El Horno

Inspección de buques extranjeros en puertos españoles

Este Real Decreto establece las normas para controlar que los buques extranjeros que visitan puertos españoles cumplan con las regulaciones internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de trabajo. Su objetivo es garantizar que todos los barcos que operan en aguas españolas sigan los mismos estándares de seguridad y protección del medio ambiente.

Concretamente, se aprueba un Reglamento que detalla cómo se realizarán estas inspecciones. Esto significa que los inspectores españoles podrán verificar que los buques extranjeros cumplen con las normativas internacionales, lo que puede resultar en la exigencia de correcciones o incluso la prohibición de zarpar si no se cumplen los requisitos.

Este Real Decreto entró en vigor el 4 de noviembre de 1997, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y su reglamento asociado se aplica desde entonces para asegurar la seguridad en el ámbito marítimo español.

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Décret royal 1645/1997 – chiffres officiels de population de 1996 Le décret officialise les données de population issues de la dernière rénovation du Padrón municipal, réalisée le 1 mai 1996. Il concerne l’ensemble des municipalités espagnoles, le gouvernement central, l’Institut National de Statistique (INE) et, indirectement, chaque citoyen, car ces chiffres servent de base aux dotations financières, à la répartition des circonscriptions électorales et à la planification des services publics. Concrètement, le texte met fin aux renouvellements quinquennaux du registre (les années se terminant en 1 et 6) et fixe les chiffres de 1996 comme les derniers à être déclarés officiels. L’INE a coordonné la collecte, vérifié la conformité des données et, après avis favorable, a soumis les totaux au gouvernement, qui les a approuvés par le présent décret. Le décret a été publié le 1 novembre 1997, rendant effectives les populations officielles de chaque municipalité à la date de référence du 1 mai 1996, même si certains ayuntamientos n’avaient pas encore résolu les observations de l’INE au moment de la publication.

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Precios máximos de gasolina en Ceuta y Melilla en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina en las ciudades de Ceuta y Melilla a partir del 1 de noviembre de 1997. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran excesivamente, protegiendo así a los consumidores de estas zonas específicas.

Lo que cambia concretamente es que se publican los importes máximos, sin incluir los impuestos, para diferentes tipos de gasolina. A estos precios base se les añadirían los impuestos correspondientes para obtener el precio final que el ciudadano pagaría en el surtidor. Se detallan los precios para la gasolina súper (I.O. 97) y la sin plomo (I.O. 95).

Esta medida entró en vigor el día 1 de noviembre de 1997, tal como se especifica en la resolución. La publicación de estos precios máximos se realizaba para informar a todos los ciudadanos y establecimientos afectados en Ceuta y Melilla.

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Precios máximos de gasolinas en Canarias en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la venta de gasolinas al público en Canarias a partir del 1 de noviembre de 1997. El objetivo era garantizar que los precios de estos productos, esenciales para el transporte, no superaran un límite establecido por la administración. Afectaba directamente a los consumidores canarios y a las estaciones de servicio de la comunidad autónoma.

Lo que cambia concretamente es la fijación de un tope para el precio de venta de diferentes tipos de gasolinas, como la súper, la normal y la sin plomo. Estos precios se establecieron en pesetas por litro y se aplicaban excluyendo el Impuesto General Indirecto Canario, lo que significa que el precio final para el consumidor podía ser ligeramente superior una vez sumado este impuesto.

La entrada en vigor de estos precios máximos fue inmediata a partir de las cero horas del día 1 de noviembre de 1997. La resolución se publica para que todos los ciudadanos y empresas implicadas tuvieran conocimiento de las tarifas que debían respetarse en la venta de gasolinas en el territorio canario.

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Nuevos modelos para declarar el IVA anual

Esta orden aprueba dos nuevos formularios, el modelo 390 y el modelo 392, que sirven para presentar un resumen anual de las declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Están dirigidos a todos los empresarios y profesionales que pagan este impuesto.

Lo que cambia es que se actualizan los formularios para reflejar nuevas leyes fiscales que entraron en vigor en 1996. Además, se crea un modelo específico, el 392, para las grandes empresas, aquellas que facturan más de mil millones de pesetas al año. Esto busca adaptar la declaración a las diferentes realidades de los contribuyentes y mejorar la información que se recoge.

Esta orden entró en vigor el 31 de octubre de 1997, que es la fecha de su publicación, y los nuevos modelos se empezaron a utilizar para las declaraciones correspondientes al año 1997.

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Actualización de precios del tabaco en 1997

Esta resolución de 1997 informa sobre los nuevos precios de venta al público de varias marcas de cigarrillos, cigarros y picadura para liar. Estos precios, que incluyen todos los impuestos, se aplican en los estancos de la península y las Islas Baleares.

Lo que cambia concretamente es el coste de productos como los cigarrillos Peter Stuyvesant, diversos tipos de cigarros de marcas como Agio o Panter, y la picadura para liar Tilbury American Blend. Cada uno de estos productos ve fijado su precio en pesetas por cajetilla o unidad.

La resolución entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, a partir del 31 de octubre de 1997, estableciendo los precios que los consumidores debían pagar por estos artículos de tabaco.

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Nuevo Consejo para el Comercio Exterior

Este Real Decreto crea el Consejo Asesor de Comercio e Inversiones Exteriores. Su objetivo es asesorar al Gobierno en materia de comercio e inversiones fuera de España, buscando mejorar el apoyo a las empresas españolas en sus actividades internacionales. Se trata de un órgano consultivo que reúne a expertos y representantes del sector empresarial.

Lo que cambia es que este nuevo Consejo sustituye a un órgano anterior, el Consejo Asesor de Exportación, y elimina otros consejos territoriales. La idea es tener un único órgano más moderno y adaptado a los cambios económicos globales y a la importancia de la Unión Europea en las negociaciones comerciales.

Este Real Decreto entró en vigor el 29 de octubre de 1997, la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Su propósito es asegurar que las políticas de fomento de la actividad exterior española sean más efectivas y beneficien a nuestras empresas en un mundo cada vez más interconectado.

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Deducción fiscal para proteger el medio ambiente

Este Real Decreto establece un incentivo fiscal para empresas que inviertan en proteger el medio ambiente. Permite a las empresas deducir un 10% de la cuota de su Impuesto de Sociedades si destinan fondos a mejorar la calidad del aire y del agua, o a gestionar residuos industriales.

Concretamente, las empresas podrán reducir el importe a pagar en su impuesto si invierten en instalaciones que eviten o reduzcan la contaminación atmosférica y acuática, o si invierten en la recuperación y tratamiento de residuos. Esta deducción está sujeta a que las inversiones cumplan o mejoren la normativa ambiental vigente y se realicen bajo programas o acuerdos con la Administración.

La normativa entró en vigor para el ejercicio fiscal de 1997, siendo el Real Decreto publicado el 29 de octubre de 1997. Su objetivo es fomentar que las empresas contribuyan activamente a la mejora ambiental, alineándose con el principio de que quien contamina debe asumir los costes.

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Adiós a controles de calidad para licores importados de la UE

Esta circular elimina la necesidad de realizar análisis y obtener certificados especiales para importar a España aguardientes compuestos y licores procedentes de países de la Unión Europea. Anteriormente, existía un requisito de control de calidad para asegurar que estos productos cumplieran con las normativas españolas, similar a las que se exigían a los productos nacionales.

Lo que cambia concretamente es que, gracias a la normativa europea, estos controles previos al levante de la mercancía ya no son necesarios para las importaciones de la UE. La legislación comunitaria establece sus propias reglas para la definición, presentación y calidad de las bebidas espirituosas, y estas son las que ahora prevalecen, simplificando el proceso para los importadores y consumidores.

La derogación de estas disposiciones entra en vigor con la publicación de esta circular, que data de octubre de 1997. Esto significa que desde esa fecha, los trámites para importar este tipo de bebidas desde otros países de la Unión Europea se simplificaron considerablemente, eliminando barreras administrativas.

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Actualización de precios de tabaco en estancos

Esta resolución, publicada en 1997, informa sobre los nuevos precios de venta al público de ciertos tipos de cigarros. Estos precios se aplican a los productos que se venden en las expendedurías de tabaco y timbre, comúnmente conocidas como estancos, en toda la península y las islas Baleares.

Lo que cambia concretamente es el coste de varios modelos de cigarros de las marcas 'Flor de Besana' y 'Monte Albar'. Los precios se detallan en pesetas por unidad, y estos importes ya incluyen todos los impuestos correspondientes, por lo que el consumidor pagará exactamente lo indicado.

La resolución entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que los nuevos precios se aplicaron de forma inmediata tras su anuncio oficial. Esto afectaba directamente a los consumidores que compraban estos productos en los estancos.

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Pequeños ajustes en normas de la Seguridad Social

Este documento es una corrección de errores de un Real Decreto anterior que modificaba las reglas sobre cómo se recaudan las cotizaciones y se gestionan otros pagos a la Seguridad Social. No introduce cambios sustanciales en lo que los ciudadanos deben hacer, sino que aclara detalles técnicos en la redacción de la normativa.

Lo que cambia concretamente son pequeños fallos tipográficos o de referencia dentro del texto original. Por ejemplo, se corrige la forma de escribir una fecha o se ajusta un número de artículo al que se hace referencia. Estos cambios buscan que la normativa sea más precisa y fácil de entender para los profesionales que la aplican.

La entrada en vigor de estas correcciones se produce desde la fecha de publicación de este nuevo Real Decreto, que es el 25 de octubre de 1997. Es importante entender que no afecta directamente a las obligaciones o derechos de los ciudadanos, sino a la claridad del texto legal.

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Precios máximos de gasolina en Ceuta y Melilla en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina en las ciudades de Ceuta y Melilla a partir del 25 de octubre de 1997. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran excesivamente, afectando así a los consumidores de estas dos ciudades autónomas.

Lo que cambia concretamente es que se publican los precios máximos permitidos para la gasolina Súper (97 octanos) y la gasolina sin plomo (95 octanos), pero sin incluir los impuestos. A estos precios base se les sumarían los impuestos que estuvieran vigentes en ese momento para obtener el precio final que pagaría el ciudadano.

Esta medida entró en vigor el 25 de octubre de 1997, tal como se indica en la resolución. Por lo tanto, a partir de esa fecha, los vendedores de gasolina en Ceuta y Melilla debían respetar estos precios máximos establecidos por la Dirección General de la Energía.

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Precios máximos de la gasolina en Canarias en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina al público en Canarias a partir del 25 de octubre de 1997. El objetivo era fijar un límite para evitar subidas excesivas y proteger a los consumidores.

Concretamente, se detallan los precios máximos por litro para diferentes tipos de gasolina, como la Súper (I.O. 97), la Normal (I.O. 92) y la Sin Plomo (I.O. 95). Estos precios no incluían el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

La normativa entró en vigor el 25 de octubre de 1997, marcando los límites de venta al público para estos productos petrolíferos en el archipiélago canario.

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Nuevos precios máximos para el gas butano y propano

Esta resolución establece los precios máximos que se pueden cobrar por los gases licuados del petróleo, como el butano y el propano, que se usan en hogares, comercios e industrias. El objetivo es que los ciudadanos sepan cuánto es lo máximo que deben pagar por estos combustibles.

Concretamente, se fijan tarifas diferentes según cómo se reciba el gas: en bombonas, a granel (directamente en la instalación) o por canalización. También hay diferencias de precio entre la península, las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, teniendo en cuenta los costes de transporte y los impuestos específicos de cada zona.

Estos nuevos precios entraron en vigor el 21 de octubre de 1997. Es importante recordar que a estos precios máximos se les sumarán los impuestos correspondientes según la región donde se consuma el gas.

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Precios máximos de gasolina en Ceuta y Melilla en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina en las ciudades de Ceuta y Melilla a partir del 18 de octubre de 1997, antes de sumar los impuestos. El objetivo era fijar un límite para evitar subidas descontroladas y asegurar un precio justo para los consumidores de estas localidades.

Lo que cambia concretamente es que se publican los importes máximos permitidos para la gasolina súper (con 97 octanos) y la gasolina sin plomo (con 95 octanos). Estos precios, que se detallan en pesetas por litro, servían como referencia para las gasolineras y garantizaban que no se superaran ciertos límites establecidos por la administración.

La medida entró en vigor el 18 de octubre de 1997, tal como se indica en la propia resolución. Esto significa que a partir de esa fecha, los vendedores de combustible en Ceuta y Melilla debían adherirse a estos precios máximos, sumándoles posteriormente los impuestos correspondientes para llegar al precio final de venta al público.

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Precios máximos de la gasolina en Canarias en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas en Canarias a partir del 18 de octubre de 1997. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran excesivamente y proteger así a los consumidores.

Afectaba a todos los ciudadanos que compraban gasolina en las estaciones de servicio de Canarias. Concretamente, se fijaban los precios por litro para diferentes tipos de gasolina, como la súper, la normal y la sin plomo, excluyendo el Impuesto General Indirecto Canario.

La medida entraba en vigor el 18 de octubre de 1997, lo que significaba que, a partir de esa fecha, los vendedores no podían superar esas tarifas establecidas por la Dirección General de la Energía.

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Pequeña corrección en un decreto sobre pensiones

Este documento es una corrección de un error en un Real Decreto de 1997 que trata sobre cómo se recupera el dinero que se ha cobrado por error en el ámbito de las Clases Pasivas. Las Clases Pasivas se refieren principalmente a las pensiones y haberes de funcionarios públicos y otras personas vinculadas al Estado.

Lo que cambia es muy concreto: se elimina una referencia a una norma específica dentro de un artículo. Es decir, se corrige un detalle técnico en la redacción del decreto original para que sea más preciso y no haya lugar a confusiones sobre qué normas se derogan o modifican.

La entrada en vigor de esta corrección es inmediata desde su publicación. Dado que se trata de una rectificación de un error material, no introduce cambios sustanciales en el procedimiento, sino que aclara la aplicación de la normativa existente.

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Cambios en la Comisión que evalúa a los profesores de seguridad privada

Esta resolución modifica la composición de una comisión encargada de evaluar si los aspirantes a ser profesores en centros de formación de seguridad privada cumplen con los requisitos necesarios. Su objetivo es asegurar que quienes imparten formación en este ámbito tengan la cualificación adecuada.

Concretamente, se añade un nuevo miembro a esta comisión: el Jefe de la Sección Técnica de Procesos de Seguridad Privada. Esta incorporación busca mejorar la gestión y el estudio de las solicitudes de los aspirantes, basándose en la experiencia acumulada y la actividad de dicha sección.

La resolución entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que los cambios en la composición de la comisión se aplicaron de forma inmediata tras su publicación en 1997.

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Nuevas normas para contabilizar Letras del Tesoro a largo plazo

Esta resolución establece cómo deben registrarse en las cuentas públicas las Letras del Tesoro que se emiten por un plazo superior a un año. Anteriormente, todas las Letras del Tesoro tenían vencimientos de un año o menos, y se contabilizaban como deuda a corto plazo. La aparición de Letras con vencimientos de dieciocho meses ha obligado a adaptar estas normas contables.

Concretamente, las nuevas Letras del Tesoro a más de un año ya no se registrarán como deuda a corto plazo, sino que se incluirán dentro del endeudamiento a largo plazo. Para poder distinguirlas de otras deudas a largo plazo, se crea una nueva subcuenta específica para ellas. Además, la información que se presenta sobre estas deudas deberá desglosarse para diferenciar claramente las de corto y largo plazo.

Esta normativa entró en vigor el 16 de octubre de 1997, fecha de publicación de la resolución. Su objetivo es asegurar que la contabilidad pública refleje de manera precisa la naturaleza de estas emisiones de deuda pública, adaptándose a las nuevas modalidades de financiación del Estado.

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Actualización de precios de tabaco en estancos

Esta resolución, publicada en 1997, informa sobre los nuevos precios de venta al público de ciertos productos de tabaco, como cigarros, picadura para pipa y picadura para mascar. Estos precios se aplican en los estancos de la península y las islas Baleares.

Los cambios concretos se refieren a la lista de productos y sus correspondientes precios en pesetas por unidad o gramo. Por ejemplo, los cigarros Reig Mini Filter se fijaron en 24 pesetas, la picadura para pipa Apple Moulasses Tobacco (250 gramos) en 1.000 pesetas, y la picadura para mascar Makla Ifrikia (20 gramos) en 125 pesetas.

La resolución entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 16 de octubre de 1997. Su objetivo era hacer públicos los precios acordados por fabricantes e importadores.

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Nuevo modelo para el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF

Esta orden aprueba un nuevo modelo, el 190, que sirve como resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Su objetivo es simplificar la declaración de estas cantidades que se aplican a los rendimientos del trabajo, actividades profesionales, agrícolas, ganaderas y a ciertos premios.

Lo que cambia concretamente es la aprobación de un nuevo diseño para este resumen anual. Este nuevo modelo busca adaptarse a cambios normativos recientes y permite la presentación de la información mediante soportes directamente legibles por ordenador, facilitando así el proceso tanto para los declarantes como para la administración tributaria.

La orden fue aprobada el 6 de octubre de 1997 y entró en vigor el 14 de octubre de 1997, fecha de su publicación. Por lo tanto, se aplica a las declaraciones y resúmenes anuales correspondientes a partir de esa fecha.

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Mejora del control en la gestión sanitaria pública

Esta orden ministerial, publicada en 1997, establece cómo se deben medir y evaluar los objetivos de ciertos programas de salud en España. Su propósito es asegurar que los recursos públicos se utilicen de la mejor manera posible, haciendo que la gestión sanitaria sea más efectiva y eficiente.

Lo que cambia concretamente es la definición de unos indicadores y fichas específicas para seguir de cerca el programa de Atención Primaria de Salud y el de Atención Especializada gestionados directamente por el INSALUD. Esto permite una evaluación más precisa de los resultados obtenidos y una mejor planificación para el futuro.

La orden entra en vigor con su publicación, estableciendo las normas para el seguimiento de estos programas sanitarios. Su objetivo es adaptar la forma en que se miden los avances para que sea más útil y precisa, basándose en la experiencia previa y en la legislación presupuestaria vigente en aquel momento.

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El Estado se hace dueño de los derechos de explotación de la Marcha Real

Este Real Decreto establece que el Estado español adquiere de forma exclusiva los derechos de explotación de la obra musical conocida como la «Marcha Real Española», que es nuestro himno nacional, y de la «Llamada de Infantes». Esto significa que el Estado pasa a ser el propietario de los derechos sobre cómo se reproduce, distribuye o utiliza esta música.

Lo que cambia concretamente es que el Ministerio de Educación y Cultura (ahora Ministerio de Cultura y Deporte) se encargará de administrar estos derechos. Esto incluye la posibilidad de ceder su gestión a entidades autorizadas, asegurando que el uso de estas obras musicales se realice de acuerdo con la ley y protegiendo su carácter oficial.

Este Real Decreto entró en vigor el 10 de octubre de 1997, pocos días después de su aprobación por el Consejo de Ministros el 3 de octubre de ese mismo año. Su objetivo es garantizar la protección y el control estatal sobre estas piezas musicales de gran relevancia histórica y oficial.

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Precios máximos de gasolina en Ceuta y Melilla en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina en las ciudades de Ceuta y Melilla a partir del 11 de octubre de 1997. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran excesivamente, protegiendo así el bolsillo de los ciudadanos de estas localidades.

Concretamente, se publicaron los precios máximos por litro de gasolina súper (con plomo) y gasolina sin plomo, pero sin incluir los impuestos. A estos precios base se les sumarían los impuestos correspondientes en cada momento para obtener el precio final de venta al público.

Esta medida entró en vigor el 11 de octubre de 1997, según lo dispuesto en una orden anterior de diciembre de 1996. La Dirección General de la Energía era el organismo encargado de hacer pública esta información para que todos los ciudadanos estuvieran al tanto de los límites de precios establecidos.

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Nuevo método para registrar pagos de deudas al Estado

Esta resolución de 1997 establece cómo deben contabilizarse ciertos pagos que se reciben directamente en las cuentas de las oficinas que gestionan las deudas con el Estado, en lugar de hacerlo a través del proceso habitual de cobro. Se aplica a deudas que ya estaban en proceso de cobro forzoso.

Lo que cambia es la forma en que se registra contablemente este tipo de cobros. En lugar de seguir el procedimiento normal, estos ingresos se anotarán como 'Derechos cancelados por otras causas'. Esto significa que, a efectos contables, se considera que la deuda ha sido saldada, aunque el proceso de cobro haya sido diferente al previsto inicialmente.

La resolución entró en vigor el 10 de octubre de 1997, fecha de su publicación. Por lo tanto, su aplicación es retroactiva a partir de ese momento para las incidencias que ocurran o se detecten desde entonces.

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Precios máximos de gasolinas en Canarias en 1997

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la venta de gasolinas al público en Canarias. Su objetivo era fijar un límite para evitar que los precios de estos combustibles superaran una cantidad determinada, protegiendo así el bolsillo de los consumidores en la región.

Concretamente, se publicaron los precios máximos por litro para diferentes tipos de gasolinas, como la Súper (I.O. 97), la Normal (I.O. 92) y la Sin Plomo (I.O. 95). Estos precios se aplicaban sin incluir el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

La medida entró en vigor a partir de las cero horas del día 11 de octubre de 1997, y su cumplimiento era obligatorio para los vendedores de gasolinas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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Canarias y Hacienda: un pulso por los impuestos a vehículos en su territorio

Este asunto se refiere a un conflicto entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central sobre quién tiene la autoridad para regular ciertos impuestos relacionados con la determinación de medios de transporte, es decir, vehículos, dentro de Canarias. El Gobierno canario considera que la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de enero de 1997 invade sus competencias.

Lo que cambia concretamente es que se está debatiendo si el Estado o la Comunidad Autónoma de Canarias tiene la potestad de establecer las normas y modelos para la declaración y liquidación de un impuesto especial que afecta a la compra o matriculación de vehículos en las islas. El Tribunal Constitucional decidirá quién tiene la razón.

La decisión sobre este conflicto se produjo en 1997, cuando el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso. Por lo tanto, la resolución de este caso ya se ha dado, aunque el proceso judicial se inició en esa fecha y su implicación para los ciudadanos canarios se refiere a cómo se gestionaban estos impuestos en aquel momento.

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Nuevos modelos para declarar intereses bancarios y otros rendimientos

Esta orden ministerial actualiza los formularios que las empresas y entidades financieras deben usar para declarar las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF y del Impuesto de Sociedades, especialmente aquellos relacionados con intereses de cuentas bancarias y otros rendimientos del capital mobiliario. El objetivo es modernizar la información que se solicita y adaptarla a las prácticas bancarias actuales.

Los cambios principales incluyen la sustitución del número de cuenta bancaria por el Código de Cuenta del Cliente (CCC), que es un identificador más completo. Además, se solicita más detalle sobre los rendimientos generados a lo largo de más de un año y se pide identificar no solo al titular de la cuenta sino también a quien realmente percibe los beneficios, algo importante para operaciones financieras complejas.

La orden entró en vigor el 7 de octubre de 1997, aunque los modelos actualizados se presentaron para su uso a partir de esa fecha. Estos cambios afectan principalmente a las entidades que deben realizar estas declaraciones y, de forma indirecta, a los ciudadanos y empresas que perciben estos rendimientos, asegurando una correcta tributación.

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