El Horno

Más control y seguridad en la Agencia Tributaria

Esta resolución establece cómo funcionará y se organizará la Comisión de Seguridad y Control dentro de la Agencia Tributaria, un órgano ya existente. Su objetivo es asegurar que la Agencia cumpla las leyes, mantenga su seguridad interna y proteja los intereses económicos del Estado.

Concretamente, se definen quiénes forman parte de esta comisión principal y cuáles son sus tareas. Además, se crean comisiones más específicas, llamadas sectoriales, para tratar temas de seguridad y control en diferentes áreas de la Agencia. También se integra en esta estructura un grupo que ya se encargaba de la seguridad informática.

Esta normativa entró en vigor poco después de su publicación, concretamente el 5 de febrero de 1998, para poner en marcha estos mecanismos de supervisión y control dentro de la administración tributaria.

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Nueva forma de pagar el impuesto sobre la electricidad

Esta orden aprueba un modelo oficial, llamado modelo 560, para que las empresas paguen el Impuesto sobre la Electricidad. Este impuesto se creó en 1997 y es como un impuesto especial sobre la fabricación de productos.

Lo que cambia es que ahora se establece el formulario exacto que deben usar las empresas para declarar y pagar este impuesto. Este modelo tiene tres copias: una para Hacienda, otra para la empresa y una para la entidad que colabora en el pago. Las empresas solo tendrán que presentar este modelo si han suministrado electricidad en el trimestre o mes correspondiente.

La orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 4 de febrero de 1998. A partir de entonces, las empresas deberán usar este modelo para cumplir con sus obligaciones fiscales relacionadas con la electricidad.

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Actualización de códigos para importaciones y exportaciones

Esta resolución actualiza el Arancel Integrado de Aplicación (TARIC), que es un sistema de códigos utilizado para clasificar las mercancías que entran o salen de la Unión Europea. Su objetivo es facilitar la aplicación de las normativas aduaneras y fiscales.

Lo que cambia concretamente es la sustitución de algunos códigos existentes por otros nuevos y la supresión de algunos códigos que ya no se utilizarán. Esto se hace para reflejar los cambios en la normativa comunitaria que afectan a la clasificación de las mercancías.

Esta actualización entró en vigor el 1 de febrero de 1998, lo que significa que a partir de esa fecha se debían utilizar los nuevos códigos para las operaciones de comercio exterior.

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Nuevos modelos para declarar operaciones de Impuestos Especiales

Esta resolución establece nuevos modelos de documentos para que las empresas declaren ciertas operaciones relacionadas con los Impuestos Especiales, como la fabricación o modificación de alcohol y bebidas derivadas. El objetivo es mejorar el control y la gestión de estos impuestos por parte de la Agencia Tributaria.

Concretamente, se aprueba el modelo 518, llamado "Declaración de Trabajo", que deberán usar los fabricantes para informar sobre procesos como la destilación o desnaturalización. Este modelo se presentará ante el Servicio de Intervención con antelación al inicio de la operación, ya sea de forma presencial o por correo certificado.

La resolución entra en vigor el 2 de febrero de 1998, fecha en la que estos nuevos modelos y procedimientos se vuelven obligatorios para las empresas afectadas por la gestión de los Impuestos Especiales de Fabricación.

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Nuevas reglas para pagar impuestos por adelantado

Este Real Decreto introduce cambios en cómo se pagan por adelantado ciertos impuestos, como el de la renta y el de sociedades. El objetivo es que la recaudación de impuestos sea más eficiente y que todos contribuyan de forma más equitativa.

Concretamente, se aumentan los porcentajes de retención para los profesionales y para los miembros de consejos de administración. Además, se empieza a aplicar retención a los ingresos que se obtienen por alquilar inmuebles urbanos. Sin embargo, hay excepciones para quienes alquilan viviendas o si la actividad ya está bien controlada por otros impuestos.

Estos cambios entraron en vigor el 31 de enero de 1998. La idea principal es que los pagos a cuenta ayuden a los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones fiscales y, al mismo tiempo, aseguren que el Estado reciba los ingresos de forma más regular.

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Actualización de Impuestos Especiales

Este Real Decreto introduce cambios en las normas que regulan los Impuestos Especiales, que son aquellos que gravan el consumo de ciertos productos como el tabaco, el alcohol o la electricidad. El objetivo principal es adaptar el reglamento a modificaciones legales previas y mejorar la gestión de estos impuestos.

Concretamente, se ajustan los requisitos para abrir nuevos depósitos de productos gravados, se establecen condiciones para nuevas exenciones en el impuesto a los hidrocarburos y se eleva la garantía mínima para depósitos de combustible para asegurar la recaudación. También se otorgan más facultades a la Agencia Tributaria y se simplifican trámites para los contribuyentes. Se excluye Ceuta y Melilla del impuesto sobre el tabaco y se incorpora el nuevo impuesto sobre la electricidad.

Este Real Decreto entró en vigor el 31 de enero de 1998, modificando el Reglamento de Impuestos Especiales aprobado en 1995 para reflejar las nuevas leyes fiscales.

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Cambios en las retenciones del IRPF para 2023

Este Real Decreto modifica las tablas que se usan para calcular cuánto dinero se te quita directamente de tu sueldo cada mes, conocido como retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El objetivo es que la cantidad que te retienen se ajuste mejor a lo que finalmente tendrás que pagar en tu declaración de la renta.

Los cambios principales son la simplificación de los tramos del impuesto, pasando de diez a ocho, y la deflactación de las escalas. Esto significa que se ajustan los porcentajes para tener en cuenta la inflación. Además, se aplican reducciones especiales en los tramos de renta más bajos y para familias numerosas, lo que supone una rebaja en la retención para estas personas.

Este Real Decreto entró en vigor el 31 de enero de 1998, aunque los cambios en las tablas de retención se aplicaron a partir de ese momento para el ejercicio fiscal de 1998.

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Precios máximos de la gasolina en Canarias en 1998

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la venta de gasolinas al público en Canarias a partir del 31 de enero de 1998. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada, protegiendo así el bolsillo de los consumidores canarios.

Lo que cambia concretamente es que se publican unos importes específicos en pesetas por litro para diferentes tipos de gasolina, como la súper, la normal y la sin plomo. Estos precios eran los máximos permitidos, lo que significa que las gasolineras no podían vender estos combustibles a un coste superior.

La medida entró en vigor el 31 de enero de 1998, tal como se indica en la resolución. Esto significa que desde esa fecha, los consumidores canarios podían esperar pagar como máximo las cantidades establecidas para cada tipo de gasolina.

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Precios máximos de gasolina en Ceuta y Melilla

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina en las ciudades de Ceuta y Melilla, sin contar los impuestos. El objetivo era controlar los precios de venta al público de estos productos petrolíferos en dichas localidades.

Lo que cambia concretamente es que se fijan unos límites máximos para la gasolina súper (97 octanos) y la gasolina sin plomo (95 octanos). Estos precios, que se detallan en pesetas por litro, son el tope que los vendedores podían aplicar antes de añadir los impuestos correspondientes.

Esta medida entró en vigor a partir de las cero horas del día 31 de enero de 1998, asegurando que los consumidores de Ceuta y Melilla no pagaran más allá de los límites establecidos desde esa fecha.

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Pequeños ajustes en la ley fiscal

Este documento es una corrección de errores de un Real Decreto anterior que modificaba las normas del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto de Sociedades. Básicamente, se trata de arreglar detalles menores y erratas que se habían colado en el texto original, sin cambiar el fondo de las medidas.

Lo que cambia concretamente son pequeños detalles de redacción, como el número de materias que aborda el decreto o la forma de referirse a apartados específicos de la ley. No afecta a las obligaciones fiscales de los ciudadanos ni a las empresas de manera sustancial, sino que busca dar mayor claridad y precisión al texto legal.

La entrada en vigor de estas correcciones se produce a partir de la fecha de publicación de este nuevo Real Decreto, que es el 28 de enero de 1998. Es un procedimiento habitual para asegurar que la legislación sea lo más correcta posible.

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Baja el recargo en el Impuesto de Actividades Económicas

Esta ley se refiere a una pequeña parte del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), concretamente a un recargo que se aplicaba sobre las cuotas mínimas. El IAE es un impuesto que pagan las empresas y profesionales por ejercer una actividad económica en un municipio.

Lo que cambia es que este recargo, que antes era del 40%, se reduce al 33%. El objetivo es facilitar que nuevas empresas o profesionales inicien su actividad y que aquellos con un ámbito de actuación reducido no se vean excesivamente perjudicados por este impuesto, especialmente en un contexto de bonanza económica.

La ley entró en vigor el 1 de enero de 1998, por lo que sus efectos se aplicaron desde ese momento para los contribuyentes afectados en el Principado de Asturias.

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Corrección de errores en el Plan de Contabilidad de Seguros

Este documento se refiere a la corrección de pequeños errores detectados en el Real Decreto que establece las normas contables para las empresas de seguros en España. Su objetivo principal es asegurar que la información financiera de estas compañías sea clara y coherente.

Lo que cambia concretamente es la inclusión de una introducción que faltaba en el texto original. Esta introducción explica la importancia de adaptar las normas contables españolas a las directivas europeas para crear un mercado interior de seguros unificado y facilitar la comparación entre empresas.

La entrada en vigor de esta corrección se produce el 28 de enero de 1998, fecha en la que se publicó este Real Decreto corrigiendo el anterior de 1997.

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Cursos a distancia y el IVA: ¿se paga o no se paga?

Esta resolución aclara cómo se debe tratar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la venta de cursos de enseñanza a distancia que se venden a través de librerías, quioscos o distribuidores. Se trata de definir si estos cursos, que suelen incluir libros y otros materiales, están sujetos al IVA o si se benefician de una exención ya existente para la educación.

Lo que cambia es la interpretación de la ley para estos productos. Antes, la duda era si la venta de un curso completo, que combina la entrega de bienes (libros, cintas) con un servicio (atención a distancia), debía pagar IVA. La resolución confirma que, si bien la enseñanza en sí puede estar exenta, la venta de los materiales que la componen sí está sujeta al IVA.

Esta resolución es de 1998, por lo que su entrada en vigor fue inmediata tras su publicación. Su objetivo era dar seguridad jurídica a las empresas y a los consumidores sobre la tributación de estos productos educativos comercializados de forma masiva.

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El Estado emite deuda para financiarse

Esta orden ministerial explica cómo el Estado español va a pedir prestado dinero para cubrir sus gastos durante 1998 y principios de 1999. Se trata de una forma habitual de financiación que permite al gobierno disponer de fondos para llevar a cabo sus políticas y servicios públicos.

Lo que cambia concretamente es que se autoriza la creación de esta deuda, fijando las cantidades y los criterios que se seguirán para emitirla. Además, se prepara el terreno para que parte de esta deuda pueda emitirse en euros, facilitando la adaptación de los ahorradores a la nueva moneda europea, tal como pide la normativa comunitaria.

Esta orden entra en vigor a partir de su publicación, permitiendo que el Ministerio de Economía y Hacienda comience a gestionar la emisión de deuda según lo establecido, con el objetivo de asegurar la financiación del Estado para el periodo indicado.

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El Gobierno puede emitir deuda pública en 1998

Este Real Decreto permite al Gobierno español emitir deuda pública durante el año 1998. La deuda pública es, en términos sencillos, dinero que el Estado pide prestado a los ciudadanos o a otras entidades para financiar sus gastos. El Gobierno decide cuánto dinero necesita pedir prestado y bajo qué condiciones.

Lo que cambia concretamente es que se establecen las bases para que el Ministro de Economía y Hacienda autorice estas emisiones. Además, se contempla la posibilidad de emitir deuda en euros para que los ahorradores se familiaricen con la futura moneda única europea. También se fijan límites máximos para la deuda que el Estado puede tener viva al final del año, aunque se permite superarlos temporalmente.

Este Real Decreto entró en vigor el 24 de enero de 1998. Su objetivo principal es dar al Gobierno las herramientas necesarias para gestionar las finanzas del Estado y prepararse para la introducción del euro.

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Ayudas para víctimas del terrorismo con fondos de lotería

Este Real Decreto establece cómo se repartirán las ayudas económicas destinadas a las víctimas del terrorismo, utilizando los beneficios obtenidos de un sorteo especial de la Lotería Nacional celebrado en octubre de 1997. El objetivo es ofrecer un apoyo adicional a quienes han sufrido las consecuencias de actos terroristas.

Concretamente, se definen tres tipos de ayudas. La primera va dirigida a las víctimas o sus familiares directos que no hayan recibido ninguna compensación previa. La segunda es para aquellos que ya recibieron alguna ayuda en su momento pero que ahora atraviesan dificultades económicas. Finalmente, la tercera categoría se reserva para víctimas con circunstancias especiales que no pudieron ser cubiertas por las ayudas habituales.

La normativa entró en vigor el 24 de enero de 1998, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de entonces, las víctimas interesadas pudieron iniciar los trámites para solicitar estas ayudas, presentando la documentación necesaria para acreditar su situación.

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Cambios para funcionarios de Vigilancia Aduanera

Esta resolución detalla cómo los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera pueden optar por integrarse en nuevos cuerpos creados por una ley de 1997. Estos nuevos cuerpos son el Técnico, Ejecutivo y de Agentes, y la integración es un proceso voluntario.

Lo que cambia concretamente es que los funcionarios deben manifestar su deseo de integrarse de forma expresa y por escrito ante la Dirección General de la Agencia Tributaria. Además, la Agencia ofrecerá apoyo formativo para ayudarles a cumplir los requisitos necesarios para formar parte de estos nuevos cuerpos.

El plazo para ejercer este derecho de opción finalizó el 31 de marzo de 1998. La resolución se publicó el 23 de enero de 1998, dando tres meses desde la entrada en vigor de la ley para realizar la solicitud.

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Actualización de las normas para los economistas

Este Real Decreto aprueba los nuevos Estatutos del Consejo General de Colegios de Economistas de España. Su objetivo principal es adaptar la normativa que regula a estos profesionales a las leyes más recientes y a la estructura actual de España, que incluye las Comunidades Autónomas. También se tienen en cuenta las normativas europeas para facilitar el ejercicio profesional de economistas de otros países de la Unión.

Los cambios concretos afectan a cómo se organiza y representa el Consejo General de Colegios de Economistas. Se busca asegurar que las normas internas de los colegios se ajusten a la legislación española vigente, incluyendo aquellas que promueven la libre competencia y el reconocimiento de títulos de otros países de la UE. Esto permite que los economistas puedan ejercer en España bajo condiciones similares a las de los profesionales españoles.

El Real Decreto 1/1998, que aprueba estos estatutos, entró en vigor el 23 de enero de 1998. Su aprobación responde a la necesidad de modernizar la regulación de la profesión de economista, adaptándola a un contexto nacional y europeo en constante evolución.

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Precios máximos de gasolina en Ceuta y Melilla en 1998

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina en las ciudades de Ceuta y Melilla a partir del 24 de enero de 1998. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran excesivamente, protegiendo así a los consumidores de posibles abusos.

Lo que cambia concretamente es que se publican los precios máximos, sin incluir los impuestos, para los diferentes tipos de gasolina disponibles en ese momento. Estos precios se establecieron en pesetas por litro y se aplicaban directamente en las estaciones de servicio. A estos importes base, se le sumarían los impuestos correspondientes para obtener el precio final para el ciudadano.

Esta medida entró en vigor el 24 de enero de 1998, tal como se especifica en la resolución. A partir de esa fecha, los vendedores de gasolina en Ceuta y Melilla debían respetar estos límites máximos para la venta de sus productos al público.

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Precios máximos de la gasolina en Canarias en 1998

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas en Canarias a partir del 24 de enero de 1998. El objetivo era fijar un límite para evitar subidas descontroladas y asegurar que los consumidores pagaran un precio justo por este combustible esencial.

Lo que cambia concretamente es que se publican unos valores específicos en pesetas por litro para diferentes tipos de gasolina, como la súper, la normal y la sin plomo. Estos precios, excluyendo el Impuesto General Indirecto Canario, eran los máximos permitidos en las estaciones de servicio de las islas.

La medida entró en vigor el 24 de enero de 1998, tal como se indica en la propia resolución. Esto significa que desde esa fecha, los vendedores de gasolina en Canarias debían respetar estos límites establecidos por la Dirección General de la Energía.

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Corrección de errores en pensiones de 1998

Este documento es una corrección oficial de un Real Decreto publicado en 1998 que trataba sobre la revalorización y los complementos de las pensiones de aquel año, así como otras normas relacionadas con las clases pasivas. Afecta principalmente a quienes recibieron o gestionaron pensiones en ese periodo y a los técnicos que debían aplicar la normativa.

Los cambios son muy específicos y se refieren a pequeños errores tipográficos o de redacción en el texto original. Por ejemplo, se corrige una coma en una fórmula matemática y se sustituye una letra por un número concreto en un cálculo, además de corregir una errata en la palabra "Ministerios" por "Ministros".

La entrada en vigor de estas correcciones se produce con su publicación oficial, aunque los errores que se subsanan se refieren a una normativa de 1998. Es un trámite administrativo para asegurar la exactitud del texto legal.

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Actualización en la información del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Esta resolución establece cómo deben enviarse y qué información deben contener los ficheros del Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). El Padrón es un censo de los bienes inmuebles que están sujetos a este impuesto en cada municipio. Su objetivo es asegurar que la información sea uniforme y fácil de usar para los ayuntamientos y otras administraciones.

Lo que cambia es que se actualiza el formato y contenido de estos ficheros para incluir la nueva 'base liquidable' del IBI, que entró en vigor a partir de 1998. Esto significa que la información que se maneja ahora es más detallada y se adapta a las nuevas normativas fiscales, facilitando una mejor gestión del impuesto.

La resolución se aprobó el 19 de enero de 1998 y entró en vigor para el ejercicio fiscal de 1998. Su propósito es mejorar la coordinación entre las administraciones y hacer más transparente el mercado inmobiliario, asegurando que todos los datos necesarios para calcular el impuesto estén correctamente registrados y actualizados.

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Pequeña corrección en norma bancaria de 1998

Este documento es una corrección de un error tipográfico en un Real Decreto de 1998 que regula la autorización administrativa previa para la Corporación Bancaria de España y algunas de sus filiales. Básicamente, se trata de ajustar la puntuación para que el texto sea más claro y preciso en su redacción.

Lo que cambia es una coma. En el texto original, la frase decía "...directa o indirecta. Incluso a través de terceros...". Tras la corrección, se lee "...directa o indirecta, incluso a través de terceros...". Este cambio, aunque mínimo, asegura que la interpretación de la norma sea la correcta y evita posibles ambigüedades legales.

Esta corrección entra en vigor el mismo día de su publicación, que fue el 22 de enero de 1998. Es un ajuste técnico para asegurar la correcta aplicación de una normativa bancaria ya existente.

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Actualización de normas para el control del tráfico aéreo militar

Esta orden introduce cambios técnicos en el reglamento que rige la circulación aérea operativa, es decir, cómo se gestionan los vuelos militares. El objetivo es adaptar estos procedimientos a las nuevas tecnologías y a los acuerdos internacionales de defensa en los que España participa.

Concretamente, se eliminan algunas instrucciones y abreviaturas relacionadas con los planes de vuelo, se modifican definiciones y apartados en varios libros del reglamento, y se añaden nuevas abreviaturas y secciones. Estos ajustes buscan mejorar la eficiencia y seguridad del espacio aéreo militar.

La orden entró en vigor el 22 de enero de 1998, fecha posterior a su publicación el 16 de enero de 1998. Estos cambios son importantes para asegurar que las operaciones aéreas militares españolas cumplan con los estándares internacionales.

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Compensación para Ayuntamientos por Paradas Eléctricas

Esta orden establece cómo los ayuntamientos recibirán dinero del Estado para compensar las pérdidas que sufrieron en sus ingresos. Estas pérdidas se debieron a que las centrales eléctricas (hidroeléctricas y térmicas) tuvieron que parar su producción en ciertos años, lo que afectó a los impuestos que los ayuntamientos cobraban a estas empresas.

Concretamente, se trata de un procedimiento para que los ayuntamientos recuperen parte del dinero que dejaron de percibir entre los años 1989 y 1995. Esto surge a raíz de sentencias judiciales que anularon ciertas normativas que permitían reducir los impuestos a las centrales eléctricas por estas paradas.

La orden entró en vigor poco después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a principios de 1998, para regular el pago de estas compensaciones correspondientes a un periodo ya pasado.

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Actualización sobre sustancias permitidas en la alimentación animal

Esta orden ministerial actualiza las normas sobre qué sustancias y productos se consideran aceptables en los alimentos destinados a los animales. El objetivo es garantizar que estos alimentos no contengan cantidades perjudiciales de elementos que puedan afectar la salud de los animales o, indirectamente, la salud humana a través de los productos de origen animal.

Lo que cambia es la incorporación de nuevas directivas europeas que modifican los límites y la terminología utilizada. Se sustituyen los anexos de una orden anterior por unos nuevos que reflejan estos cambios, adaptándose a los avances científicos y técnicos en la materia. También se unifica la terminología, pasando de "piensos simples" a "materias primas para la alimentación animal".

La orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esto significa que los cambios normativos se aplicarán de forma inmediata una vez que la disposición sea oficializada.

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Actualización de formularios para empresarios y profesionales

Esta orden ministerial aprueba nuevos modelos de formularios fiscales que deben presentar los empresarios, profesionales y otros obligados tributarios cuando inician, modifican o cesan su actividad. Su objetivo es simplificar y adaptar los trámites fiscales a la normativa vigente en cada momento.

Concretamente, se actualizan los modelos de declaración censal (como el modelo 036) para reflejar cambios en la legislación tributaria, incluyendo aspectos como las operaciones intracomunitarias, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre Sociedades. Esto asegura que la información que la Agencia Tributaria recibe esté al día y sea correcta.

La orden entró en vigor el 19 de enero de 1998, sustituyendo a modelos anteriores y adaptándose a las leyes fiscales aprobadas hasta esa fecha. Su aplicación es obligatoria para todos los sujetos afectados por estas normativas.

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Nuevo precio máximo para el gas envasado

Esta resolución establece el precio máximo de venta, antes de impuestos, para el gas licuado de petróleo (GLP) que se vende envasado, es decir, en bombonas. El objetivo es informar a los consumidores sobre cuánto pueden cobrar como máximo por este producto. Afecta a todos los hogares y negocios que utilizan este tipo de gas para cocinar o calentar.

Concretamente, a partir del 20 de enero de 1998, el precio máximo será de 75,53 pesetas por kilogramo. En Canarias, este precio incluye un coste promedio de reparto a domicilio, pero la comunidad autónoma puede ajustar este coste ligeramente según las zonas. Los impuestos habituales no están incluidos en este precio máximo.

Esta medida entra en vigor el 20 de enero de 1998. Se aplicará a todos los suministros de gas envasado que no se hayan completado antes de esa fecha, incluso si el pedido se hizo con anterioridad. El propósito es asegurar que el nuevo precio se aplique de forma inmediata.

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Nuevos precios máximos para el gas licuado del petróleo

Esta resolución establece los precios máximos de venta, antes de impuestos, para el gas licuado del petróleo (GLP) utilizado en hogares, comercios e industrias. Su objetivo es informar a los ciudadanos sobre cuánto pueden costar estos combustibles en diferentes modalidades de suministro.

Los cambios concretos se refieren a los precios por kilogramo para el gas suministrado a granel a usuarios finales, que varían entre Canarias y el resto del territorio nacional. También se fijan precios para el gas suministrado por canalización, incluyendo un término fijo mensual y un término variable por kilogramo, así como un precio para empresas distribuidoras.

Estos nuevos precios entraron en vigor a las cero horas del 20 de enero de 1998. Se aplicarán a todos los suministros pendientes de ejecución en esa fecha, independientemente de cuándo se hiciera el pedido. Los impuestos vigentes no están incluidos en estos precios máximos.

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Mejoras en las pensiones públicas para 1998

Este Real Decreto establece las reglas para calcular y actualizar las pensiones de los empleados públicos y de guerra para el año 1998. Su objetivo principal es asegurar que los pensionistas no solo mantengan su poder adquisitivo, sino que lo vean incrementado.

Concretamente, se aplicará una revalorización del 2,1% sobre las pensiones, lo que significa que los pensionistas se beneficiarán de una mejora real en sus ingresos. Además, para ciertas pensiones de funcionarios civiles y militares, se realizará una actualización individualizada para corregir posibles desajustes históricos, siempre que esto suponga un beneficio para el pensionista.

Estas medidas entraron en vigor el 1 de enero de 1998, según lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para ese año. También se adaptan normativas relacionadas con pensiones de orfandad y las causadas por terrorismo para alinearlas con la legislación vigente.

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