El Horno

IVA en contratos públicos con bienes o servicios del extranjero

Esta resolución aclara cómo se aplica el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) cuando las administraciones públicas contratan bienes o servicios que provienen de fuera de España. El objetivo es que todos los organismos públicos apliquen las normas de forma uniforme y eviten errores que puedan distorsionar los precios de las ofertas.

Lo que cambia es la forma de calcular el coste total de las ofertas. Si una empresa ofrece un bien o servicio desde otro país, su precio puede parecer más bajo porque no incluye el IVA. Sin embargo, la administración pública que contrata tiene la obligación de pagar ese IVA al recibir el bien o servicio. Por lo tanto, al comparar ofertas, se debe sumar el IVA correspondiente para saber el coste real.

Esta resolución es de 1997, por lo que sus indicaciones sobre la aplicación del IVA en estas operaciones ya están en vigor desde esa fecha. Su propósito es asegurar que las contrataciones públicas se realicen de manera justa y transparente, considerando todos los costes fiscales, independientemente del origen de los bienes o servicios.

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Pequeños ajustes en la organización de Hacienda

Esta orden ministerial se refiere a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que es el organismo encargado de gestionar los impuestos en España. Lo que se hace es corregir unos pequeños errores de fecha que se habían cometido al publicar una orden anterior que cambiaba la estructura interna de esta agencia. Afecta principalmente a los funcionarios y a la organización interna de la Agencia Tributaria, no directamente a los ciudadanos en su día a día.

Concretamente, lo que cambia es la fecha de una orden anterior. En lugar de aparecer como del 10 de julio de 1997, se rectifica para que conste como del 11 de julio de 1997. Son correcciones de errores materiales para asegurar que la documentación oficial sea correcta.

Esta corrección de errores entra en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 16 de julio de 1997. Es una medida administrativa para subsanar un fallo en la redacción de un documento oficial.

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Reorganización de la Agencia Tributaria

Esta orden ministerial, publicada en 1997, modificó la estructura interna de los servicios centrales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Su objetivo principal fue optimizar la organización para mejorar la planificación, el desarrollo de sus actividades, la relación con el exterior y la gestión de sus recursos.

Concretamente, se reestructuraron los departamentos y se definieron sus funciones. Se crearon nuevas unidades y se reforzaron los sistemas de control y seguridad, incluyendo un marco específico para el análisis de riesgos y la coordinación de controles. También se integraron órganos colegiados de dirección.

La orden entró en vigor el mismo día de su publicación, el 12 de julio de 1997, y se basó en la potestad del Ministro de Economía y Hacienda para organizar las unidades inferiores a departamento de la AEAT, según lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1991 y posteriores modificaciones.

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Reorganización de la Agencia Tributaria

Esta orden ministerial tiene como objetivo simplificar y aclarar la estructura interna de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Busca unificar en un solo documento las competencias y funciones de los distintos departamentos de la Agencia, que hasta ahora se encontraban dispersas en varias normativas anteriores, algunas de ellas obsoletas o contradictorias.

Afecta principalmente a la organización interna de la AEAT, pero indirectamente repercute en los ciudadanos al buscar una gestión tributaria más eficiente y transparente. La reorganización pretende adaptar la Agencia a los nuevos desafíos, como la convergencia económica, la colaboración fiscal, los avances tecnológicos y la lucha contra el fraude.

La orden entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 12 de julio de 1997. Por lo tanto, sus efectos comenzaron a aplicarse a partir del 13 de julio de 1997.

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El Instituto de Estudios Fiscales se organiza y define sus funciones

Este Real Decreto establece cómo está organizado el Instituto de Estudios Fiscales y cuáles son sus tareas. Es un centro que depende directamente de la Secretaría de Estado de Hacienda y se dedica a la formación, investigación y difusión de temas relacionados con la Hacienda Pública, es decir, todo lo que tiene que ver con los impuestos y el gasto del Estado.

Lo que cambia es que se le da una estructura definitiva y se aclaran sus funciones. Se enfoca en la investigación y la docencia para mejorar la comprensión de los temas fiscales, buscando acercar esta información a los ciudadanos. También se crea una nueva área para las relaciones institucionales.

Este Real Decreto entró en vigor el 12 de julio de 1997, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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Ayudas para el desarrollo de tu empresa

Este Real Decreto establece un sistema de ayudas y un plan de gestión para las pequeñas y medianas empresas (PYME) en España. Su objetivo es fomentar el crecimiento y la consolidación de estas empresas, independientemente del sector al que pertenezcan, basándose en la experiencia previa y en modelos exitosos de la Unión Europea.

Concretamente, se amplían las ayudas disponibles para todas las PYME, abarcando áreas como la cooperación empresarial, la promoción de servicios de información, el diseño, la financiación, el apoyo a la innovación y a los sistemas de garantía. La gestión de estas ayudas se realizará de forma coordinada entre las administraciones públicas para asegurar la eficacia del gasto.

Este Real Decreto entró en vigor el 11 de julio de 1997, buscando modernizar y fortalecer el tejido empresarial español a través de un apoyo integral y bien gestionado a las pequeñas y medianas empresas.

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Precios máximos de gasolina en Ceuta y Melilla en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina en las ciudades de Ceuta y Melilla a partir del 12 de julio de 1997, sin contar los impuestos. La medida se basaba en un sistema aprobado previamente por el Gobierno para controlar los precios de los productos petrolíferos en estas zonas.

Lo que cambia concretamente es que se fijan unos límites máximos para la gasolina súper (97 octanos) y la gasolina sin plomo (95 octanos). A estos precios base, que se medían en pesetas por litro, se les añadirían los impuestos correspondientes que estuvieran vigentes en ese momento.

Esta norma entró en vigor el 12 de julio de 1997, afectando directamente a los consumidores de Ceuta y Melilla que repostaban sus vehículos. El objetivo era garantizar una cierta estabilidad y evitar subidas descontroladas en el precio de los combustibles.

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Precios máximos de gasolina en Canarias en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que los consumidores podían pagar por la gasolina en Canarias a partir del 12 de julio de 1997. El objetivo era fijar un tope para evitar subidas descontroladas y garantizar un precio justo para los ciudadanos en el archipiélago.

Concretamente, se publicaron los precios máximos por litro para diferentes tipos de gasolina, como la Súper (97 octanos), la Normal (92 octanos) y la Sin Plomo (95 octanos). Estos precios, expresados en pesetas, eran aplicables en las estaciones de servicio y aparatos surtidores.

La entrada en vigor de estos precios máximos fue inmediata, a partir de las cero horas del domingo 12 de julio de 1997. La medida se basaba en un sistema de precios máximos aprobado previamente por el Gobierno para los productos petrolíferos en Canarias.

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Cambios en la Apuesta Deportiva para la Temporada 1997/1998

Esta resolución actualiza las reglas de la Apuesta Deportiva, un juego de pronósticos sobre resultados de partidos de fútbol. Las normas generales se mantienen, pero se modifica un aspecto concreto relacionado con la distribución de los resultados esperados.

Lo que cambia es la distribución porcentual de los resultados que se prevén para la temporada 1997/1998. Ahora, se espera que el 47% de los resultados sean victorias del equipo local, el 26% empates y el 27% victorias del equipo visitante. Estos porcentajes son una actualización de los utilizados en la temporada anterior.

Esta nueva distribución de porcentajes entrará en vigor de forma inmediata al inicio de la temporada de concursos de la Apuesta Deportiva 1997/1998, es decir, a partir de la primera jornada de dicha temporada.

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Aclaración sobre la edad para trabajar en seguridad privada

Este documento es una corrección de un Real Decreto de 1997 que regula los requisitos para que las empresas de seguridad puedan operar y para que las personas puedan trabajar en este sector. Se trata de una modificación para aclarar un detalle importante relacionado con la edad del personal.

Lo que cambia concretamente es que se añade una matización a la norma original. Si antes se establecía un límite de edad para poder trabajar en seguridad privada, ahora se especifica que ese límite puede ser de hasta cuarenta o cuarenta y cinco años, dependiendo de las circunstancias que se contemplen en la norma completa.

Esta corrección entra en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 9 de julio de 1997. Es una rectificación para asegurar que la ley se aplique de forma correcta y sin ambigüedades.

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Aclaración sobre mudanzas desde Canarias, Ceuta y Melilla

Esta resolución aclara detalles sobre cómo introducir tus pertenencias si te mudas a la península o Baleares desde Canarias, Ceuta o Melilla. Se trata de facilitar el proceso para que puedas traer tus bienes sin problemas de aduanas e impuestos.

Lo que cambia es la forma en que se redacta un párrafo específico de una resolución anterior. Ahora se especifica que debes solicitar el despacho de introducción o importación con franquicia de derechos o impuestos ante la aduana de entrada en la península e Islas Baleares, o la más cercana a tu nuevo hogar, presentando tus bienes y efectos personales.

Esta corrección de errores se publicó el 9 de julio de 1997, aunque se refiere a una resolución anterior de junio de 1997. Por lo tanto, la normativa que aclara este procedimiento ya estaba vigente en esa fecha.

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Protección de los moluscos bivalvos frente a enfermedades

Este Real Decreto establece normas para controlar ciertas enfermedades que afectan a los moluscos bivalvos, como las ostras y mejillones. Su objetivo es proteger la salud de estos animales, que son importantes para la acuicultura y el consumo humano.

Concretamente, se definen las enfermedades a controlar y se establecen medidas para detectarlas, investigarlas y evitar su propagación. Esto incluye la armonización de los métodos de diagnóstico y la designación de laboratorios de referencia para asegurar un control efectivo en toda la Comunidad Europea.

La normativa entró en vigor el 9 de julio de 1997, adaptando la legislación española a una directiva europea para garantizar la seguridad y la calidad de los moluscos bivalvos comercializados.

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Corrección de errores en códigos de estadísticas de comercio UE

Esta resolución se refiere a una corrección de errores detectados en una circular anterior que establecía las normas para las estadísticas del comercio de bienes entre los países de la Unión Europea. En concreto, se han encontrado fallos en algunos códigos numéricos y la ausencia de otros en una lista importante, conocida como Anexo XXXVI.

Lo que cambia es la lista completa y correcta de estos códigos. Estos códigos son importantes porque se utilizan para declarar la masa neta de ciertos productos en el formulario N, que es necesario para el comercio intracomunitario. La corrección asegura que se utilicen los códigos adecuados para que la información estadística sea precisa.

La corrección de estos errores entró en vigor el 1 de julio de 1997. Esto significa que, a partir de esa fecha, los operadores comerciales que realicen intercambios de bienes con otros países de la UE deben utilizar la lista de códigos actualizada para cumplir con las normativas estadísticas vigentes.

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Se crea una comisión para mejorar la información administrativa en el Ministerio de Trabajo.

Esta orden ministerial establece la creación de una Comisión de Información Administrativa dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Su objetivo principal es asegurar que los ciudadanos reciban información clara y accesible sobre los servicios y trámites que ofrece el Ministerio. Esta comisión servirá como un punto de coordinación para mejorar la comunicación y la atención al público.

Lo que cambia concretamente es la formalización de un órgano específico encargado de supervisar y optimizar la difusión de información. Esta comisión estará compuesta por altos cargos del Ministerio, quienes tendrán la responsabilidad de definir estrategias y asegurar que la información administrativa sea comprensible y esté al alcance de todos los ciudadanos, facilitando así la interacción con la administración.

La orden ministerial fue dictada el 27 de junio de 1997 y entró en vigor poco después de su publicación. Por lo tanto, esta medida es de aplicación desde mediados de 1997, buscando mejorar la transparencia y la eficiencia en la comunicación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la ciudadanía.

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Ayudas para sacrificar animales por peste porcina

Este Real Decreto-ley se creó para dar dinero extra al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El objetivo era poder pagar los sacrificios obligatorios y preventivos de animales, así como otras medidas necesarias para acabar con la peste porcina clásica, una enfermedad que había vuelto a aparecer en España.

Lo que cambia concretamente es que se destinan fondos adicionales para indemnizar a los dueños de los animales que deban ser sacrificados. Esto es crucial para que las medidas de control y erradicación de la enfermedad puedan llevarse a cabo de forma efectiva, ya que el presupuesto inicial se había agotado.

Este Real Decreto-ley entró en vigor el 5 de julio de 1997, justo después de su aprobación el 4 de julio. La urgencia se debía a la necesidad de actuar rápidamente para contener la propagación de la enfermedad y proteger la cabaña ganadera.

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Corrección menor en un decreto antiguo sobre impuestos en Madrid

Este documento es una corrección de un error en un Real Decreto de 1997. El decreto original trataba sobre la transferencia de competencias y servicios del Estado a la Comunidad de Madrid, específicamente en relación con ciertos impuestos que ahora gestiona la comunidad autónoma. La corrección afecta a un detalle muy específico del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

Lo que cambia concretamente es una cifra relacionada con el material de oficina. En el texto original del decreto se mencionaba una cantidad de 672.616, y esta corrección establece que la cifra correcta es 872.816. Es un detalle administrativo que no afecta a los ciudadanos ni a cómo pagan sus impuestos.

Este Real Decreto de corrección de erratas se publicó el 5 de julio de 1997. Por lo tanto, la corrección entró en vigor en esa fecha, modificando el texto del decreto original publicado unos meses antes. Como se ha mencionado, el cambio es puramente técnico y no tiene impacto práctico para los contribuyentes.

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Normas para la Prevención de Riesgos Laborales

Esta orden detalla cómo deben funcionar las empresas y entidades que se encargan de la seguridad y salud en el trabajo. Su objetivo es asegurar que se cumplan las normativas para proteger a los trabajadores de posibles accidentes o enfermedades laborales.

Concretamente, establece los requisitos que deben cumplir las empresas y profesionales para poder ofrecer servicios de prevención de riesgos laborales, así como para realizar auditorías sobre el sistema de prevención de otras compañías. También regula la formación necesaria para quienes se dedican a estas tareas.

Esta normativa entró en vigor el 4 de julio de 1997, siendo una orden que desarrolla un Real Decreto anterior aprobado en enero de ese mismo año, con el fin de unificar criterios y garantizar la calidad en la prevención de riesgos en el ámbito laboral a nivel nacional.

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Precios máximos de gasolina en Canarias en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas en Canarias a partir del 5 de julio de 1997. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada, protegiendo así el bolsillo de los consumidores canarios en ese momento.

Concretamente, se detallan los precios máximos por litro para diferentes tipos de gasolina, como la Súper (97 octanos), la Normal (92 octanos) y la Sin Plomo (95 octanos). Estos precios se establecieron sin incluir el Impuesto General Indirecto Canario, que se aplicaba aparte.

La medida entró en vigor el 5 de julio de 1997, fijando los límites de venta al público para estos productos petrolíferos en todas las estaciones de servicio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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Nuevas reglas para deudas con la Seguridad Social aplazadas o en cobro

Esta resolución establece cómo las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales deben registrar contablemente las deudas con la Seguridad Social que han sido aplazadas, fraccionadas o que están en proceso de cobro forzoso. El objetivo es unificar y clarificar estos procedimientos para asegurar una gestión correcta de los fondos públicos.

Concretamente, se definen las operaciones contables específicas que las Mutuas deben realizar para registrar tanto los pagos fraccionados o aplazados que se les concedan, como aquellas deudas que entren en procedimiento de cobro ejecutivo. Se detallan los documentos que servirán como prueba de estas transacciones.

La normativa entra en vigor con efectos retroactivos desde el ejercicio de 1996, lo que significa que las reglas se aplican a las operaciones que ocurrieron desde ese año, buscando así la coherencia en la contabilidad de las Mutuas.

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Cambio en dónde los corredores de comercio depositan sus fianzas

Esta orden ministerial explica dónde deben depositar su dinero los corredores de comercio para poder ejercer su profesión. Anteriormente, debían hacerlo en la Caja General de Depósitos o el Banco de España. Ahora, la norma cambia este requisito para adaptarlo a una nueva regulación sobre depósitos.

Lo que cambia concretamente es que los corredores de comercio, antes de poder colegiarse y ejercer, deberán depositar su fianza en la entidad de crédito que cada Colegio de Corredores designe. Los Colegios tienen un mes para comunicar qué entidad han elegido.

La orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Los corredores que ya hubieran depositado sus fianzas antes de esta orden podrán gestionar su retirada y reintegro.

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Precios máximos de gasolina en Ceuta y Melilla en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina en las ciudades de Ceuta y Melilla, sin contar los impuestos. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran excesivamente y proteger a los consumidores de posibles abusos.

Lo que cambia concretamente es que se publican las cifras exactas de cuánto podía costar cada litro de gasolina, tanto la de 97 octanos como la sin plomo de 95 octanos. Estos precios se aplicaban antes de sumar los impuestos correspondientes, que se añadirían después según la normativa vigente en ese momento.

Esta medida entró en vigor el 5 de julio de 1997. La Dirección General de la Energía fue la encargada de hacer pública esta información para que todos los ciudadanos estuvieran al tanto de los límites de precios establecidos para la venta de estos combustibles.

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Cambios en el pago del Impuesto de Actividades Económicas de 1997

Esta resolución afecta a los autónomos y empresas que pagan el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en sus modalidades nacional y provincial. El IAE es un tributo que grava la actividad económica que se realiza en territorio español.

Lo que cambia es la forma y el plazo para pagar este impuesto. A partir de ahora, el pago se realizará a través de bancos y otras entidades colaboradoras, utilizando un documento de ingreso específico. Si no recibes este documento o lo pierdes, podrás obtener un duplicado en las oficinas de la Agencia Tributaria. Además, el plazo para realizar este pago voluntario se amplía, abarcando desde el 15 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 1997.

Esta modificación entra en vigor para el ejercicio fiscal de 1997, con el plazo de pago establecido entre el 15 de septiembre y el 20 de noviembre de 1997. Es importante estar atento a la recepción del documento de ingreso o solicitar un duplicado si fuera necesario para cumplir con la obligación tributaria.

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Corrección de detalles en normas de seguridad privada

Esta orden ministerial se trata de una corrección de errores de una norma anterior de 1997 que detallaba aspectos sobre empresas de seguridad. Afecta principalmente a las especificaciones técnicas de los materiales y equipos utilizados en la seguridad privada, como el diámetro de adherentes, el espesor de blindajes o la cobertura de sistemas.

Lo que cambia concretamente son algunos valores numéricos y descripciones en las especificaciones técnicas. Por ejemplo, se modifica el diámetro mínimo o máximo de ciertos elementos, el espesor de blindajes, o los grados de cobertura vertical de sistemas de seguridad. También se actualizan referencias a normas técnicas, alineándolas con estándares europeos.

Esta corrección de errores entró en vigor el 2 de julio de 1997, fecha de publicación de esta orden. Su objetivo es asegurar la precisión y la correcta aplicación de las normativas de seguridad privada vigentes en aquel momento.

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Ajuste en la representación de organizaciones agrarias

Este documento corrige un error en un reglamento que regula las organizaciones interprofesionales agroalimentarias. Estas organizaciones son entidades que agrupan a diferentes actores de un mismo sector agrario, como agricultores, ganaderos, transformadores y distribuidores, para trabajar conjuntamente en temas de interés común.

El cambio concreto consiste en aumentar el número de representantes en un órgano específico de estas organizaciones. Donde antes se mencionaba un número determinado de representantes, ahora se especifica que serán uno más. Esto puede afectar a la distribución de la representatividad dentro de dichas organizaciones.

La corrección se aplica desde la fecha de publicación del Real Decreto original, que fue el 3 de junio de 1997, aunque este documento de corrección se publica el 2 de julio de 1997. Por lo tanto, el cambio es efectivo desde el momento en que se publicó el reglamento inicial.

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Reconocimiento de la Universidad S.E.K. como privada en Segovia

Esta ley reconoce oficialmente a la Universidad S.E.K., ubicada en Segovia, como una institución de enseñanza superior de carácter privado. Esto significa que, cumpliendo con la normativa vigente, esta universidad podrá operar bajo su propia estructura y directrices, siempre respetando los principios constitucionales de libertad de enseñanza.

Lo que cambia concretamente es que la Universidad S.E.K. obtiene el estatus legal necesario para iniciar y desarrollar sus actividades académicas como centro privado. La ley establece que deberá regirse por la normativa universitaria española y sus propias normas internas, garantizando la libertad académica en sus enseñanzas, investigación y estudios.

La entrada en vigor de esta ley se produjo el 1 de julio de 1997. A partir de esa fecha, la Universidad S.E.K. quedó formalmente reconocida como privada, permitiéndole avanzar en los trámites para su posterior autorización de funcionamiento por parte de las autoridades educativas competentes.

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España podrá mantener su consulado en Hong Kong

Este acuerdo permite que España siga teniendo su Consulado General en Hong Kong, una ciudad que forma parte de China. Esto significa que los ciudadanos españoles que vivan o viajen a Hong Kong podrán seguir contando con la ayuda y los servicios de su consulado, como si estuvieran en cualquier otro lugar donde España tenga representación diplomática.

Lo que cambia concretamente es que se formaliza la continuidad de este consulado tras la transferencia de soberanía de Hong Kong a China. Además, se amplía la cobertura del consulado español en Hong Kong para incluir también la Región Administrativa Especial de Macao a partir de finales de 1999, cuando Macao también pasó a ser administrado por China.

El acuerdo entró en vigor el 1 de julio de 1997, justo después de que Reino Unido devolviera Hong Kong a China. Esto aseguró que la asistencia consular española a sus ciudadanos en la región continuara sin interrupciones importantes.

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Nuevos precios para tabaco en Ceuta

Esta resolución informa sobre los precios actualizados de venta al público de varios tipos de tabaco, como cigarrillos negros y rubios, que se venden en las estanqueras de Ceuta. Estos precios incluyen todos los impuestos aplicables.

Lo que cambia es el coste final de las cajetillas de tabaco. Se publican listas detalladas con marcas específicas y sus nuevos precios en pesetas por cajetilla, afectando directamente a los consumidores de estos productos en la ciudad autónoma.

La entrada en vigor de estos precios se produce tras su publicación oficial. Al ser una resolución de 1997, estos precios ya estaban vigentes desde esa fecha para las ventas realizadas en Ceuta.

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Normas para repartir el impuesto de centrales nucleares

Este Real Decreto establece cómo se deben repartir los impuestos de las centrales nucleares que producen electricidad, específicamente para los periodos anteriores al 1 de enero de 1996. El objetivo es asegurar que el dinero recaudado por este impuesto se distribuya de forma justa entre los municipios afectados por estas instalaciones.

Lo que cambia es la forma en que se calcula y se asigna el dinero del Impuesto sobre Actividades Económicas para la producción de energía nuclear. Antes, la ley ya contemplaba que este impuesto pudiera tener partes municipales, provinciales y nacionales, y que su gestión correspondiera al Estado. Este decreto concreta cómo se deben repartir esas cuotas, especialmente cuando las instalaciones afectan a varios municipios.

Este Real Decreto entró en vigor el 28 de junio de 1997, pero se refiere a hechos y cuotas del impuesto devengadas con anterioridad al 1 de enero de 1996. Por lo tanto, su aplicación es retroactiva para esos periodos fiscales específicos.

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