El Horno

Protección del Golfo de Adén contra la contaminación marina

Esta normativa internacional establece medidas para prevenir la contaminación de los buques, centrándose en designar el Golfo de Adén como una "zona especial". Esto significa que se aplican reglas más estrictas para evitar que los barcos liberen hidrocarburos en esta área geográfica específica, buscando proteger su ecosistema marino.

Lo que cambia concretamente es que el Golfo de Adén se une a otras áreas marítimas ya consideradas "zonas especiales", como el mar Mediterráneo o el mar Báltico. La finalidad es reforzar la protección ambiental en estas regiones sensibles, obligando a los buques a seguir procedimientos más rigurosos para la gestión de sus desechos y previniendo vertidos accidentales.

Estas enmiendas, aprobadas en 1987, entraron en vigor el 1 de abril de 1989. Su aplicación busca garantizar un entorno marino más seguro y limpio en una zona de gran importancia estratégica y ecológica para la navegación mundial.

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Incentivos para mantener centrales eléctricas antiguas

Esta resolución establece cómo se calculará un pago adicional para las centrales eléctricas hidráulicas y térmicas convencionales que, a pesar de haber superado su vida útil prevista, siguen funcionando. El objetivo es reconocer los costes de mantener estas instalaciones operativas y animar a las empresas a cuidarlas adecuadamente.

Concretamente, se define una fórmula para calcular una "anualidad por extensión de vida útil". Esta cantidad se basa en factores como el coste medio de inversiones similares, la potencia instalada de la central, su eficiencia y su historial de generación. Busca que el coste de mantener estas plantas sea menor que el de construir unas nuevas con la misma capacidad.

Esta normativa entró en vigor el 10 de marzo de 1989, basándose en órdenes y decretos anteriores que fijaban la vida útil de estas instalaciones y facultaban a la Dirección General de la Energía para reconocer estas inversiones extraordinarias.

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Ajuste del calendario para el precio de la luz según la hora

Esta resolución modifica un calendario anterior que establecía cuándo se aplicaban diferentes precios a la electricidad en función de la hora del día. El objetivo es adaptar estos precios a los días festivos laborales que se aprobaron posteriormente para el año 1989.

Lo que cambia es la asignación de los días del año a las distintas categorías de precios (pico, alto, medio y bajo) para el sistema eléctrico peninsular. Los sistemas de Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias mantienen su calendario original.

Esta modificación entra en vigor para el año 1989, ya que se trata de una actualización del calendario eléctrico para ese ejercicio específico.

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Normas para los contadores de agua fría

Esta orden establece las reglas para el control de los contadores de agua fría que se usan en España. Su objetivo es asegurar que estos aparatos midan correctamente el consumo de agua, protegiendo así los intereses de los consumidores y usuarios. Se trata de garantizar la precisión en la facturación y evitar fraudes.

Lo que cambia es que ahora los contadores de agua fría deben pasar por un control metrológico específico, tanto antes de ser puestos en el mercado (aprobación de modelo) como al ser instalados (verificación primitiva). Este control se realizará siguiendo las normativas europeas y las españolas que las desarrollan, asegurando que los contadores cumplen con estándares de calidad y precisión.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esto significa que, desde principios de 1989, los contadores de agua fría que se instalen o vendan en España deben cumplir con estas nuevas exigencias de control metrológico para garantizar su correcto funcionamiento.

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Protección de nuestros ríos y aguas residuales

Esta ley busca proteger el medio ambiente de los ríos de Navarra y asegurar que las aguas residuales se traten adecuadamente. Su objetivo es mejorar la calidad del agua en los ríos, especialmente donde la capacidad natural no es suficiente para limpiarla.

Concretamente, se establece un plan para organizar cómo se construirán y gestionarán las infraestructuras necesarias para depurar las aguas residuales en toda Navarra. Se definen los objetivos de calidad del agua, los plazos y las responsabilidades de las distintas administraciones y ayuntamientos.

La ley entró en vigor el 7 de febrero de 1989, marcando un paso importante para la gestión ambiental y la salud pública en la comunidad.

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Pequeños ajustes en los costes de la luz

Esta orden ministerial corrige errores detectados en una orden anterior de 1988 que establecía los costes para distribuir la energía eléctrica. Se trata de una rectificación técnica para asegurar que los cálculos sean correctos y reflejen fielmente los gastos asociados a llevar la electricidad hasta tu hogar.

Los cambios son muy específicos y afectan a cifras concretas dentro de los anexos de la orden original. Por ejemplo, se modifica un número en la tabla de costes netos a retribuir para el año 1988 y se aclara una descripción en el anexo sobre costes de líneas eléctricas, pasando de "coste línea más de 2 circuitos" a "coste línea de más de 2 circuitos".

Esta corrección de errores se publica el 30 de enero de 1989. Al ser una rectificación de una orden ya existente, los cambios que introduce son efectivos desde la fecha de publicación de esta nueva orden, sin afectar a la aplicación general de la normativa previa.

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Regulación de los contadores de agua caliente

Esta orden ministerial establece las normas para el control y la verificación de los contadores de agua caliente. Su objetivo principal es asegurar que estos aparatos midan de forma precisa el consumo, protegiendo así los intereses económicos de los consumidores y usuarios.

Concretamente, se implementa un control metrológico que incluye la aprobación de modelos y la verificación inicial de los contadores. Esto significa que los contadores deben cumplir con especificaciones técnicas definidas para garantizar su fiabilidad y exactitud en la medición del agua caliente.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que ocurrió el 30 de enero de 1989. Desde entonces, los contadores de agua caliente deben someterse a estos controles para poder ser utilizados.

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Control de medidores de líquidos para garantizar transacciones justas

Esta orden establece las reglas para controlar los medidores que miden el volumen de líquidos que no son agua, como la gasolina o el vino. Su objetivo es asegurar que las mediciones sean precisas y fiables, protegiendo así los intereses económicos de los consumidores y usuarios. Busca evitar fraudes y garantizar que se pague por la cantidad exacta de producto que se recibe.

Lo que cambia es que se implementa un sistema de control metrológico específico para estos contadores. Esto significa que los medidores deberán pasar una serie de pruebas y verificaciones para asegurar su exactitud antes de poder ser utilizados comercialmente. El control lo realizará el Centro Español de Metrología.

La orden entró en vigor el 24 de enero de 1989, fecha posterior a su publicación. Su aplicación es a nivel nacional y se basa en normativas europeas para armonizar las leyes entre los países miembros de la Comunidad Económica Europea.

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Protegiendo el entorno de Madrid

Esta ley establece cómo se va a gestionar el medio ambiente en la Comunidad de Madrid. Su objetivo principal es asegurar que se use y disfrute adecuadamente el entorno natural, al mismo tiempo que se protege y mejora. Busca solucionar los problemas medioambientales que surgen tanto en las zonas muy pobladas e industrializadas como en las áreas rurales cercanas.

Concretamente, se crea una Agencia de Medio Ambiente, que dependerá de la Consejería encargada de este tema. Esta agencia se encargará de unificar y coordinar todas las acciones necesarias para garantizar el buen uso de los recursos naturales. También tendrá funciones para fomentar la protección del medio ambiente y colaborar con los ayuntamientos.

La ley fue aprobada por la Asamblea de Madrid y entró en vigor el 23 de enero de 1989. Su aplicación es importante dada la alta densidad de población y la actividad industrial en la región, que ejercen una presión significativa sobre el medio ambiente.

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Normas para la calidad del agua donde crecen los moluscos

Este Real Decreto establece los requisitos de calidad que debe cumplir el agua donde se crían moluscos, como mejillones o almejas. Su objetivo principal es proteger tanto la vida y el desarrollo de estos animales como la salud de las personas que los consumen, asegurando que sean aptos para el consumo humano.

Lo que cambia es que se fijan unos criterios mínimos y obligatorios para la calidad del agua, basándose en normativas europeas. Esto significa que las aguas destinadas a la cría de moluscos deben cumplir con unos estándares específicos para evitar contaminaciones y garantizar la salubridad del producto final.

Esta norma entró en vigor el 20 de enero de 1989. Fue creada para adaptar la legislación española a una directiva europea existente en ese momento, asegurando así la uniformidad de las normas dentro de la Comunidad Económica Europea.

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Facturación de luz con consumos estimados

Esta resolución permite a las compañías eléctricas facturar la luz basándose en consumos estimados para ciertos clientes de baja tensión. La idea es que, para la mayoría de los abonados, el consumo se puede predecir con bastante acierto, evitando así lecturas de contador muy frecuentes.

Lo que cambia es que, entre dos lecturas reales del contador, que ahora pueden espaciarse hasta seis meses, la factura se calculará con una estimación. Esta estimación se basará en el consumo del mismo periodo del año anterior. Posteriormente, en la factura con lectura real, se ajustará la diferencia entre lo estimado y lo consumido, devolviendo el dinero si se pagó de más.

Esta medida entra en vigor a partir de la fecha de publicación de la resolución, que fue el 13 de enero de 1989. Los clientes que no deseen este sistema deberán comunicarlo por escrito a su compañía eléctrica.

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Fijación de costes para la distribución de electricidad

Esta orden ministerial establece cómo calcular los costes estándar necesarios para distribuir la energía eléctrica en la península. El objetivo es determinar un valor fijo para la infraestructura y los servicios que permiten que la electricidad llegue a tu hogar o negocio, independientemente de las inversiones específicas que haya hecho cada empresa distribuidora.

Concretamente, se definen métodos para valorar las redes eléctricas según su nivel de tensión y antigüedad. Se establecen valores unitarios para las nuevas inversiones y se calculan costes fijos anuales por kilovatio-hora distribuido para las redes existentes, buscando asegurar que las empresas recuperen sus gastos y obtengan una retribución justa por su labor.

Esta normativa entró en vigor el 29 de diciembre de 1988, siendo un desarrollo del Real Decreto 1538/1987. Su aplicación es fundamental para el cálculo de las tarifas eléctricas que pagamos los consumidores y para la retribución de las compañías distribuidoras en el sistema eléctrico nacional.

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Calendario de tarifas eléctricas por horas para 1989

Esta resolución establece el calendario específico para aplicar las tarifas eléctricas que varían según la hora del día durante el año 1989. El objetivo es que los consumidores puedan beneficiarse de precios más bajos en determinados momentos, incentivando el consumo en horas valle.

Lo que cambia concretamente es la fijación de los días exactos en los que se aplicarán las diferentes tarifas horarias. Esto afecta tanto al sistema eléctrico principal de la península como a los sistemas de Ceuta, Melilla, las Islas Baleares y las Islas Canarias, asegurando que cada zona tenga su propio calendario detallado.

La resolución entra en vigor para todo el año 1989, ya que se trata de la fijación del calendario anual. Su aplicación comienza desde el 1 de enero de 1989 y se extiende hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

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Impulso a los balnearios y aguas termales en Cantabria

Esta ley busca potenciar y regular el uso de las aguas minero-medicinales y termales, así como los establecimientos balnearios en Cantabria. Su objetivo es aprovechar estos recursos naturales con valor sanitario, económico y social, contribuyendo a la oferta turística de la región y al desarrollo de zonas menos favorecidas.

Concretamente, la normativa define qué se considera agua minero-medicinal o termal, regula los establecimientos balnearios y sus instalaciones, y establece que su finalidad es la prevención, tratamiento y rehabilitación de diversas enfermedades. Se promueve la investigación y el uso de estas aguas para mejorar la salud pública.

La ley entró en vigor el 17 de diciembre de 1988, estableciendo un marco legal para el desarrollo y la gestión de los balnearios y recursos hídricos de Cantabria.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-06-03 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento p ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 1465/1988 establece el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1988, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores. Regula los trámites de registro, la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial y la aplicación supletoria de la legislación de patentes en ausencia de normas específicas.

2. CONTEXTO La Ley 11/1988, de 3 de mayo, estableció la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores. Para su aplicación, el Gobierno debía dictar medidas y disposiciones necesarias. El presente Real Decreto se elaboró considerando las normas de patentes vigentes, como la Ley 11/1986 y su Reglamento de ejecución. El objetivo es garantizar la protección de las topografías, regulando su registro, tramitación y aplicación legal.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre de 1988, aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1988, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores. Este Reglamento establece los trámites necesarios para obtener la protección registral de dichas topografías, de manera similar a lo establecido para las patentes. En concreto, se detalla que los interesados deberán aportar documentos específicos y seguir un procedimiento determinado (art. 1).

Además, el Reglamento establece que en el Registro de la Propiedad Industrial se llevará un Registro de topografías de productos semiconductores, donde se inscribirán los datos identificativos del expediente, así como las menciones relativas tanto a la tramitación de las solicitudes de protección como las que afecten posteriormente a su vida legal (art. 12).

En particular, se inscribirán en el Registro cuando así proceda la fecha de iniciación de la primera explotación comercial no secreta de la topografía del producto semiconductor, cuando dicha fecha sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro (art. 12, apartado 2).

El Registro de topografías de productos semiconductores estará abierto a consulta pública, y una vez publicada la mención de concesión, se pondrán a disposición del público todos los documentos de la solicitud y, en su caso, la muestra de la topografía del producto semiconductor, siempre que no exista secreto comercial (art. 13, apartado 2).

Los documentos y muestras mencionados no podrán ser copiados ni entregados sin autorización del titular registral (art. 13, apartado 3).

En cuanto a la denegación de la solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial denegará la solicitud de registro cuando subsistan defectos que no hubieran sido debidamente subsanados en el plazo otorgado al efecto (art. 2).

Finalmente, el Reglamento establece el carácter supletorio de la legislación de patentes en aquellos casos en que no exista una norma expresamente aplicable a las topografías de los productos semiconductores, siempre y cuando tal norma no sea incompatible con la naturaleza de éstas (art. 14, Disposición adicional).

En concreto, se establece que, en defecto de norma expresamente aplicable, regirán para las topografías de los productos semiconductores las disposiciones del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllas. Entre otras, le serán aplicables las normas relativas a los procedimientos de concesión y transmisión de patentes (art. 14, Disposición adicional).

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 1465/1988 regula el registro y protección de las topografías de productos semiconductores, estableciendo trámites similares a los de las patentes. Establece un Registro de topografías en el Registro de la Propiedad Industrial y permite la consulta pública de los documentos, siempre que no exista secreto comercial. Además, establece la aplicación supletoria de la legislación de patentes cuando no exista norma específica.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Regulación de trámites de registro: Se establecen procedimientos similares a los de las patentes para la protección registral de las topografías. ⚠️ Aplicación supletoria de la legislación de patentes: En ausencia de normas específicas, se aplican normas de patentes siempre que no sean incompatibles. 📋 Registro de topografías en el Registro de la Propiedad Industrial: Se inscriben datos relevantes de los expedientes y se permite la consulta pública. ℹ️ Protección de la información comercial: Los documentos y muestras no pueden ser copiados ni entregados sin autorización del titular registral.

6. FICHA

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Pequeña corrección en un acuerdo antiguo con Paraguay

Se trata de una nota oficial que aclara un error en la publicación de un convenio de cooperación técnica entre España y Paraguay, firmado en 1974. Este tipo de convenios buscan facilitar la colaboración entre ambos países en diversos ámbitos técnicos.

La corrección es muy específica y se refiere a una frase en el texto del convenio. Básicamente, se elimina la palabra "nuevo" en una parte del preámbulo, sin que esto altere el fondo o el propósito del acuerdo original.

Esta corrección se hizo pública el 19 de noviembre de 1988, a través del Boletín Oficial del Estado, para asegurar que la versión oficial del convenio fuera la correcta y evitar confusiones futuras.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-06-03 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la h ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 1313/1988 establece que los cementos utilizados en la fabricación de hormigones y morteros para obras y productos prefabricados deben cumplir con especificaciones técnicas detalladas en el anexo, garantizando su calidad, seguridad y compatibilidad con los requisitos de construcción.

2. CONTEXTO Este Real Decreto se basa en el Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía, modificado en varias ocasiones, que establece que la obligatoriedad de una normativa se justifica por razones de seguridad pública, protección de la salud y el medio ambiente. El texto considera que los cementos, como materiales fundamentales en construcción, influyen directamente en la seguridad y durabilidad de las obras. Por ello, se establece la necesidad de una normativa obligatoria y la homologación de los cementos, conforme a la Directiva 83/189/CEE. La norma se aprobó en el Consejo de Ministros el 28 de octubre de 1988.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre de 1988, establece que los cementos empleados en la fabricación de hormigones y morteros destinados a cualquier tipo de obra o producto prefabricado deben cumplir con las especificaciones técnicas detalladas en el anexo del Real Decreto. Estas especificaciones se basan en normas técnicas europeas y españolas, como UNE 80-301-88, UNE 80-302-85, UNE 80-303-86, UNE 80-305-88, entre otras, que definen las características, clasificación y análisis químico de los cementos.

El artículo 1º establece que los cementos, tanto nacionales como importados, deben cumplir con estas especificaciones técnicas, lo que implica que su uso en obras de construcción está sujeto a la homologación previa. El artículo 2º detalla que las especificaciones técnicas deben observarse en todos los tipos de cementos, y que la homologación se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido en la Directiva 83/189/CEE.

El anexo del Real Decreto incluye una serie de normas técnicas que regulan los métodos de toma de muestras y ensayo de los cementos, como UNE 80-101-88, que establece la determinación de la resistencia mecánica (EN 196/1), y UNE 80-102-88, que define el tiempo de fraguado y la estabilidad de volumen (EN 196/3). También se mencionan normas para ensayos físicos, como la determinación de la blancura (UNE 80-117-87) y el calor de hidratación (UNE 80-118-86).

En cuanto al análisis químico, se incluyen normas como UNE 80-215-88, que establece el análisis químico de cementos (EN 196/2), y UNE 80-240-86, que determina la humedad mediante método volumétrico (Volhard). Además, se mencionan normas para la determinación de cloruros, dióxido de carbono, y la composición del clinker portland, entre otros.

El Real Decreto también establece que la toma de muestras y los métodos de ensayo deben seguir las normas UNE 80-401-87, que regulan la toma de muestras de cementos. Estas normas garantizan que los cementos cumplan con los estándares de calidad, seguridad y compatibilidad necesarios para su uso en obras de construcción.

La norma se fundamenta en la necesidad de garantizar la seguridad de las personas y el medio ambiente, así como la durabilidad y resistencia de las obras. La homologación de los cementos es un requisito previo para su uso, lo que asegura que los materiales utilizados en la construcción cumplen con los estándares mínimos exigidos por la legislación vigente.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 1313/1988 establece la obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros, garantizando su calidad y seguridad. La norma se basa en estándares técnicos europeos y españoles, y establece un procedimiento de control y verificación de los cementos. La norma busca asegurar la seguridad de las obras y el medio ambiente.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Obligatoriedad de la homologación: Los cementos deben cumplir con especificaciones técnicas detalladas en el anexo del Real Decreto. ⚠️ Control de calidad: Se establecen métodos de toma de muestras y ensayo que garantizan la calidad de los cementos. 📋 Normas técnicas aplicables: Se mencionan normas como UNE 80-301-88, UNE 80-101-88, entre otras, que regulan los análisis químicos y físicos de los cementos. ℹ️ Fundamento legal: La norma se basa en la Directiva 83/189/CEE y en el Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía.

6. FICHA

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España y Paraguay refuerzan su colaboración técnica

Este acuerdo, firmado en 1974, establece un marco para que España y Paraguay colaboren en diversos campos técnicos. El objetivo principal es impulsar el desarrollo económico y social de ambos países mediante el intercambio de conocimientos y experiencias.

Concretamente, el convenio permite el intercambio de información científica y tecnológica, el envío de expertos para asesoramiento, la organización de formaciones y seminarios, la concesión de becas para especialización, y la colaboración en proyectos de investigación y desarrollo. También se contempla el intercambio de material y equipo necesario.

La Resolución de 1988 formaliza la entrada en vigor de este convenio en España, permitiendo que las acciones de cooperación acordadas puedan llevarse a cabo de manera oficial y estructurada entre ambos gobiernos.

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Reorganización del Ministerio de Industria y Energía

Este Real Decreto de 1988 actualiza la estructura interna del Ministerio de Industria y Energía. Su objetivo principal es adaptar el Ministerio a las nuevas prioridades de España tras su adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE), enfocándose en mejorar la competitividad de la industria española a través de la tecnología, el diseño, la calidad, la seguridad industrial y la protección del medio ambiente. También se da un impulso a las pequeñas y medianas empresas.

Concretamente, se crea una nueva Secretaría General de Promoción Industrial y Tecnología para impulsar estas áreas y una Dirección General de Industria que asumirá competencias sectoriales, incluyendo la ejecución de políticas de la CEE. Además, se amplían las funciones de la Secretaría General de la Energía y Recursos Minerales para incluir la industria de la construcción.

Este cambio entró en vigor tras su aprobación por el Consejo de Ministros el 28 de octubre de 1988.

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Ayuda para pequeñas empresas eléctricas a mejorar sus instalaciones y pagar deudas

Esta resolución permite a ciertas empresas eléctricas de menor tamaño, que están acogidas al Sistema Integrado de Facturación de Energía Eléctrica (SIFE), saldar sus deudas con OFICO (Organismo de Financiación de la Inversión Eléctrica) invirtiendo en la mejora de sus propias instalaciones. Esto es especialmente útil para aquellas empresas con dificultades financieras que necesitan modernizar su infraestructura pero no pueden afrontar los pagos y las mejoras simultáneamente.

Concretamente, las empresas que consumen menos de 10 millones de kilovatios hora al año y tienen deudas con OFICO pueden utilizar el dinero destinado a obras de mejora, como parte del Plan Nacional de Electrificación Rural (PLANER), para cancelar total o parcialmente sus deudas. El porcentaje de la deuda que se puede saldar varía según si las obras se realizan en zonas específicas o si cuentan con subvenciones.

Esta medida entró en vigor para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1987 y el 31 de diciembre de 1991. Las empresas interesadas debían presentar certificaciones de las obras realizadas y su coste a OFICO para que se aplicara la reducción en su deuda.

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Actualización de tarifas para el alquiler de contadores de gas

Esta resolución modifica las cantidades que las empresas suministradoras de gas pueden cobrar a los usuarios por el alquiler de los contadores que miden el consumo. El objetivo es ajustar estas tarifas a los nuevos costes de los aparatos, que han aumentado desde la última actualización en 1987.

Concretamente, se establecen nuevas tarifas mensuales en pesetas según el caudal del contador. Para los contadores de mayor tamaño, se fija un valor medio que se utiliza para calcular un porcentaje como tarifa de alquiler. Además, las empresas que cobran este alquiler se encargan del mantenimiento de los contadores.

La resolución entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que los cambios se aplicarán de forma inmediata una vez publicados.

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Aumento de la cuota para OFICO en la venta de energía eléctrica

Esta orden ministerial de 1988 establece un cambio en la cantidad de dinero que las empresas eléctricas deben entregar a OFICO (Organismo Autónomo de Participación Estatal en la Industria y la Energía) por su participación en las recaudaciones de la venta de electricidad. Anteriormente, esta cuota era del 4,7%, pero se ha decidido aumentarla.

Concretamente, la orden revisa y eleva esta cuota al 5,95% para los consumos de energía eléctrica que se realicen a partir del 1 de octubre de 1988. Este ajuste se realiza debido a la evolución de ciertas compensaciones y a las previsiones económicas para los meses siguientes.

La medida entra en vigor para los consumos de electricidad efectuados a partir del 1 de octubre de 1988. Es importante destacar que esta orden es de ámbito nacional y afecta a las empresas eléctricas acogidas al SIFE (Sistema de Información de Flujos Eléctricos).

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Pequeños ajustes en la gestión del agua

Este documento es una corrección de errores de un reglamento anterior sobre la administración del agua y la planificación de los recursos hídricos en España. No introduce cambios sustanciales en la ley, sino que corrige fallos de redacción para que el texto sea más preciso y claro.

Los cambios son de carácter técnico y se refieren a la terminología utilizada, como la corrección de "cuenta hidrográfica" a "cuenca hidrográfica", o la sustitución de un cargo ministerial por otro en un artículo específico. También se corrigen términos relacionados con la investigación y la legislación aplicable, así como un error en la denominación de un tipo de nitrógeno en una tabla de análisis.

Estas correcciones entraron en vigor el 29 de septiembre de 1988, un mes después de la publicación del Real Decreto original. Su objetivo es asegurar que el reglamento se aplique de forma correcta y sin ambigüedades.

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Tarifas de luz con horarios distintos desde 1988

Esta resolución de 1988 permite que los ciudadanos que lo soliciten a su compañía eléctrica puedan beneficiarse de tarifas de luz diferentes según la hora del día y la época del año. Esto se aplica siempre que se disponga de los equipos necesarios para medir el consumo en cada franja horaria y exista un acuerdo con la empresa suministradora.

Lo que cambia concretamente es la autorización temporal para usar estos equipos de discriminación horaria. Si un ciudadano se compromete a instalar el equipo adecuado antes de finales de octubre de 1988, podrá empezar a disfrutar de esta tarifa especial desde el 1 de septiembre de 1988. En caso de no cumplir con la instalación, se le refacturará el consumo con la tarifa anterior.

Esta medida entró en vigor el 1 de septiembre de 1988. Su objetivo era facilitar la aplicación de un sistema de tarifas eléctricas que variaban según el momento del día y la estación, incentivando un consumo más eficiente y adaptado a las necesidades de la red eléctrica.

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España y Nicaragua refuerzan su cooperación cultural

Este acuerdo, firmado en 1987, modifica un convenio anterior de 1974 entre España y Nicaragua para mejorar la colaboración en materia cultural. Se crea una comisión mixta con sedes en Madrid y Managua, que se reunirá cada tres años para estudiar y proponer iniciativas que impulsen la cooperación cultural entre ambos países.

La principal novedad es la creación de esta comisión mixta, que servirá como foro para evaluar y planificar conjuntamente las acciones culturales. Sus acuerdos se plasmarán en un documento llamado 'Acta Final', que guiará la colaboración hasta la siguiente reunión. El objetivo es hacer más efectiva y concreta la ayuda mutua en este ámbito.

El protocolo entró en vigor el 18 de julio de 1988, una vez que ambos países confirmaron internamente que habían cumplido con todos los trámites necesarios para su aplicación. Esto significa que desde esa fecha, la comisión mixta ya podía empezar a trabajar.

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Calendario de Tarifas Eléctricas por Horario en 1988

Esta resolución establece el calendario específico para aplicar las tarifas eléctricas que varían según la hora del día, conocido como sistema de discriminación horaria. Esto significa que el precio de la electricidad no es el mismo a todas horas, sino que depende de si es un día laborable, festivo o de fin de semana, y de la franja horaria concreta.

Lo que cambia concretamente es la definición de qué días del año 1988 corresponden a cada categoría de tarifa horaria. Se fijan los días exactos para el sistema eléctrico peninsular y también para las islas (Baleares y Canarias) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, asegurando que todos los consumidores sepan cuándo se aplicarán las tarifas más baratas o más caras.

Esta resolución entró en vigor para el año 1988. Fue emitida el 12 de julio de 1988, pero sus efectos se aplicaron a lo largo de todo ese año, estableciendo las bases para la facturación eléctrica según el consumo horario durante ese periodo.

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Corrección de errores en la normativa de calidad de aguas de baño

Este documento se refiere a una corrección de errores detectados en un Real Decreto de 1988 que establece las normas de calidad para las aguas donde los ciudadanos pueden bañarse. El objetivo es asegurar que la información publicada sea precisa y clara para todos.

Los cambios son de carácter técnico y de redacción. Se corrigen palabras mal escritas, se aclara a qué artículos se hace referencia y se subsanan omisiones, como la inclusión de un anexo que faltaba. Estas modificaciones no alteran el fondo de las normas, sino que mejoran su exactitud.

La entrada en vigor de estas correcciones se produce con su publicación oficial, subsanando los fallos detectados en el texto original del Real Decreto de 1988 para garantizar la correcta aplicación de la normativa.

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