El Horno

Nuevo Pasaporte Español Adaptado a Europa

Este Real Decreto actualiza la normativa española sobre la expedición de pasaportes para adaptarla a un modelo uniforme establecido por las Comunidades Europeas. El objetivo es que nuestros pasaportes cumplan con los estándares europeos, facilitando así los viajes y trámites internacionales.

Los cambios principales incluyen la adopción de un diseño y formato común, la modificación de la información que aparece en el pasaporte y la ampliación de su periodo de validez. Para los mayores de treinta años, el pasaporte pasará a tener una validez de diez años en lugar de cinco, simplificando así la renovación.

La entrada en vigor de esta normativa se produjo tras su aprobación en el Consejo de Ministros el 16 de septiembre de 1988, modificando el Real Decreto anterior sobre expedición de pasaportes.

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Se crea la Agencia para el Aceite de Oliva

Este Real Decreto establece la organización interna de la Agencia para el Aceite de Oliva. Su principal misión es asegurar los controles y actividades necesarios para gestionar las ayudas destinadas a la producción y al consumo de aceite de oliva, tal como exigen las normativas europeas. La Agencia actúa como un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Concretamente, se definen los órganos de gobierno de la Agencia: el Director, que se encarga de la gestión y dirección, y un Consejo Asesor, que servirá como órgano de consulta y participación. El Director, con un alto cargo, será nombrado por el Ministerio y tendrá la responsabilidad de representar a la Agencia en todos los ámbitos.

Este Real Decreto entró en vigor el 21 de septiembre de 1988, tras su aprobación por el Consejo de Ministros el 16 de septiembre de ese mismo año. Su objetivo era dar cumplimiento a las leyes españolas y a las directrices de la Comunidad Económica Europea relacionadas con el sector del aceite de oliva.

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Corrección de errores en el Arancel de Aduanas

Este documento se trata de una corrección de errores detectados en un Real Decreto anterior que regula el Arancel de Aduanas. El Arancel de Aduanas es un listado oficial que establece los impuestos (aranceles) que se aplican a los productos que entran o salen de España. Su objetivo es regular el comercio internacional y proteger la producción nacional.

Lo que cambia concretamente son pequeños detalles en la descripción de algunos productos y en los porcentajes de impuestos aplicables a ciertos productos, especialmente en relación con Portugal y en el caso de algunos materiales plásticos y corcho. Estas modificaciones buscan asegurar que la información del arancel sea precisa y evitar confusiones en la aplicación de los impuestos.

La entrada en vigor de estas correcciones se produjo el 20 de septiembre de 1988, fecha en la que se publicó este Real Decreto. Por lo tanto, los cambios que introduce ya están aplicándose en las operaciones de importación y exportación que afectan a los productos mencionados.

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Actualización del Censo Electoral para 1989

Esta orden ministerial establece las normas para actualizar el censo electoral, que es el registro oficial de todas las personas con derecho a voto en España. El objetivo es asegurar que las listas electorales reflejen con precisión quiénes son los ciudadanos aptos para votar en las próximas elecciones.

Concretamente, se revisará el censo del año anterior incorporando las altas y bajas de ciudadanos que cumplan o dejen de cumplir los requisitos para votar. Se incluirán los españoles mayores de 18 años, así como los de 16 y 17 años que cumplan la mayoría de edad antes del 1 de enero de 1989. También se ajustarán las divisiones de los distritos electorales si es necesario.

La revisión se realizará con referencia al 1 de enero de 1989. Los ayuntamientos deberán enviar las modificaciones a la Oficina del Censo Electoral antes del 15 de febrero de 1989, pudiendo hacerlo en formato digital si sus padrones están mecanizados y cumplen los requisitos técnicos.

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Actualización de límites para dietas exentas de impuestos

Esta orden ministerial establece nuevas cantidades máximas para las dietas de manutención, estancia y gastos de locomoción que están exentas de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esto afecta a aquellos ciudadanos que reciben estas dietas por desplazamientos laborales, ya sean dentro de España o en el extranjero.

Concretamente, se fijan en 25.000 pesetas diarias para desplazamientos nacionales y 47.000 pesetas diarias para desplazamientos al extranjero como límites para las dietas de manutención y estancia que no requieren justificación detallada. Los gastos de locomoción no están incluidos en estas cantidades.

La medida entró en vigor el 1 de julio de 1988, actualizando las cifras anteriores para reflejar los cambios en las dietas de los funcionarios públicos.

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Nuevos puestos de trabajo en el Fondo de Garantía Salarial

Esta resolución aprueba la lista oficial de los puestos de trabajo del personal funcionario que forman parte del Organismo autónomo Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Básicamente, se trata de definir y organizar las plazas laborales dentro de este organismo público.

Lo que cambia concretamente es que se aprueba una nueva relación de puestos de trabajo que sustituye a la que estaba vigente hasta ahora. Esto implica una actualización y posible redefinición de las funciones y características de cada puesto, asegurando que la estructura del organismo se ajuste a las necesidades actuales.

Esta nueva relación de puestos de trabajo entra en vigor con efectos económicos desde el 1 de agosto de 1988. Esto significa que las condiciones y retribuciones asociadas a estos puestos se aplicarán desde esa fecha.

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Aprobación de puestos de trabajo en el Centro de Estudios Constitucionales

Esta resolución oficializa la lista de puestos de trabajo dentro del Centro de Estudios Constitucionales, un organismo público dependiente del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. Su objetivo es definir las plazas laborales disponibles y sus características.

Lo que cambia concretamente es que se aprueba una nueva relación de puestos de trabajo que reemplaza a la que estaba vigente hasta ese momento. Esto implica una actualización y posible reordenación de las funciones y plazas dentro del centro.

Los efectos económicos de esta nueva relación de puestos de trabajo se aplicaron desde el 1 de agosto de 1988, aunque la resolución se aprobó el 13 de julio de ese mismo año.

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Organización de puestos de trabajo del Patrimonio Nacional

Esta resolución aprueba una nueva lista de los puestos de trabajo del personal funcionario que trabajan en el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. El Patrimonio Nacional es una entidad pública encargada de gestionar los bienes y propiedades que pertenecen al Estado y tienen un valor histórico o artístico.

Lo que cambia es que esta nueva relación de puestos de trabajo sustituye a la que estaba vigente hasta ahora. Esto significa que se actualiza la forma en que se organizan y definen las funciones y responsabilidades de los empleados públicos dentro de este organismo.

Los efectos económicos de esta nueva organización de puestos de trabajo comenzaron a aplicarse desde el 1 de agosto de 1988, según lo establecido en la resolución.

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Simplificación para exportar pepinos de invierno

Esta orden ministerial de 1988 elimina algunos requisitos que antes eran necesarios para poder exportar pepinos frescos durante el invierno. El objetivo es adaptar la normativa a la realidad del sector, que ha cambiado desde que se creó el registro especial en 1977.

Lo que cambia concretamente es que se suprimen dos puntos específicos (el 2.1.4 y el 2.1.5) que detallaban ciertas condiciones para inscribirse en el Registro Especial de Exportadores de Pepinos Frescos de Invierno. El resto de la orden original de 1977 se mantiene igual.

Esta modificación entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 17 de septiembre de 1988. Por lo tanto, los cambios son aplicables desde esa fecha.

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Regulación de la exportación de tomate fresco de invierno

Esta orden ministerial establece las normas para la exportación de tomate fresco durante la temporada de invierno. Su objetivo es adaptar las regulaciones existentes a las estructuras de comercialización europeas y asegurar un desarrollo ordenado de las campañas de exportación, teniendo en cuenta la evolución del mercado.

Concretamente, la orden define el periodo de comercialización para la exportación, que va del 1 de octubre al 20 de mayo. Establece que las exportaciones son libres a todos los mercados europeos, salvo en momentos específicos que requieran regulación. También prevé la creación de programas indicativos de exportación por volúmenes y coeficientes para diferentes provincias, y detalla el procedimiento para incluir nuevas provincias exportadoras.

La orden entra en vigor a partir de su publicación, estableciendo un marco para la campaña de exportación de tomate fresco de invierno. Las disposiciones específicas para el desarrollo de la campaña serán adoptadas por el Director General de Comercio Exterior mediante resoluciones oportunas.

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Se mantiene la regulación para exportar pepinos de invierno

Esta orden ministerial de 1988 se refiere a las normas que rigen la exportación de pepino fresco cultivado durante el invierno. Su objetivo principal es asegurar que las reglas establecidas en años anteriores sigan vigentes para la campaña de cultivo y venta que abarca de 1988 a 1989.

Lo que cambia concretamente es que no hay cambios. Las condiciones del mercado internacional para este producto no han variado, por lo que se decide prorrogar las órdenes que ya existían. Esto significa que las mismas reglas de exportación que se aplicaron en las campañas anteriores seguirán siendo las que se utilicen para la exportación de pepino fresco de invierno durante la campaña 1988/1989.

Esta orden entró en vigor el día de su publicación, que fue el 17 de septiembre de 1988. Se trata de una medida administrativa que se aplica de forma inmediata para la campaña agrícola y comercial correspondiente.

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Actualización de costes en obras públicas

Esta orden ministerial establece los índices oficiales de precios de la mano de obra y los materiales de construcción que se aplicaron en abril y mayo de 1988 para revisar el coste de los contratos de obras del Estado. Su objetivo es asegurar que los precios de los contratos se ajusten a las variaciones del mercado, evitando que las empresas pierdan dinero o ganen de forma desproporcionada por cambios imprevistos en los costes.

Lo que cambia concretamente es la publicación de unos números (índices) que sirven como referencia. Estos índices, elaborados por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado y aprobados por el Consejo de Ministros, permiten calcular cuánto deben ajustarse los precios de las obras públicas en función de cómo han variado los costes de los trabajadores y los materiales en esos meses específicos de 1988.

La orden entró en vigor tras su publicación, siendo efectiva para los contratos de obras del Estado que se revisaran en función de los precios de abril y mayo de 1988. Es una herramienta administrativa para la gestión de contratos públicos.

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Pequeños ajustes en un modelo de contrato para alquileres informáticos con opción a compra

Esta orden ministerial se refiere a un modelo de contrato específico que se utiliza cuando una administración pública alquila equipos informáticos y tiene la posibilidad de comprarlos al final del contrato. El objetivo de esta corrección es aclarar ciertos puntos para evitar malentendidos.

Lo que cambia es muy concreto. Se añade una pequeña palabra en una cláusula para indicar que la entrega de la programación básica es opcional si no es necesaria, y se amplía la posibilidad de dónde se pueden enviar los datos, no solo a Madrid sino a otros centros que el Ministerio decida. Son modificaciones técnicas para que el contrato sea más preciso.

Esta corrección se aplica desde el mismo momento en que se publicó la orden original, es decir, el 16 de septiembre de 1988. No es una ley nueva, sino una aclaración de una norma ya existente para su correcto uso.

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Rebaja de impuestos para el chocolate portugués

Este Real Decreto modifica los impuestos aplicables a ciertos productos derivados del cacao que provienen de Portugal. El objetivo es facilitar el comercio entre España y Portugal, haciendo que los impuestos sean más parecidos a los que Portugal aplica a productos españoles similares.

Concretamente, se ajustan los impuestos fijos para la importación de chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao, provenientes de Portugal. Esta medida busca equiparar las condiciones comerciales entre ambos países en este sector específico.

La rebaja de estos impuestos tuvo efecto desde el 1 de enero de 1988, aunque el Real Decreto en sí entró en vigor al día siguiente de su publicación oficial.

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Facilita ascensos en la Reserva Activa militar

Esta orden ministerial aclara un requisito para poder ascender dentro de la Reserva Activa de las Fuerzas Armadas. Anteriormente, para ascender, se exigía haber cumplido un tiempo mínimo de servicio efectivo en el empleo antes de pasar a esta situación especial. La norma busca reconocer que el tiempo pasado en la Reserva Activa también cuenta para la progresión profesional.

Lo que cambia concretamente es que ahora se permite que el tiempo mínimo de servicio efectivo necesario para un ascenso se pueda completar una vez que se está en la Reserva Activa. Esto significa que, si se cumplen las demás condiciones para ascender, el tiempo que se pase en esta situación especial podrá ser tenido en cuenta para alcanzar el siguiente rango.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que ocurrió el 10 de septiembre de 1988. Por lo tanto, sus efectos son aplicables desde esa fecha para los militares en situación de Reserva Activa.

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Nuevo modelo para alquilar equipos informáticos con opción a compra por la administración

Esta orden ministerial establece un modelo oficial de documento, llamado pliego de cláusulas administrativas particulares, que se usará para regular los contratos de alquiler de equipos informáticos cuando la administración pública tenga la posibilidad de comprarlos al finalizar el alquiler. Su objetivo es unificar y simplificar estos procesos.

Afecta principalmente a las administraciones públicas que necesiten adquirir o alquilar material informático con la opción de compra futura. El nuevo modelo detalla las condiciones del alquiler, la descripción de los equipos, los gastos de transporte e instalación, y la formación del personal, buscando mayor claridad y eficiencia en la contratación.

La orden entró en vigor el 10 de septiembre de 1988, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de entonces, todos los expedientes de contratación de este tipo que se iniciaran después de esa fecha debían ajustarse a este modelo tipo, salvo modificaciones sustanciales que requerirían un informe jurídico específico.

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Regulación de Peritos y Médicos para el Consorcio de Seguros

Esta orden ministerial establece las normas que deben seguir los peritos tasadores de seguros y los médicos facultativos cuando actúan para el Consorcio de Compensación de Seguros. Su función principal es evaluar y cuantificar los daños sufridos en siniestros, tanto materiales como corporales, para determinar las indemnizaciones correspondientes a las víctimas.

Concretamente, se definen los requisitos y el régimen legal aplicable a estos profesionales cuando intervienen en siniestros cubiertos por el Consorcio, incluyendo aquellos relacionados con seguros agrarios y los que gestiona directamente este organismo. Se busca asegurar una valoración profesional y adecuada de los daños.

Esta disposición entró en vigor en septiembre de 1988, basándose en un Real Decreto anterior que regulaba las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros y en una orden ministerial previa sobre peritos tasadores de seguros en general.

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Actualización de códigos para el comercio exterior

Esta circular de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales actualiza los códigos utilizados en el Arancel Integrado de Aplicación (TARIC). Estos códigos son esenciales para clasificar las mercancías que entran y salen de España, determinando los impuestos y regulaciones aplicables.

Los cambios concretos implican la corrección de errores detectados en publicaciones anteriores y la introducción de adecuaciones necesarias. Por ejemplo, se aclara la unidad de medida para los quilates y se corrigen códigos relacionados con la vigilancia a la importación y la clasificación de mercancías.

La circular entró en vigor en septiembre de 1988, fecha de su publicación. Su objetivo es asegurar que la información aduanera sea precisa y esté actualizada para facilitar el comercio y el control de las operaciones internacionales.

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Corrección en las normas de Lotería y Apuestas Deportivas

Esta resolución aclara detalles sobre cómo se validan los boletos de la Apuesta Deportiva y la Lotería Primitiva. Se trata de una corrección a una norma anterior para asegurar que se entienda correctamente cómo se pueden jugar ciertas apuestas.

Lo que cambia es una pequeña modificación en la redacción de una norma. Específicamente, se corrige un error tipográfico y se aclara que las apuestas múltiples solo se pueden realizar en los boletos de nuevo formato que se validan mecánicamente. También se especifica que en estos boletos se autoriza la apuesta múltiple de 28 para el Bono-Loto.

Esta corrección entró en vigor el 7 de septiembre de 1988, fecha de publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado. Su objetivo es evitar confusiones y asegurar el correcto funcionamiento de los juegos de lotería y apuestas.

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Pequeños ajustes en las reglas de la Quiniela

Esta resolución se refiere a la Quiniela, el popular juego de apuestas deportivas. Lo que se publica hoy son correcciones a unas normas que se aprobaron hace mucho tiempo, en 1988, para aclarar detalles que se habían escrito mal en el Boletín Oficial del Estado. Es como si se corrigiera un error tipográfico en un manual de instrucciones.

Los cambios son muy concretos y afectan a cómo se interpretan ciertas partes de las reglas. Por ejemplo, se aclara una frase en la norma 11 para que se entienda mejor a qué número se refiere, y en la norma 22 se añade la indicación de que un número debe estar impreso en rojo en la tercera columna. Estos son detalles técnicos para que las reglas sean lo más claras posible.

Dado que estas son correcciones a normas de 1988, la fecha de entrada en vigor de estas correcciones es el mismo día de su publicación, el 3 de septiembre de 1988. No se trata de una nueva normativa, sino de asegurar que la antigua se aplique tal y como se pretendía.

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Nuevas normas para validar boletos de lotería y apuestas deportivas

Esta resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado introduce cambios en la forma en que se validan los boletos de la Lotería Primitiva y la Apuesta Deportiva. Hasta ahora, la validación se hacía con un sello engomado, pero se va a introducir un sistema mecánico para hacerlo. Esto significa que los boletos tendrán un nuevo formato y se imprimirán de manera diferente para ser procesados por máquinas.

Concretamente, los nuevos boletos serán mecánicos y tendrán una longitud de 16 centímetros, divididos en tres partes: una para el pronóstico, otra como resguardo para el apostante y una tercera para control del organismo. Aunque el sistema de validación por sello seguirá vigente donde aún no se haya implementado el nuevo sistema, la idea es que progresivamente se sustituya por la validación mecánica.

La entrada en vigor de estas normas no se especifica con una fecha concreta en este extracto, pero se indica que la implantación del sistema mecánico se llevará a cabo durante un periodo de tiempo. Por lo tanto, se trata de una adaptación progresiva a una nueva tecnología para la gestión de estos juegos de azar a nivel nacional.

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Más dinero para educación y asistencia social en Canarias en 1988

Esta ley permite aumentar el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 1988. El objetivo es cubrir gastos urgentes que no podían esperar al año siguiente y que no estaban previstos o eran insuficientes en los presupuestos iniciales.

Concretamente, se destina un suplemento de crédito de más de 3.230 millones de pesetas. Este dinero se utilizará para cubrir necesidades en áreas tan importantes como la educación y la asistencia social, que requerían una mayor dotación económica.

La ley entró en vigor el 24 de agosto de 1988, tras ser aprobada por el Parlamento de Canarias y promulgada por el Presidente del Gobierno. Su propósito era asegurar la atención a servicios públicos esenciales.

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Corrección en una norma antigua sobre patatas para Canarias

Esta orden ministerial, publicada en 1988, tiene como objetivo corregir un error en un texto anterior que fijaba las condiciones para importar patatas destinadas al consumo en las Islas Canarias. Se trata de una rectificación de un detalle administrativo, no de un cambio en las reglas de importación en sí.

El cambio concreto es la sustitución del nombre de una persona, el Secretario de Estado de Comercio, que aparecía erróneamente en la publicación original del Boletín Oficial del Estado. Se corrige el nombre para que sea el correcto, asegurando la validez formal del documento.

Esta corrección se hace efectiva con la publicación de esta nueva orden, que rectifica el error. Al ser una corrección de un texto ya publicado, su entrada en vigor es inmediata para subsanar la imprecisión existente.

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Actualización del sistema de aranceles para el comercio exterior

Esta resolución actualiza el sistema de aranceles integrado llamado TARIC, que se utiliza para clasificar y gravar las mercancías que entran y salen de España. El objetivo es mantenerlo al día con las normativas europeas y facilitar el comercio.

Lo que cambia concretamente es que se modifican las clasificaciones y los impuestos asociados a ciertos productos. Esto se hace para que el sistema español esté en sintonía con las actualizaciones que la Unión Europea realiza en su propia nomenclatura arancelaria y para añadir información útil para los que importan o exportan.

La entrada en vigor de esta actualización se produce el 24 de agosto de 1988, aunque el sistema TARIC se implantó en España a principios de ese mismo año. Es un proceso continuo para asegurar que el arancel refleje las normativas vigentes.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-06-05 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 29 de julio de 1988, de la Dirección General del Centro de Gestión ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 29 de julio de 1988 establece medidas de ejecución de la Orden de 7 de noviembre de 1986, relacionada con el Reglamento General de la Inspección de Tributos en el ámbito del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.

2. CONTEXTO La Resolución se emite en el marco de la gestión tributaria y catastral en España. Se refiere a la Orden de 1986, que desarrolla el Reglamento General de la Inspección de Tributos. La norma busca regular aspectos específicos de la inspección tributaria dentro del ámbito competencial del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 29 de julio de 1988, emitida por la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, tiene por objeto la ejecución de determinados aspectos de la Orden de 7 de noviembre de 1986, que desarrolla el Reglamento General de la Inspección de Tributos. En concreto, se refiere a la aplicación de dicha Orden en el ámbito de la competencia del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.

La Resolución establece que el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria debe aplicar las normas establecidas en la Orden de 1986 en los casos en que se relacionen con la inspección de tributos, especialmente en materia de gestión catastral y tributaria. Se detalla que dicha aplicación se realizará de acuerdo con los principios generales del Reglamento General de la Inspección de Tributos, y se establecen procedimientos específicos para la atención de las gestiones relacionadas con la inspección de tributos en el ámbito del Centro.

Además, la Resolución establece que el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria debe garantizar la coordinación entre los distintos organismos implicados en la inspección de tributos, y debe velar por el cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión tributaria. Se menciona que dicha coordinación se realizará mediante la elaboración de informes técnicos y la realización de visitas de inspección cuando sea necesario.

La Resolución también establece que el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria debe velar por la protección de los derechos de los contribuyentes, garantizando que las actuaciones de inspección se realicen de forma respetuosa con los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso.

En cuanto a la organización interna del Centro, se establece que se debe garantizar la adecuada distribución de funciones entre los distintos servicios, con el fin de garantizar la eficacia en la gestión de las actuaciones de inspección. Se menciona que dicha organización debe permitir la rápida y eficiente atención a las gestiones relacionadas con la inspección de tributos.

En resumen, la Resolución de 1988 tiene por objeto la aplicación de la Orden de 1986 en el ámbito del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, con el fin de garantizar una gestión eficiente y transparente de la inspección de tributos en el ámbito de su competencia.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución de 1988 establece la aplicación de la Orden de 1986 en el ámbito del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. Se detalla la organización interna y los procedimientos para la inspección de tributos. La norma busca garantizar una gestión eficiente y transparente.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Aplicación de la Orden de 1986: La Resolución establece que el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria debe aplicar los principios establecidos en la Orden de 1986. ⚠️ Coordinación interna: Se menciona la necesidad de una organización interna adecuada para garantizar la eficacia en la gestión de la inspección de tributos. 📋 Procedimientos específicos: Se detallan procedimientos como la realización de visitas de inspección y la elaboración de informes técnicos. ℹ️ Protección de derechos: Se establece la protección de los derechos de los contribuyentes en las actuaciones de inspección.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

El Parlamento Vasco impugna la Ley de Televisión Privada ante el Tribunal Constitucional

El Parlamento Vasco ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para cuestionar varios puntos de la Ley de Televisión Privada, aprobada en mayo de 1988. Este recurso busca revisar la legalidad de aspectos clave de esta ley que regula la televisión de ámbito nacional.

Lo que cambia concretamente es que el Tribunal Constitucional estudiará si las partes impugnadas de la ley respetan la Constitución española. El Parlamento Vasco considera que algunos artículos, especialmente aquellos relacionados con el concepto de 'concesión administrativa' y la titularidad estatal, podrían ser inconstitucionales.

Este proceso judicial se inició con la admisión a trámite del recurso el 12 de agosto de 1988. Los resultados de esta impugnación determinarán la validez de los preceptos cuestionados de la Ley de Televisión Privada.

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Se establece un pago para igualar impuestos en combustibles importados

Este acuerdo determina una cantidad que deben pagar quienes importan productos petrolíferos a España. El objetivo es que estos productos paguen los mismos impuestos que los fabricados aquí, asegurando una competencia justa. Se busca equiparar la carga fiscal para que no haya una ventaja económica por importar.

Concretamente, se define cómo calcular esta cantidad. Se resta del precio de venta al público el coste de adquisición del producto nacional, los gastos de distribución y los impuestos aplicables. El Gobierno fija estas cifras para asegurar que el pago sea equivalente al beneficio que el Estado obtiene con los productos nacionales.

Este acuerdo fue aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de julio de 1988 y publicado el 19 de agosto de 1988. Entró en vigor a partir de su publicación, afectando a las importaciones de productos petrolíferos a partir de esa fecha.

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Gratuidad en estudios de Bachillerato y COU desde 1987

Esta ley aclara que los estudios de Bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en centros públicos, así como el COU, debían ser gratuitos desde el curso académico 1987/1988. La intención era evitar el cobro de tasas que luego serían suprimidas, lo que habría generado complicaciones para devolver el dinero.

Lo que cambia concretamente es que se fija oficialmente la gratuidad para el curso 1987/1988, asegurando que no se cobren tasas por esos estudios. Además, se establece que a partir del curso 1988/1989, los alumnos de COU también estarán exentos del pago de tasas académicas y administrativas.

La ley entra en vigor con efectos retroactivos para el curso académico 1987/1988, es decir, se aplica como si hubiera estado vigente desde el inicio de ese curso. Para el COU, la exención de tasas se aplica desde el curso 1988/1989.

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Fijación del precio para importar patatas a Canarias

Esta orden establece una cantidad específica que se debe pagar para poder importar patatas destinadas al consumo en las Islas Canarias. El objetivo es regular el mercado y proteger la producción local frente a las importaciones. Afecta directamente a quienes deseen traer patatas a las islas para venderlas.

Concretamente, se fija un pago de 12 pesetas por cada kilogramo de patata importada. Esta medida busca equilibrar la competencia entre las patatas producidas en Canarias y las que vienen de fuera, asegurando que los agricultores canarios puedan vender sus productos en condiciones justas.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que este derecho compensatorio se aplicó desde ese momento. La fecha de publicación sería posterior al 11 de agosto de 1988, fecha de la orden.

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