El Horno

Ayudas rápidas por catástrofes meteorológicas en Andalucía y Extremadura

Tras eventos climáticos extremos que han devastado viviendas, cultivos e infraestructuras en Andalucía y Extremadura, el gobierno activa un paquete de medidas de emergencia. Se trata de un decreto que acelera la concesión de ayudas directas sin tramitación ordinaria, porque la urgencia no permite esperar procedimientos normales.

Afecta principalmente a ciudadanos y agricultores de ambas comunidades que sufrieron pérdidas por inundaciones, tormentas o fenómenos similares. También alcanza a pequeños negocios, autónomos y administraciones locales que necesiten reparar servicios públicos dañados. Las empresas de seguros e infraestructuras también entran en el proceso de evaluación de daños.

Concretamente facilita: desembolsos más rápidos sin papeleo excesivo, ampliación de plazos para solicitar compensaciones, exención de ciertos trámites administrativos, y líneas de crédito con condiciones favorables para reconstrucción. Se crea un registro de daños acelerado y se delegan facultades a las administraciones autonómicas para que otorguen ayudas sin esperar aprobaciones centrales.

Entra en vigor el 17 de febrero de 2026 y permanecerá en

QUÉ ES

El Tribunal Constitucional resuelve una disputa entre el Congreso y el Senado sobre los tiempos para tramitar leyes. El Congreso decidió no cerrar automáticamente el plazo para presentar enmiendas (cambios) a proyectos que llegan del Senado cuando superan cierta duración, incumpliendo lo que dice su propio reglamento interno.

A QUIÉN AFECTA

Afecta a los diputados y senadores que trabajan en la elaboración de leyes, y indirectamente a los ciudadanos que dependen de que estas se aprueben en tiempos razonables. También toca la capacidad del Senado para que sus propuestas legislativas se tramiten conforme a reglas justas.

QUÉ CAMBIA

El Tribunal Constitucional obliga al Congreso a respetar su propio reglamento: cuando una proposición de ley lleva más de una prórroga en el trámite de enmiendas, los plazos deben cerrarse automáticamente. Esto evita que el Congreso bloquee indefinidamente proyectos del Senado y obliga a avanzar en los trámites legislativos.

CUÁNDO ENTRA EN VIGOR

Esta decisión es de enero de 2025 y vincula inmediatamente al Congreso a partir de su publicación oficial.

Cómo pueden votar en España los ciudadanos europeos

Si eres ciudadano de otro país de la UE y vives en España, ahora tienes un proceso claro para votar en las elecciones municipales y europeas. Esta resolución establece los trámites y el formulario que necesitas rellenar para inscribirte en el censo electoral (la lista oficial de personas con derecho a voto).

A quién le importa esto

Afecta directamente a ciudadanos alemanes, franceses, italianos, polacos y de cualquier otro país miembro de la UE que resida aquí. Si trabajas, estudias o vives en España siendo europeo, esto te abre la puerta a participar en elecciones locales y europeas sin ser español.

Qué cambia en la práctica

Tienes un formulario estándar y unos pasos definidos para registrarte. Ya no hay dudas sobre dónde hacerlo ni qué documentación llevar. Una vez inscrito, participas en igualdad con los españoles en esos comicios (aunque no en generales).

Cuándo entra en vigor

La resolución es de febrero de 2026, así que ya está en vigor. Deberías verificar con tu ayuntamiento o la Junta Electoral Provincial las fechas específicas de inscripción según las próximas convocatorias electorales.

El Congreso de los Diputados rechazó dos cambios propuestos por el Senado al proyecto de ley sobre movilidad sostenible. Estos cambios buscaban añadir nuevas reglas sobre transporte ecológico y una disposición temporal, pero el Gobierno se opuso a tramitarlos, así que la Mesa del Congreso (grupo de líderes que organiza los trabajos parlamentarios) decidió no procesarlos en el pleno.

Este conflicto afecta principalmente a los ciudadanos interesados en políticas de transporte sostenible y a las administraciones locales que dependen de marcos normativos claros para planificar infraestructuras. También impacta indirectamente a empresas de movilidad y transporte que esperan certidumbre regulatoria.

Lo que cambia es que esas dos enmiendas nunca se debatirán en el pleno del Congreso. Aunque el Senado las aprobó, el procedimiento se detiene aquí. Esto significa que la ley de movilidad sostenible avanzará sin esas incorporaciones, a menos que este conflicto se resuelva en el Tribunal Constitucional (que es el árbitro en desacuerdos entre instituciones públicas).

El conflicto se plantea formalmente el 11 de noviembre de 2025, cuando la Mesa del Congreso toma esta decisión. La resolución del Tribunal

Acuerdo de reconocimiento de certificados entre España y Uruguay para marineros

España y Uruguay acuerdan reconocer mutuamente los certificados y formación que cada país expide a sus marineros y oficiales de barco. Así, un marinero certificado en España puede trabajar en buques uruguayos sin necesidad de tramitar nuevos papeles, y viceversa. Se basa en el convenio internacional (STCW) que establece estándares mínimos de preparación y seguridad en el mar.

Afecta principalmente a marineros, capitanes, oficiales y trabajadores del sector marítimo-portuario que busquen emplearse en buques de ambos países. También facilita a las navieras españolas y uruguayas contratar personal formado en el otro país sin trámites administrativos duplicados.

Lo concreto: los certificados expedidos por España (competencia de la Dirección General de Marina Mercante) valen automáticamente en Uruguay, y los uruguayos en España. Se elimina la necesidad de "homologar" o revalidar títulos entre ambas administraciones marítimas, ahorrando tiempo y costes.

El acuerdo se firmó el 26 de septiembre en Madrid y 31 de octubre en Montevideo de 2012. Entró en vigor tras su ratificación por ambos países (generalmente después de su publicación oficial en sus respectivos boletines legislativos).

Qué ocurre aquí

El Gobierno y el Senado se enfrentan porque el Gobierno rechaza dos cambios que el Senado aprobó en una ley sobre movilidad sostenible. Estas dos enmiendas añadirían nuevas reglas al proyecto: un artículo nuevo (el 61 bis) y una disposición transitoria (instrucciones temporales de aplicación). El Gobierno dice que no está de acuerdo con cómo se han tramitado estas modificaciones.

A quién le toca

Afecta principalmente a empresas de transporte y servicios de movilidad, y a ciudadanos que usan estos servicios. También impacta en el Gobierno y el Senado, que deben resolver quién tiene razón en este procedimiento parlamentario. Las administraciones locales que gestionan transporte también están en juego.

Qué se decide

Un tribunal constitucional debe resolver si el Senado actuó correctamente al aprobar esas enmiendas o si violó reglas del procedimiento legislativo (la forma en que deben aprobarse las leyes). Dependiendo de la decisión, esas dos modificaciones podrían mantenerse, rechazarse o replantearse. En otras palabras: se define qué reglas adicionales o transitorias entrarán finalmente en la ley de movilidad.

Fecha clave

El conflicto se abrió en 2026

Qué es Un acuerdo entre España y Perú que permite a los marineros peruanos trabajar en barcos españoles (y viceversa) sin tener que repetir sus cursos de formación. Básicamente, cada país reconoce como válidas las titulaciones y diplomas que el otro ha otorgado a su gente de mar.

A quién afecta Marineros, capitanes y personal técnico de buques peruanos que quieran trabajar en la flota mercante española. También afecta a empresas navieras españolas que contraten profesionales peruanos, y al revés. En menor medida, a las autoridades portuarias de ambos países, que deben aceptar estos certificados sin cuestionarlos.

Qué cambia Desaparece la burocracia de homologaciones (trámites para validar un título en otro país). Un marinero peruano ya no necesita pasar exámenes adicionales en España ni esperar meses para que le reconozcan su experiencia. Esto abarata costes para las navieras y facilita la movilidad laboral en el sector marítimo.

Cuándo entra en vigor Se firmó el 30 de julio de 2002 en Madrid y Lima. El acuerdo es bilateral (entre dos países) y se enmarca en los estándares internacionales de la Organización Marítima Internacional para que los marin

Qué es Un pacto entre España y Cuba para que reconozcan mutuamente los títulos de marineros. Si un marinero cubano obtiene su licencia en Cuba, España la acepta como válida, y viceversa. Evita que tengan que repetir exámenes o trámites cuando trabajan en barcos del otro país.

A quién afecta Marineros, capitanes y personal de barcos (tripulaciones mercantes) que trabajen o quieran trabajar entre España y Cuba. También afecta a las navieras y armadores que contratan estas personas, porque simplifica la documentación requerida para operar en aguas de ambos países.

Qué cambia Los marineros cubanos pueden trabajar legalmente en buques españoles presentando su título cubano sin necesidad de convalidarlo (proceso que normalmente requiere evaluaciones adicionales). Lo mismo para marineros españoles en Cuba. Acelera las contrataciones y reduce costes administrativos para empresas navieras.

Cuándo entra en vigor El acuerdo se firmó el 19 de julio en Madrid y el 30 en La Habana en 2002. A partir de esa fecha comienza su vigencia entre ambos países.

Acuerdo España-Chile sobre títulos de marineros

España y Chile acuerdan reconocer mutuamente los diplomas y certificados que obtienen los marineros profesionales en ambos países. Es decir: si completaste tu formación como capitán, maquinista u otro puesto en la marina mercante chilena, España acepta tu título como válido, y viceversa. Esto funciona como un "pasaporte profesional" entre ambos países.

Afecta principalmente a marineros profesionales, capitanes, oficiales de máquinas y personal técnico de buques que trabajan en la marina mercante (barcos comerciales). También impacta a las escuelas de formación marítima y autoridades portuarias de ambos países, que deben reconocer estos certificados.

El cambio concreto es que ya no necesitarás revalidar (renovar o verificar) tu título cuando trabajes en el otro país. Si trabajas en un buque español con tu certificado chileno, o viceversa, la documentación es directamente válida. Esto agiliza contrataciones y movilidad laboral sin trámites adicionales de homologación.

El acuerdo entró en vigor el 30 de julio de 2002, cuando ambos gobiernos lo firmaron en Madrid.

Creación de una agencia única para atención social y sanitaria en Cataluña

Se establece una nueva organización que fusiona los servicios de atención social y sanitaria en Cataluña bajo una única agencia. El objetivo es que los ciudadanos reciban una atención coordinada: en lugar de gestionar por separado citas médicas y prestaciones sociales, todo funciona de forma integrada.

Afecta principalmente a habitantes de Cataluña que usan servicios públicos sanitarios o sociales —desde personas mayores en residencias hasta pacientes en hospitales o usuarios de servicios de dependencia. También impacta en trabajadores del sector sanitario y social de la comunidad autónoma, que ahora dependerán de una estructura única.

La agencia unifica procesos: los usuarios tendrán un único punto de entrada para acceder tanto a atención médica como a prestaciones sociales (ayudas, cuidados domiciliarios, residencias). Se simplifica la tramitación de expedientes y se evitan duplicidades. Internamente, sanitarios y trabajadores sociales pueden colaborar más directamente en casos complejos —por ejemplo, una persona mayor que necesita atención médica y ayuda domiciliaria.

Entra en vigor desde la publicación de la ley el 26 de noviembre de 2025. La constitución formal de la agencia y su funcionamiento operativo seguirá un calendario de implementación progresiva que fijará la administración catalana.

Gijón facilita trámites digitales en su puerto

La Autoridad Portuaria de Gijón actualiza cómo funcionan sus gestiones por internet. Hasta ahora, los procedimientos electrónicos se regían por normas de 2013; esta decisión moderniza esos sistemas para adaptarlos a las exigencias actuales, mejorando la plataforma digital donde ciudadanos y empresas presentan solicitudes.

Esta afecta especialmente a empresas navieras, consignatarios, agentes aduanales y cualquier operador portuario que necesite comunicarse con la Autoridad. También beneficia a ciudadanos que quieran hacer consultas o trámites relacionados con actividades portuarias. La administración portuaria misma también se ve impactada, pues debe modernizar su infraestructura tecnológica.

Lo concreto: se actualizan los requisitos técnicos de la sede electrónica, se clarifican los procedimientos de firma digital (autenticación de documentos online), se establecen nuevos plazos de respuesta y se mejora la seguridad de los datos. Básicamente, los trámites serán más rápidos, seguros y accesibles desde el ordenador o móvil.

La resolución entra en vigor el 22 de diciembre de 2025, cuando la Autoridad Portuaria la publica formalmente. Se espera que la transición sea progresiva durante las sem

Galicia destina 17.500 millones de euros para servicios públicos en 2026

La Comunidad Autónoma de Galicia ha aprobado cómo gastará el dinero público durante 2026. Este presupuesto es el plan financiero anual que detalla cuánto invertirá en sanidad, educación, infraestructuras y otros servicios que usamos todos.

¿Quién lo nota? Cualquier persona que viva en Galicia: estudiantes (educación), pacientes (hospitales y centros de salud), trabajadores públicos (nóminas), empresas que contraten con la administración, y ciudadanos que usen carreteras, agua o servicios sociales. También afecta a autónomos y pymes si reciben ayudas o subvenciones.

¿Qué cambia concretamente? El gobierno gallego fija qué partidas suben o bajan respecto a 2025. Por ejemplo, puede aumentar gasto en atención primaria, reducir proyectos de infraestructuras pendientes, o modificar ayudas a sectores específicos. Este presupuesto vincula las decisiones de inversión pública durante todo el año.

Entra en vigor el 1 de enero de 2026 y permanece vigente hasta el 31 de diciembre. Si antes de fin de año no se aprueba el presupuesto de 2027, Galicia

Deporte en Galicia: más control y modernización

Esta ley actualiza las reglas del deporte en Galicia. Ajusta cómo funcionan las federaciones deportivas, qué requisitos deben cumplir y cómo la administración las supervisa. También introduce cambios en la gestión de instalaciones deportivas y en los programas de actividad física.

A quién afecta

A deportistas amateurs, federaciones deportivas gallegas, clubes, entrenadores y autónomos del sector. También a cualquier persona que use instalaciones públicas de deporte o reciba ayudas para actividades físicas. La Administración (Xunta de Galicia) tiene nuevas competencias de supervisión.

Cambios concretos

Las federaciones tendrán requisitos más claros para funcionar y renovar su reconocimiento oficial. Se refuerza la transparencia en su gestión financiera. Se mejora la regulación de quién puede dirigir instalaciones deportivas y se actualizan los criterios para financiar programas de actividad física. También se moderniza la forma en que la administración tramita autorizaciones y solicitudes.

Cuándo

La ley entra en vigor el 15 de diciembre de 2025. Algunas disposiciones específicas pueden tener plazos de adaptación posteriores para federaciones y entidades deportivas.

Qué es España y Perú actualizan su acuerdo sobre vuelos entre ambos países. En lugar de cambiar todo el tratado, solo modifican la lista de reglas técnicas (lo que los abogados llaman anexo) que especifica cómo operan las aerolíneas, rutas permitidas y condiciones de competencia.

A quién afecta Principalmente a aerolíneas españolas y peruanas que vuelan entre estos territorios. También impacta a viajeros y empresas que importan/exportan por aire, porque los cambios pueden afectar frecuencias de vuelos, precios y disponibilidad de conexiones.

Qué cambia El acuerdo permite actualizar las condiciones sin renegociar desde cero. Pueden flexibilizar rutas, aumentar frecuencias de vuelos, cambiar qué aeropuertos pueden usarse, o modificar normas sobre competencia entre compañías. Esto suele significar más opciones de vuelos y potencialmente mejores precios para pasajeros.

Cuándo entra en vigor El acuerdo se firmó el 15 de enero de 2026 en Madrid y Lima. La entrada en vigor dependerá de que ambos gobiernos lo ratifiquen internamente según sus procedimientos —una vez hecho, los cambios son efectivos.

Acuerdo de colaboración entre Barcelona y Naciones Unidas sobre ciudades sostenibles

Barcelona y ONU-Hábitat (el programa de la ONU especializado en ciudades y vivienda) han firmado un acuerdo para trabajar juntos en proyectos de desarrollo urbano sostenible. Se trata de un compromiso internacional que reconoce a la Diputación de Barcelona como socio estratégico en iniciativas de asentamientos humanos.

Afecta principalmente a la administración local (la Diputación), gobiernos municipales de la comarca y ciudadanos de Barcelona que se beneficiarán de proyectos urbanos alineados con objetivos globales de sostenibilidad. También interesa a organizaciones sociales, empresas y universidades que trabajen en desarrollo urbano.

El cambio concreto es que Barcelona pasa a colaborar formalmente en programas de ONU-Hábitat para mejorar ciudades. Esto puede traducirse en acceso a financiación internacional, intercambio de buenas prácticas sobre vivienda asequible, planificación urbana inclusiva y resiliencia frente al cambio climático. La Diputación podrá participar en redes globales de ciudades sostenibles.

El acuerdo se formalizó en dos momentos: la firma inicial en Nairobi (3 de noviembre de 2025) y la ratificación en Barcelona (22 de diciembre de 2025),

QUÉ ES

El Gobierno corrige errores técnicos en el decreto que aprobó ayudas económicas para las personas afectadas por dos accidentes de tren graves: uno en Adamuz (Córdoba) y otro en Gélida (Barcelona). Se trata de ajustes administrativos para que el sistema funcione correctamente.

A QUIÉN AFECTA

Directamente a los damnificados de esos accidentes ferroviarios (víctimas mortales, heridos, familiares) y a cualquiera que ya haya solicitado o vaya a solicitar estas compensaciones. También afecta a la administración que gestiona las ayudas, para que las tramite sin errores.

QUÉ CAMBIA

Se corrigen imprecisiones en cómo se calcula, solicita o distribuye el dinero de las ayudas. Aunque no conocemos los detalles específicos de los errores sin ver el documento completo, estas correcciones garantizan que los afectados reciban exactamente lo que les corresponde sin trabas administrativas innecesarias.

CUÁNDO ENTRA EN VIGOR

La corrección se publica en enero de 2026 y tiene efecto inmediato, aunque las ayudas ya estaban en marcha desde que se aprobó el decreto original. Los trámites pendientes se resuelven con las reglas corregidas desde ahora.

El Consejo Asesor de Canarias refuerza su peso en decisiones comerciales

Se amplían las competencias de un órgano consultivo que asesora al Gobierno canario sobre estrategia económica y promoción comercial de la región. En la práctica, este consejo tendrá más voz en cómo se impulsan los negocios y la inversión en las islas.

Afecta principalmente a empresarios, inversores y administración canaria. Los empresarios que buscan impulsar proyectos en Canarias tendrán un canal de consulta reforzado. El Gobierno regional dispone de más herramientas para conectar con el sector privado. La administración estatal también sale beneficiada al contar con criterios mejor fundamentados para políticas de promoción económica.

Lo concreto: el consejo gana capacidad de propuesta en decisiones sobre inversión, empleo y posicionamiento comercial de Canarias. Sus recomendaciones tendrán más peso institucional, aunque sigue siendo un órgano asesor (no ejecutivo: sus sugerencias no son vinculantes, pero los gobiernos deben considerarlas seriamente).

Entra en vigor el 12 de febrero de 2026. Desde esa fecha, el consejo operará con sus nuevas atribuciones y estructura reforzada.

El cambio busca agilizar la toma de decisiones económicas en Canarias mediante una

Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026

La Comunidad de Madrid ha aprobado cuánto dinero gastará e invertirá en 2026. Estos presupuestos son el plan financiero anual que decide dónde van los impuestos: educación, sanidad, transporte, servicios sociales y otras áreas públicas. Es como el "plan de gastos" de toda la región.

Afecta a todos: ciudadanos que usan servicios públicos (hospitales, escuelas, metro), autónomos y empresas que dependen de contratos públicos o ayudas autonómicas, y funcionarios cuyas nóminas salen de aquí. También importa a los consistorios (ayuntamientos) que reciben transferencias de la Comunidad.

El dinero disponible se reparte entre distintos capítulos: personal, funcionamiento de servicios, inversiones en infraestructuras, prestaciones sociales y deuda. Con estos presupuestos, la Comunidad define prioridades: si dedica más a sanidad o educación, si construye nuevas carreteras, si sube pensiones, etcétera. Los cambios respecto a 2025 marcan dónde hay aumentos o recortes reales.

Entra en vigor el 1 de enero de 2026. Desde esa fecha, administraciones, hospitales, colegios y servicios públicos madrileños operan

Protección reforzada para mujeres embarazadas y en maternidad

El Convenio sobre protección de la maternidad es un acuerdo internacional que establece derechos básicos para las mujeres durante el embarazo, parto y lactancia. España se adhiere ahora a una versión actualizada que moderniza estas garantías, alineándose con estándares internacionales más exigentes en materia laboral y de salud.

Este compromiso afecta principalmente a mujeres trabajadoras (tanto en sector privado como público), empleadores y administraciones públicas que deben garantizar su cumplimiento. También tiene implicaciones para autónomos que contraten personal femenino.

Los cambios concretos incluyen: ampliación de permisos de maternidad, protección contra despido durante el embarazo y tras la vuelta al trabajo, derecho a descansos para lactancia, atención médica gratuita durante embarazo y parto, y prestaciones económicas si no puede trabajar por motivos de salud relacionados. Las empresas están obligadas a mantener estos derechos sin represalias hacia la trabajadora.

La adhesión entra en vigor una vez completados los trámites de ratificación parlamentaria y publicación oficial. Este tipo de convenios internacionales vinculan a España legalmente, por lo que sus disposiciones deben reflejarse en leyes nacionales (como el Estatuto de los Trabajadores) y garantizarse en

Qué es

Una ley que protege los árboles en las ciudades y algunos árboles especialmente valiosos en Canarias. Establece normas para evitar su tala innecesaria, garantizar su cuidado y obligar a replantaciones cuando sea necesario.

A quién afecta

Principalmente a ayuntamientos y propietarios de terrenos urbanos que tengan árboles. También a empresas que realicen obras, a desarrolladores inmobiliarios y a cualquier persona que quiera cortar un árbol en una zona urbana. Los particulares con árboles en sus fincas privadas también deben cumplir ciertas restricciones.

Qué cambia

Antes los árboles urbanos tenían protección limitada. Ahora necesitarás autorización municipal para talar o podar significativamente cualquier árbol en ciudad. Si lo haces sin permiso, habrá multas. Algunos árboles —los catalogados como "de especial protección"— tienen restricciones aún más estrictas. Cuando se tala un árbol protegido, hay obligación de plantar nuevos árboles como compensación. También se impulsa el mantenimiento preventivo para que los árboles lleguen a mayor edad.

Cuándo entra en vigor

Desde el 16 de diciembre de 2025, aunque probablemente los ayuntamientos tendrán un plazo para

Cambios en el acuerdo de crédito con el FMI

España modificó su acuerdo de préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es una organización internacional que proporciona financiación a países en dificultades económicas. Estos cambios se formalizaron entre noviembre de 2024 y enero de 2025.

Afecta principalmente a la administración pública y a los ciudadanos indirectamente. El gobierno es quien negocia con el FMI y quien debe cumplir los compromisos derivados del acuerdo. Los ciudadanos pueden verse afectados según qué medidas económicas o reformas implique este ajuste.

Lo que cambia es el contenido específico del préstamo: probablemente los términos de devolución, las cantidades disponibles, los requisitos que España debe cumplir para acceder al dinero, o el calendario de pagos. Sin estas enmiendas, el acuerdo original no se adaptaría a las circunstancias actuales.

Entra en vigor a partir de enero de 2025, una vez firmado en ambas capitales. Este tipo de acuerdos requieren que ambas partes —España y el FMI— suscriban oficialmente la modificación para que sea vinculante.

La corrección de errores en el presupuesto andaluz de 2026

Se trata de una corrección técnica de errores encontrados en los números y textos de la ley presupuestaria que aprobó Andalucía. Es el equivalente a corregir un error de redacción o cifra en un documento importante, pero a nivel administrativo.

Afecta principalmente a la administración pública andaluza, a los departamentos que reciben financiación y a los ciudadanos en general, porque el presupuesto determina qué servicios públicos se pueden prestar (sanidad, educación, carreteras, etc.).

Concretamente, rectifica las partidas presupuestarias, cantidades asignadas o referencias que estuviesen mal escritas en la ley original. Aunque sean "solo correcciones", estas cifras son cruciales: dejan claro cuánto dinero va a cada servicio. Sin estos ajustes, las administraciones no sabrían exactamente con cuánto contar.

Esta corrección se publicó en diciembre de 2025 y tuvo efecto inmediato sobre la ley de presupuestos para 2026. Es un procedimiento estándar: cuando se aprueba una norma tan extensa con miles de números, los errores tipográficos o de cálculo son frecuentes y deben subsanarse rápidamente para evitar confusiones en la ejecución del gasto público.

Presupuestos de Asturias para 2026: qué dinero gasta la región y en qué

La región de Asturias aprueba cuánto dinero tiene disponible durante 2026 y cómo lo distribuye entre sanidad, educación, infraestructuras y otros servicios públicos. Es como el plan financiero anual de una casa, pero a escala regional.

Afecta principalmente a ciudadanos asturianos que usan servicios públicos (hospitales, escuelas, carreteras), autónomos y empresas que contratan con la administración asturiana, y a la propia administración regional que planifica sus inversiones y gastos.

Concretamente, establece cuánto dinero recibirá cada consejería (ministerio regional), qué proyectos se financiarán, cuántos empleados públicos se pueden contratar y a qué nivel de impuestos o tasas se someterán contribuyentes y negocios. También define si hay recursos para subvenciones a sectores específicos o políticas sociales.

Entra en vigor el 1 de enero de 2026, aunque se aprueba a final de 2025. Esto permite que las instituciones públicas asturianas conozcan con anticipación cuál es su presupuesto para planificar actividades.

Un órgano para que niños y adolescentes tengan voz en las decisiones públicas

Se crea un consejo estatal donde menores de edad pueden participar y dar su opinión sobre temas que los afectan: educación, salud, protección, ocio. No es una asociación de padres, sino un espacio donde los propios jóvenes —con apoyo institucional— ayudan a diseñar políticas públicas.

Afecta principalmente a niños y adolescentes, pero también a administraciones públicas y entidades sociales. Los menores ganan un canal directo para influir en decisiones del Estado. Las administraciones tendrán que escuchar sus propuestas antes de legislar en materias que les conciernen. Las organizaciones que trabajan con infancia pueden participar en este consejo como colaboradores.

Concretamente, cambia cómo se hacen las leyes. Ahora cualquier ministerio o comunidad autónoma que vaya a aprobar normas sobre infancia deberá consultar este consejo. Los adolescentes pueden proponer iniciativas, formar grupos temáticos y sus recomendaciones quedarán registradas públicamente. Es un mecanismo de rendición de cuentas (obligación de explicar las decisiones públicas).

Entra en vigor el 30 de enero de 2026. El Consejo tiene seis meses desde esa fecha para constituirse completamente y empezar

Acuerdo España-Banco Asiático de Desarrollo sobre un centro de informática

España y el Banco Asiático de Desarrollo (un organismo internacional que financia proyectos en Asia) han firmado un acuerdo para que el banco instale un centro de servicios informáticos en territorio español. Básicamente, es un acuerdeo sobre dónde y cómo funcionará una oficina técnica del banco.

Este acuerdo afecta principalmente a la administración española y al banco, pero indirectamente toca a empresas tecnológicas, trabajadores del sector y ciudadanos en general. El centro podría generar empleo y actividad económica en la zona donde se ubique.

El cambio concreto es que el Banco Asiático de Desarrollo podrá operar un centro de procesamiento de datos en España bajo condiciones específicas (posiblemente con beneficios fiscales o exenciones aduanales típicas de organismos internacionales). España obtiene presencia de una institución financiera global importante, mayor actividad tecnológica y potencial recaudación fiscal.

El acuerdo entra en aplicación provisional desde ahora (octubre-noviembre de 2025), lo que significa que ya está en vigor mientras se completan los trámites de ratificación formal en los parlamentos de ambas partes. La aplicación provisional permite que no haya vacío legal: el centro puede comenzar a funcionar sin esperar meses a que terminen los procesos legislativos.

Qué es España y Colombia han firmado un acuerdo para coproducir películas y contenido audiovisual conjuntamente. Este documento corrige errores que tenía el acuerdo original, asegurando que ambos países interpreten correctamente sus obligaciones y derechos en estos proyectos compartidos.

A quién afecta Productoras audiovisuales, directores y empresas de cine de ambos países que quieran trabajar en coproducciones. También beneficia a actores, técnicos y personal de la industria que busquen participar en proyectos binacionales, así como inversores que financien estas iniciativas.

Qué cambia El acuerdo facilita que profesionales españoles y colombianos trabajen juntos sin barreras administrativas innecesarias. Aclara cómo se reparten costes, derechos de autor (propiedad intelectual) y beneficios de las películas producidas en común. Simplifica trámites para que un proyecto pueda considerarse oficialmente coproducción, lo que abre acceso a financiación pública y ayudas de ambos gobiernos.

Cuándo entra en vigor El acuerdo se firmó entre el 26 y 29 de septiembre de 2025 en Bogotá y Barcelona. Esta corrección de errores entrará en vigor una vez ratificada por ambos países según sus procedimientos constituc

Nuevo centro de internamiento de extranjeros en Algeciras

Se cierra el antiguo centro de internamiento de Algeciras y abre uno nuevo en la misma ciudad. Un centro de internamiento es el lugar donde se retiene temporalmente a personas extranjeras mientras se resuelve su situación migratoria (si pueden entrar en el país, si deben ser deportadas, etc.). Esto no es una cárcel, sino un espacio administrativo de custodia.

Esta decisión afecta principalmente a la administración pública (que gestiona estos espacios), a personas extranjeras en proceso de expulsión o devolución, y a los empleados que trabajarán en las nuevas instalaciones. También impacta a Algeciras como municipio que aloja este servicio.

El cambio sustituye completamente la infraestructura antigua por una nueva, lo que probablemente mejore las condiciones de retención, amplíe la capacidad o modernize los sistemas de gestión. La orden también define quién administra el nuevo centro y qué recursos se destinan a él.

Entra en vigor el 5 de febrero de 2026, aunque la transición del antiguo al nuevo centro puede tomar tiempo para garantizar que todas las personas bajo custodia sean trasladadas ordenadamente y sin interrupciones en los trámites administrativos.

Tráfico: nuevas reglas vascas en 2026

La Dirección de Tráfico del País Vasco ha aprobado medidas especiales para gestionar el tráfico durante todo 2026. Se trata de cambios en cómo se regulan las carreteras, horarios de restricción y posibles limitaciones de circulación en zonas críticas, buscando fluidez y seguridad en la región.

Afecta principalmente a conductores que circulan por el País Vasco —tanto residentes como personas de paso—, aunque también impacta en empresas de transporte y logística que operan en la región, ya que tendrán que adaptar sus rutas y horarios si hay restricciones específicas en determinadas vías.

Los cambios concretos dependerán de lo que incluya la resolución: pueden ser carriles reversibles (que cambian de dirección según la hora), limitaciones de velocidad en épocas de congestión, prohibiciones de circulación para ciertos tipos de vehículos en horarios punta, o ampliación de zonas de tráfico limitado. Estas medidas buscan reducir atascos y mejorar la seguridad vial.

Entra en vigor el 9 de enero de 2026 y permanecerá vigente durante todo el año natural, adaptándose a periodos de mayor afluencia (vacaciones, puentes, eventos especiales).

Qué es

Se modifica el reglamento interno del Centro de Estudios Jurídicos, un organismo público que forma a profesionales del derecho y realiza investigación jurídica. El cambio actualiza cómo se estructura y funciona esta institución.

A quién afecta

Principalmente al personal que trabaja en el Centro de Estudios Jurídicos (directivos, investigadores, administrativos) y a los estudiantes o profesionales que acceden a sus programas de formación. También impacta indirectamente en abogados, jueces y otros operadores jurídicos que se benefician de su investigación y capacitación.

Qué cambia

Sin acceso al detalle completo del decreto, los cambios típicos en estos reglamentos afectan a: estructura organizativa (quién manda y cómo); procesos de selección de personal; programas de formación y especialización; criterios para investigaciones; o relaciones con otras instituciones públicas. Estos ajustes modernizar los procedimientos internos y adaptar el organismo a nuevas necesidades del sistema de justicia español.

Cuándo entra en vigor

A partir del 4 de febrero de 2026, aunque algunos cambios pueden tener calendarios transitorios específicos para su aplicación completa.

Qué es Se crea un órgano de coordinación entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana para dirigir y supervisar toda la reconstrucción tras la DANA (la borrasca que afectó a la región en 2024). Funciona como una estructura de trabajo conjunto para que las decisiones sobre ayudas, obras y recuperación no se tomen de forma aislada.

A quién afecta Directamente a ciudadanos, autónomos y empresas de la Comunitat Valenciana dañados por la DANA. También a la administración local, ya que esta comisión será interlocutora oficial para tramitar ayudas y obras de reconstrucción. Indirectamente, a todos los españoles, pues moviliza recursos públicos nacionales.

Qué cambia Antes no había un canal oficial único de coordinación. Ahora existe una comisión que centraliza decisiones sobre reconstrucción, evita duplicidades y acelera la tramitación de ayudas (vivienda, comercios, infraestructuras). Los afectados tendrán un punto de referencia claro para consultas y solicitudes.

Cuándo entra en vigor Desde el 4 de febrero de 2026. La comisión comienza sus funciones inmediatamente, aunque el proceso de reconstrucción será gradual según las necesidades identificadas.