El Horno

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 20 de junio de 2023 que modifica dos reglamentos españoles sobre plantas: el que regula los viveros de plantas frutales y el que regula la producción y venta de plantas ornamentales. Su objetivo es trasladar al derecho español una directiva europea de diciembre de 2022 que actualiza las normas sobre plagas que afectan a este tipo de plantas.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a viveros, productores y comercializadores de plantas frutales y ornamentales en España, así como a las autoridades autonómicas y estatales encargadas de controlar y certificar esos materiales vegetales. También tiene efectos indirectos sobre quienes compran o distribuyen semillas y plantones de frutal dentro de España y en el resto de la Unión Europea.

¿Qué cambia o establece? Se actualizan las listas de plagas que deben vigilarse: una plaga (Candidatus Phytoplasma australiense) pasa a considerarse cuarentenaria y se elimina de la categoría anterior; otras dos (Pseudomonas syringae pv. actinidiae y Phytophthora ramorum, cepas de la UE) se añaden como plagas a controlar en plantas ornamentales y frutales. Se suaviza la medida contra Candidatus Phytoplasma pyri: ya no hay que bloquear todo un lote, sino arrancar y destruir solo las plantas que muestren síntomas. Además, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2029 el plazo para que los productores adapten semillas y plantones a las normas de certificación, y ahora podrán comercializarlos en toda la Unión Europea durante ese periodo transitorio. Por último, se corrige el nombre científico del almendro en los anexos del reglamento.

¿Qué es? El Real Decreto 527/2023, de 20 de junio, es una norma del Gobierno de España que actualiza el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España y el listado de codificación de razas de otro decreto anterior. Su finalidad es poner al día los registros oficiales de razas ganaderas para adaptarlos a la normativa europea y reflejar la situación real del sector en España.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a criadores, asociaciones de ganaderos y entidades que trabajan con razas ganaderas autóctonas españolas, especialmente aquellas consideradas amenazadas. También concierne a las administraciones y organismos técnicos, como la Comisión Nacional de Zootecnia, encargados de clasificar y controlar estas razas.

¿Qué cambia o establece? La norma sustituye el anexo del Catálogo Oficial de Razas de Ganado por uno nuevo que incorpora un listado oficial de razas autóctonas amenazadas, elaborado con un nuevo protocolo científico aprobado en 2022, y que pone fin a un régimen provisional que llevaba años en vigor. Además, incluye la raza bovina Mantequera Leonesa en el catálogo, cambia el nombre oficial de dos razas —la equina pasa a llamarse «Menorquina» y la ovina «Rubia de El Molar»— y corrige un error en las variedades de la raza ovina Carranzana, eliminando la variedad «cara rubia» y reconociendo solo la variedad «cara negra».

¿Qué es? El Real Decreto 528/2023, de 20 de junio, modifica la normativa que regula los títulos profesionales de los pescadores en España (Real Decreto 36/2014). Concretamente, añade una disposición especial para dos pesquerías concretas: la del bonito del norte en la costa norte peninsular y la pesca de atunes y especies similares en las islas Canarias.

¿A quién afecta? Afecta a los pescadores con títulos menores de pesca, en particular a los denominados "patrón local de pesca" y "patrón de pesca local", que faenan de forma estacional en el Cantábrico y en aguas canarias persiguiendo bancos de atunes y especies afines.

¿Qué cambia o establece? La norma amplía temporalmente las zonas donde estos patrones pueden operar y los buques que pueden mandar. En verano (junio a septiembre), los patrones locales del Cantábrico podrán alejarse hasta 45 millas de la costa y faenar en aguas de hasta 140 millas para seguir los bancos de bonito. En Canarias, esa misma ampliación se aplica durante la primavera (marzo a junio), teniendo en cuenta que los vientos alisios hacen más difícil navegar en verano. Además, se autoriza a estos patrones a trabajar durante todo el año en los espacios marítimos situados entre determinadas islas del archipiélago canario, cuyos límites quedan definidos con coordenadas geográficas concretas.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 20 de junio de 2023 por el Consejo de Ministros que regula la concesión directa de subvenciones públicas a determinados ayuntamientos. Esas subvenciones están destinadas a pagar, total o parcialmente, el coste de contratar o mantener a personas especializadas en innovación —llamadas "agentes locales de innovación"— dentro de los equipos municipales.

¿A quién afecta? Afecta exclusivamente a los ayuntamientos que forman parte de la Red Innpulso (oficialmente "Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación"), una asociación de municipios reconocidos por su apuesta especial por la ciencia y la innovación. En 2023 el decreto amplía su alcance porque en marzo de ese año se incorporaron diez nuevos ayuntamientos a dicha red, que también podrán acceder a estas ayudas.

¿Qué cambia o establece? Reitera y amplía para 2023 un programa de ayudas ya concedido en 2021 y 2022. Los ayuntamientos beneficiarios reciben financiación para incorporar o mantener a agentes locales de innovación cuya función es ayudar a gestionar proyectos de innovación municipal, en especial los financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación (PRTR). Las subvenciones se conceden de forma directa —sin concurso público— porque el Estado considera que concurren razones de interés público, social y económico que lo justifican conforme a la Ley General de Subvenciones.

¿Qué es? Es una resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que cancela y deja sin efecto una resolución anterior, de 25 de febrero de 2022, que había establecido una forma alternativa de cumplir los requisitos técnicos exigidos a los responsables de seguridad en organizaciones de mantenimiento de aeronavegabilidad (llamadas organizaciones Parte CAMO).

¿A quién afecta? Afecta a las organizaciones con certificado de aprobación Parte CAMO que pertenezcan a compañías aéreas con licencia concedida conforme al Reglamento europeo sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos. En la práctica, son las aerolíneas que gestionan el mantenimiento de sus aeronaves bajo esta normativa europea.

¿Qué cambia o establece? La resolución de 2022 ya no es necesaria porque la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) publicó en mayo de 2022 una norma europea (AMC1 CAMO.A.305(c)) que recoge directamente, a nivel europeo, los mismos requisitos de formación y experiencia para los responsables de seguridad que antes solo estaban regulados en España mediante aquel método alternativo. Al quedar esos requisitos ya cubiertos por la norma europea de aplicación directa, la resolución española queda sin objeto y se elimina formalmente desde la fecha de firma, el 24 de mayo de 2023.

¿Qué es? Es una corrección de errores de un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2023. Ese decreto modificaba las reglas para conceder subvenciones a programas de formación dirigidos a profesionales del medio rural. La corrección no cambia la política en sí, sino que rectifica un cuadro de datos que se publicó con un error.

¿A quién afecta? Afecta a las entidades y organismos que soliciten subvenciones para impartir programas plurirregionales de formación destinados a profesionales del mundo rural, es decir, a quienes trabajan o gestionan actividades en el sector agrario, forestal o similar en zonas rurales de varias regiones.

¿Qué cambia o establece? Sustituye el cuadro de importes máximos de subvención por actividad formativa presencial. Los valores corregidos son: cursos breves (entre 12 y 39 horas), hasta 4.500 euros; cursos medios (entre 40 y 100 horas), hasta 9.000 euros; y cursos largos (más de 100 horas), hasta 12.000 euros. Solo se corrige ese cuadro concreto; el resto del Real Decreto permanece sin cambios.

¿Qué es? La Ley 4/2023, de 22 de marzo, es una norma de la Comunidad de Madrid que establece un marco completo de derechos, garantías y protección para todos los niños y adolescentes que viven o se encuentran en su territorio. Recoge desde sus derechos fundamentales hasta los mecanismos institucionales y administrativos pensados para garantizarlos y defenderlos.

¿A quién afecta? Afecta directamente a todos los niños y adolescentes de la Comunidad de Madrid, así como a sus familias. También implica a las administraciones públicas autonómica y local, a los profesionales que trabajan con menores (en ámbitos educativo, sanitario, deportivo y de servicios sociales), y a entidades privadas y organizaciones sociales que desarrollen actividades relacionadas con la infancia y la adolescencia.

¿Qué cambia o establece? La ley reconoce y concreta un amplio catálogo de derechos para los menores: a la vida e integridad, a una vivienda digna, a la salud física y mental, a la educación, a la participación, al juego, al entorno digital seguro y a la protección frente a cualquier forma de violencia, entre otros. Crea órganos institucionales específicos —como la Comisión de Protección a la Infancia, los Consejos de Derechos y el Observatorio de la Infancia— y regula el sistema de protección ante situaciones de riesgo o desamparo, estableciendo medidas como la guarda administrativa, el acogimiento familiar y planes individuales de protección, con prioridad siempre del entorno familiar sobre el residencial.

¿Qué es? Es una resolución de la Dirección de Tráfico del País Vasco, fechada el 12 de junio de 2023, que modifica la lista oficial de carreteras por las que pueden circular los camiones que transportan mercancías peligrosas (como combustibles, productos químicos u otras sustancias de riesgo) en la Comunidad Autónoma de Euskadi durante 2023.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los transportistas y empresas que mueven mercancías peligrosas por carretera en el País Vasco, quienes están obligados a utilizar exclusivamente los itinerarios autorizados. También afecta indirectamente a los gestores de infraestructuras viarias y a los servicios de emergencia que operan en esas vías.

¿Qué cambia o establece? La resolución incorpora a la red oficial de itinerarios para mercancías peligrosas un nuevo tramo de carretera: la fase 1b de la Variante Sur Metropolitana (identificada como AP-8), que conecta con la autopista AP-68 en Venta Alta, en Bizkaia. Este tramo incluye túneles que han sido clasificados sin restricciones para este tipo de tráfico, tras un análisis de riesgos independiente. Además, se actualizan los nombres de dos vías ya incluidas en la red: la antigua N-637 pasa a denominarse BI-30, y un tramo de la A-8 pasa a denominarse BI-10, para ajustarse al catálogo oficial de carreteras de la Diputación Foral de Bizkaia. La resolución entró en vigor a los ocho días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

¿Qué es? Es un acuerdo bilateral firmado el 8 de mayo de 2023 entre el Gobierno de España y el Gobierno de los Estados Unidos, mediante el cual España autoriza el despliegue de dos buques de guerra adicionales de la Marina estadounidense en la Base Naval de Rota (Cádiz). Se trata de un acuerdo administrativo que desarrolla el Convenio de Cooperación para la Defensa entre ambos países.

¿A quién afecta? Afecta directamente a los Gobiernos de España y Estados Unidos como partes firmantes, así como al personal militar y civil estadounidense destinado en la Base Naval de Rota. De forma más amplia, se enmarca en el sistema de defensa colectiva de la OTAN y tiene implicaciones para la seguridad en África, Europa y Oriente Próximo.

¿Qué cambia o establece? Amplía de cuatro a seis el número de buques AEGIS de la Marina de los Estados Unidos autorizados a tener base permanente en Rota, con las mismas condiciones ya vigentes para los cuatro buques anteriores. El acuerdo aclara expresamente que este aumento no modifica las misiones, el tipo de fuerzas ni el número total de efectivos militares y civiles estadounidenses permanentes ya autorizados en la base. Entró en vigor el mismo día de su firma.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 13 de junio de 2023 que establece subvenciones directas a las salas de cine de toda España para que las personas de 65 o más años puedan ver cualquier película en sesión ordinaria por solo 2 euros, un día a la semana elegido por cada sala. Las ayudas están vigentes desde la publicación de la resolución de concesión hasta el 31 de diciembre de 2023.

¿A quién afecta? Afecta a dos grupos. Por un lado, a los propietarios o titulares de salas de cine —personas físicas, empresas o entidades sin ánimo de lucro— establecidos en España que quieran acogerse a la subvención, siempre que ese día de la semana no tuvieran ya fijado un precio reducido de 2 euros. Por otro lado, beneficia directamente a los cerca de 9,5 millones de ciudadanos mayores de 65 años, que son quienes podrán comprar la entrada a ese precio reducido.

¿Qué cambia o establece? El Estado financia la diferencia entre el precio normal de la entrada y los 2 euros que paga el espectador mayor de 65 años, compensando así a las salas por ese descuento. La medida responde a que este colectivo es el que menos ha recuperado el hábito de ir al cine tras la pandemia —con una caída del 60 % en su asistencia—, pese a que las personas mayores de 60 años son las que más declaran querer volver. El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) es el organismo responsable de gestionar estas ayudas a través de una entidad colaboradora.

¿Qué es? El Decreto-ley 3/2023, de 23 de marzo, es una norma de urgencia aprobada por el Gobierno de las Illes Balears para responder a los daños causados por la borrasca Juliette, que azotó la Serra de Tramuntana y otras zonas de Mallorca entre el 26 y el 28 de febrero de 2023. La tormenta provocó acumulación de nieve, fuertes vientos, lluvias y fenómenos costeros que dejaron a más de 25.000 personas sin luz durante casi 48 horas, cortaron numerosas carreteras durante unos cuatro días y dañaron aproximadamente 14.168 hectáreas de superficie forestal.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las personas y entidades con explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales dañadas en las zonas afectadas, especialmente en las comarcas del Raiguer, el Pla y Llevant. También alcanza al Consejo Insular de Mallorca y a los ayuntamientos de la isla, que podrán aplicar las mismas medidas de simplificación administrativa previstas en la norma para agilizar la reparación de daños.

¿Qué cambia o establece? La norma establece ayudas económicas para compensar pérdidas en explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, que gestionará el FOGAIBA tras elaborar un censo de afectados. Además, regula medidas para reparar los daños medioambientales a cargo de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio. Para agilizar todo ello, introduce reglas especiales sobre subvenciones, contratación pública y control interno, simplificando los trámites administrativos habituales. También abre la posibilidad de declarar el interés autonómico de viviendas de protección oficial para hacer frente a los problemas de vivienda en las Illes Balears.

¿Qué es? El Decreto-ley 2/2023, de 6 de marzo, es una norma de urgencia aprobada por el Gobierno de las Illes Balears para hacer frente a la falta de transporte disponible que se sufrió durante el verano de 2022, cuando la alta afluencia de turistas desbordó la oferta de taxis, autobuses discrecionales y vehículos de alquiler con conductor. Su objetivo es que esa situación de colapso no se repita en el verano de 2023 y, en algunos aspectos, establecer mejoras de carácter permanente.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los sectores del transporte terrestre de viajeros en las Illes Balears: titulares de licencias de taxi (vehículos de turismo, VT), empresas de autobuses discrecionales (VD) y empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC). También tiene consecuencias para los ayuntamientos, que adquieren un papel en la autorización de los VTC dentro de su término municipal, y, de forma indirecta, para los turistas y residentes que usan estos servicios.

¿Qué cambia o establece? La norma introduce varias medidas concretas: permite conceder licencias de taxi temporales sin necesitar el plan regulador que la ley general exige; autoriza a los autobuses discrecionales a cobrar por plaza individual —y no solo por el vehículo completo— cuando el trayecto tenga origen o destino en puertos o aeropuertos, entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2023; obliga a que los vehículos VTC obtengan autorización del municipio donde operan para prestar servicios urbanos, salvo los que ya estuvieran operando antes de la norma bajo el régimen anterior; y distribuye entre las cuatro islas los 43 millones de euros que el Estado asignó a las Illes Balears para financiar el descuento del 100 % en abonos y títulos multiviaje del transporte colectivo terrestre.

¿Qué es? La Ley 8/2023, de 27 de marzo, es una norma aprobada por el Parlamento de las Illes Balears que regula la política pública de cooperación internacional de la comunidad autónoma. Actualiza y sustituye el marco anterior, establecido en 2005, para adaptarlo a los nuevos retos globales como la crisis climática, la pandemia y el incremento de las desigualdades en el mundo.

¿A quién afecta? Afecta a la Administración autonómica de las Illes Balears, a los municipios, a las ONG y a las entidades de la sociedad civil que desarrollan actividades de cooperación internacional. También implica a la ciudadanía balear en general, a quien la ley interpela como parte activa y responsable de la transformación global, así como a los países y territorios empobrecidos con los que se coopera.

¿Qué cambia o establece? La ley adopta un nuevo enfoque llamado "cooperación para la transformación global", que va más allá de la ayuda económica tradicional. Incorpora una perspectiva feminista e interseccional para combatir las desigualdades que afectan especialmente a las mujeres, y cuestiona los modelos de cooperación de raíz colonial. Además, alinea la política balear con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con el Acuerdo de París sobre cambio climático, buscando que la ciudadanía de las Islas tome conciencia de su responsabilidad como parte de una ciudadanía global.

¿Qué es? Es una ley del Parlamento de las Illes Balears, aprobada el 3 de abril de 2023, que modifica la Ley 8/2014 del juego y las apuestas de las Illes Balears. Su propósito central es reforzar las medidas de protección frente a los efectos negativos del juego, en especial respecto a los grupos más vulnerables, y ordenar la oferta de establecimientos de juego en el territorio balear.

¿A quién afecta? Afecta a los titulares y operadores de establecimientos de juego (salones de juego, locales de apuestas y casinos) en las Illes Balears, así como al conjunto de la ciudadanía, con especial atención a los menores de edad y a las personas en situación de mayor vulnerabilidad frente al juego patológico (ludopatía), reconocida por la OMS como trastorno desde 1992.

¿Qué cambia o establece? La ley introduce modificaciones en la regulación del juego para ordenar la ubicación de los establecimientos —manteniendo distancias mínimas respecto a centros educativos y de atención a menores—, refuerza las obligaciones de control de acceso a estos locales, y actualiza normas sobre señalización exterior y mensajes en máquinas de juego. Además, modifica de forma puntual otras leyes autonómicas en materia de prestaciones sociales, presupuestos, educación, proyectos industriales estratégicos y reconocimiento del grado de discapacidad, y adapta el reglamento de casinos.

¿Qué es? Es un recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra un apartado concreto (la disposición adicional segunda) de una ley de la Comunidad de Madrid que crea la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. El Tribunal ha admitido este recurso a trámite el 6 de junio de 2023.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la Comunidad de Madrid y a cualquier persona, entidad u organismo que pudiera verse concernido por la disposición adicional segunda de esa ley autonómica. Desde la publicación de este anuncio en el BOE, los efectos se extienden también a terceros ajenos al proceso judicial.

¿Qué cambia o establece? La admisión del recurso provoca la suspensión inmediata de la vigencia y aplicación del precepto impugnado: para las partes del proceso, la suspensión rige desde el 11 de mayo de 2023 (fecha en que se interpuso el recurso); para el resto de ciudadanos y entidades, desde la publicación de este edicto en el BOE. Esto significa que el artículo cuestionado no puede aplicarse mientras el Tribunal Constitucional resuelve si es o no contrario a la Constitución.

¿Qué es? La Ley 7/2023, de 22 de marzo, es una ley del Parlamento de las Illes Balears que regula las comunidades baleares o isleñas establecidas fuera del territorio de la comunidad autónoma. Sustituye a la antigua Ley 3/1992, que llevaba más de treinta años en vigor, porque se detectó que ya no respondía adecuadamente a las necesidades actuales de las relaciones entre las instituciones baleares y la diáspora isleña.

¿A quién afecta? Afecta a las personas de origen balear que viven fuera de las Illes Balears, ya sean nacidas allí, con lazos de origen familiar, o con vínculos estrechos con las islas. También afecta a las asociaciones y centros baleares reconocidos oficialmente en el exterior —como los existentes en Argentina, Uruguay y Chile— y a las instituciones autonómicas (Parlamento, Gobierno, Presidente y Consejos Insulares) en su relación con esa diáspora.

¿Qué cambia o establece? La ley define con más precisión quién es considerado ciudadanía balear en el exterior y qué requisitos deben cumplir las asociaciones para ser reconocidas como comunidades isleñas oficiales. Crea nuevos órganos de participación que conectan el Consejo de las Illes Balears en el Exterior con los grupos parlamentarios y con las entidades locales. Además, establece el Día Internacional de las Comunidades Baleares en el Exterior y fomenta la participación de la diáspora en efemérides como el Día de las Illes Balears (1 de marzo).

¿Qué es? Es una ley del Parlamento de las Illes Balears que crea y regula las llamadas Áreas Municipales de Impulso Comercial (AMIC): zonas delimitadas dentro de un municipio donde los negocios y locales comerciales se agrupan para actuar de forma coordinada con el objetivo de revitalizar el comercio urbano y de proximidad, y competir mejor frente a grandes superficies y al comercio en línea.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los titulares de negocios, locales comerciales y establecimientos abiertos al público situados dentro de las zonas que un municipio de las Illes Balears declare como AMIC. También implica a los ayuntamientos, que son quienes impulsan y autorizan la constitución de estas áreas, y que colaboran con ellas mediante convenio.

¿Qué cambia o establece? La ley fija el procedimiento completo para crear una AMIC: quién puede promoverla, cómo se aprueba con participación ciudadana y ratificación de los afectados, cómo se gobierna (asamblea general, junta directiva, gerencia) y cómo se financia, principalmente mediante cuotas obligatorias que pagan los titulares de los locales incluidos en el área. También regula las exenciones, las bonificaciones, el presupuesto anual, la duración de la AMIC y las causas por las que puede disolverse.

¿Qué es? La Ley 4/2023, de 27 de febrero, es una norma del Parlamento de las Illes Balears que regula las prestaciones sociales de carácter económico de la comunidad autónoma. Recoge en un único texto legal varias ayudas económicas que antes estaban dispersas en distintas normas, como la renta social garantizada, la renta de emancipación para jóvenes tutelados y el complemento autonómico a las pensiones no contributivas.

¿A quién afecta? Afecta a las personas y familias residentes en las Illes Balears que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o en riesgo de pobreza y exclusión social. También concierne a jóvenes que hayan estado bajo tutela o guarda del sistema de protección de menores, y a quienes perciban pensiones no contributivas susceptibles de ser complementadas. La ley nace, en parte, como respuesta al aumento de la desigualdad registrado en el archipiélago tras la pandemia de COVID-19, que afectó de forma especialmente intensa a una economía muy dependiente del turismo.

¿Qué cambia o establece? La ley consolida y mejora la regulación de la renta social garantizada, facilitando su tramitación y ampliando los colectivos que pueden acceder a ella. La renta autonómica pasa a tener carácter subsidiario respecto al ingreso mínimo vital estatal, es decir, solo se percibe en la medida en que la prestación estatal no cubra las necesidades reconocidas. Además, eleva al rango de ley ayudas que hasta entonces solo estaban reguladas por reglamentos, dotándolas de mayor estabilidad jurídica y coordinando el conjunto del sistema autonómico de garantía de ingresos mínimos.

¿Qué es? La Ley 2/2023, de 7 de febrero, es la nueva ley autonómica que regula la actividad física y el deporte en las Illes Balears. Sustituye a la anterior Ley 14/2006, que había quedado desfasada ante los cambios sociales, el aumento de practicantes, el turismo activo y las nuevas formas de hacer deporte que han surgido en los últimos años. Su objetivo es contar con un marco legal moderno, actualizado y adaptado a la realidad deportiva actual de las islas.

¿A quién afecta? Afecta a toda la ciudadanía de las Illes Balears que practique actividad física o deporte, tanto en el ámbito federado como fuera de él (ocio, salud, bienestar). También afecta a las entidades deportivas, clubes, federaciones y a las administraciones públicas —autonómica, insulares y locales— que gestionan y promueven el deporte. Se reconoce expresamente la situación especial del Consell Insular de Formentera como consejo unimunicipal con insularidad extrema.

¿Qué cambia o establece? La ley actualiza definiciones, competencias, órganos, infracciones y sanciones que habían quedado anticuados. Establece como ejes principales: fomentar la actividad física como herramienta de salud y bienestar para toda la población; garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la práctica deportiva y en la gestión de entidades; prohibir la discriminación por discapacidad; potenciar el deporte de alto rendimiento; e impulsar modalidades deportivas ajenas a federaciones y clubes. Adapta además el reparto de competencias entre la comunidad autónoma, los consejos insulares y los ayuntamientos a la realidad actual.

¿Qué es? Son enmiendas al Reglamento de ejecución del Tratado de Budapest, un tratado internacional que regula el depósito de microorganismos para procedimientos de patentes. Estas modificaciones fueron adoptadas el 22 de julio de 2022 y entraron en vigor el 1 de enero de 2023, tanto a nivel general como para España.

¿A quién afecta? Afecta a quienes presentan solicitudes, declaraciones o comunicaciones ante las autoridades internacionales de depósito de microorganismos en el marco de procedimientos de patentes, así como a las propias oficinas de propiedad industrial que tramitan dichas solicitudes.

¿Qué cambia o establece? La modificación amplía los idiomas en los que pueden presentarse los documentos ante las autoridades internacionales de depósito. Antes solo se admitían el francés y el inglés con carácter general; ahora también se aceptan el árabe, el chino, el español y el ruso, siempre que la autoridad de destino tenga alguno de esos idiomas como oficial. Cuando se use árabe, chino, español o ruso, la Oficina Internacional asumirá, sin coste y sin demora, la elaboración de una traducción certificada al francés o al inglés si así se solicita. Del mismo modo, las oficinas de propiedad industrial cuyo idioma oficial sea alguno de esos cuatro idiomas podrán presentar sus solicitudes en dicho idioma, y la Oficina Internacional proporcionará igualmente la traducción certificada correspondiente.

¿Qué es? La Ley 3/2023, de 17 de febrero, es una norma aprobada por el Parlamento de las Illes Balears que da rango legal al reconocimiento de Menorca como Reserva de Biosfera, distinción otorgada por la UNESCO. La ley crea un marco jurídico propio para que la isla gestione su territorio, sus recursos naturales y su desarrollo económico con arreglo a los principios de sostenibilidad que exige ese reconocimiento internacional. Para ello crea instrumentos concretos como un Plan de Acción y una Agencia específica para la Reserva de Biosfera.

¿A quién afecta? Afecta a todas las personas que viven, trabajan o desarrollan actividades en Menorca: ciudadanía en general, empresas turísticas, sector agrario y pesquero, industria, comercio y administraciones públicas. También afecta directamente al Consell Insular de Menorca, al que la ley refuerza como institución con mayor capacidad de decisión y gestión sobre materias clave de la isla, y al Govern de les Illes Balears, que queda obligado a transferir o delegar al Consell determinadas competencias en ámbitos como el agua, los montes, la biodiversidad o el litoral.

¿Qué cambia o establece? La ley establece obligaciones concretas en materia de protección del paisaje, la biodiversidad y el patrimonio cultural; impone límites al turismo de masas y a la circulación de vehículos; fija metas de descarbonización a través de la Estrategia Menorca 2030; regula el uso eficiente del agua, la gestión de residuos y la calidad del aire; e incorpora criterios ambientales en la contratación pública. Además, impulsa el sector primario, la industria local y la artesanía, y crea herramientas como el Contrato Agrario de la Reserva de Biosfera o la marca "Menorca Reserva de Biosfera" para reforzar una economía compatible con la conservación de la isla.

¿Qué es? Es una ley de las Illes Balears que modifica la Ley 5/2005 para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), aprobada el 7 de febrero de 2023. No se trata de una reforma total, sino de una actualización parcial para adaptar la norma al marco legal europeo y estatal surgido desde 2005, en particular a la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad 2030, que busca recuperar y proteger la naturaleza europea antes de ese año.

¿A quién afecta? Afecta a todos los ciudadanos y entidades que tengan relación con los espacios naturales protegidos de las Illes Balears: propietarios de terrenos incluidos en esas áreas, promotores de actividades en entornos naturales, administraciones públicas con competencias ambientales en el archipiélago y cualquier persona o empresa que pueda alterar o usar esos espacios.

¿Qué cambia o establece? La ley introduce varias novedades concretas: crea un protocolo de bioseguridad para proteger la naturaleza frente a amenazas biológicas; establece un Catálogo de especies exóticas invasoras de las Illes Balears; pone en marcha una Red de Espacios Naturales (XENIB); crea un procedimiento de urgencia para declarar un espacio como protegido cuando esté en peligro; permite adoptar medidas preventivas para salvaguardar zonas amenazadas; y refuerza los mecanismos de restauración ambiental cuando un espacio haya sido dañado. Además, simplifica y armoniza los trámites administrativos de los distintos planes de gestión y ordenación ambiental.

¿Qué es? Es una Orden Ministerial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que autoriza la creación y puesta en circulación de una moneda de colección de oro dedicada al Caballo Cartujano, una raza equina española. La orden establece todas las características técnicas, el proceso de fabricación y las condiciones de venta de esta pieza numismática para el año 2023.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, que es la encargada de acuñarlas y comercializarlas, y al Banco de España, que participa en el proceso de puesta en circulación. También concierne a coleccionistas y particulares interesados en adquirirlas, así como a las entidades distribuidoras que la Fábrica pueda contratar para su venta al público.

¿Qué cambia o establece? La orden establece la acuñación de un máximo de 12.000 monedas de oro puro (999,9 milésimas), con un peso de 31,104 gramos, 37,20 mm de diámetro y un valor facial de 1,5 euros. Su emisión está prevista para el segundo semestre de 2023. El precio de venta al público no es fijo: se calcula en el momento de la compra según el precio internacional del oro en tiempo real, al que se añade un margen del 10%. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre podrá reservar hasta cinco ejemplares para su propio museo numismático.

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¿Qué es? Es una resolución de 6 de junio de 2023 que publica el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros sobre una adenda (complemento) al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Esta adenda forma parte del programa NextGenerationEU de la Unión Europea, creado para ayudar a los países a recuperarse de la crisis de la COVID-19 mediante inversiones e inversiones e inversiones estructurales.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a España como país receptor de fondos europeos. También afecta a las instituciones financieras públicas como el ICO y Cofides, a las Comunidades Autónomas, a las empresas y PYMES que podrán acceder a créditos e inversión, y a los sectores estratégicos seleccionados para la modernización económica.

¿Qué cambia o establece? Establece nuevas reformas e inversiones adicionales hasta 2026 financiadas con aproximadamente 10.300 millones de euros en transferencias directas y 84.000 millones en préstamos. La adenda refuerza los Proyectos Estratégicos para sectores clave como microelectrónica, semiconductores, energías renovables e hidrógeno renovable, privilegiando el uso de créditos que se devuelven para mantener la sostenibilidad fiscal.

¿Qué es? Una ley aprobada en mayo de 2023 que establece medidas extraordinarias y urgentes para afrontar la sequía grave en Cataluña. Complementa un decreto-ley anterior y autoriza al Gobierno y administraciones a tomar acciones rápidas para garantizar el abastecimiento de agua y proteger los sectores agrícolas y ganaderos.

¿A quién afecta? Afecta a ayuntamientos y entidades locales que suministran agua; a la Agencia Catalana del Agua; a los ciudadanos que dependen del abastecimiento doméstico; y especialmente a las explotaciones agrícolas y ganaderas del territorio catalán.

¿Qué cambia o establece? Permite que los contratos de obras y servicios se tramiten por procedimiento de emergencia, sin los plazos normales. Obliga a la Agencia Catalana del Agua a financiar obras urgentes de captación y mejora de redes. Destina 50 millones de euros en ayudas a municipios para mejorar infraestructuras de agua (depósitos, captaciones, tuberías, digitalización) y otros 50 millones para inversiones del Ente Ter-Llobregat. Acelera la autorización de captaciones existentes y obras inmediatas para ampliar y recuperar suministros.

¿Qué es?

Esta ley crea la comarca de El Lluçanès, que es una nueva división administrativa territorial en Cataluña. Una comarca es una agrupación de municipios que se organizan juntos para gestionar asuntos comunes. El Lluçanès nace como respuesta a una petición histórica de los ayuntamientos de la zona y tras una consulta ciudadana realizada en 2015 en la que ganó la opción de crear la comarca con el 70,73 % de los votos.

¿A quién afecta?

Afecta a los ciudadanos y ayuntamientos de nueve municipios: Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d'Albars y Sobremunt. Estos municipios formarán ahora una única comarca. También afecta a las comarcas de El Bages y Osona, que pierden los municipios que se integran en la nueva comarca. Los cuatro municipios que no entran en esta comarca (Santa María de Merlès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès y Sant Agustí de Lluçanès) expresaron su voluntad de no participar.

¿Qué cambia o establece?

La ley establece que El Lluçanès es una entidad local con personalidad jurídica propia y autonomía para funcionar. Prats de Lluçanès se designa como capital y sede de los órganos de gobierno de la comarca. Se modifica la composición de las comarcas de El Bages y Osona al perder los municipios que van a la nueva comarca. El Consejo Comarcal, órgano que gobernará la comarca, debe constituirse después de las elecciones municipales de 2027.

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¿Qué es? Es una corrección oficial de errores que aparecieron en la publicación de un acuerdo entre España y Dinamarca. El acuerdo original, firmado el 22 de marzo de 2022, trata sobre cómo ambos países protegen mutuamente su información clasificada relacionada con defensa. Los errores se encontraron en la publicación oficial del 25 de mayo de 2023 y se corrigen ahora.

¿A quién afecta? Afecta a España y Dinamarca como gobiernos signatarios del acuerdo, y a las autoridades de ambos países responsables de manejar información clasificada sobre defensa. También afecta a cualquier persona u organización que trabaje con esta información según los términos del acuerdo.

¿Qué cambia o establece? Se corrigen dos errores en el artículo 10, apartado 5: primero, donde decía que la información "deberá instruirse", ahora dice que "deberá destruirse"; segundo, se elimina la frase "por escrito" de la obligación de la Parte receptora de notificar a la Parte de Origen. Estos cambios aclaran los procedimientos sobre qué hacer con la información protegida y cómo comunicar sobre ello.