El Horno

Se reduce el número de miembros de la Comisión Permanente de Selección

Esta orden ministerial modifica la composición de la Comisión Permanente de Selección, un órgano encargado de gestionar los procesos de selección para el empleo público en la Administración General del Estado. Su función principal es asegurar que las personas que ingresan a la administración pública cumplan con los requisitos necesarios.

Lo que cambia concretamente es el número de personas que forman parte de esta comisión. Antes estaba integrada por un presidente, trece vocales y un secretario. Ahora, se reduce a un presidente, siete vocales y un secretario. Esta modificación responde a la necesidad de adaptar el tamaño del órgano a la gestión de un menor número de cuerpos y escalas, buscando mayor eficiencia.

Esta orden entró en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 7 de junio de 2013. Por lo tanto, los cambios en la composición de la comisión se aplicaron a partir de esa fecha.

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Cambios en la Comisión de Asuntos Taurinos

Esta orden ministerial actualiza las normas de funcionamiento de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos. Esta comisión, creada hace años, tiene la función de asesorar sobre temas relacionados con los espectáculos taurinos, representando tanto a las administraciones públicas como a los diferentes sectores implicados en la tauromaquia, incluyendo a los aficionados.

Lo más relevante de esta modificación es la transformación de una de sus secciones, la de seguimiento, en una Comisión Ejecutiva. Esta nueva comisión se encargará de gestionar los asuntos más urgentes e importantes, así como de impulsar el trabajo de las otras secciones y mejorar la comunicación entre ellas y con las administraciones.

La orden entró en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 6 de junio de 2013. Los cambios buscan agilizar la toma de decisiones y el fomento de la tauromaquia como disciplina artística y cultural.

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Acuerdo contra la doble imposición con Kuwait

Este convenio es un acuerdo entre España y Kuwait para evitar que las personas o empresas paguen impuestos dos veces por la misma renta o patrimonio en ambos países. Su objetivo es facilitar las relaciones económicas y prevenir que se evadan impuestos.

Concretamente, el acuerdo establece cómo se deben repartir los impuestos sobre la renta y el patrimonio entre España y Kuwait. Esto significa que si una persona o empresa española tiene ingresos o bienes en Kuwait, o viceversa, se aplicarán unas reglas claras para determinar qué país puede cobrar el impuesto y cuánto.

Este convenio se firmó en Kuwait el 26 de mayo de 2008 y entró en vigor en España el 5 de junio de 2013, una vez que ambos países lo aprobaron internamente.

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Rectificación en las normas para los presupuestos de 2014

Esta orden ministerial corrige un error en la publicación de las normas que se usaron para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2014. Básicamente, se añade información que faltaba y que es importante para entender cómo se gestionará el dinero público.

Lo que cambia es que se incluyen dos nuevos anexos. El Anexo V lista una serie de entidades del sector público administrativo estatal que tienen un presupuesto no limitado, es decir, que su gasto no está fijado de antemano. El Anexo VI detalla la documentación que deben presentar las Comunidades Autónomas que reciban fondos de compensación interterritorial.

Esta corrección se hizo efectiva el 5 de junio de 2013, justo después de la publicación original de la orden el 4 de junio de 2013. El objetivo es asegurar que la información sobre la elaboración de los presupuestos sea completa y precisa.

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Revisión de una norma sobre el IRPF en curso

Se trata de un trámite judicial en el que el Tribunal Supremo ha aceptado estudiar si una parte de un Real Decreto que regula el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es legal. Específicamente, se cuestiona una frase que limita la aplicación de ciertas normas a contribuyentes que no obtienen rentas a través de un establecimiento permanente en España.

Lo que cambia es que se está revisando la legalidad de una condición que afecta a cómo se tributan ciertas rentas. Si se considera ilegal, esa parte de la norma podría ser anulada o modificada, lo que podría tener implicaciones en cómo se calculan los impuestos para algunos contribuyentes.

Esta providencia, dictada el 26 de abril de 2013, es solo el primer paso para admitir a trámite la cuestión. El proceso judicial para determinar la legalidad de esa frase aún está en marcha y no hay una fecha de finalización definida.

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Ajuste en impuestos para agricultores y ganaderos afectados por circunstancias excepcionales

Esta orden ministerial corrige errores en una norma anterior que establecía reducciones en los impuestos para agricultores y ganaderos. El objetivo es asegurar que las ayudas fiscales se apliquen correctamente a quienes sufrieron problemas excepcionales en sus actividades durante el año 2012.

Lo que cambia concretamente es la corrección de un dato específico para un municipio concreto. En Puigverd de Lleida, para la actividad de "Frutos no cítricos", el porcentaje de rendimiento neto que se tenía en cuenta para calcular el impuesto se reduce de 0,19 a 0,07. Esto significa que la base imponible para este caso particular será menor.

Esta corrección entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 4 de junio de 2013. Por lo tanto, los efectos de esta modificación se aplican retroactivamente al período impositivo de 2012.

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Rectificación sobre información para inversores en fondos

Esta rectificación aclara cómo se debe presentar la información importante para quienes invierten en fondos de inversión colectiva. Se trata de corregir un error en una circular previa que detallaba los documentos que las entidades financieras deben proporcionar a los inversores, como el folleto informativo y el documento de datos fundamentales.

Lo que cambia es la forma en que se organizan y presentan ciertos datos dentro de estos documentos. Se especifica que la información se agrupará en distintos niveles (fondo, compartimento, clase de participación) y que, si algunos de estos niveles no existen, la información se adaptará al nivel superior. Además, se indica que algunos datos se completarán automáticamente si ya existen en otros registros oficiales.

Esta corrección entra en vigor el 4 de junio de 2013, ya que se trata de una rectificación de errores de una circular publicada en mayo de 2013. Su objetivo es asegurar que la información sea clara y precisa para el inversor.

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Aragón corrige un error en su ley de medidas fiscales y administrativas

Esta resolución se refiere a una ley aprobada por el Gobierno de Aragón en 2012, que contenía medidas sobre impuestos y otros asuntos administrativos. Al publicarse la ley, se detectó un pequeño error en la redacción de uno de sus artículos, concretamente en el artículo 30, que a su vez modificaba el artículo 5 de otra ley anterior.

Lo que cambia es muy concreto: se corrige la forma en que se indica que una parte del artículo 5 de una ley anterior queda modificada. En lugar de decir que el artículo 5 completo se redacta de nuevo, ahora se especifica que solo el primer apartado de dicho artículo es el que se modifica. Es una corrección técnica para asegurar que la ley se interprete exactamente como se pretendía.

Esta corrección entra en vigor el mismo día de su publicación, que fue el 29 de mayo de 2013. El objetivo es que la ley tenga plena validez y se aplique sin ambigüedades desde ese momento, asegurando la correcta aplicación de las medidas fiscales y administrativas aprobadas por la Comunidad Autónoma de Aragón.

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Adelantar la entrega de las Cuentas Generales de Navarra al Parlamento

Esta ley modifica una norma anterior sobre la Hacienda Pública de Navarra. Su objetivo principal es que el Gobierno de Navarra envíe el proyecto de ley de las Cuentas Generales al Parlamento en una fecha anterior a la que se hacía hasta ahora. Esto se hace para agilizar la revisión de las cuentas públicas.

Lo que cambia concretamente es la fecha límite para que el Gobierno envíe este proyecto al Parlamento. Antes, la fecha límite era el 15 de septiembre. Con esta nueva ley, la fecha límite se adelanta al 1 de julio. Esto significa que el Gobierno tendrá que preparar y presentar la información financiera del año anterior antes.

La ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Esto ocurrió el 26 de abril de 2013, por lo que los cambios en las fechas de entrega de las Cuentas Generales se aplican desde entonces.

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Suspensión de un impuesto turístico en Cataluña

Este documento informa sobre la suspensión de ciertos artículos de una ley catalana que introducía un nuevo impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por el Abogado del Estado en representación del Gobierno central, cuestionando la legalidad de estos artículos.

Lo que cambia concretamente es que, por ahora, no se podrá aplicar el nuevo impuesto turístico que se había aprobado en Cataluña. La suspensión significa que, mientras el Tribunal Constitucional decide si la ley es válida o no, este impuesto no entra en vigor y los turistas no tendrán que pagarlo.

La suspensión se mantiene desde que se admitió el recurso de inconstitucionalidad, y esta resolución confirma que sigue vigente. Por lo tanto, el impuesto no se aplicará hasta que el Tribunal Constitucional emita una sentencia definitiva sobre el asunto.

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Se levanta la suspensión de un impuesto catalán a los depósitos bancarios

Este documento informa sobre una decisión del Tribunal Constitucional respecto a un impuesto creado por Cataluña en 2012. Este impuesto afectaba a las entidades de crédito, es decir, a los bancos, y gravaba el dinero que los ciudadanos depositaban en ellos. La decisión del Tribunal Constitucional es importante porque afecta a la forma en que se recaudan impuestos y a la autonomía de las comunidades autónomas para crearlos.

Lo que cambia concretamente es que se levanta la suspensión que pesaba sobre este impuesto. Inicialmente, cuando se presentó un recurso contra el impuesto, su aplicación quedó paralizada. Ahora, al levantar esa suspensión, el impuesto vuelve a tener efecto y los bancos deberán cumplir con él, lo que podría tener repercusiones en las condiciones de los depósitos bancarios.

La entrada en vigor de esta medida no tiene una fecha específica en este extracto, ya que se trata de una resolución sobre la suspensión de un decreto-ley ya existente. Sin embargo, el levantamiento de la suspensión implica que el impuesto, que fue aprobado en su momento por Cataluña, puede ser aplicado de nuevo.

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Nuevo modelo para corregir errores en el Registro de Personal

Esta resolución crea un nuevo formulario oficial para que las administraciones públicas puedan comunicar al Registro Central de Personal cuando un acto administrativo relacionado con la gestión de sus empleados debe ser anulado o modificado. Hasta ahora, no existía un modelo estandarizado para estos casos, lo que dificultaba la corrección de errores o la anulación de decisiones.

Con este nuevo modelo, los organismos públicos podrán solicitar de forma ágil y clara la cancelación de los asientos incorrectos en el Registro Central de Personal. Esto asegura que la información sobre los funcionarios públicos esté siempre actualizada y refleje fielmente las decisiones administrativas tomadas, evitando confusiones o datos erróneos.

La medida entra en vigor a partir de la fecha de su publicación, el 27 de mayo de 2013. Su objetivo es modernizar y agilizar los procedimientos administrativos, aprovechando las tecnologías de la información y la firma electrónica para una gestión más eficiente del personal al servicio de las administraciones.

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Actualización de precios de tabaco

Esta resolución informa sobre los nuevos precios de venta al público de ciertos productos de tabaco, como cigarrillos, cigarros y cigarritos. Estos precios se aplican en los estancos de la Península e Illes Balears y han sido propuestos por los fabricantes e importadores de estos productos.

Lo que cambia concretamente es el importe que los consumidores pagarán por cajetillas de cigarrillos y envases de otros tipos de tabaco. Por ejemplo, se fija el precio de la cajetilla de 'La Roja' en 3,95 euros, y se detallan los precios de varios tipos de cigarros y cigarritos, como los de la marca Arturo Fuente o Flor de Selva.

La entrada en vigor de esta resolución es inmediata, es decir, se aplica desde el mismo día en que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Esto significa que los nuevos precios son efectivos desde la fecha de publicación.

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Corrección de errores en modelos de impuestos para empresas

Esta orden ministerial se refiere a la corrección de pequeños errores detectados en los modelos de declaración de impuestos para empresas. Específicamente, se trata de los modelos del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que son utilizados por empresas extranjeras con actividad en España y por entidades que operan bajo un régimen de atribución de rentas. Estos modelos son para los ejercicios fiscales que comenzaron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.

Lo que cambia concretamente es la publicación de los anexos de estos modelos con las erratas ya subsanadas. Esto significa que los formularios que las empresas deben utilizar para presentar sus declaraciones de impuestos han sido revisados y corregidos para asegurar que la información y las instrucciones sean precisas. El objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las empresas afectadas.

La orden se publicó el 24 de mayo de 2013, y la corrección de erratas se aplica a los modelos que ya habían sido aprobados previamente. Aunque la orden original es de mayo de 2013, la corrección de errores se publica para asegurar la correcta aplicación de las normativas fiscales vigentes en ese momento para los periodos impositivos mencionados.

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Corrección de un error en una ley regional

Esta orden ministerial se refiere a una ley aprobada en la Región de Murcia en 2012, que contenía medidas sobre impuestos, administración y la organización del sector público. Se ha detectado un error en uno de los artículos de esa ley, específicamente en el artículo 19, que trata sobre las consecuencias de no cumplir con un plan establecido.

El cambio concreto es una pequeña modificación en la referencia a otro artículo de la misma ley. Donde antes se mencionaba el artículo 17.3 como el que establecía las medidas a aplicar en caso de incumplimiento, ahora se corrige para referirse al artículo 16.3. Esto significa que las sanciones o medidas por no seguir el plan se basarán en un apartado diferente de la ley original.

Esta corrección entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, que fue el 9 de mayo de 2013. Es un ajuste técnico para asegurar que la ley se aplique correctamente según lo previsto por sus autores.

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Mejoras en la gestión del gasto público

Esta orden ministerial introduce cambios en las normas que rigen cómo se gestiona el dinero público en la Administración General del Estado. Su objetivo principal es facilitar los controles sobre el gasto y hacer que las reglas contables sean más eficientes y claras.

Los cambios concretos afectan a cómo se pagan ciertos gastos de emergencia, cómo se gestionan los anticipos de caja para pequeños gastos, y cómo se registran las operaciones al final del año para cerrar la contabilidad. También se crean nuevas formas de registrar retenciones de crédito y se ajustan plazos para la rendición de cuentas.

La orden entró en vigor el 23 de mayo de 2013, modificando normativas contables que ya existían desde 1996 y 2011, con el fin de modernizar y optimizar la gestión financiera del Estado.

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Plan de Prevención de Riesgos Laborales para 2013

Esta resolución establece un plan para que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social realicen actividades de prevención de riesgos laborales durante el año 2013. Su objetivo es ayudar a empresarios y autónomos a identificar y solucionar problemas en sus lugares de trabajo que puedan causar accidentes o enfermedades profesionales, así como estudiar las causas de estos sucesos.

Concretamente, el plan simplifica las actividades a realizar para ser más eficaz, organiza el trabajo en programas definidos con objetivos claros y busca mejorar la transparencia. Esto permitirá evaluar mejor si las medidas tomadas son efectivas para reducir los accidentes y enfermedades laborales, priorizando especialmente a las empresas más pequeñas.

Esta resolución entró en vigor para la planificación de actividades preventivas de las mutuas durante el año 2013, basándose en la normativa previa que regula estas acciones dentro del sistema de la Seguridad Social.

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Actualización de precios del gas licuado por canalización

Esta resolución informa sobre los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo (GLP) que llegan a los hogares a través de canalizaciones. Estos precios se establecen para garantizar un sistema de determinación y actualización automática, permitiendo que los consumidores conozcan los costes de forma predecible.

Lo que cambia concretamente es la publicación de los valores actualizados de estos precios. El sistema, que se basa en normativas previas, busca reflejar los costes de comercialización y otros factores económicos. La Dirección General de Política Energética y Minas es la encargada de realizar estos cálculos y publicarlos.

La entrada en vigor de estos nuevos precios se produce el tercer martes de cada mes, tal como se establece en la normativa que regula la determinación automática de los precios máximos de venta del GLP por canalización. La última revisión anual de los costes de comercialización se realizó en julio.

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El Tribunal Constitucional estudia un recurso contra varias leyes

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso presentado por el Consejo de Gobierno de Andalucía. Este recurso cuestiona la constitucionalidad de varios artículos de leyes y reales decretos aprobados en 2012 y 2013. Las normativas afectadas tratan sobre medidas fiscales para la sostenibilidad energética, la mejora de la gestión y protección social para empleados de hogar, y medidas urgentes en el sistema eléctrico y el sector financiero.

Lo que cambia concretamente es que se está revisando si estas leyes cumplen con la Constitución española. Si el Tribunal dictamina que algún artículo es inconstitucional, podría quedar sin efecto o ser modificado. Esto podría afectar a las políticas energéticas, las condiciones de los empleados de hogar y la regulación del sector eléctrico y financiero.

La fecha de entrada en vigor de este proceso judicial es el 13 de mayo de 2013, que es cuando se hizo pública la admisión a trámite del recurso por parte del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la decisión final del Tribunal aún está pendiente.

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Impugnación de una ley tributaria ante el Tribunal Constitucional

Se trata de un procedimiento legal en el que el Parlamento de Cataluña ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Este recurso cuestiona la constitucionalidad de un artículo específico, el número 19, de una ley aprobada por el Estado en diciembre de 2012. Dicha ley contenía medidas fiscales destinadas a mejorar las finanzas públicas y fomentar la economía.

Lo que cambia concretamente es que el Tribunal Constitucional revisará si el artículo 19 de esa ley cumple con la Constitución española. Si el Tribunal considera que el artículo es inconstitucional, podría ser anulado o modificado, lo que afectaría a las medidas tributarias que establece.

La fecha de entrada en vigor de esta resolución del Tribunal Constitucional no se especifica en el extracto, ya que se trata de la admisión a trámite del recurso. La decisión final sobre la constitucionalidad del artículo se tomará posteriormente.

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Impugnación de una medida tributaria ante el Tribunal Constitucional

Este documento informa sobre la admisión a trámite de un recurso presentado por el Principado de Asturias contra un artículo específico de una ley estatal. Dicha ley, aprobada en diciembre de 2012, buscaba mejorar las finanzas públicas y fomentar la economía a través de distintas medidas fiscales.

Lo que cambia concretamente es que el Tribunal Constitucional revisará si el artículo 19 de esa ley, que presumiblemente contiene alguna disposición tributaria, se ajusta a la Constitución española. Si el Tribunal dictamina que es inconstitucional, ese artículo dejaría de tener validez legal.

La entrada en vigor de esta decisión judicial dependerá del proceso de resolución del recurso. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso el 23 de abril de 2013, pero la resolución final puede tardar un tiempo considerable.

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Nuevos precios máximos para bombonas de gas

Esta resolución establece los precios máximos de venta, antes de impuestos, para las bombonas de gas licuado del petróleo (GLP) envasadas. Se aplica a envases de entre 8 y 20 kg, excluyendo aquellos destinados a ser usados como carburante para vehículos.

Concretamente, el precio máximo de venta al público se fija en 114,2025 céntimos de euro por kilogramo. Este precio se revisará cada dos meses y entrará en vigor el segundo martes de cada mes.

La medida entra en vigor a partir de las cero horas del día 14 de mayo de 2013, afectando a todos los suministros de estas bombonas de gas que estén pendientes de ejecución en esa fecha.

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Corrección en los impuestos agrícolas y ganaderos

Esta orden ministerial corrige errores detectados en una orden anterior que establecía reducciones en los impuestos para agricultores y ganaderos en 2012. Se trata de ajustes técnicos para asegurar que los cálculos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se realicen correctamente, especialmente para aquellos afectados por circunstancias excepcionales.

Los cambios concretos implican la rectificación de nombres de municipios y la inclusión de nuevos términos municipales en las listas de zonas afectadas. Por ejemplo, se corrige un nombre de municipio en Almería y se añaden varios municipios a la provincia de Burgos, además de incorporar la provincia de Segovia con sus correspondientes índices para cultivos como cereales, leguminosas y oleaginosas.

La orden corrige errores de una orden publicada en abril de 2013, por lo que estas modificaciones tienen efecto retroactivo para el período impositivo de 2012. Su objetivo es garantizar la correcta aplicación de la normativa fiscal a los contribuyentes del sector agrario y ganadero.

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Impugnación de una ley tributaria ante el Tribunal Constitucional

El Gobierno de Cataluña ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para cuestionar la constitucionalidad de un artículo específico (el número 19) de una ley estatal aprobada en diciembre de 2012. Esta ley buscaba mejorar las finanzas públicas y estimular la economía mediante diversas medidas fiscales.

La impugnación se centra en determinar si dicho artículo, que forma parte de una normativa de ámbito nacional, respeta los principios y derechos establecidos en la Constitución española. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este recurso, lo que significa que estudiará la cuestión planteada.

La entrada en vigor de este artículo ya se produjo con la aprobación de la Ley 16/2012 en diciembre de 2012. Sin embargo, la decisión del Tribunal Constitucional podría anular o modificar su aplicación si considera que es inconstitucional.

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