El Horno

Impugnación de un decreto sobre gastos del Estado

Este documento informa sobre la admisión a trámite de un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional. El recurso cuestiona la legalidad de una parte específica de un Real Decreto-ley aprobado en 2014. Este decreto permitía al Gobierno destinar fondos extraordinarios a varios ministerios, como Asuntos Exteriores, Defensa y Agricultura.

La impugnación ha sido presentada por un grupo de diputados del Congreso. Argumentan que la forma en que se aprobaron y justificaron estos gastos extraordinarios podría no ajustarse a la Constitución española. El Tribunal Constitucional ahora revisará si la medida es legal o no.

La decisión sobre si el artículo impugnado es constitucional o inconstitucional aún está pendiente. El Tribunal Constitucional admitirá a trámite el recurso para estudiarlo en profundidad y emitir una sentencia que determinará la validez de ese punto del decreto. La fecha de entrada en vigor de la decisión final dependerá del proceso judicial.

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Se fija la renta de referencia para 2015

Esta orden ministerial establece la cantidad económica que se considera la "renta de referencia" para el año 2015. Esta cifra es importante para determinar ciertos aspectos relacionados con las explotaciones agrarias en España.

Concretamente, se fija esta renta en 28.051,20 euros. Este valor se calcula teniendo en cuenta la normativa europea y los datos salariales oficiales publicados en España, buscando reflejar una estimación del rendimiento económico de estas actividades.

La orden entra en vigor el 1 de enero de 2015, por lo que sus efectos se aplican desde esa fecha para el cálculo y la aplicación de las normativas que la tengan en cuenta.

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Prórroga de medidas para el sector pesquero

Este Real Decreto extiende temporalmente unas normas especiales que se crearon para ayudar a los armadores de barcos pesqueros. Estas normas especiales permitían aplicar condiciones más flexibles para dar de baja barcos viejos al construir o modernizar otros nuevos, o para arreglar expedientes que se habían paralizado por la crisis económica. El objetivo era que nadie perdiera sus derechos y se reactivara el sector.

Lo que cambia concretamente es que se alarga un año más la aplicación de estas reglas transitorias. Esto significa que se sigue permitiendo la flexibilidad en las bajas de barcos y en la tramitación de expedientes, facilitando así la modernización y la regularización de la flota pesquera, lo que a su vez beneficia a los astilleros y genera empleo.

La prórroga de estas medidas entró en vigor el 15 de noviembre de 2014, un día después de su aprobación. Se trata de una medida para dar más tiempo al sector pesquero para adaptarse y superar las dificultades económicas y administrativas que aún persisten.

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España acoge reunión internacional sobre malnutrición infantil

Este documento formaliza un acuerdo entre España y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para celebrar una importante reunión de expertos en Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo principal es abordar la malnutrición en lactantes, niños y adolescentes, buscando mejorar la comprensión y las estrategias de prevención y control de estas enfermedades relacionadas con la nutrición.

Lo que cambia concretamente es que España se compromete a facilitar la celebración de este evento, asegurando la entrada y salida de los participantes extranjeros, así como la exención de visados y trámites aduaneros cuando sea posible. Esto implica una colaboración activa del gobierno español para que la reunión se desarrolle sin contratiempos.

Este acuerdo administrativo internacional entró en vigor con la firma del intercambio de cartas, que tuvo lugar en agosto y octubre de 2014, sentando las bases para la celebración de la reunión en noviembre de ese mismo año en Las Palmas de Gran Canaria.

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Nuevos modelos para autorizar vertidos de agua

Esta orden ministerial establece los formularios oficiales que deben usar las empresas y particulares para solicitar permiso antes de verter aguas residuales o productos que puedan contaminar ríos, lagos o el mar. El objetivo es asegurar que la información que se presenta sea clara y completa para que las autoridades puedan evaluar si el vertido es seguro y autorizarlo.

Lo que cambia es que se actualizan los modelos de solicitud y declaración de vertido para adaptarlos a la normativa actual. Esto significa que los formularios que se usaban antes ya no son válidos y se deben emplear estos nuevos, más acordes con las exigencias legales y los avances en la protección del agua.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 5 de noviembre de 2014. Por lo tanto, desde esa fecha, cualquier persona o entidad que necesite autorización para realizar un vertido debe utilizar los nuevos modelos aprobados por esta orden.

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Detalles para gestionar la demanda de energía

Esta resolución establece las reglas y el procedimiento para que las empresas puedan gestionar la demanda de energía eléctrica. En términos sencillos, se trata de un sistema para que las industrias o grandes consumidores puedan acordar con la red eléctrica reducir su consumo en momentos puntuales, a cambio de una compensación. Esto ayuda a mantener la estabilidad del suministro eléctrico cuando la demanda es muy alta.

Lo que cambia concretamente es la forma en que se comunican, ejecutan y controlan estas acciones de reducción de consumo. Se definen los pasos a seguir para que todo el proceso sea claro y eficiente, tanto para las empresas participantes como para el operador del sistema eléctrico. Se busca optimizar la gestión de la energía disponible.

La resolución entra en vigor el 3 de noviembre de 2014. Es importante destacar que para los territorios no peninsulares, como las islas, se seguirán aplicando unas normas anteriores hasta que se definan condiciones específicas para esas zonas. Esto asegura la continuidad del servicio en todo el territorio nacional.

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Protección contra la lengua azul en animales

Esta orden ministerial establece medidas para proteger a los animales de la lengua azul, una enfermedad que afecta principalmente a rumiantes como ovejas y cabras. La enfermedad, también conocida como fiebre catarral ovina, es de declaración obligatoria y puede tener consecuencias económicas importantes para el sector ganadero.

Lo que cambia es la delimitación de las zonas de restricción. Debido a la detección del serotipo 4 del virus fuera de las áreas ya establecidas, se amplían estas zonas y se definen nuevas condiciones para el movimiento de animales sensibles dentro y entre ellas. Esto busca contener la propagación del virus.

La orden entra en vigor el 3 de noviembre de 2014. Su objetivo es adaptar las medidas de lucha y erradicación a la evolución de la enfermedad en España, garantizando la sanidad animal y la seguridad del comercio ganadero.

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Mejoras en la certificación de plantas de frutales

Este Real Decreto actualiza las normas para certificar la calidad y sanidad de las plantas de vivero de frutales. Su objetivo es asegurar que las plantas que se venden a los agricultores sean de la variedad correcta y estén libres de enfermedades, ofreciendo así una mayor garantía en la producción agrícola.

Concretamente, se incluyen nuevas especies de frutales que antes no estaban cubiertas por esta certificación. Entre ellas se encuentran la higuera, el caqui, el algarrobo, el granado, los avellanos y los nogales. Además, se establecen requisitos específicos para las plantas de olivo producidas mediante técnicas avanzadas como la micropropagación y el cultivo in vitro, así como para el género Actinidia (kiwi) en su categoría estándar.

Esta modificación entró en vigor el 3 de noviembre de 2014, fecha posterior a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La actualización busca adaptarse a las necesidades del sector y mejorar la calidad del material vegetal disponible para los agricultores.

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Formación Obligatoria en Seguridad para Trabajadores Mineros

Esta resolución establece las normas para la formación en seguridad y salud laboral de los trabajadores del sector minero. Su objetivo es garantizar que todos los empleados cuenten con los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones de forma segura, minimizando riesgos en el entorno de trabajo.

Concretamente, se aprueba un documento oficial, la "Cartilla de formación personal del trabajador y Libro de registro de cursos recibidos". Este documento servirá para registrar toda la formación preventiva recibida por cada trabajador, asegurando que se actualizan sus conocimientos de manera periódica.

La norma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que los trabajadores del sector minero debían cumplir con estos requisitos de formación desde finales de 2014.

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Nuevo Registro para Productos Ecológicos

Este Real Decreto establece un registro oficial para todas las empresas que producen, elaboran o comercializan productos ecológicos en España. Su objetivo es dar mayor transparencia y control a la producción ecológica, asegurando que los productos que llegan al consumidor cumplen con los estándares establecidos. Afecta a agricultores, ganaderos, transformadores y distribuidores de alimentos ecológicos.

Lo que cambia es la creación de un registro centralizado y una mesa de coordinación. Esto significa que todas las entidades que operan en el sector ecológico deberán inscribirse y estarán sujetas a un seguimiento más unificado. Se busca mejorar la trazabilidad y la confianza en el sello ecológico.

Este Real Decreto entró en vigor el 17 de octubre de 2014. Su aplicación busca armonizar la normativa española con las directrices europeas, garantizando que los controles y la información sobre los productos ecológicos sean claros y fiables para todos los ciudadanos.

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Nueva forma de calcular la energía en plantas solares termoeléctricas

Esta orden establece cómo se debe calcular la cantidad de energía eléctrica que se considera generada a partir del uso de combustibles en las plantas que usan energía solar para producir electricidad. El objetivo es ajustar la forma en que se valora esta energía, especialmente cuando se combinan fuentes solares con otros combustibles.

Lo que cambia concretamente es la metodología de cálculo. A partir de ahora, la energía eléctrica que provenga directamente del uso de un combustible en estas instalaciones solares, no recibirá los mismos beneficios económicos que antes, a menos que se trate de sistemas híbridos que combinen energías renovables con otras fuentes. Se busca así una mayor eficiencia y un uso más justo de los recursos.

Esta nueva forma de calcular la energía entra en vigor el 1 de enero de 2013. Es importante tener en cuenta que esta norma se aplica a nivel nacional y busca adaptar la regulación a las nuevas políticas de sostenibilidad energética impulsadas por la legislación española.

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Cómo se asigna el servicio de 'interrumpibilidad' eléctrica

Este documento explica cómo se decide quién presta un servicio llamado 'interrumpibilidad' en el sistema eléctrico. Básicamente, es un mecanismo para asegurar que haya suficiente energía disponible, incluso en momentos de mucha demanda, permitiendo que algunos consumidores reduzcan su consumo a cambio de una compensación. Afecta principalmente a las empresas que pueden ofrecer esta flexibilidad.

Lo que cambia es que se establece un procedimiento concreto para asignar este servicio mediante subastas. Se definen las reglas de estas subastas, cuánto se va a subastar, el precio de partida y cuándo se realizarán. También se detalla cómo se pagará a quienes ofrezcan este servicio.

Esta resolución se aprobó el 10 de octubre de 2014, pero las reglas que establece para las subastas y la asignación del servicio de interrumpibilidad son las que se aplican desde entonces, detallando el funcionamiento que se venía regulando.

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¿Qué es? Es el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, una herramienta que permite flexibilizar el sistema eléctrico español. Los grandes consumidores de energía eléctrica, cuando Red Eléctrica de España lo ordena, reducen su consumo y reciben una compensación económica a cambio. Este servicio se presta por temporadas eléctricas y funciona como mecanismo para responder rápidamente ante situaciones de emergencia en el suministro eléctrico.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los grandes consumidores de energía en alta tensión que compran su energía en el mercado de producción y participan voluntariamente en este servicio. También afecta a todos los demás consumidores de energía eléctrica y a los generadores, ya que ellos pagan los costos del servicio a través de los peajes de acceso. Red Eléctrica de España actúa como operador del sistema que ordena las interrupciones.

¿Qué cambia o establece? La orden cambia el calendario: la temporada eléctrica ahora será del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, en lugar de noviembre a octubre. Para 2014, mantiene temporalmente el sistema anterior hasta final de año y ajusta las cantidades mensuales pagadas a los prestadores del servicio, sin exceder el límite máximo de 550 millones de euros anuales. Además, modifica los plazos administrativos (solicitudes de informe y autorizaciones) y requiere adaptar los contratos existentes a estas nuevas fechas.

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Dinero extra para ministerios clave aprobado por el Congreso

Este documento informa sobre una decisión del Congreso de los Diputados que valida una medida anterior del Gobierno. En concreto, se trata de la concesión de dinero adicional, llamado créditos extraordinarios y suplementos de crédito, a varios ministerios importantes: el de Asuntos Exteriores y Cooperación, el de Defensa y el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Esto significa que estos ministerios recibieron fondos adicionales para sus presupuestos.

Lo que cambia es que el Congreso ha dado su visto bueno oficial a esta inyección de dinero. Sin esta convalidación, la decisión del Gobierno de otorgar estos fondos podría haber sido cuestionada. Al ser convalidado, el Real Decreto-ley que concedía estos créditos se convierte en una norma plenamente válida y con efectos legales.

La decisión del Congreso de los Diputados se tomó el 11 de septiembre de 2014, y la orden de publicar esta convalidación se publicó el 18 de septiembre de 2014. Por lo tanto, los efectos de esta aprobación son retroactivos a la fecha en que se concedieron los créditos extraordinarios, el 1 de agosto de 2014.

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España acepta una mejora en la protección ambiental transfronteriza

Este documento oficial refleja la aceptación por parte de España de una modificación en un convenio internacional que regula cómo se evalúan los posibles daños al medio ambiente cuando un proyecto puede afectar a países vecinos. El objetivo principal es asegurar que la ciudadanía y las organizaciones no gubernamentales tengan una voz más clara en estos procesos.

Concretamente, esta enmienda clarifica que el público que puede participar en estas evaluaciones incluye a la sociedad civil, especialmente a las organizaciones ecologistas. Además, abre la puerta a que países fuera de la región europea puedan unirse al convenio, fortaleciendo la cooperación internacional en materia ambiental.

La aceptación de esta enmienda por parte de España se formalizó con la firma del Rey y el refrendo del Ministro de Asuntos Exteriores en 2008, aunque la autorización de las Cortes Generales se concedió en 2014. La entrada en vigor de la enmienda para España se produce tras estos trámites internos.

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Reglas más claras para el agua del Tajo al Segura

Este Real Decreto establece nuevas normas para la transferencia de agua del río Tajo al Segura, conocida como trasvase. El objetivo es hacer que este proceso sea más predecible y transparente, evitando la incertidumbre y las decisiones arbitrarias que existían antes. Se busca mejorar la gestión de esta importante infraestructura hídrica.

Lo que cambia concretamente es la forma en que se decide cuánta agua se puede trasvasar. Se establecen criterios técnicos más objetivos y se actualizan los volúmenes de agua que se pueden enviar cada mes, así como las reservas necesarias. También se definen cómo predecir las aportaciones de agua futuras para aplicar estas reglas. Se mantiene el límite máximo anual de agua que se puede trasvasar y no se afectan los suministros prioritarios en la cuenca del Tajo.

Este Real Decreto entró en vigor el 13 de septiembre de 2014, tras su aprobación por el Gobierno. Su finalidad es proporcionar mayor estabilidad a los envíos de agua y asegurar una gestión más segura y predecible del acueducto Tajo-Segura para todos los usuarios y territorios implicados.

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Nueva Junta para la Contratación del Ministerio de Agricultura

Esta orden ministerial crea y regula la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como la Mesa de Contratación de varios servicios comunes dentro del mismo departamento. Su objetivo es mejorar la eficiencia y la centralización de las compras y contratos que realiza el Ministerio y sus organismos dependientes.

Lo que cambia concretamente es la composición y las funciones de estos órganos de contratación. Se establecen quiénes serán sus presidentes, vicepresidentes y vocales, y se amplían las posibilidades de sustitución en caso de ausencia. Esto busca agilizar los procesos y asegurar la continuidad en la toma de decisiones.

Esta orden entró en vigor el 8 de septiembre de 2014, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Su aplicación es de ámbito nacional y afecta directamente a la gestión de contratos dentro del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

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Actualización de normas para la salud de animales acuáticos

Esta orden modifica una normativa anterior que establece las reglas sanitarias para animales y productos de la acuicultura en España, con el objetivo de prevenir y controlar enfermedades. La normativa española ya se había adaptado a directivas europeas para proteger la salud de estos animales.

El cambio concreto se centra en la definición de la anemia infecciosa del salmón. Ahora, solo las infecciones por un genotipo específico de este virus (genotipo HPR con deleción) se considerarán de notificación obligatoria. Esto se hace para alinear la legislación española con las actualizaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

La orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que los cambios en la definición de la enfermedad y sus implicaciones para la notificación son efectivos desde ese momento.

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Ayudas para la energía en islas y territorios aislados

Este real decreto establece cómo se gestionan las ayudas económicas para cubrir los gastos adicionales de producir electricidad en zonas de España que no están conectadas a la red peninsular, como las islas. El objetivo es que la energía en estos lugares, que suele ser más cara de producir, tenga un precio razonable para los ciudadanos.

Lo que cambia es que se detalla el procedimiento para solicitar, aprobar, pagar y controlar estas ayudas. Se crea un sistema para asegurar que el dinero público se gasta correctamente y que las empresas que producen energía en estas zonas aisladas reciban la compensación que les corresponde por los costes extra.

La normativa entró en vigor el 23 de agosto de 2014, fecha en la que se publicó el Real Decreto. A partir de entonces, se aplica este nuevo procedimiento para la financiación de los extracostes de la producción eléctrica en los sistemas aislados.

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Corrección de errores en la retribución de energías renovables

Esta orden ministerial corrige pequeños errores detectados en una orden anterior que establecía las cantidades de dinero que reciben las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos por la electricidad que producen. Afecta a los titulares de estas instalaciones que se vieron afectados por los errores originales.

Los cambios son puntuales y se refieren a la forma de expresar números ordinales (como "1.º" en lugar de "1") y a la precisión en los años de autorización de explotación o en los importes de retribución para ciertas instalaciones específicas. El objetivo es asegurar que los cálculos de lo que cobran estas instalaciones sean correctos según lo previsto.

Esta corrección de errores entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 12 de agosto de 2014. Por lo tanto, los cambios se aplican desde el 13 de agosto de 2014.

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Protección de zonas de pesca en Mallorca y Cabrera

Esta orden establece zonas protegidas para la pesca en áreas específicas del mar Mediterráneo, concretamente en fondos montañosos al sur de Mallorca y al este del Parque Nacional de Cabrera. El objetivo principal es proteger hábitats marinos sensibles, como los corales y praderas marinas, así como las especies que viven en ellos, garantizando así la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

Lo que cambia concretamente es la prohibición de ciertas artes de pesca, como el arrastre, en estas áreas delimitadas. Esto se hace para evitar daños a los fondos marinos y a la vida que albergan, permitiendo su recuperación y conservación. Se busca un equilibrio entre la actividad pesquera y la protección del ecosistema.

Esta orden entró en vigor el 11 de agosto de 2014. Su aplicación se basa en normativas europeas y en estudios que han identificado la fragilidad de estos fondos marinos, siendo un paso importante para la gestión sostenible de la pesca en el Mediterráneo español.

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Regulación de la pesca de arrastre en aguas portuguesas

Esta orden ministerial establece normas específicas para la pesca de arrastre de fondo en una zona concreta del mar, situada en aguas bajo soberanía o jurisdicción de Portugal. El objetivo principal es asegurar que la pesca se realice de manera sostenible, beneficiando tanto al medio ambiente como a la economía y el empleo en el sector pesquero.

Concretamente, la regulación se centra en la asignación de días de pesca y en la necesidad de que los barcos demuestren actividad pesquera en la zona durante un periodo determinado para poder pescar ciertas especies, como la merluza y la cigala. También se contemplan sanciones si se superan las cuotas permitidas.

La orden entró en vigor el 11 de agosto de 2014, estableciendo un marco para la gestión de esta actividad pesquera en una zona de interés común para España y Portugal.

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Nuevas reglas para gestionar la demanda de electricidad

Esta resolución establece los procedimientos detallados para la liquidación y facturación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. En términos sencillos, se trata de cómo se paga y se gestiona la capacidad de los consumidores para reducir su consumo eléctrico cuando el sistema lo necesita, ayudando a mantener la estabilidad de la red.

Lo que cambia concretamente es la forma en que se calculan y se aplican las reglas para este servicio. Se actualizan los procedimientos operativos para que se ajusten a normativas más recientes que regulan cómo se asigna este servicio de manera competitiva, asegurando que sea eficiente y transparente.

La resolución entra en vigor el 8 de agosto de 2014. Aunque es una normativa de 2014, su aplicación y los procedimientos que establece siguen siendo la base para la gestión de este servicio en el sistema eléctrico nacional.

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Nuevas reglas para la gestión de la energía eléctrica

Esta resolución establece las normas para un sistema de subastas donde empresas pueden ofrecer reducir su consumo eléctrico si es necesario. El objetivo es asegurar la estabilidad del suministro eléctrico en momentos de alta demanda.

Lo que cambia es la forma en que se asigna este servicio. Antes se regulaba de otra manera, pero ahora se usarán subastas competitivas para determinar quién gestionará la demanda que se puede interrumpir. Esto busca mayor eficiencia y transparencia.

Estas reglas entraron en vigor el 8 de agosto de 2014, tras ser aprobadas por la Secretaría de Estado de Energía. Su aplicación permite un funcionamiento más moderno del mercado eléctrico.

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¿Qué es? Una norma que permite dar dinero del Estado a las regiones mineras para hacer obras de infraestructuras (carreteras, polígonos industriales, equipamientos) y restaurar terrenos dañados por la actividad minera del carbón. El dinero se entrega directamente a las Comunidades Autónomas sin que tengan que concursar.

¿A quién afecta? A los municipios de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Asturias que han tenido o tienen minas de carbón. Estas regiones pueden recibir ayudas para financiar proyectos en sus territorios. Excepcionalmente, también pueden acceder municipios de Andalucía, Cataluña y Galicia afectados por el cierre minero.

¿Qué cambia o establece? Crea un programa de ayudas para el período 2013-2018 que financiará proyectos de infraestructuras y restauración ambiental en zonas mineras. Las ayudas no pueden exceder el costo real del proyecto. Pueden combinarse con otras subvenciones, siempre que el total no supere lo que cuesta hacer la obra. El dinero sale del presupuesto del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón.

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