El Horno

Normas para garantizar la calidad del agua en playas y zonas de baño

Este Real Decreto establece las condiciones mínimas que deben cumplir las aguas de baño, tanto continentales como marítimas, para asegurar la salud de las personas que disfrutan de ellas y mejorar su experiencia. Se define qué se considera agua de baño y las zonas donde se practica, así como las temporadas en las que se espera mayor afluencia de bañistas.

Lo que cambia es que se fijan unos parámetros de calidad obligatorios para estas aguas, con valores concretos que deben cumplirse. El objetivo es proteger la salud pública y el medio ambiente, adaptando la legislación española a las normativas europeas vigentes en ese momento.

Este Real Decreto entró en vigor el 13 de julio de 1988, estableciendo las bases para la regulación de la calidad de las aguas de baño en España y marcando un hito en la protección de los usuarios y el entorno natural.

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Corrección de un detalle en pagos del Ministerio de Industria

Esta orden ministerial se refiere a una corrección de un error detectado en una orden anterior que regulaba cómo el Ministerio de Industria y Energía podía realizar pagos por adelantado sin tener todas las facturas. Estos pagos se conocen como 'pagos a justificar' y 'anticipos de caja fija'.

Lo que cambia es muy específico: en un anexo de la orden original, el número de un plan relacionado con la seguridad minera estaba mal escrito. Ahora se corrige para que diga exactamente '221.08 Plan de Seguridad Minera. Para gastos de la Comisión de Seguridad Minera', en lugar de '227.08 Plan de Segundad Minera'.

Esta corrección entra en vigor el 7 de junio de 1988, que es la fecha de publicación de esta orden. Es una modificación técnica para asegurar que la documentación oficial sea correcta.

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Se limita el pintado de postes eléctricos para no interferir con vuelos.

Esta orden ministerial busca evitar que los postes de las líneas de alta tensión se pinten de colores que los hagan pasar desapercibidos en el paisaje, como el verde. La razón principal es que esta práctica, aunque buscaba proteger el medio ambiente, dificultaba las misiones aéreas, especialmente aquellas de carácter humanitario o de protección de la naturaleza, como la extinción de incendios forestales.

Lo que cambia concretamente es que las compañías eléctricas necesitarán la aprobación de los organismos competentes en materia de misiones aéreas para poder pintar los postes de forma que se camuflen con el entorno. Esto se hace para garantizar la seguridad de estas operaciones aéreas.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 29 de mayo de 1988. Su objetivo es equilibrar la protección del medio ambiente con la seguridad de las operaciones aéreas.

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Compensaciones a empresas eléctricas por tarifas especiales

Esta resolución de 1988 establece cómo las empresas eléctricas reciben compensaciones del Estado cuando sus clientes tienen tarifas eléctricas especiales. Estas tarifas, como las de suministro interrumpible o la tarifa G.4, implican descuentos o condiciones particulares que benefician al sistema eléctrico en general, pero que no deben suponer un coste adicional para la empresa suministradora.

Concretamente, se definen qué suministros se consideran "compensables por oficio", es decir, aquellos que están expresamente reconocidos por normativas o resoluciones. También se establece cómo calcular la "base de compensación", que es la diferencia entre lo que se facturaría normalmente y lo que se factura realmente con la tarifa especial. Finalmente, se detalla cómo se determina la cuantía de esta compensación.

Esta normativa entró en vigor en 1988, adaptando y unificando criterios sobre las compensaciones que ya se venían aplicando desde una resolución anterior de 1987. Su objetivo es asegurar que los beneficios de estas tarifas especiales se repartan equitativamente y no recaigan injustamente sobre las compañías eléctricas.

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Ajuste en la facturación eléctrica de la temporada 1987-88

Esta resolución aclara cómo se aplicarán los descuentos y la facturación para ciertos consumidores de electricidad durante la temporada 1987-1988. Se trata de ajustes técnicos para adaptar las normativas existentes a un periodo de facturación ligeramente modificado, que en este caso será de once meses en lugar de doce.

Concretamente, se modifica el periodo de facturación para los abonados que se acogen al sistema de estacionalidad y al sistema de interrumpibilidad. Para los primeros, la facturación se realizará considerando los meses de diciembre de 1987 a octubre de 1988. Para los segundos, el descuento se calculará basándose en el mismo periodo, pero con una fecha de inicio de aplicación específica.

La resolución entra en vigor de forma inmediata para la temporada 1987-1988, ya que su objetivo es regular la aplicación de las tarifas y descuentos para ese periodo específico que ya está en curso o a punto de finalizar.

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Protegiendo el agua que bebemos

Esta orden establece las condiciones mínimas de calidad que deben tener los ríos y otras aguas superficiales cuando se utilizan para producir agua potable. El objetivo es asegurar que el agua que llega a nuestras casas sea segura para el consumo humano, teniendo en cuenta los tratamientos necesarios para hacerla potable.

Concretamente, la norma clasifica las aguas en diferentes categorías según el nivel de tratamiento que necesiten. Cada categoría tiene unos límites de calidad específicos que deben cumplirse. Si un agua no cumple con los estándares más altos, se pueden tomar medidas para mejorar su calidad o se exigirá un tratamiento de potabilización más avanzado.

Esta orden entró en vigor el 24 de mayo de 1988. Su aplicación es nacional y busca garantizar la salud pública mediante la protección de los recursos hídricos destinados al abastecimiento de agua potable.

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Corrección de errores en normas de pagos del Ministerio de Industria y Energía

Esta orden ministerial se refiere a la corrección de errores detectados en una orden anterior, de 29 de marzo de 1988, que regulaba los pagos que se realizan sin una justificación previa detallada (pagos a justificar) y los anticipos de dinero que se entregan para gastos menores (anticipos de caja fija) dentro del Ministerio de Industria y Energía.

Lo que cambia concretamente es la rectificación de los errores que se habían publicado en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, se subsanan fallos en el texto original para que la normativa sobre cómo se maneja el dinero para ciertos gastos en el ministerio sea correcta y clara.

Esta corrección de errores entró en vigor el 23 de abril de 1988, que es la fecha de publicación de esta orden. Su objetivo es asegurar que la gestión de estos pagos y anticipos se realice conforme a lo legalmente establecido.

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Pequeña corrección en normas de homologación de productos

Este Real Decreto es una corrección de errores de una norma anterior que regula cómo el Ministerio de Industria y Energía debe actuar en temas de normalización y homologación de productos. Básicamente, se trata de ajustar detalles para que las reglas sean más claras y precisas.

Lo que cambia concretamente es una frase en un apartado específico. Antes se decía que los productos podían ser admitidos si se fabricaban y vendían legalmente en un Estado miembro de la UE. Ahora, se amplía esa posibilidad para incluir también productos fabricados y comercializados legalmente en otros países mencionados en la normativa, siempre que cumplan las reglas.

Esta corrección entró en vigor el 20 de abril de 1988, que es la fecha de publicación de este Real Decreto de corrección de errores.

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Corrección de errores en la Orden sobre costes de suministro eléctrico

Esta orden ministerial corrige pequeños errores detectados en una orden anterior de 1987 que establecía los costes necesarios para el suministro de energía eléctrica. Afecta principalmente a los cálculos y procedimientos que utilizan las empresas eléctricas para determinar estos costes. El objetivo es asegurar que los cálculos sean precisos y reflejen la realidad operativa.

Los cambios concretos son de tipo técnico y de unidad de medida. Por ejemplo, se corrige una errata en la que se mencionaba un coste adicional por MWh (megavatio-hora) para el bombeo, cuando en realidad debía ser por GWh (gigavatio-hora), una unidad de energía mucho mayor. También se clarifica la definición de una variable relacionada con la producción de energía.

Esta corrección de errores entró en vigor el 15 de abril de 1988, fecha de publicación de esta orden. Su propósito es garantizar la correcta aplicación de la normativa original, asegurando que los costes de operación, mantenimiento y capital de las empresas eléctricas se calculen de forma adecuada.

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Nuevas reglas para pagos del Ministerio de Industria y Energía

Esta orden ministerial establece cómo se gestionarán ciertos pagos dentro del Ministerio de Industria y Energía. Se trata de pagos que se realizan por adelantado y que luego deben ser justificados con facturas y recibos. Esto incluye tanto los pagos habituales que se hacen antes de tener todos los detalles como los anticipos de caja fija, que son pequeñas cantidades de dinero para gastos inmediatos.

Lo que cambia concretamente es que se definen las categorías de gastos que pueden ser pagados de esta manera y se especifica cómo se gestionarán estos fondos. Se crea una unidad central para supervisar estos pagos y se establece que se emitirán a favor de una caja pagadora central. Se busca dar más claridad y control a estos procesos.

Esta orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 8 de abril de 1988. Su objetivo es asegurar que los fondos públicos se utilicen de forma adecuada y transparente dentro del ministerio.

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Retraso en la aplicación de la Ley de Aguas de Canarias

Esta ley afecta a todos los ciudadanos de Canarias y tiene como objetivo principal posponer la entrada en vigor de una ley anterior sobre aguas. La razón principal es la incertidumbre generada por un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre la competencia del Estado para declarar las aguas canarias de dominio público. Se busca evitar consolidar derechos que podrían ser complejos de liquidar si la ley estatal no prevalece.

Lo que cambia concretamente es la fecha en que la Ley Territorial 10/1987, de 5 de mayo, de Aguas, debía entrar en vigor. Ahora, su aplicación se retrasa hasta el 1 de julio de 1989. Además, se establece que el Gobierno de Canarias deberá consultar a los Cabildos Insulares antes de presentar cualquier proyecto de ley sobre aguas al Parlamento, reconociendo su importancia en la gestión de este recurso.

La ley entra en vigor con efecto retroactivo al 5 de mayo de 1987, la fecha de la ley original que se modifica. Esto significa que los efectos de esta nueva ley se aplican desde esa fecha, aunque se promulgue posteriormente. Los derechos individuales ya consolidados bajo la ley anterior se indemnizarán si fuera necesario.

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Corrección de errores en normativa industrial

Este documento es una corrección oficial de un Real Decreto anterior que regulaba aspectos de normalización y homologación de productos en el Ministerio de Industria y Energía. Su objetivo es aclarar y rectificar pequeños errores detectados en el texto original para asegurar que la normativa se aplique correctamente.

Afecta principalmente a empresas y profesionales que deban cumplir con normativas de homologación y normalización de productos industriales. Las correcciones detallan fechas exactas de publicación en el Boletín Oficial del Estado y especifican el alcance de ciertas homologaciones, así como la obligatoriedad de cumplir especificaciones técnicas.

La entrada en vigor de estas correcciones es inmediata a su publicación, ya que su propósito es subsanar imprecisiones en una norma ya existente. No introduce cambios sustanciales en el fondo de la regulación, sino que busca la máxima precisión en su aplicación.

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Cómo se pagan las centrales nucleares que no se terminaron

Esta resolución explica cómo se calcula la deuda generada por las centrales nucleares que se decidieron parar antes de estar terminadas. Se trata de una forma de gestionar los gastos de estas inversiones que quedaron a medias, asegurando que se cubren los intereses de la deuda contraída para construirlas.

Lo que cambia es la forma concreta de calcular cuánto dinero se debe y cómo se utilizará un fondo especial para pagar los intereses de esa deuda. Se establecen las cifras exactas de la deuda reconocida para varias centrales nucleares a finales de 1986.

Esta resolución es de 1988, por lo que ya está en vigor desde hace mucho tiempo. Su objetivo era dar claridad sobre cómo se gestionaban los costes de la moratoria nuclear en aquel momento, asegurando la estabilidad financiera del sector energético.

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España se compromete a financiar la vigilancia de la contaminación del aire en Europa

Este documento oficial recoge la decisión de España de adherirse a un protocolo internacional para asegurar la financiación a largo plazo de un programa europeo de seguimiento de la contaminación atmosférica. Este programa, conocido como EMEP, se encarga de evaluar cómo se mueven los contaminantes del aire a través de las fronteras en Europa.

Concretamente, España se compromete a aportar fondos para que este sistema de vigilancia y evaluación pueda continuar funcionando de manera estable. Esto significa que nuestro país colaborará económicamente para entender mejor y controlar la polución que afecta a la calidad del aire en todo el continente, ayudando a identificar sus fuentes y a tomar medidas conjuntas.

La adhesión de España a este protocolo se hizo efectiva el 18 de febrero de 1988, una vez que las Cortes Generales dieron su aprobación y se cumplieron los trámites legales necesarios. Desde esa fecha, nuestro país forma parte activa de este esfuerzo europeo para combatir la contaminación atmosférica transfronteriza.

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Actualización de normas para productos industriales

Este Real Decreto actualiza y modifica normas sobre cómo el Ministerio de Industria y Energía certifica y aprueba productos. Busca mejorar la seguridad y la protección de los consumidores, adaptándose a las normativas europeas.

Lo más importante es que aclara cuándo es obligatorio que un producto pase por este proceso de aprobación. Se distingue entre casos donde es vital para la seguridad pública o la salud, y otros donde se hace para proteger mejor al consumidor.

Este cambio entró en vigor el 17 de febrero de 1988, modificando un reglamento anterior de 1981 y adaptándolo a la realidad de la integración de España en la Comunidad Económica Europea y nuevas normativas sobre certificación.

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Normas de seguridad para aparatos eléctricos de bajo voltaje

Este Real Decreto establece las reglas de seguridad que deben cumplir ciertos aparatos eléctricos que usamos en casa o en el trabajo. Se trata de equipos que funcionan con voltajes específicos, ni muy bajos ni muy altos, para garantizar que su uso sea seguro.

Lo que cambia es que España adopta una normativa europea ya existente para asegurar que todos los aparatos eléctricos que se venden y utilizan en el país cumplan con unos estándares mínimos de seguridad. Esto significa que los fabricantes deben seguir estas directrices para que sus productos no supongan un peligro para las personas, animales o bienes.

La normativa entra en vigor desde su publicación, ya que se trata de la adaptación de una directiva europea que España debía aplicar tras su adhesión a la Comunidad Europea. Por lo tanto, los aparatos eléctricos que se comercialicen a partir de ahora deben cumplir estas exigencias.

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Se reduce el porcentaje que las empresas eléctricas entregan a OFICO por la venta de energía.

Esta orden ministerial afecta a las empresas que venden energía eléctrica y que están acogidas al SIFE (Sistema de Información de Facturación Eléctrica). OFICO es una entidad que participa en las recaudaciones por la venta de esta energía.

Lo que cambia es la cantidad que estas empresas deben entregar a OFICO. Anteriormente, se fijó un 5,3% para consumos posteriores al 30 de abril de 1987. Ahora, esta cuota se reduce al 4% para los consumos realizados a partir del 1 de septiembre de 1987.

Esta orden tiene efecto retroactivo, ya que se aplica a los consumos desde el 1 de septiembre de 1987, aunque se publica el 30 de diciembre de 1987. Por lo tanto, los cambios ya están en vigor para los consumos mencionados.

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Fijación de costes para la luz

Esta orden ministerial establece los costes que se consideran normales y necesarios para producir y distribuir electricidad en España. Su objetivo es que las empresas eléctricas gestionen mejor sus recursos y busquen ser más eficientes, lo que a la larga debería traducirse en un mejor servicio y precios más ajustados.

Lo que cambia es que se definen cifras concretas para los gastos de operación, mantenimiento, estructura y capital circulante de las centrales eléctricas. Estos costes se actualizarán cada año siguiendo un procedimiento establecido, lo que permite adaptar las tarifas a la realidad económica.

La orden se publicó el 30 de diciembre de 1987 y los costes que determina son para el año 1987. El sistema de cálculo y actualización se aplica desde entonces.

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Adiós a la Comisión del Medio Ambiente (CIMA)

Este Real Decreto pone fin a la Comisión Interministerial del Medio Ambiente (CIMA). Su objetivo era adaptar la organización del Estado a las crecientes responsabilidades en materia ambiental, especialmente tras la cesión de competencias a las Comunidades Autónomas y la adhesión de España a la Unión Europea.

Concretamente, se elimina este órgano para poder crear nuevos mecanismos que gestionen de forma más eficaz y coordinada la política medioambiental. Se busca una mejor respuesta a la complejidad actual de las cuestiones ambientales y una coordinación más fluida entre los diferentes departamentos del Estado con competencias en este ámbito.

El Real Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 29 de octubre de 1987. Esto supuso un cambio en la estructura administrativa encargada de la protección del medio ambiente en España.

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Corrección de errores en análisis de agua potable

Esta orden ministerial de 1987, que establece los métodos oficiales para analizar la calidad del agua que bebemos, ha sido corregida para subsanar varios errores detectados tras su publicación original. El objetivo es asegurar que los análisis se realicen de forma precisa y fiable.

Los cambios son de carácter técnico y afectan a la redacción de los procedimientos de análisis. Se corrigen detalles como la cantidad de agua a usar en una solución, la estabilidad de la misma, la intensidad de color de un reactivo, o la correcta denominación de compuestos químicos. También se ajustan valores numéricos y se eliminan o añaden frases para clarificar los pasos a seguir.

Esta corrección de errores no establece una nueva normativa, sino que aclara y perfecciona la ya existente. Por lo tanto, entra en vigor con la publicación de esta orden, que rectifica la información publicada previamente en el Boletín Oficial del Estado.

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Más control sobre los residuos industriales

Esta ley modifica una ley anterior para dar más poder a la Junta de Residuos, un organismo encargado de planificar, autorizar y supervisar todo lo relacionado con los residuos industriales. La idea es que esta junta pueda gestionar directamente o indirectamente estos residuos, buscando mejores formas de hacerlo.

Lo que cambia es que la Junta de Residuos ahora tendrá la capacidad de gestionar activamente los residuos, no solo de supervisar. También se busca una mayor representación de los municipios en los órganos de dirección de esta junta, para que las decisiones tengan en cuenta a los ayuntamientos.

Esta modificación entró en vigor el 1 de septiembre de 1987. Su objetivo es mejorar la gestión de los residuos industriales, asegurando que se manejen de forma más eficiente y con una visión más amplia que incluya la participación municipal.

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Correction d’erreurs de l’Ordre du 9 juin 1987 Cette ordonnance ministérielle rectifie des coquilles présentes dans le texte officiel qui définit les eaux du port de Villagarcía de Arosa. Elle concerne principalement les autorités portuaires, les collectivités locales et les entreprises mentionnées dans le document, ainsi que les usagers du domaine maritime concerné. Concrètement, plusieurs mentions sont corrigées : le nom d’une société passe de « Escurisa » à « Escuris », la désignation d’une zone passe de « Rianjo (Rianxo).‑Aguas comprendues » à la forme correcte, la localisation d’une usine est rectifiée de « Continuo à la fábrica de Godo » à « Contiguo à la fábrica de Godoy », ainsi que d’autres ajustements typographiques relatifs aux limites géographiques et aux mesures de distance. Aucun changement substantiel du périmètre ou des droits n’est introduit, seules les fautes de frappe sont corrigées. L’ordonnance de rectification a été publiée au BOE le 8 août 1987 et entre immédiatement en vigueur, rendant effectives les corrections dès sa diffusion officielle.

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Control de vertidos de aguas residuales por empresas colaboradoras

Esta orden establece las reglas para que empresas privadas puedan ayudar a los organismos públicos encargados de gestionar el agua a controlar los vertidos de aguas residuales. Su objetivo es asegurar que las empresas que realizan estas tareas cumplan con unos requisitos técnicos y de fiabilidad adecuados.

Concretamente, se definen tres niveles de capacidad para estas empresas, dependiendo de la complejidad de las tareas que vayan a realizar. Esto permite que una variedad más amplia de empresas pueda colaborar, garantizando al mismo tiempo la calidad del control. Se establecen los requisitos para que una empresa sea considerada idónea y se inscriba en un registro especial.

La orden entró en vigor el 4 de agosto de 1987, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Su propósito es mejorar la supervisión y el control de la calidad del agua vertida al medio ambiente.

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Agua para el desarrollo de Sagunto

Esta ley declara de interés general del Estado las obras necesarias para llevar agua a la zona de Sagunto. El objetivo es asegurar el suministro de agua tanto para el consumo de las personas como para las industrias de la región, lo cual es fundamental para su desarrollo.

Concretamente, se autorizan las obras para conducir un metro cúbico de agua por segundo desde el canal Júcar-Turia hasta el barranco de Puzol. Además, se reserva este caudal procedente del embalse de Contreras, garantizando así que el agua esté disponible para Sagunto.

La ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que las obras y la reserva de agua se hicieron efectivas de forma inmediata tras su aprobación.

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Nueva Comisión para decidir sobre salarios en Industria y Energía

Esta orden ministerial crea una nueva comisión dentro del Ministerio de Industria y Energía encargada de tomar decisiones sobre las retribuciones, es decir, los salarios y complementos de los empleados públicos de dicho ministerio. Su objetivo es centralizar y organizar la gestión de estos asuntos económicos.

Lo que cambia es la estructura de cómo se toman estas decisiones. Se suprimen las antiguas juntas de retribuciones y se establece una nueva Comisión Ministerial de Retribuciones, con una composición detallada de altos cargos del ministerio. También se crea una Comisión Ejecutiva para agilizar la gestión.

Esta orden entró en vigor el 15 de julio de 1987, fecha posterior a su publicación, para dar tiempo a su implementación y conocimiento por parte de los afectados.

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Nueva definición de las aguas del puerto de Villagarcía de Arosa

Esta orden ministerial establece una nueva delimitación geográfica para las aguas del puerto de Villagarcía de Arosa. El objetivo es clarificar qué áreas específicas se consideran parte del puerto a efectos de aplicar las tarifas portuarias. Esto es importante para entender los costes asociados a las actividades marítimas en esta zona.

Concretamente, se definen dos zonas (Zona I y Zona II) con límites geográficos precisos, utilizando puntos de referencia en la costa y en islas cercanas. Se excluyen de esta definición las aguas de otros puertos e instalaciones que ya han sido transferidas a la Comunidad Autónoma de Galicia, para evitar confusiones y solapamientos en la gestión y tarifas.

Esta orden entró en vigor el 9 de julio de 1987, anulando y sustituyendo la definición anterior de las aguas del puerto de Villagarcía de Arosa que estaba vigente desde una orden de 1966. Su propósito es actualizar la normativa a las nuevas realidades y competencias en materia portuaria.

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