El Horno

Actualización de precios de tabaco en Melilla

Esta resolución informa sobre los nuevos precios de venta al público de varios tipos de cigarrillos y otras labores de tabaco que se venden en los estancos de Melilla. Estos precios incluyen todos los impuestos aplicables y son el resultado de las propuestas presentadas por los fabricantes e importadores de estos productos.

Lo que cambia concretamente es el importe que los consumidores deberán pagar por cada cajetilla de tabaco. Se detallan los precios para una amplia variedad de marcas y tipos, tanto de cigarrillos negros como rubios, especificando si son con o sin filtro, lights, o en formatos más largos (100'S, 120'S).

Esta actualización de precios entró en vigor el 7 de agosto de 1997, fecha en la que se publicó la resolución. Por lo tanto, desde ese día los precios reflejados en el documento son los que se aplican en los puntos de venta autorizados en Melilla.

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Nuevas reglas para los corredores de comercio

Este Real Decreto actualiza las normas que rigen la profesión de los corredores de comercio, quienes actúan como intermediarios en operaciones mercantiles. El objetivo es modernizar su funcionamiento y adaptarlo a la legislación vigente, especialmente en lo referente a la protección del consumidor y la agilidad de las transacciones.

Lo más destacado es que, por norma general, el corredor deberá estar presente personalmente cuando se firmen los documentos en los que interviene. Sin embargo, se contemplan excepciones para agilizar trámites con entidades financieras. Además, se refuerzan las obligaciones de los corredores para asegurar que las operaciones sean legales y cumplan con la normativa de defensa de los consumidores.

Este Real Decreto entró en vigor el 7 de agosto de 1997, modificando un reglamento que ya había sido actualizado en varias ocasiones desde 1959. Busca mejorar la transparencia y la seguridad en las operaciones comerciales en las que participan estos profesionales.

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Corrección de errores en documentos del Padrón Municipal

Esta resolución se refiere a la corrección de pequeños errores detectados en la publicación de unas instrucciones técnicas dirigidas a los Ayuntamientos. Estas instrucciones, que datan de julio de 1997, explicaban cómo actualizar el Padrón Municipal, un registro oficial donde figuran todos los vecinos de un municipio. La corrección aclara detalles en los modelos de impresos utilizados para obtener certificaciones del Padrón.

Lo que cambia concretamente es la forma en que deben presentarse ciertos documentos. Se corrigen anotaciones importantes en los formularios, se añade la referencia al modelo de impreso en la esquina superior derecha y se incluyen casillas para indicar el número de personas que abarca una certificación. Básicamente, se hacen ajustes para que los impresos sean más claros y completos.

Esta corrección de errores entró en vigor el 7 de agosto de 1997, fecha de publicación de esta resolución. Su objetivo es asegurar que los Ayuntamientos dispongan de los modelos de impresos correctos y actualizados para la gestión del Padrón Municipal, facilitando así los trámites a los ciudadanos.

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Impuesto sobre actividades que afectan al medio ambiente

Esta ley establece un nuevo impuesto en Extremadura para aquellas actividades que puedan tener un impacto negativo en el medio ambiente. Su objetivo principal es proteger el entorno natural, reconociendo que el progreso a veces puede dañarlo de forma irreversible. Se trata de una medida para incentivar prácticas más sostenibles.

Concretamente, la ley define qué actividades estarán sujetas a este impuesto, quiénes son los responsables de pagarlo y cómo se calculará la cantidad a abonar. Se inspira en normativas similares de otras comunidades autónomas y de Europa, buscando un equilibrio entre la actividad económica y la protección ambiental.

La ley entró en vigor el 7 de agosto de 1997, siendo publicada en el Boletín Oficial de Extremadura. Desde entonces, las empresas y actividades que cumplan los requisitos establecidos deben tener en cuenta esta nueva carga fiscal para sus operaciones.

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Ahorro en el gasto público del Gobierno

Esta resolución establece un plan para reducir los gastos de funcionamiento de la Administración General del Estado. El objetivo es que el dinero público se gaste de forma más eficiente y controlada, adaptándose a las cantidades disponibles en el presupuesto.

Concretamente, se dictan normas para controlar el uso de teléfonos, buscando que solo se usen para fines laborales y que se bloqueen al finalizar la jornada. Estas medidas se aplican a varios ministerios y organismos públicos para asegurar que el ahorro se extienda por toda la administración.

La instrucción que detalla estas medidas de austeridad fue aprobada en julio de 1997 y entró en vigor poco después, buscando un uso más responsable de los recursos públicos en aquel momento.

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Corrección en la lista de aditivos alimentarios

Este documento es una corrección de errores de un Real Decreto anterior que aprobaba una lista de aditivos permitidos en alimentos, excluyendo colorantes y edulcorantes. Básicamente, aclara y corrige las cantidades máximas o las condiciones de uso de ciertos aditivos en diversos productos alimenticios.

Afecta a la forma en que se utilizan algunos ingredientes (aditivos) en la fabricación de alimentos. Por ejemplo, se modifican las cantidades permitidas de ciertos aditivos en productos como la leche cuajada, frutas desecadas, o en la elaboración de bebidas y productos de la pesca. También se aclara el uso de aditivos en complementos de la dieta y en sustitutos de la sal.

Esta corrección entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Su objetivo es asegurar que las normativas sobre aditivos alimentarios sean precisas y claras para los fabricantes y consumidores, garantizando la seguridad alimentaria y evitando confusiones en la aplicación de la ley original.

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Reorganización de las oficinas de recaudación de la Seguridad Social

Esta resolución modifica la distribución geográfica de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social. El objetivo principal es mejorar la gestión administrativa y facilitar los trámites a los ciudadanos y empresas que deben relacionarse con la Seguridad Social, acercando estos servicios a los obligados.

Lo que cambia concretamente es la delimitación territorial de estas unidades en algunas provincias, como Albacete y Madrid. Se ajustan los municipios y distritos postales que dependen de cada oficina para que su funcionamiento sea más eficiente y accesible para los usuarios.

Esta modificación entra en vigor a partir de la fecha de publicación de la resolución, que fue el 5 de agosto de 1997, aunque la resolución en sí es de fecha 22 de julio de 1997.

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Monedas conmemorativas de Cánovas del Castillo

Esta orden ministerial de 1997 autorizó la creación de monedas especiales para honrar la memoria de Antonio Cánovas del Castillo, un importante político e historiador español, al cumplirse cien años de su fallecimiento. El objetivo era rendir homenaje a su figura histórica mediante la emisión de piezas numismáticas únicas.

Concretamente, se acordó acuñar y poner en circulación una moneda de 1.000 pesetas. Esta moneda, hecha de plata, llevaría en el reverso un retrato de Cánovas del Castillo, las fechas conmemorativas (1897-1997) y el valor facial. En el anverso, figuraría la efigie del Rey Juan Carlos I. Se planificó la emisión de hasta 20.000 unidades.

La orden se publicó el 5 de agosto de 1997, y la fecha inicial prevista para la emisión y puesta en circulación de estas monedas conmemorativas fue el segundo semestre de ese mismo año. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se encargó de su fabricación.

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Nuevo modelo para deducir impuestos en vehículos

Esta orden aprueba un nuevo formulario, el modelo 567, para que los ciudadanos puedan aplicar deducciones en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Esto se refiere al impuesto que se paga al matricular un vehículo nuevo.

Concretamente, este modelo permite aplicar una deducción que se introdujo para fomentar la modernización del parque de vehículos, mejorar la seguridad vial y proteger el medio ambiente, a través del llamado Programa PREVER. También se podrán aplicar otras deducciones por circunstancias excepcionales como inundaciones.

La orden entra en vigor con su publicación, permitiendo desde ese momento utilizar este nuevo modelo para realizar la declaración y el pago del impuesto, aplicándose las deducciones correspondientes.

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Precios máximos de gasolina en Ceuta y Melilla en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina en las ciudades de Ceuta y Melilla, sin incluir los impuestos. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran excesivamente y afectar a los consumidores de estas zonas.

Lo que cambia concretamente es que se publican unas cifras específicas en pesetas por litro para la gasolina súper y la sin plomo. Estos precios, una vez sumados los impuestos correspondientes, eran los máximos permitidos para la venta al público en las estaciones de servicio.

Esta medida entró en vigor a partir de las cero horas del día 2 de agosto de 1997, afectando directamente a los conductores y usuarios de gasolina en Ceuta y Melilla desde esa fecha.

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Precios máximos de la gasolina en Canarias en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina al público en Canarias a partir del 2 de agosto de 1997. Afecta a todos los consumidores de gasolina en las islas, tanto particulares como profesionales que utilicen vehículos.

Concretamente, se fijan los precios por litro para diferentes tipos de gasolina, como la Súper (I.O. 97), la Normal (I.O. 92) y la Sin Plomo (I.O. 95). Estos precios no incluían el Impuesto General Indirecto Canario.

La medida entró en vigor a las cero horas del 2 de agosto de 1997, marcando un límite para el coste de estos combustibles en el archipiélago en aquel momento.

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Precios máximos para el gas licuado del petróleo

Esta orden establece un sistema para fijar automáticamente los precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo (GLP), como el butano y el propano. El objetivo es que estos precios reflejen de forma más directa las variaciones en los mercados internacionales y los costes de transporte.

Lo que cambia es que, en lugar de fijar los precios de forma discrecional, se crea una fórmula automática. Esta fórmula tendrá en cuenta las cotizaciones internacionales de los GLP y los costes de flete, permitiendo que las subidas o bajadas de estos factores se trasladen de manera más ágil a los precios que pagan los consumidores.

Esta orden entra en vigor el 1 de agosto de 1997, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El sistema de determinación automática de precios ya se aplicaba desde 1993, pero fue suspendido temporalmente en 1996 debido a la volatilidad del mercado, y esta orden lo restablece con ajustes.

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Nuevas reglas para autobuses de transporte de viajeros

Esta orden establece cómo se obtienen los permisos para las empresas que ofrecen servicios de autobús para viajes organizados. Antes, cada autobús necesitaba un permiso específico, y había límites en cuántos permisos podía tener una empresa. Ahora, el permiso se otorga a la empresa en sí, no a cada vehículo individualmente, y se eliminan muchas de las antiguas restricciones cuantitativas.

Lo que cambia es que las empresas ya no están limitadas por la cantidad de autobuses que pueden tener ni por la antigüedad específica de cada uno, siempre que cumplan con los requisitos de seguridad y mantenimiento. Sin embargo, para asegurar la calidad del servicio, las empresas deberán contar con un mínimo de cinco autobuses y un total de noventa plazas.

Esta nueva normativa entró en vigor el 31 de julio de 1997, modificando las reglas que existían desde 1993 y adaptándose a cambios posteriores en la ley de transporte terrestre.

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Actualización de precios de tabaco en 1997

Esta resolución es un anuncio oficial que informa sobre los nuevos precios de venta al público de ciertos productos de tabaco. Se trata de una medida administrativa que afecta a los consumidores de tabaco y a los estancos donde se venden estos productos.

Lo que cambia concretamente es el importe que los ciudadanos deberán pagar por cajetillas de cigarrillos y unidades de cigarros. Estos nuevos precios, que incluyen todos los impuestos aplicables, se aplican tanto en la península e islas Baleares como en Ceuta y Melilla, aunque con tarifas específicas para cada zona.

La resolución entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Dado que la fecha de la resolución es 29 de julio de 1997, su efecto fue inmediato a partir de su publicación oficial.

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Corrección de un error en un acuerdo internacional sobre una fuerza de protección en Albania

Este documento se refiere a una corrección de un error en un acuerdo que se firmó en Roma en 1997 entre Albania y varios países que aportaron tropas a una fuerza multinacional de protección. El acuerdo trata sobre el estatus de dicha fuerza, es decir, las reglas y condiciones bajo las cuales operaría.

El error detectado consistía en que en la publicación oficial del acuerdo se había escrito el año '1995' en lugar del correcto '1997' en el título del mismo. Esta corrección se realiza para asegurar que la información publicada sea precisa y refleje fielmente lo acordado por las partes.

La corrección de este error entra en vigor desde el momento de su publicación oficial. Aunque el acuerdo original se aplicó provisionalmente desde 1997, esta rectificación busca subsanar un detalle formal para que el texto publicado sea el exacto.

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Recuperación de pagos indebidos de pensiones públicas

Este Real Decreto establece las reglas claras para recuperar el dinero de pensiones públicas que se hayan cobrado por error. Se trata de asegurar que las cantidades que no correspondían a quien las recibió, sean devueltas a la administración. El objetivo es simplificar y hacer más eficiente este proceso de cobro.

Lo que cambia es que se definen los pasos a seguir para reclamar estas cantidades. Se establecen procedimientos generales y otros específicos, por ejemplo, si la persona que debe devolver el dinero sigue cobrando otra pensión, se podrá descontar directamente de su nómina. Esto busca facilitar el pago al ciudadano y agilizar la recuperación para el Estado.

Este Real Decreto entró en vigor en 1997. Su aplicación es nacional y afecta a todas las personas que hayan recibido indebidamente alguna prestación de Clases Pasivas, es decir, pensiones públicas como las de jubilación, viudedad, orfandad, etc., que no les correspondían legalmente.

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Nueva Comisión para la Información Administrativa en Agricultura

Esta orden ministerial crea la Comisión Ministerial de Información Administrativa dentro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Su objetivo principal es mejorar la forma en que el ministerio proporciona información a los ciudadanos y gestiona los trámites administrativos, adaptándose a los cambios estructurales que ha experimentado el departamento.

Lo que cambia concretamente es la creación de este nuevo órgano colegiado, que tendrá la responsabilidad de supervisar y coordinar los servicios de información administrativa. Esto implica una actualización en la forma en que el ministerio se relaciona con los ciudadanos en cuanto a información y procedimientos, buscando una mayor eficiencia y claridad.

La orden entra en vigor tras su publicación, que tuvo lugar el 30 de julio de 1997. Por lo tanto, los efectos de la creación de esta comisión y la actualización de otros órganos colegiados se hicieron efectivos a partir de esa fecha.

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Regulación de cooperativas y sociedades de transportistas

Esta orden ministerial establece las normas para que las cooperativas de transportistas y las sociedades de comercialización puedan operar legalmente en el sector del transporte terrestre. Su objetivo es definir los requisitos y procedimientos necesarios para su inscripción en el Registro General de Transportistas, garantizando así un marco ordenado para estas entidades.

Concretamente, la orden detalla quiénes pueden ser socios de estas cooperativas y sociedades, especificando que deben ser personas físicas o jurídicas que posean autorizaciones para prestar servicios de transporte público. También se establecen las condiciones que deben cumplir estas organizaciones para poder realizar actividades de captación de cargas, contratación de servicios y comercialización para sus miembros.

Esta normativa entró en vigor en 1997, fecha de su publicación, y su finalidad era desarrollar lo dispuesto en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento, proporcionando las reglas específicas para la aplicación de dichas leyes en el ámbito de las cooperativas y sociedades de transportistas.

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Ayudas para la erradicación de la peste porcina

Este documento oficial, convalidado por el Congreso de los Diputados en 1997, autoriza la concesión de fondos económicos adicionales al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El objetivo principal era hacer frente a una grave crisis sanitaria en el sector porcino.

Concretamente, se destinaron cerca de 4.280 millones de pesetas para financiar medidas urgentes. Estas incluían el sacrificio obligatorio y preventivo de animales para contener la propagación de la peste porcina clásica, así como la implementación de acciones para evitar que la enfermedad se extendiera.

La decisión de convalidar este Real Decreto-ley se tomó en julio de 1997, lo que significa que las medidas y la financiación aprobadas entraron en vigor en ese momento, permitiendo al ministerio actuar de inmediato para proteger la salud animal y la economía del sector.

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Regulación de las ventas a distancia a nivel nacional

Este Real Decreto establece las normas para las empresas que venden productos a distancia, es decir, a través de catálogos, internet u otros medios, cuando su actividad abarca más de una Comunidad Autónoma. Su objetivo es organizar y controlar estas ventas para proteger a los consumidores y asegurar un marco legal claro para las empresas.

Lo que cambia concretamente es la creación de un Registro Nacional de empresas de ventas a distancia. Las empresas que operen a nivel nacional deberán solicitar una autorización y registrarse en este nuevo sistema. Esto permitirá al Ministerio de Economía y Hacienda tener un control sobre estas actividades y garantizar que cumplen con la ley.

Este Real Decreto entró en vigor el 25 de julio de 1997. Su aplicación es fundamental para unificar la regulación de las ventas a distancia en todo el territorio español, evitando disparidades entre las distintas Comunidades Autónomas y ofreciendo seguridad jurídica tanto a vendedores como a compradores.

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Precios máximos de la gasolina en Canarias en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la venta de gasolina al público en Canarias a partir del 26 de julio de 1997. El objetivo era fijar un límite para evitar subidas descontroladas y garantizar un precio justo para los consumidores en la comunidad autónoma.

Concretamente, se publicaron los precios máximos por litro para diferentes tipos de gasolina, como la súper (97 octanos), la normal (92 octanos) y la sin plomo (95 octanos). Estos precios se establecieron en pesetas y no incluían el Impuesto General Indirecto Canario, que se aplicaba aparte.

La medida entró en vigor el 26 de julio de 1997, tal como se indicaba en la propia resolución. Era una forma de regular el mercado de combustibles en un momento determinado para proteger al ciudadano.

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Precios máximos de gasolina en Ceuta y Melilla en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina en las ciudades de Ceuta y Melilla a partir del 26 de julio de 1997. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios de estos combustibles subieran más allá de lo permitido, antes de sumarles los impuestos correspondientes.

Lo que cambia concretamente es que se publican los importes máximos, sin impuestos, para la gasolina Súper 97 y la sin plomo 95. Estos precios se establecieron en 42,2 pesetas por litro para la Súper 97 y 43,9 pesetas por litro para la sin plomo 95. A estas cifras se les añadirían los impuestos vigentes en ese momento.

Esta medida entró en vigor el 26 de julio de 1997, tal como se indica en la propia resolución. Era una forma de controlar los costes de la gasolina en estas dos ciudades autónomas, basándose en un sistema de precios máximos aprobado previamente.

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Nueva serie de monedas conmemorativas en España

Esta orden ministerial aprueba la creación y puesta en circulación de una nueva serie de monedas conmemorativas, la tercera de la serie Iberoamericana, dedicada al encuentro de dos mundos. Estas monedas buscan celebrar la riqueza cultural de los países participantes a través de sus danzas y trajes típicos.

Concretamente, se emitirá una moneda de plata con un valor facial de 2.000 pesetas. Sus diseños incluirán representaciones de danzas españolas, escudos nacionales de los países iberoamericanos y leyendas alusivas a la conmemoración. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre será la encargada de su acuñación y comercialización.

Esta disposición entra en vigor en el año 1997, continuando con el programa de emisiones numismáticas iniciado años atrás para conmemorar eventos históricos y culturales de relevancia compartida entre España y América Latina.

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Nuevas monedas conmemorativas de la Casa de Borbón

Esta orden ministerial de 1997 autorizó la creación y puesta en circulación de monedas especiales para rendir homenaje a la dinastía de la Casa de Borbón en España. Se trata de piezas numismáticas que buscan conmemorar a los reyes de esta histórica casa real, desde sus inicios hasta la figura del Rey Juan Carlos I.

Concretamente, se acordó la emisión de monedas de 2.000 pesetas, fabricadas en plata, con diseños específicos que incluyen retratos de reyes como Felipe V y motivos relacionados con la historia de la monarquía, como la fuente de Apolo y Minerva del Real Sitio de San Ildefonso. Estas monedas tienen características técnicas detalladas en cuanto a su composición, peso y diámetro.

La orden fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 23 de julio de 1997, siendo este el momento en que se hizo efectiva la autorización para la emisión y acuñación de estas monedas conmemorativas. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre fue la encargada de su producción y comercialización.

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Más opciones para invertir el dinero de los fondos.

Este Real Decreto aclara las reglas sobre dónde pueden invertir las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), como los fondos de inversión. Antes, la mayoría del dinero debía estar en valores que se compran y venden en bolsa. Ahora, se amplían las posibilidades para invertir en empresas que no cotizan en bolsa, es decir, empresas más pequeñas o que no son públicas.

Concretamente, se permite que más tipos de fondos y sociedades de inversión destinen una parte de su patrimonio a invertir directamente en empresas que no están en la bolsa. Esto significa que el dinero de los inversores podrá fluir más fácilmente hacia la economía real, apoyando a negocios que necesitan financiación.

Este Real Decreto entró en vigor el 19 de julio de 1997, desarrollando lo establecido previamente en un Real Decreto-ley de 1996. Su objetivo es facilitar la financiación de las pequeñas y medianas empresas en España.

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Aclaración sobre el IVA en alquiler de aviones para entidades públicas

Esta resolución aclara cuándo no se paga el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al alquilar o fletar aviones completos para entidades públicas. El objetivo es evitar confusiones y asegurar que todos apliquen la norma de la misma manera, especialmente al diferenciar estos servicios de otros como la extinción de incendios o la vigilancia.

Concretamente, se establece que el alquiler o flete total de un avión estará exento de IVA si la entidad pública que lo recibe lo utiliza para llevar a cabo sus funciones públicas. Esto incluye actividades como transporte, vigilancia o salvamento, siempre que sean parte de sus competencias oficiales.

Esta resolución es de fecha 30 de junio de 1997 y su objetivo es clarificar la aplicación de una ley del IVA de 1992. Por lo tanto, sus efectos son de aplicación desde la fecha de su publicación, buscando dar seguridad jurídica a las operaciones afectadas.

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Nuevas tasas para valorar inmuebles por entidades financieras

Esta resolución establece las cantidades mínimas que las entidades financieras deben considerar al valorar ciertos tipos de inmuebles. Se trata de actualizar unos valores que se fijaron hace tiempo y que ahora se ajustan a la realidad del mercado inmobiliario y a los tipos de interés actuales.

Concretamente, se fijan porcentajes mínimos para la 'tasa anual mínima' y la 'prima de riesgo' aplicables a viviendas (tanto de primera como de segunda residencia), oficinas, locales comerciales, naves industriales, plazas de aparcamiento y fincas rústicas. Estos porcentajes son inferiores a los que se aplicaban anteriormente, reflejando una posible bajada en la valoración de estos bienes.

La nueva normativa entra en vigor el próximo 1 de septiembre de 1997, por lo que las entidades financieras deberán aplicar estas nuevas tasas a partir de esa fecha para la valoración de los inmuebles que les afecten.

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Precios máximos de gasolina en Ceuta y Melilla en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina en las ciudades de Ceuta y Melilla, sin contar los impuestos. El objetivo era fijar un tope para evitar que los precios subieran excesivamente y proteger a los consumidores de posibles abusos.

Lo que cambia concretamente es que se publican unas cifras específicas para la gasolina Súper (97 octanos) y la gasolina sin plomo (95 octanos). Estos precios, expresados en pesetas por litro y antes de sumar los impuestos correspondientes, servían como guía para los vendedores y como límite para los compradores.

La medida entró en vigor el 19 de julio de 1997. A partir de esa fecha, los precios de venta al público de estos combustibles en Ceuta y Melilla no podían superar los máximos establecidos en esta resolución, una vez sumados los impuestos vigentes.

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Precios máximos de gasolinas en Canarias en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la venta de gasolinas al público en Canarias a partir del 19 de julio de 1997. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios de estos combustibles superaran una cantidad determinada, excluyendo el Impuesto General Indirecto Canario.

Concretamente, se detallan los precios máximos por litro para diferentes tipos de gasolinas, como la Súper (I.O. 97), la Normal (I.O. 92) y la Sin Plomo (I.O. 95). Estos precios se aplicaban directamente en las estaciones de servicio o en los surtidores.

La normativa entró en vigor el 19 de julio de 1997, marcando los límites de precio para la venta de estos productos energéticos en el archipiélago canario a partir de esa fecha.

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Corrección de errores en normativa de protección laboral

Este documento aclara pequeños errores en un Real Decreto de 1997 que establece las normas mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos de protección individual por parte de los trabajadores. Se trata de una corrección técnica para asegurar que la normativa sea precisa y clara en su aplicación.

Los cambios concretos son de tipo ortográfico. Se corrige la palabra "presión" por "prensión" en dos puntos específicos del texto original, refiriéndose a los dispositivos que sujetan o sujetan el cuerpo. Esto no altera el fondo de la norma, sino que garantiza su correcta interpretación.

Esta corrección de erratas se publica el 18 de julio de 1997, corrigiendo el texto que apareció en el Boletín Oficial del Estado el 12 de junio de 1997. Su entrada en vigor es inmediata a su publicación.

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