El Horno

Certificación de cementos: una alternativa a la homologación

Esta orden ministerial establece que, para los cementos utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, un certificado de conformidad a normas emitido por AENOR tendrá la misma validez que la homologación oficial. Esto significa que las empresas podrán optar por este sistema de certificación alternativo para demostrar que sus productos cumplen con los estándares de calidad requeridos.

Concretamente, se permite que la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) emita certificados y marcas de conformidad que sustituyen a la homologación tradicional. Estos certificados se basarán en ensayos y protocolos realizados por entidades y laboratorios acreditados, asegurando la calidad y seguridad de los cementos.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que ocurrió poco después del 17 de enero de 1989. Por lo tanto, esta medida se aplica desde principios de 1989, facilitando a las empresas del sector la demostración de la calidad de sus productos.

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Nueva forma de declarar las tasas de cereales

Esta orden ministerial establece un nuevo modelo de declaración, el modelo 450, para las tasas de corresponsabilidad en el sector de los cereales. Estas tasas son un pago que se aplica a las operaciones relacionadas con los cereales y su objetivo es contribuir a la estabilidad del mercado.

Concretamente, se aprueba un nuevo formulario con cuatro copias: dos para el agricultor o empresa, una para la entidad que colabora en la recaudación y otra para la administración agraria. Además, se detallan los plazos para presentar estas declaraciones y realizar el pago, que se dividen en cuatro periodos a lo largo del año, coincidiendo con las campañas de cosecha.

Esta normativa entra en vigor para las campañas de cereales que se inicien a partir del 1 de junio de 1988. El objetivo es simplificar y hacer más eficiente el proceso de declaración y pago de estas tasas, adaptándose a la normativa europea vigente.

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Normas para acceder a ayudas económicas para empresas

Esta orden ministerial establece las reglas y procedimientos para que las empresas puedan solicitar y recibir ayudas económicas destinadas a fomentar su actividad y ubicación en zonas específicas del territorio nacional. El objetivo es reducir las diferencias económicas entre regiones y promover el desarrollo local.

Concretamente, se detallan los pasos a seguir, se aprueban los modelos de formularios necesarios y se unifican las normas de gestión para todas las zonas que pueden recibir estos incentivos. Esto busca facilitar el acceso de los empresarios a estas ayudas y asegurar un proceso más ágil y claro.

La orden entra en vigor el 24 de enero de 1989, estableciendo las directrices para la tramitación y gestión de los incentivos económicos regionales que fueron creados por una ley anterior y desarrollados posteriormente por varios reales decretos.

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Gestión del dinero para la Sanidad Pública

Esta orden ministerial de 1989 detalla cómo se gestionará, modificará y hará un seguimiento del dinero destinado al Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), que era el organismo encargado de la sanidad pública en aquel momento. Busca asegurar que los fondos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente para garantizar la atención sanitaria a todos los ciudadanos.

Lo que cambia concretamente es que el Estado asume una mayor responsabilidad en la financiación de la sanidad pública. Se reconoce que la asistencia sanitaria tiene un fuerte componente social y que el Estado debe aportar una parte importante de los recursos necesarios. Esto se hace a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que establece cómo se repartirá el dinero entre el Estado y las cotizaciones sociales.

Esta orden entró en vigor en 1989, coincidiendo con la publicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para ese año. Su objetivo era adaptar la gestión financiera del INSALUD a las nuevas directrices presupuestarias y asegurar la continuidad y mejora de los servicios sanitarios públicos.

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Nuevos precios para tabaco importado

Esta resolución, publicada en 1989, establece los nuevos precios de venta al público para diversos tipos de tabaco importado. Estos precios incluyen todos los impuestos aplicables y se aplican en las expendedurías de tabaco y timbre de la Península e Islas Baleares.

Concretamente, se actualizan las tarifas para cigarrillos rubios y puros. Se detallan los precios por cajetilla de cigarrillos y por unidad de puros, abarcando una amplia variedad de marcas y formatos disponibles en el mercado en aquel momento.

La entrada en vigor de estos precios se produce tras la autorización concedida a la Delegación del Gobierno en el Monopolio de Tabacos, basándose en la Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos. La publicación oficial de estas tarifas permite su aplicación inmediata en los puntos de venta autorizados.

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Ajuste técnico en la contabilidad pública

Esta orden ministerial corrige un error en un documento anterior de 1988 que afectaba a la forma en que se registraban ciertos gastos en la contabilidad de los organismos autónomos del Estado. En términos sencillos, se trata de una corrección para asegurar que la información contable sea precisa y refleje correctamente las operaciones financieras de estos organismos públicos.

Lo que cambia concretamente es la redacción exacta de una frase dentro de la orden original. Se modifica para que diga "cerrados", en la Contabilidad de los Centros Gestores del Presupuesto de Gastos del Estado" en lugar de "cerrados", en la Contabilidad de los Organismos autónomos del Estado". Es un cambio muy específico que no altera el fondo de la normativa, sino su formulación precisa.

Esta corrección entró en vigor el 23 de enero de 1989, fecha de publicación de esta orden. Su propósito es clarificar y asegurar la correcta aplicación de las normas contables para los organismos públicos del Estado.

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Actualización de precios para combustibles importados

Este acuerdo establece nuevos valores para la "renta equivalente" de ciertos productos petrolíferos importados que se consumen en España. En términos sencillos, se trata de una cantidad que se suma al coste de estos combustibles para reflejar ciertas condiciones económicas y fiscales, similar a un impuesto o tasa específica.

Lo que cambia concretamente es que se fijan nuevas cifras en pesetas por metro cúbico para la gasolina sin plomo, gasolinas con diferente octanaje (97 y 92) y gasóleos A y B. Estas nuevas cantidades sustituyen a las anteriores, que se basaban en la ley de 1985 y un real decreto de 1988.

La aplicación de estas nuevas rentas equivalentes entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, los consumidores notarían el efecto en el precio final de estos combustibles a partir de esa fecha.

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Correction des erreurs de l'Ordre 82/1988 Cette décision ministérielle rectifie des coquilles présentes dans l’Ordre du 29 décembre 1988 qui fixe les programmes, le tableau médical d’exclusions et les épreuves physiques pour les concours d’entrée aux académies supérieures militaires. Elle concerne donc les candidats aux sélections, les jurys d’évaluation et les établissements militaires chargés de l’organisation des épreuves. Concrètement, la correction porte sur quatre points : la terminologie chimique passe de « Isométrie » à « Isomérie » (structurale et stéréoisomérie) ; la référence légale est modifiée du « article 20 » au « article 2°, paragraphe 4 » ; la formulation d’une procédure d’évaluation physique est simplifiée en supprimant le mot « second » ; enfin le titre de l’annexe B devient « Tableau de valorisation » au lieu de « Tanda de valoración ». Aucun autre contenu du texte n’est altéré. La rectification a été publiée le 21 janvier 1989 au BOE et entre immédiatement en vigueur, les dispositions corrigées s’appliquant dès la prochaine session de concours.

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Pequeños ajustes en la organización de los Tribunales Económico-Administrativos

Este documento es una corrección de errores de un Real Decreto anterior que organizaba los Tribunales Económico-Administrativos. Estos tribunales son los encargados de resolver las disputas entre los ciudadanos y la Hacienda Pública, es decir, cuando hay desacuerdos sobre impuestos o multas. La corrección afecta a la forma en que se escribe el nombre de estos tribunales y a la delimitación de su ámbito territorial.

Concretamente, se corrige la ortografía de la palabra "Administrativos" en dos ocasiones y se ajusta la capitalización de "Locales" en una frase que se refiere a los tribunales de ámbito local. Estos cambios son puramente formales y no alteran el funcionamiento ni las competencias de estos órganos.

La corrección de erratas entró en vigor el 21 de enero de 1989, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque se refiere a un Real Decreto publicado originalmente el 21 de diciembre de 1988.

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Nuevas reglas para validar apuestas deportivas

Esta resolución establece cómo se validarán mecánicamente los boletos de apuestas deportivas. Hasta ahora, las apuestas se validaban pegando un sello. Con la introducción de máquinas, se necesitan nuevas normas para este proceso, aunque el sistema antiguo seguirá vigente donde aún no se usen las máquinas.

Los cambios se centran en los tipos de boletos disponibles para las máquinas validadoras. Habrá boletos para pronosticar resultados de partidos de fútbol, que podrán ser normales o válidos para cualquier concurso. Estos, a su vez, se dividirán en dos clases: unos con 8 bloques para pronósticos sencillos o múltiples, y otros con 4 bloques solo para pronósticos múltiples.

Las normas detallan cómo rellenar estos boletos para que sean válidos, especificando cuántos bloques se deben usar según el número de apuestas que se realicen. Los boletos serán gratuitos y solo tendrán validez si se cumplen los requisitos establecidos. La resolución entra en vigor a partir de su publicación, adaptando la normativa existente a la nueva tecnología de validación.

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Adiós a la inversión obligatoria de los bancos

Este Real Decreto, aprobado en 1989, supuso la eliminación progresiva de una norma que obligaba a las entidades bancarias a invertir una parte de sus fondos en determinados activos. Era una medida que limitaba la libertad de los bancos para gestionar su dinero.

Lo que cambia es que los bancos ya no estarán forzados a destinar un porcentaje fijo de sus recursos a inversiones concretas. Podrán decidir libremente dónde y cómo invertir, lo que se considera un paso hacia la liberalización del sector financiero.

La entrada en vigor fue gradual, comenzando el 31 de marzo de 1989 y finalizando el 30 de septiembre de 1992, con reducciones trimestrales del porcentaje obligatorio hasta su completa desaparición.

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Actualización de Códigos Aduaneros para Importaciones y Exportaciones

Esta circular informa sobre cambios en los códigos utilizados para clasificar mercancías que entran o salen de España. Estos códigos, conocidos como TARIC, son esenciales para aplicar los impuestos y aranceles correspondientes a cada producto.

Lo que cambia concretamente es la adaptación de estos códigos a nuevas normativas. Se han publicado Reales Decretos que modifican el arancel de aduanas, y esta circular actualiza los códigos TARIC nacionales para reflejar esas modificaciones, además de corregir algunos errores detectados en la versión anterior.

La entrada en vigor de estas modificaciones se produce de forma inmediata, ya que la circular tiene fecha de 2 de enero de 1989 y se refiere a cambios que ya estaban establecidos por Reales Decretos publicados a finales de 1988.

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Actualización de códigos para impuestos especiales en el DUA

Esta circular de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales actualiza las instrucciones sobre cómo rellenar el Documento Único (DUA), un formulario clave para operaciones comerciales internacionales. Específicamente, modifica la forma en que se deben indicar los tipos de impuestos especiales en la casilla 47 del DUA.

Lo que cambia concretamente es la codificación de los impuestos especiales. Debido a modificaciones en la ley de presupuestos generales del Estado para 1989, se han introducido nuevos códigos para clasificar diferentes productos sujetos a estos impuestos, como bebidas alcohólicas, cervezas, combustibles y tabaco.

Esta nueva codificación entró en vigor el 1 de enero de 1989, coincidiendo con el inicio del año fiscal y la aplicación de la nueva ley de presupuestos. Es importante para quienes realicen operaciones de importación o exportación que utilicen estos códigos actualizados para evitar errores en sus declaraciones.

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Nuevos puntos para controlar el comercio de marfil y otros productos

Esta resolución habilita dos nuevos centros de inspección en Ceuta y Melilla para emitir permisos y certificados relacionados con el Convenio CITES. Este convenio busca proteger especies amenazadas de fauna y flora, y el marfil es uno de los productos que requieren un control especial debido a la caza furtiva de elefantes.

Concretamente, se autoriza a los centros SOIVRE de Ceuta y Melilla a expedir la documentación necesaria para el comercio legal de marfil, tanto en polvo como en bruto, y otros productos listados en el anexo, como paraguas, bastones, artículos de joyería, instrumentos musicales y armas. Esto significa que cualquier persona o empresa que necesite importar o exportar estos artículos deberá pasar por estos centros para obtener los permisos correspondientes.

La resolución entró en vigor el 18 de enero de 1989, fecha en la que se publicó. Desde entonces, estos centros están operativos para garantizar que el comercio de estas especies y productos se realiza de acuerdo con las normativas internacionales de protección.

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Corrección de errores en precios de construcción de 1988

Esta orden ministerial se refiere a una corrección de un error que se produjo al publicar una orden anterior sobre los precios de la mano de obra y los materiales en la construcción. Estos precios son importantes para calcular cuánto deben costar las obras públicas cuando se revisan los contratos. El error consistió en que faltaba incluir un dato específico sobre el índice de precios de la mano de obra para junio de 1988.

Lo que cambia concretamente es que se añade la cifra correcta del índice de precios de la mano de obra para ese mes. Esto asegura que los cálculos para la revisión de los contratos de obras del Estado se hagan con los datos correctos y actualizados, evitando posibles disputas o errores en el coste final de las obras públicas.

Esta corrección entra en vigor el 18 de enero de 1989, que es la fecha de publicación de esta orden. Aunque se refiere a datos de 1988, la corrección se aplica desde la fecha de su publicación para asegurar la exactitud en los procedimientos administrativos relacionados con la construcción de obras públicas.

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Corrección de errores en normas de recaudación ejecutiva

Esta resolución aclara y corrige pequeños errores detectados en una norma anterior que establecía cómo los organismos autónomos de la Administración del Estado debían cobrar deudas pendientes para financiar su propio presupuesto. El objetivo es asegurar que los procedimientos de cobro sean claros y precisos.

Lo que cambia concretamente son detalles en la redacción de ciertos documentos y procedimientos. Por ejemplo, se añade el uso de comillas para destacar títulos específicos de documentos como 'relación certificada de deudas en descubierto' o 'resumen del cargo provisional', y se corrige una referencia a una tabla del Instituto Nacional de Estadística. Son ajustes para evitar confusiones.

Esta corrección de errores entró en vigor el 17 de enero de 1989, fecha de publicación de esta resolución. Su propósito es garantizar la correcta aplicación de las normas de recaudación ejecutiva, asegurando que los organismos públicos puedan cobrar las deudas necesarias para su funcionamiento.

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Actualización de costes para obras públicas

Esta orden ministerial establece los precios de referencia para la mano de obra y los materiales de construcción que se utilizarán para ajustar el coste de los contratos de obras del Estado. Es decir, fija cuánto han subido o bajado los materiales y la mano de obra en junio de 1988.

Concretamente, se publican unos índices numéricos que reflejan estas variaciones. Estos índices servirán para recalcular el precio final de las obras públicas que se estén ejecutando o que se vayan a ejecutar, asegurando que los costes se ajusten a la realidad del mercado en ese momento.

La orden fue aprobada el 9 de diciembre de 1988 y su publicación oficial se realizó poco después, a principios de 1989. Por lo tanto, estos índices son aplicables a partir de esa fecha para los contratos de obras del Estado.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-06-05 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 12 de enero de 1989 de la Dirección General del Tesoro y Política ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 12 de enero de 1989 de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera establece las condiciones para la emisión de obligaciones simples por la Sociedad Europea para la Financiación de Material Ferroviario (EUROFIMA), con el fin de financiar proyectos de material ferroviario.

2. CONTEXTO La norma surge en el marco de la regulación española de la emisión de obligaciones públicas y privadas, concretamente en el ámbito de la financiación de infraestructuras. EUROFIMA, como sociedad europea, requiere un marco legal claro para garantizar la viabilidad de sus operaciones. La resolución se inscribe en el sistema financiero español, coordinando la actividad de entidades extranjeras con normas nacionales.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 1989 establece un marco regulatorio para la emisión de obligaciones simples por EUROFIMA, articulado en los siguientes puntos:

La norma también incluye disposiciones sobre la publicación de la emisión en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la notificación a la Comisión Europea para garantizar la conformidad con los tratados de la Unión Europea.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La resolución regula la emisión de obligaciones por EUROFIMA, estableciendo condiciones legales claras para su viabilidad. Establece bases de transparencia, garantías y uso específico de los recursos. Es un acto normativo de relevancia en el ámbito financiero español.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Regulación de emisión: Define condiciones para la emisión de obligaciones simples. ⚠️ Garantías mínimas: Exige un fondo de garantía del 10% del valor nominal. 📋 Destino de los fondos: Solo para adquisición de material ferroviario. ℹ️ Cumplimiento europeo: Requiere notificación a la Comisión Europea.

6. FICHA

Palabras clave: obligaciones simples, EUROFIMA, financiación ferroviaria, garantías, transparencia.

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Actualización de precios de tabaco

Esta orden ministerial establece los nuevos precios de venta al público para diversas marcas de cigarrillos, puros y cigarritos en estancos de la Península e Islas Baleares. Se trata de una actualización de tarifas que afecta directamente al bolsillo de los consumidores habituales de estos productos.

Los cambios se concretan en la lista de precios detallada para cada tipo de tabaco, diferenciando entre marcas nacionales e importadas, así como entre cigarrillos negros y rubios. Cada producto tiene asignado un precio específico en pesetas por cajetilla o por unidad.

La orden entró en vigor el día siguiente a su publicación, el 14 de enero de 1989, por lo que los nuevos precios se aplicaron de forma inmediata en todos los puntos de venta autorizados.

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Garantizar servicios esenciales en Vigilancia Aduanera durante huelgas

Este Real Decreto establece normas para asegurar que el Servicio de Vigilancia Aduanera pueda seguir prestando servicios fundamentales incluso si sus trabajadores del ámbito marítimo van a la huelga. Su objetivo es equilibrar el derecho de los funcionarios a hacer huelga con la necesidad de proteger intereses públicos importantes.

Concretamente, se definen los servicios mínimos que deben mantenerse. Esto incluye todo el personal necesario para la custodia de las embarcaciones y una cuarta parte del personal operativo en cada zona marítima. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones.

El Real Decreto entró en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 14 de enero de 1989. Fue aprobado en un contexto de huelga convocada por el sindicato SESMA.

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Pequeños ajustes en la normativa de radioaficionados

Esta orden ministerial corrige errores detectados en una orden anterior de 1988, que regulaba las estaciones repetidoras para radioaficionados. Se trata de una actualización técnica para asegurar que la información oficial sea precisa y clara.

Los cambios son muy específicos y se refieren a la forma de escribir ciertas unidades de medida (de MHZ a MHz) y a la corrección de un rango de frecuencias que se mencionaba incorrectamente. También se ajusta una referencia a un artículo dentro de la propia normativa.

Esta corrección de errores entró en vigor el 14 de enero de 1989, fecha de su publicación. Su objetivo es garantizar la correcta aplicación de las normas que afectan a los radioaficionados y sus equipos.

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Nuevos precios para el tabaco

Esta resolución, publicada en 1989, establece los precios de venta al público de las diferentes marcas y tipos de tabaco. Estos precios se aplican tanto en las expendedurías oficiales como en establecimientos autorizados para vender con un recargo, así como en máquinas expendedoras y otras autorizaciones especiales.

Lo que cambia concretamente es que se actualizan los importes que los consumidores deben pagar por cada cajetilla de cigarrillos, puros o picadura de tabaco. Se detallan los precios máximos permitidos para la venta directa en las tiendas y los precios que pueden aplicar los comercios que venden con un pequeño margen adicional.

La entrada en vigor de esta resolución es inmediata a su publicación, es decir, desde el 14 de enero de 1989, los nuevos precios de venta al público del tabaco son los que se especifican en el documento oficial.

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Control previo para tus pensiones y ayudas

Este acuerdo establece un sistema de control antes de que se aprueben las prestaciones económicas de la Seguridad Social, como las pensiones, y otras ayudas sociales gestionadas por diferentes institutos públicos. El objetivo es asegurar que todo se haga correctamente desde el principio.

Lo que cambia concretamente es que se revisarán ciertos aspectos de tu solicitud de pensión o ayuda antes de que te la concedan. Por ejemplo, en el caso de pensiones de invalidez, se comprobará que hayas cotizado el tiempo mínimo necesario, además de otros requisitos generales.

Este acuerdo fue aprobado por el Consejo de Ministros el 2 de diciembre de 1988 y se publicó oficialmente el 13 de enero de 1989. Por lo tanto, está en vigor desde esa fecha y afecta a todos los trámites de prestaciones sociales que se realicen a partir de entonces.

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Subida del precio de la harina de trigo en Canarias

Esta orden ministerial establece un nuevo precio para la importación de harina de trigo panificable en las Islas Canarias. El objetivo es regular el mercado y asegurar que los productos lleguen a la isla con un coste determinado. Afecta principalmente a los importadores y, por extensión, a los consumidores canarios que verán reflejado este cambio en el precio del pan y otros productos derivados de la harina.

Concretamente, se fija el precio de entrada a la importación de esta harina en 35.100 pesetas por tonelada. Este nuevo precio estará vigente hasta el 1 de abril de 1989, momento en el que podría haber una nueva revisión. La medida busca adaptar los costes de importación a las condiciones del mercado en ese momento.

La orden entra en vigor el 1 de enero de 1989. Esto significa que a partir de esa fecha, cualquier importación de harina de trigo panificable que llegue a las Islas Canarias deberá cumplir con este nuevo precio establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda.

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Nuevas reglas para entrar en las academias militares

Esta orden establece las normas, programas de estudio, requisitos médicos y pruebas físicas que se deben superar para poder acceder a la Academia General Militar, la Escuela Naval Militar y la Academia General del Aire. El objetivo es mejorar la selección de los aspirantes y hacer que los procesos de selección sean más eficientes y económicos.

Concretamente, se aprueban nuevos contenidos para las pruebas de conocimientos, que incluyen materias como Lengua Española, Régimen Jurídico Constitucional Español, Geografía e Historia de España, un idioma extranjero (inglés o francés), Ciencias Matemáticas y Ciencias Físico-Químicas. También se actualizan los criterios médicos y las pruebas de aptitud física.

Estas nuevas reglas se aplican a todas las pruebas selectivas que se celebren a partir del 1 de enero de 1989, sustituyendo a las normativas anteriores que estaban en vigor.

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Cambios en cómo las aseguradoras pagan al Consorcio de Compensación de Seguros

Esta resolución afecta a las compañías de seguros que deben realizar pagos al Consorcio de Compensación de Seguros por ciertas primas y recargos. El objetivo es mejorar la forma en que se identifican estos pagos, especialmente cuando se hacen por transferencia bancaria, ya que a veces se perdía el documento de liquidación.

Lo que cambia concretamente es el procedimiento para realizar estos ingresos. Se utilizarán nuevos impresos de liquidación que facilitará el propio Consorcio. Además, se prohíbe explícitamente realizar los ingresos mediante transferencia bancaria, debiendo hacerse en efectivo, cheque o de forma excepcional por correo certificado a una cuenta específica.

Esta nueva normativa entra en vigor el 1 de enero de 1989, anulando circulares anteriores que regulaban estos mismos procedimientos y simplificando la gestión para las aseguradoras y el Consorcio.

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Nuevas reglas para invertir el dinero de los seguros

Esta orden establece qué tipo de inversiones pueden hacer las compañías de seguros con el dinero que guardan para pagar futuras indemnizaciones. Hasta ahora, la lista de inversiones permitidas estaba un poco anticuada y no reflejaba los cambios en los mercados financieros. El objetivo es que las aseguradoras puedan invertir en productos más seguros y líquidos, diversificando así sus riesgos y garantizando mejor los pagos a los asegurados.

Lo que cambia es que se amplía la lista de activos financieros permitidos. Ahora, además de los valores que se negocian en bolsa, se incluyen ciertos valores de renta fija emitidos por empresas estatales, organismos internacionales o sociedades cuyas acciones sí cotizan en bolsa. También se admiten otros valores de renta fija si cuentan con garantías sólidas o avales bancarios, incluso si las acciones de la empresa emisora no cotizan en bolsa.

Esta orden entró en vigor el 7 de enero de 1989, justo después de su publicación el 31 de diciembre de 1988. Su propósito era ofrecer una solución rápida y transitoria para adaptar las inversiones de las aseguradoras a la realidad de los mercados financieros de la época, sin esperar a una reforma más profunda.

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Corrección en las nóminas de funcionarios de 1989

Esta resolución es una corrección de errores de un documento anterior que establecía las instrucciones para las nóminas de los funcionarios públicos en 1989. Básicamente, se trata de arreglar pequeños fallos que se habían publicado por error en el Boletín Oficial del Estado.

Los cambios concretos afectan a la redacción de una frase sobre el régimen retributivo de los funcionarios y, más importante, a las retribuciones que debían percibir. Se aclara que debían recibir las retribuciones correspondientes a 1989, no las de 1988, y se corrige la cuantía de un complemento de destino específico, aumentando su valor mensual.

Esta corrección entró en vigor el 6 de enero de 1989, coincidiendo con la fecha de la resolución que la publicaba, para asegurar que las nóminas de los funcionarios reflejaran correctamente las cantidades y condiciones establecidas para ese año.

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Ajuste en normativas de comercio exterior de 1988

Esta resolución se refiere a una corrección de errores en una normativa anterior de 1988 que afectaba a las cantidades de ciertas mercancías que podían entrar en España con aranceles reducidos o nulos. Estas mercancías habían estado bajo un régimen especial durante 1985 y la corrección se aplica a aquellas que ya no tendrían este régimen en 1989.

Lo que cambia concretamente es la precisión de los datos y cantidades que se habían publicado inicialmente. Se trata de una rectificación para asegurar que la información oficial sobre los contingentes arancelarios y sus condiciones sea correcta y no induzca a error a los operadores comerciales.

Esta corrección entró en vigor el 3 de enero de 1989, fecha de publicación de esta resolución. Su objetivo es clarificar la normativa existente y evitar malentendidos en las operaciones de importación y exportación afectadas por estos cambios.

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Nuevas reglas para la contratación en el Ejército de Tierra

Este Real Decreto modifica cómo se toman las decisiones sobre contratos dentro del Ejército de Tierra. Antes, las facultades de contratación estaban organizadas de una manera específica, pero una reorganización interna ha hecho necesario actualizar estas normas para que se ajusten a la nueva estructura del Ejército.

Lo que cambia concretamente es la lista de cargos y sus responsabilidades en la aprobación de contratos. Se detallan quiénes son las personas con autoridad para firmar diferentes tipos de contratos y hasta qué cantidad económica pueden hacerlo, adaptándose a las nuevas divisiones y mandos del Ejército de Tierra.

La entrada en vigor de esta normativa fue el 1 de enero de 1989. Esto significa que cualquier contrato que se iniciara a partir de esa fecha, y que se pagara con los presupuestos de ese año, debía seguir estas nuevas reglas de desconcentración de facultades de contratación.

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