El Horno

Nuevas reglas para empresas que inspeccionan barcos

Estas enmiendas establecen requisitos más estrictos para las organizaciones que actúan en nombre de la administración marítima para autorizar y supervisar buques. Básicamente, se trata de asegurar que las empresas encargadas de verificar la seguridad y el cumplimiento de las normativas en los barcos lo hagan de manera más rigurosa y profesional.

Lo que cambia concretamente es que se actualizan las normas mínimas que estas organizaciones deben cumplir. Esto implica que deberán demostrar una mayor capacidad técnica y operativa para poder seguir realizando estas importantes tareas de control y certificación en nombre de las autoridades marítimas.

La entrada en vigor de estas enmiendas se produjo de forma escalonada. Fueron aceptadas por los países el 1 de enero de 2010 y entraron en vigor definitivamente el 1 de julio de 2010, marcando un nuevo estándar en la supervisión de la seguridad marítima internacional.

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Cambios en la firma de documentos tributarios para grandes empresas

Esta resolución aclara quiénes son los funcionarios autorizados para firmar ciertos documentos relacionados con procedimientos sancionadores en la Inspección Tributaria, específicamente para grandes empresas. El objetivo es asegurar que se cumplan las normativas vigentes sobre quién debe iniciar y proponer la resolución de estos procedimientos.

Lo que cambia concretamente es la forma en que se redacta una resolución anterior de 1992. Se especifica que los informes y comunicaciones que deban ser emitidos por un equipo o unidad de la Inspección Tributaria serán firmados por el Jefe de dicho equipo o unidad. Esto afecta a la validez y formalización de ciertos trámites fiscales.

Esta modificación entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 10 de agosto de 2009. Por lo tanto, los cambios son aplicables desde esa fecha para los procedimientos que se inicien o tramiten a partir de entonces.

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Cambios en la organización de la Agencia Tributaria

Esta resolución actualiza cómo se organiza internamente la Agencia Estatal de Administración Tributaria, específicamente el Departamento de Gestión Tributaria. Busca adaptar la estructura a la normativa tributaria vigente y a la reorganización de las oficinas de la Agencia, separando mejor las funciones de instrucción y resolución en los expedientes sancionadores.

Lo que cambia concretamente es la denominación de algunos puestos de trabajo y la atribución de competencias. Se clarifica a quién corresponden ciertas funciones, especialmente en el ámbito de los procedimientos sancionadores, asegurando que la fase de investigación y la de decisión recaigan en órganos distintos para garantizar la imparcialidad.

Esta modificación entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 10 de agosto de 2009. Por lo tanto, los cambios se aplicaron a partir de esa fecha, afectando a la forma en que la Agencia gestiona los trámites tributarios y los expedientes sancionadores.

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Se levanta la suspensión de una ley madrileña

El Tribunal Constitucional ha decidido levantar la suspensión de una parte de la Ley 3/2008 de la Comunidad de Madrid. Esta ley, que contenía medidas fiscales y administrativas, había sido recurrida por el Abogado del Estado en representación del Presidente del Gobierno, lo que provocó una suspensión temporal de su aplicación.

Lo que cambia concretamente es que el artículo 12 de dicha ley, que estaba suspendido, vuelve a tener efecto. Este artículo forma parte de un conjunto de medidas que afectan a las finanzas y la administración de la Comunidad de Madrid, y su suspensión impedía su aplicación.

La entrada en vigor de esta decisión del Tribunal Constitucional es inmediata a partir de la fecha del auto, el 27 de julio de 2009, aunque la publicación oficial de la resolución se realizó posteriormente.

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Cambios en la solicitud de representante para comprobaciones de inversión

Esta resolución actualiza las normas sobre cómo solicitar un representante de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) cuando se realizan comprobaciones sobre el valor de inversiones. Antes, el límite para solicitar este representante era diferente, pero ahora se ha elevado.

Lo que cambia concretamente es el importe mínimo de la inversión para que sea obligatorio solicitar este representante. Ahora, si la inversión es de 50.000 euros o más (sin contar el IVA), será necesario pedir esta designación. También se han actualizado los formularios y las instrucciones para reflejar la nueva terminología legal.

La resolución entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esto significa que los nuevos límites y procedimientos se aplican desde ese momento para las solicitudes que se realicen.

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Actualización en el nombramiento de miembros del Consejo Superior de Estadística

Este Real Decreto modifica una norma anterior que regula cómo se eligen los miembros del Consejo Superior de Estadística. Este Consejo es un órgano importante para la estadística oficial en España, encargado de coordinar y supervisar las estadísticas que se elaboran en el país. La modificación afecta a la forma en que se nombran algunos de sus consejeros, que representan a diferentes ministerios y a organizaciones sociales, empresariales y académicas.

Concretamente, se ajusta la redacción del artículo que trata sobre el nombramiento, renovación y sustitución de los consejeros. Ahora, el Ministro de Economía y Hacienda nombrará a los representantes de los departamentos ministeriales basándose en las propuestas de estos mismos departamentos. De igual manera, los representantes de las organizaciones sociales, empresariales y académicas serán nombrados por el Ministro a propuesta de los órganos de gobierno de dichas organizaciones.

La entrada en vigor de este Real Decreto es inmediata. Se aplica desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que los cambios en los procedimientos de nombramiento son efectivos desde ese momento.

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Simplificación de trámites para seguros y mutualidades

Este Real Decreto busca hacer más ágiles los procedimientos relacionados con el sector de los seguros y las mutualidades de previsión social. La idea principal es reducir la burocracia para las empresas del sector, facilitando así su funcionamiento y, en última instancia, mejorando los servicios que ofrecen a los ciudadanos.

Concretamente, se acortan los plazos para que el Ministro de Economía resuelva dudas sobre si una operación es o no de seguros. También se simplifican las comunicaciones a la Dirección General de Seguros cuando se modifica documentación para obtener autorizaciones. Se elimina la obligación de presentar informes anuales detallados sobre actividades y se agilizan los trámites para autorizar operaciones entre aseguradoras.

Además, se reduce la necesidad de presentar escrituras públicas en el Registro Mercantil y se amplía el tiempo entre la presentación de informes sobre la liquidación de entidades. Finalmente, se introduce información específica para los asegurados en seguros de decesos, dado el carácter maduro y la difusión de este tipo de seguros.

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Acceso más fácil a tu plan de pensiones en caso de desempleo y simplificación para fondos de pensiones

Este Real Decreto introduce cambios importantes en las reglas de los planes y fondos de pensiones. Su objetivo principal es hacer que el dinero ahorrado en tu plan de pensiones sea más accesible si te quedas en paro de larga duración. También busca agilizar los trámites para que los fondos de pensiones puedan operar de forma más sencilla, permitiendo que canalicen inversiones de otros fondos.

Lo más relevante para ti es que se elimina el requisito de haber estado 12 meses seguidos en paro para poder retirar el dinero de tu plan de pensiones. Ahora, si te encuentras en una situación de desempleo prolongado y tus ingresos se ven muy afectados, podrás acceder a tus ahorros de forma más inmediata, especialmente si ya has agotado las prestaciones por desempleo o no tienes derecho a ellas. Esto se aplica también a los autónomos que dejen su actividad y busquen empleo.

Además, se simplifica el proceso para que los fondos de pensiones puedan operar como fondos abiertos, que son aquellos que pueden recibir inversiones de otros fondos. Antes necesitaban una autorización previa, pero ahora solo tendrán que comunicarlo a la autoridad competente. Esto se hace para reducir la burocracia y los costes, beneficiando en última instancia a los partícipes de estos planes.

Este Real Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 1 de agosto de 2009.

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Actualización de precios de tabaco

Esta resolución informa sobre los nuevos precios de venta al público de varias marcas y tipos de tabaco, incluyendo cigarrillos, cigarros y cigarritos. Estos precios se aplican en las expendedurías de tabaco y timbre en la Península y las Illes Balears.

Lo que cambia concretamente es el importe que los consumidores deberán abonar por cajetillas o unidades de las marcas de tabaco especificadas en el documento. Los fabricantes e importadores han propuesto estos nuevos precios, que ya incluyen todos los impuestos aplicables.

La resolución se publicó el 1 de agosto de 2009, por lo que estos precios entraron en vigor a partir de esa fecha. Es importante consultar la lista completa para conocer el precio exacto de cada producto.

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Suspensión de medidas fiscales valencianas por el Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión de dos artículos específicos de una ley valenciana de medidas fiscales. Estos artículos, el 14 y el 15, modificaban la ley de tasas de la Generalitat Valenciana, afectando a cómo se gestionaban ciertos aspectos de la asistencia sanitaria y farmacéutica, especialmente en relación con mutualidades y servicios no concertados con aseguradoras privadas.

Concretamente, se suspende la supresión de un inciso que excluía de ciertas tasas a quienes ya recibían asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud. También se mantiene suspendida una disposición que detallaba cómo las mutualidades debían cubrir prestaciones sanitarias y farmacéuticas no concertadas, y cómo se aplicarían los convenios existentes.

Esta suspensión se produjo tras la admisión de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Abogado del Estado en representación del Presidente del Gobierno. La suspensión se hizo pública en abril de 2009 y la decisión de mantenerla se tomó en julio de 2009.

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Declaración Anual de Consumo de Energía Eléctrica

Esta orden establece un nuevo modelo, el 159, para que las compañías que suministran energía eléctrica informen anualmente a la Hacienda Pública sobre el consumo de sus clientes. El objetivo es mejorar el control fiscal y prevenir el fraude, asegurando que la información sobre los titulares de los contratos y la localización de los inmuebles coincida con los datos del Catastro Inmobiliario.

Concretamente, las empresas eléctricas deberán presentar un resumen anual detallando quiénes son sus clientes, la dirección exacta de los suministros y su referencia catastral. Esto se hará a través de un modelo específico que se podrá presentar tanto en formato digital como por internet, agilizando los trámites para las administraciones y las propias compañías.

Esta normativa entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, estableciendo un nuevo procedimiento para la recopilación de datos sobre el consumo eléctrico con fines informativos y de control tributario. La obligación de presentar esta declaración recae sobre las compañías suministradoras de energía eléctrica.

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Simplificación en el pago de deudas con Hacienda

Esta resolución aclara cómo Hacienda gestionará las deudas que no superen una cierta cantidad. El objetivo es agilizar los trámites para los ciudadanos, utilizando principalmente sistemas informáticos para el cobro de estas deudas más pequeñas. Esto significa que, en lugar de procedimientos manuales, se recurrirá a la tecnología para hacer el proceso más rápido y eficiente.

Lo que cambia concretamente es el importe máximo de las deudas que se gestionarán de forma informatizada. Ahora, si la suma de tus deudas pendientes en período ejecutivo no supera los 18.000 euros, y el total de tus deudas (tanto en voluntaria como en ejecutiva) no excede los 40.000 euros, Hacienda usará preferentemente medios electrónicos para su cobro. Esto se aplica siempre que no tengas deudas garantizadas o fraccionamientos incumplidos.

Esta normativa entró en vigor el 29 de julio de 2009, la fecha en que se publicó la resolución en el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, desde ese momento, los criterios para la gestión informatizada de deudas se ajustan a los nuevos límites establecidos.

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Embargo de dinero en cuentas bancarias por Hacienda de forma telemática

Esta resolución establece cómo la Agencia Tributaria puede solicitar el embargo de dinero en cuentas bancarias de forma electrónica, sin necesidad de que un funcionario se desplace a la sucursal. El objetivo es agilizar el proceso de cobro de deudas tributarias cuando la cantidad reclamada no supera los 20.000 euros.

Lo que cambia es que ahora se amplía la cantidad máxima que se puede embargar telemáticamente hasta los 20.000 euros, frente a los 6.000 euros anteriores. Esto significa que Hacienda podrá utilizar este método más rápido para un mayor número de deudas, haciendo el proceso más eficiente para la administración y, potencialmente, más rápido para el ciudadano afectado.

Esta resolución entró en vigor el 22 de julio de 2009, fecha de su publicación. Por lo tanto, el procedimiento que describe se aplica desde ese momento para las diligencias de embargo de dinero en cuentas bancarias que cumplan con los requisitos establecidos.

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Cambios en cómo se registran las operaciones financieras del Estado

Esta resolución actualiza las normas contables para las operaciones de intercambio financiero, como las de divisas e intereses, que realiza la Administración General del Estado. El objetivo es adaptar la contabilidad a una nueva ley que considera estas operaciones como no presupuestarias, es decir, que no afectan directamente al presupuesto anual de ingresos y gastos, sino que se registran de forma neta.

Lo que cambia concretamente es la forma en que se contabilizan los cobros y pagos de estas operaciones. Ahora, en lugar de usar cuentas relacionadas directamente con el presupuesto de gastos e ingresos, se utilizarán cuentas de tesorería. Esto significa que los movimientos de dinero se registrarán de forma más directa en la caja del Estado, y solo el resultado neto de estas operaciones se imputará al presupuesto al final del ejercicio.

La entrada en vigor de estos cambios se produce tras la modificación de la Ley General Presupuestaria realizada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009. Por lo tanto, estas nuevas normas contables se aplican a partir de la fecha de la resolución, que es el 21 de julio de 2009, para reflejar la nueva forma de gestionar estas operaciones financieras.

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Nuevas reglas para las aseguradoras

Esta orden ministerial establece los modelos de documentos que las compañías de seguros deben presentar para informar sobre sus cuentas y estadísticas. El objetivo es que la información sea más clara y útil tanto para las propias empresas como para las autoridades que las supervisan.

Lo que cambia es que se actualizan los formularios que las aseguradoras usan para reportar sus datos financieros. Se simplifica parte de la información que antes se pedía, eliminando algunos informes, pero se mejora la que se refiere a las inversiones. También se ajustan las normas para informar sobre los planes de pensiones que se gestionan a través de seguros.

Esta orden entró en vigor el 20 de julio de 2009. Su propósito es adaptar la forma en que las aseguradoras comunican su situación financiera a las nuevas normativas y a las necesidades de información actuales.

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Nuevos precios para el gas licuado por canalización

Esta resolución informa sobre los nuevos precios de venta, antes de impuestos, del gas licuado de petróleo (GLP) que llega a los hogares a través de canalizaciones. Se trata de una actualización de las tarifas que se aplican a este tipo de suministro energético.

Lo que cambia concretamente es la actualización de los costes de comercialización. Esto se traduce en una ligera bajada del –0,44% en dichos costes. Para los consumidores finales, esto significa que el término fijo mensual se mantiene en 1,49 euros, pero el término variable por kilogramo de gas se fija en 70,5749 céntimos.

Estos nuevos precios entraron en vigor a las cero horas del día 21 de julio de 2009, tal como se especifica en la resolución publicada.

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Actualización de precios de tabaco

Esta resolución informa sobre los nuevos precios de venta al público de ciertos productos de tabaco, como cigarrillos, cigarros y cigarritos. Estos precios se aplican en los estancos autorizados en la península y las Islas Baleares.

Lo que cambia es el importe exacto que deberás pagar por cajetillas de cigarrillos o por unidades de cigarros y cigarritos de marcas específicas. Los fabricantes e importadores son quienes proponen estos nuevos precios, que luego se hacen públicos oficialmente.

La resolución se publicó el 18 de julio de 2009, y los precios que se detallan entraron en vigor a partir de esa fecha, afectando a las compras que realices en los puntos de venta autorizados.

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Nuevas monedas de colección para coleccionistas

Esta orden ministerial autoriza la creación y puesta en circulación de una nueva serie de monedas de colección, la segunda de "Joyas Numismáticas". Estas monedas no están pensadas para ser usadas en el día a día, sino para ser adquiridas por personas interesadas en la numismática y en piezas de valor.

Lo que cambia concretamente es que se emiten monedas con un valor facial de 100 euros, acuñadas en plata y recubiertas de oro. Estas piezas tienen un diseño y unas características físicas (como el peso y el diámetro) que las diferencian claramente de las monedas que usamos habitualmente. En esta ocasión, la serie está dedicada a piezas históricas como el Centén y el Cincuentín.

La orden se acordó en junio de 2009 y entró en vigor poco después, permitiendo la emisión y comercialización de estas monedas especiales por parte de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

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España y Arabia Saudí facilitan el cumplimiento de condenas en el país de origen

Este convenio permite que las personas condenadas en España que sean nacionales de Arabia Saudí puedan cumplir su pena de prisión en cárceles saudíes, y viceversa. El objetivo principal es facilitar la reinserción social y psicológica de los condenados, acercándolos a su entorno familiar y cultural.

Lo que cambia concretamente es que ahora existe un marco legal claro para solicitar y ejecutar estos traslados. Un ciudadano español condenado en Arabia Saudí podrá pedir ser trasladado a España para cumplir su condena, siempre que el delito sea considerado grave en ambos países y cumpla otros requisitos. Lo mismo ocurrirá con los ciudadanos saudíes condenados en España.

Este acuerdo entró en vigor el 15 de julio de 2009, tras ser aprobado por ambas naciones. Su aplicación se gestionará a través de los Ministerios de Justicia de España y del Interior de Arabia Saudí.

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Aclaración sobre contratos públicos

Este documento es una corrección de errores de un Real Decreto anterior que explicaba cómo se hacían los contratos públicos en España. Se trata de normas que afectan a cómo las administraciones públicas (como ayuntamientos o ministerios) contratan a empresas para realizar obras o prestar servicios.

Lo que cambia es principalmente la redacción de algunos artículos y la precisión en una cantidad. Se aclara qué partes de la ley son de aplicación general y se modifica una frase para que diga "igual o superior a 50.000 euros" en lugar de "exceda de 50.000 euros" en un caso concreto sobre el importe de una inversión.

Esta corrección entró en vigor el 14 de julio de 2009, fecha de su publicación, y sirve para asegurar que las normas sobre contratos públicos se apliquen de forma correcta y sin ambigüedades.

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Ayudas para renovar autobuses y autocares

Esta normativa regula las condiciones para acceder a préstamos destinados a la renovación de autobuses y autocares. El objetivo es facilitar la sustitución de vehículos antiguos por otros más modernos y eficientes, contribuyendo a un transporte público más sostenible.

Concretamente, se establecen las bases para obtener financiación que permita a las empresas del sector adquirir nuevos vehículos, reemplazando aquellos con más de diez años de antigüedad. Esto busca mejorar la calidad del aire y la seguridad vial.

Este acuerdo fue aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2009 y publicado en julio del mismo año, entrando en vigor a partir de su publicación.

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Subida de precios del tabaco

Esta resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos informa sobre los nuevos precios de venta al público de varios tipos de tabaco, como cigarrillos, cigarros y cigarritos. Estos precios se aplican en los estancos de la Península e Illes Balears y han sido propuestos por los fabricantes e importadores.

Lo que cambia concretamente es el importe que los consumidores deberán pagar por cajetillas o unidades de tabaco específicas. Por ejemplo, se fijan precios para marcas como Philips Morris Reds, y para diferentes tipos de cigarros y cigarritos de marcas como Barón Ullmann, Joya de Nicaragua, King Edward y Kiowa.

La entrada en vigor de estos precios se produce a partir de la fecha de publicación de esta resolución, que fue el 4 de julio de 2009. Por lo tanto, desde ese día los estanqueros deben aplicar estas nuevas tarifas a la venta de los productos de tabaco mencionados.

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Cambios en el Consorcio de Compensación de Seguros

Esta ley modifica el funcionamiento del Consorcio de Compensación de Seguros, una entidad pública que actúa como liquidador de aseguradoras y gestiona ciertos seguros. El objetivo principal es simplificar sus funciones y reducir un recargo que pagamos los asegurados.

Concretamente, el Consorcio dejará de encargarse de los seguros obligatorios para viajeros y para cazadores. Además, se reduce a la mitad el recargo que se aplica a las primas de los seguros para financiar las tareas de liquidación de aseguradoras en quiebra, pasando del 3 por mil al 1,5 por mil.

Esta ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 4 de julio de 2009.

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Prioridades para la prevención de riesgos laborales en 2009

Esta resolución establece las directrices y el orden de importancia que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales deben seguir al planificar sus acciones para prevenir riesgos en el lugar de trabajo durante el año 2009. Su objetivo es asegurar que los recursos se utilicen de la manera más eficiente posible.

Lo que cambia concretamente es que se definen las áreas y los tipos de actividades preventivas que las mutuas deben priorizar. Esto se hace para alinear estas acciones con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, buscando mejorar la prevención en las empresas y la coordinación entre las administraciones públicas.

Esta resolución entró en vigor en 2009, ya que se trata de una planificación para ese año específico. Su aplicación se basa en una orden ministerial anterior que regula las actividades preventivas generales en la Seguridad Social.

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Aprobación de gastos extraordinarios y cambios en impuestos

Este documento oficial, convalidado por el Congreso de los Diputados, confirma la concesión de una importante suma de dinero, 19.821,28 millones de euros, para gastos extraordinarios y adicionales. Se trata de una medida para hacer frente a necesidades presupuestarias urgentes o imprevistas que surgieron en 2009.

Además de la asignación de estos fondos, el Real Decreto-ley también introduce modificaciones en la Ley de Impuestos Especiales. Esto significa que se han alterado algunas normas relacionadas con los impuestos que se aplican a ciertos productos, como el tabaco, el alcohol o los hidrocarburos, aunque el texto no detalla cuáles son esas modificaciones concretas.

La convalidación de este Real Decreto-ley por parte del Congreso de los Diputados se produjo el 25 de junio de 2009. Esto significa que las medidas contenidas en él, tanto la asignación de fondos como los cambios en los impuestos, fueron aprobadas y se volvieron plenamente efectivas a partir de esa fecha, tras su publicación oficial.

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