El Horno

Aplazamiento del Documento Aduanero de Embarque

Esta resolución informa sobre un cambio en la fecha de entrada en vigor de un documento llamado "Documento Aduanero de Embarque". Este documento se utiliza para formalizar la entrega de suministros a barcos y aviones nacionales, permitiendo que estos productos estén exentos de ciertos impuestos como el IVA. Inicialmente, se iba a aplicar al mismo tiempo que otro documento importante para la exportación.

Lo que cambia concretamente es que la aplicación del "Documento Aduanero de Embarque" se retrasa. En lugar de entrar en vigor el 1 de octubre de 1987, su puesta en marcha se pospone hasta nuevo aviso. Mientras tanto, se seguirán utilizando los modelos de declaración de exportación habituales para estas operaciones.

La fecha exacta en la que finalmente entrará en vigor el "Documento Aduanero de Embarque" se comunicará más adelante. Por ahora, lo importante es saber que su aplicación se retrasa para facilitar la adaptación de los agentes económicos a los nuevos trámites.

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Pequeños ajustes a una norma antigua

Esta orden ministerial, publicada en 1987, se limita a corregir errores tipográficos y de redacción en un texto legal anterior. No introduce cambios sustanciales en la ley ni afecta a la vida diaria de los ciudadanos. Su propósito es puramente técnico, asegurando que el documento original sea preciso.

Los cambios son muy específicos. Por ejemplo, se corrige una frase para que diga "superiores o prórrogas" en lugar de "superiores a prórrogas", y se añade una mayúscula a "Autorización Administrativa de Importación". También se completa el nombre de un cargo oficial.

Dado que se trata de una corrección de errores de una orden de 1987, su entrada en vigor es inmediata a la fecha de publicación de esta corrección, que fue el 24 de septiembre de 1987. No hay un plazo futuro para su aplicación.

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Actualización de los programas de Educación Física en Bachillerato

Esta orden ministerial actualiza los contenidos y métodos de enseñanza de la Educación Física y Deportiva en el Bachillerato. El objetivo es adaptar estas clases a los nuevos enfoques pedagógicos y a los avances en la formación de los profesores, así como a las mejoras en las instalaciones y recursos disponibles.

Lo que cambia concretamente es la aprobación de nuevos programas y orientaciones didácticas para la Educación Física y Deportiva. Estos nuevos programas sustituyen a los anteriores y deben ser aplicados por todos los centros de Bachillerato, tanto públicos como privados.

La entrada en vigor de esta orden se produce a partir del año académico 1987/1988, lo que significa que los cambios en los programas de Educación Física se aplicaron desde ese curso escolar.

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Corrección en la contabilidad de empresas de transporte

Esta orden ministerial, publicada en 1987, introduce correcciones en las normas de contabilidad para las empresas de transporte terrestre. Su objetivo es asegurar que los registros contables reflejen de manera precisa los gastos e ingresos relacionados con la actividad de transporte.

Los cambios concretos implican la adición de nuevas cuentas contables para detallar mejor los gastos de transporte, tanto en compras como en ventas, y otros gastos diversos. También se rectifican referencias internas dentro de las propias normas para garantizar su coherencia y claridad.

La entrada en vigor de esta corrección se produjo el 21 de septiembre de 1987, fecha de su publicación. Su importancia radica en la necesidad de una contabilidad clara y precisa para la correcta gestión y fiscalización de estas empresas.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-06-05 Fuente original: ES-BOE — Conflicto positivo de competencia número 1.167/1987, promovido por la Junta de C ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. ¿Qué resuelve? La Resolución 1.167/1987 resuelve un conflicto positivo de competencia entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Economía y Hacienda, determinando que la Resolución del Ministerio de 27 de mayo de 1987 se encuentra dentro de su ámbito de competencia.

2. Contexto El conflicto surgió cuando la Junta de Castilla y León cuestionó una resolución del Ministerio de Economía y Hacienda, alegando que afectaba a su competencia territorial. El Ministerio sostuvo que su actuación estaba enmarcada en funciones nacionales. La Resolución 1.167/1987 fue emitida para resolver este desacuerdo.

3. Contenido Jurídico La Resolución 1.167/1987 analiza la competencia de los órganos estatales y autonómicos en materia de economía y hacienda. Según el texto, el Ministerio de Economía y Hacienda tiene competencia exclusiva en asuntos de orden general, como la gestión de recursos financieros y la regulación de políticas económicas, conforme al artículo 149 de la Constitución Española. La Junta de Castilla y León, por su parte, argumentó que su competencia se limitaba a aspectos específicos de su territorio, como la gestión de recursos locales, según el Estatuto de Autonomía de Castilla y León (artículo 13.1).

La Resolución afirma que la resolución del Ministerio no invadía la competencia autonómica, ya que se enmarcaba en funciones de gestión general y no en asuntos de titularidad exclusiva de las comunidades autónomas. Se cita el artículo 150 de la Constitución, que establece que las comunidades autónomas tienen competencias en materia de desarrollo económico y social, pero no en asuntos de orden general. Además, se menciona el artículo 13.1 del Estatuto de Autonomía, que reconoce a la Junta competencias en gestión territorial, pero no en temas de política económica nacional.

La Resolución concluye que el Ministerio actuó dentro de su ámbito legal, y la Junta no tiene competencia para cuestionar su decisión. Se subraya que el conflicto se resuelve mediante la aplicación del principio de competencia territorial, según el artículo 149.1 de la Constitución, que atribuye al Estado funciones de orden general.

4. Conclusión La Resolución 1.167/1987 confirma que el Ministerio de Economía y Hacienda actuó dentro de su competencia, rechazando la objeción de la Junta de Castilla y León. La decisión establece un marco claro para la división de competencias entre niveles de gobierno.

5. Puntos Clave ✅ Competencia exclusiva del Estado: La Resolución afirma que el Ministerio tiene competencia en asuntos de orden general, según el artículo 149.1 de la Constitución. ⚠️ Límites de la autonomía: La Junta no puede cuestionar decisiones del Estado en materias de gestión económica nacional. 📋 Citas legales: Se mencionan artículos 149, 150 de la Constitución y el artículo 13.1 del Estatuto de Autonomía. ℹ️ Principio de territorialidad: La división de competencias se basa en la función de cada nivel de gobierno.

6. Ficha

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El ICO emite bonos para financiar proyectos

Esta orden ministerial autoriza al Instituto de Crédito Oficial (ICO) a emitir bonos, un tipo de deuda que permite al ICO obtener dinero prestado para financiar sus actividades. Estos bonos están dirigidos principalmente a inversores que buscan una rentabilidad fija y segura. El objetivo es conseguir fondos para las operaciones financieras del ICO, tanto en España como en el extranjero.

Concretamente, se autoriza una emisión de 20.000 millones de pesetas, ampliable hasta 30.000 millones. Cada bono tendrá un valor de 10.000 pesetas. Los inversores podrán suscribir estos bonos entre el 23 de septiembre y el 13 de octubre de 1987. La inversión se recuperará a los siete años, aunque existe la opción de solicitar la devolución del dinero al cuarto año. Se garantiza un interés anual del 12,25%.

La orden entró en vigor el 19 de septiembre de 1987, fecha de su publicación. Los bonos emitidos se admitirán a cotización oficial en bolsa, lo que facilita su compraventa y les otorga ciertas garantías. Esta medida buscaba dotar al ICO de los recursos necesarios para seguir desempeñando su papel en la financiación de la economía española.

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Reorganización de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Esta orden ministerial actualiza la estructura de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), un organismo público encargado de la emisión de moneda y otros documentos oficiales. El objetivo es adaptar su funcionamiento a las necesidades del momento y a la legislación vigente.

Lo que cambia concretamente es la definición de los órganos de gobierno y dirección. Se establece que el Director General asumirá funciones que antes recaían en el Ingeniero-Director. Además, se crea la figura del Director Adjunto, quien sustituirá al Director General en caso de ausencia o vacante, y ejercerá las facultades que este le delegue.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que ocurrió el 18 de septiembre de 1987. Por lo tanto, estos cambios en la estructura de la FNMT se aplicaron desde esa fecha.

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Correction de la résolution du 3 août 1987 La présente rectification porte sur la résolution de la Direction générale du commerce extérieur du 3 août 1987, qui fixait les bases spécifiques de la campagne d’exportation du tomate frais d’hiver 1987/1988. Elle concerne principalement les producteurs et exportateurs espagnols de tomates fraîches, ainsi que les autorités chargées du suivi des quotas d’exportation. La modification consiste à remplacer, à la page 24474, le texte du point d « Programme indicatif d’exportations hebdomadaires » par la mention exacte : « 1. Programme indicatif d’exportations hebdomadaires (voir image en page 27859) ». Aucun autre élément de la résolution n’est altéré ; il s’agit uniquement d’une correction de forme pour garantir la cohérence du texte officiel. Cette rectification prend effet dès sa publication au BOE le 16 septembre 1987, rendant immédiatement applicable la version corrigée du programme d’exportation.

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Adiós temporal a impuestos para importar chapa para coches

Este Real Decreto permite que las empresas que fabrican piezas para coches puedan importar un tipo específico de chapa metálica (chapa electrocincada) sin pagar los impuestos habituales. Esto se debe a que, en 1987, la producción nacional no era suficiente para cubrir las necesidades de la industria automovilística española. La medida busca facilitar la producción de vehículos en España.

Lo que cambia concretamente es que, durante un periodo limitado, las importaciones de esta chapa, siempre que provengan de la Comunidad Económica Europea o países con acuerdos similares y no superen las 19.000 toneladas, estarán exentas de aranceles. La distribución de esta cantidad se gestionará por los servicios de comercio exterior.

La medida entró en vigor el 1 de agosto de 1987 y se extendió hasta el 31 de diciembre de 1987. El Real Decreto en sí, como norma general, se publicó y tuvo efecto al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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Importaciones de acero sin aranceles

Este Real Decreto permite importar temporalmente ciertos tipos de alambres y flejes de acero sin pagar los aranceles habituales. La medida se aplica cuando no hay suficiente producción nacional para cubrir las necesidades de las industrias que trabajan con estos materiales.

Concretamente, se suspenden los derechos arancelarios para alambres de acero fino al carbono latonado y flejes laminados en caliente, siempre que provengan de la Comunidad Económica Europea o de países con acuerdos similares. Existen límites en la cantidad que se puede importar bajo estas condiciones.

La exención de aranceles entró en vigor con efecto retroactivo desde el 1 de agosto de 1987 y se extendió hasta el 31 de diciembre de 1987. El decreto se publicó y entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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Suspensión temporal de aranceles para papel de prensa

Este Real Decreto, aprobado en 1987, establece la suspensión de los impuestos (aranceles) que se aplican a la importación de un tipo específico de papel utilizado exclusivamente para la impresión de periódicos. La medida se toma para asegurar el suministro de este material ante una demanda elevada.

Lo que cambia concretamente es que, durante un periodo de tres meses, las empresas que importen este papel desde la Comunidad Económica Europea o países de la Asociación Europea de Libre Cambio no tendrán que pagar los aranceles habituales. Esto se aplica a un máximo de 7.500 toneladas para cada una de estas zonas.

La suspensión de estos derechos arancelarios entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 15 de septiembre de 1987, y tuvo una duración de tres meses.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-06-05 Fuente original: ES-BOE — Corrección de erratas de las Decisiones tomadas por la Comisión Internacional Pe ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El presente documento corrige errores en la publicación de las Decisiones de la Comisión Internacional Permanente para las pruebas de armas de fuego portátiles, tomadas en su XVIII Sesión Plenaria de 1984, relacionadas con el Convenio de Bruselas de 1969.

2. CONTEXTO La Comisión Internacional Permanente para las pruebas de armas de fuego portátiles emitió Decisiones en su XVIII Sesión Plenaria de junio de 1984, publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) n.º 228 de 1973. Posteriormente, se detectaron errores en la inserción de la corrección de dichas Decisiones, publicada en el BOE n.º 122 de 1987.

3. CONTENIDO JURÍDICO El documento corrige errores en la redacción de las Decisiones de 1984, específicamente en la inserción de la corrección de errores publicada en el BOE n.º 122 de 1987, página 14912. La corrección se refiere a la redacción de los artículos 1, 2, 3 y 4 del Reglamento, así como a los párrafos 1 y 2 del Convenio de Bruselas de 1969.

Según el texto original, el Convenio de Bruselas de 1969 establece que los países firmantes reconocen recíprocamente los punzones de pruebas de armas de fuego portátiles (art. 1, párrafo 1). Además, el Reglamento detalla los requisitos técnicos para la emisión de dichos punzones (art. 2, párrafo 1). La corrección corrige errores en la redacción de estos artículos, asegurando que los términos técnicos y las condiciones de aplicación se interpreten correctamente.

El documento menciona que los errores afectaron la precisión de la redacción de los artículos 1, 2, 3 y 4 del Reglamento, así como los párrafos 1 y 2 del Convenio. Por ejemplo, se corrigió la mención de "puntos de prueba" en lugar de "puntos de emisión" en el art. 2, párrafo 1. Además, se ajustó la redacción de los requisitos técnicos para la emisión de punzones, incluyendo la necesidad de "documentación completa" (art. 3, párrafo 2).

La corrección se publicó en el BOE n.º 122 de 1987, página 14912, y se transcribe en el documento actual para garantizar que las Decisiones de 1984 se interpreten conforme a los términos originales. Esto es crucial para la validez legal de los punzones emitidos bajo el Convenio y el Reglamento, ya que cualquier error en la redacción podría afectar su aplicación.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El documento corrige errores en la publicación de Decisiones de 1984, asegurando la precisión de los términos técnicos y condiciones de aplicación del Convenio y el Reglamento. La corrección es fundamental para la validez legal de los punzones emitidos.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Corrección de errores: Se ajustan errores en la redacción de Decisiones de 1984, publicadas en el BOE. ⚠️ Impacto legal: La precisión de los términos técnicos afecta la validez de los punzones emitidos. 📋 Referencias exactas: Artículos 1, 2, 3 y 4 del Reglamento; párrafos 1 y 2 del Convenio de Bruselas. ℹ️ Publicación: Corrección publicada en el BOE n.º 122 de 1987, página 14912.

6. FICHA

Palabras totales: 650.

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Exención temporal de aranceles para ciertos tipos de papel

Este Real Decreto permite importar temporalmente algunos tipos de papel sin pagar los aranceles habituales. La medida se aplica a papeles específicos, como los destinados a revistas gráficas, que no se producen en cantidad suficiente en España para cubrir la demanda. El objetivo es facilitar el acceso a estos materiales para las industrias que los utilizan.

Concretamente, se exime del pago de derechos arancelarios a importaciones de papel originario de la Comunidad Económica Europea o de países con acuerdos similares. Esta exención tiene límites en la cantidad total que se puede importar y está vigente hasta el 31 de diciembre de 1987. La distribución de estas importaciones se gestionará por los servicios de comercio exterior.

La norma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 16 de septiembre de 1987. Es una medida de carácter temporal, diseñada para solucionar una carencia puntual en el mercado nacional de papel para ciertas aplicaciones industriales.

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Extension du tarif douanier Le Real Décret 1116/1987 modifie l’annexe I du Tarif douanier espagnol, en y ajoutant de nouvelles catégories de produits. Cette modification concerne les importateurs, les entreprises industrielles et les consommateurs, car elle détermine les droits de douane à payer sur les marchandises provenant de pays tiers et, le cas échéant, les suspensions de droits prévues par les accords communautaires. Concrètement, le texte élargit le volet B de l’annexe I afin d’appliquer les mêmes taux que le Tarif douanier communautaire aux produits listés dans l’anejo unique. Ainsi, les droits de douane sont réduits ou suspendus pour les importations provenant de la Communauté économique européenne, tandis que les importations de pays tiers sont soumises aux taux communautaires, facilitant ainsi leur entrée sur le marché espagnol. Le décret a été approuvé par le Conseil des ministres le 11 septembre 1987 et est entré en vigueur immédiatement, rendant obligatoires les nouvelles dispositions tarifaires dès cette date.

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Detalles sobre el funcionamiento de los seguros privados

Esta orden ministerial de 1987 aclara y completa las normas que regulan las compañías de seguros privadas en España. Su objetivo es hacer que el Reglamento de Ordenación del Seguro Privado, aprobado en 1985, sea más fácil de aplicar en la práctica, especialmente en lo referente a la información que deben presentar las aseguradoras y la forma en que se clasifican los diferentes tipos de seguros que no son de vida.

Lo que cambia concretamente es que se detallan los datos necesarios para autorizar a las aseguradoras españolas y a las delegaciones de compañías extranjeras. Además, se establecen categorías claras para los seguros que cubren riesgos como accidentes, enfermedades, daños en vehículos (terrestres, ferroviarios, aéreos y marítimos), así como el transporte de mercancías. Esto ayuda a definir mejor qué cubre cada tipo de póliza.

Esta orden entró en vigor poco después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 14 de septiembre de 1987. Su propósito era asegurar que las normativas sobre seguros privados se aplicaran de manera uniforme y comprensible para todos los implicados, desde las empresas aseguradoras hasta los ciudadanos que contratan estas pólizas.

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Nuevas unidades para cobrar deudas públicas

Esta orden crea unas nuevas oficinas dentro de la Hacienda Pública, llamadas Unidades de Recaudación. Su principal objetivo es mejorar la forma en que el Estado cobra las deudas que los ciudadanos y empresas tienen con él, como impuestos o multas.

Concretamente, estas unidades se encargarán de planificar cómo se van a cobrar estas deudas, dirigir y supervisar a quienes las cobran, y dar asesoramiento legal. También gestionarán casos especiales y ayudarán a los ciudadanos con aplazamientos de pago. Se busca que el cobro sea más eficiente y profesional.

Esta orden entró en vigor al día siguiente de su publicación, el 11 de septiembre de 1987. Su propósito era adaptar la administración tributaria a nuevas normativas y mejorar la recaudación de fondos públicos para el Estado.

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Corrección de errores en el Reglamento del IVA

Este documento es una corrección de pequeños errores detectados en un Real Decreto de 1987 que modificaba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Básicamente, se trata de subsanar erratas tipográficas y de redacción para que el texto legal sea preciso y claro.

Afecta a cualquier persona o empresa que aplique o esté sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido en España. Las correcciones son de carácter técnico y no alteran el fondo de las obligaciones fiscales, sino que aseguran que la normativa se entienda correctamente.

Las correcciones son de tipo ortográfico, gramatical o de referencia a otros textos legales. Por ejemplo, se corrige la escritura de palabras como 'aquirente' por 'adquirente', o se ajustan referencias a otros decretos. El objetivo es que la ley sea lo más precisa posible. Entró en vigor el 11 de septiembre de 1987, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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España protege secretos de defensa en la OTAN

Este documento oficial significa que España se adhiere a un acuerdo de la OTAN de 1960. El objetivo es que los países miembros colaboren y se protejan mutuamente la información sensible relacionada con inventos para la defensa. Si un país desarrolla una nueva tecnología militar y decide mantenerla en secreto, los demás países del acuerdo se comprometen a hacer lo mismo si se solicita una patente.

Lo que cambia concretamente es que España se compromete a salvaguardar el secreto de las invenciones de defensa que otros países de la OTAN hayan patentado o solicitado patentar. A su vez, España podrá solicitar que sus propias invenciones de defensa sean protegidas de forma similar por los demás miembros de la alianza, evitando así que información militar importante caiga en manos equivocadas o perjudique la colaboración entre aliados.

Este instrumento de adhesión fue firmado por el Rey Juan Carlos I y el Ministro de Asuntos Exteriores en Madrid el 17 de julio de 1987, y entró en vigor para España en esa fecha, una vez cumplidos los trámites legales necesarios.

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Actualización de costes para obras públicas

Esta orden ministerial establece los precios de referencia para la mano de obra y los materiales de construcción que se utilizarán en el mes de mayo de 1987. Su objetivo es permitir la revisión de los precios de los contratos de obras que realiza el Estado, asegurando que se ajusten a las condiciones económicas del momento.

Lo que cambia concretamente es la publicación de unos índices oficiales que sirven como base para recalcular el coste de las obras públicas. Esto afecta a los contratos que contemplan revisiones de precios, garantizando que las empresas constructoras y el Estado tengan un criterio común para ajustar las cantidades a pagar según la evolución de los costes.

La orden fue aprobada el 28 de agosto de 1987 y los índices que publica corresponden al mes de mayo de ese mismo año. Por lo tanto, su aplicación se refiere a la actualización de costes de obras que se encontraban en ejecución o en proceso de contratación durante ese periodo.

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Aumento de la garantía para accidentes de tráfico

Este Real Decreto actualiza la cantidad de dinero y los bienes que el Consorcio de Compensación de Seguros debe tener disponibles para cubrir los riesgos derivados de accidentes de circulación de vehículos a motor. Su objetivo es asegurar que haya fondos suficientes para hacer frente a las indemnizaciones que se puedan exigir judicialmente a los responsables.

Concretamente, se establece que el Consorcio debe destinar 100 millones de pesetas en fondos públicos, depositados en el Banco de España, para garantizar estas responsabilidades. Si por alguna razón este depósito disminuye, el Consorcio está obligado a reponerlo inmediatamente hasta alcanzar la cifra fijada.

La norma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 5 de septiembre de 1987. Con esta medida se adapta la garantía a las nuevas normativas del seguro de vehículos y al aumento de las indemnizaciones.

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Ampliación de actividades para una empresa estatal de depósitos y comercio

Este Real Decreto autoriza a la Empresa Nacional «Almacenes, Depósitos y Estaciones Aduaneros, Sociedad Anónima» (ALDEASA) a modificar el propósito de sus actividades. Originalmente, su función se centraba exclusivamente en la gestión de almacenes y tiendas libres de impuestos en zonas aduaneras. Sin embargo, la experiencia ha demostrado la dificultad de separar estas operaciones de otras actividades comerciales más amplias.

La modificación permite a ALDEASA expandir sus servicios para incluir la promoción, construcción y explotación de todo tipo de almacenes de depósitos, centros de carga y descarga, así como tiendas que vendan artículos tanto libres de impuestos como sujetos a la fiscalidad ordinaria. También se autoriza la compraventa y la intermediación al por mayor de mercancías bajo cualquier régimen fiscal.

Este Real Decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de mayo de 1987 y entró en vigor con su publicación posterior. Su objetivo es adaptar la empresa a las nuevas realidades del mercado y a la evolución de las normativas aduaneras europeas.

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Actualización de la Junta Consultiva de Seguros

Este Real Decreto modifica la composición de la Junta Consultiva de Seguros, un órgano que asesora sobre temas relacionados con los seguros privados. Su objetivo es asegurar que la Junta refleje mejor la realidad actual del sector y las necesidades de los diferentes actores implicados.

Concretamente, se ajusta el número y tipo de representantes de consumidores, empresarios, entidades aseguradoras, empleados, mediadores y expertos en seguros. Se busca una representación más equilibrada y actualizada para que las decisiones y recomendaciones de la Junta sean más pertinentes y efectivas.

Este cambio entró en vigor el 5 de septiembre de 1987, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y supuso una adaptación de la normativa vigente en ese momento.

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Actualización de normas para importar ciertos productos

Esta orden ministerial modifica la lista de productos que necesitan un permiso especial para ser importados a España. El objetivo es adaptar la normativa española a los cambios que se producen en las reglas de comercio de la Unión Europea y corregir algunos detalles de la lista anterior. Afecta a empresas y particulares que deseen importar mercancías sujetas a estas regulaciones.

Lo que cambia concretamente es la inclusión o exclusión de ciertas subpartidas arancelarias, la modificación de otras ya existentes y la aclaración de notas explicativas. Por ejemplo, se suprime la necesidad de notificación previa para unos zumos de agrios específicos y se detallan las restricciones para la importación de café, indicando qué países están afectados y bajo qué condiciones.

La orden entra en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 5 de septiembre de 1987. Es importante consultar el texto completo para conocer las mercancías exactas afectadas y las nuevas condiciones de importación.

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Actualización de costes en obras públicas de 1987

Esta orden ministerial de 1987 establece los índices de precios de la mano de obra y los materiales de construcción para los meses de marzo y abril de ese año. Su objetivo principal es servir como base para ajustar los precios de los contratos de obras que el Estado tenía en marcha en aquel momento, permitiendo que las empresas constructoras pudieran actualizar las cantidades que recibían por su trabajo y los materiales empleados.

Lo que cambia concretamente es la publicación de unos valores numéricos específicos (los índices) que reflejan cómo evolucionaron los costes de la construcción. Estos índices se utilizan para calcular la diferencia entre el precio original de un contrato y el precio revisado, asegurando que los contratistas no pierdan dinero ante subidas imprevistas de los costes.

La orden se publicó el 5 de septiembre de 1987, pero los índices que establece corresponden a los meses de marzo y abril de 1987. Esto significa que su aplicación era retroactiva para esos meses específicos, afectando a los contratos que se revisaban en función de esos periodos.

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Normas para cobrar por actividades extraescolares en colegios concertados

Esta orden establece cómo los colegios privados que reciben financiación pública (concertados) deben pedir permiso para cobrar a las familias por actividades que no son parte del currículo obligatorio, como clases de idiomas o deportes. El objetivo es que estos cobros sean justos y transparentes.

Lo que cambia es que ahora se detalla el procedimiento exacto para solicitar esta autorización. Los colegios deberán presentar un modelo oficial con la aprobación de su Consejo Escolar y una justificación del precio. Sin embargo, no se podrán cobrar actividades de refuerzo o apoyo escolar, ni el uso de la biblioteca o la tutoría vigilada.

Esta normativa se aplica para el curso escolar 1987/1988. Es importante porque regula los gastos adicionales que las familias pueden tener que afrontar en estos centros educativos, garantizando que se haga de forma ordenada y justificada.

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Modification de l’article 1 de l’Ordre du 4 avril 1986 sur le régime d’importation du charbon L’ordonnance du 20 août 1987 modifie la rédaction de l’article 1 de l’Ordre du 4 avril 1986, qui régit l’importation du charbon en Espagne. Elle concerne les importateurs de charbon qui ne proviennent d’aucun État membre de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, quel que soit leur pays d’origine. Cette mesure s’applique aux entreprises soumises au régime d’autorisation administrative d’importation prévu à l’article 6 de l’Ordre du 21 février 1986.

Concrètement, le texte précise que les produits listés dans l’annexe unique de l’Ordre du 16 mars 1987 – qui regroupe les marchandises soumises à notification préalable et à autorisation administrative – sont désormais soumis à ce même régime d’autorisation, sans modifier le contenu substantiel de la disposition initiale. Ainsi, les positions tarifaires correspondantes sont intégrées à l’annexe unique, avec la mention « 16 bis » indiquant l’autorisation administrative pour les origines indiquées.

L’ordonnance entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel de l’État, conformément à l’article 2. Cette date de prise d’effet coïncide avec la diffusion officielle de la modification, assurant ainsi que les importateurs doivent se conformer immédiatement aux nouvelles exigences administratives.

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Nuevas formas de cubrir plazas de Fiscal

Este Real Decreto introduce una nueva figura, el "Abogado Fiscal de provisión temporal", para asegurar que las funciones del Ministerio Fiscal se puedan seguir desempeñando sin interrupciones. Se crea para cubrir de forma transitoria las plazas de Fiscal que queden vacantes, especialmente aquellas que no se cubren en los procesos de selección habituales.

Lo que cambia es que ahora se permite nombrar a estos Abogados Fiscales de forma temporal. Estos nombramientos se harán mediante concurso público y servirán para cubrir las vacantes hasta que se puedan proveer de manera definitiva a través de las oposiciones ordinarias. Las plazas cubiertas temporalmente deberán incluirse en las convocatorias de oposiciones y concursos de traslados.

Este Real Decreto entró en vigor el 2 de septiembre de 1987. Su objetivo principal es garantizar el funcionamiento adecuado de las Fiscalías mientras se aprueba una nueva normativa más completa para el Ministerio Fiscal.

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Normas para la elaboración de zumos de uva

Este Real Decreto establece las reglas para la fabricación de zumos de uva en España. Su objetivo es asegurar que estos productos cumplan con estándares de calidad y pureza, adaptando la legislación española a las normativas de la Unión Europea en materia de alimentos. Se definen claramente qué se considera zumo de uva, zumo de uva concentrado y zumo de uva deshidratado, así como los métodos permitidos para su obtención.

Los cambios concretos incluyen la definición precisa de los diferentes tipos de zumo de uva, especificando cómo deben ser elaborados y qué ingredientes o tratamientos están permitidos. Por ejemplo, se detalla cómo se puede reconstituir un zumo concentrado y se establecen límites para el uso de aditivos como el ácido ascórbico.

Este Real Decreto entró en vigor el 29 de agosto de 1987. Su aplicación es fundamental para garantizar que los consumidores reciban productos seguros y de calidad, y para facilitar el comercio de estos productos dentro del mercado europeo.

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El Gobierno Vasco impugna una orden ministerial sobre previsión social

El Gobierno Vasco ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional porque considera que una orden del Ministerio de Economía y Hacienda invade sus competencias. Esta orden, de abril de 1987, desarrolla un reglamento sobre entidades de previsión social, que son organizaciones que ofrecen servicios de bienestar y protección a sus miembros, similares a seguros privados pero con un enfoque social.

Lo que cambia concretamente es que el Gobierno Vasco quiere que se reconozca su autoridad en la regulación de estas entidades dentro de su territorio. La disputa se centra en varios artículos de la orden ministerial que, según el Gobierno Vasco, deberían ser competencia de la Comunidad Autónoma y no del Estado.

La entrada en vigor de esta decisión del Tribunal Constitucional dependerá de cuándo resuelva el conflicto. Si el Tribunal da la razón al Gobierno Vasco, la orden ministerial podría quedar sin efecto en el País Vasco o modificarse para respetar las competencias autonómicas. La fecha exacta de cuándo se aplicará la resolución aún no está determinada.

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