El Horno

Digitalización de facturas: adiós al papel

Esta normativa explica cómo las empresas pueden digitalizar sus facturas y otros documentos importantes. Si un software de digitalización cumple con los requisitos, las empresas podrán deshacerse de los documentos originales en papel, ahorrando espacio y facilitando la gestión.

Lo que cambia es que se establece un procedimiento oficial para que los programas de digitalización sean aprobados. Esto garantiza que las copias digitales sean exactas y seguras, como si fueran el documento original, y que se puedan consultar en el futuro sin problemas.

Esta resolución entró en vigor el 1 de noviembre de 2007, permitiendo a las empresas empezar a utilizar esta opción para la gestión de sus documentos fiscales.

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

Equivalencia de títulos de Educación Social

Este Real Decreto modifica una norma anterior que permitía que ciertos títulos antiguos de Educación Social fueran reconocidos como equivalentes al título oficial de Diplomado en Educación Social. El objetivo es asegurar que personas que estudiaron estas materias antes de que existiera la diplomatura tengan las mismas oportunidades profesionales y académicas.

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Ajuste en la ayuda para pensionistas que viven de alquiler

Este documento aclara y corrige un Real Decreto de 2007 que establece un complemento económico para pensionistas de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva, siempre y cuando vivan de alquiler. La corrección busca asegurar que la ayuda se aplique correctamente a quienes cumplen los requisitos.

Lo que cambia es la inclusión de un anexo que se había omitido en la publicación original. Este anexo detalla las normas específicas para poder acceder a este complemento, asegurando que la información sea completa y no haya dudas sobre quién puede beneficiarse de esta ayuda estatal.

La corrección de este error no establece una nueva fecha de entrada en vigor, sino que aclara la aplicación del Real Decreto original de 2007. Por lo tanto, las normas y el complemento siguen vigentes desde la fecha inicial de publicación del Real Decreto, pero ahora con la información completa y corregida.

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Reorganización del Ministerio de Economía y Hacienda

Este Real Decreto modifica la estructura interna del Ministerio de Economía y Hacienda. Su objetivo es adaptar la organización del Ministerio a los cambios legislativos y a las nuevas realidades económicas y sociales que afectan a su funcionamiento. Se trata de una actualización para que el Ministerio pueda cumplir mejor sus funciones.

Los cambios concretos implican la extinción de algunos órganos y la creación de otros dentro del Ministerio. Por ejemplo, se crea la Comisión Nacional de la Competencia, que asume funciones de defensa de la competencia que antes recaían en otros servicios. También se adapta la gestión de los fondos europeos y se prepara para la entrada en vigor de una nueva ley sobre contratos públicos.

Este Real Decreto entró en vigor el 30 de octubre de 2007, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Los cambios organizativos que establece se implementaron a partir de esa fecha para asegurar el correcto desempeño de las nuevas responsabilidades del Ministerio.

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Cierre de Cuentas Públicas de 2007

Esta orden ministerial establece las reglas para cerrar las cuentas del gasto público del año 2007 en la Administración General del Estado y organismos relacionados. Su objetivo es asegurar que todas las operaciones de gasto, como pagos y modificaciones presupuestarias, se registren y completen correctamente antes de que finalice el año fiscal.

Lo que cambia concretamente es que se fijan fechas límite específicas para realizar diversas gestiones. Por ejemplo, las nóminas de diciembre deben presentarse antes del 7 de ese mes, y los pagos se realizarán a partir del 18. Los últimos pagos del año se podrán efectuar hasta el 31 de diciembre, y los documentos contables deben llegar a las oficinas antes del 28 de diciembre.

La orden entró en vigor el 30 de octubre de 2007, aunque sus efectos se aplican a las operaciones de cierre del ejercicio 2007. Esto significa que las normas detalladas en ella son las que se siguieron para finalizar las cuentas de ese año.

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Ayuda económica para pensionistas que viven de alquiler

Este Real Decreto establece una ayuda económica para personas que reciben pensiones de jubilación o invalidez no contributivas y que viven de alquiler. El objetivo es aliviar la carga económica de quienes no poseen vivienda propia y deben pagar un alquiler para residir de forma habitual. La ayuda está pensada para quienes demuestren no tener casa en propiedad y alquilarla a personas sin parentesco cercano.

Concretamente, se regulan los requisitos y el procedimiento para solicitar y recibir este complemento. Se especifica que solo una persona por unidad familiar que reciba estas pensiones no contributivas podrá acceder a la ayuda, siendo el titular del contrato de alquiler quien la solicite. Es fundamental acreditar la situación de alquiler y la ausencia de parentesco con el propietario.

La normativa que regula este complemento se estableció en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. Por lo tanto, este Real Decreto, que desarrolla dicha ley, entró en vigor en 2007, estableciendo las bases para el reconocimiento y pago de esta ayuda a los pensionistas que cumplieran con los requisitos establecidos.

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Cataluña gestionará los códigos de identificación de libros y publicaciones

Este Real Decreto permite que la Generalitat de Cataluña se encargue de asignar los códigos ISBN (para libros) e ISSN (para publicaciones periódicas). Estos códigos son esenciales para identificar y catalogar publicaciones a nivel internacional, facilitando su distribución y venta.

Lo que cambia es que, a partir de ahora, las editoriales y autores catalanes deberán tramitar la solicitud de estos códigos directamente con la Generalitat de Cataluña, en lugar de hacerlo con la Administración del Estado. Esto simplifica el proceso para los creadores y editores de la comunidad autónoma.

Este traspaso de competencias se hizo efectivo tras la aprobación del Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias el 13 de septiembre de 2007, y fue ratificado por el Gobierno mediante este Real Decreto el 29 de octubre de 2007, entrando en vigor poco después de su publicación.

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Entrée en vigueur du Convention éducative Espagne‑Andorre La convention signée le 23 décembre 2004 entre le Royaume d’Espagne et le Principauté d’Andorre vise à faciliter la coopération dans le domaine de l’éducation, notamment la reconnaissance mutuelle des diplômes et la mobilité des étudiants. Elle concerne les établissements scolaires, les universités et les organismes de formation des deux pays, ainsi que les étudiants et les familles qui envisagent des études transfrontalières. Le texte précise que le dispositif s’applique à tous les niveaux, du primaire à l’université, dès lors que les exigences légales de chaque État sont respectées.

Le 10 octobre 2007, le dernier avis de conformité a été reçu, ce qui a déclenché l’entrée en vigueur du texte conformément à l’article 11.1 du convention annexe. À partir de cette date, les autorités éducatives des deux pays peuvent mettre en œuvre les mesures prévues, notamment la reconnaissance des qualifications et la mise en place de programmes communs.

L’entrée en vigueur est officielle depuis le 10 octobre 2007, date à laquelle le ministère des Affaires étrangères a publié la notification dans le BOE, confirmant ainsi la pleine applicabilité du cadre juridique entre l’Espagne et l’Andorre dans le secteur éducatif.

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Nuevas reglas para la seguridad privada aprobadas por el Congreso

Este documento informa sobre la aprobación definitiva por parte del Congreso de los Diputados de una modificación a la ley que regula la seguridad privada en España. En esencia, se trata de dar luz verde a cambios que ya se habían propuesto mediante un Real Decreto-ley, asegurando que estas nuevas normas se apliquen de forma oficial.

Lo que cambia concretamente es la actualización de ciertos aspectos de la Ley de Seguridad Privada de 1992. Aunque el extracto no detalla las modificaciones específicas, estas suelen afectar a los requisitos para las empresas y profesionales que ofrecen servicios de seguridad, como vigilantes, detectives o empresas de alarmas, y a las condiciones bajo las que operan.

La entrada en vigor de estas modificaciones se produce tras la convalidación por el Congreso. El Real Decreto-ley original se publicó el 19 de septiembre de 2007, y la resolución del Congreso que lo confirma es de 16 de octubre de 2007, ordenándose su publicación para que todos la conozcan.

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Actualización del Modelo 190 para Declarar Retenciones

Esta orden ministerial actualiza el modelo 190, que es el documento que las empresas y profesionales utilizan para informar a Hacienda sobre las retenciones de IRPF que han practicado a sus empleados o colaboradores. En concreto, se adaptan los formularios para incluir nuevas situaciones en las que se deben practicar estas retenciones, como ciertos rendimientos de actividades económicas y ganancias por aprovechamientos forestales en montes públicos.

Lo que cambia es que ahora se deben declarar en este resumen anual las retenciones correspondientes a actividades empresariales que tributan por módulos (estimación objetiva) y las ganancias obtenidas por vecinos en montes públicos por la explotación de recursos forestales. Esto asegura que estos ingresos también sean tenidos en cuenta por la Agencia Tributaria.

La orden fue aprobada en octubre de 2007, pero su aplicación concreta y los detalles de cuándo entraba en vigor para las nuevas obligaciones de retención se derivan de la Ley 35/2006 y su reglamento, que entraron en vigor progresivamente a partir de 2007 y 2008.

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Actualización sobre cómo se valoran inmuebles para fines financieros

Esta orden ministerial aclara y actualiza las reglas sobre cómo se deben valorar los bienes inmuebles y ciertos derechos cuando se usan para propósitos financieros específicos. Esto es importante para asegurar que las valoraciones sean consistentes y fiables en diferentes situaciones.

Los cambios concretos afectan cómo se determina el valor de un inmueble. Por ejemplo, se especifica cómo calcular la superficie de un edificio, incluso si no se puede comprobar directamente, y se introduce la definición de 'Valor Máximo Legal' para viviendas sujetas a protección pública.

Esta orden entró en vigor el 17 de octubre de 2007, modificando una normativa anterior de 2003. Su objetivo es garantizar que las valoraciones inmobiliarias sean adecuadas para su uso en el mercado hipotecario, seguros, fondos de inversión y fondos de pensiones.

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Nuevos precios para el gas licuado por tubería

Esta resolución informa sobre los nuevos precios de venta, antes de impuestos, para el gas licuado del petróleo (GLP) que se distribuye a través de canalizaciones. Estos precios se aplican tanto a los usuarios finales, que lo utilizan en sus hogares o negocios, como a las empresas distribuidoras que lo reciben para su posterior venta.

Lo que cambia concretamente es la actualización de los costes de comercialización. Se establecen nuevos valores para el término fijo y el término variable para los usuarios finales, y un nuevo precio para las empresas distribuidoras que reciben el GLP a granel. Estos nuevos precios sustituyen a los que estaban vigentes anteriormente.

La entrada en vigor de estos nuevos precios es a partir de las cero horas del día 16 de octubre de 2007. Es importante recordar que estos precios no incluyen los impuestos que estén vigentes en el momento de la compra.

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Subvención para el Parque Metropolitano de Zaragoza

Este Real Decreto regula la concesión directa de una ayuda económica al Ayuntamiento de Zaragoza. El objetivo es financiar la construcción del Parque Metropolitano de Zaragoza, un proyecto vinculado a la Exposición Internacional de 2008. La ayuda proviene de la Administración General del Estado y se suma a la financiación ya acordada previamente.

Concretamente, se otorga una subvención adicional de 9.402.587,2 euros para cubrir un aumento en los costes de construcción del parque. Esta cantidad se suma a los fondos ya comprometidos por el Estado, Aragón y el propio Ayuntamiento en un convenio anterior.

La entrada en vigor de esta subvención se establece tras la aprobación del Consejo de Ministros el 11 de octubre de 2007, permitiendo así la ejecución del proyecto en el marco de la colaboración para la Exposición Internacional.

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Actualización de normas para homologar vehículos

Esta orden ministerial actualiza las reglas que se usan en España para aprobar (homologar) diferentes tipos de vehículos, como coches, motos, remolques y vehículos agrícolas, así como sus piezas. El objetivo es que estas normas estén al día con las directivas y reglamentos que vienen de Europa y de acuerdos internacionales.

Lo que cambia es que se incorporan nuevas normativas europeas y de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU). Esto significa que se adaptan los requisitos técnicos y administrativos para asegurar que los vehículos que se venden en España cumplen con los estándares más recientes de seguridad y medio ambiente.

La entrada en vigor de estas actualizaciones se produce a partir de la fecha de publicación de esta orden, el 11 de octubre de 2007, y se aplicará a los nuevos tipos de vehículos y a las nuevas matriculaciones que se realicen a partir de entonces, según se especifique en los anexos actualizados.

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Galicia cuestiona una orden sobre voluntariado y ayudas fiscales

Este documento informa sobre un conflicto entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central. Galicia ha presentado una queja ante el Tribunal Constitucional porque considera que una orden ministerial del año 2007, que regula la concesión de ayudas para programas de voluntariado social financiadas con parte de los impuestos de la renta, invade sus competencias. Básicamente, se discute quién tiene la autoridad para gestionar estas subvenciones.

Lo que cambia concretamente es que se pone en duda la legalidad de cómo el Estado estaba gestionando estas ayudas. La Junta de Galicia argumenta que esta materia le corresponde a ella, no al Gobierno central. El Tribunal Constitucional está revisando si la orden ministerial se ajusta a la Constitución y si respeta las competencias de las comunidades autónomas.

La orden ministerial en cuestión es de abril de 2007 y la queja de Galicia se admitió a trámite en septiembre de 2007. Por lo tanto, la entrada en vigor de la orden se vio afectada por esta disputa legal, y su aplicación quedó pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional.

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Un tribunal revisa si una ley es constitucional

El Tribunal Constitucional ha aceptado estudiar si una parte de una ley aprobada en el año 1999, que fue modificada en el 2000, cumple con la Constitución Española. Esta ley trata sobre medidas fiscales, administrativas y de orden social.

Lo que cambia es que ahora se va a analizar si esa disposición específica de la ley respeta los derechos fundamentales y los principios de la justicia que están recogidos en nuestra Constitución, como el derecho a la tutela judicial efectiva y la independencia judicial.

La entrada en vigor de esta revisión no tiene una fecha concreta, ya que depende del proceso de estudio del Tribunal Constitucional. Se trata de un procedimiento que puede llevar tiempo hasta que se emita una resolución.

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El Tribunal Constitucional revisa una ley por posible inconstitucionalidad

El Tribunal Constitucional ha decidido estudiar si una parte de una ley aprobada en 1999, que fue modificada en el año 2000, cumple con la Constitución Española. Esta ley, que trata sobre medidas fiscales, administrativas y de orden social, está siendo cuestionada por un tribunal del País Vasco. La duda principal es si esta disposición legal podría estar vulnerando derechos fundamentales como la independencia judicial y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Lo que cambia concretamente es que se abre un proceso de revisión para determinar si esa disposición específica de la ley es legal o no. Si el Tribunal Constitucional dictamina que es inconstitucional, esa parte de la ley dejaría de tener validez. Esto podría afectar a situaciones o derechos que dependan de esa disposición concreta, aunque el proceso aún está en sus primeras fases.

La entrada en vigor de esta revisión no tiene una fecha fija, ya que depende del desarrollo del procedimiento en el Tribunal Constitucional. La decisión se ha tomado el 25 de septiembre de 2007, y ahora se abre un plazo para que las partes implicadas en el caso original puedan presentar sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional.

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El Tribunal Constitucional revisa una ley para garantizar la justicia

Se trata de una revisión judicial que busca asegurar que una parte de una ley aprobada en el año 1999, y modificada en el 2000, cumple con la Constitución Española. Específicamente, se cuestiona si una disposición concreta de esa ley podría estar vulnerando derechos fundamentales relacionados con la justicia y la protección judicial efectiva.

Lo que cambia es que el Tribunal Constitucional va a analizar si esa disposición legal es válida o si, por el contrario, va en contra de principios básicos de nuestra Carta Magna. Si se considera inconstitucional, esa parte de la ley dejaría de tener efecto, lo que podría tener implicaciones en cómo se resuelven ciertos procedimientos judiciales.

Esta revisión se inició en octubre de 2007, cuando el Tribunal Constitucional decidió admitir a trámite la cuestión. El proceso judicial que dio lugar a esta revisión comenzó en el País Vasco. La decisión final del Tribunal Constitucional aún está pendiente.

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El Tribunal Constitucional revisa una ley antigua

Se trata de una revisión judicial sobre una parte específica de una ley aprobada en 1999. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha planteado dudas sobre si esa parte de la ley cumple con la Constitución Española. El Tribunal Constitucional ha decidido estudiar el caso para determinar si hay alguna vulneración de derechos fundamentales o principios constitucionales.

Lo que cambia concretamente es que se está analizando la legalidad de una disposición que afecta a cómo se resuelven ciertos procedimientos judiciales. Si el Tribunal Constitucional dictamina que esa disposición es inconstitucional, podría invalidarla o interpretarla de una manera que respete la Constitución, lo que podría tener implicaciones en casos similares.

Esta revisión judicial se inició en 2007, pero el proceso de admisión a trámite y la posible resolución pueden llevar tiempo. La entrada en vigor de cualquier cambio dependerá de la decisión final del Tribunal Constitucional y de las leyes que se deriven de ella, lo que significa que no hay una fecha de entrada en vigor inmediata para un cambio concreto, sino que es un proceso en curso.

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El Tribunal Constitucional revisa una ley por posible inconstitucionalidad

Se trata de una revisión que está llevando a cabo el Tribunal Constitucional sobre una ley que se aprobó hace años. Esta ley, que trata sobre medidas fiscales, administrativas y de orden social, está siendo analizada porque podría no cumplir con algunos artículos importantes de nuestra Constitución, como los que garantizan la independencia judicial y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Lo que cambia concretamente es que el Tribunal Constitucional va a estudiar si la ley, tal y como fue modificada en el año 2000, es legal o no. Si considera que hay una vulneración de la Constitución, podría anular o modificar esa parte de la ley, afectando a cómo se aplican ciertas normas en el ámbito fiscal y administrativo.

Esta revisión se inició formalmente en septiembre de 2007, cuando el Tribunal Constitucional admitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad. A partir de la publicación de este edicto, las partes implicadas en el caso tienen un plazo para presentarse ante el Tribunal y exponer sus argumentos.

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Nuevas monedas de colección conmemorativas

Esta orden ministerial autoriza la creación y puesta en circulación de una nueva serie de monedas de colección, la VII Serie Iberoamericana, bajo el lema «Encuentro de dos mundos». Estas monedas, a diferencia de las que usamos a diario, no están pensadas para pagar cosas, sino para coleccionistas, y suelen estar hechas de metales preciosos.

Lo que cambia concretamente es que se emite una nueva colección de estas monedas especiales. Para ser consideradas de colección, deben ser claramente distintas de las monedas normales en al menos dos características: su color, peso o tamaño. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se encarga de su fabricación y venta, bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Hacienda.

La orden se publicó el 6 de octubre de 2007, pero la emisión y puesta en circulación de estas monedas específicas se acordó en ese momento, dando continuidad a una serie de colecciones numismáticas que han tenido buena acogida.

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Ayudas para damnificados por inundaciones y temporales

Este acuerdo del Consejo de Ministros establece medidas de ayuda para las personas que sufrieron daños a causa de las fuertes inundaciones y temporales ocurridos en Andalucía los días 2 y 3 de octubre de 2007, y en las Illes Balears el 4 de octubre de ese mismo año. Se trata de subvenciones destinadas a paliar las necesidades urgentes derivadas de estas catástrofes naturales.

Concretamente, se activan las ayudas previstas en el Real Decreto 307/2005, que regula subvenciones para situaciones de emergencia o naturaleza catastrófica. Estas ayudas están dirigidas a compensar los daños sufridos tanto en bienes públicos como privados, así como a atender las necesidades básicas de los afectados, incluyendo aquellos que lamentablemente perdieron sus vidas o resultaron heridos.

La orden que publica este acuerdo entró en vigor el 6 de octubre de 2007, al día siguiente de su publicación. Esto permitió que las administraciones competentes pudieran empezar a tramitar las ayudas de forma inmediata para los damnificados por estos graves sucesos climáticos que afectaron a varias zonas de España.

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Corrección sobre permisos de maternidad y ayudas por discapacidad

Este documento es una corrección a un Real Decreto anterior que trataba sobre dos temas importantes: el permiso de maternidad cuando un hijo tiene discapacidad y la necesidad de ayuda de un tercero para recibir ciertas prestaciones sociales. El objetivo es asegurar que las leyes se apliquen correctamente y sin errores.

Lo que cambia concretamente es la forma en que se identifica el Real Decreto que introduce estas modificaciones. Se ha corregido un número de Real Decreto en el propio título del documento, para que refleje el número correcto y así evitar confusiones sobre qué ley se está aplicando. Esto es crucial para que los ciudadanos sepan a qué normativa acogerse.

Esta corrección entró en vigor el 4 de octubre de 2007, el mismo día que se publicó. Su importancia radica en garantizar la claridad y precisión de la legislación, asegurando que los derechos relacionados con la maternidad y las ayudas sociales se reconozcan de forma adecuada y sin ambigüedades para las familias afectadas.

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Nuevas herramientas informáticas para la Seguridad Social

Esta resolución aprueba el uso de programas de ordenador específicos para gestionar trámites relacionados con la Seguridad Social. Su objetivo es modernizar y agilizar la administración, haciendo que los procesos sean más eficientes y seguros.

Concretamente, se aprueban aplicaciones informáticas que facilitarán la inscripción de empresas, la afiliación de trabajadores (altas, bajas y modificaciones de datos) y la recaudación de las cuotas. Esto significa que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá realizar estas gestiones de forma más moderna y controlada.

La resolución se aprobó en septiembre de 2007, pero su entrada en vigor se refiere a la aprobación de estas herramientas informáticas para su uso en la gestión diaria de la Seguridad Social, buscando siempre la protección de los datos de los ciudadanos.

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