El Horno

Cambios en las monedas del Quinto Centenario

Esta orden ministerial trata sobre la emisión de monedas especiales para conmemorar el Quinto Centenario del Descubrimiento de América. Originalmente, se planeó emitir cinco series de estas monedas entre 1989 y 1992.

Lo que cambia es que, para el año 1992, en lugar de lanzar dos series de monedas como estaba previsto, se unifican en una sola. Esto se hace por razones de mercado, pero se mantendrán los motivos y leyendas que iban a incluirse en las dos series originales.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación completa en el Boletín Oficial del Estado, lo que ocurrió el 30 de enero de 1992.

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El Estado emite deuda pública para financiarse

Esta resolución del Tesoro público de 1992 detalla cómo el Estado va a emitir y subastar Pagarés y Letras del Tesoro. Son como préstamos que el Estado pide a los ciudadanos y entidades para poder funcionar y realizar sus gastos. Se trata de una forma de financiación pública que se ha utilizado durante muchos años.

Lo que cambia es la forma concreta en que se realizarán estas emisiones y subastas durante 1992 y principios de 1993. Se establecen las características de estos títulos de deuda y se convocan las subastas para que los interesados puedan comprar estas Letras del Tesoro. También se mencionan procedimientos especiales para algunas entidades bancarias.

Esta resolución entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 28 de enero de 1992. Por lo tanto, los planes de emisión y subasta de deuda pública detallados aquí comenzaron a aplicarse desde esa fecha.

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Aclaración sobre transacciones económicas con el exterior

Esta norma es una corrección de un error en una resolución anterior que establecía reglas para las transacciones económicas con otros países. Su objetivo es asegurar que la información proporcionada sea correcta y clara para todos los ciudadanos y empresas que realicen este tipo de operaciones.

Lo que cambia es un detalle muy específico: en una de las instrucciones, se añade la aclaración de que se debe indicar el NIF (Número de Identificación Fiscal) del residente, para evitar confusiones y asegurar que se identifique correctamente a la persona o entidad.

Esta corrección entra en vigor el 28 de enero de 1992, fecha en la que se publica esta orden ministerial, para que las normas rectificadas se apliquen desde ese momento en las transacciones económicas internacionales.

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Pequeños ajustes en la regulación de mercados financieros

Este documento es una corrección de errores de un Real Decreto anterior que regula cómo funcionan los mercados oficiales de futuros y opciones en España. Estos mercados son lugares donde se negocian contratos que obligan a comprar o vender un activo en el futuro a un precio acordado hoy. Afecta principalmente a las entidades y personas que operan en estos mercados, como inversores y empresas.

Los cambios son muy concretos y se refieren a la forma en que se redactaron algunas partes del texto original. Por ejemplo, se corrige la palabra "Ministerio" por "Ministro" en un artículo, se cambia "miembros" por "los mismos" en otro, y se modifican las menciones de las disposiciones transitorias de "Primera", "Segunda", "Tercera" a "1", "2", "3". Son correcciones para que el texto sea más preciso.

Estas correcciones entraron en vigor el 28 de enero de 1992, fecha de publicación de este Real Decreto de corrección de erratas. El objetivo es asegurar que la normativa que rige estos importantes mercados financieros sea clara y correcta desde su inicio.

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El Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) se aplicará a partir de 1993

Este documento informa sobre la convalidación de un Real Decreto-ley que establece la fecha de inicio de aplicación del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). En términos sencillos, se trata de un impuesto que grava el consumo en las Islas Canarias, similar al IVA en la península.

Lo que cambia concretamente es que se fija el 1 de enero de 1993 como el momento en que este nuevo impuesto comenzará a tener efecto. Esto significa que, a partir de esa fecha, las transacciones comerciales y el consumo en Canarias estarán sujetos a este nuevo sistema tributario.

La entrada en vigor de esta medida se establece para el 1 de enero de 1993. El Congreso de los Diputados ha aprobado esta decisión, asegurando que la información sea pública para todos los ciudadanos.

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El Estado emite deuda para financiarse

Esta resolución del Ministerio de Economía y Hacienda autoriza al Director General del Tesoro y Política Financiera a emitir deuda pública del Estado durante 1992 y principios de 1993. Se trata de una forma en que el Estado pide prestado dinero a los inversores para poder financiar sus actividades y proyectos.

Concretamente, se establecen las condiciones para la emisión de Bonos del Estado a tres y cinco años, y Obligaciones del Estado. También se publica un calendario de subastas para que los interesados sepan cuándo podrán comprar esta deuda. Se busca que las emisiones sean más frecuentes y se adapten a las prácticas de otros mercados financieros.

Esta resolución entra en vigor con la publicación del calendario de subastas, que se detalla a partir del mes de febrero de 1992 y se extiende hasta enero de 1993. El objetivo es dar transparencia y facilitar la planificación a los inversores.

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Ordre 22/1992 – Émission de la dette de l’État L'ordre du 24 janvier 1992 fixe les conditions d’émission et de placement de la dette publique pour l'exercice 1992 et prolonge l’autorisation jusqu’en janvier 1993. Il concerne le ministère de l’Économie et des Finances et, par délégation, la Direction générale du Trésor et de la politique financière, qui peuvent placer des titres de dette au nom de l’État. Concrètement, l’ordre précise le montant maximal d’émission, qui ne doit pas dépasser le plafond fixé par la loi de finances de 1992 (article 53 de la loi 31/1991). Il maintient les critères de continuité des instruments et procédures, tout en laissant la possibilité d’introduire des améliorations pour le bon fonctionnement des marchés de la dette. La Direction générale du Trésor agit selon les conditions du marché, les demandes de souscription et la situation de financement de l’État. L’autorisation prend effet immédiatement à la date de publication et reste valable jusqu’à la fin de l’année 1992, avec une extension jusqu’en janvier 1993 pour les émissions supplémentaires, limitées à 15 % du volume autorisé pour 1992.

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Pequeña corrección en normas de transacciones económicas internacionales

Este documento es una corrección de errores de una orden anterior que regula las transacciones económicas que los españoles realizan con el exterior. Es decir, si usted compra algo de otro país o vende algo fuera de España, esta norma es la que establece cómo se hace y qué información se necesita.

Lo que cambia es muy pequeño. Básicamente, se corrige la fecha de un Real Decreto mencionado en la orden original, pasando del 27 de diciembre al 20 de diciembre de 1991. También se añade una coma en un artículo específico para mejorar la claridad del texto. Estos cambios no afectan a la forma en que usted realiza sus operaciones comerciales internacionales, sino a la precisión del documento legal.

Esta corrección entra en vigor el 20 de enero de 1992. Su propósito es asegurar que la normativa que regula las operaciones económicas con otros países sea lo más clara y precisa posible, evitando confusiones derivadas de errores tipográficos.

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Precios máximos de combustibles fijados en 1992

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público para diferentes tipos de gasolinas, gasóleos y fuelóleos en la Península e Islas Baleares. El objetivo era garantizar que los precios de estos productos energéticos no superaran un límite establecido por la administración.

Concretamente, se detallan los precios por litro para las gasolinas (incluyendo diferentes octanajes y sin plomo), los gasóleos A y B, y el gasóleo C en distintas modalidades de suministro. También se fijan los precios por tonelada para los fuelóleos, considerando su índice de azufre.

Estos precios máximos entraron en vigor a partir de las cero horas del día 21 de enero de 1992, modificando los sistemas de precios que ya existían desde 1990 para estos productos petrolíferos.

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Precios máximos para gas licuado en 1992

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la venta de gas licuado del petróleo a granel en la Península e Islas Baleares. Su objetivo era fijar un tope para proteger a los consumidores de posibles subidas descontroladas.

Concretamente, a partir del 21 de enero de 1992, el precio máximo permitido para este tipo de gas, incluyendo los impuestos, se fijó en 65 pesetas por kilogramo. Esto significaba que las empresas no podían venderlo a un precio superior a esta cantidad.

La medida entró en vigor el 21 de enero de 1992, tal como se especifica en la resolución. Era una normativa que afectaba directamente a los ciudadanos que utilizaban este tipo de combustible para sus hogares o negocios.

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El Gobierno podrá emitir más deuda pública en 1992

Este Real Decreto permite al Gobierno, a través del Ministro de Economía y Hacienda, emitir deuda pública durante el año 1992. La cantidad total de deuda viva al final del año no podrá superar en más de 1.307.951.255 miles de pesetas el saldo existente al inicio del año. Esto significa que el Estado puede endeudarse hasta un límite establecido para financiar sus actividades y cubrir gastos.

Concretamente, se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda a emitir o contratar deuda del Estado, siempre dentro del límite máximo fijado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992. Las características y condiciones de esta deuda se regirán por lo establecido en este Real Decreto y por las decisiones que tome el Ministro, buscando mantener la continuidad en las prácticas de emisión y adaptarse a la evolución de los mercados financieros.

Este Real Decreto entró en vigor el 18 de enero de 1992, ya que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado ese día. Su aplicación se extiende durante todo el año 1992, permitiendo al Gobierno gestionar la financiación del Estado mediante la emisión de deuda pública dentro de los parámetros legales aprobados.

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Pequeños ajustes en las normas de la Seguridad Social

Este documento es una corrección de errores de un reglamento anterior que regula cómo se recaudan las cotizaciones y otros ingresos de la Seguridad Social. No introduce cambios sustanciales en lo que debes hacer como ciudadano, sino que corrige detalles técnicos para que las normas sean más precisas.

Lo que cambia es la corrección de dos fechas y una palabra en el texto del reglamento. Por ejemplo, se corrige una fecha que se había escrito mal y una palabra que podría haber generado confusión sobre las acciones permitidas en ciertos procedimientos. Estos son ajustes para asegurar que el reglamento se entienda y aplique correctamente.

Estas correcciones entraron en vigor el 18 de enero de 1992, fecha en la que se publicó esta rectificación. Por lo tanto, no afectan a situaciones actuales, sino que aclaran el sentido de la normativa tal como estaba prevista desde su origen.

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Nuevas reglas para ser piloto civil

Esta resolución aclara cómo se obtienen los títulos y permisos para ser piloto civil en España. Se trata de una actualización de normativas anteriores que buscaban definir los requisitos para ejercer como piloto.

Lo que cambia es que se establecen niveles de conocimiento y experiencia más flexibles para ciertas pruebas, especialmente para quienes aspiran a ser pilotos de transporte de línea aérea. Esto significa que se puede acceder a ciertas fases de la formación sin tener toda la experiencia previa exigida para el título final.

Esta normativa se desarrolla a partir de resoluciones de 1990 y 1991, y aunque la fecha de la resolución es de octubre de 1991, su aplicación y desarrollo se extiende a partir de entonces, afectando a todos los aspirantes a pilotos civiles en España.

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Precios de tabaco en Ceuta y Melilla en 1992

Esta resolución, publicada en enero de 1992, establece los precios de venta al público de los diferentes tipos de tabaco, como cigarrillos, puros y picadura, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Estos precios se aplican tanto en las expendedurías de tabaco y timbre como en establecimientos autorizados para la venta con recargo y máquinas automáticas.

Lo que cambia concretamente es la fijación oficial de cuánto debían costar estos productos en dichas localidades. Se detallan los precios por cajetilla de cigarrillos, diferenciando entre negros y rubios, y se mencionan otros productos como cigarros, cigarrillos, picaduras y tabaco para aspirar, aunque el extracto solo detalla los cigarrillos.

La resolución entró en vigor el día de su publicación, el 15 de enero de 1992, y su objetivo era informar de manera oficial sobre los costes de estos productos en Ceuta y Melilla.

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Un nuevo plan contable para la Agencia Tributaria

Esta resolución establece las normas de contabilidad específicas para la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Su objetivo es organizar y registrar de forma detallada las operaciones económicas de este organismo público, asegurando transparencia y un control adecuado de sus finanzas.

Lo que cambia es la forma en que la Agencia Tributaria debe llevar sus cuentas. Se aprueba un plan detallado que define cómo valorar sus bienes y derechos, y cómo registrar sus ingresos y gastos. Esto es fundamental para que la gestión del dinero público sea clara y eficiente.

Este plan contable entró en vigor el 1 de enero de 1992, marcando el inicio de una nueva forma de gestionar la contabilidad de la Agencia Tributaria desde sus inicios como ente público.

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Normas para la contabilidad de los impuestos que gestiona Hacienda

Esta resolución establece las reglas y principios que deben seguirse para llevar la contabilidad de los impuestos estatales y otros ingresos públicos que son gestionados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), es decir, Hacienda. Su objetivo es asegurar que la gestión de estos fondos sea transparente y esté correctamente registrada.

Lo que cambia concretamente es la aprobación de una Instrucción de Contabilidad específica para la AEAT. Esta instrucción detalla cómo deben registrarse las operaciones relacionadas con la recaudación de impuestos y otros recursos públicos, así como la documentación que se debe presentar al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General de la Administración del Estado.

Esta resolución fue aprobada el 30 de diciembre de 1991 y entró en vigor poco después de su publicación, a principios de 1992. Por lo tanto, es una normativa que lleva tiempo vigente y que regula el funcionamiento interno de la gestión tributaria.

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Normas para mover dinero y oro al extranjero

Esta resolución establece las reglas para declarar la entrada y salida de España de dinero en efectivo, billetes, cheques al portador y oro, cuando el valor supera el millón de pesetas. También aplica a pagos y cobros con el exterior, y a transferencias internacionales, independientemente de la moneda utilizada. El objetivo es controlar estos movimientos para fines estadísticos y de prevención del blanqueo de capitales.

Concretamente, si viajas con más de un millón de pesetas en efectivo, billetes, cheques al portador o oro, deberás rellenar un formulario llamado B1 ante la aduana. Este formulario solicita tus datos personales y el detalle del dinero o oro que transportas. La norma también se aplica a pagos y cobros que realices o recibas del extranjero a través de entidades financieras autorizadas.

Esta normativa entró en vigor el 14 de enero de 1992, fecha de publicación de la resolución. Es importante cumplir con estas reglas para evitar sanciones y asegurar que las transacciones económicas internacionales se realicen de forma transparente y legal. La información recogida se utiliza para fines estadísticos y de control económico del país.

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Nueva norma para la compra de inmuebles a no residentes

Esta orden ministerial establece un procedimiento específico para la declaración y el ingreso de una retención del 10% sobre el precio de compra cuando se adquieren inmuebles en España a personas o empresas extranjeras que no tienen un establecimiento permanente en el país. Esta retención funciona como un pago anticipado de los impuestos que el vendedor no residente deberá abonar en España.

Concretamente, se aprueba un modelo de declaración (el modelo 211) que el comprador debe utilizar para ingresar este 10% del precio de venta. Este modelo tiene varios ejemplares, uno para la administración tributaria, otro para el comprador y un tercero para el vendedor no residente, que le servirá para justificar este pago a cuenta.

La orden entró en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero sus efectos se aplican a las transmisiones de inmuebles realizadas a partir del 1 de enero de 1992. El comprador tiene un plazo de un mes desde la fecha de la transmisión para presentar esta declaración e ingresar la retención.

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Actualización de las tasas para máquinas recreativas y de azar en 1992

Esta circular aclara cuánto dinero se debe pagar en concepto de tasa fiscal por las máquinas recreativas (tipo B) y de azar (tipo C) durante el año 1992. La normativa general de presupuestos del Estado para ese año indicaba un aumento del 5% sobre las cantidades de 1991, salvo que hubiera habido una actualización específica. La Dirección General de Tributos emite esta circular para resolver dudas sobre cómo aplicar este aumento a las máquinas de juego.

Concretamente, se establecen las nuevas cuotas fijas anuales para 1992. Para las máquinas recreativas tipo B, la cuota anual será de 393.750 pesetas. Si son máquinas para dos jugadores, se pagarán dos cuotas. Para máquinas con tres o más jugadores, la cuota será de 802.200 pesetas más una cantidad adicional calculada según el número de jugadores y el precio de la partida. Para las máquinas de azar tipo C, la cuota anual será de 577.500 pesetas.

Esta circular entra en vigor para el año 1992, ya que aclara la aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de ese mismo año. Su objetivo es asegurar que todos los operadores de máquinas de juego paguen la tasa fiscal correcta y actualizada según la ley vigente en aquel momento.

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Control de sustancias para evitar su uso ilegal

Esta circular establece normas para controlar la exportación e importación de ciertas sustancias químicas, conocidas como precursores. El objetivo principal es impedir que estas sustancias sean desviadas para la fabricación ilegal de drogas, como estupefacientes y psicotrópicos.

Concretamente, se imponen requisitos adicionales para la exportación de estas sustancias a países como Perú y Colombia. Además, los servicios de aduanas tienen la facultad de interrumpir cualquier despacho de importación o exportación si detectan irregularidades sobre el origen, naturaleza o destino de las sustancias, hasta recibir una autorización expresa.

La circular entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que sus disposiciones se aplican de forma inmediata una vez publicadas.

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Corrección en un documento fiscal antiguo

Este documento es una corrección de un error de imprenta en una orden ministerial de 1991. Dicha orden aprobaba los modelos de declaraciones del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), un impuesto que grava la actividad profesional o empresarial. La corrección afecta a un detalle menor en la forma en que se publicaron los anexos de esa orden.

Lo que cambia concretamente es la supresión de una frase al final de la orden original. Esa frase indicaba que los anexos se publicarían en un suplemento aparte. Ahora, con la corrección, esa indicación desaparece, aunque no altera el contenido ni la validez de los modelos de declaración del IAE que se aprobaron en su momento.

La corrección de erratas entró en vigor el 11 de enero de 1992, la misma fecha en que se publicó esta rectificación en el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, es un cambio que se aplica a un documento ya antiguo y que tiene un impacto muy limitado en la actualidad.

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Nuevas instrucciones para las nóminas de funcionarios en 1992

Esta resolución establece las directrices para calcular las nóminas de los funcionarios públicos durante el año 1992. Su objetivo es asegurar que las retribuciones se ajusten a lo marcado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para ese mismo año, así como a otras normativas ya existentes sobre el salario de los empleados públicos.

Concretamente, se detallan los aumentos en los salarios base y en el complemento de destino, que suponen un incremento del 5% más un 0,6667% respecto a las cifras de 1991. También se especifican los cambios en los complementos específicos, que siguen una lógica similar de aumento, y se aclara cómo se aplicarán los complementos personales y transitorios, que podrán ser absorbidos por futuras mejoras salariales.

Estas instrucciones entraron en vigor con efectos económicos desde el 1 de enero de 1992, marcando el inicio del nuevo año fiscal y salarial para los funcionarios afectados por la Ley 30/1984.

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Nueva estructura para la Agencia Tributaria

Esta orden ministerial detalla la organización interna de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, un organismo público creado para gestionar los impuestos en España. Su objetivo es asegurar que la agencia funcione de manera eficiente y cumpla con sus responsabilidades en la recaudación y administración tributaria.

Concretamente, se establecen las unidades inferiores a los departamentos, como direcciones adjuntas y subdirecciones generales, dentro del departamento económico-financiero. Estas nuevas unidades tendrán funciones específicas relacionadas con la elaboración y control de presupuestos, contabilidad, gestión de adquisiciones, activos fijos, inmuebles y otros bienes y servicios.

La orden entra en vigor el 1 de enero de 1992, coincidiendo con la plena constitución de la Agencia Tributaria, para garantizar su operatividad desde el primer momento.

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Nace la Agencia Tributaria y se definen sus finanzas

Esta orden ministerial establece las bases económicas y financieras para el funcionamiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), un nuevo ente público creado para gestionar los impuestos en España. Su objetivo es asegurar que la Agencia disponga de los recursos necesarios para operar de manera eficiente y cumplir con sus funciones de recaudación y gestión tributaria.

Concretamente, se detalla cómo se financiará la Agencia. Principalmente, recibirá transferencias de los Presupuestos Generales del Estado. Además, una parte de la recaudación obtenida por la propia Agencia a través de sus actuaciones de gestión y liquidación de impuestos, tasas, recargos, intereses de demora y sanciones, también contribuirá a su financiación.

Esta normativa entró en vigor el 1 de enero de 1992, coincidiendo con la fecha oficial de constitución de la Agencia Tributaria, marcando así el inicio de una nueva etapa en la administración de los tributos en España.

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Nueva Agencia Tributaria para mejorar la recaudación

Este Real Decreto modifica la organización del Ministerio de Economía y Hacienda para adaptarse a la creación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El objetivo principal es mejorar la gestión y recaudación de los impuestos en España.

Concretamente, se reorganizan las funciones y la estructura interna del Ministerio, especialmente las relacionadas con la Secretaría de Estado de Hacienda. Esto implica la supresión de algunos órganos y la creación de otros para asegurar una mayor coordinación y eficiencia en la aplicación del sistema tributario y la gestión económica del sector público.

Este cambio entra en vigor a partir del 31 de diciembre de 1991, fecha de publicación del Real Decreto, y su objetivo es preparar el terreno para el funcionamiento efectivo de la nueva Agencia Tributaria.

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Nuevos precios para el tabaco

Esta resolución oficializa los precios de venta al público de varios tipos de tabaco, como cigarrillos, en las tiendas autorizadas de la península e islas Baleares. Estos precios son el resultado de propuestas presentadas por las empresas que fabrican o importan estos productos.

Lo que cambia concretamente es que se establecen las cantidades exactas que los consumidores deberán pagar por cada cajetilla de cigarrillos. Se detallan los precios para diferentes marcas y tipos, tanto nacionales como importados, incluyendo aquellos que se venden bajo licencia.

La entrada en vigor de estos precios se produce a partir de la fecha de publicación de esta resolución, que fue el 31 de diciembre de 1991. Por lo tanto, desde ese momento, los estancos debían aplicar estas nuevas tarifas.

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Nuevos precios para la venta de tabaco fuera de estancos

Esta resolución establece cómo se deben fijar los precios de venta al público de los productos de tabaco cuando se venden en lugares distintos a los estancos autorizados, como tiendas de conveniencia o máquinas expendedoras. Afecta a los ciudadanos que compran tabaco en estos establecimientos.

Lo que cambia es que se fijan recargos específicos sobre el precio base de los cigarrillos y un porcentaje para el resto de productos de tabaco. Por ejemplo, los cigarrillos con un precio base bajo tendrán un recargo fijo de 15 pesetas, mientras que los más caros tendrán recargos mayores. Otros productos de tabaco se venderán con un 15% de recargo sobre su precio en estanco.

Esta nueva normativa entró en vigor el 1 de enero de 1992, modificando las condiciones de venta de tabaco en puntos de venta autorizados con recargo, máquinas automáticas y autorizaciones especiales.

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Normas para operaciones económicas con el extranjero

Esta orden ministerial detalla cómo deben realizarse las transacciones económicas entre España y otros países, como cobros, pagos y transferencias. Su objetivo es establecer los procedimientos y la información necesaria para que tanto los ciudadanos como las empresas puedan operar con el exterior de forma clara y regulada.

Concretamente, la norma explica cómo se deben declarar los movimientos de dinero en efectivo, billetes y cheques que cruzan las fronteras, tanto si se entra como si se sale de España. También regula la apertura y gestión de cuentas bancarias en España para no residentes y en el extranjero para residentes.

Esta orden entró en vigor el 31 de diciembre de 1991, complementando un Real Decreto anterior que liberalizaba las transacciones económicas con el exterior.

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Definición de puestos y personal para la Agencia Tributaria

Esta orden detalla qué puestos de trabajo y qué personal pasan a formar parte de la nueva Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y qué personal se queda en el Ministerio de Economía y Hacienda. La AEAT se creó para gestionar los impuestos de forma más eficiente. La orden se aplica a todo el personal que trabajaba en las delegaciones de Hacienda y en órganos centrales del Ministerio con funciones relacionadas con la administración tributaria.

Lo que cambia concretamente es la adscripción del personal. Se asignan los puestos de trabajo y las personas que los ocupan a la AEAT o a los órganos del Ministerio, basándose en las funciones de cada puesto. Para el personal con funciones comunes, se intentó aplicar criterios de voluntariedad, antigüedad y edad para decidir a dónde irían.

Esta orden entra en vigor el 1 de enero de 1992, que es la fecha en la que la Agencia Estatal de Administración Tributaria quedó efectivamente constituida y comenzó a operar con su personal y estructura definidos. Es un paso clave para la puesta en marcha de la nueva agencia.

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Precios máximos de combustibles fijados para 1992

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público para las gasolinas, gasóleos y fuelóleos en la península e Islas Baleares. El objetivo era unificar y controlar los costes de estos productos energéticos básicos para los consumidores.

Concretamente, se fijaron precios por litro para diferentes tipos de gasolinas (súper, normal, sin plomo) y gasóleos (A, B y C). También se determinaron precios por tonelada para los fuelóleos, diferenciando según su tipo y contenido de azufre. Estos precios incluían los impuestos aplicables.

La medida entró en vigor a las cero horas del 1 de enero de 1992, afectando directamente a los consumidores y a las estaciones de servicio en el ámbito territorial especificado.

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