El Horno

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Convalidación de estudios de Confección a Ingeniero Técnico Textil

Este Real Decreto permite que las personas que cursaron los estudios superiores de Confección en el Centro de Enseñanzas Integradas de Zaragoza, autorizados en 1977, puedan obtener el título oficial de Ingeniero Técnico Textil. Hasta ahora, estos estudios no tenían un reconocimiento académico oficial pleno, lo que generaba confusión y dudas sobre su validez.

Concretamente, quienes hayan completado estos estudios de Confección podrán solicitar la expedición del título de Ingeniero Técnico Textil ante la Universidad de Zaragoza. Para ello, deberán presentar una certificación académica personal que acredite la superación de dichos estudios. La medida busca dar seguridad jurídica y satisfacer las expectativas de los afectados.

La convalidación entra en vigor con la publicación de este Real Decreto, que data del 9 de agosto de 1991. Los estudios de Confección en Zaragoza comenzaron a extinguirse gradualmente a partir del curso 1990-91, lo que hace esta convalidación especialmente relevante para quienes ya habían iniciado o completado su formación.

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Flexibilización para contratar profesores asociados en universidades

Este Real Decreto permite a las universidades extender o prorrogar contratos de profesores asociados, incluso a tiempo completo, durante dos cursos académicos adicionales. Esto se hace para facilitar la adaptación a la reforma de las enseñanzas universitarias, que requiere que las universidades elaboren y aprueben nuevos planes de estudio.

Concretamente, las universidades podrán mantener o formalizar nuevos contratos con estos profesores asociados, manteniendo su dedicación a tiempo completo, para asegurar que el periodo de transición hacia los nuevos planes de estudio no afecte al funcionamiento académico normal.

La medida entra en vigor a partir de la fecha de su publicación, permitiendo esta extensión excepcional de contratos para los cursos académicos 1991-1992 y 1992-1993.

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Precios de matrícula universitaria para el curso 1991-1992

Esta orden ministerial establece las cantidades que los estudiantes deberán abonar por los servicios académicos en las universidades públicas dependientes del Estado para el curso 1991-1992. Se trata de fijar los precios de matrícula, que son las tasas que se pagan por estudiar en la universidad pública.

Concretamente, se actualizan los precios de los estudios que siguen el sistema tradicional de cursos y asignaturas, aplicando la inflación del año anterior. Para los estudios que ya se organizan por créditos, se establece un precio por crédito basándose en el coste de un curso en el sistema tradicional y el número de créditos del plan de estudios. Este precio por crédito es específico para este curso académico.

La orden entra en vigor para el curso académico 1991-1992, es decir, a partir de septiembre de 1991. Los precios fijados son los que se aplicarán durante todo ese periodo académico en las universidades públicas estatales.

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Se corrigen errores en los Estatutos de la Universidad de León

Este Real Decreto se trata de una corrección de pequeños errores detectados en el texto original de los Estatutos de la Universidad de León, aprobados en 1991. No introduce cambios sustanciales en la normativa, sino que busca asegurar que el documento oficial refleje con precisión lo que se pretendía establecer.

Las correcciones afectan a detalles como la redacción de ciertas frases, la numeración de capítulos, la atribución de porcentajes en la representación de alumnos y la omisión de un punto en un artículo. Son ajustes técnicos para que el texto sea coherente y claro, sin alterar el fondo de las normas universitarias.

La entrada en vigor de estas correcciones es inmediata, ya que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado el 8 de agosto de 1991, subsanando los errores del texto original publicado el 12 de junio de 1991.

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Corrección de errores en la normativa de Educación Primaria

Este documento se refiere a una corrección de pequeños errores detectados en un Real Decreto de 1991 que establecía las bases de la Educación Primaria en España. Básicamente, se trata de subsanar fallos tipográficos y de redacción que aparecieron en la publicación original de dicho decreto.

Lo que cambia concretamente son detalles muy específicos en el texto del decreto. Por ejemplo, se corrige la ortografía de la palabra "catellano" a "castellano", se ajusta la concordancia gramatical de "deban" a "debe" en una frase sobre metodología educativa, y se corrigen términos en los anexos relacionados con procedimientos, como "pastoral" por "postural" y "radio, T.V." por "video, magnetófono".

La entrada en vigor de estas correcciones es inmediata desde su publicación. Aunque el Real Decreto original es de 1991, estas rectificaciones se aplican para asegurar que la normativa vigente refleje con precisión lo que se pretendía legislar en su momento, corrigiendo errores que no afectan al fondo de la ley pero sí a su claridad y exactitud.

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Pequeñas correcciones en las normas de la ESO

Este documento es una corrección de errores de un Real Decreto de 1991 que fijaba las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Básicamente, se han corregido algunas palabras mal escritas o formuladas de manera imprecisa en el texto original que se publicó en el Boletín Oficial del Estado.

Los cambios son muy puntuales y afectan a la redacción de algunos criterios de evaluación, la descripción de actitudes a fomentar en los alumnos y la denominación de asignaturas. Por ejemplo, se aclara que la evaluación debe considerar la complejidad de 'circunstancias e intereses' en lugar de solo 'intereses', o se especifica que la asignatura es 'Lengua Castellana y Literatura'.

Esta corrección de erratas entró en vigor el 1 de agosto de 1991, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Su objetivo es asegurar que el texto oficial refleje fielmente la intención original del legislador en cuanto a los contenidos educativos de la ESO.

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Creación de Escalas de Funcionarios en la Universidad Pública de Navarra

Esta resolución oficializa la creación de diferentes grupos o escalas para el personal de administración y servicios de la Universidad Pública de Navarra. El objetivo es organizar a estos trabajadores según su nivel de formación y las funciones que desempeñan dentro de la institución universitaria.

Concretamente, se establecen grupos (A, B y C, aunque el texto se interrumpe antes de detallar el C) que agrupan al personal según la titulación requerida para acceder a cada puesto. Por ejemplo, el Grupo A incluye puestos de gestión administrativa superior que exigen títulos universitarios como Doctor o Licenciado, mientras que el Grupo B abarca funciones técnicas especializadas para las que se requiere un título de Ingeniero Técnico o Diplomado Universitario, entre otros.

Este acuerdo fue adoptado por la Comisión Gestora de la Universidad Pública de Navarra el 18 de septiembre de 1989 y publicado oficialmente mediante esta resolución el 26 de julio de 1991. Por lo tanto, su entrada en vigor se remonta a la fecha de su publicación, afectando a la estructura y clasificación del personal de administración y servicios de dicha universidad desde entonces.

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Pequeña corrección en los Estatutos de la Universidad de Extremadura

Este documento es una corrección de un error que se detectó en el Real Decreto que aprobó los estatutos de la Universidad de Extremadura en 1991. Básicamente, se trata de una errata en el texto original que se publicó en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que cambia es muy concreto: en el artículo 175, apartado b), se ha corregido el nombre de un organismo público. Donde antes ponía "Secretaría de Estado de la Función Pública", ahora se especifica correctamente "Secretaría de Estado para la Administración Pública". Es un cambio menor en la denominación de una secretaría de estado.

Este tipo de correcciones de errores no tienen una fecha de entrada en vigor específica, ya que se aplican de forma inmediata desde el momento en que se publica la rectificación. El objetivo es asegurar que la información oficial sea precisa y no genere confusiones.

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Nuevo reglamento para el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza

Esta orden ministerial aprueba un nuevo reglamento interno para el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza. Este órgano es el encargado de conectar la universidad con la sociedad, ayudando a conseguir los recursos necesarios para su funcionamiento y autonomía financiera. Su objetivo es facilitar la participación ciudadana en la vida universitaria y supervisar aspectos económicos y de gestión.

Concretamente, este reglamento actualiza las funciones y competencias del Consejo Social. Entre ellas se encuentra la propuesta de creación o supresión de facultades y escuelas, la aprobación del presupuesto de la universidad y su programación plurianual, así como la supervisión de las actividades económicas y el rendimiento de los servicios universitarios. También se encarga de promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la universidad.

La orden ministerial fue aprobada el 10 de julio de 1991 y entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Con esta aprobación, se deroga el reglamento anterior que databa de 1987, estableciendo así un marco normativo actualizado para el funcionamiento del Consejo Social.

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Rectificación de un decreto sobre requisitos de centros educativos

Este documento es una corrección de errores de un Real Decreto de 1991 que establece las condiciones mínimas para los centros educativos que imparten enseñanzas generales no universitarias. Básicamente, se trata de arreglar pequeños fallos de redacción y referencias a otros decretos que se incluyeron en el texto original.

Afecta a centros educativos de toda España que imparten desde infantil hasta bachillerato. Las correcciones son de detalle, como especificar que los locales deben ser de uso exclusivamente educativo, añadir la orientación a las actividades de coordinación, o corregir el número de otros Reales Decretos que se mencionaban, asegurando que las referencias sean correctas.

La entrada en vigor de estas correcciones es inmediata, ya que se trata de subsanar errores en un texto ya publicado. El objetivo es que la normativa que regula los requisitos de los centros educativos sea precisa y clara para todos los implicados, garantizando así el correcto funcionamiento del sistema educativo.

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Nuevas reglas para clubes deportivos profesionales

Este Real Decreto establece que los clubes deportivos que compitan a nivel profesional en España deben transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas. El objetivo es mejorar la responsabilidad económica y jurídica de estas entidades, asegurando una gestión más transparente y profesionalizada.

Concretamente, los clubes deberán adoptar esta nueva forma jurídica, ya sea transformándose directamente o creando una sociedad aparte para gestionar sus equipos profesionales. Se contemplan algunas excepciones para clubes con buena gestión asociativa previa, pero la norma busca unificar el modelo de gestión en el deporte profesional.

Este Real Decreto entró en vigor el 15 de julio de 1991, estableciendo un marco legal específico para las Sociedades Anónimas Deportivas y regulando el proceso de adaptación para los clubes afectados en ese momento.

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Actualización de las pruebas de acceso para estudiantes extranjeros

Esta orden ministerial actualiza el contenido de las pruebas de aptitud que deben superar los estudiantes con estudios extranjeros para poder acceder a universidades y centros de formación superior en España. El objetivo principal es corregir errores y omisiones en la normativa anterior para facilitar la comprensión y aplicación de los temarios.

Lo que cambia concretamente es el anexo que detalla el programa de la prueba de Lengua Española. Este nuevo anexo presenta de forma más clara y completa los contenidos que los aspirantes deben dominar, abarcando desde la estructura del lenguaje verbal hasta el análisis de sintagmas y la oración gramatical.

La orden entró en vigor el 11 de julio de 1991, sustituyendo la versión anterior del anexo que había sido modificada previamente en marzo de 1991 y originalmente establecida en julio de 1988.

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Se definen las bases de la educación secundaria obligatoria

Este Real Decreto establece las enseñanzas mínimas que deben impartirse en toda España para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Su objetivo es garantizar que todos los estudiantes del país reciban una formación común y básica, independientemente de dónde vivan, asegurando así la igualdad de oportunidades educativas.

Lo que cambia concretamente es que se fijan los contenidos, objetivos y criterios de evaluación esenciales que deben incluirse en el currículo de la ESO. Las Comunidades Autónomas, que tienen la competencia de desarrollar el currículo completo, deben asegurarse de que estas enseñanzas mínimas nacionales se respetan y se integran en sus planes de estudio.

Este Real Decreto entró en vigor el 26 de junio de 1991, marcando un hito en la estandarización de la educación secundaria en España, basándose en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990.

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Establece las bases de la Educación Primaria en España

Este Real Decreto define los contenidos y objetivos esenciales que todos los niños y niñas de España deben aprender durante la Educación Primaria. Su objetivo es garantizar una formación común y de calidad para todos, independientemente de dónde vivan.

Lo que cambia es que se fijan unas "enseñanzas mínimas", es decir, lo fundamental que debe impartirse en todas las escuelas. Las Comunidades Autónomas, que son las responsables de la educación en sus territorios, deben incluir estas enseñanzas mínimas en sus propios programas educativos, pudiendo añadir contenidos adicionales.

Este decreto entró en vigor en 1991, estableciendo las bases para la educación primaria que se ha impartido desde entonces, adaptándose a las leyes educativas posteriores.

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Facilita el acceso a la universidad que prefieras

Este Real Decreto busca que los estudiantes tengan más libertad para elegir dónde estudiar en la universidad, incluso si está en una ciudad o comunidad autónoma diferente a la que les correspondería inicialmente. La idea es que puedas acceder a la carrera que realmente quieres cursar, mejorando tus opciones y fomentando una sana competencia entre las universidades.

Lo que cambia concretamente es que las universidades deberán reservar un porcentaje de sus plazas para permitir esta movilidad. Esto significa que, aunque no sea la totalidad de las plazas, habrá una vía para que los estudiantes puedan cambiar de centro universitario si así lo desean, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para evitar desajustes.

Este Real Decreto entró en vigor el 26 de junio de 1991. Fue una medida pensada para adaptarse a las normativas europeas que promovían la libre circulación de personas, incluyendo el ámbito educativo, y se implementó de forma progresiva para asegurar su correcta aplicación sin generar problemas en el sistema universitario.

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Normas para colegios y centros educativos

Este Real Decreto establece las condiciones mínimas que deben cumplir los centros educativos que imparten enseñanzas generales no universitarias, como infantil, primaria, secundaria o bachillerato. Su objetivo es garantizar la calidad de la educación ofrecida a los estudiantes.

Concretamente, se fijan requisitos sobre la titulación de los profesores, la proporción de alumnos por cada profesor, las instalaciones disponibles (incluyendo las deportivas) y el número de plazas escolares. Si un centro privado deja de cumplir estas normas, la administración puede retirarle la autorización para funcionar.

Este Real Decreto entró en vigor el 26 de junio de 1991, estableciendo un marco nacional para la regulación de estos centros educativos.

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Un plan para modernizar la educación en España

Este Real Decreto establece cómo se aplicará progresivamente una nueva ley educativa aprobada en 1990. Su objetivo es actualizar el sistema educativo español, eliminando gradualmente los planes de estudio antiguos e introduciendo los nuevos currículos. También se definen las equivalencias para quienes ya cursaban estudios bajo el sistema anterior.

Lo que cambia concretamente es que se marca un calendario detallado para la implantación de estas reformas a lo largo de diez años. Esto incluye la adaptación de los conciertos educativos (ayudas públicas a centros privados) y la incorporación de medidas para mejorar la calidad de la enseñanza. Permite cierta flexibilidad para que las comunidades autónomas puedan adelantar la aplicación de algunas novedades.

Este plan de aplicación entró en vigor el 25 de junio de 1991, fecha de su publicación. El Real Decreto servía como guía clara para todos los implicados en la educación, desde los centros hasta las administraciones, para planificar la transición hacia el nuevo modelo educativo en el plazo establecido.

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Se disuelve el órgano de gobierno de un instituto de investigación

Esta orden ministerial pone fin al Patronato del Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Este órgano era el encargado de supervisar y dirigir las actividades del instituto, que se creó en 1988 para investigar sobre teoría social y problemas sociales.

Lo que cambia es que el Instituto de Estudios Sociales Avanzados dejará de tener un Patronato propio. A partir de ahora, su funcionamiento se regirá directamente por el reglamento general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es su organismo superior.

La orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que los efectos son inmediatos una vez que se haga oficial.

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Nuevas reglas para el Curso de Orientación Universitaria

Esta orden ministerial de 1991 establece cómo se evalúa a los estudiantes del Curso de Orientación Universitaria (COU) y las condiciones para inscribirse. El COU era un curso previo a la universidad que ayudaba a los estudiantes a decidir qué carrera estudiar.

Lo que cambia es que se clarifican las normas sobre la repetición del curso y las situaciones en las que un alumno puede tener problemas para completarlo en el tiempo establecido. También se abre la posibilidad de que los estudiantes puedan elegir una nueva opción dentro del COU si cambian sus intereses vocacionales.

Esta orden entró en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 7 de junio de 1991. Su objetivo era adaptar la normativa a las necesidades de los estudiantes y a los cambios en el sistema educativo.

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Obtén tu título de Graduado Escolar si superaste la edad obligatoria

Esta orden permite que las personas adultas que superaron la edad de escolaridad obligatoria puedan obtener el título de Graduado Escolar. Esto se realiza a través de una prueba de madurez, diseñada para acreditar que se han adquirido los conocimientos básicos equivalentes a la Educación General Básica.

Concretamente, la prueba se estructura en áreas como Lengua Castellana, Lengua Extranjera, Matemáticas y Ciencias. Superarla otorga el título de Graduado Escolar, que es un requisito para acceder a estudios posteriores como el segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y tiene efectos profesionales equivalentes al título de Graduado en Educación Secundaria.

La posibilidad de realizar estas pruebas extraordinarias se estableció por un plazo máximo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/1990, que regula el sistema educativo. Por lo tanto, esta orden regulaba un procedimiento que ya no está vigente.

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Se reconoce la Universidad Ramón Llull

Esta ley otorga reconocimiento oficial a la Universidad Ramón Llull, una institución privada de enseñanza superior en Cataluña. Su objetivo es consolidar y potenciar las actividades académicas y científicas de varios centros privados que ya venían ofreciendo formación universitaria y profesional. La creación de esta universidad busca ampliar la oferta educativa y de investigación en la región, proporcionando una nueva opción para los estudiantes.

Lo que cambia concretamente es que varios centros educativos privados, como el Instituto Químico de Sarrià o la Escuela Universitaria Blanquerna, se agrupan bajo una única entidad universitaria con personalidad jurídica propia. Esto les permite operar de manera más formalizada y ampliada, facilitando su desarrollo y la oferta de nuevas titulaciones y programas de investigación. La financiación básica de la universidad no recaerá en los presupuestos de la Generalitat.

La ley fue aprobada por el Parlamento de Cataluña y promulgada por el Presidente de la Generalitat. Entró en vigor tras su publicación, permitiendo que la Universidad Ramón Llull comenzara a operar bajo este nuevo estatus legal, consolidando así su proyecto educativo y de investigación.

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Corrección de un error en normas de elección de cargos escolares

Esta orden ministerial aclara un error tipográfico en una normativa anterior de 1991 que establecía las reglas para elegir a los responsables unipersonales en los centros educativos públicos. Afecta a los procedimientos de elección de estos cargos, como directores o jefes de estudio, asegurando que la información sea correcta y clara para todos los implicados en el proceso.

Lo que cambia concretamente es la corrección de dos frases. Por un lado, se rectifica el nombre de un organismo al que se deben enviar las candidaturas, pasando de 'Dirección General de Correos de Centros Escolares' a 'Dirección General de Centros Escolares'. Por otro lado, se cambia la palabra 'selección' por 'elección' en una de las cláusulas, para reflejar con mayor precisión el proceso que se describe.

Esta corrección entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque la normativa original es de 1991. Su objetivo es asegurar la correcta aplicación de las normas que rigen la elección de los órganos de gobierno unipersonales en los centros públicos.

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Normas para elegir directores de colegios públicos

Esta orden establece las reglas para elegir a los directores y otros cargos unipersonales de gobierno en centros educativos públicos. Su objetivo es asegurar un proceso claro y ordenado para la selección de estos puestos clave en la gestión de los colegios.

Lo que cambia es que se detallan los supuestos bajo los cuales se deben realizar estas elecciones, ya sea porque el mandato del director actual finaliza, por vacantes o por otras circunstancias específicas. También se fija una fecha límite para que estas elecciones se celebren y se envíe la propuesta de candidato.

La orden entra en vigor el 29 de abril de 1991, y establece que las elecciones de directores deben realizarse antes del 13 de junio de 1991. Esto afecta a centros de Educación General Básica, Bachillerato y Formación Profesional.

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Más idiomas en el Bachillerato

Esta norma aclara cómo los institutos pueden empezar a enseñar un segundo idioma extranjero de forma experimental. El objetivo es que más alumnos tengan la oportunidad de aprender otra lengua desde jóvenes.

Lo que cambia es que ahora los centros educativos deben presentar un plan detallado sobre cómo van a organizar las clases de este segundo idioma, indicando qué profesores se encargarán y si necesitan más personal. Esto ayuda a que la enseñanza se implante de forma ordenada.

Esta resolución entra en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque la Orden original que la inspira es de 1988. Su aplicación se realiza en el curso académico siguiente a la solicitud.

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Normas para crear y reconocer universidades y centros de estudio

Este Real Decreto establece las reglas básicas para la creación y el reconocimiento de universidades y centros universitarios que ofrecen estudios oficiales. Su objetivo es asegurar la calidad de la enseñanza superior, que se considera un servicio público esencial. Solo las universidades pueden expedir títulos oficiales válidos en toda España, por lo que cualquier centro que imparta estos estudios debe estar integrado o adscrito a una universidad.

Lo que cambia es que se fijan unos requisitos mínimos para garantizar la calidad de la docencia y la investigación. También se establecen normas para que las denominaciones de las instituciones y los títulos oficiales sean exclusivos de aquellos centros creados o reconocidos bajo esta ley, evitando confusiones. Además, se regula la creación de centros universitarios españoles en el extranjero.

Este Real Decreto entró en vigor el 20 de abril de 1991, poco después de su publicación. Su finalidad es ordenar y garantizar la calidad del sistema universitario español.

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Más oportunidades para ser Profesor Emérito en las Universidades

Este Real Decreto modifica las normas sobre los Profesores Eméritos en las universidades españolas. Los Profesores Eméritos son aquellos que, tras jubilarse, continúan colaborando con la universidad por su prestigio y experiencia. El objetivo es facilitar que más profesores con méritos suficientes puedan acceder a esta figura y que las universidades tengan más flexibilidad para contratarlos.

Concretamente, se amplía el porcentaje de Profesores Eméritos que cada universidad puede contratar, permitiendo que más de ellos sigan activos. Además, se abre la puerta a nombrar eméritos a personas de reconocido prestigio internacional, incluso si no han sido previamente profesores universitarios en España, siempre que cumplan la edad de jubilación. También se contempla la posibilidad excepcional de nombramientos por iniciativa del Ministerio de Educación y Ciencia.

Este Real Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 19 de abril de 1991. Las modificaciones afectan a las condiciones y al número de Profesores Eméritos que las universidades pueden tener contratados.

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Corrección de errores en la relación de puestos de trabajo de la UNED

Esta resolución se refiere a una corrección de errores detectados en un documento anterior de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) que publicaba la relación de puestos de trabajo para su personal funcionario de Administración. Es decir, se trata de una rectificación para que la información oficial sobre los empleos disponibles en la universidad sea correcta.

Lo que cambia concretamente es la adición de puestos de trabajo que faltaban en la sección de acceso de la lista original. Estos puestos se detallan en un anexo que acompaña a esta resolución, asegurando que la relación de empleos sea completa y precisa.

La corrección entra en vigor a partir de la fecha de esta resolución, el 14 de marzo de 1991, y se publica para que todos los interesados tengan acceso a la información actualizada y correcta sobre los puestos de trabajo en la UNED.

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