El Horno

Nuevos precios máximos para el gas natural industrial

Esta resolución establece los precios máximos de venta del gas natural destinados a usos industriales. Su objetivo es hacer públicos los costes que las empresas deberán asumir a partir de una fecha determinada, basándose en los precios de energías alternativas que podrían utilizar.

Concretamente, se detallan las tarifas y precios aplicables a diferentes modalidades de suministro de gas natural para la industria. Esto incluye precios fijos y variables por consumo, así como descuentos especiales para grandes consumidores o para industrias que utilicen gas natural licuado.

Estos nuevos precios entraron en vigor el 1 de octubre de 1995, modificando las tarifas vigentes hasta ese momento para garantizar la transparencia y la competitividad en el mercado industrial del gas natural.

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

Precios máximos de gasolina y gasóleo en 1995

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina y el gasóleo en la Península e islas Baleares a partir del 30 de septiembre de 1995. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada.

Concretamente, se detallan los precios por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (A, B y C). También se mencionan condiciones especiales para representaciones diplomáticas y se recuerda que se podían aplicar recargos según la cantidad y forma de suministro.

Esta medida entró en vigor el 30 de septiembre de 1995, como continuación de un sistema de precios máximos aprobado previamente por el Gobierno para garantizar la estabilidad en el coste de estos combustibles básicos.

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Vigilancia de la contaminación por ozono

Este Real Decreto establece un sistema para controlar los niveles de ozono en el aire. Su objetivo principal es proteger la salud de las personas informándolas cuando las concentraciones de ozono superen los límites considerados seguros.

Lo que cambia es que ahora las administraciones públicas deben medir de forma continua la presencia de ozono en la atmósfera y compartir esta información. Si se detectan niveles altos, se avisará a la población y también se informará a la Comisión Europea.

Este sistema de vigilancia y comunicación entró en vigor el 26 de septiembre de 1995, fecha de su publicación oficial, para asegurar que se cumplan las normativas europeas y se proteja la salud pública.

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Nuevas reglas para reducir la contaminación del aire

Este documento establece directrices técnicas para ayudar a los países a controlar las emisiones de óxidos de nitrógeno, un tipo de contaminante que afecta la calidad del aire y puede viajar largas distancias. El objetivo es que los países puedan cumplir con sus compromisos internacionales para reducir esta contaminación.

Concretamente, se detallan las técnicas y tecnologías disponibles para reducir estas emisiones provenientes de fuentes fijas, como fábricas e industrias. Se consideran tanto la eficacia de las medidas como sus costes, buscando identificar las mejores opciones aplicables para establecer normas nacionales y combatir la polución.

Estas modificaciones al anexo técnico entraron en vigor el 23 de septiembre de 1995, tras ser adoptadas en reuniones internacionales celebradas en Ginebra. Su aplicación busca mejorar la calidad del aire y proteger el medio ambiente a nivel transfronterizo.

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Precios máximos de gasolinas y gasóleos en 1995

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar al público por las gasolinas y los gasóleos en la península e islas Baleares. Su objetivo era fijar un límite para evitar que los vendedores cobraran más de lo permitido por estos combustibles esenciales para el transporte y la calefacción.

Concretamente, se detallan los precios por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (A, B, C). También se contemplan casos especiales, como las exenciones fiscales para representaciones diplomáticas y los precios para entregas a granel de gasóleo C.

La medida entró en vigor el 23 de septiembre de 1995, fijando estos precios hasta que se publicara una nueva regulación. Era una forma de controlar el coste de la energía en un momento determinado.

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Subida de tarifas en FEVE en 1995

Esta orden ministerial autorizó a Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) a modificar sus precios en el año 1995. En concreto, se permitió un aumento general del 3,5% en el coste de los billetes de transporte de viajeros.

Además de este incremento, se añadió otro 1% para cubrir la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que se había producido ese mismo año. Por lo tanto, los viajeros de FEVE vieron cómo el precio de sus desplazamientos aumentaba en total un 4,5%.

La orden se hizo efectiva al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que los nuevos precios se aplicaron de forma inmediata tras su anuncio oficial.

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España acoge reuniones clave para proteger el Mediterráneo

Este acuerdo establece las condiciones para que España albergue dos importantes reuniones internacionales en Barcelona. La primera, una reunión de expertos jurídicos y técnicos, se centró en proponer mejoras al Convenio de Barcelona y sus protocolos relacionados con la contaminación marina y las zonas protegidas. La segunda fue la reunión ordinaria de los países que forman parte de este convenio para revisar y avanzar en la protección del Mar Mediterráneo.

Lo que cambia concretamente es que España se compromete a proporcionar los espacios necesarios, como salas de conferencias y oficinas, además de asegurar que estas instalaciones estén equipadas y en buen estado para el desarrollo de ambas reuniones. También se definen quiénes pueden asistir, incluyendo representantes de países, organizaciones internacionales y no gubernamentales, así como funcionarios de las Naciones Unidas.

Este acuerdo entró en vigor de forma provisional el 1 de marzo de 1995 y fue ratificado el 21 de septiembre de 1995. Su aplicación provisional permite que las preparaciones y la organización de las reuniones pudieran comenzar antes de la aprobación formal definitiva, asegurando la continuidad de los trabajos para la protección del medio marino.

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Autorización de trasvase de agua y financiación para la sequía

Este documento oficial, convalidado por el Congreso de los Diputados, autoriza el traslado de 55 hectómetros cúbicos de agua hacia la cuenca del río Segura. Su objetivo principal es paliar los efectos de una situación de sequía extremadamente grave que afectaba a la zona.

Además de la autorización del trasvase, se aprueba una partida económica de 15.000 millones de pesetas. Estos fondos se destinan al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para financiar obras específicas necesarias para hacer frente a la escasez de agua.

La decisión fue tomada y publicada en agosto de 1995, y la convalidación por parte del Congreso se formalizó en septiembre del mismo año, dando así luz verde a estas medidas urgentes.

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Correos facilita la propaganda electoral en elecciones locales

Esta orden detalla cómo el Servicio de Correos colaborará en las elecciones locales parciales convocadas para el 5 de noviembre de 1995. Su objetivo es asegurar que la propaganda electoral de los partidos políticos y agrupaciones llegue a los ciudadanos de forma eficiente.

Concretamente, se establecen las tarifas especiales para estos envíos, cómo deben presentarse (pueden ir abiertos o cerrados y no es obligatorio indicar el remitente en el exterior) y los plazos para depositarlos en Correos. También se fija el periodo durante el cual se realizará la entrega de esta propaganda a los domicilios de los electores.

La normativa entra en vigor con la publicación de esta orden, y los plazos para el depósito y entrega de la propaganda electoral se extienden desde el 11 de octubre hasta el 3 de noviembre de 1995, coincidiendo con el periodo de campaña electoral.

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Precios máximos de la gasolina y el gasóleo en 1995

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por litro de gasolina y gasóleo en la península e islas Baleares a partir del 16 de septiembre de 1995. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran más allá de lo establecido por el Gobierno.

Lo que cambia concretamente es que se publican las tarifas exactas para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (A, B y C), tanto para venta en surtidores como para entregas a granel. Estos precios ya incluían los impuestos correspondientes.

Esta medida entró en vigor el 16 de septiembre de 1995, tal como se indicaba en la propia resolución. Era una forma de informar a los consumidores sobre los límites de precio en ese momento.

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Precios máximos de gasolinas y gasóleos en 1995

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar al público por las gasolinas y los gasóleos en la península e islas Baleares. Su objetivo era fijar un límite para evitar que estos combustibles superaran un cierto coste, protegiendo así el bolsillo de los consumidores en aquel momento.

Concretamente, se detallaban los precios por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (A, B y C). También se contemplaban condiciones especiales para suministros a granel o para representaciones diplomáticas exentas de impuestos.

La normativa entró en vigor el 9 de septiembre de 1995, marcando los nuevos límites de precios para estos productos energéticos en el territorio español afectado.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-06-01 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 1123/1995, de 3 de julio, para la aplicación del Tratado de Coopera ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Real Decreto 1123/1995, de 3 de julio, establece el régimen jurídico para la aplicación del Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT) en España, facilitando la protección internacional de invenciones.

2. CONTEXTO El Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), firmado en Washington el 19 de junio de 1970, entró en vigor en España el 16 de noviembre de 1989 tras la adhesión del país. España utilizó reservas en el artículo 64.1 a) y b), lo que limitó su obligación de cumplir con el capítulo II del Tratado. A pesar de ello, el PCT puede aplicarse directamente en España sin necesidad de una norma nacional. Para garantizar la seguridad jurídica en la aplicación conjunta del PCT y de la Ley de Patentes de 1986, se promulgó este Real Decreto.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Real Decreto 1123/1995, de 3 de julio, regula la aplicación del Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT) en España, con especial atención a los procedimientos internacionales de solicitud de protección de invenciones. El Tratado establece una fase internacional previa a la fase nacional, que se desarrolla en cada país miembro. Sin embargo, España no se considera obligada por el capítulo II del Tratado ni por el Reglamento correspondiente, debido a las reservas realizadas en el artículo 64.1 a) y b). A pesar de ello, el PCT puede aplicarse directamente en España, sin necesidad de una norma nacional, ya que la Ley de Patentes de 1986 sigue siendo aplicable a las solicitudes internacionales.

Para garantizar la coherencia entre el PCT y la legislación española, el Real Decreto desarrolla aspectos puntuales de la aplicación del Tratado y de la Ley de Patentes. Esto incluye la regulación de las tasas y derechos asociados a la búsqueda internacional, así como la posibilidad de reembolso de dichas tasas en ciertos casos.

En el Anexo I se detallan las tasas previstas en los artículos 3 y 9 del Real Decreto. La tasa de transmisión es de 8.475 pesetas, y la tasa por transmisión de documento de prioridad es de 3.390 pesetas. En el Anexo II se establecen las tasas y derechos por la búsqueda internacional. La tasa de búsqueda (regla 16.1.a) es de 62.100 pesetas, y la tasa adicional (regla 40.2.a) también es de 62.100 pesetas. Los costes de copia son de 500 pesetas para documentos nacionales y 700 pesetas para documentos extranjeros.

Además, el Real Decreto establece condiciones para el reembolso de la tasa de búsqueda. Cualquier cantidad pagada por error, sin necesidad o en exceso, será reembolsada. Si la solicitud internacional se retira antes del comienzo de la búsqueda, se reembolsará íntegramente la tasa de búsqueda. Si la Administración se beneficia de una búsqueda anterior, se reembolsará una parte de la tasa de búsqueda según el grado de beneficio obtenido (25%, 50%, 75% o 100%).

Este Real Decreto, por tanto, no sustituye ni reduce el alcance de la Ley de Patentes de 1986, sino que complementa su aplicación en el ámbito internacional, facilitando la protección de invenciones en España dentro del marco del PCT.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Real Decreto 1123/1995 establece el régimen jurídico para la aplicación del PCT en España. Facilita la protección internacional de invenciones, sin sustituir la Ley de Patentes de 1986. Regula las tasas y derechos asociados a la búsqueda internacional, y establece condiciones de reembolso.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Aplicación del PCT en España: El Real Decreto regula la aplicación del Tratado de Cooperación en materia de patentes en el país. ⚠️ Reservas españolas: España no se considera obligada por el capítulo II del Tratado ni por el Reglamento. 📋 Tasas y derechos: Se detallan las tasas por transmisión, búsqueda y copia, así como condiciones de reembolso. ℹ️ Coexistencia con la Ley de Patentes: El PCT puede aplicarse directamente sin necesidad de una norma nacional.

6. FICHA

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Corrección de errores en la normativa sobre básculas de pesaje

Esta orden ministerial se refiere a la corrección de pequeños errores detectados en una orden anterior que regula cómo deben ser controladas las básculas de pesaje, especialmente las grandes, como las de las básculas de puente. El objetivo es asegurar que estas básculas funcionen correctamente y ofrezcan mediciones fiables.

Los cambios son de carácter técnico y buscan aclarar o corregir detalles específicos en el texto original. Por ejemplo, se corrige un año de referencia, se añade una letra a una norma europea, se cambia una conjunción para que sea más preciso el significado, se modifica una negación y se ajustan detalles en la descripción de los puntos de medición y la clasificación de las básculas.

Esta corrección de erratas se publica el 6 de septiembre de 1995, pero se refiere a errores en una orden publicada el 19 de julio de 1995. Por lo tanto, los cambios que introduce son efectivos desde la fecha de la orden original que se está corrigiendo.

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Precios máximos de gasolinas y gasóleos en 1995

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar al público por las gasolinas y los gasóleos en la península e islas Baleares a partir del 2 de septiembre de 1995. El objetivo era fijar un límite para evitar que estos combustibles superaran un determinado coste.

Concretamente, se detallan los precios por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y para varios tipos de gasóleo (A, B y C), tanto en estaciones de servicio como en entregas a granel. También se contemplan casos especiales, como las exenciones fiscales para representaciones diplomáticas.

Esta medida entró en vigor el 2 de septiembre de 1995, marcando los límites de venta al público para estos productos energéticos en las zonas mencionadas. Los precios se fijaron en pesetas por litro.

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Nuevos precios máximos para el gas natural industrial

Esta resolución establece los precios máximos de venta del gas natural destinados a usos industriales. Su objetivo es informar a las empresas sobre los costes que deberán asumir a partir de una fecha determinada, basándose en la Orden ministerial que aprueba las tarifas y precios de estos suministros.

Los precios se detallan según diferentes modalidades de suministro, incluyendo tarifas fijas y variables por consumo, así como descuentos aplicables en función del volumen de gas utilizado. También se especifican precios para suministros especiales como el gas natural licuado (GNL).

Estos nuevos precios máximos entrarán en vigor a partir de las cero horas del día 1 de septiembre de 1995, afectando directamente a las industrias que consumen gas natural como parte de sus procesos productivos o energéticos.

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Suben los precios máximos de las gasolinas y gasóleos

Esta resolución establece los precios máximos que se pueden cobrar al público por las gasolinas y los gasóleos en la península y las islas Baleares. Es decir, fija un tope para que las gasolineras no puedan vender estos combustibles por encima de una cantidad determinada.

Concretamente, a partir del 26 de agosto de 1995, los precios por litro de las gasolinas (súper, normal y sin plomo) y de los gasóleos (A, B y C) se fijan en unas cantidades específicas, que incluyen los impuestos correspondientes. También se mencionan condiciones especiales para representaciones diplomáticas.

Esta medida entra en vigor el 26 de agosto de 1995, lo que significa que desde esa fecha los precios máximos de venta al público de estos combustibles serán los que se detallan en la resolución.

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Precios máximos de gasolinas y gasóleos en 1995

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por litro de gasolina y gasóleo en la península e islas Baleares a partir del 19 de agosto de 1995. El objetivo era fijar un límite para evitar que estos combustibles superaran un cierto coste para el consumidor.

Concretamente, se detallan los precios máximos para diferentes tipos de gasolinas (súper, normal y sin plomo) y para varios tipos de gasóleo (A, B y C), tanto si se repostaban en una estación de servicio como si se compraban a granel. También se menciona cómo se aplicaban los impuestos y posibles recargos.

Esta medida entró en vigor el 19 de agosto de 1995, fijando los precios de venta al público para estos productos de automoción y calefacción en el territorio español mencionado.

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Normas para usar espacios en puertos de interés general

Esta orden establece las reglas generales para obtener permisos (concesiones) que permiten usar o construir en zonas de servicio de los puertos más importantes de España. Si quieres instalar algo o usar un espacio en estas zonas por más de tres años, necesitas una concesión de la Autoridad Portuaria.

Lo que cambia es que ahora hay un documento oficial, aprobado por el Ministerio, que detalla todas las condiciones y requisitos que debes cumplir para conseguir y mantener esa concesión. Esto busca unificar y clarificar el proceso para todos los que quieran operar en estas áreas portuarias.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 17 de agosto de 1995. Por lo tanto, estas normas se aplican desde entonces a cualquier solicitud de concesión en las zonas de servicio de los puertos de interés general.

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Precios máximos de gasolinas y gasóleos en 1995

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar al público por las gasolinas y gasóleos en la península e islas Baleares a partir del 12 de agosto de 1995. El objetivo era fijar un límite para evitar que estos combustibles superaran un cierto coste, protegiendo así el bolsillo de los consumidores.

Concretamente, se detallan los precios por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (A, B y C). Estos precios incluían los impuestos correspondientes y se aplicaban tanto en estaciones de servicio como en entregas a granel para ciertos consumos. Existían también condiciones especiales para representaciones diplomáticas exentas de impuestos.

La normativa entró en vigor el 12 de agosto de 1995, siendo publicada el 11 de agosto de ese mismo año. Estos precios máximos se basaban en un sistema aprobado previamente por el Gobierno para controlar los costes de estos productos energéticos esenciales para la movilidad y el transporte.

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Normas para desalinizadoras de agua

Este Real Decreto establece las reglas para las plantas que quitan la sal del agua de mar o salobre para hacerla potable. Su objetivo es asegurar que el uso de esta agua sea ordenado y eficiente, y que se integre correctamente en el ciclo del agua, respetando siempre el medio ambiente.

Lo que cambia es que ahora todas las instalaciones, sean públicas o privadas, que se dediquen a desalar agua para su uso, deben cumplir unas prescripciones concretas. El agua obtenida se considera parte del dominio público hidráulico, lo que significa que está sujeta a la Ley de Aguas.

Este Real Decreto entró en vigor el 9 de agosto de 1995, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Fue una medida para afrontar la creciente escasez de agua y la demanda de recursos hídricos.

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Agua de emergencia para la sequía en el Segura

Este real decreto-ley se creó para hacer frente a una sequía muy grave que estaba afectando a gran parte de España, especialmente a las regiones de Murcia y Alicante. La falta de agua ponía en peligro la agricultura de regadío y amenazaba con dañar cultivos importantes como los cítricos.

Lo que cambia es que se autoriza el trasvase de 55 hectómetros cúbicos de agua desde la cuenca del Tajo a la del Segura. Además, se conceden fondos adicionales al Ministerio de Obras Públicas para financiar obras que ayuden a paliar los efectos de esta sequía extrema.

Este real decreto-ley entró en vigor el 8 de agosto de 1995, justo después de su publicación, para dar una respuesta rápida a la crítica situación hídrica.

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Pequeña corrección en normas técnicas para equipos de telecomunicaciones

Este documento es una corrección de un error detectado en un Real Decreto anterior que regula las características técnicas de los equipos usados en servicios como el control remoto, la medición a distancia, las alarmas remotas y la señalización a distancia. Estos servicios son importantes para muchas infraestructuras y sistemas de seguridad.

El cambio concreto es muy específico: se ha corregido una referencia a una tabla. Donde antes se indicaba que ciertas especificaciones se encontraban en la 'tabla IV', ahora se corrige para que sea la 'tabla VIII'. Esto asegura que la información técnica correcta sea accesible para quienes fabrican o utilizan estos equipos.

Esta corrección entra en vigor el 7 de agosto de 1995. Su propósito es garantizar la precisión y claridad de la normativa técnica, evitando confusiones y asegurando que los equipos cumplan con los requisitos establecidos para su correcto funcionamiento.

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Precios máximos de gasolinas y gasóleos en 1995

Esta resolución de 1995 establece los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas y los gasóleos en la península e islas Baleares. Su objetivo era fijar un límite para evitar que los precios de estos combustibles superasen una cantidad determinada, protegiendo así el bolsillo de los consumidores en aquel momento.

Lo que cambia concretamente es que se publican las tarifas exactas por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (A, B y C). Estos precios incluían los impuestos correspondientes y se aplicaban tanto en estaciones de servicio como en suministros a granel para ciertos consumos.

La medida entró en vigor a partir de las cero horas del día 5 de agosto de 1995. Esto significa que desde esa fecha, los vendedores de estos combustibles no podían superar los precios establecidos por la Dirección General de la Energía.

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Prix maximum de l’essence et du diesel (1995)

La résolution du 27 juillet 1995 de la Direction générale de l’Énergie fixe les prix maximums de vente au public des carburants (essence 97, 92, 95 et diesel A, B, C) pour la péninsule et les îles Baléares. Elle s’applique aux stations‑service et aux livraisons en gros, ainsi qu’aux consommateurs finaux. Elle concerne tous les usagers de carburant, y compris les entreprises de transport et les particuliers, à l’exception des représentations diplomatiques bénéficiant d’une exonération de la taxe sur les hydrocarbures.

Concrètement, les prix sont plafonnés à 111,3 pesetas le litre pour l’essence 97, 107,8 pour l’essence 92, 105,3 pour l’essence 95, 85,2 pour le diesel A, 51,0 pour le diesel B, et entre 44,7 et 47,6 pour le diesel C selon le mode de distribution. Ces montants comprennent toutes les taxes applicables, sauf la taxe sur les hydrocarbures qui peut être déduite pour les diplomaties. Les recouvrements supplémentaires restent limités aux majorations prévues par la réglementation.

Le dispositif entre en vigueur à minuit le 29 juillet 1995, date à laquelle les stations doivent appliquer les nouveaux plafonds. Il a été adopté suite à l’Ordonnance du 28 décembre 1994 et à l’accord de la Commission déléguée du Gouvernement pour les affaires économiques du même jour.

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Nuevos precios máximos para el gas natural industrial

Esta resolución establece los precios máximos de venta del gas natural para las empresas que lo utilizan en sus procesos industriales. El objetivo es que estos precios se basen en el coste de otras energías que podrían usar estas industrias, como combustibles alternativos o electricidad.

Concretamente, se definen diferentes tarifas y precios según el tipo de suministro (por canalización o gas natural licuado) y el volumen de consumo. También se contemplan bonificaciones para grandes consumidores y condiciones especiales para industrias como la siderúrgica o la del aluminio.

Estos nuevos precios entraron en vigor el 1 de agosto de 1995, afectando directamente a los costes energéticos de las empresas industriales que consumen gas natural en España.

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Actualización de tarifas para la navegación aérea

Esta orden ministerial actualiza las tarifas que se aplican a los servicios de navegación aérea, gestionados por Eurocontrol. Estos servicios son esenciales para la seguridad y eficiencia de los vuelos en Europa, ayudando a controlar el tráfico aéreo y evitar colisiones.

Lo que cambia concretamente es la tabla de precios (Anexo 2) que se utiliza para calcular el coste de estos servicios. Se modifican los importes en Ecus (la unidad monetaria europea de la época) para diferentes rutas y aeropuertos, reflejando los acuerdos internacionales vigentes.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero sus efectos económicos se aplicaron retroactivamente desde el 1 de julio de 1995, tal como se había decidido en el ámbito de Eurocontrol.

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Precios máximos para gasolinas y gasóleos en 1995

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar al público por las gasolinas y los gasóleos en la península e islas Baleares a partir del 22 de julio de 1995. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios de estos combustibles superaran una determinada cantidad, protegiendo así el bolsillo de los consumidores.

Lo que cambia concretamente es que se publican las tarifas exactas por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (A, B y C). Estos precios ya incluían los impuestos correspondientes y se aplicaban en estaciones de servicio y surtidores. También se mencionan recargos máximos según la cantidad y forma de suministro.

Esta normativa entró en vigor el 22 de julio de 1995, tal como se indica en la propia resolución. Era el resultado de un sistema de precios máximos aprobado previamente por el Gobierno para regular el mercado de combustibles en ese momento.

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Regulación de aguas especiales en Galicia

Esta ley gallega se centra en regular las aguas minerales, termales y de manantial que se encuentran en el territorio de Galicia, así como los establecimientos que las utilizan, como balnearios. Su objetivo es proteger y aprovechar estos recursos naturales, reconociendo su valor para la salud pública y su potencial desarrollo económico.

Lo que cambia concretamente es que se establecen normas claras sobre cómo se clasifican estas aguas, cómo se pueden aprovechar y usar, los plazos para ello, y cómo se transmiten los derechos sobre su uso. También se definen los establecimientos balnearios y las instalaciones industriales relacionadas, y se crea una Junta Asesora para dar consejo. Además, se establecen las normas sobre quién tiene la autoridad para gestionar estos recursos, qué se considera una infracción y cuáles son las sanciones correspondientes.

La ley entró en vigor tras su aprobación por el Parlamento de Galicia y su promulgación, aunque la fecha exacta de entrada en vigor no se especifica en el extracto proporcionado, se entiende que fue posterior a su publicación oficial en 1995.

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Ayudas al transporte de mercancías hacia y desde Canarias

Esta orden detalla cómo se concederán las ayudas económicas para el transporte de mercancías, tanto por mar como por aire, que tengan como origen o destino las islas Canarias. Estas ayudas buscan reducir el coste del transporte de productos entre las islas, con la península y con otros países de la Unión Europea.

Concretamente, se establece qué se considera una mercancía producida en Canarias para poder acceder a estas ayudas. Se incluyen productos recolectados, extraídos o fabricados completamente en las islas. También se contemplan productos que, tras ser transformados en otros lugares, finalizan su proceso productivo en Canarias, siempre que esto suponga un cambio significativo en sus características o un aumento de valor considerable con materiales canarios.

La aplicación de estas compensaciones se refiere al ejercicio económico de 1994. La orden se publica el 21 de julio de 1995 y desarrolla un Real Decreto anterior de junio de 1995, que a su vez se basaba en normativas previas de 1989.

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Control de básculas de gran tamaño

Esta orden regula cómo se deben revisar y controlar las básculas de gran tonelaje, como las que se usan en las carreteras para pesar camiones. El objetivo es asegurar que estas básculas midan el peso de forma correcta y fiable.

Lo que cambia es que se establecen las normas específicas para la revisión de estas básculas después de que se hayan reparado o modificado, y también para las revisiones que se hacen de forma regular para comprobar que siguen funcionando bien. Estas revisiones se basarán en una norma europea.

Esta orden entró en vigor en 1995. Aunque es antigua, las normas que establece siguen siendo la base para asegurar la precisión de estas importantes básculas de pesaje.

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