El Horno

Actualización de normas para exportar productos

Esta orden ministerial adapta las listas de productos que necesitan permisos especiales para ser exportados. El motivo principal es la entrada en vigor de un nuevo Arancel de Aduanas, que cambia la forma de identificar las mercancías, pasando de códigos alfanuméricos a códigos numéricos. Esto es necesario para que los sistemas de identificación de los productos sigan siendo correctos y funcionales.

Concretamente, se modifican las listas que detallan qué productos requieren una notificación previa antes de exportarlos o una autorización administrativa para poder hacerlo. El objetivo es simplificar y unificar la información, facilitando que las empresas conozcan las reglas y que las administraciones puedan aplicarlas de manera más eficiente.

La orden entra en vigor el 1 de enero de 1988, coincidiendo con la aplicación del nuevo Arancel de Aduanas. Por lo tanto, a partir de esa fecha, las empresas que deseen exportar deberán consultar las nuevas listas actualizadas para cumplir con la normativa vigente.

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Adaptación de Estatutos de Cooperativas a Nueva Ley

Esta orden establece las normas y requisitos que las cooperativas ya existentes debían seguir para actualizar sus estatutos a la Ley General de Cooperativas de 1987. El objetivo era asegurar que todas las cooperativas se ajustaran a la nueva legislación, que introducía cambios importantes y mayor flexibilidad en su funcionamiento.

Concretamente, se definieron los procedimientos para la aprobación de los nuevos estatutos por parte de la asamblea general, requiriendo una mayoría simple de votos. También se especificó la información que debía incluirse en la escritura pública de adaptación, como el texto completo de los estatutos modificados y detalles sobre el capital social.

Aunque la ley general entró en vigor en 1987, esta orden se publicó el 29 de diciembre de 1987 para detallar cómo debía realizarse la adaptación. La adaptación voluntaria se permitía desde entonces, mientras que la obligatoria se fijaría en un calendario posterior.

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Adiós a deudas muy pequeñas que Hacienda no cobrará

Esta orden ministerial de 1987 establece que Hacienda dará de baja automáticamente ciertas deudas que sean muy pequeñas y que no compensa reclamar. El objetivo es agilizar la gestión y evitar gastar más en cobrar que lo que se recupera.

Concretamente, se anularán las deudas que, una vez intentado el cobro normal, no superen las 10.000 pesetas (unos 60 euros actuales). Tampoco se reclamarán los intereses de demora si estos son inferiores a 2.000 pesetas (unos 12 euros actuales). Esto significa que si debes una cantidad muy pequeña, es probable que la administración deje de reclamártela.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, a finales de 1987. Por lo tanto, esta medida lleva vigente muchas décadas, afectando a la forma en que la Hacienda Pública gestiona las deudas de menor cuantía.

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Pequeños ajustes en normas de contabilidad de 1987

Esta orden ministerial se refiere a la corrección de errores detectados en una orden anterior de 1987 que establecía cómo cerrar las cuentas públicas de ese año. Básicamente, se trata de arreglar fallos tipográficos y de redacción para que las normas contables sean claras y precisas.

Lo que cambia son detalles muy concretos en la forma de escribir ciertas palabras o frases dentro de la orden original. Por ejemplo, se corrige una 's' que faltaba en la palabra 'contabilizará' o se ajusta la redacción de un párrafo sobre la contabilidad del Ministerio de Defensa.

Esta corrección de erratas entró en vigor el mismo día de su publicación, el 29 de diciembre de 1987, para asegurar que la orden original se aplicara correctamente desde su fecha de publicación inicial.

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Normas para importar y exportar temporalmente para transformar productos

Esta resolución aclara cómo funciona un sistema llamado "perfeccionamiento activo". Básicamente, permite que empresas importen temporalmente materiales o productos de fuera de la Unión Europea para transformarlos, repararlos o ensamblarlos, y luego exportar los productos resultantes. El objetivo es facilitar la producción y el comercio dentro de Europa.

Lo que cambia concretamente es que se detallan las definiciones y los procedimientos para aplicar este régimen. Se explican qué son las operaciones de perfeccionamiento (como la fabricación o reparación), los productos que resultan de ellas (principales y secundarios), y quiénes pueden acogerse a este sistema (empresas establecidas en la UE o, en algunos casos, fuera).

Esta normativa entra en vigor en 1987, ya que es una resolución que desarrolla una orden ministerial anterior de ese mismo año. Su propósito es asegurar que las empresas puedan operar de manera eficiente y conforme a las reglas europeas vigentes en ese momento.

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Corrección de errores en un decreto sobre listas electorales de 1987

Este documento se refiere a una corrección de pequeños errores detectados en un Real Decreto de 1987. Este decreto original trataba sobre la exposición pública de las listas electorales provisionales y su entrada en vigor. La corrección no altera el fondo de la ley, sino que subsana fallos tipográficos o de redacción para asegurar que el texto oficial sea el correcto.

Lo que cambia concretamente son algunas palabras mal escritas o la omisión de alguna letra en el texto original del Real Decreto. Por ejemplo, se corrige una palabra mal escrita y se ajusta el singular por el plural en la mención a una oficina. Estos cambios son puramente formales y no afectan a los derechos o deberes de los ciudadanos ni al funcionamiento del proceso electoral.

La entrada en vigor de esta corrección se produce a partir de la fecha de su publicación, que fue el 28 de diciembre de 1987. Es importante entender que esta corrección se aplica a un decreto que ya estaba vigente y que su propósito es garantizar la exactitud del documento legal publicado.

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Pequeñas correcciones en una ley fiscal de 1987

Esta resolución no es una ley nueva, sino una corrección de errores detectados en una ley de 1987 que trataba sobre un impuesto llamado Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Este impuesto grava, por ejemplo, la compra de viviendas de segunda mano o la compra de acciones. La ley original permitía que las Comunidades Autónomas recibieran parte de los ingresos de este impuesto.

Lo que cambia concretamente son pequeños detalles en la redacción de la ley. Se corrigen faltas de ortografía, se aclara la redacción de algunos puntos para que se entiendan mejor, especialmente en lo referente a documentos financieros como letras de cambio o pagarés y dónde deben tributar. También se ajustan algunas referencias a otras leyes y la fecha de entrada en vigor de la ley original.

Estas correcciones entraron en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 24 de diciembre de 1987. Es decir, estas modificaciones ya estaban vigentes desde finales de 1987.

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Ampliación de la cesión de un impuesto a las Comunidades Autónomas

Esta ley modifica la cesión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a las Comunidades Autónomas. Anteriormente, la cesión solo cubría las transmisiones patrimoniales y operaciones societarias, pero no los actos jurídicos documentados.

Lo que cambia concretamente es que ahora los actos jurídicos documentados también se ceden a las Comunidades Autónomas. Esto significa que las comunidades tendrán mayor capacidad para gestionar y recaudar este tipo de impuestos, fortaleciendo su autonomía financiera.

La ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 23 de diciembre de 1987. Su objetivo era consolidar el sistema de financiación autonómica y dar más competencias a las comunidades.

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Nuevo sistema para clasificar productos en aduanas

Esta orden establece un sistema unificado llamado TARIC para clasificar todas las mercancías que entran y salen de España. Su objetivo es facilitar tanto las operaciones aduaneras como la recopilación de estadísticas sobre el comercio exterior, asegurando que se apliquen correctamente las normativas comunitarias y nacionales.

Lo que cambia es la forma en que se identifican los productos. Se crea un código numérico más detallado que incluye información adicional para reflejar medidas específicas de la Unión Europea y de España. Esto permite una gestión más precisa de aranceles, impuestos y otras regulaciones comerciales.

Este nuevo sistema, el TARIC, entró en vigor el 1 de enero de 1988. Su implantación buscaba que tanto los operadores económicos como la propia administración aduanera dispusieran de una herramienta operativa y funcional común desde esa fecha.

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Cataluña cuestiona una norma estatal sobre aduanas

Este documento informa sobre un conflicto entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno central. La Generalidad ha presentado una queja ante el Tribunal Constitucional porque considera que una orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1987, que regula los depósitos aduaneros, invade competencias que corresponden a Cataluña.

Lo que cambia concretamente es que se está revisando si la norma estatal sobre cómo gestionar y almacenar mercancías en aduanas es correcta o si debería ser Cataluña quien tuviera más control sobre estos aspectos en su territorio. El objetivo es aclarar quién tiene la autoridad para legislar en esta materia.

La decisión sobre este asunto se está tramitando actualmente. La admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional significa que el caso se estudiará en profundidad para resolver la disputa de competencias entre ambas administraciones.

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Más entidades públicas deberán informar sobre sus gastos

Este Real Decreto amplía la obligación de informar a la Hacienda Pública sobre las operaciones económicas realizadas. Hasta ahora, principalmente empresarios y profesionales debían presentar una declaración anual detallando sus transacciones con terceros. El objetivo es mejorar la recaudación y la lucha contra el fraude fiscal.

Lo que cambia concretamente es que ahora también las diversas entidades del sector público, como la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas, ayuntamientos, organismos autónomos, e incluso colegios profesionales y mutuas, deberán presentar esta declaración. Esto incluye las compras de bienes y servicios que realicen, incluso si no forman parte de una actividad empresarial o profesional, y también las subvenciones que paguen.

Este Real Decreto entró en vigor el 19 de diciembre de 1987, el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Su aplicación fue inmediata para las entidades afectadas.

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Más seguridad para tu dinero en el banco

Este Real Decreto busca hacer que los bancos y otras entidades donde guardas tu dinero sean más seguros. Se trata de asegurar que tengan suficientes fondos propios para cubrir posibles pérdidas, especialmente cuando prestan mucho dinero a una sola persona o empresa.

Lo que cambia es que se refuerzan las reglas sobre cuánto dinero extra deben tener los bancos si concentran muchos préstamos o inversiones en un mismo cliente o grupo. Es como poner un límite más estricto para evitar que un problema con un gran deudor afecte a todos los clientes.

Este cambio entró en vigor el 19 de diciembre de 1987, modificando una normativa anterior de 1985. El objetivo es proteger mejor tus ahorros y la estabilidad del sistema financiero en general.

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Aprobación del modelo para pagar un impuesto sobre la leche

Esta orden ministerial establece el formulario oficial, conocido como modelo 451, que deben usar las empresas para declarar y pagar un impuesto específico. Este impuesto, llamado tasa de corresponsabilidad, se aplica al sector de la leche y sus productos derivados. Su objetivo es que los propios agentes del sector contribuyan a la financiación de medidas relacionadas con la producción y comercialización de estos alimentos.

Concretamente, la orden detalla cómo rellenar el modelo 451, cuántos ejemplares se necesitan y para quién son. También indica los plazos para presentar esta declaración y realizar el pago, que generalmente es a finales de cada mes. Se busca así unificar y simplificar el proceso de recaudación de esta tasa europea.

La orden entró en vigor el 18 de diciembre de 1987, aunque las normas que la fundamentan provienen de reglamentos europeos de 1977 y un real decreto español de 1986. Esto significa que el sistema de pago que regula esta orden ya estaba en marcha, pero se necesitaba este modelo específico para su correcta aplicación y control.

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Ayudas para impulsar la economía en zonas desfavorecidas

Este Real Decreto establece las normas para conceder ayudas económicas destinadas a corregir las diferencias de desarrollo entre distintas zonas de España. Su objetivo es fomentar la inversión en aquellas áreas que presentan mayores dificultades económicas, para que puedan competir en igualdad de condiciones con el resto del territorio y así mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Se busca un crecimiento económico más equilibrado en todo el país.

Lo que cambia es que se simplifican y actualizan las formas de dar estas ayudas, adaptándolas a las normativas europeas y a la organización territorial actual de España. Se definen las zonas que pueden recibir estas ayudas, los tipos de inversión que se apoyarán y las condiciones para obtenerlas. La idea es que el mercado por sí solo no es suficiente para lograr este equilibrio, por lo que se interviene con estos incentivos.

Este reglamento entró en vigor el 15 de diciembre de 1987. Fue desarrollado para aplicar la Ley 50/1985, que fue la que inició esta reforma. Su aplicación se realiza en dos fases: primero, se establecen las reglas generales comunes a todas las zonas; y segundo, se definen las particularidades de cada zona específica que pueda recibir estas ayudas.

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Más dinero para préstamos oficiales

Esta orden ministerial permite al Instituto de Crédito Oficial (ICO) emitir más pagarés, que son como letras de cambio para conseguir financiación. Básicamente, el ICO pide prestado dinero a inversores para poder seguir ofreciendo préstamos a empresas y proyectos que necesiten financiación.

Lo que cambia es que se aumenta el límite máximo de dinero que el ICO puede tener en circulación a través de estos pagarés. Antes estaba fijado en 25.000 millones de pesetas, y ahora se amplía hasta los 35.000 millones de pesetas. Esto significa que el ICO tendrá más recursos para prestar.

Esta orden entró en vigor el 12 de diciembre de 1987, que es la fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Es una medida para asegurar que el ICO pueda seguir cumpliendo su función de financiar la economía española.

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Nace la Agencia del Aceite de Oliva

Esta ley crea un organismo público llamado la Agencia para el Aceite de Oliva. Su propósito principal es gestionar y controlar aspectos relacionados con las ayudas y la producción de aceite de oliva en España, siguiendo las directrices de la Unión Europea. La agencia tendrá su propia personalidad jurídica y presupuesto para poder operar de forma autónoma.

Lo que cambia es la creación de una entidad específica y con autonomía para llevar a cabo las tareas de control y gestión de las ayudas al aceite de oliva. Esto implica que tendrá capacidad para contratar su propio personal, organizar sus actividades y realizar los gastos necesarios, dotando a sus agentes de los poderes para cumplir con sus funciones.

Esta ley fue aprobada y entró en vigor el 12 de diciembre de 1987, estableciendo las bases para el funcionamiento de este organismo desde esa fecha.

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Nuevos modelos para cotizar a la Seguridad Social

Esta resolución establece los modelos oficiales que las empresas deben usar para calcular y pagar las cuotas de la Seguridad Social de ciertos grupos de trabajadores. Esto se debe a que algunos colectivos, como los representantes de comercio, artistas, toreros y ferroviarios, tienen particularidades en cómo cotizan y en los beneficios que reciben, especialmente en lo referente a la edad de jubilación.

Concretamente, se aprueban formularios específicos (modelos TC.1 y TC.2) para que las empresas informen correctamente sobre estos trabajadores. Esto es necesario para gestionar adecuadamente sus cotizaciones y asegurar que se apliquen las reducciones de edad de jubilación que les corresponden por la naturaleza peligrosa o penosa de sus actividades.

La normativa entra en vigor en el momento de su publicación, aunque las bases para estas particularidades se establecieron en Reales Decretos y Órdenes anteriores, principalmente a partir de 1986 y 1987. Su objetivo es asegurar una correcta administración de la Seguridad Social para estos colectivos específicos.

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El ICO emite bonos para captar fondos

Esta orden ministerial autoriza al Instituto de Crédito Oficial (ICO) a emitir bonos para obtener financiación. El ICO es una entidad pública que, entre otras cosas, concede préstamos y avales para proyectos de interés económico. La emisión de estos bonos permite al ICO obtener dinero directamente de los mercados financieros para poder seguir desarrollando su labor.

Concretamente, se autoriza una emisión de bonos por un valor inicial de 8.000 millones de pesetas, que podría ampliarse hasta 15.000 millones. Cada bono tendrá un valor de 10.000 pesetas. Los inversores podrán comprar estos bonos entre el 11 y el 31 de diciembre de 1987. El ICO devolverá el dinero invertido a los cuatro años, aunque los tenedores de bonos podrán solicitar la devolución al tercer año. Se establece un interés anual del 12,25%.

Esta orden entró en vigor el 12 de diciembre de 1987, un día después de su publicación. La suscripción de los bonos se realizó a finales de ese mismo año, y la amortización se efectuó en los años posteriores según lo establecido.

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Cambios en la importación de productos de países mediterráneos

Esta orden ministerial actualiza las normas para importar ciertos productos procedentes de Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Túnez y Turquía. Anteriormente, estas importaciones estaban sujetas a notificaciones previas y autorizaciones administrativas, siguiendo un régimen similar al de otros países con acuerdos comerciales.

Lo que cambia es que, tras la firma de acuerdos comerciales con estos países y su entrada en vigor a nivel europeo, se modifican las listas de productos que requieren estos trámites. Esto significa que la forma en que se gestionan las importaciones de estas mercancías específicas se adapta a los nuevos acuerdos.

La orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que implica que los cambios se aplicarán de forma inmediata una vez que se haga oficial.

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Exención fiscal para el Liceo Francés en Madrid

Este Real Decreto aclara una situación fiscal relacionada con la propiedad de unos inmuebles en Madrid que pertenecen al Estado francés, específicamente al Liceo Francés. Anteriormente, estos edificios estaban registrados a nombre de una asociación benéfica francesa, pero en realidad eran propiedad del Estado francés.

Lo que cambia es que el reconocimiento de la propiedad del Estado francés sobre estas fincas, realizado por la asociación benéfica, queda exento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Esto significa que no se tendrá que pagar este impuesto por este reconocimiento de dominio.

Este Real Decreto entró en vigor el 5 de diciembre de 1987, estableciendo la exención fiscal para este acto específico y facilitando la operación de venta posterior de estos inmuebles.

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Nuevo marco para la Policía Nacional

Este Real Decreto establece las normas generales que rigen la estructura, el personal y los símbolos del Cuerpo Nacional de Policía. Su objetivo es organizar de manera más eficiente y clara las diferentes escalas y categorías de los agentes, así como definir sus funciones y la forma en que deben ser identificados por los ciudadanos.

Concretamente, se detallan las escalas y categorías del personal, se definen las funciones asociadas a cada una, y se establecen las directrices para los uniformes, distintivos y armamento. Además, se crea un registro de personal para facilitar el desarrollo profesional de los agentes y asegurar que los puestos sean ocupados por los más cualificados.

Este Real Decreto entró en vigor el 5 de diciembre de 1987, un año después de la aprobación de la Ley Orgánica que unificó los cuerpos policiales y sentó las bases para este nuevo modelo policial.

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Actualización de normas para clasificar productos en aduanas

Esta orden ministerial actualiza un índice que sirve como guía oficial para clasificar correctamente los productos que entran o salen de España. Su objetivo es asegurar que todos los productos se clasifiquen de la misma manera, facilitando así la aplicación uniforme del arancel de aduanas, que son los impuestos que se pagan por importar o exportar mercancías.

Lo que cambia concretamente es la incorporación de nuevas reglas o criterios de clasificación. Estos criterios se añaden a los ya existentes y ayudan a determinar a qué categoría específica pertenece cada producto. Por ejemplo, se detallan cómo clasificar ciertos tipos de hojas de plástico o fundas protectoras para el calzado, basándose en sus materiales y fabricación.

La orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esto significa que las nuevas reglas de clasificación se aplican de forma inmediata una vez que se hacen públicas, garantizando así la actualización constante de los procedimientos aduaneros.

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Acreditar estar al día con la Seguridad Social para recibir ayudas públicas

Esta orden establece que, para poder cobrar ayudas y subvenciones del Estado, es obligatorio estar al corriente de pago con la Seguridad Social. Esto significa que las empresas o autónomos que reciban dinero público deberán demostrar que están inscritos en la Seguridad Social, que han dado de alta a sus trabajadores y que pagan sus cuotas puntualmente.

Lo que cambia concretamente es que, además de cumplir otros requisitos, se añade esta comprobación obligatoria. Se considerará que se cumplen las obligaciones si la empresa está inscrita, los trabajadores están dados de alta y se pagan todas las cuotas y deudas pendientes con la Seguridad Social. Esta acreditación se realizará mediante un certificado oficial.

Esta orden entró en vigor el 5 de diciembre de 1987. Su objetivo es asegurar que quienes reciben fondos públicos también cumplen con sus responsabilidades sociales básicas, como la cotización a la Seguridad Social, garantizando así un uso más responsable de los recursos del Estado.

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Nuevos formularios para licencias fiscales de actividades

Esta orden ministerial aprueba nuevos modelos de documentos, llamados 830 y 881, que se utilizarán para realizar trámites relacionados con las licencias fiscales de actividades profesionales, comerciales e industriales. El objetivo es simplificar y agilizar los procesos para los ciudadanos y las empresas que desarrollan estas actividades.

Concretamente, estos nuevos formularios servirán para declarar el inicio de una actividad (alta), el cese de la misma (baja), comunicar un cambio de domicilio o rectificar cualquier dato que se haya registrado previamente en la licencia fiscal. Se busca que la gestión de los censos fiscales sea más eficiente y rápida.

La entrada en vigor de estos nuevos modelos está prevista para el 1 de enero de 1988. A partir de esa fecha, todos los trámites mencionados deberán realizarse utilizando estos formularios actualizados, que sustituyen a los modelos anteriores aprobados en 1983 y 1980, con la excepción del modelo TP-12 para artistas que seguirá vigente.

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Control sobre el comercio de ciertos químicos

Esta orden ministerial establece que la importación y exportación de una lista específica de productos químicos ahora requieren una autorización administrativa previa. Esto significa que para poder comprar o vender estos productos desde o hacia el extranjero, se necesita un permiso del gobierno.

La medida afecta a ciudadanos y empresas que manejen estos químicos, ya que deberán solicitar y obtener dicha autorización antes de realizar cualquier operación comercial. El objetivo es controlar sustancias que, por su naturaleza, pueden ser transformadas en productos peligrosos.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 6 de diciembre de 1987. Por lo tanto, cualquier operación con estos productos realizada después de esa fecha sin la debida autorización sería ilegal.

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Más dinero para los empleados públicos de Aragón en 1987

Esta ley trata sobre la aprobación de un dinero extra, 290 millones de pesetas, para pagar los gastos adicionales que surgieron por aplicar un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores de la Diputación General de Aragón. Antes, había varios acuerdos diferentes que hacían que los sueldos fueran muy distintos entre los empleados.

Lo que cambia es que se unifican los salarios de la mayoría de los trabajadores (el 88%) para que cobren de forma más parecida. Esto busca que las condiciones de trabajo sean más justas y equitativas, facilitando también que los empleados puedan cambiar de puesto si es necesario. El dinero extra se destina a cubrir la diferencia salarial.

Esta ley se aprobó y entró en vigor en 1987. Su objetivo era poner orden y equidad en las condiciones laborales de quienes trabajan para el gobierno de Aragón, asegurando que todos tuvieran un trato salarial más homogéneo.

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Nuevos modelos para la declaración anual del IVA

Esta orden ministerial establece los nuevos formularios que las empresas y autónomos deben usar para presentar su declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El objetivo es simplificar y actualizar el proceso de declaración, adaptándolo a la experiencia adquirida desde la implantación del impuesto.

Concretamente, se aprueban dos modelos: el modelo 390 para la mayoría de los obligados tributarios y el modelo 391 para aquellos que se acogen al régimen simplificado del IVA. Ambos modelos, que constan de tres copias, deberán presentarse junto con la declaración del último trimestre o mes del año fiscal, adjuntando las declaraciones trimestrales o mensuales correspondientes a todo el año.

Esta orden entró en vigor el 4 de diciembre de 1987, derogando la normativa anterior de 1986. Su aplicación es a nivel nacional y afecta a todos los sujetos pasivos del IVA que deban realizar esta declaración resumen anual.

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Ayudas para pescadores costeros

Esta norma establece cómo los barcos dedicados a la pesca costera pueden beneficiarse de un tipo de gasóleo más barato, el gasóleo B, que tiene menos impuestos. El objetivo es facilitarles la gestión y el control de estas ayudas fiscales, haciendo que el proceso sea más sencillo y transparente para ellos.

Lo que cambia concretamente es la forma en que se registra y se informa sobre quiénes son los pescadores que tienen derecho a este beneficio. Se crea un censo detallado de armadores y barcos, y se establecen procedimientos para que las compañías que venden el gasóleo puedan aplicar la exención de impuestos y reportar los datos de forma electrónica.

Esta circular entró en vigor en 1987, aunque las bases para estas ayudas ya se habían establecido en una orden ministerial de abril de 1986. Su aplicación se centra en el suministro de gasóleo B a embarcaciones de pesca costera, buscando optimizar la gestión de los beneficios fiscales asociados.

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Cessation des missions de recouvrement Cette ordonnance du 23 novembre 1987 met fin aux missions de recouvrement confiées par le ministère de l’Économie et des Finances aux délégations de l’administration fiscale ainsi qu’aux collecteurs de l’État et de zone. Elle concerne toutes les délégations de l’Hacienda, les provinces, les communautés autonomes uniprovinciales et les agents de recouvrement en poste. Concrètement, à compter du 31 décembre 1987, les missions de recouvrement ne sont plus déléguées ; les délégations et administrations fiscales reprennent directement la collecte des impôts, et les collecteurs cessent leurs fonctions d’organes de recouvrement. Cette centralisation vise à uniformiser le dispositif et à simplifier la gestion budgétaire. La mesure entre en vigueur dès le 31 décembre 1987, date fixée pour coïncider avec la clôture de l’exercice fiscal. À partir de ce jour, les agents de recouvrement sont libérés de leurs fonctions et les services fiscaux assument pleinement les tâches de collecte.

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