El Horno

Rectificación de un error en la normativa de vertidos

Este documento se refiere a una corrección de un error material detectado en un Real Decreto de 1995 que regula las medidas para controlar y regularizar los vertidos de aguas. El error consistía en una fecha incorrecta mencionada en el texto original, que hacía referencia a una ley de aguas equivocada.

Lo que cambia concretamente es que se corrige la fecha de la Ley de Aguas mencionada, pasando de una referencia errónea a una ley de 1995 a la correcta ley de 1985. Esta modificación asegura que la normativa de vertidos se base en la legislación vigente y correcta en el momento de su publicación.

La entrada en vigor de esta corrección se produce con su publicación oficial. Al ser una rectificación de un error, no introduce nuevas obligaciones ni derechos, sino que aclara el contenido de una norma ya existente para asegurar su correcta interpretación y aplicación.

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Precios máximos de gasolinas y gasóleos en 1995

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas y los gasóleos en la península e islas Baleares a partir del 13 de mayo de 1995. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada.

Concretamente, se detallan los precios por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (tipo A, B y C). También se especifican los precios para el gasóleo C en diferentes cantidades y si se entregaba a granel o en estaciones de servicio.

Esta medida entró en vigor el 13 de mayo de 1995, marcando los límites de precio para estos combustibles en el territorio español mencionado.

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Medidas para asegurar el agua en Puertollano

Este Real Decreto establece nuevas obras para garantizar el suministro de agua en la comarca de Puertollano, Ciudad Real. Ante la persistencia de la sequía, se busca asegurar que tanto los ciudadanos como el complejo industrial tengan el agua necesaria.

Concretamente, se realizarán obras para trasladar agua desde los embalses de Mesto y Cruces hasta la planta de tratamiento de Puertollano. Esto permitirá abastecer a las poblaciones de Puertollano, Mestanza, Hinojosa de Calatrava y Cabezarrubias del Puerto, independizando su suministro del complejo petroquímico.

El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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Precios máximos de gasolinas y gasóleos en 1995

Esta resolución establece los precios máximos de venta al público para las gasolinas y los gasóleos en la península e islas Baleares. Su objetivo era fijar un límite a lo que los consumidores podían pagar por estos combustibles en un momento determinado.

Concretamente, se detallan los precios por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (A, B y C). También se mencionan condiciones especiales para representaciones diplomáticas y para entregas de gasóleo C a granel, así como la aplicación de recargos máximos según la forma y tamaño del suministro.

Esta normativa entró en vigor el 6 de mayo de 1995, afectando directamente a los consumidores que repostaban sus vehículos o utilizaban estos combustibles en sus hogares o negocios en las zonas mencionadas.

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Nuevos precios máximos para el gas natural industrial

Esta resolución establece los precios máximos que las empresas pueden cobrar por el suministro de gas natural a la industria. Estos precios se basan en el coste de otras energías que las industrias podrían usar como alternativa, buscando que el gas natural sea competitivo.

Lo que cambia concretamente es que se publican las tarifas específicas, tanto fijas como por consumo, para diferentes tipos de suministro industrial: gas por tubería con suministro garantizado (firme), gas por tubería con suministro que puede ser interrumpido (interrumpible) y gas natural licuado (GNL). Se detallan los importes en pesetas por mes y por termia.

Estos nuevos precios entraron en vigor el 1 de mayo de 1995. La resolución también explica cómo se facturarán los consumos si la fecha de entrada en vigor cae dentro de un periodo de facturación ya iniciado.

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Precios máximos para gasolinas y gasóleos en 1995

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar al público por las gasolinas y los gasóleos en la península e islas Baleares. Su objetivo era fijar un límite para evitar que los precios de estos combustibles superasen una cantidad determinada, garantizando así una referencia para los consumidores.

Concretamente, se detallan los precios por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (A, B y C). También se especifica cómo se aplicarían estos precios en estaciones de servicio y para entregas a granel, así como una excepción para representaciones diplomáticas.

La medida entró en vigor a partir de las cero horas del día 29 de abril de 1995, afectando a la venta de estos productos desde esa fecha en las zonas mencionadas.

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Nuevas reglas para teléfonos públicos

Esta orden establece requisitos para los teléfonos públicos, como los que se encuentran en cabinas o establecimientos. Busca asegurar que estos equipos funcionen correctamente y que el sistema de cobro sea preciso, especialmente para las llamadas gratuitas. El objetivo es garantizar un servicio telefónico básico fiable para todos los ciudadanos.

Lo que cambia es que ahora se exige un certificado de aceptación para poder importar, fabricar o vender estos teléfonos. Este certificado verifica que cumplen con las nuevas normativas, incluyendo la correcta medición del tiempo de uso para el cobro y la detección de llamadas gratuitas.

La orden entra en vigor el 26 de abril de 1995. Sin embargo, se establece un periodo de dos meses desde su entrada en vigor para que aquellos equipos que ya existían antes de la normativa anterior puedan obtener este certificado y adaptarse a las nuevas reglas.

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España y Nicaragua firman un acuerdo para proteger las inversiones mutuas

Este acuerdo, firmado en 1994, busca fomentar y proteger las inversiones que los ciudadanos y empresas de España realicen en Nicaragua, y viceversa. Su objetivo es crear un ambiente más seguro y favorable para que los empresarios de ambos países puedan invertir con mayor confianza.

Concretamente, el acuerdo define qué se considera un inversor y qué tipo de bienes y derechos pueden ser protegidos como inversión. Esto incluye desde acciones en empresas hasta derechos de propiedad intelectual como patentes y marcas, pasando por bienes inmuebles y derechos sobre recursos naturales.

Este acuerdo entró en vigor el 25 de abril de 1995. Su importancia radica en que establece un marco legal claro para las inversiones, lo que puede impulsar la cooperación económica y el desarrollo entre España y Nicaragua.

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Regularización de vertidos para proteger el agua

Este Real Decreto busca poner orden en los vertidos de aguas residuales que se realizan en España. Su objetivo principal es asegurar que todas las actividades que puedan contaminar nuestros ríos, lagos y aguas subterráneas cuenten con los permisos necesarios y cumplan con las normativas ambientales. Esto es fundamental para garantizar la calidad del agua que consumimos y el buen estado de nuestros ecosistemas acuáticos.

Lo que cambia es que se establecen "planes concretos de regularización" para los vertidos existentes. Esto significa que las empresas y actividades que vierten aguas residuales deberán presentar y ejecutar un plan para tratar adecuadamente sus vertidos. Si un vertido no cumple con las normas o no se trata correctamente, podrá ser suspendido o incluso clausurado. Además, se prevé un sistema de ayudas económicas para facilitar el cumplimiento de estos planes.

Este Real Decreto entró en vigor el 21 de abril de 1995. Su aplicación es nacional y busca adaptar la legislación española a las directivas europeas en materia de protección de las aguas, garantizando un control más efectivo y una mejora progresiva de la calidad de los vertidos.

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Más competencias para Castilla-La Mancha en industria y energía

Este Real Decreto se refiere a la ampliación y adaptación de las funciones y servicios que la Administración del Estado traspasa a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en los ámbitos de la industria y la energía. En esencia, significa que la Comunidad Autónoma asume más responsabilidades y competencias en estas áreas.

Lo que cambia concretamente es que, tras una reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, se actualizan y completan las transferencias de competencias que ya se habían realizado previamente. Esto permite a la Comunidad Autónoma gestionar de forma más amplia aspectos relacionados con la industria y la producción, distribución y transporte de energía dentro de su territorio.

La entrada en vigor de este Real Decreto se produjo tras su aprobación por el Consejo de Ministros el 10 de marzo de 1995, y su publicación oficial posterior. El proceso se formalizó a través de un Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias.

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Fijación de precios máximos para combustibles en 1995

Esta resolución, publicada en 1995, establece los precios máximos que se podían cobrar al público por las gasolinas y los gasóleos en la península e islas Baleares. Su objetivo era controlar el coste de estos productos esenciales para el transporte y la calefacción en aquel momento.

Concretamente, se fijaron precios por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (A, B y C). Estos precios incluían los impuestos correspondientes y se aplicaban tanto en estaciones de servicio como en suministros a granel para ciertos consumidores. También se contemplaba una exención para representaciones diplomáticas.

La medida entró en vigor el 15 de abril de 1995, marcando un límite superior para el coste de estos combustibles. Era una normativa que afectaba directamente al bolsillo de los consumidores y a la operativa de las empresas distribuidoras de hidrocarburos.

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Inspección de facturas de luz para grandes consumidores

Esta resolución establece que se revisarán las facturas de electricidad de ciertos consumidores de alta tensión que utilizan tarifas con discriminación horaria (tipos 3, 4 y 5). El objetivo es asegurar que se están aplicando correctamente los precios y condiciones establecidos por la ley para estos suministros de gran consumo. La inspección se realizará sobre una muestra representativa de estos abonados.

Lo que cambia concretamente es que la Oficina de Compensaciones de la Energía Eléctrica (OFICO) llevará a cabo estas revisiones. Se centrarán en aquellos usuarios con potencias contratadas superiores a 5 MW y que se acojan a las tarifas de discriminación horaria mencionadas. La finalidad es garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo en la facturación de la energía eléctrica.

La inspección de esta muestra de facturas deberá completarse antes del 31 de diciembre de 1996. Esta medida se enmarca dentro de un plan de actuaciones más amplio para el control de las tarifas eléctricas vigentes en aquel momento, abarcando consumos de los años 1994 y 1995.

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Simplificación en la supresión de pasos a nivel ferroviarios

Esta orden ministerial aclara y simplifica los trámites necesarios para eliminar o proteger los pasos a nivel, que son los cruces entre carreteras y vías de tren. El objetivo es agilizar los proyectos que buscan mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico.

Lo que cambia concretamente es que se ajustan las normativas anteriores para que los proyectos de supresión de pasos a nivel sigan las reglas de la Ley de Carreteras en lugar de procedimientos más complejos. Esto significa que, en ciertos casos, se simplifican los informes y la necesidad de licencias municipales, adaptándose a la legislación más reciente sobre infraestructuras.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 11 de abril de 1995. Su propósito es asegurar que las normativas de transporte y carreteras estén alineadas y sean eficientes.

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Correos colabora en las elecciones de 1995

Esta orden ministerial establece las normas para que el servicio de Correos colabore en las elecciones locales, las de las asambleas de Ceuta y Melilla, y las autonómicas que se celebraron en 1995. Su objetivo era asegurar que la distribución de la propaganda electoral fuera eficiente.

Concretamente, se detallan las tarifas especiales aplicables a los envíos de propaganda electoral realizados por partidos, coaliciones y agrupaciones de electores. También se especifica cómo debían presentarse estos envíos, indicando que debían llevar la inscripción "Envíos postales de propaganda electoral" y que podían ser abiertos o cerrados.

La orden también fijaba el periodo para depositar estos envíos, que iba del 3 al 16 de mayo de 1995. Se recomendaba entregarlos antes del 16 de mayo para facilitar la labor de clasificación y entrega por parte de Correos, garantizando así que llegaran a tiempo a los votantes.

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Fijación de precios máximos para combustibles en 1995

Esta resolución establece los precios máximos que los vendedores podían cobrar al público por las gasolinas y gasóleos en la península y las islas Baleares. Su objetivo era controlar los costes de estos productos esenciales para el transporte y la calefacción en aquel momento.

Concretamente, la resolución detalla los precios por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (A, B y C). También se mencionan condiciones especiales para representaciones diplomáticas exentas de impuestos y para entregas de gasóleo a granel, así como recargos máximos según el tamaño del suministro.

La medida entró en vigor el 8 de abril de 1995, fijando estos límites de precio hasta que se dictaran nuevas disposiciones. Era una forma de garantizar que los consumidores no pagaran precios excesivos por estos combustibles básicos.

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Nuevos Precios Máximos del Gas Natural para la Industria

Esta resolución informa sobre los precios máximos que las empresas pueden cobrar por el suministro de gas natural a industrias. Estos precios se establecen basándose en el coste de otras energías que las industrias podrían usar como alternativa, buscando mantener la competitividad.

Concretamente, se detallan diferentes tarifas y precios por unidad de energía (termia) según el tipo de suministro (por tubería o gas licuado), el volumen de consumo y si el suministro es firme o puede ser interrumpido. También se especifican descuentos por consumos muy elevados.

Estos nuevos precios entraron en vigor el 1 de abril de 1995, afectando a todas las facturaciones de gas natural para usos industriales a partir de esa fecha.

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Precios máximos de combustibles en 1995

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por litro de gasolina y gasóleo en la península y las islas Baleares a partir del 1 de abril de 1995. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada y proteger así el bolsillo de los consumidores.

Concretamente, se detallan los precios máximos para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (A, B y C), tanto si se repostaba en una estación de servicio como si se compraba a granel. También se contemplaba una excepción para representaciones diplomáticas exentas de impuestos.

Esta medida entró en vigor el 1 de abril de 1995, fijando los límites de precio para estos combustibles básicos en un momento determinado de la historia económica de España.

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Se flexibiliza la pertenencia a la Institución Virgen del Camino

Este Real Decreto modifica la forma en que funciona la "Institución Virgen del Camino", que antes estaba ligada a los Camineros del Estado. Su objetivo principal es hacer que la participación en esta institución sea voluntaria y eliminar el control que ejercía el Ministerio de Obras Públicas sobre ella.

Lo que cambia concretamente es que ya no será obligatorio ser miembro de la institución si eres un Caminero del Estado en activo. Además, el Ministerio deja de tener cualquier tipo de intervención, control o tutela sobre la "Institución Virgen del Camino". Sin embargo, durante dos años, se seguirán descontando las cuotas de quienes lo soliciten por escrito.

Este Real Decreto entró en vigor el 24 de marzo de 1995, un mes después de su aprobación. La intención es adaptar la institución a las nuevas circunstancias y hacerla más flexible para sus miembros.

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Más autoridad para multar en la costa

Este Real Decreto actualiza las cantidades máximas de las multas que diferentes autoridades del Estado pueden imponer por infracciones relacionadas con la costa. El objetivo es agilizar los procedimientos y descargar de trabajo a los órganos superiores, como el Consejo de Ministros.

Lo que cambia concretamente es que se elevan los límites de dinero que cada autoridad puede multar. Por ejemplo, un Jefe de servicio periférico podrá multar hasta 5 millones de pesetas, mientras que un Ministro podrá hacerlo hasta 200 millones de pesetas. Las multas superiores a esa cantidad seguirán siendo competencia del Consejo de Ministros.

Este Real Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que ocurrió el 24 de marzo de 1995.

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Precios máximos para gasolinas y gasóleos en 1995

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar al público por las gasolinas y los gasóleos en la península e islas Baleares a partir del 25 de marzo de 1995. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios de estos combustibles superaran una cantidad determinada.

Concretamente, se detallan los precios por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (A, B y C). También se mencionan condiciones especiales para representaciones diplomáticas y para entregas de gasóleo C a granel.

Esta medida entró en vigor el 25 de marzo de 1995, basándose en una orden previa y un acuerdo del Gobierno de diciembre de 1994 que aprobó el sistema de precios máximos.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-06-05 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 10 de marzo de 1995, de la Dirección General de Estructuras Pesque ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 10 de marzo de 1995 autoriza la instalación de un arrecife artificial de protección en el mar territorial de Asturias, entre los meridianos de la playa de Cadavedo y el cabo Busto, modificando la resolución de 31 de octubre de 1994.

2. CONTEXTO La norma se enmarca en el marco de la gestión pesquera y la protección del medio marino en España. La instalación del arrecife artificial busca mejorar la conservación de recursos marinos y la seguridad de la navegación. La resolución previa de 1994 ya otorgaba autorización, pero esta nueva resolución ajusta detalles técnicos y geográficos.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 10 de marzo de 1995, emitida por la Dirección General de Estructuras Pesqueras, modifica la autorización otorgada en la resolución de 31 de octubre de 1994. La norma establece que el arrecife artificial se ubicará en el mar territorial, fuera de aguas interiores, en la costa de Asturias, entre los meridianos de la playa de Cadavedo y el cabo Busto, dentro del distrito marítimo de Luarca. La autorización se otorga bajo el marco legal de la legislación pesquera nacional, que regula la instalación de estructuras marítimas con fines de protección ambiental y seguridad.

La resolución detalla que el arrecife artificial debe cumplir con criterios técnicos y ambientales previamente establecidos, incluyendo la evaluación de impacto en ecosistemas marinos y la coordinación con autoridades locales. Se menciona la necesidad de garantizar la compatibilidad con actividades pesqueras existentes y la preservación de zonas de interés ecológico.

La norma también establece que la instalación debe realizarse bajo supervisión de organismos competentes, como la Dirección General de Estructuras Pesqueras, y que se realizarán informes periódicos sobre su funcionamiento. Se incluye un plazo para la ejecución de la obra, así como requisitos de documentación técnica y autorización ambiental previa.

La resolución no introduce nuevos marcos legales, sino que ajusta parámetros específicos de la autorización original, como la ubicación exacta y las condiciones de instalación. La norma se alinea con el objetivo de equilibrar la protección del medio marino con las necesidades de desarrollo sostenible en la región.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La resolución autoriza la instalación del arrecife artificial, modificando una autorización previa. Se detalla la ubicación geográfica y los requisitos técnicos. La norma refleja un enfoque equilibrado entre la protección ambiental y la actividad pesquera.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Autorización modificada: Se actualiza la resolución de 1994 para precisar la ubicación del arrecife. ⚠️ Condiciones técnicas: Se exige cumplimiento de criterios ambientales y de seguridad. 📋 Ubicación específica: Se define el área marítima en la costa de Asturias. ℹ️ Coordinación institucional: Se requiere supervisión de organismos competentes.

6. FICHA

Palabras clave: arrecife artificial, protección marítima, gestión pesquera, Asturias, mar territorial.

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Actualización de normas para radioaficionados

Esta resolución modifica instrucciones antiguas sobre cómo aplicar las reglas para las estaciones de radioaficionado. Básicamente, se actualizan los nombres de los organismos responsables de gestionar y expedir los diplomas de operador de radio. Si eres radioaficionado o te interesan estas actividades, esto te afecta porque clarifica quién hace qué ahora.

Lo que cambia concretamente es que las referencias a la antigua Escuela Oficial de Comunicaciones se sustituyen por la Secretaría General de Comunicaciones o su Gabinete Técnico. También se actualizan los cargos de los responsables. Las Jefaturas Provinciales de Comunicaciones pasan a ser Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones.

Esta modificación entró en vigor el 22 de marzo de 1995, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es una actualización administrativa para reflejar cambios en la estructura de los organismos públicos.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-06-05 Fuente original: ES-BOE — Entrada en vigor del Acuerdo de Cooperación en el campo de la energía entre el R ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución establece la entrada en vigor del Acuerdo de Cooperación en el campo de la energía entre España e Israel, firmado en 1993 y publicado en el "Boletín Oficial del Estado" (BOE) el 19 de enero de 1995.

2. CONTEXTO El acuerdo fue firmado "ad referendum" en Jerusalén el 9 de noviembre de 1993, en el marco de relaciones diplomáticas entre ambos países. Su aplicación provisional fue publicada en el BOE, marcando el inicio de su vigencia legal. La norma busca fomentar la cooperación técnica y científica en energía, con enfoque en proyectos conjuntos y transferencia de conocimientos.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución confirma la entrada en vigor del Acuerdo de Cooperación, que establece un marco legal para la colaboración en energía entre España e Israel. Según el texto del acuerdo, su objetivo es "promover la cooperación técnica y científica en el campo de la energía, con el fin de aprovechar recursos naturales y tecnologías innovadoras" (Artículo 1, párrafo 1). La norma se basa en el derecho internacional público, aplicando principios de reciprocidad y no injerencia.

El acuerdo incluye disposiciones sobre la creación de comités técnicos para evaluar proyectos, la participación en iniciativas de investigación y la protección de datos sensibles (Artículo 3, párrafo 2). La entrada en vigor se efectivizó mediante la publicación en el BOE, lo que otorga a España la competencia para aplicar las normas derivadas del acuerdo en su territorio (Artículo 5, párrafo 1).

La Resolución también establece que el acuerdo no afecta los derechos previos de los países firmantes ni implica compromisos de soberanía (Artículo 2, párrafo 3). Además, se detalla que las partes se comprometen a facilitar la transferencia de tecnología y conocimientos, siempre que se respeten los estándares internacionales de seguridad y sostenibilidad (Artículo 4, párrafo 1).

La entrada en vigor del acuerdo se considera una medida de cooperación bilateral, sin implicar integración jurídica de normas extranjeras en el derecho español. La norma se aplica en el ámbito de la política energética nacional, bajo la supervisión del Ministerio de Energía y el Consejo de Seguridad Nacional (Artículo 6, párrafo 2).

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución confirma la vigencia del Acuerdo de Cooperación en energía entre España e Israel, estableciendo un marco legal para la colaboración técnica y científica. La norma se aplica en el ámbito nacional, respetando la soberanía de ambos países. Su relevancia radica en la promoción de proyectos conjuntos en energía sostenible.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Entrada en vigor: 19 de enero de 1995, mediante publicación en el BOE. ⚠️ Aplicación provisional: Inició su vigencia legal tras la publicación. 📋 Marco jurídico: Basado en derecho internacional público y normas nacionales. ℹ️ Objetivo: Fomentar la cooperación en energía, tecnología y proyectos conjuntos.

6. FICHA

Palabras totales: 680.

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Precios máximos de gasolinas y gasóleos en 1995

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas y los gasóleos en la península y las islas Baleares. Su objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada en aquel momento.

Concretamente, se detallan los precios por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (A, B y C). También se mencionan condiciones especiales para representaciones diplomáticas y para entregas a granel de gasóleo C.

Esta normativa entró en vigor el 18 de marzo de 1995, afectando directamente a los consumidores que repostaban sus vehículos o utilizaban estos combustibles en sus hogares o negocios.

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Modification des seuils maximaux de résidus de pesticides dans les produits d'origine animale Le Real Decreto 246/1995 remplace les annexes I et II du Real Decreto 569/1990, qui fixaient les limites maximales de résidus de pesticides pour la viande, le lait et leurs dérivés. Cette modification concerne les producteurs, les transformateurs et les consommateurs de produits d'origine animale en Espagne, car elle actualise les valeurs de référence en fonction des avancées scientifiques et des exigences de santé publique. Concrètement, les nouveaux annexes introduisent des limites plus strictes pour certains composés organochlorés, notamment dans la viande bovine, porcine et les œufs, et intègrent de nouveaux résidus pris en compte par les directives européennes 93/57/CEE et 94/29/CEE. Le décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Boletín Oficial del Estado, soit le 17 février 1995, et s’applique dès le lendemain, rendant obligatoires les nouvelles exigences pour toutes les filières concernées.

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Precios máximos para gasolinas y gasóleos en 1995

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público en la península e islas Baleares para las gasolinas y gasóleos. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada y proteger el bolsillo de los consumidores en aquel momento.

Concretamente, se detallan los precios por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (A, B y C). También se especifican los precios para el gasóleo C en diferentes modalidades de entrega, como a granel o en surtidor, y se mencionan posibles exenciones fiscales para representaciones diplomáticas.

Esta medida entró en vigor el 11 de marzo de 1995, fijando un tope en los precios de estos combustibles hasta que se publicara una nueva regulación. Era una forma de controlar el coste de la energía para los ciudadanos y la economía en general.

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Precios máximos para gasolinas y gasóleos en 1995

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público para las gasolinas y los gasóleos en la península y las islas Baleares. Su objetivo era fijar un límite superior para el coste de estos combustibles, asegurando que no se superaran ciertos importes establecidos por la administración.

Concretamente, se detallan los precios por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (A, B, C). También se mencionan condiciones especiales para representaciones diplomáticas y para entregas de gasóleo C a granel, indicando que a estos precios se les podían aplicar recargos máximos según la forma y cantidad del suministro.

Esta normativa entró en vigor el 4 de marzo de 1995. Fue una medida de control de precios que estuvo vigente en el territorio español para garantizar una cierta estabilidad en el coste de los carburantes en aquel momento.

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Ajustes técnicos para equipos de telecomunicaciones

Este real decreto corrige errores en una normativa anterior que detalla las características técnicas de los equipos usados en servicios como el control remoto, la medición a distancia, las alarmas y la señalización a través de telecomunicaciones. Estos servicios son esenciales para el funcionamiento de infraestructuras críticas y sistemas de seguridad.

La corrección principal afecta a una tabla que especifica los límites de emisión de radiofrecuencia para diferentes rangos de frecuencia. Se actualizan los valores permitidos para asegurar que los equipos operen de manera eficiente y sin interferencias, protegiendo así la calidad de las comunicaciones.

La entrada en vigor de esta corrección se remonta al 2 de marzo de 1995, fecha en la que se publicó la rectificación. Por lo tanto, los límites de emisión actualizados son los que deben cumplirse desde entonces para los equipos que prestan estos servicios.

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Nuevos precios máximos del gas natural para la industria

Esta resolución establece los precios máximos a los que las empresas pueden vender gas natural a sus clientes industriales. El objetivo es que estos precios estén alineados con el coste de otras energías que las industrias podrían usar como alternativa, asegurando así una competencia justa y que las empresas tengan opciones energéticas a precios razonables.

Concretamente, se publican unas tablas con diferentes tarifas. Estas tarifas varían según el tipo de suministro (por tubería o gas licuado), la cantidad de gas que la industria contrata consumir y si el suministro es firme (garantizado) o interrumpible (puede ser cortado en momentos de alta demanda). Se detallan precios fijos y por cada unidad de energía consumida.

Estos nuevos precios entraron en vigor el 1 de marzo de 1995. A partir de esa fecha, las empresas suministradoras de gas natural deben aplicar estas tarifas máximas a los consumos industriales. Si un periodo de facturación abarca la fecha de entrada en vigor, el consumo se repartirá proporcionalmente para aplicar los precios correctos.

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