El Horno

Corrección de errores en la financiación autonómica de 1997

Este documento es una corrección oficial de un error detectado en una resolución anterior que detallaba cómo se repartía el dinero entre las Comunidades Autónomas para el periodo 1997-2001. Básicamente, se trata de arreglar un pequeño fallo en los números que se publicaron, asegurando que la información financiera sea correcta.

Lo que cambia concretamente es una cifra relacionada con la financiación de la Comunidad Autónoma de Asturias en el año 1996, que se ha ajustado ligeramente. También se corrigen dos pequeñas anotaciones en el texto, cambiando un número por su forma abreviada con punto, para que todo quede escrito de manera precisa según las normas establecidas.

Esta corrección entró en vigor el 12 de junio de 1997, que es la fecha en la que se publicó oficialmente esta orden ministerial. Su propósito es garantizar la exactitud de los datos económicos que afectan a las comunidades autónomas.

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Ayuda fiscal para agricultores afectados por desastres naturales

Esta orden ministerial permite reducir los impuestos para agricultores y ganaderos cuyas explotaciones sufrieron daños por inundaciones y temporales en 1996. Se trata de una medida excepcional para aliviar la carga fiscal en momentos de dificultad.

Concretamente, se ajustan a la baja los índices que se usan para calcular la renta imponible de estas actividades. Esto significa que, para el cálculo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se tendrán en cuenta cifras menores, lo que se traducirá en una menor cantidad a pagar en impuestos por parte de los afectados.

La medida entra en vigor con la publicación de esta orden, que da cumplimiento a un real decreto-ley anterior y amplía el territorio donde se aplican estas reducciones fiscales, beneficiando a más zonas que sufrieron los efectos de las catástrofes naturales durante el año 1996.

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Más tiempo para pedir ayudas por inundaciones

Esta orden ministerial concede una prórroga en el plazo para que los ciudadanos afectados por inundaciones y temporales puedan solicitar beneficios fiscales relacionados con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Originalmente, el plazo para pedir estas ayudas, que se establecieron tras los daños causados por estos fenómenos, se había ampliado una vez.

Concretamente, lo que cambia es que se extiende nuevamente la fecha límite para presentar la solicitud de estas exenciones fiscales. Si antes se podía hasta el 15 de junio de 1997, ahora se amplía hasta el 30 de junio de 1997. Esto permite a más personas que sufrieron los efectos de las inundaciones y temporales poder acogerse a estas medidas de alivio fiscal.

La orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Dado que la orden es de fecha 10 de junio de 1997, y se publica en el BOE, su entrada en vigor sería a partir del 11 de junio de 1997, permitiendo así que el nuevo plazo hasta el 30 de junio sea efectivo.

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Aumenta el dinero para exigir un requisito en contratos públicos

Esta orden ministerial modifica una ley anterior sobre cómo las administraciones públicas contratan servicios. Antes, si un contrato de consultoría, asistencia o trabajos especiales superaba los 10 millones de pesetas, la empresa que lo quería hacer necesitaba tener un certificado especial llamado 'clasificación'.

Ahora, ese límite de dinero se ha subido a 20 millones de pesetas. Esto significa que solo los contratos de estos servicios que sean iguales o superiores a esta nueva cantidad exigirán que las empresas tengan esa clasificación previa para poder optar a ellos.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 12 de junio de 1997. Por lo tanto, afecta a los expedientes de contratación que se iniciaron a partir de esa fecha.

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Incentivos para ahorrar energía eléctrica en 1997

Esta orden ministerial de 1997 buscaba que las empresas que distribuyen electricidad crearan programas para que los consumidores usaran la energía de forma más eficiente. El objetivo era mejorar el servicio y fomentar el ahorro energético, adaptándose a las necesidades del sistema eléctrico.

Lo que cambiaba concretamente era que las empresas distribuidoras podían recibir compensaciones económicas por los gastos que tuvieran al implementar estas medidas de ahorro. Esto se hacía a través de la tarifa eléctrica, y había un límite de dinero establecido para estos incentivos cada año.

La orden entraba en vigor para el año 1997, ya que se basaba en la legislación eléctrica vigente en ese momento y establecía las bases para la aplicación de estos programas de gestión de la demanda durante ese ejercicio fiscal.

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Ajustes en tarifas de servicios sanitarios concertados de 1997

Esta orden corrige errores detectados en una orden anterior que establecía las condiciones económicas para los servicios sanitarios concertados en 1997, es decir, aquellos que el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) contrataba con centros públicos y privados. Afecta a los pagos que se realizaban por ciertos tratamientos y procedimientos médicos.

Los cambios concretos implican la modificación de cómo se calculaban las tarifas. Por ejemplo, en lugar de referirse a tarifas por "día o sesión de tratamiento", ahora se especifica que son por "exploración" o por "tratamiento" en casos concretos como la litotricia renal extracorpórea. También se ajusta la forma de detallar los costes de procedimientos quirúrgicos, distinguiendo entre "Médicos" y "Centro".

Esta corrección de errores se aplica retroactivamente, ya que se refiere a la Orden de 8 de mayo de 1997. Por lo tanto, los cambios son efectivos desde la fecha en que se publicó la orden original, aunque la corrección se hizo pública el 10 de junio de 1997.

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La Tasa de Seguridad Aeroportuaria no paga IVA

Esta resolución aclara que la Tasa de Seguridad Aeroportuaria, creada en 1996 para cubrir los gastos de control de pasajeros y equipajes en aeropuertos, no está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Esto significa que el importe que pagamos por esta tasa no se incrementa con el IVA.

Lo que cambia es la interpretación de la ley. Antes, existía duda sobre si esta tasa debía incluir el IVA. La resolución confirma que, al ser una tasa pública con naturaleza tributaria y destinada a servicios aeroportuarios, queda excluida del IVA según la normativa vigente del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Esta resolución se emitió el 22 de mayo de 1997 y entró en vigor en esa fecha, unificando los criterios para la aplicación del IVA a esta tasa específica.

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Actualización de precios de tabaco en 1997

Esta resolución, publicada en 1997, informa sobre los nuevos precios de venta al público de varios tipos de tabaco, como cigarrillos, cigarros y picaduras para liar. Estos precios se aplican en las tiendas autorizadas para vender tabaco en la península y las islas Baleares.

Los cambios concretos se refieren a la lista de marcas y sus precios correspondientes en pesetas por cajetilla. Por ejemplo, los cigarrillos Winfield American Blend y American Lights pasaron a costar 245 pesetas la cajetilla, mientras que algunos cigarros como el Flor de Honduras Número 1 se fijaron en 370 pesetas.

La resolución entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que estos nuevos precios se aplicaron de forma inmediata a partir de esa fecha en 1997.

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Precios máximos de gasolina en Ceuta y Melilla en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina en las ciudades de Ceuta y Melilla a partir del 7 de junio de 1997. El objetivo era fijar un límite a lo que los consumidores debían pagar por estos combustibles, sin incluir los impuestos que se sumarían posteriormente.

Lo que cambia concretamente es que se publican las cifras exactas de esos precios máximos para la gasolina súper y la sin plomo. A partir de la fecha indicada, los vendedores no podían superar esos importes establecidos por la Dirección General de la Energía para la venta de estos productos.

La medida entró en vigor el 7 de junio de 1997. Se trataba de una normativa específica para estas dos ciudades autónomas, que se aplicaba en el momento de la publicación de esta resolución.

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Precios máximos de gasolinas en Canarias en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por litro de gasolina al público en Canarias a partir del 7 de junio de 1997. El objetivo era fijar un límite para evitar subidas descontroladas y garantizar que los consumidores pagaran un precio justo por este combustible.

Afecta directamente a los consumidores de gasolina en las Islas Canarias, ya que les informa sobre el importe máximo que debían abonar en las estaciones de servicio. También tiene implicaciones para las empresas distribuidoras y vendedoras de combustible en la región.

Concretamente, se publican los precios máximos para diferentes tipos de gasolina, como la Súper (I.O. 97), la Normal (I.O. 92) y la Sin Plomo (I.O. 95), expresados en pesetas por litro. Estos precios entraron en vigor el 7 de junio de 1997.

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Corrección de errores en normativas fiscales

Este documento se refiere a una corrección de errores detectados en un Real Decreto anterior que modificaba aspectos del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normativas relacionadas. Básicamente, se trata de subsanar erratas para asegurar que la ley se aplique correctamente.

Lo que cambia concretamente son pequeños detalles en las fechas y referencias a otros Reales Decretos, así como la adición de un párrafo en un artículo específico. Este nuevo texto aclara cómo se debe registrar en el Registro de la Propiedad el pago de ciertas deudas fiscales y cuándo se cancelará dicha anotación.

La entrada en vigor de esta corrección es inmediata, ya que se publica en el Boletín Oficial del Estado para subsanar los errores detectados en la versión original del Real Decreto 536/1997, que data de abril de 1997.

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Se corrigen errores en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades

Este Real Decreto se refiere a la corrección de pequeños errores detectados en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, una normativa que regula cómo las empresas pagan sus impuestos en España. No introduce cambios sustanciales en la forma de tributar, sino que aclara o modifica detalles técnicos para que la ley sea más precisa y fácil de aplicar.

Afecta principalmente a las empresas y profesionales que deben cumplir con el Impuesto sobre Sociedades. Las correcciones son de tipo formal, como la especificación de qué tipo de elementos patrimoniales se deben amortizar o la precisión en los plazos para presentar solicitudes ante la Administración Tributaria. También se ajustan referencias a otros artículos o leyes para asegurar la coherencia del texto.

Dado que se trata de una corrección de errores de un Real Decreto de 1997, la entrada en vigor de estas modificaciones se produce con su publicación oficial. El objetivo es garantizar que la normativa fiscal sea clara y aplicable correctamente desde el momento en que se detectaron las imprecisiones, sin afectar a la obligación tributaria general de las empresas.

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Nuevas reglas para organizaciones del campo

Este Real Decreto establece un nuevo reglamento para las organizaciones que agrupan a profesionales del sector agroalimentario. Su objetivo es simplificar los trámites y dar más protagonismo a las propias organizaciones en su funcionamiento y representación. Busca que estas entidades sean más ágiles y eficientes.

Lo que cambia es la forma en que estas organizaciones deben acreditar su representatividad. Ahora, ellas mismas propondrán un sistema de puntuación, basado en criterios técnicos y económicos, para demostrar cuántos miembros y qué peso tienen en cada sector. También se simplifican los procedimientos para que sean reconocidas y para que sus acuerdos tengan validez.

Este reglamento entró en vigor el 3 de junio de 1997, sustituyendo a una normativa anterior que se consideraba obsoleta y poco práctica. La idea es modernizar la gestión y el reconocimiento de estas importantes entidades del sector agrario y alimentario.

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Nueva Comisión para mejorar la información en Industria y Energía

Esta orden ministerial crea una Comisión de Información Administrativa dentro del Ministerio de Industria y Energía. Su objetivo principal es asegurar que la información que el Ministerio proporciona a los ciudadanos sea clara, accesible y esté coordinada. Piensa en ella como un equipo encargado de que las comunicaciones del Ministerio sean fáciles de entender para todos.

Lo que cambia concretamente es la formalización de este órgano. Se define quiénes forman parte de esta comisión, cómo se organizará (en Pleno o en una Comisión Permanente) y cuáles serán sus funciones específicas. Básicamente, se establecen las reglas del juego para que la información administrativa del Ministerio funcione de manera más eficiente y orientada al ciudadano.

Esta orden entró en vigor poco después de su publicación, el 3 de junio de 1997. Su propósito era dar cumplimiento a un Real Decreto anterior que ya establecía la necesidad de estas comisiones en todos los ministerios para mejorar la atención al ciudadano.

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Mejora de la información pública en Medio Ambiente

Esta orden ministerial crea una comisión especial dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Su objetivo principal es asegurar que la información que ofrece el Ministerio a los ciudadanos sea clara, coherente y de calidad. Busca que todos los puntos de información del ministerio trabajen juntos y compartan datos para ofrecer un mejor servicio.

Concretamente, esta comisión se encargará de coordinar cómo se da la información, potenciar el intercambio de datos entre las distintas oficinas del ministerio, supervisar la calidad de la atención al público y proponer mejoras en las campañas informativas. También se ocupará de la formación del personal que atiende al ciudadano.

Esta orden entró en vigor el 31 de mayo de 1997, estableciendo las bases para una gestión más eficiente de la información pública en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente.

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Actualización de Normas Fiscales para Empresarios y Profesionales

Este Real Decreto introduce cambios en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y en las obligaciones de facturación para empresarios y profesionales. El objetivo principal es simplificar la aplicación del IVA, reducir costes innecesarios y mejorar los mecanismos de control fiscal, adaptando la legislación a modificaciones legales previas.

Concretamente, se eliminan referencias obsoletas en exenciones relacionadas con aeronaves y depósitos aduaneros. Se establece el procedimiento para modificar la base imponible en casos de suspensión de pagos o quiebra, y se precisan las reglas para deducir cuotas de IVA antes de iniciar una actividad. Además, se regula el uso del margen de beneficio global para bienes usados y se simplifican obligaciones para sujetos pasivos no establecidos que realicen operaciones exentas.

La entrada en vigor de estas modificaciones se produjo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, siendo el Real Decreto 703/1997, de 16 de mayo, el que recoge estos cambios, aunque la fecha exacta de aplicación de cada punto puede variar según la disposición específica.

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Nuevas reglas para ser patrón de barco de pesca

Este Real Decreto establece los requisitos mínimos de formación y cualificación que deben cumplir las personas que quieran ser patrones de barcos de pesca locales o costeros polivalentes. El objetivo es mejorar la preparación de los tripulantes y la gestión de los recursos pesqueros, adaptándose a los avances tecnológicos y a las normativas internacionales.

Concretamente, se actualizan los conocimientos necesarios para obtener los títulos de patrón, se simplifican las titulaciones existentes unificando responsabilidades en puente y máquinas, y se regulan las tarjetas de identidad profesional que acreditan la capacitación. Estas tarjetas, expedidas por las Comunidades Autónomas, deberán contener información mínima sobre la cualificación del profesional.

Este Real Decreto entró en vigor el 30 de mayo de 1997, estableciendo un marco nacional para la cualificación de los profesionales del sector pesquero y asegurando que cumplan con estándares actualizados para el ejercicio de su labor.

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Precios máximos de gasolina en Ceuta y Melilla en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina en las ciudades de Ceuta y Melilla a partir del 31 de mayo de 1997. El objetivo era fijar un límite superior para evitar que los precios de venta al público de estos productos petrolíferos fueran excesivamente altos.

Lo que cambia concretamente es que se publican las cifras exactas de cuánto podía costar, sin contar los impuestos, un litro de gasolina súper (octanaje 97) y de gasolina sin plomo (octanaje 95). Estos precios máximos se establecieron por orden del Gobierno y se aplicaron en las estaciones de servicio de ambas ciudades autónomas.

La medida entró en vigor el 31 de mayo de 1997, fecha a partir de la cual los vendedores debían respetar estos límites. A estos precios base se les sumaban luego los impuestos correspondientes para obtener el precio final que pagaba el consumidor.

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Precios máximos de la gasolina en Canarias en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas en Canarias a partir del 31 de mayo de 1997. El objetivo era fijar un límite para evitar subidas descontroladas y proteger a los consumidores.

Concretamente, se determinaron los precios máximos por litro para diferentes tipos de gasolina, como la súper (I.O. 97), la normal (I.O. 92) y la sin plomo (I.O. 95). Estos precios se aplicaban en las estaciones de servicio y no incluían el Impuesto General Indirecto Canario.

La medida entró en vigor el 31 de mayo de 1997, fijando los importes máximos permitidos para la venta de estos combustibles en el archipiélago canario.

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Prepara al Ministerio de Medio Ambiente para la llegada del euro

Esta orden ministerial de 1997 creó una comisión dentro del Ministerio de Medio Ambiente para coordinar todas las acciones necesarias ante la inminente llegada del euro como moneda única. El objetivo era asegurar que el Ministerio estuviera listo para los cambios que implicaría la adopción de la nueva moneda.

Concretamente, esta comisión se encargó de identificar los problemas específicos que la introducción del euro podría generar dentro del Ministerio y en su relación con otras administraciones y el sector privado. También debía proponer soluciones para afrontar estos desafíos y garantizar una transición fluida.

La orden se publicó el 30 de mayo de 1997, y su objetivo era cumplir con lo establecido en un Real Decreto anterior que marcaba la estructura para la preparación de la llegada del euro, prevista para el 1 de enero de 1999.

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Organismo para planificar los ingresos del Estado

Esta resolución crea y define las funciones de la Comisión de Ingresos, un órgano encargado de prever, proponer y evaluar las cantidades de dinero que el Estado espera recaudar. Su objetivo es asegurar que las previsiones de ingresos sean lo más precisas posible para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

Concretamente, esta comisión se encargará de elaborar las estimaciones de ingresos que se tendrán en cuenta al preparar el presupuesto, así como de vigilar y analizar continuamente cómo se está recaudando el dinero a lo largo del año. También impulsará medidas para mejorar la recaudación y propondrá formas de controlarla.

Esta normativa entró en vigor el 27 de mayo de 1997, ya que la resolución se publicó en el Boletín Oficial del Estado en esa fecha, estableciendo las bases para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 1998.

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Actualización de costes sanitarios para 1997

Esta orden ministerial establece las nuevas tarifas máximas y condiciones económicas para los servicios de asistencia sanitaria que el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) contrata con centros públicos y privados. Su objetivo es adaptar los precios a la evolución de los costes sanitarios y las previsiones para el año 1997.

Concretamente, la orden actualiza los precios por día de hospitalización, diferenciando por grupos y niveles de complejidad de la atención. También se revisan los precios para otros tipos de conciertos sanitarios, como los de asistencia especializada y pruebas diagnósticas, aunque el extracto se centra en la hospitalización.

La orden entró en vigor el 27 de mayo de 1997, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y se aplica a los conciertos económicos vigentes para el año 1997.

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Nuevo tipo de interés para seguros de vida

Esta orden ministerial establece un nuevo tipo de interés máximo que las aseguradoras deben usar al calcular las provisiones técnicas de los seguros de vida. Las provisiones técnicas son el dinero que las aseguradoras guardan para poder pagar las indemnizaciones futuras a los asegurados. Este cambio afecta a todas las personas que tengan contratado un seguro de vida en España.

Concretamente, el tipo de interés máximo aplicable se fija en el 60% del interés de los bonos del Estado a largo plazo. Esto se hace porque los tipos de interés del mercado han bajado mucho recientemente, y el tipo anterior ya no era adecuado para garantizar la solvencia de las aseguradoras y la protección de los asegurados.

La orden entra en vigor el 27 de mayo de 1997, justo después de su publicación. El objetivo es adaptar la normativa a la realidad económica actual y asegurar que las aseguradoras puedan cumplir sus compromisos con los clientes.

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Ordre du 13 mai 1997 sur le contrôle financier permanent Cet ordre ministériel remplace la fonction d’intervention traditionnelle dans certains hôpitaux et centres sanitaires dépendant de l’Institut National de la Santé par un contrôle financier permanent, exercé par l’Intervention Générale de la Sécurité Sociale. Il concerne notamment les établissements listés dans l’article 1, répartis dans plusieurs provinces comme Albacete, Badajoz, les Baléares, etc. Concrètement, la nouvelle procédure impose une surveillance continue des dépenses et des recettes, afin d’assurer une meilleure conformité budgétaire et une plus grande transparence dans la gestion des fonds publics de santé. Les services d’audit interne sont remplacés par des contrôles permanents, ce qui implique des rapports réguliers et une coordination accrue avec le ministère de l’Économie et des Finances. L’ensemble du dispositif devait être achevé au 31 décembre 1999, la mise en œuvre débutant dès l’exercice 1997 pour les établissements cités. Les hôpitaux déjà concernés au moment de l’ordre étaient au nombre de 18, et les autres devaient être intégrés progressivement selon le calendrier fixé par le ministre.

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Pequeña corrección en ley de empleo

Este documento es una corrección de un error detectado en un Real Decreto-ley anterior, publicado en 1997. Su objetivo principal era ofrecer ayudas económicas y fiscales para animar a las empresas a contratar trabajadores de forma indefinida y asegurarles un empleo estable.

El cambio concreto es muy técnico y afecta a la redacción de una disposición. Se corrige una referencia a unos apartados de un artículo para que sea más precisa, asegurando que la ley se interprete correctamente en lo referente a los incentivos para la contratación indefinida.

Dado que se trata de una corrección de un error en una ley ya existente, no hay una nueva fecha de entrada en vigor. La corrección se aplica desde el momento en que se publica, modificando la interpretación de la norma original sin alterar su propósito fundamental de fomentar el empleo estable.

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Precios máximos de gasolina en Ceuta y Melilla en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina en las ciudades de Ceuta y Melilla, sin incluir los impuestos. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran excesivamente en estas localidades.

Lo que cambia es que se publican los valores concretos que los vendedores de gasolina no podían superar. Se detallan los precios por litro para la gasolina súper y la sin plomo, a los que luego se añadirían los impuestos correspondientes para el consumidor final.

Esta medida entró en vigor el 24 de mayo de 1997, afectando directamente a los consumidores de Ceuta y Melilla que repostaban sus vehículos a partir de esa fecha.

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Precios máximos de gasolinas en Canarias en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas en Canarias a partir del 24 de mayo de 1997. Afecta a todos los consumidores de estos combustibles en la comunidad autónoma.

Lo que cambia concretamente es que se fijan unos límites máximos para la venta de gasolinas súper (97 octanos), normal (92 octanos) y sin plomo (95 octanos). Estos precios, expresados en pesetas por litro, eran de 80,3, 77,3 y 77,9 respectivamente, excluyendo el Impuesto General Indirecto Canario.

La medida entró en vigor el 24 de mayo de 1997, marcando un tope para los precios de venta al público de estos productos petrolíferos en el archipiélago.

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Pago total de obras públicas al finalizar

Este Real Decreto regula una forma especial de pago para ciertos contratos de obras públicas. Normalmente, los pagos se realizan a medida que avanza la obra. Sin embargo, esta norma permite que el pago completo de una obra se haga una vez que esta haya sido terminada y aceptada por la administración pública.

Lo que cambia concretamente es que, bajo condiciones específicas, las administraciones podrán pagar la totalidad del precio de una obra al contratista solo cuando esta esté completamente finalizada y haya sido recibida. Esto se aplica a determinados contratos de obra y también a contratos de fabricación del Ministerio de Defensa.

Este Real Decreto entró en vigor el 23 de mayo de 1997, ya que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado en esa fecha. Su objetivo es establecer las reglas claras para este tipo de pago, controlando su uso y su impacto en las finanzas públicas.

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Prórroga para el reconocimiento de ensayos de productos fitosanitarios

Esta orden ministerial extiende el plazo para que los ensayos y experiencias con productos fitosanitarios, que ya se estuvieran realizando o hubieran comenzado antes de la entrada en vigor de una normativa anterior, puedan ser reconocidos oficialmente. El objetivo es facilitar la adaptación a los nuevos requisitos establecidos por la legislación europea, que se incorporó a través de una orden de 1995.

Concretamente, se amplía la fecha límite hasta el 31 de diciembre de 1997 para que quienes tuvieran autorizaciones previas puedan solicitar el reconocimiento de sus ensayos. Esto permite que las pruebas iniciadas después del 5 de octubre de 1994, y que cumplan con los medios y procedimientos adecuados, sean consideradas válidas para la autorización de productos fitosanitarios.

La medida entra en vigor el 23 de mayo de 1997, fecha de publicación de esta orden, y busca dar más tiempo a los afectados para cumplir con las nuevas exigencias, especialmente para aquellos productos con sustancias activas ya comercializadas pero no incluidas en listas europeas.

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