El Horno

Facilidades para españoles en el extranjero que pagan impuestos en España

Esta resolución se creó para ayudar a los ciudadanos españoles que viven fuera de España pero que, por su trabajo, siguen debiendo pagar impuestos en nuestro país. Se trata principalmente de personas que trabajan en embajadas, consulados o en otros cargos oficiales del Estado español en el extranjero.

Lo que cambia es que se permite que las oficinas de bancos y otras entidades financieras en el extranjero actúen como intermediarias para que estos españoles puedan presentar sus declaraciones y pagar sus impuestos sobre la Renta y el Patrimonio de forma más sencilla. Antes, este proceso podía ser más complicado al estar en otro país.

Esta medida entró en vigor en 1992, coincidiendo con la presentación de las declaraciones del ejercicio fiscal de 1991. Su objetivo era simplificar la burocracia para estos contribuyentes españoles que residen fuera de España por motivos laborales oficiales.

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

Precios máximos para el gas butano y propano a granel

Esta resolución establece el precio máximo que los ciudadanos deberán pagar por los gases licuados del petróleo (GLP) como el butano y el propano cuando se compran a granel, es decir, en grandes cantidades. El objetivo es proteger a los consumidores de posibles subidas descontroladas en el coste de estos combustibles esenciales para muchos hogares y negocios.

Lo que cambia concretamente es que se fija una tarifa tope de 57 pesetas por kilogramo para la venta al público de estos gases en la península y las islas Baleares. Esto significa que las empresas distribuidoras no podrán vender el producto a un precio superior a esta cantidad, una vez que se incluyan todos los impuestos.

Esta nueva regulación de precios entra en vigor a partir de las cero horas del día 19 de mayo de 1992. A partir de esa fecha, los precios de venta al público de estos gases a granel deberán ajustarse a este límite establecido.

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Precios máximos de combustibles en 1992

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar al público por las gasolinas, gasóleos y fuelóleos en la península e islas Baleares. Su objetivo era fijar un tope para evitar que estos precios subieran indefinidamente, protegiendo así el bolsillo de los consumidores en aquel momento.

Lo que cambia concretamente es la lista de precios máximos permitidos para cada tipo de combustible. Por ejemplo, se detalla el precio por litro para las diferentes gasolinas (súper, normal, sin plomo) y para los gasóleos A, B y C. También se especifican los precios por tonelada para los fuelóleos.

Esta normativa entró en vigor a partir de las cero horas del día 12 de mayo de 1992, afectando a todas las ventas al público de estos productos petrolíferos desde esa fecha.

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Normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 1993

Esta orden ministerial establece las directrices y criterios que deben seguirse para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 1993. Su objetivo principal es asegurar que las cuentas públicas contribuyan a la estabilidad económica de España y a su integración en la Unión Económica y Monetaria Europea.

Concretamente, la orden busca que los presupuestos apoyen la reducción de la inflación, los tipos de interés y el déficit público. Esto se logrará mediante la implementación de reformas estructurales y una política presupuestaria responsable, que permita un crecimiento económico estable y la convergencia de los niveles de vida españoles con la media europea.

La orden entró en vigor el 11 de mayo de 1992, fecha de su publicación, y marcó las pautas para la elaboración de los presupuestos que regirían las finanzas públicas del Estado español en 1993.

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Sus derechos electorales y el registro de condenas

Este Real Decreto establece cómo se comunican las condenas que impiden votar al Registro Central de Penados y Rebeldes. Su objetivo es asegurar que las personas que han sido condenadas y, por ello, no pueden ejercer su derecho al voto, queden debidamente registradas y excluidas del censo electoral mientras dure esa restricción.

Lo que cambia concretamente es el procedimiento y la información que deben enviar los tribunales. Ahora, los juzgados penales y militares tienen la obligación de notificar al Registro Central de Penados y Rebeldes cada sentencia firme que implique la pérdida del derecho a votar. Esta información, que incluye datos personales y la duración de la privación del sufragio, se enviará luego a la Oficina del Censo Electoral para actualizar los registros.

Este Real Decreto entró en vigor el 8 de mayo de 1992, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Su aplicación es inmediata para las nuevas sentencias que se dicten a partir de entonces, garantizando así la correcta gestión del censo electoral en relación con las condenas que afectan al derecho de sufragio.

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Facilita el trabajo y los servicios entre países de la UE

Este Real Decreto es una normativa que se creó para que las personas y empresas de otros países de la Unión Europea (UE) puedan trabajar y ofrecer sus servicios en España más fácilmente, y viceversa. Su objetivo es eliminar barreras y hacer que sea más sencillo establecerse o prestar servicios en diferentes sectores, como la pesca, la construcción de transportes, actividades relacionadas con el transporte, comunicaciones no estatales y una amplia variedad de servicios personales y recreativos.

Lo que cambia concretamente es que se establecen las reglas para que ciudadanos y empresas de la UE puedan ejercer sus actividades profesionales en España, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Esto significa que si eres un profesional o tienes una empresa en otro país de la UE, este decreto te ayuda a poder operar en España sin tantas trabas, promoviendo la libre circulación y el acceso a servicios.

Este Real Decreto entró en vigor el 8 de mayo de 1992. Fue una adaptación necesaria para cumplir con las normativas europeas y facilitar la integración económica dentro de la entonces Comunidad Económica Europea, permitiendo un mercado más abierto y competitivo para los ciudadanos y empresas de los estados miembros.

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Facilita la actividad de empresas de servicios diversos

Este Real Decreto adapta la normativa española a una directiva europea de 1967 para permitir que empresas de otros países de la UE puedan ofrecer ciertos servicios en España, y viceversa. Se centra en actividades empresariales que no encajan en otras clasificaciones, como agencias de información, publicidad, organización de ferias o servicios de traducción.

Concretamente, el decreto elimina barreras para que profesionales y empresas de la Unión Europea puedan establecerse o prestar servicios en España en estas áreas específicas, y viceversa. Esto promueve una mayor competencia y acceso a servicios para las empresas españolas.

La normativa entró en vigor el 8 de mayo de 1992, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, cumpliendo con los plazos establecidos por la legislación europea.

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Dinero extra para eventos importantes

Este documento oficial trata sobre la aprobación de dinero adicional, un total de más de 21.000 millones de pesetas de la época, para cubrir gastos imprevistos. Estos gastos estaban directamente relacionados con la seguridad de grandes eventos que se celebraron en España.

Lo que cambia concretamente es que se confirma y hace oficial que se destinará esa cantidad de dinero para asegurar que los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla y Madrid como Capital Cultural Europea tuvieran la seguridad necesaria. Es decir, se garantiza la financiación para la protección de estos eventos.

La decisión de convalidar este Real Decreto-ley, que es una norma con rango de ley aprobada por el Gobierno, se hizo pública el 7 de mayo de 1992. Esto significa que la aprobación formal de estos fondos se hizo efectiva en esa fecha.

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Nuevas reglas para elegir a los líderes de las federaciones deportivas

Esta orden establece cómo se deben elegir los órganos de gobierno y representación dentro de las federaciones deportivas españolas. Su objetivo es asegurar que las elecciones sean justas y que todos los grupos importantes dentro de cada deporte tengan voz. Esto incluye a los clubes, deportistas, entrenadores, árbitros y otras entidades relacionadas.

Lo que cambia concretamente es que se definen los criterios para formar las Asambleas Generales, que son el máximo órgano de cada federación. Se establecen los diferentes grupos de personas que pueden formar parte de estas asambleas y cómo se clasificarán las federaciones para adaptar las normas electorales a sus particularidades, como el número de licencias o si son deportes individuales o de equipo.

La orden entró en vigor el 6 de mayo de 1992, marcando un hito en la organización interna de las federaciones deportivas españolas, que tenían hasta finales de ese año para realizar sus procesos electorales bajo estas nuevas directrices.

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Nueva organización para cobrar deudas fiscales

Esta orden ministerial de 1992 reorganiza la forma en que la Agencia Tributaria, encargada de cobrar los impuestos del Estado, gestiona la recaudación de deudas. El objetivo es mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta ante casos de mayor complejidad o importancia económica.

Concretamente, se crean nuevas unidades administrativas dentro de la Subdirección General de Recaudación Ejecutiva. Estas unidades tendrán la capacidad de gestionar de forma más especializada los asuntos de recaudación, tanto a nivel central como en el resto del país, permitiendo una atención más detallada a los casos que lo requieran.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que los cambios organizativos y de competencias se aplicaron de inmediato tras su aprobación en mayo de 1992.

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Corrección de errores en índices de precios de la construcción de 1991

Esta orden ministerial se refiere a la corrección de pequeños errores detectados en una orden anterior publicada en el Boletín Oficial del Estado. La orden original establecía los índices de precios de mano de obra y materiales de la construcción para los meses de noviembre y diciembre de 1991, que se utilizan para ajustar el precio de los contratos de obras públicas del Estado.

Lo que cambia concretamente es la eliminación de la palabra "pesetas" en la publicación de estos índices. Se trata de una rectificación formal para asegurar la exactitud de los datos publicados, sin afectar al valor numérico de los índices en sí ni a su aplicación en la revisión de precios de contratos.

Esta corrección de erratas entró en vigor el 4 de mayo de 1992, fecha de publicación de esta orden rectificatoria. Su objetivo es garantizar la claridad y precisión de la información oficial relacionada con los costes de la construcción pública.

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Cambio en la forma de fijar precios para viajes en barco

Esta orden ministerial de 1992 modifica cómo se deciden los precios de los billetes de barco para pasajeros que viajan en asiento. Antes, estos precios estaban controlados por el gobierno, pero ahora se permite una mayor flexibilidad.

Lo que cambia concretamente es que los precios de estos servicios de transporte marítimo ya no serán fijados directamente por el Estado. En su lugar, las empresas deberán comunicar sus precios, lo que abre la puerta a que estos puedan variar más fácilmente según las condiciones del mercado.

La medida entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, a partir del 3 de mayo de 1992. Esto supuso un paso hacia la liberalización de precios en este sector del transporte.

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Corrección de errores en el Impuesto de Sociedades para grupos de empresas

Esta orden ministerial corrige pequeños errores detectados en la Orden de 8 de abril de 1992, que aprobaba los modelos de declaración y pago del Impuesto sobre Sociedades para grupos de empresas que tributan de forma consolidada. Afecta directamente a las empresas que forman parte de estos grupos y que deben presentar sus declaraciones fiscales.

Los cambios son de carácter formal y de redacción. Se corrigen palabras mal escritas, como el cambio de "presentarían" a "presentarán", y se rectifica la denominación "Convenio Económico" por "Concierto Económico". Además, se sustituyen modelos de declaración y pago que se incluyeron de forma incorrecta o incompleta, asegurando que los documentos oficiales sean los correctos.

La entrada en vigor de esta corrección es inmediata, ya que se trata de subsanar errores en una orden ya publicada. Su objetivo es garantizar la correcta aplicación de la normativa fiscal para los grupos de sociedades que optan por la tributación consolidada, evitando confusiones y facilitando el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

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Corrección de errores en la asignación de puestos de trabajo y personal de Hacienda y la Agencia Tributaria

Esta orden se refiere a la corrección de errores detectados en documentos oficiales que detallaban los puestos de trabajo y el personal tanto del Departamento de Economía y Hacienda como de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Su objetivo principal es asegurar que la información publicada sea precisa y refleje correctamente la estructura y distribución del personal en estas entidades públicas.

Lo que cambia concretamente es la rectificación de los anexos que acompañaban a una orden anterior. Estos anexos contenían la lista de puestos de trabajo y el personal asignado. Al corregirse los errores, se garantiza que la información oficial sobre quién ocupa qué puesto y la composición del personal sea la correcta, evitando así posibles confusiones o problemas administrativos derivados de datos erróneos.

Esta orden entra en vigor el día de su publicación, que fue el 28 de abril de 1992. Por lo tanto, los cambios y las correcciones que establece se aplican desde esa fecha, modificando la información que se había publicado previamente con los errores subsanados.

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Oficialización de datos de población

Este Real Decreto se encarga de hacer oficiales las cifras de cuántas personas vivían en cada municipio de España a fecha de 1 de marzo de 1991. Es decir, confirma de manera oficial los datos que se recogieron en ese momento para saber la población de derecho (quién tiene derecho a vivir allí) y de hecho (quién vive realmente).

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Corrección de errores en normas de homologación de vehículos

Esta orden ministerial corrige pequeños errores detectados en una orden anterior de enero de 1992. La orden original establecía las normas para aplicar directivas europeas sobre la homologación de vehículos, remolques, semirremolques y sus piezas. La corrección afecta a detalles técnicos específicos, como números de directivas y la redacción de notas explicativas, para asegurar que las normativas se apliquen correctamente.

Los cambios concretos implican la modificación de un número de directiva (de 91/442 a 91/422) y la precisión en la redacción de dos notas. Estas notas aclaran a qué columna se refieren ciertos efectos y amplían el alcance de la norma para incluir vehículos importados, no solo los fabricados después de una fecha determinada.

Esta corrección de errores entró en vigor el 27 de abril de 1992, fecha de publicación de esta orden. Su objetivo es garantizar la correcta aplicación de las normativas europeas sobre seguridad y homologación de vehículos en España.

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Actualización de precios máximos de combustibles en 1992

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público para las gasolinas, gasóleos y fuelóleos en la península e islas Baleares. El objetivo era fijar un tope para evitar subidas descontroladas y garantizar la accesibilidad a estos productos básicos.

Concretamente, se detallan los precios por litro para diferentes tipos de gasolinas (súper, normal, sin plomo) y gasóleos (A, B y C), así como por tonelada para los fuelóleos. También se mencionan condiciones especiales para representaciones diplomáticas y para el gasóleo C en diferentes modalidades de suministro.

Esta medida entró en vigor a partir de las cero horas del día 28 de abril de 1992, afectando directamente a los consumidores y a los puntos de venta de estos combustibles en el territorio español mencionado.

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Actualización de Normas Aduaneras para Importaciones y Exportaciones

Esta resolución actualiza el Arancel Integrado de Aplicación (TARIC), que es un listado oficial que detalla los impuestos y normativas aplicables a la importación y exportación de mercancías. Su objetivo es adaptar el sistema a cambios legislativos recientes, tanto nacionales como comunitarios, asegurando que las tarifas y requisitos estén al día.

Afecta principalmente a empresas y particulares que realizan operaciones comerciales con otros países. Concretamente, se modifican los códigos y descripciones de ciertos productos en el arancel, así como se sustituyen anexos informativos. Esto garantiza que las aduanas apliquen las normativas correctas y los impuestos correspondientes a cada mercancía.

La actualización entra en vigor al día siguiente de su publicación, pero con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 1992. Esto significa que los cambios se aplican a las operaciones realizadas desde principios de ese año, para asegurar la coherencia normativa y fiscal desde esa fecha.

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Precios máximos para el gas butano en 1992

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por el gas licuado del petróleo (GLP), comúnmente conocido como gas butano, cuando se compraba a granel. El objetivo era fijar un límite para proteger a los consumidores y asegurar que el precio no superara un cierto umbral.

Lo que cambia concretamente es que se fija un precio máximo de 58 pesetas por kilogramo para la venta al público de este tipo de gas en la península y las islas Baleares. Esto significa que las empresas no podían vender el gas a un precio superior a esta cantidad establecida.

Esta medida entró en vigor a partir de las cero horas del día 21 de abril de 1992. Por lo tanto, desde esa fecha, los consumidores ya se beneficiaban de este precio máximo fijado por la administración.

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-06-05 Fuente original: ES-BOE — Entrada en vigor del Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo sobre supresión de ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La norma establece la entrada en vigor del Canje de Cartas constitutivo del Acuerdo sobre la supresión de visados entre el Reino de España y la República Federativa Checa y Eslovaca, firmado en Madrid el 12 de diciembre de 1990.

2. CONTEXTO El Acuerdo fue firmado en 1990 con el objetivo de facilitar la movilidad de personas entre ambos países. La República Federativa Checa y Eslovaca se encontraba en proceso de desmembramiento, lo que generó necesidad de acuerdos bilaterales. La entrada en vigor de este acuerdo fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el 11 de febrero de 1991.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de entrada en vigor del Canje de Cartas constitutivo del Acuerdo sobre la supresión de visados entre el Reino de España y la República Federativa Checa y Eslovaca establece que el acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 1991. La Resolución fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 36, de fecha 11 de febrero de 1991, con el fin de dar cumplimiento a lo acordado en el Canje de Cartas firmado en Madrid el 12 de diciembre de 1990.

La Resolución establece que el acuerdo se aplicará provisionalmente, lo que significa que las partes se comprometen a cumplir los términos acordados, aunque no se haya concluido formalmente el acuerdo bilateral. La entrada en vigor del acuerdo implica la supresión de visados para ciudadanos de ambos países, permitiendo la libre circulación entre ellos.

La Resolución también establece que el acuerdo se regirá por las normas vigentes en cada país, lo que significa que las partes se comprometen a aplicar las leyes nacionales en materia de visados y entrada en territorio. Además, se establece que el acuerdo no afecta a los derechos de terceros ni a los tratados internacionales vigentes.

La entrada en vigor del acuerdo se considera un acto jurídico formal que da cumplimiento a los términos acordados en el Canje de Cartas. La Resolución no establece nuevos derechos ni obligaciones, sino que confirma la aplicación del acuerdo.

La Resolución también menciona que el acuerdo se aplicará en los términos acordados, lo que significa que las partes se comprometen a cumplir las condiciones establecidas en el acuerdo. La entrada en vigor del acuerdo se considera un acto de cumplimiento de los términos acordados, lo que implica que las partes se comprometen a aplicar el acuerdo en sus respectivos sistemas jurídicos.

La Resolución no establece nuevas normas, sino que confirma la aplicación del acuerdo, lo que significa que las partes se comprometen a cumplir los términos acordados. La entrada en vigor del acuerdo se considera un acto formal que da cumplimiento a los términos acordados en el Canje de Cartas.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La norma confirma la entrada en vigor del acuerdo sobre la supresión de visados entre España y la República Federativa Checa y Eslovaca. La Resolución fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y establece que el acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 1991.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Entrada en vigor del acuerdo: El acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 1991. ⚠️ Aplicación provisional: El acuerdo se aplicó provisionalmente, lo que significa que las partes se comprometieron a cumplir los términos acordados. 📋 Publicación en el B.O.E.: La Resolución fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 36, de fecha 11 de febrero de 1991. ℹ️ Supresión de visados: El acuerdo permitió la libre circulación entre ciudadanos de ambos países.

6. FICHA

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Actualización de precios de tabaco en 1992

Esta resolución, publicada en 1992, informaba sobre los nuevos precios de venta al público de varios tipos de tabaco, como cigarrillos, cigarros y picadura para pipa. Estos precios se aplicaban en las expendedurías de tabaco y timbre en toda España, incluyendo la península, las islas Baleares, Ceuta y Melilla.

Lo que cambia concretamente es el importe que los consumidores debían pagar por cada cajetilla de cigarrillos, unidad de cigarro o bolsa de picadura. Se detallan precios específicos para diferentes marcas y formatos, reflejando los ajustes propuestos por los fabricantes e importadores de tabaco.

La entrada en vigor de estos nuevos precios era inmediata, al día siguiente de su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado. Esto significaba que los consumidores empezaban a pagar las nuevas tarifas desde ese momento.

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Corrección de errores en aditivos para piensos animales

Esta orden ministerial se refiere a la corrección de pequeños errores detectados en una orden anterior que regulaba el uso de aditivos en la alimentación de los animales. Su objetivo es asegurar que la información sobre estos aditivos sea precisa y clara para todos los implicados en la cadena alimentaria animal.

Lo que cambia concretamente es la rectificación de la denominación de un aditivo (de 1,2-propanodiol a 1,2-propanodiol) y la eliminación de referencias específicas para gatos en cuanto a su contenido máximo permitido. También se actualiza una parte del texto relativo a ciertos grupos de aditivos.

Esta orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 14 de abril de 1992. Por lo tanto, los cambios que introduce son efectivos desde esa fecha.

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Actualización de normas sobre aditivos en piensos para animales

Esta orden ministerial actualiza la lista de sustancias permitidas como aditivos en la alimentación de los animales. Su objetivo es mantener la legislación española al día con las normativas europeas, garantizando la seguridad y calidad de los piensos.

Lo que cambia concretamente es la modificación del anexo de una orden anterior, introduciendo una nueva codificación y adaptando las reglas a los avances científicos y técnicos. Esto asegura que solo se utilicen aditivos seguros y eficaces, según lo establecido por la Unión Europea.

La orden entró en vigor el 14 de abril de 1992, reflejando la necesidad de una adaptación constante de la normativa a la evolución del conocimiento en este ámbito.

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Actualización de costes en obras públicas

Esta orden ministerial establece los precios de referencia para la mano de obra y los materiales utilizados en la construcción de obras públicas del Estado. Su objetivo es asegurar que los costes de los contratos se ajusten a la realidad económica del momento, permitiendo revisiones periódicas para reflejar las variaciones.

Lo que cambia concretamente es la publicación de unos índices específicos para los meses de noviembre y diciembre de 1991. Estos índices sirven como base para calcular cómo deben ajustarse los precios de los contratos de obras ya existentes, teniendo en cuenta la subida o bajada de los costes de materiales como el cemento, el acero o la energía, así como el coste de la mano de obra.

Esta orden entró en vigor el 14 de abril de 1992, fecha de su publicación. Su aplicación es retroactiva, afectando a los contratos cuyas revisiones de precios correspondan a los meses de noviembre y diciembre de 1991.

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Nuevas reglas para el comercio exterior

Esta circular explica cómo declarar ciertos productos cuando se importan o exportan. Se trata de mercancías que están sujetas a medidas especiales, como las relacionadas con la mantequilla, o a precios de referencia para el vino. Si tu negocio maneja estos productos, deberás usar unos códigos específicos además de los habituales.

Lo que cambia es la forma de presentar esta información. Se unifican las instrucciones y se crean unos códigos de cuatro dígitos que indican el tipo de medida especial que se aplica. Estos códigos ayudan a identificar de forma más precisa las mercancías y las regulaciones que les afectan, facilitando el control aduanero.

La circular entró en vigor el 1 de enero de 1992, ya que se actualizó para adaptarse a cambios en las normativas arancelarias tanto a nivel nacional como europeo. Es importante seguir estas instrucciones para evitar problemas con las aduanas.

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Nuevos modelos para la declaración de la Renta y el Patrimonio de 1991

Esta orden aprueba los formularios oficiales que los ciudadanos debían utilizar para presentar sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio para el año fiscal 1991. Estos modelos son esenciales para que Hacienda pueda calcular y recaudar los impuestos correspondientes.

Lo más relevante para los ciudadanos es que se establecen las opciones para la tributación. Las familias podían elegir entre presentar una declaración conjunta o, si les resultaba más beneficioso, optar por la tributación individual. Además, se detallan las normas sobre quiénes estaban obligados a presentar la declaración y se recuerdan los plazos y las formas de pago, incluyendo la posibilidad de fraccionar el abono.

La entrada en vigor de esta orden se produjo el 13 de abril de 1992, aunque se refiere a las declaraciones del ejercicio fiscal de 1991. Esto significa que los ciudadanos debían utilizar estos modelos para cumplir con sus obligaciones tributarias correspondientes a ese año fiscal, presentando la documentación en los plazos establecidos por la ley.

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Nuevos precios máximos para combustibles en 1992

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar al público por la gasolina, el gasóleo y el fuelóleo en la Península e Islas Baleares. El objetivo era fijar un tope para estos productos, asegurando que no se vendieran por encima de un cierto valor.

Concretamente, se detallan los precios por litro para diferentes tipos de gasolina (súper, normal, sin plomo) y gasóleo A y B. También se especifican los precios por litro para el gasóleo C, tanto a granel como en surtidor, y por tonelada para varios tipos de fuelóleo.

Estos nuevos precios entraron en vigor a partir de las cero horas del día 14 de abril de 1992, modificando los precios establecidos previamente por órdenes ministeriales de 1990.

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