El Horno

Galicia asume la enseñanza náutico-pesquera

Este Real Decreto completa el traspaso de competencias del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de formación profesional relacionada con la navegación y la pesca. Anteriormente, ya se habían transferido algunas funciones, pero quedaba un centro específico sin incluir.

Lo que cambia es que la gestión y administración de un centro de enseñanza náutico-pesquera, ubicado en El Ferrol, pasa a ser responsabilidad directa de la Xunta de Galicia. Esto incluye los medios personales, materiales y económicos necesarios para su funcionamiento.

La efectividad de este traspaso se establece a partir de la fecha acordada por la Comisión Mixta de Transferencias, que fue el 27 de julio de 1987, aunque la aprobación formal por el Gobierno se realiza con este Real Decreto.

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España acoge un congreso internacional de historiadores

Este acuerdo del Consejo de Ministros de 1987 creó una comisión especial para organizar el XVII Congreso Internacional de Ciencias Históricas, que se celebraría en España en 1990. El objetivo era coordinar todos los esfuerzos necesarios para que este importante evento científico se desarrollara con éxito en el país.

La principal novedad es la creación de este órgano específico, encargado de planificar y ejecutar todas las acciones necesarias para la celebración del congreso. Esto implicaba la colaboración de diversos ministerios y entidades públicas para asegurar la logística, la participación y la difusión del evento.

Este acuerdo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 15 de octubre de 1987, marcando el inicio formal de los preparativos para un evento que, por primera vez, tendría lugar en España y coincidía con la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América.

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Apoyo a la enseñanza del español en el extranjero

Esta orden ministerial de 1987 estableció la creación de las Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas en varios países. Su objetivo principal es ofrecer clases de español y cultura española a los hijos de españoles que residen en el extranjero y que no pueden integrarse completamente en los sistemas educativos locales. Estas agrupaciones actúan como un punto de referencia para la acción educativa exterior, buscando mejorar el conocimiento de la lengua y la cultura española entre los jóvenes y facilitar su integración en los sistemas educativos de sus países de residencia.

Lo que cambia concretamente es la formalización de estas estructuras. Se crean oficialmente estas agrupaciones en países como Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Holanda, Reino Unido y Suiza, con sedes específicas detalladas en un anexo. Los agregados de Educación en cada país son los encargados de poner en marcha estas iniciativas, asegurando que se impartan las enseñanzas y se cumplan los objetivos marcados por el Ministerio.

Esta orden entró en vigor el 10 de octubre de 1987, fecha de su publicación. Aunque es una normativa antigua, sentó las bases para la continuidad de la enseñanza del español y la cultura española para las comunidades de españoles en el exterior, adaptándose a las necesidades de los ciudadanos españoles residentes fuera de España.

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Nuevas Agrupaciones para la Cultura Española en el Extranjero

Esta orden ministerial establece la creación y el funcionamiento de las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas. Su objetivo principal es asegurar que los españoles que viven en el extranjero, y que no pueden recibir una educación completamente adaptada a su país de residencia, puedan mantener un contacto continuo con su idioma y cultura de origen. Esto se logra a través de cursos diseñados para perfeccionar su conocimiento de forma progresiva.

Concretamente, estas agrupaciones servirán para coordinar a los profesores que imparten estos cursos en diferentes países. Además, podrán actuar como centros colaboradores para aquellos estudiantes españoles que deseen cursar estudios reglados del sistema educativo español a distancia. La finalidad es ofrecer una estructura educativa coherente y unificada para los españoles en el exterior.

La orden entró en vigor el 9 de octubre de 1987, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Su implementación se basó en un Real Decreto anterior que ya contemplaba la necesidad de reorganizar la acción educativa española en el extranjero y suprimir antiguas estructuras educativas para emigrantes.

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Mejora en el cálculo de antigüedad para maestros jubilados

Este Real Decreto aclara cómo se deben contar los años de servicio para calcular los trienios (incrementos salariales por antigüedad) de los maestros que pertenecieron al antiguo Cuerpo del Magisterio Nacional de Enseñanza Primaria. Hasta ahora, se aplicaba un coeficiente menor, pero una sentencia judicial ha dictaminado que debe ser mayor, reconociendo así un tiempo de servicio más justo.

Concretamente, a partir del 1 de diciembre de 1986, el tiempo de servicio se valorará con un índice de proporcionalidad mayor. Esto significa que los maestros afectados tienen derecho a cobrar la diferencia salarial correspondiente a los últimos cinco años, aunque este pago se realizará en tres partes iguales durante los años 1987, 1988 y 1989 para no generar un gasto público excesivo de golpe.

La aplicación de este nuevo cálculo y el derecho a percibir las diferencias salariales se hizo efectivo a partir del 1 de diciembre de 1986. Las liquidaciones se realizarán de oficio para algunos maestros, mientras que otros deberán solicitarlas formalmente a la administración correspondiente.

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Prórroga para la organización de departamentos universitarios

Este Real Decreto extiende el plazo para aplicar un régimen especial en la organización de los departamentos universitarios. Originalmente, este régimen transitorio estaba previsto hasta el 30 de septiembre de 1987, pero se ha decidido ampliarlo.

Concretamente, lo que cambia es que las normas transitorias sobre cómo se organizan los departamentos universitarios, que debían finalizar en 1987, ahora se prorrogan hasta el 30 de septiembre de 1992. Además, se permite que la recién creada Universidad de Castilla-La Mancha se acoja a estas mismas normas transitorias hasta esa fecha.

La entrada en vigor de este Real Decreto fue el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que ocurrió el 29 de septiembre de 1987. Por lo tanto, los efectos de esta prórroga comenzaron a aplicarse desde ese momento.

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Ampliación de opciones para acceder a la Universidad

Esta orden ministerial modifica la forma en que los estudiantes podían elegir asignaturas en el Curso de Orientación Universitaria (COU), que era la vía principal para acceder a la educación superior. El objetivo era ofrecer un abanico más amplio de posibilidades y mejorar la conexión entre lo que se estudiaba en el COU y la carrera universitaria elegida.

Concretamente, se pasa de tener solo dos opciones de asignaturas a ofrecer cuatro opciones distintas. Esto permite a los alumnos una mayor flexibilidad para adaptar su formación previa a sus intereses universitarios, sin alterar las materias comunes fundamentales. Se busca que la elección de asignaturas en el COU sea más útil para la futura carrera.

Estos cambios entraron en vigor a partir del curso académico 1988-1989. La modificación responde a la experiencia acumulada y a la necesidad de adaptar el sistema educativo a las demandas de los estudiantes y de la propia universidad, facilitando una mejor elección profesional y académica desde etapas tempranas.

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Se regula la enseñanza del euskera en Navarra

Esta orden ministerial establece cómo se impartirá la asignatura de euskera en los colegios e institutos de Navarra. El objetivo es que los alumnos que vivan en zonas donde se habla euskera puedan aprenderlo y utilizarlo, tal y como se recoge en la Ley Orgánica de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral de Navarra y en la Ley Foral del Euskera.

Concretamente, se detalla la distribución de horas lectivas para esta enseñanza y se indica que los programas y métodos de estudio serán definidos por el Gobierno de Navarra. Las calificaciones obtenidas en euskera se tendrán en cuenta para la evaluación general del alumno, como cualquier otra materia obligatoria. Sin embargo, si un alumno se traslada a un centro donde no se imparte euskera, una nota negativa en esta asignatura no afectará a su expediente académico.

Esta orden entró en vigor el 12 de septiembre de 1987, un día después de su publicación, para dar cumplimiento a la legislación foral aprobada previamente. Su aplicación se realiza en el marco de las competencias educativas del Estado y de la Comunidad Foral de Navarra.

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Actualización de tasas para estudios turísticos en 1987

Este Real Decreto establece las cantidades que los estudiantes debían pagar por matricularse y obtener títulos en las Enseñanzas Turísticas Especializadas durante el curso académico 1987/1988. Afecta a quienes cursaban estudios en la Escuela Oficial de Turismo y en centros privados adscritos a ella, así como a quienes buscaban convalidar títulos.

Concretamente, se fijan los precios para matrículas de curso completo, asignaturas sueltas, exámenes de ingreso y reválida. También se detallan las tasas por expedición de certificados, títulos, tarjetas de identidad, compulsa de documentos, apertura de expedientes e inscripción en centros no estatales.

La normativa entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 12 de septiembre de 1987, aplicando las nuevas tarifas para el curso académico que comenzaba.

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Se regula la enseñanza del catalán en Baleares

Esta orden ministerial establece cómo se debe impartir la lengua catalana en todos los centros educativos de las Islas Baleares, desde preescolar hasta la universidad. El objetivo es asegurar que los alumnos aprendan el catalán, que es lengua oficial junto con el castellano en el archipiélago.

Lo que cambia es que se fija un horario específico para esta enseñanza y se determina que su evaluación seguirá los mismos criterios que las demás asignaturas obligatorias. Sin embargo, si un alumno se traslada fuera de Baleares, una nota negativa en catalán no afectará su expediente académico.

Esta orden entró en vigor el 10 de septiembre de 1987, un día después de su publicación, para dar cumplimiento a la normativa autonómica sobre normalización lingüística.

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Se organiza cómo se decide el dinero extra para funcionarios del Ministerio de Educación en 1987

Esta orden ministerial de 1987 establece la composición y las funciones de una comisión especial dentro del Ministerio de Educación y Ciencia. Su objetivo principal era estudiar y aprobar propuestas relacionadas con las retribuciones del personal, incluyendo gratificaciones y complementos de productividad. Básicamente, se trataba de un órgano encargado de gestionar y decidir sobre el dinero adicional que podían recibir los empleados públicos de este ministerio.

Lo que cambia concretamente es la creación de esta comisión y su estructura. Se definen quiénes son los miembros (presidente, vicepresidente, vocales y secretario) y se establece una comisión ejecutiva con funciones más específicas. También se detallan las tareas que tendrá esta comisión, como estudiar propuestas de gratificaciones y elaborar criterios para la productividad, asegurando un control sobre las decisiones económicas relacionadas con el personal.

Esta orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que los cambios que establecía se aplicaron de forma inmediata tras su publicación en 1987. Su propósito era poner en marcha un sistema organizado para la gestión de las retribuciones adicionales dentro del Ministerio de Educación y Ciencia.

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Actualización de las tasas académicas en las Escuelas Sociales

Este Real Decreto establece las cantidades que los estudiantes debían pagar por matricularse y obtener títulos en las Escuelas Sociales durante el curso académico 1987/1988. Afecta a quienes cursaban estudios para obtener el título de Graduado Social o para actualizar conocimientos, así como a las tasas de secretaría para expedientes y títulos.

Concretamente, se fijan los importes para cursos completos, asignaturas sueltas, exámenes de reválida, cursos de actualización, compulsa de documentos, certificaciones y la expedición del título de Graduado Social. Los centros privados tenían tarifas reducidas en algunos conceptos.

La normativa entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 9 de septiembre de 1987, actualizando las tasas del curso anterior para adaptarlas a la nueva integración de estas enseñanzas en la Universidad.

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Nueva forma de acceder a la Universidad

Esta orden ministerial establece un nuevo modelo para las pruebas de acceso a la universidad. El objetivo es que los estudiantes demuestren no solo una formación general y madurez, sino también conocimientos específicos que les preparen mejor para los estudios universitarios que elijan.

El examen se divide en dos partes. La primera evalúa conocimientos comunes a todos los alumnos, asegurando una base general. La segunda parte se centra en las materias elegidas por el estudiante dentro de su opción de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), buscando una mayor profundidad y adecuación a la carrera deseada.

Esta normativa entró en vigor el 7 de septiembre de 1987, sustituyendo y unificando la legislación anterior para hacer el proceso más claro y adaptado a los tiempos actuales.

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Simplificación en los estudios musicales

Este Real Decreto busca agilizar y hacer más lógicos los requisitos para inscribirse en ciertos cursos de los Conservatorios de Música. Anteriormente, para avanzar en asignaturas como Canto o Instrumentos, se exigía tener aprobado un curso previo de Solfeo y Teoría de la Música, lo que a veces obligaba a los alumnos a interrumpir sus estudios de instrumento durante un año. También se modifican las normas para acceder a Música de Cámara, eliminando retrasos innecesarios.

Con este cambio, se elimina la necesidad de cursar un año completo de Solfeo y Teoría para poder continuar con los estudios de instrumento en el grado medio. Asimismo, se facilita el acceso a Música de Cámara, evitando que los alumnos tengan que esperar un año más para poder cursarla. Se busca que el progreso en los estudios sea más directo y acorde a las necesidades de los estudiantes.

La entrada en vigor de esta normativa se produjo el 5 de septiembre de 1987, fecha en la que se publicó el Real Decreto 1073/1987. Este cambio se aplicó a nivel nacional, afectando a todos los Conservatorios de Música del país y buscando una mayor coherencia en la organización académica de estos centros educativos.

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El gallego se hace oficial en los exámenes de acceso a la universidad en Galicia

Este Real Decreto establece que, a partir del curso 1987/1988, los estudiantes que hayan cursado el Bachillerato y el Curso de Orientación Universitaria en Galicia, y que hayan estudiado gallego, deberán demostrar su conocimiento de esta lengua en las pruebas de aptitud para acceder a las facultades y escuelas universitarias de la comunidad autónoma.

Concretamente, la asignatura de Lengua Gallega se incluirá en las pruebas de aptitud, y su calificación se integrará en un bloque junto con Filosofía, Lengua Extranjera y Lengua Castellana. La nota final de este bloque será la media de las calificaciones obtenidas en todas estas materias.

La medida entra en vigor para el curso académico 1987/1988, afectando a todos los alumnos que cumplan los requisitos de haber cursado sus estudios en centros gallegos y haber recibido formación en lengua gallega durante su etapa preuniversitaria.

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Estudios de nivel medio y artísticos ahora son gratuitos

Esta ley establece que los estudios de bachillerato, formación profesional y los de artes aplicadas y oficios artísticos no tendrán coste alguno en centros públicos. Esto significa que los estudiantes ya no tendrán que pagar tasas académicas por estos estudios, facilitando el acceso a la educación superior.

La medida busca hacer efectivo el derecho a la educación para todos, eliminando barreras económicas. Además, se extiende la gratuidad a los alumnos que cursen estas mismas enseñanzas en centros privados, garantizando la igualdad de oportunidades independientemente del tipo de centro elegido.

La ley entró en vigor el 2 de septiembre de 1987, marcando un hito en la política educativa al suprimir las tasas académicas para estos niveles de estudio y promover una mayor escolarización.

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Ordre du 30 juillet 1987 – Règlement du Conseil social de l'Université Complutense de Madrid

Cet ordre ministériel approuve le règlement interne du Conseil social de l'Université Complutense de Madrid, organe chargé de la participation de la société civile aux affaires universitaires. Il concerne l’ensemble du personnel, les étudiants, les représentants des entreprises et les autorités publiques liées à l’université.

Le texte fixe la composition, les missions et les procédures de fonctionnement du Conseil social : promotion et supervision des activités économiques, définition des besoins sociaux, soutien à la recherche et à l’extension universitaire, ainsi que la négociation de conventions avec des acteurs publics et privés. Il précise également que le Conseil ne peut pas intervenir dans l’organisation pédagogique ou la gestion académique.

Le règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Bulletin officiel de l’État, soit le 31 juillet 1987, et reste applicable tant qu’il n’est pas modifié ou abrogé par une nouvelle disposition.

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Ayudas escolares para afectados por el síndrome tóxico en 1987-1988

Esta orden ministerial establece las normas para solicitar becas y ayudas escolares destinadas a los alumnos que sufrieron el síndrome tóxico. El objetivo es facilitar su acceso a la educación en el curso académico 1987-1988, reconociendo las necesidades específicas que pudieran tener.

Concretamente, los afectados por el síndrome tóxico deberán seguir los procedimientos y requisitos establecidos en las convocatorias generales de becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación y Ciencia para ese curso. Esto incluye tanto la educación general básica como estudios posteriores y enseñanza preescolar en centros privados, cada uno con sus respectivas órdenes específicas.

La orden entró en vigor en el momento de su publicación, y el plazo para solicitar estas ayudas comenzó a partir de entonces y finalizó el 31 de octubre de 1987, permitiendo a los estudiantes afectados gestionar su apoyo educativo dentro de los plazos establecidos.

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Création de l’École Galicienne de l’Administration Publique La loi 4/1987 crée une entité autonome chargée de la formation du personnel de la fonction publique en Galice. Elle concerne les fonctionnaires, les candidats aux concours et les agents en poste dans les administrations régionales, ainsi que les structures qui collaborent avec l’État galicien.

Concrètement, la nouvelle école, dotée de personnalité juridique et d’un patrimoine propre, pourra organiser des cours de sélection, de formation continue et de perfectionnement, développer des programmes de recherche et créer des délégations ou des centres spécialisés dans toute la communauté autonome. Elle fonctionne sous la tutelle de la Consellería de la Presidencia et pourra conclure des conventions avec d’autres institutions publiques ou privées.

La loi a été promulguée le 21 juillet 1987 et est entrée en vigueur immédiatement, rendant l’organisme autonome opérationnel dès cette date. Les premiers cours et activités ont pu être lancés dès l’été 1987, marquant le passage d’une structure dépendante à une entité autonome de formation publique.

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Nace el Consejo Universitario de Galicia para modernizar la educación superior

Esta ley establece la creación y el funcionamiento del Consejo Universitario de Galicia. Su objetivo principal es modernizar la estructura de la universidad gallega, que hasta entonces se centraba en una única institución con varios campus. Se busca pasar de un modelo de universidad única a uno más plural, que ofrezca una mayor variedad de estudios y se adapte mejor a las necesidades de una sociedad en crecimiento.

Concretamente, la ley crea el Consejo Universitario de Galicia como un órgano clave para esta transformación. Este consejo tendrá la responsabilidad de supervisar y planificar la educación superior en la comunidad autónoma, buscando una oferta educativa más rica y adaptada a las demandas de los ciudadanos. También se refuerza el papel del Consejo Social de la Universidad, que ya existía, para garantizar la intervención de la sociedad en la gestión universitaria.

La ley fue aprobada por el Parlamento de Galicia y entró en vigor tras su promulgación. Su aplicación supuso un paso importante para la organización y el futuro de la educación superior en la comunidad autónoma, sentando las bases para una estructura universitaria más flexible y diversificada.

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Estudios públicos gratuitos y centros con más libertad de gestión

Esta ley establece que los estudios de Bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en centros públicos de Andalucía serán gratuitos. Esto significa que los alumnos no tendrán que pagar tasas académicas ni administrativas para cursar estas enseñanzas. Además, la ley otorga a los centros docentes públicos no universitarios una mayor autonomía en su gestión económica, permitiéndoles aplicar los ingresos que obtengan por servicios adicionales a sus propios gastos de funcionamiento.

Concretamente, se eliminan las tasas para cursar Bachillerato, Formación Profesional y enseñanzas artísticas en institutos y centros públicos andaluces. Asimismo, los centros podrán gestionar de forma más independiente sus recursos económicos, incluyendo aquellos que provengan de aportaciones externas, destinándolos a mejorar su funcionamiento. El Consejo Escolar de cada centro tendrá la responsabilidad de aprobar su presupuesto.

Esta ley entró en vigor el 20 de julio de 1987, fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, sus efectos son aplicables desde ese momento para los estudiantes y centros educativos de la comunidad autónoma andaluza.

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Pequeñas correcciones en un reglamento educativo antiguo

Se trata de una orden ministerial que corrige errores tipográficos y de redacción detectados en un reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Escolar del Estado. Este consejo es un órgano consultivo y asesor en materia educativa.

Los cambios son muy específicos y se refieren a la corrección de palabras mal escritas o gramaticalmente incorrectas dentro del texto original del reglamento. Por ejemplo, se corrige "la determinación" por "la terminación", "las ponenicas" por "las ponencias", o "Asismismo" por "Asimismo".

Esta corrección de erratas se publicó el 8 de julio de 1987. Los cambios son de carácter formal y no alteran el contenido sustancial de las normas que regulan el funcionamiento del Consejo Escolar del Estado.

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Reglas internas del Consejo Social de la UIB

Esta orden ministerial aprueba el reglamento que establece cómo funciona el Consejo Social de la Universidad de las Islas Baleares. Este consejo es un órgano clave donde la sociedad de las islas participa en la vida de su universidad, asegurando que sus decisiones sean independientes en sus competencias.

Lo que cambia es la estructura y las funciones específicas de este Consejo Social. Se detalla quién lo compone, incluyendo representantes de la propia universidad y de diversos sectores sociales y económicos de las Islas Baleares, y se fija su sede. El objetivo es que la sociedad tenga voz en la gestión universitaria.

El reglamento entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, sus normas se aplicaron desde ese momento, estableciendo el marco de actuación del Consejo Social de la Universidad de las Islas Baleares para la toma de decisiones que afectan a la institución y su relación con la sociedad.

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Nuevas categorías para el personal de la Universidad de Cádiz

Este decreto aprueba una reforma en los estatutos de la Universidad de Cádiz, introduciendo cambios significativos en la organización de su personal de administración y servicios (PAS). El objetivo principal es definir de manera más clara las diferentes categorías y grupos profesionales dentro de la universidad, equiparándolos a los existentes en otras administraciones públicas.

Concretamente, se establecen cinco grupos (A, B, C, D y E) según el nivel de titulación académica requerido para el ingreso, desde títulos universitarios superiores hasta certificados escolares. Esto permitirá una mejor clasificación y desarrollo profesional del personal, además de la posibilidad de crear nuevas escalas si la universidad lo considera necesario para su funcionamiento óptimo.

La reforma, aprobada por el Claustro General de la Universidad y posteriormente por el Consejo de Gobierno, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, lo que significa que los cambios se aplicaron a partir del 4 de julio de 1987.

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Estudios de Bachillerato y FP gratuitos en centros públicos

Esta ley establece que los estudios de Bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos serán completamente gratuitos para todos los estudiantes que los cursen en centros educativos públicos. Esto significa que ya no habrá que pagar tasas académicas por estos estudios en colegios e institutos públicos.

Además de hacer gratuitos estos niveles educativos, la ley también elimina las tasas académicas para los alumnos que cursen estos mismos estudios en centros privados. El objetivo es facilitar el acceso a la educación superior y garantizar el derecho a la formación para todos los jóvenes.

La ley entró en vigor el 3 de julio de 1987, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, desde ese momento, los estudiantes que accedan a estos estudios en centros públicos no deberán abonar ninguna cantidad en concepto de tasas académicas.

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Reglas de funcionamiento del Consejo Escolar del Estado

Esta orden ministerial aprueba el reglamento interno que rige cómo debe funcionar el Consejo Escolar del Estado. Este órgano es importante porque asesora al Gobierno en materia educativa y participa en la toma de decisiones sobre la educación en España. El reglamento detalla su composición, las funciones de su presidente y cómo se organizan sus reuniones y acuerdos.

Lo que cambia concretamente es que se establecen las normas detalladas para el funcionamiento del Consejo Escolar del Estado. Esto incluye cómo se convocan las reuniones, quién preside, cómo se toman las decisiones y las responsabilidades de sus miembros, especialmente las del presidente. El objetivo es asegurar que el Consejo pueda operar de manera eficiente y transparente.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Dado que la orden es de junio de 1987, su entrada en vigor fue poco después de esa fecha, estableciendo las bases de funcionamiento del Consejo Escolar del Estado desde entonces.

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Actualización en la gestión de estadísticas educativas

Esta orden ministerial de 1987 modifica una anterior de 1985 para ajustar la forma en que el Ministerio de Educación y Ciencia recopila y gestiona los datos estadísticos de las enseñanzas no universitarias. El objetivo es asegurar que la información sea precisa y útil para la toma de decisiones en el ámbito educativo.

Lo que cambia concretamente es la composición de la comisión encargada de coordinar y supervisar estas estadísticas. Se actualiza para reflejar la nueva estructura del Ministerio, garantizando que los miembros sean los adecuados para sus funciones. Esta comisión es clave para definir qué datos se recogen, cómo se recogen y cómo se presentan.

La orden entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque la fecha exacta de aplicación no se detalla en el extracto, se refiere a la modificación de una norma previa que ya estaba en vigor. Su propósito es mantener al día el sistema de información educativa.

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Actualización del Libro de Escolaridad para la Educación Básica

Esta orden ministerial adapta las características del Libro de Escolaridad, un documento oficial que registraba el progreso académico de los alumnos de Educación General Básica. Su objetivo principal era asegurar que la información académica de los estudiantes se reflejara correctamente en sus expedientes, especialmente tras cambios en la normativa educativa.

Lo que cambia concretamente es la forma en que se certifican las calificaciones para los cursos superiores de esta etapa educativa. Se introducen nuevos modelos de certificación y se establecen procedimientos para inutilizar las páginas del libro de escolaridad una vez que los cursos se han completado, indicando dónde se trasladan las calificaciones. Esto garantiza la validez y el orden de la información académica.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que sus disposiciones fueron aplicables de forma inmediata a partir de la fecha de su publicación en 1987. Su propósito era estandarizar la gestión de los registros académicos en todo el territorio nacional.

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Nace la Universidad Pública de Navarra

Esta ley crea oficialmente la Universidad Pública de Navarra, una institución destinada a ofrecer educación superior en la comunidad. Su objetivo principal es impulsar el progreso cultural, científico y técnico de Navarra a través de la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria, asegurando que la formación llegue a todos los ciudadanos con mérito.

La ley establece que la universidad tendrá autonomía para gestionar su propia actividad, garantizando las libertades de cátedra, investigación y estudio, pilares fundamentales de cualquier universidad pública moderna. Se crea como un servicio público esencial para el desarrollo de la región.

La ley fue aprobada por el Parlamento de Navarra y entró en vigor el 12 de junio de 1987. A partir de esa fecha, la Universidad Pública de Navarra comenzó su andadura oficial, regida por esta ley foral y la normativa universitaria general española.

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Procedimiento para desafectar edificios escolares municipales

Esta orden detalla cómo se debe solicitar y obtener un permiso para dejar de usar un edificio escolar que es propiedad de un ayuntamiento. El objetivo es asegurar que estos edificios se utilicen correctamente y no se pierdan para fines educativos sin una justificación adecuada.

Concretamente, se establecen los formularios y los pasos que deben seguir los servicios de educación para emitir informes técnicos y de planificación. Estos informes son necesarios para que el director provincial de educación decida si autoriza o no la desafectación del edificio. Si hay dudas o se dan ciertas circunstancias, el expediente puede pasar a una junta superior.

La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que ocurrió poco después del 4 de junio de 1987. Por lo tanto, las normas de este procedimiento se aplican desde esa fecha.

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