El Horno

Precios máximos de gasolina y gasóleo en 1996

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar al público por la gasolina y el gasóleo en la península e islas Baleares. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada y proteger así el bolsillo de los consumidores. Afectaba a todos los ciudadanos que compraban estos combustibles para sus vehículos o para otros usos.

Concretamente, se publicaron los precios máximos por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y de gasóleo (A, B, C). También se detallaba un precio especial para el gasóleo C si se compraba en grandes cantidades. Estos precios incluían los impuestos correspondientes.

La medida entró en vigor el 13 de abril de 1996, fijando los límites de precio a partir de esa fecha. Era una normativa que se basaba en un sistema de precios máximos aprobado previamente por el Gobierno.

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Pequeños retoques al reglamento de practicaje marítimo

Este documento se trata de una corrección de errores detectados en un reglamento de 1996 que regula el servicio de practicaje en los puertos españoles. El practicaje es el servicio que ayuda a los barcos a entrar y salir de puerto de forma segura, realizado por profesionales llamados prácticos. Afecta principalmente a las autoridades portuarias, las empresas de practicaje y los propios prácticos, así como a los capitanes de los buques que operan en aguas españolas.

Los cambios son de carácter técnico y de redacción. Se corrigen referencias a apartados y a leyes para que sean exactas. Por ejemplo, se aclara una referencia a un apartado y se corrige el número de una ley mencionada, pasando de la Ley 20/1992 a la Ley 30/1992. Estas modificaciones buscan asegurar que el reglamento sea preciso y no dé lugar a interpretaciones erróneas.

La entrada en vigor de esta corrección es inmediata desde su publicación. Al ser una rectificación de errores, no introduce novedades sustanciales en el funcionamiento del servicio de practicaje, sino que busca garantizar la correcta aplicación de la normativa existente.

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Actualización de normas para material eléctrico

Esta resolución actualiza un listado de marcas de conformidad para material eléctrico. Estas marcas son importantes porque indican que un producto cumple con las normativas de seguridad europeas y españolas, garantizando que los aparatos eléctricos que usamos son seguros.

Lo que cambia concretamente es la incorporación de nuevas marcas de conformidad a un listado oficial. Esto significa que se reconocen más productos como seguros y conformes a la ley, facilitando su comercialización y uso en España. Es una forma de mantener al día las regulaciones ante la aparición de nuevos productos o tecnologías.

Esta actualización entra en vigor a partir de la fecha de publicación de la resolución, que fue el 6 de abril de 1996. Por lo tanto, los cambios que introduce ya están aplicados y son efectivos desde esa fecha.

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Más participación social en las decisiones ambientales de Navarra

Esta ley modifica la composición del Consejo Navarro de Medio Ambiente. Originalmente, este consejo estaba formado principalmente por técnicos y funcionarios con experiencia en la materia. Su objetivo era asesorar y consultar sobre temas medioambientales en la Comunidad Foral de Navarra.

El cambio principal es que ahora se busca una composición más social. Esto significa que se dará cabida a una representación más amplia de la sociedad civil, incluyendo organizaciones de protección de la naturaleza, asociaciones de consumidores, representantes de municipios, sindicatos y empresarios. La idea es que las decisiones ambientales en Navarra reflejen un mayor consenso social y una participación más activa de la ciudadanía.

La ley entró en vigor el 5 de abril de 1996, modificando el artículo 3 de la ley anterior que creaba este consejo. A partir de entonces, la estructura del Consejo Navarro de Medio Ambiente se amplió para incluir a diversos actores sociales, buscando así una gestión ambiental más inclusiva.

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Precios máximos de gasolina y gasóleo fijados en 1996

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar al público por la gasolina y el gasóleo en la Península y las islas Baleares. El objetivo era garantizar que los precios de estos combustibles no superaran un límite establecido por la administración.

Concretamente, se fijaron precios por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (A, B, C). También se detallaba un precio especial para el gasóleo C vendido a granel a consumidores directos en ciertas cantidades. Estos precios incluían los impuestos correspondientes.

La medida entró en vigor el 6 de abril de 1996, afectando a todos los consumidores que repostaban en estaciones de servicio o compraban estos combustibles en las zonas mencionadas. Era una normativa que regulaba el mercado de carburantes en ese momento.

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Rectificación de un error en un Real Decreto sobre transporte marítimo de mercancías

Este documento es una corrección de un error que se detectó en un Real Decreto publicado en 1996. El Real Decreto original trataba sobre la inscripción de empresas y barcos en un registro especial para el transporte de mercancías por mar entre puertos españoles, conocido como cabotaje, cuando estas actividades se consideraban de interés estratégico. La corrección afecta a un detalle técnico en el nombre del registro donde debían inscribirse estas empresas y barcos.

Lo que cambia concretamente es la forma en que se nombra el registro en el texto oficial. En lugar de decir "Registro Especial de Buques y Empresas Navieras", ahora se indicará correctamente "Registro de Buques y Empresas Navieras". Es una modificación menor que asegura la precisión del documento legal sin alterar el fondo de lo que se regulaba.

Esta corrección entra en vigor con su publicación, ya que se trata de una rectificación de un error material en un texto legal ya existente. El Real Decreto original es de 1996, y esta corrección se realiza en abril de ese mismo año, poco después de su publicación inicial, para asegurar que la normativa sea clara y correcta desde el principio.

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Garantía de que tus aparatos de telecomunicaciones no interfieren con otros

Esta orden establece las reglas para asegurar que los aparatos que usas para comunicarte, como radios o equipos de telefonía, funcionen correctamente y no causen problemas a otros dispositivos electrónicos. Se trata de que las ondas que emiten no interfieran con las de otros aparatos, garantizando así un funcionamiento ordenado.

Lo que cambia es que se definen los pasos concretos y los requisitos que deben seguir los fabricantes para obtener un certificado especial, llamado Certificado CE de tipo. Este certificado demuestra que el aparato cumple con las normas de compatibilidad electromagnética. También se designan los laboratorios autorizados para realizar estas pruebas.

Esta normativa entró en vigor el 3 de abril de 1996, estableciendo un marco para la seguridad y el buen funcionamiento de los equipos de telecomunicación en España.

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España asegura la precisión en mediciones de radiación

Este Real Decreto designa al Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes del CIEMAT como el lugar oficial donde se guardan y mantienen los patrones nacionales para medir la actividad de sustancias radiactivas, la exposición a rayos X y gamma, y la dosis de radiación absorbida. Esto significa que este laboratorio es el referente principal en España para garantizar la exactitud de estas mediciones.

Lo que cambia es que ahora hay un centro específico y reconocido oficialmente, el CIEMAT, que tiene la responsabilidad de custodiar y mantener estos patrones. Esto asegura que las mediciones realizadas en España sean fiables y comparables a nivel internacional, lo cual es crucial para la seguridad y la investigación en áreas como la medicina nuclear o la protección radiológica.

Este Real Decreto entró en vigor el 29 de marzo de 1996, fecha de su publicación oficial. Desde entonces, el CIEMAT ejerce esta función vital para la metrología de radiaciones ionizantes en el país, garantizando la trazabilidad y la calidad de las mediciones.

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Normas para tratar las aguas sucias de las ciudades

Este Real Decreto establece las reglas sobre cómo recoger, tratar y verter las aguas residuales urbanas, es decir, el agua que sale de nuestras casas y negocios. Su objetivo es proteger el medio ambiente y la salud pública, asegurando que estas aguas no contaminen ríos, lagos o el mar.

Concretamente, se fijan los requisitos técnicos que deben cumplir las tuberías y las plantas de tratamiento de aguas residuales. También se definen qué tipo de tratamiento se necesita dependiendo de si el agua se vierte en "zonas sensibles" (lugares más vulnerables a la contaminación) o "zonas menos sensibles". Además, se regula el tratamiento de aguas residuales industriales que se conectan a los sistemas urbanos.

Este Real Decreto entró en vigor el 29 de marzo de 1996, desarrollando una normativa europea anterior y estableciendo las bases para un mejor control de la calidad del agua en España.

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Nuevos precios máximos del gas natural para la industria

Esta resolución informa sobre los precios máximos que las empresas pueden cobrar por el suministro de gas natural a la industria. Estos precios se establecen en función de lo que costarían otras energías alternativas que las industrias podrían usar, como la electricidad o combustibles gaseosos diferentes.

Los precios se detallan según el tipo de suministro y el volumen de consumo. Existen tarifas generales y otras específicas para ciertos sectores industriales como el siderúrgico o el del aluminio, que pueden tener condiciones particulares si usan gas natural licuado o si sus energías alternativas son la electricidad. También se contemplan descuentos para grandes consumidores.

Estos nuevos precios entraron en vigor el 1 de abril de 1996. La normativa busca asegurar una competencia justa y que los precios del gas natural industrial se mantengan alineados con los costes de otras fuentes de energía.

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Precios máximos de gasolinas y gasóleos en 1996

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la venta de gasolinas y gasóleos al público en la península e islas Baleares. Su objetivo era fijar un límite superior para evitar que estos combustibles superaran un determinado valor, protegiendo así el bolsillo de los consumidores en aquel momento.

Concretamente, se detallan los precios máximos en pesetas por litro para diferentes tipos de gasolinas (súper, normal y sin plomo) y gasóleos (A, B y C). También se especifica un precio especial para el gasóleo C si se compraba en grandes cantidades directamente a los consumidores. Se aplicaban recargos según la forma y cantidad de suministro.

Esta normativa entró en vigor el 30 de marzo de 1996, afectando a las ventas de estos carburantes a partir de esa fecha. Era una medida temporal para controlar los precios de la energía en España.

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Se publican las tarifas para llamar desde teléfonos fijos a móviles

Esta resolución detalla los precios que pagan los usuarios de teléfonos fijos cuando llaman a números de móviles. Establece cómo se reparten esos costes entre la red fija y la red móvil, basándose en normativas anteriores que regulaban los servicios de telefonía móvil automática.

Lo que cambia concretamente es que se hace pública la información sobre cuánto cuesta una llamada desde un fijo a un móvil y cómo se distribuye ese importe. Esto busca dar mayor transparencia a los usuarios sobre los costes de sus comunicaciones telefónicas.

Esta publicación de tarifas entra en vigor a partir de la fecha de la resolución, el 11 de marzo de 1996, y se mantendrá vigente hasta que haya modificaciones administrativas o las propias compañías de telefonía móvil decidan cambiar la forma en que se les remunera por estas llamadas.

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Pequeños ajustes en las normas de la radio CB-27

Esta orden ministerial se refiere a la banda ciudadana CB-27, una frecuencia de radio utilizada por aficionados y para actividades recreativas. Básicamente, lo que hace es corregir algunos errores tipográficos y de redacción que se habían publicado en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 1996.

Los cambios son muy puntuales. Por ejemplo, se corrige la forma de escribir unidades de medida como 'Mw' a 'mw' o 'Mhz' a 'MHz', se añaden comas o se modifican algunas palabras para que las frases tengan sentido gramatical. También se ajustan detalles en los anexos sobre cómo registrar los equipos.

Esta corrección de errores entró en vigor el mismo día de su publicación, el 27 de marzo de 1996. No introduce cambios sustanciales en el uso de la radio CB-27, sino que busca la precisión en la normativa existente.

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Corrección en la regulación de manómetros de neumáticos

Esta orden ministerial corrige errores detectados en una regulación anterior sobre los aparatos que miden la presión de los neumáticos de los vehículos, conocidos como manómetros electrónicos. Estos aparatos son utilizados públicamente, por ejemplo, en estaciones de servicio.

Los cambios son técnicos y buscan precisar detalles como referencias a otras normativas, rangos de presión permitidos (pasando de "p bar" a "4 bar"), y la duración de ciertas pruebas (de "100 metros" a "100 ms"). Además, se añade un nuevo anexo detallando las características de las etiquetas que deben llevar los manómetros verificados para acreditar su correcto funcionamiento.

La corrección de errores entró en vigor el 22 de marzo de 1996, fecha de publicación de esta orden, modificando la regulación original que databa del 16 de enero de 1996.

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Precios máximos de gasolinas y gasóleos fijados en 1996

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar al público por las gasolinas y los gasóleos en la península e islas Baleares. Era un sistema para controlar cuánto podían costar estos combustibles en los puntos de venta.

Concretamente, se detallan los precios por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (A, B, C). También se especifica un precio para el gasóleo C si se compraba en grandes cantidades directamente a los consumidores.

Esta normativa entró en vigor el 23 de marzo de 1996, fijando los límites de precio para estos productos desde esa fecha.

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Melilla asume competencias medioambientales del Estado

Este Real Decreto significa que la Ciudad Autónoma de Melilla ha recibido oficialmente del Gobierno central la responsabilidad de gestionar y ejecutar las normativas relacionadas con la protección del medio ambiente en su territorio. Esto incluye aspectos como la regulación de vertidos y otras acciones destinadas a preservar el entorno natural de Melilla.

Lo que cambia concretamente es que las decisiones y la administración en materia de medio ambiente, que antes dependían directamente de organismos estatales, ahora recaen en las autoridades de Melilla. Esto permite una gestión más cercana y adaptada a las particularidades de la ciudad, facilitando la aplicación de la legislación y la toma de medidas específicas.

La efectividad de este traspaso de funciones se materializó a partir de la fecha establecida en un acuerdo específico de la Comisión Mixta de Transferencias, y el Real Decreto que lo aprueba entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado en 1996.

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Melilla asume competencias en industria y energía

Este Real Decreto significa que la Ciudad de Melilla ahora gestionará directamente aspectos relacionados con la industria y la energía dentro de su territorio. Anteriormente, estas competencias recaían en la Administración General del Estado, pero ahora se transfieren a las autoridades locales melillenses para un impulso de su desarrollo económico.

Concretamente, Melilla se encargará de la ejecución de la legislación estatal en materia de industria y de la gestión de instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, siempre que estas no afecten a otras comunidades autónomas ni salgan del territorio de la ciudad. También se incluyen competencias en artesanía.

La efectividad de este traspaso de funciones y servicios se establece a partir de la fecha acordada por la Comisión Mixta de Transferencias, que es el 8 de febrero de 1996. A partir de ese momento, Melilla tendrá la responsabilidad directa de estas áreas.

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Facilidades para el transporte marítimo estratégico en Canarias

Este Real Decreto permite que ciertas empresas y barcos dedicados al transporte de mercancías por mar entre puertos españoles, especialmente aquellos considerados de interés estratégico, puedan inscribirse en un registro especial ubicado en Canarias. El objetivo es fomentar la competencia y adaptar la normativa española a las directrices europeas.

Lo que cambia concretamente es que se abre la puerta a que empresas y buques, que cumplan requisitos específicos, puedan operar en el cabotaje de mercancías, con algunas excepciones como el petróleo. Esto se hace para impulsar el sector y permitir que las navieras españolas compitan mejor a nivel internacional.

La normativa entró en vigor el 15 de marzo de 1996, aunque sus bases se establecieron previamente con la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante y la normativa comunitaria que liberalizó el transporte marítimo dentro de la Unión Europea.

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Nueva ficha para registrar mapas oficiales

Esta orden aprueba un nuevo modelo de ficha que se debe usar para registrar mapas y otros trabajos cartográficos que necesiten ser aprobados oficialmente en España. Esencialmente, es un formulario estandarizado que recoge toda la información necesaria para que estos documentos cartográficos puedan ser inscritos en el Registro Central de Cartografía.

Lo que cambia concretamente es la forma de presentar la información. Ahora, todos los que produzcan mapas para fines oficiales deberán rellenar esta ficha específica, que detalla los datos requeridos por la ley para la aprobación y posterior registro. Esto asegura que la información cartográfica sea uniforme y completa.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que este nuevo modelo de ficha se aplica desde el 15 de marzo de 1996 para todos los nuevos registros cartográficos que cumplan con los requisitos legales.

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Actualización de precios máximos de combustibles en 1996

Esta resolución, publicada en 1996, establece los precios máximos que se podían cobrar al público por las gasolinas y gasóleos en la península e islas Baleares. Su objetivo era fijar un límite para evitar que estos combustibles superasen un determinado coste para los consumidores.

Lo que cambia concretamente es la lista de precios máximos para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (A, B, C). También se especifica un precio máximo para el gasóleo C vendido a granel a consumidores directos. Estos precios se aplicaban en las estaciones de servicio y aparatos surtidores.

La entrada en vigor de estos precios máximos fue a partir de las cero horas del día 16 de marzo de 1996. Esto significa que, desde esa fecha, las gasolineras no podían vender estos productos por encima de las tarifas establecidas en la resolución.

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Corrección de pequeños errores en una norma sobre faros

Esta orden ministerial se refiere a la Comisión de Faros, un órgano encargado de aspectos relacionados con el funcionamiento y la estructura de los faros en España. El objetivo principal de este documento es corregir algunos despistes que ocurrieron al publicar la orden original en el Boletín Oficial del Estado.

Los cambios son muy concretos y de carácter técnico. Por ejemplo, se corrige una palabra para que sea plural en lugar de singular en una parte del texto, y se modifica el cargo de una persona dentro de la comisión, pasando de Director Técnico a Director de Explotación de Puertos del Estado. Son ajustes menores para asegurar que la norma se entienda correctamente.

Dado que se trata de una corrección de errores de una orden publicada en 1996, esta rectificación es efectiva desde la fecha de su publicación original, el 15 de marzo de 1996. No introduce cambios sustanciales, sino que aclara la redacción de la norma ya existente.

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Protección de nuestras aguas frente a los nitratos agrícolas

Este Real Decreto busca proteger las aguas, tanto las que fluyen por la superficie como las subterráneas, de la contaminación causada por el uso excesivo o inadecuado de fertilizantes en la agricultura. El exceso de nitratos puede provocar problemas como la proliferación de algas en embalses y ríos, afectando la calidad del agua.

Lo que cambia es que se establecen normas para identificar las zonas donde la agricultura está afectando más a las aguas por culpa de los nitratos. En estas zonas, se deberán aplicar programas de actuación y técnicas agrícolas específicas para reducir o eliminar esta contaminación. También se vigilará la concentración de nitratos en puntos de muestreo.

Este Real Decreto entró en vigor el 11 de marzo de 1996. Su objetivo es asegurar que nuestras fuentes de agua estén más limpias y saludables, cumpliendo con una normativa europea para proteger el medio ambiente.

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Precios máximos de gasolinas y gasóleos en 1996

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas y los gasóleos en la península e islas Baleares. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada y proteger así el bolsillo de los consumidores en aquel momento.

Concretamente, se detallan los precios máximos por litro para diferentes tipos de gasolinas (súper, normal, sin plomo) y gasóleos (A, B, C). También se especifica un precio para el gasóleo C vendido a granel. Estos precios incluían los impuestos correspondientes y se aplicaban en las estaciones de servicio.

Esta normativa entró en vigor el 9 de marzo de 1996, afectando a la venta de estos combustibles a partir de esa fecha. Era una medida temporal para controlar la inflación en el sector de los hidrocarburos.

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Regulación de la Banda Ciudadana CB-27

Esta orden ministerial establece las normas para el uso de equipos de radio en la llamada banda ciudadana CB-27. Se trata de un tipo de radiofrecuencia destinada principalmente a la comunicación para fines de ocio y recreo, permitiendo a los ciudadanos intercambiar mensajes hablados.

Lo que cambia concretamente es la actualización de la normativa existente para adaptarla a las recomendaciones internacionales y a la experiencia acumulada. Se definen los equipos CB-27 y se establece que su uso, especialmente con potencias superiores a 100 mW, requiere una autorización administrativa previa, otorgada por orden de solicitud.

La orden entró en vigor el 7 de marzo de 1996, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, actualizando la regulación anterior de 1983 para modernizar su aplicación.

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Organismo para la seguridad en el mar

Esta orden ministerial establece cómo debe funcionar la Comisión de Faros, un grupo de expertos encargado de coordinar todo lo relacionado con las señales marítimas en España. Su objetivo principal es garantizar que los barcos tengan la información necesaria para navegar de forma segura, evitando accidentes.

Concretamente, esta comisión revisará y aprobará los planes para instalar, cambiar o quitar faros, boyas y otros sistemas de señalización. También dará su opinión sobre cualquier asunto que afecte a la seguridad de la navegación marítima, asegurando que todos los sistemas funcionen correctamente y de manera coordinada.

Esta norma entró en vigor el 7 de marzo de 1996, estableciendo las bases para la organización y las tareas de este importante órgano de coordinación en materia de señalización marítima.

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Nuevos límites para restos de pesticidas en alimentos

Esta orden establece los niveles máximos permitidos de restos de pesticidas en ciertos alimentos de origen vegetal. Su objetivo es garantizar que los alimentos que consumimos no contengan cantidades perjudiciales de estas sustancias, protegiendo así la salud pública.

Lo que cambia es la actualización de una lista de pesticidas y sus límites máximos permitidos. Se incorporan nuevas sustancias y se ajustan las cantidades máximas de otras, basándose en la normativa europea más reciente para asegurar la seguridad alimentaria en toda la Unión Europea.

La orden modifica un Real Decreto anterior y entra en vigor el 5 de marzo de 1996, fecha de su publicación. Esto significa que desde ese momento se aplican estas nuevas reglas sobre los niveles de pesticidas en los alimentos afectados.

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Precios máximos de gasolinas y gasóleos en 1996

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar al público por las gasolinas y los gasóleos en la península e islas Baleares. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada y asegurar que los consumidores tuvieran una referencia clara del coste máximo de estos combustibles.

Lo que cambia concretamente es que se publican unas cifras específicas en pesetas por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo (A, B, C). También se detallan precios para el gasóleo C en entregas a granel y se menciona que se aplicarían recargos según la forma y cantidad del suministro.

Esta normativa entró en vigor el 2 de marzo de 1996, afectando a todos los puntos de venta de combustible en las zonas mencionadas a partir de esa fecha. Era una medida para controlar los precios de la energía en aquel momento.

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Nuevos precios máximos para el gas natural industrial

Esta resolución informa sobre los nuevos precios máximos de venta del gas natural destinados a usos industriales. Estos precios se establecen en función de los costes de otras energías que las industrias podrían utilizar como alternativa, buscando así un equilibrio en el mercado.

Lo que cambia concretamente es la publicación de unas tarifas específicas y descuentos aplicables al término de energía del gas natural. Se detallan diferentes modalidades de suministro, incluyendo tarifas fijas y variables, así como bonificaciones para grandes consumidores o industrias con consumos muy elevados.

Estos nuevos precios entraron en vigor el 1 de marzo de 1996. La resolución se basa en una orden ministerial previa que actualizaba las tarifas generales del gas natural para el sector industrial.

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