El Horno

Nuevas categorías para empresas que construyen para el Estado

Esta orden modifica las normas antiguas que clasificaban a las empresas que realizan obras públicas para el Estado. El objetivo es adaptar estas categorías a la realidad económica actual, ya que los costes de las obras han aumentado mucho desde 1968.

Concretamente, se crea una nueva categoría (la F) para las empresas que manejan contratos de muy alto valor, y se establece un límite máximo para la categoría E. Esto busca que la clasificación sea más precisa y útil, evitando que demasiadas empresas grandes queden agrupadas en las categorías superiores.

Esta modificación entró en vigor el 30 de octubre de 1987, fecha de publicación de la orden, y se aplica a la clasificación de contratistas de obras del Estado.

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El Estado emite bonos para financiar al Instituto Nacional de Industria

Esta orden ministerial autoriza al Instituto Nacional de Industria (INI) a emitir bonos simples, un tipo de deuda, por un valor de hasta 30.000 millones de pesetas. El objetivo es obtener financiación para las actividades del INI. Estos bonos son títulos de deuda que el Estado, a través del INI, emite para conseguir dinero prestado de los inversores.

Concretamente, se crean bonos con un valor nominal de 10.000 pesetas cada uno, que se podrán agrupar. Ofrecen un interés bruto anual del 13,125%, que se pagará una vez al año. El dinero prestado se devolverá en un plazo de seis años, pagando una tercera parte al final de cada uno de los años cuarto, quinto y sexto. También se contempla la posibilidad de devolver el dinero antes de tiempo bajo ciertas condiciones.

La emisión de estos bonos se pone en circulación a partir del 17 de noviembre de 1987, y el periodo para que los interesados los compren dura veinte días. Estos bonos se podrán negociar oficialmente en la Bolsa de Valores, lo que facilita su compraventa y les otorga ciertas garantías.

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Cooperación contra el Fraude Fiscal Internacional

Este Real Decreto establece cómo las autoridades fiscales españolas colaborarán con las de otros países europeos para intercambiar información y luchar contra el fraude fiscal. El objetivo es evitar que las personas o empresas evadan impuestos aprovechando las diferencias entre sistemas fiscales nacionales.

Lo que cambia es que ahora existe un procedimiento oficial y regulado para que las administraciones tributarias de España y otros países de la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) se pasen datos relevantes. Esto incluye información sobre impuestos directos, como el de la renta, y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Este Real Decreto entró en vigor el 29 de octubre de 1987, adaptando la normativa europea al ordenamiento jurídico español para cumplir con las directivas comunitarias sobre asistencia mutua en materia tributaria.

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Corrección en el documento para exportar mercancías

Esta resolución aclara un documento oficial llamado DUA, que se usa cuando envías o sacas mercancías de España. Es como un formulario que detalla todo sobre lo que se exporta. La corrección busca que la información sea más clara y precisa para quienes realizan estas operaciones.

Los cambios son pequeños pero importantes. Por ejemplo, se corrige una frase para que se entienda mejor cuándo se aplica la norma a países específicos (los del AELC). También se añade una nueva opción para indicar el avituallamiento, que se refiere a las provisiones que se entregan a barcos o aviones.

Esta corrección entra en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 29 de octubre de 1987. Su objetivo es asegurar que el DUA se rellene correctamente y evitar confusiones en los trámites de exportación.

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Control a la entrada de ropa y otros textiles de fuera de la UE

Esta resolución establece un control especial para la entrada en España de ciertos productos textiles que provienen de países fuera de la Unión Europea. El objetivo es vigilar estas importaciones para proteger la industria textil nacional, permitiendo que España tome medidas si fuera necesario. Es una medida temporal autorizada por la Comisión Europea.

Concretamente, se exige un documento especial llamado 'Notificación Previa de Importación' para estos productos textiles. Esto significa que antes de que entren en España, se debe avisar y registrar su importación. Esta medida se aplica a los productos textiles que, aunque sean de libre circulación dentro de la UE, se originan en países específicos que se detallan en un anexo de la resolución.

La resolución entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y tuvo una vigencia limitada, aplicándose hasta el 31 de diciembre de 1988. Fue una medida adoptada en un contexto de integración europea para gestionar el comercio de productos sensibles.

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Corrección en la publicación de listas electorales provisionales de 1987

Este documento se refiere a una corrección en la publicación oficial de unas listas electorales provisionales que se prepararon para el 1 de enero de 1987. Básicamente, se trata de un error administrativo que se subsana para asegurar que toda la información necesaria esté disponible correctamente.

Lo que cambia es que se añade un anexo que se había omitido en la publicación original del Real Decreto. Este anexo contiene detalles importantes, como las propias listas electorales provisionales, que son fundamentales para el proceso electoral y para que los ciudadanos puedan verificar su inclusión.

La entrada en vigor de estas listas provisionales, y por tanto de esta corrección, se vincula a la fecha en que se publicaron originalmente, es decir, a partir del 26 de octubre de 1987, fecha del Boletín Oficial del Estado donde apareció el Real Decreto inicial.

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Correction d'errata de l'Ordre du 4 août 1987 Cette rectification porte sur une erreur de référence dans l'Ordre qui développe le Real Decreto 2094/1986 relatif aux dépôts douaniers. Elle concerne les opérateurs économiques qui utilisent le régime de dépôt douanier, ainsi que les agents des douanes chargés de son contrôle. Concrètement, le texte corrigé remplace la mention «article 11 du Real Decreto 1094/1986» par la référence exacte «article 11 du Real Decreto 2094/1986». Cette modification n’entraîne aucun changement substantiel dans les obligations ou les procédures, mais elle clarifie le cadre juridique applicable. La rectification a été publiée le 27 octobre 1987 au BOE et entre en vigueur dès sa publication, assurant ainsi la conformité immédiate du texte réglementaire avec le décret correct.

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Actualización del censo electoral para votar

Este Real Decreto establece el procedimiento para que los ciudadanos puedan consultar y, si es necesario, corregir sus datos en las listas electorales. Estas listas son fundamentales para poder ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones. Se trata de un proceso anual que garantiza que el censo esté lo más actualizado posible.

Lo que cambia concretamente es que se abren unos plazos específicos para que los Ayuntamientos expongan públicamente las listas electorales provisionales. Durante este periodo, los ciudadanos pueden revisar si sus datos son correctos y presentar reclamaciones si encuentran algún error, como un domicilio equivocado o la ausencia de su nombre.

La entrada en vigor de estas medidas se produce en el año 1987, con fechas concretas para la exposición de las listas y la presentación de reclamaciones que se extienden hasta finales de noviembre de ese año. El objetivo es que las listas definitivas estén listas para su uso electoral.

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Ayudas para organizaciones agrarias y cooperativas

Esta orden ministerial establece las reglas para conceder ayudas económicas a organizaciones profesionales del sector agrario y alimentario, cooperativas y otras entidades asociativas. El objetivo es apoyarles en la realización de actividades que beneficien al medio rural y al sector agroalimentario, como la formación, información y defensa de los intereses de sus miembros.

Concretamente, se regulan los tipos de entidades que pueden solicitar estas subvenciones, que incluyen organizaciones profesionales agrarias, sindicatos agrarios y cooperativas, entre otras. Se priorizarán las actividades formativas, de divulgación y aquellas que refuercen la función representativa de estas organizaciones.

La orden entró en vigor al ser publicada, permitiendo la solicitud de estas subvenciones para el año 1987. Los interesados debían presentar una solicitud detallada con información sobre la actividad, su presupuesto y la documentación acreditativa de la entidad.

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Corrección en la creación de una plaza en un tribunal clave

Este Real Decreto se refiere a una corrección de errores en un decreto anterior de 1987. El decreto original creaba una plaza adicional en el Tribunal Económico-Administrativo Central, un órgano encargado de resolver disputas fiscales y administrativas. La corrección aclara el nombre exacto del tribunal y un detalle menor en la exposición de motivos.

Lo que cambia concretamente es la precisión en la redacción del decreto original. Se corrige un error tipográfico que mencionaba un tribunal incorrecto y se ajusta la capitalización de una expresión relacionada con los presupuestos generales del Estado. Estos cambios no alteran el fondo de la creación de la plaza, sino que aseguran que el texto oficial sea exacto.

La entrada en vigor de esta corrección se remonta a la fecha de publicación del Real Decreto, el 19 de octubre de 1987. Por lo tanto, es una rectificación de un texto legal que ya estaba vigente desde hace décadas.

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Nuevas reglas para importar ropa de algunos países

Esta norma afecta a quienes importan productos textiles, especialmente ropa, de ciertos países. Se trata de una actualización de reglas anteriores para controlar cuánta mercancía de este tipo puede entrar en España desde fuera de la Unión Europea. El objetivo es adaptar la normativa nacional a las decisiones tomadas a nivel europeo.

Lo que cambia concretamente es la lista de países de origen para una categoría específica de productos textiles, la llamada Categoría 2. A partir de ahora, se establece un límite para la importación de estos productos si provienen de Indonesia, añadiéndola a una lista de países ya existentes que tienen restricciones similares.

Esta resolución entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que los cambios se aplicaron de forma inmediata tras su anuncio oficial en 1987.

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Ayuda a las asociaciones de exportadores para fortalecer el comercio exterior

Esta orden establece un sistema de colaboración entre la Administración y las asociaciones de exportadores. El objetivo es apoyar a estas organizaciones para que puedan representar mejor los intereses de las empresas que venden productos fuera de España, especialmente en un contexto de apertura económica.

Concretamente, la Administración, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, concederá ayudas económicas a las asociaciones y federaciones de exportadores que cumplan ciertos requisitos, como representar un porcentaje significativo de las exportaciones de su sector. Estas ayudas buscan evitar la fragmentación de las asociaciones y mejorar su capacidad de acción.

Esta orden entró en vigor el 17 de octubre de 1987, fecha de su publicación. Su propósito es adaptar el sector exportador español a un entorno económico cada vez más globalizado y competitivo, facilitando la labor de las empresas en los mercados internacionales.

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Ayudas para reducir la producción de acero

Esta resolución establece cómo las empresas siderúrgicas españolas deben solicitar ayudas para reducir su capacidad de producción. El objetivo es adaptar la industria a las necesidades del mercado y evitar el exceso de oferta.

Las empresas interesadas deben presentar una solicitud detallada que incluya información sobre su situación económica y financiera, sus producciones y ventas de los últimos años, el número de empleados y sus edades, así como una lista de la maquinaria y equipos que planean desmantelar, especialmente aquellos destinados a ser chatarra.

Esta normativa entró en vigor en 1987, como parte de un plan más amplio para reestructurar el sector siderúrgico español y hacerlo más competitivo.

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Actualización de normas sobre venta de bienes del Estado

Este Real Decreto modifica ciertos artículos del Reglamento de la Ley de Patrimonio del Estado. Su objetivo principal es actualizar las cantidades económicas que determinan quién puede autorizar la venta de bienes inmuebles del Estado y cómo se deben realizar estas ventas. Se busca que las normas se ajusten a la realidad económica y a las prácticas habituales del mercado inmobiliario.

Concretamente, se establecen nuevos límites monetarios para que el Ministerio de Economía y Hacienda o el Gobierno decidan sobre la venta de inmuebles, dependiendo de su valor. Además, se permite explícitamente la posibilidad de acordar el pago aplazado del precio en la venta de estos bienes, algo que antes no estaba tan claro y que ahora se alinea con lo que ocurre en las transacciones inmobiliarias privadas.

Este Real Decreto entró en vigor el 16 de octubre de 1987, tras ser aprobado por el Consejo de Ministros el 31 de julio de 1987. Su aplicación es a nivel nacional y afecta a la gestión y venta de los bienes que pertenecen al patrimonio del Estado español.

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Normas para la Oficina Española de Aseguradores de Automóviles (OFESAUTO)

Esta orden establece las reglas de funcionamiento de OFESAUTO, una asociación de compañías de seguros de automóviles. Su objetivo principal es gestionar las responsabilidades derivadas de accidentes de tráfico, especialmente en relación con otros países europeos.

Concretamente, OFESAUTO se encargará de cubrir las obligaciones de seguro para accidentes ocurridos en países de la Unión Europea y otros países adheridos, cuando los vehículos implicados estén matriculados en España. Del mismo modo, asumirá la responsabilidad en España por accidentes causados por vehículos matriculados en esos otros países.

Esta orden entró en vigor el 15 de octubre de 1987, adaptando la normativa española a las exigencias de la Comunidad Económica Europea y facilitando la circulación de vehículos entre países sin necesidad de controles fronterizos de seguro.

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El Estado paga antes sus deudas para ahorrar dinero

Esta resolución explica que el Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General del Tesoro, tiene permiso para pagar antes ciertas deudas del Estado, como los Bonos del Estado. Esto se hace cuando las condiciones del mercado son favorables o por otras razones que beneficien al Tesoro Público.

Lo que cambia concretamente es que se autoriza la amortización anticipada de Bonos del Estado que están en posesión del Banco de España. Esto significa que el Estado puede devolver el dinero prestado antes de la fecha prevista, lo que puede suponer un ahorro en los intereses que se pagan.

Esta medida se basa en leyes y reales decretos anteriores que ya permitían este tipo de operaciones. La resolución específica que permite esta amortización anticipada de Bonos del Estado en cartera del Banco de España entra en vigor con la propia publicación de esta resolución, que data de octubre de 1987.

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La CEE emite deuda en España

Esta resolución permite a la Comunidad Económica Europea (CEE), que hoy conocemos como Unión Europea, emitir deuda en forma de obligaciones en España. Esto significa que la CEE podía pedir prestado dinero a inversores españoles, ofreciéndoles a cambio un interés anual y la devolución del dinero prestado al cabo de ocho años. El objetivo era financiar sus actividades.

Lo que cambia concretamente es que se autoriza a la CEE a lanzar una emisión de 10.000 millones de pesetas en obligaciones simples. Estas obligaciones serían al portador, con un valor nominal de 100.000 pesetas cada una, y se podrían comprar y vender libremente en España. Los inversores españoles que las adquirieran estarían realizando una inversión en el extranjero.

La resolución se publicó en el Boletín Oficial del Estado y el periodo de suscripción pública se inició diez días después de esa publicación, extendiéndose durante veinte días. Por lo tanto, la entrada en vigor de esta autorización fue inmediata tras su publicación oficial en 1987.

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Corrección en la fecha de pago de bonos del ICO

Esta orden ministerial se refiere a una corrección de un error detectado en una orden anterior que permitía al Instituto de Crédito Oficial (ICO) emitir bonos. El error afectaba a la fecha en la que estos bonos debían ser pagados a sus tenedores. Por lo tanto, esta rectificación es relevante para quienes posean o hayan poseído bonos emitidos por el ICO bajo la orden de septiembre de 1987.

Lo que cambia concretamente es la fecha exacta de vencimiento y pago de los bonos. Inicialmente, se había fijado el 17 de abril de 1988 como fecha de pago, pero debido a un error, la fecha correcta que se debía publicar era el 13 de abril de 1988. Esta modificación aclara el día exacto en que los inversores podían esperar recibir el pago de sus bonos.

Esta corrección de errores entró en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 13 de octubre de 1987. Es importante destacar que esta orden no introduce nuevas normativas, sino que corrige un detalle de una orden ya existente para asegurar su correcta aplicación y evitar confusiones.

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Nuevas normas para la contabilidad de las Letras del Tesoro

Esta resolución establece cómo se deben registrar contablemente las Letras del Tesoro, un tipo de deuda pública a corto plazo emitida por el Estado. Su objetivo es regular la intervención en los mercados financieros y se formalizan mediante anotaciones en cuenta, con un plazo máximo de 18 meses.

Lo que cambia es la forma en que se contabilizan estas operaciones. Se modifica el Plan General de Contabilidad Pública para crear una cuenta específica para las Letras del Tesoro, distinguiéndolas de otros títulos de deuda. Esto asegura un registro claro y ordenado de las emisiones, amortizaciones y los gastos asociados.

La resolución entra en vigor el 12 de octubre de 1987, fecha de su publicación. Afecta a la gestión contable de la deuda pública a corto plazo y a quienes intervienen en su emisión y seguimiento, como la Intervención General de la Administración del Estado.

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Gestión de impuestos sobre el azúcar y la isoglucosa

Esta orden ministerial, de 1987, establece las normas para la gestión y el pago de unas tasas o cotizaciones que se aplican a la producción de azúcar y de un producto similar llamado isoglucosa. Su objetivo es regular y recaudar estos importes de forma ordenada.

Concretamente, la orden detalla cómo las empresas productoras de azúcar de remolacha deben presentar declaraciones estimando cuánta producción tendrán cada año. También especifica qué documentos deben entregar y a qué oficinas de Hacienda, así como los plazos para hacerlo, generalmente a principios de año.

Esta normativa entró en vigor poco después de su publicación en octubre de 1987, estableciendo un procedimiento administrativo para la recaudación de estos impuestos específicos del sector azucarero, basándose en regulaciones europeas previas y en un Real Decreto nacional.

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Ayudas para reducir la producción de acero

Esta orden ministerial establece las reglas y los plazos para ofrecer incentivos a las empresas siderúrgicas españolas que decidan reducir su capacidad de producción. El objetivo es cumplir con los compromisos adquiridos con la Unión Europea y ajustar la oferta a la demanda real del mercado.

Concretamente, se definen los procedimientos para que las empresas puedan acceder a estas ayudas. Esto implica que aquellas que reduzcan su producción de productos siderúrgicos laminados en caliente recibirán un apoyo económico, lo que les permitirá adaptarse a las nuevas exigencias del sector.

La orden entra en vigor tras su publicación, estableciendo un marco temporal para la aplicación de estas medidas. Su finalidad es asegurar que la siderurgia española se reestructure de manera ordenada y cumpla con los límites de producción impuestos por Europa.

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Beneficios fiscales para la televisión y radio vascas

Esta ley establece que el Ente Público de Radio Televisión Vasca y sus empresas asociadas recibirán el mismo trato fiscal que la televisión y radio públicas a nivel estatal. Esto significa que, en términos de impuestos, estarán en una situación similar a la de RTVE (Radio Televisión Española).

Lo que cambia concretamente es que se garantizan las exenciones tributarias necesarias para que estos servicios públicos de comunicación en el País Vasco puedan operar en igualdad de condiciones fiscales que sus homólogos estatales. Se busca asegurar que no haya desventajas fiscales para la radiodifusión y televisión vascas.

La ley entró en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 8 de octubre de 1987. Su aplicación se realiza respetando el Concierto Económico propio del País Vasco.

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Más personal para resolver reclamaciones de pensiones antiguas

Este Real Decreto crea una nueva unidad de trabajo dentro de un tribunal especial encargado de resolver disputas relacionadas con el dinero público. Su objetivo es agilizar la resolución de casos, especialmente aquellos que afectan a pensiones y beneficios de funcionarios y fuerzas de seguridad, incluyendo casos derivados de la Guerra Civil.

Concretamente, se añade un miembro más al Tribunal Económico-Administrativo Central. Esto significa que habrá más personas dedicadas a estudiar y preparar las decisiones sobre estas reclamaciones, lo que debería permitir que los expedientes se tramiten más rápido y se resuelvan con mayor celeridad.

La medida entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 7 de octubre de 1987. La urgencia se basaba en la necesidad de atender a beneficiarios, muchos de ellos de edad avanzada, que esperaban la resolución de sus expedientes.

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Facilitando la comunicación de documentos administrativos en Europa

Este convenio, ratificado por España en 1987, establece un sistema para que los ciudadanos y las administraciones de distintos países europeos puedan enviarse documentos importantes de forma oficial. El objetivo es que las notificaciones administrativas, como citaciones o requerimientos, lleguen a su destinatario en otro país de manera ágil y segura.

Lo que cambia concretamente es que ahora existe un procedimiento claro y acordado entre los países firmantes para que una autoridad de un país pueda solicitar a la autoridad de otro país que notifique un documento a una persona que reside allí. España designó al Ministerio de Asuntos Exteriores como su autoridad central para gestionar estas peticiones.

El convenio entró en vigor para España el 2 de octubre de 1987, fecha en la que se publicó su ratificación. Esto significa que desde entonces se aplica este acuerdo para facilitar la comunicación de documentos administrativos entre España y los demás países que forman parte de este convenio europeo.

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Aclaración sobre el coste del transporte escolar para actividades extra

Esta orden ministerial aclara cómo se deben gestionar los gastos de transporte escolar cuando los alumnos participan en actividades complementarias o servicios ofrecidos por colegios concertados. El objetivo es que quede claro quién debe asumir estos costes adicionales.

Lo que cambia es que, si organizar el transporte para estas actividades especiales supone un gasto mayor que el transporte habitual, ese incremento de coste deberá ser pagado únicamente por los alumnos que participen en dichas actividades. Además, este coste extra deberá presentarse de forma separada.

Esta orden modifica una anterior de agosto de 1987 y entra en vigor a partir de la fecha de su publicación, que fue el 1 de octubre de 1987, para el curso escolar 1987/1988.

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Corrección de errores en una orden sobre seguros privados

Esta orden ministerial se limita a corregir pequeños fallos de redacción y tipográficos detectados en una orden anterior de 7 de septiembre de 1987, que desarrollaba normativas sobre el seguro privado. No introduce cambios sustanciales en la regulación del sector, sino que busca asegurar la correcta interpretación y aplicación de la ley.

Afecta principalmente a las entidades y profesionales del sector de seguros privados, así como a aquellos ciudadanos que puedan verse involucrados en la interpretación de los textos legales que regulan estos contratos. Las correcciones son de carácter técnico y buscan eliminar ambigüedades o errores materiales.

Las modificaciones son efectivas desde la fecha de publicación de esta orden de corrección, el 1 de octubre de 1987. Se trata de ajustes puntuales para garantizar la precisión del documento legal original, sin alterar el fondo de lo que se regulaba sobre el seguro privado.

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El Banco de Crédito Local emite nuevas obligaciones para obtener financiación

Esta orden ministerial autoriza al Banco de Crédito Local a emitir obligaciones, que son como préstamos que la gente puede comprar, para recaudar hasta 20.000 millones de pesetas. El objetivo es que el banco obtenga fondos para sus actividades, como conceder créditos.

Concretamente, se establecen las condiciones de estas obligaciones: cada título valdrá 50.000 pesetas, habrá un periodo para comprarlas entre el 5 y el 25 de octubre de 1987, y se devolverá el dinero al cabo de unos años con un interés del 12,50% anual. También se prevén opciones para devolver el dinero antes de tiempo, a veces con una pequeña prima.

Esta orden entra en vigor el día de su publicación, que fue el 30 de septiembre de 1987. Por lo tanto, las condiciones para comprar estas obligaciones se aplicaron a partir de esa fecha.

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Nuevos modelos de actas para la Inspección de Tributos en Aduanas

Esta resolución establece nuevos modelos oficiales para los documentos que utiliza la Inspección de Tributos cuando realiza sus comprobaciones dentro de las instalaciones de las Aduanas. El objetivo es adaptar estos documentos a la normativa vigente y asegurar que recojan toda la información necesaria de forma clara y completa.

Lo que cambia concretamente es la forma en que se documentan las actuaciones de la Inspección en las aduanas. Se aprueban unos modelos específicos que deberán ser utilizados, y se dan instrucciones sobre cómo rellenarlos. Si la información es muy extensa, se podrá adjuntar un anexo que formará parte del acta. Las actas se harán por triplicado, entregando una copia a la persona o empresa inspeccionada.

La entrada en vigor de estos nuevos modelos no es inmediata. La Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales determinará la fecha exacta en la que deberán empezar a usarse, una vez dispongan de los medios necesarios. Hasta entonces, se seguirán utilizando los modelos antiguos de manera transitoria.

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Identificación oficial para inspectores de impuestos

Esta resolución establece la creación y el uso de una tarjeta de identidad oficial para el personal que realiza labores de inspección en materia de tributos. Su objetivo es acreditar la identidad de estos funcionarios en el ejercicio de sus funciones, tal como exige la normativa vigente.

Concretamente, se aprueba un modelo de tarjeta que los inspectores deberán portar. Esta tarjeta se les entregará al comenzar sus funciones y se les retirará al cesar en ellas, pudiendo ser reemplazada si se pierde o deteriora. También se especifica quién debe firmar estas tarjetas dependiendo del ámbito de actuación del inspector.

La norma entró en vigor el 28 de septiembre de 1987, fecha de su publicación. Su aplicación es nacional, afectando a todos los funcionarios de la inspección tributaria que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa.

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