática) o a mejorar la eficiencia operativa.

Esta decisión entró en vigor el 11 de marzo de 2025, cuando fue adoptada por el Consejo de la UE. Los cambios pueden aplicarse de forma inmediata o requerir tiempo adicional para adaptación, dependiendo de qué aspectos modifiquen.

Qué es Un juzgado ha preguntado al Tribunal Constitucional si una norma de la ley de justicia de 2012 —específicamente una disposición transitoria (norma provisional que regulaba la entrada en vigor de cambios)— cumple con la Constitución. Básicamente, un juez tiene dudas sobre si esa regla es válida.

A quién afecta Directamente a personas con procedimientos judicales en trámite y a profesionales del ámbito judicial (abogados, procuradores). Indirectamente, a cualquiera que acceda a los juzgados, porque toca cómo funciona la administración de justicia y sus recursos.

Qué cambia Todavía no cambia nada concreto. El Tribunal Constitucional estudiará si esa disposición de hace más de una década era legítima. Dependiendo de su decisión, podría anular o validar esa norma transitoria, lo que afectaría a derechos procesales o garantías de acceso a la justicia que regulaba.

Cuándo La cuestión se planteó en 2025. El Tribunal Constitucional puede tardar meses o años en resolver. Mientras, la norma sigue siendo válida.

--- *En IurisWatch creemos que el sistema judicial debe ser comprensible. Si tienes un caso afectado por estas medidas de

Resumen para ciudadanos

El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) es una institución financiera internacional que invierte en proyectos de desarrollo en Europa y Asia Central. Hasta ahora tenía un tope máximo de dinero que podía usar para sus operaciones normales, como préstamos y financiación. Esta enmienda elimina ese límite, permitiendo al banco usar más capital (dinero propio) para prestar y invertir sin restricción estatutaria.

A quién afecta: Principalmente a gobiernos, empresas y proyectos en los países donde opera el BERD. Indirectamente, a ciudadanos de esos países que podrían beneficiarse de más inversión en infraestructuras, energía o desarrollo económico.

Qué cambia: El BERD puede ahora ampliar sus operaciones de financiación sin estar atado a un techo legal de capital. Esto significa más flexibilidad para invertir en proyectos de mayor envergadura o en más iniciativas simultáneamente, según sus criterios de negocio.

Cuándo: La Junta de Gobernadores adoptó esta decisión el 18 de mayo de 2023. La entrada en vigor depende de los procedimientos internos del banco y posibles requisitos de ratificación de los Estados miembros, aunque generalmente estas resoluciones se implementan tras su aprobación.

Qué es España renueva su reserva (una excepción que se mantiene activa) al Convenio Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa. En términos simples: el país dice "nosotros nos acogemos a esta excepción" en un tratado internacional que define delitos de corrupción y cómo los países deben perseguirlos.

A quién afecta Principalmente a autoridades españolas, jueces y fiscales que investigan corrupción. También a ciudadanos que denuncien hechos de corrupción, porque determina qué conductas se consideran delito según nuestro ordenamiento y cuáles quedan fuera.

Qué cambia La renovación mantiene los mismos términos que España ya tenía: ciertos actos de corrupción que el convenio tipifica (define como delito) quedan parcialmente fuera del alcance español. España no amplía ni restringe su compromiso, sino que prolonga las excepciones existentes. Esto afecta principalmente a cómo se pueden perseguir actos de autoridades públicas en contextos muy específicos.

Cuándo entra en vigor El documento se refiere a una renovación periódica de una reserva previa. No es una nueva regulación, sino la continuidad de excepciones ya en vigor desde que España ratificó el convenio en 1999. Los plazos de estas renovaciones suelen