El Horno

Rectificación de errores en procedimientos para personal facultativo del INSALUD

Esta resolución corrige pequeños errores detectados en una resolución anterior que establecía cómo el personal médico del INSALUD podía renunciar o acreditar un complemento específico. Se trata de ajustes técnicos para asegurar que los procedimientos queden claros y correctos.

Los cambios son muy concretos y afectan a la redacción de ciertas frases y a la puntuación en documentos relacionados con la renuncia o acreditación de este complemento. Por ejemplo, se cambia una palabra para que sea más precisa o se eliminan dos puntos que no deberían estar.

La resolución entra en vigor el día de su publicación, el 10 de marzo de 1998, y su objetivo es garantizar que la normativa sobre estos complementos económicos para los médicos del INSALUD sea aplicada sin ambigüedades.

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Novedades fiscales y de gestión en Castilla y León

Esta ley introduce cambios en los impuestos que pagamos y en cómo funciona la administración de Castilla y León. Busca mejorar la recaudación y hacer más eficiente la gestión de los recursos públicos, alineándose con objetivos presupuestarios para 1998.

Concretamente, se aplican deducciones en el Impuesto sobre la Renta para familias y patrimonio histórico, y se ajustan las tasas sobre el juego. También se modifican normas sobre deudas y el cobro de intereses para garantizar un trato común a los ciudadanos. Además, se actualiza la gestión del patrimonio de la Comunidad y se adaptan aspectos de la función pública a la legislación estatal.

La ley entró en vigor el 10 de marzo de 1998, tras ser aprobada por las Cortes de Castilla y León y promulgada por el Rey.

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Nuevas reglas para el Impuesto de Sociedades de 1997

Esta orden ministerial aprueba los modelos oficiales que las empresas deben usar para declarar y pagar el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios que se iniciaron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1997. También establece las instrucciones para realizar estas declaraciones y pagos, así como los modelos para los pagos fraccionados que las empresas debían hacer durante el año 1998.

Los cambios más importantes introducidos por esta orden, basados en reformas legislativas anteriores, incluyen la aplicación de nuevas deducciones en la cuota del impuesto. Una de ellas es para la creación de empleo para trabajadores con discapacidad, y otra es para inversiones destinadas a proteger el medio ambiente. Además, se establece un tipo de gravamen reducido para empresas de reducida dimensión.

La orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Su objetivo es adaptar la normativa fiscal a las novedades legislativas y facilitar a las empresas el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, asegurando la correcta recaudación del impuesto y la aplicación de los beneficios fiscales previstos por la ley.

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Protección de tus datos y creaciones digitales

Esta ley busca proteger las bases de datos, que son colecciones de información organizadas y accesibles. Esto incluye desde directorios hasta grandes bases de datos en internet. Su objetivo es asegurar que quienes invierten tiempo y recursos en crear y mantener estas bases de datos tengan una protección legal adecuada, evitando que otros las copien o utilicen sin permiso.

Lo que cambia es que se introduce un nuevo tipo de protección, además de la ya existente por derechos de autor. Esta nueva protección, llamada "sui generis", se otorga a la inversión realizada en la obtención, verificación y presentación de los datos, incluso si la base de datos en sí no es considerada una obra original. Esto significa que tanto la estructura como el contenido de las bases de datos pueden ser protegidos.

Esta ley entró en vigor el 7 de marzo de 1998. Su propósito principal fue adaptar la legislación española a una normativa europea que buscaba armonizar la protección de las bases de datos en todos los países miembros de la Unión Europea, facilitando así el comercio y el acceso a la información a nivel comunitario.

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Aplicación de las reglas europeas de competencia en España

Este Real Decreto establece cómo se aplican en España las normas europeas que buscan asegurar una competencia justa entre empresas. Su objetivo es evitar que las compañías abusen de su posición dominante o lleguen a acuerdos que perjudiquen a los consumidores o al mercado en general.

Lo que cambia principalmente es que se clarifican los procedimientos para investigar y resolver los casos donde se sospecha que una empresa ha infringido estas reglas europeas. También se actualizan los poderes de los funcionarios encargados de realizar estas investigaciones y se define cómo se debe tratar la información confidencial.

Este Real Decreto entró en vigor el 7 de marzo de 1998, adaptando la legislación española a las normativas de competencia de la Unión Europea para garantizar un mercado más equitativo y transparente.

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Precios máximos de gasolina en Ceuta y Melilla en 1998

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina en las ciudades de Ceuta y Melilla a partir del 7 de marzo de 1998. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran demasiado, protegiendo así a los consumidores de posibles abusos.

Lo que cambia concretamente es que se publican los precios máximos de venta al público para dos tipos de gasolina: la gasolina de 97 octanos (súper) y la de 95 octanos (sin plomo). Estos precios se establecen antes de sumar los impuestos correspondientes, que se añadirían en el momento de la compra.

Esta medida entró en vigor el 7 de marzo de 1998, según lo dispuesto en la resolución. Por lo tanto, a partir de esa fecha, los vendedores de gasolina en Ceuta y Melilla no podían superar estos precios establecidos.

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Nuevas zonas de actuación para inspectores tributarios

Esta instrucción de la Agencia Tributaria organiza cómo los inspectores de servicios del control interno de la Hacienda Pública van a realizar su trabajo. Antes, se especializaban por tipo de gestión tributaria. Ahora, se les asignan zonas geográficas concretas para que realicen sus funciones de control y supervisión dentro de la propia Agencia.

Lo que cambia es que, en lugar de centrarse en un área de gestión específica, cada inspector será responsable de supervisar y controlar los servicios de la Agencia Tributaria dentro de una región geográfica determinada. Esto busca una organización más territorializada de estas inspecciones internas.

Esta instrucción entró en vigor en el momento de su publicación, el 6 de marzo de 1998. Su objetivo es mejorar la eficiencia y la cobertura del control interno dentro de la estructura de la Agencia Tributaria, adaptándose a sus prioridades estratégicas de aquel momento.

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Precios máximos de gasolinas en Canarias en 1998

Esta resolución establece los precios máximos que se podían vender al público las gasolinas en Canarias a partir del 7 de marzo de 1998. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran más allá de lo establecido, protegiendo así el bolsillo de los consumidores canarios en ese momento.

Lo que cambia concretamente es que se publican unas cifras específicas en pesetas por litro para diferentes tipos de gasolina, como la Súper (97 octanos), la Normal (92 octanos) y la Sin Plomo (95 octanos). Estos eran los importes máximos permitidos para la venta en las estaciones de servicio, sin incluir el Impuesto General Indirecto Canario.

La entrada en vigor de estos precios máximos fue inmediata, aplicándose desde las cero horas del domingo 7 de marzo de 1998. Esta medida se basaba en un sistema de precios máximos aprobado previamente por el Gobierno para los productos petrolíferos en Canarias.

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Reorganización de la Inspección Tributaria para Grandes Empresas y Apoyo Judicial

Esta resolución de 1998 busca modernizar la Agencia Tributaria, especialmente en la lucha contra el fraude fiscal. Se centra en mejorar la gestión y la inspección de las grandes empresas, que aportan una parte importante de los ingresos del Estado. El objetivo es adaptar la estructura de la inspección a las nuevas realidades, como la tributación consolidada de grandes grupos empresariales y la próxima Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente.

Concretamente, se reordenan las unidades administrativas encargadas de inspeccionar las mayores empresas del país. Se crean equipos especializados dentro de la Oficina Nacional de Inspección y se establecen unidades con competencia nacional. Además, se articulan las Unidades Especiales de Inspección para colaborar con los tribunales de justicia, respondiendo al aumento de la cooperación entre la Agencia Tributaria y los órganos judiciales.

Esta reorganización entró en vigor tras su publicación, permitiendo a la Oficina Nacional de Inspección tener la capacidad y el liderazgo necesarios para ejercer sus funciones de manera más eficaz frente a otras unidades inspectoras y para apoyar la labor judicial.

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Galicia asume la gestión de vehículos oficiales del Ministerio de Economía y Hacienda

Este Real Decreto aprueba el traspaso de medios materiales y personales adscritos al Parque Móvil Ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda a la Comunidad Autónoma de Galicia. Esto significa que la gestión de ciertos vehículos y el personal que los conducía, que hasta ahora dependían del Estado, pasan a ser competencia de la Xunta de Galicia.

Concretamente, se transfieren los vehículos y los créditos presupuestarios asociados que se utilizaban para servicios del Ministerio de Economía y Hacienda en Galicia. El objetivo es que la Comunidad Autónoma pueda gestionar estos recursos de manera más eficiente y adaptada a sus necesidades.

La efectividad de estos traspasos se marca a partir de la fecha indicada en el Acuerdo de la Comisión Mixta, que es el 23 de enero de 1998. A partir de ese momento, la Comunidad Autónoma de Galicia será la responsable de la administración de estos medios.

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Actualización de códigos para el comercio exterior

Esta resolución se refiere a la actualización del Arancel Integrado de Aplicación (TARIC), que es un sistema de códigos utilizado para clasificar las mercancías que entran y salen de la Unión Europea. Su objetivo es facilitar el control aduanero y la aplicación de impuestos y otras medidas comerciales.

Afecta principalmente a empresas y profesionales que se dedican a la importación y exportación de productos. Concretamente, se modifican y actualizan ciertos códigos numéricos y descripciones de mercancías para reflejar cambios en la normativa comunitaria, asegurando que la clasificación sea correcta y esté al día.

La actualización de estos códigos y nomenclaturas entró en vigor el 1 de marzo de 1998, garantizando que las operaciones comerciales realizadas a partir de esa fecha se ajusten a las nuevas clasificaciones establecidas.

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Precios de tabaco actualizados en 1998

Esta resolución oficializa los precios de venta al público de varios tipos de tabaco, como cigarrillos, cigarros y picaduras para pipa. Estos precios, que ya incluyen todos los impuestos, se aplican en los estancos y puntos de venta autorizados en la península, las islas Baleares, Ceuta y Melilla.

Lo que cambia es que se establecen de forma oficial cuánto costará cada cajetilla o unidad de las marcas de tabaco mencionadas. Por ejemplo, los cigarrillos Philip Morris Filter King costarán 325 pesetas la cajetilla, y algunos cigarros como los Petit Casanova tendrán un precio de 75 pesetas.

La resolución entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que estos precios se aplicaron desde finales de febrero de 1998.

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Nuevas reglas para el IVA y facturas

Este Real Decreto actualiza normativas relacionadas con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y la forma en que los empresarios y profesionales deben emitir facturas. Los cambios buscan adaptar la ley a nuevas situaciones y aclarar procedimientos que antes no estaban bien definidos, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Concretamente, se eliminan criterios antiguos para determinar cuándo ciertas operaciones de entes públicos no están sujetas a IVA, se detallan las condiciones para que las empresas que manejan materiales de recuperación puedan solicitar exenciones, y se establecen normas para el caso de créditos incobrables que afectarán la base imponible del impuesto.

Estas modificaciones entraron en vigor el 28 de febrero de 1998, adaptando la normativa vigente a las novedades legislativas introducidas por la Ley 66/1997, con el objetivo de mejorar la claridad y aplicabilidad de las leyes fiscales.

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Precios máximos de gasolina en Ceuta y Melilla

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina en las ciudades de Ceuta y Melilla, sin contar los impuestos. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada y afectar a los consumidores de estas zonas. Afecta directamente a los ciudadanos que repostan sus vehículos en estas localidades.

Lo que cambia concretamente es que se publican unas cifras específicas en pesetas por litro para diferentes tipos de gasolina (como la súper y la sin plomo). Estos precios, una vez sumados los impuestos correspondientes, se convierten en el tope que las gasolineras podían aplicar. Es una medida para controlar el coste de este combustible esencial.

Esta norma entró en vigor a partir de las cero horas del día 28 de febrero de 1998. Por lo tanto, desde esa fecha, los precios de la gasolina en Ceuta y Melilla no podían superar los límites establecidos en esta resolución, siempre y cuando se aplicaran los impuestos vigentes en ese momento.

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Precios máximos de gasolinas en Canarias en 1998

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la venta de gasolinas al público en Canarias a partir del 28 de febrero de 1998. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran excesivamente y proteger así a los consumidores.

Concretamente, se detallan los precios máximos por litro para diferentes tipos de gasolinas, como la Súper (97 octanos), la Normal (92 octanos) y la Sin Plomo (95 octanos). Estos precios se aplicaban en las estaciones de servicio y no incluían el Impuesto General Indirecto Canario.

La medida entró en vigor el 28 de febrero de 1998, marcando los límites de precio para la venta de estos combustibles en el archipiélago en aquel momento.

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Facultativos podrán renunciar a un complemento salarial

Esta resolución establece los procedimientos para que el personal facultativo del Instituto Nacional de la Salud pueda renunciar a un complemento de su salario, conocido como complemento específico. Hasta ahora, la posibilidad de renunciar a este complemento dependía de cuándo se accedió a la plaza, creando desigualdades.

La principal novedad es que, a partir de ahora, todos los facultativos del Instituto Nacional de la Salud podrán solicitar la renuncia a este complemento, que se considera de carácter personal. Esto busca unificar las condiciones y eliminar diferencias entre el personal.

La resolución detalla cómo se debe realizar este proceso de renuncia y también cómo se puede volver a acreditar el complemento si se decide recuperarlo. Entró en vigor tras su aprobación en 1998, estableciendo las bases para esta nueva posibilidad.

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Instrucciones para el pago de cuotas del sistema eléctrico

Esta circular informa sobre las cuentas bancarias específicas que la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico ha abierto para que las empresas eléctricas ingresen ciertas cantidades de dinero. Estas cantidades corresponden a pagos obligatorios relacionados con el funcionamiento del sistema eléctrico nacional, como los costes de suministro en zonas específicas o la compensación por la paralización de centrales nucleares.

Concretamente, los distribuidores de electricidad y, en algunos casos, los productores, deberán realizar estos ingresos en las cuentas detalladas en la circular. Se establecen cuentas separadas para los costes de suministro en territorios insulares y extrapeninsulares, y para la compensación derivada de la moratoria nuclear.

Esta comunicación tiene efecto desde su publicación, el 25 de febrero de 1998, y es necesaria para asegurar la correcta recaudación de los fondos destinados a cubrir gastos específicos del sector eléctrico, según lo establecido en la normativa vigente.

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Corrección de errores en la contabilidad de la Seguridad Social

Esta orden ministerial se refiere a la corrección de pequeños errores detectados en un documento anterior que adaptaba las normas contables públicas a las entidades de la Seguridad Social. Básicamente, se trata de arreglar fallos de redacción y precisión en la terminología utilizada para que la contabilidad sea más clara y correcta.

Los cambios son muy técnicos y afectan a la forma en que se registran ciertos gastos financieros, se describen algunas cuentas contables o se detallan los procedimientos de amortización. No modifican el fondo de las normas, sino que pulen detalles para evitar confusiones y asegurar que la información financiera sea exacta.

Esta corrección de errores entró en vigor el 24 de febrero de 1998, fecha de su publicación. Su objetivo es garantizar la correcta aplicación de las normas contables en el ámbito de la Seguridad Social.

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Decisión sobre la integración de inspectores de Hacienda

Esta orden ministerial se refiere a un cambio en la estructura de ciertos cuerpos de funcionarios públicos, específicamente aquellos relacionados con la inspección y auditoría del Estado. El objetivo principal es regular cómo los funcionarios que hasta 1997 pertenecían al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado se integran en los nuevos Cuerpos Superiores de Inspectores de Hacienda, Interventores y Auditores del Estado, e Inspectores de Seguros del Estado.

Lo que cambia concretamente es que aquellos funcionarios que, por su especialidad o el puesto que ocupaban, debían integrarse en más de un cuerpo nuevo, tienen ahora un plazo para elegir en cuál de ellos desean permanecer en servicio activo. Los cuerpos en los que no elijan quedar en servicio activo pasarán a una situación de excedencia voluntaria. Si no ejercen esta opción, quedarán en el cuerpo correspondiente a su última especialidad adquirida.

Esta orden entró en vigor el 24 de febrero de 1998, estableciendo un plazo de dos meses desde esa fecha para que los funcionarios afectados ejercieran su derecho de opción, utilizando un modelo oficial para ello.

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Precios de tabaco fijados en 1998

Esta resolución, publicada en 1998, establece los precios de venta al público de varios tipos de cigarros de marcas como Montepalma, La Regenta y Montecanario. Estos precios, que ya incluían todos los impuestos aplicables, se aplicaban en las tiendas autorizadas para la venta de tabaco en la península y las Islas Baleares.

El cambio concreto que supuso esta publicación fue la fijación oficial de cuánto debían costar estos productos específicos. Los fabricantes e importadores propusieron estos precios, y la Delegación del Gobierno en el Monopolio de Tabacos los hizo públicos, garantizando que los consumidores supieran el coste exacto de cada unidad.

La resolución entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esto significa que, desde esa fecha de 1998, los precios detallados en el documento eran los únicos que se podían aplicar legalmente para la venta de estos cigarros en las expendedurías autorizadas.

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Corrección en la descripción de monedas antiguas

Esta orden ministerial se refiere a la corrección de pequeños errores en la descripción de cómo debían aparecer las leyendas y textos en varias monedas de pesetas emitidas en 1998. Básicamente, se subsanan fallos en la redacción de la orden original que describía el diseño de estas monedas, como la inclusión o exclusión de comillas en los textos que figuraban en ellas.

Lo que cambia concretamente es la forma en que se describe el diseño de las monedas de 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 pesetas. Se eliminan o añaden comillas en los textos como 'PESETA', 'JUAN CARLOS I ESPAÑA', 'ESPAÑA', 'JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA', 'PESETAS', 'CEUTA', 'JUAN CARLOS Y SOFÍA', entre otros, para que la descripción oficial sea más precisa.

Esta corrección de errores entró en vigor el 24 de febrero de 1998, el mismo día en que se publicó la orden. Su propósito era asegurar que la descripción oficial de las monedas emitidas reflejara fielmente su diseño real, evitando confusiones futuras sobre su acuñación y circulación.

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Ajuste en la tasa de las máquinas recreativas

Esta ley modifica una ley anterior de La Rioja para actualizar las cantidades que se deben pagar por tener máquinas de juego, como las de los salones recreativos. El objetivo es que estas tasas se adapten mejor a la situación económica actual y a las necesidades sociales y recaudatorias de la comunidad autónoma.

Concretamente, se ajusta la cuota fija anual que pagan los establecimientos por cada máquina recreativa tipo B (las que dan premios). También se modifican los porcentajes que se aplican a los ingresos de los casinos de juego, estableciendo diferentes tramos según la cantidad de dinero que generen.

La ley entró en vigor el 23 de febrero de 1998, modificando así la ley de medidas fiscales y administrativas aprobada en diciembre de 1997.

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Rectificación de errores en la emisión de monedas de 2.000 pesetas de 1998

Esta orden ministerial tiene como objetivo corregir pequeños fallos detectados en una orden anterior que autorizaba la creación y puesta en circulación de monedas de 2.000 pesetas para el año 1998. Afecta a los detalles técnicos y de redacción de la orden original, asegurando que la información oficial sobre estas monedas sea precisa.

Concretamente, se subsanan dos errores: uno en la referencia a una ley específica, corrigiendo la puntuación, y otro en la forma de expresar la cifra del valor de la moneda, pasando de '2.000' a '2000'. Estos cambios buscan la exactitud en la descripción de las características de la moneda.

La orden original que establecía la emisión de estas monedas entró en vigor en 1998. Esta rectificación, al ser una corrección de errores, se aplica de forma retroactiva para asegurar que la orden original refleje correctamente la intención legislativa desde su publicación.

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Cambios en la distribución de la recaudación de apuestas deportivas

Este Real Decreto modifica cómo se reparte el dinero recaudado por las Apuestas Deportivas del Estado. Antes, una parte se destinaba a financiar un plan para sanear las deudas del fútbol profesional y otra al Consejo Superior de Deportes. El objetivo era asegurar la estabilidad económica de los clubes.

Ahora, con el plan de saneamiento del fútbol profesional ya cancelado anticipadamente por la propia Liga, se reorganiza esta distribución. Se busca garantizar que la Liga siga cumpliendo con las obligaciones que asumió al saldar esa deuda, y además, se destinará un porcentaje mínimo de su participación a la mejora de infraestructuras deportivas.

Esta normativa entró en vigor el 21 de febrero de 1998, modificando las reglas establecidas en un Real Decreto anterior de 1991, adaptándose a la nueva realidad financiera del deporte profesional.

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El Estado cubre riesgos en tus exportaciones

Esta orden establece qué tipo de riesgos relacionados con el comercio exterior y las transacciones internacionales puede cubrir el Estado español a través de un seguro especial. El objetivo es proteger a las empresas españolas que venden o invierten fuera de España de situaciones imprevistas y graves que puedan afectar a sus operaciones.

Concretamente, el Estado se hará cargo de pérdidas económicas derivadas de eventos como guerras, revoluciones, crisis económicas graves en otros países, o decisiones de gobiernos extranjeros que impidan el pago, la recuperación de bienes o el cumplimiento de contratos. También cubre el incumplimiento de contratos por parte de entidades públicas extranjeras.

Esta normativa entró en vigor en 1998, actualizando y clarificando las reglas que ya existían para adaptar el seguro de crédito a la exportación a las normativas europeas y a la realidad cambiante del comercio internacional.

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Actualización de las reglas de la Lotería Primitiva

Esta resolución actualiza las normas que rigen los sorteos de la Lotería Primitiva y sus variantes. El principal cambio es la adaptación a un nuevo sistema de validación de boletos, que ahora es informático en lugar de mecánico. Esto significa que las antiguas reglas que mencionaban el sistema mecánico quedan eliminadas.

En cuanto al contenido de los sorteos, las novedades son mínimas. Se establece una cantidad fija de 900 pesetas para las apuestas que acierten 5 números. El modo de pago de los premios se equipara al de otros sorteos como Bono Loto y El Gordo de la Primitiva.

La resolución entra en vigor tras su publicación, derogando todas las normativas anteriores que pudieran contradecirla. Las nuevas reglas detallan tanto los aspectos generales de la Lotería Primitiva como los específicos de cada una de sus modalidades.

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Rectificación de errores en monedas del Mundial 98

Esta orden ministerial se refiere a una corrección de pequeños errores detectados en una orden anterior de 1998 que autorizaba la emisión de monedas conmemorativas del Mundial de Fútbol de ese año. Básicamente, se trata de subsanar fallos de imprenta y redacción en el texto oficial que describía estas monedas.

Lo que cambia concretamente son detalles mínimos en la descripción de las monedas. Por ejemplo, se corrige la forma en que se escribía el valor facial de una de las monedas, pasando de "cuatro reales" a "4 reales", y se ajustan espacios en blanco en el texto para que la redacción sea más precisa. No afecta al diseño ni al valor real de las monedas.

Esta corrección entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 21 de febrero de 1998. Es una medida administrativa para asegurar que la documentación oficial sobre estas monedas sea correcta.

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España y Rusia acuerdan el traslado de condenados

Este convenio entre España y Rusia permite que las personas condenadas en uno de estos países puedan cumplir su pena de prisión en su país de origen o residencia. El objetivo principal es facilitar la reinserción social de los reclusos, permitiéndoles estar más cerca de sus familias y su entorno.

Lo que cambia concretamente es que, si una persona española es condenada en Rusia, o una persona rusa es condenada en España, ambas podrán solicitar ser trasladadas para cumplir el resto de su condena en su país. Esto se hará siempre que la sentencia sea firme y que el delito cometido sea considerado un delito en ambos países.

Este acuerdo entró en vigor de forma provisional el 21 de febrero de 1998, lo que significa que se empezó a aplicar desde esa fecha mientras se completaban los trámites para su ratificación definitiva. Permite una cooperación judicial para mejorar la administración de justicia y la rehabilitación.

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Precios máximos de gasolina en Canarias en 1998

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la venta de gasolina al público en Canarias a partir del 21 de febrero de 1998. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran de forma descontrolada, protegiendo así el bolsillo de los consumidores canarios.

Concretamente, se detallan los precios máximos por litro para diferentes tipos de gasolina, como la súper (97 octanos), la normal (92 octanos) y la sin plomo (95 octanos). Estos precios, expresados en pesetas, excluían el Impuesto General Indirecto Canario, que se aplicaba aparte.

La medida entró en vigor el 21 de febrero de 1998, siguiendo un sistema de precios máximos que ya estaba aprobado desde 1994 para los productos petrolíferos en Canarias. La publicación de estos precios buscaba informar a todos los ciudadanos sobre los límites establecidos.

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Precios máximos de gasolina en Ceuta y Melilla en 1998

Esta resolución establece los precios máximos que se podían cobrar por la gasolina en las ciudades de Ceuta y Melilla, sin contar los impuestos. El objetivo era fijar un límite para evitar que los precios subieran excesivamente y proteger a los consumidores de posibles abusos.

Lo que cambia concretamente es que se publican los importes exactos por litro para diferentes tipos de gasolina, como la súper y la sin plomo. Estos precios, que se suman a los impuestos correspondientes, entraron en vigor a partir del 21 de febrero de 1998, marcando un tope para la venta de estos combustibles en dichas ciudades.

La medida, aprobada previamente por el Gobierno, se hizo pública para que todos los ciudadanos tuvieran conocimiento de los precios máximos permitidos. La entrada en vigor de estos precios se fijó para el 21 de febrero de 1998, asegurando que se respetaran a partir de esa fecha.

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